• De la Comisión de Relaciones Exteriores, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, en sentido negativo, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sentido negativo, sobre la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sentido negativo, sobre la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

• De la Comisión de Gobernación, en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

• Del diputado Miguelángel García-Domínguez, al dictamen que en sentido negativo presenta la Comisión de Gobernación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, en sentido negativo, respecto de la iniciativa de decreto por el que se propone reubicar el contenido de la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fracción XXIX-L.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en sentido negativo, acerca tanto de la iniciativa para ampliar el concepto de educación normal contenido en la Ley General de Educación para que contenga las licenciaturas que se imparten en la modalidad, para abarcar todas las áreas de la educación integral, como del correlativo proyecto de decreto para adicionar el artículo 37 a la Ley General de Educación, remitida por el Congreso de Jalisco.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación, remitida por el Congreso de Jalisco.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en sentido negativo, respecto a la iniciativa para incorporar útiles y materiales de estudio de los estudiantes de educación básica como una prestación obligatoria, adicional a los libros de texto gratuitos.

• De la Comisión de Salud, en sentido negativo, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 Bis y se reforma la fracción III del artículo 58, así como los artículos 84, 86 y 87, todos de la Ley General de Salud.

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnado el pasado 8 de noviembre de 2001 para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por la Dip. Heidi Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 94 párrafo IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen Negativo, por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Dictamen Negativo

PRIMERO.- Es improcedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto propuesta, por lo que se desecha.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de octubre de 2004.

Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argáiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, EN SENTIDO NEGATIVO, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnado el pasado 3 de octubre de 2002 para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad, presentada por el Dip. Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de Mexico.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 94 párrafo IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen Negativo, por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Dictamen Negativo

PRIMERO.- Es improcedente la Iniciativa con proyecto de decreto propuesta, por lo que se desecha.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de octubre de 2004.

Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Honorable Asamblea

Agosto 19, 2004

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de septiembre de 2003 el Senador Femando Gómez Esparza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de. la iniciativa ante señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

El Senador Fernando Gómez Esparza indica en su iniciativa que como consecuencia de extinguir la obligación tributaria la compensación en nuestro sistema jurídico tributario, prevé dos formas, éstas son: para contribuyentes obligados a pagar mediante declaraciones, y la compensación de oficio; cada una de éstas, tiene sus reglas de procedencia reguladas en el artículo 23 del Código Fiscal de Federación.

Refiere la iniciativa que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaraciones pueden compensar un saldo a favor, siempre y cuando así lo determine el contribuyente y derive de la misma contribución; en caso de que no derive de ésta, podrá compensarlo si observa los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en reglas de carácter general exija.

Por lo que hace a la compensación de oficio que extingue el crédito fiscal, sólo se requiere que las cantidades a que tengan derecho los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, hayan quedado firmes, independientemente del concepto por el cual se hayan generado.

A este respecto, el proponente señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procede a la compensación, haciendo caso omiso de las solicitudes que los contribuyentes presentan y mediante las cuales piden la devolución en apego a lo dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, la iniciativa considera necesario reformar el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, parar limitar el proceder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y beneficiar a millones de contribuyentes al asegurarles el derecho de decidir sobre el objeto o finalidad de este recurso resultante del saldo a favor, e impedir que se sigan violando los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora considera que la compensación prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, como una de las formas de extinción de las obligaciones fiscales, al igual que en el derecho federal común, opera cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocos de deudas ciertas líquidas y exigibles, y en el derecho tributario esta figura constituye una expresión de la facultad económico coactiva, que se traduce en el cobro de un crédito exigible o firme mediante su compensación contra cualquier cantidad que los contribuyentes tengan derecho a recibir.

Por lo tanto, esta Comisión no considera acertada la propuesta de excluir de la figura de la compensación de oficio, los casos en que los contribuyentes soliciten saldos a favor, pues ello implicaría desvirtuar la naturaleza de la compensación como medio de extinción de las obligaciones.

En efecto, la figura jurídica de la compensación de oficio a que se refiere el Senador Gómez Esparza, opera cuando una contribución no ha sido cubierta y por ende se emite un crédito fiscal que ha quedado firme, y por otro lado, el contribuyente tiene derecho a que le sea devuelta la cantidad pegada en exceso respecto a una contribución diferente; en este sentido es de señalarse que, contrariamente a lo manifestado en la iniciativa que se dictamina, dicha compensación resulta ajustada a derecho, ya que ningún sentido tendría ordenar la devolución de esas cantidades (las pagadas en exceso), cuando el propio causante está obligado a pagar un diverso impuesto que no ha cubierto.

Por lo que hace a la presumible violación de garantías que se refiere en la iniciativa en dictamen, es de señalarse que esta Comisión no considera que ésta se actualice, ya que si bien es cierto que la facultad de compensar oficiosamente por parte de la autoridad, no permite a los particulares tener conocimiento previo de la intención de la autoridad fiscal de compensar ciertas cantidades, ni oponerse antes de que opere dicha compensación, ello no resulta violatorio del Artículo 14 Constitucional, habida cuenta de que la compensación que realiza de oficio la citada autoridad para cobrar un crédito, constituye una expresión M ejercicio de la facultad económico-coactiva, respecto de la cual no se requiere del otorgamiento de audiencia previa.

Aunado a lo anterior, el respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica se confirma por el hecho de que, si la autoridad fiscal compensara de oficio incorrectamente algún crédito fiscal, el particular podrá impugnar tal actuación a través de los medios de defensa que resulten procedentes, al momento de tener conocimiento de ella.

Por otro lado, la compensación de oficio considera una forma de cobro que sólo opera tratándose de créditos fiscales que, por cualquier causa, han quedado firmes y que por ende, están determinados en cantidad líquida y son exigibles, es decir, respecto de los cuales el gobernado ya tuvo oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

SEGUNDA.- Esta Comisión considera no procedente dictaminar favorablemente la iniciativa de mérito, ya que se refiere a un aspecto de un ordenamiento que fue ya modificado y evaluado por esta Legislatura en la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2004, aprobándose diversas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno, en este momento, proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, debiendo considerarse que los ordenamientos legales, en general y, con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir "parches legales", es decir, modificaciones aisladas y fragmentarias que atentaran contra los principios referidos.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declara no aprobada la Iniciativa materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 del mes de agosto de 2004.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Angel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández, Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías, Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González.
 
 
 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA INICIATIVA QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Agosto 19, 2004

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de septiembre de 2003 el Senador David Jiménez González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa que Reforma el Primer Párrafo del Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa ante señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

El Senador David Jiménez González señala en su iniciativa que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, prevé la figura de la caducidad, la cual es extintiva de las facultades de la autoridad para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, mismas que se extinguen el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo; se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración; se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, o cuando se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá de cuatro meses.

Continua señalando la iniciativa que esa falta de ejercicio de las facultades de liquidación por parte de la autoridad, trae consigo la extinción de la obligación fiscal del contribuyente.

Refiere que la figura de la caducidad es sólo aplicable a las contribuciones, más no así a los aprovechamientos, como son las cuotas compensatorias, según lo prescribe el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, las cuales son determinadas dentro del crédito fiscal que expide la autoridad hacendaria, actualizándose su monto, y determinándose sobre su omisión, multas y recargos, como con cualquier otra contribución, pero sin que sobre las cuotas compensatorias el contribuyente, en este caso el importador, pueda gozar del beneficio de la caducidad.

Señala la iniciativa que, para evitar tal irregularidad, es necesario reformar el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, donde se establezca que la caducidad también se configura sobre la aplicación de las cuotas compensatorias con el fin de que el importador no se encuentre en la inseguridad jurídica de que aun habiendo transcurrido los cinco años, la autoridad aplique la cuota compensatoria correspondiente.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Dictaminadora no considera procedente dictaminar en términos favorables la iniciativa del Senador David Jiménez González ya que la propuesta que plantea está contenida en el texto vigente del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, el cual es más amplio al comprender no solo un concepto de aprovechamientos, como son las cuotas compensatorias, sino todos los conceptos que establece el artículo 3° del Código Fiscal de la Federación en su segundo párrafo, a saber, "los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstas y participan de su naturaleza".

En efecto, en la disposición vigente en la parte que nos ocupa, se establece que:

"Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que: ..."

SEGUNDA.- Esta Comisión? considera que no es procedente dictaminar favorablemente la iniciativa de mérito, ya que se refiere a un aspecto de un ordenamiento que ya fue modificado y evaluado por esta Legislatura en la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2004, aprobándose numerosas reformas a dicho cuerpo legal, por lo que no se estima oportuno en este momento proceder a un nuevo examen de sus diversas disposiciones.

Por lo demás, dicho examen representaría un análisis fragmentado y sectorizado, debiendo considerarse que los ordenamientos legales, en general y con mayor razón, las leyes fiscales, deben respetar en todo caso, los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, por lo que no se considera conveniente que sean objeto de reformas o modificaciones parciales, que al no derivar de un examen general del sentido y espíritu que informa el cuerpo legal correspondiente, pudieran constituir un "parche legal", es decir, modificaciones aislada y fragmentaria que atentara contra los principios referidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se declara no aprobada la Iniciativa materia de este Dictamen.

SEGUNDO.- Archívese el expediente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 del mes de agosto de 2004.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez y Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías, Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentada por los Diputados Alfonso Ramírez Cuellar y Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Esta Comisión con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

Dictamen

PRIMERO.- No es de aprobarse la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, D.F. a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cuatro.

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica) Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica) secretario; Yolanda Valladares Valle (rúbrica) secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica, con adhesión al voto particular del diputado Miguelángel García-Domínguez), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica, con adhesión al voto particular del diputado Miguelángel García-Domínguez), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica, con adhesión al voto particular del diputado Miguelángel García-Domínguez), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos voto particular al dictamen que en sentido negativo presenta la Comisión de Gobernación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Con veintitrés de junio de dos mil cuatro, los diputados Alfonso Ramírez Cuellar y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; misma que fue turnada a esta Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

La Iniciativa en comento, que adiciona un tercer párrafo al artículo 2º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, proponía que los ingresos, que por concepto de productos, obtenidos por este organismo, fueran puestos a disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en programas de asistencia social, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud.

Es importante señalar que con dicha iniciativa se busca detener el manejo discrecional que el gobierno de la República, a través del fideicomiso Transforma México, estaba haciendo de los recursos públicos. Como todos saben, las irregularidades detectadas llevaron a la renuncia de la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdez y al nombramiento de un nuevo Director, al diputado federal priista Tomas Ruiz, en una alianza política del gobierno federal, con un sector del PRI; propenso a establecer acuerdos para limpiar posibles actos de corrupción o irregularidades en las que hubieren incurrido en su momento, la directora de la LOTENAL.

A pesar de que públicamente se conocen los apoyos y los recursos que dicha funcionaria otorgó a asociaciones civiles vinculadas al gobierno federal, al presidente de la República, a asociaciones civiles denunciadas ya ante las autoridades correspondientes por el manejo que hicieron de los recursos públicos, como PROVIDA; esta Comisión no se avocó a realizar un estudio y análisis detallado de la reforma y adición propuesta, con el fin de que el Ejecutivo Federal, vía los fideicomisos, deje de manejar discrecionalmente los ingresos que capta la Lotería Nacional.

La Comisión de Gobernación no entró al fondo del asunto y en los considerandos que presenta para dictaminar en sentido negativo la Iniciativa de reforma, encontramos algunas inconsistencias.

1.-En el Considerando VII, en el que se señala que el 31 de agosto de 2001, el presidente de la República, Vicente Fox, anunció la creación del fideicomiso Pública "Transforma México", de la Lotería Nacional, con el propósito de dar transparencia y eficiencia al destino de los recursos que se canalizan a obras altruistas a través de instituciones de asistencia social privadas"; fue esto precisamente lo que no se cumplió, el manejo transparente y eficaz, pues a todas luces se ha probado del manejo que se hizo de dichos recursos, un manejo totalmente discrecional, que favoreció a organizaciones que como Provida, han sido señaladas y denunciadas por el manejo que hicieron de los recursos públicos.

Aquí el gobierno federal tiene que asumir sus responsabilidades, pero el Poder Legislativo tiene que velar por que esto no vuelva a ocurrir, y aquí es donde se inscribía el propósito de dicha iniciativa, que los recursos se destinen a la asistencia pública y ya no más a fideicomisos que privilegien a asociaciones vinculadas al presidente de la República y a sus familias.

2.- En el considerando X, se afirma que los ingresos de la Lotería Nacional no son productos, sino ingresos que obtiene dicho ente en su calidad de organismo descentralizado.

Al respecto, resulta importante destacar que dichos ingresos son considerados "Productos" por la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004, según el articulo 1º. Apartado A, Fracción V titulada "Productos", Numeral 2 "Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado", letra E "Utilidades", inciso b) "De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública", por lo que lo señalado en este considerando es un absurdo.

3.- En el considerando XIII se señala que la facultad de la SSA se reduce ha establecer la distribución de los recursos, con lo cual estamos de acuerdo, porque la iniciativa dice únicamente que "los Ingresos que por concepto de productos obtenga el organismo se pondrán a la disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en los programas de asistencia social...", sin que en ninguna parte se diga que lo hará directamente la SSA.

4.- En el considerando XIV se dice que la SSA sólo establece las políticas, pero "no capta ni dispone de los fondos que proporcione la Lotería Nacional", lo cual no es ningún impedimento para que lo hagamos con la reforma que se propone ya que no entraría en contradicción con la Ley General de Salud, y como consecuencia de la Reforma, el Reglamento tendría que ser modificado.

5.- En el considerando XV se alude a que la propuesta rompe con el principio de "unidad presupuestal", lo cual es falso, porque el hecho de que algunos ingresos vayan atados a cierto gasto no impide que se aplique la Ley de la Tesorería de la Federación, porque es la ley especial aplicable a todo tipo de ingresos, y en ninguna parte de la Iniciativa se señala un procedimiento distinto al previsto en la Ley de la Tesorería de la Federación.

6.- En el considerando XVI se alude a la presunta existencia de irregularidades en la aplicación de los recursos públicos. Al respecto cabe señalar que fueron precisamente las irregularidades detectadas lo que desató toda la serie de aclaraciones, renuncias y remociones de funcionarios de la Lotería Nacional. Y que dicha Comisión no debío avocarse únicamente a las consideraciones, sino tomar en cuenta, la viabilidad de dicha Iniciativa.

La Comisión, con este considerando, se está convirtiendo en defensor del Ejecutivo Federal.

Al respecto, cabe reiterar que la propuesta, independientemente de lo que señala el considerando, pretende que los recursos obtenidos por la Lotería Nacional sean puestas a disposición de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que no se vuelvan a presentar manejos discrecionales.

Por todas las consideraciones arriba señaladas, y en virtud de que priva entre los integrantes de la Comisión un animo de descalificar sin argumentos la iniciativa dictaminada, presentamos, este voto particular, con fundamento en lo establece el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos.

Estamos ciertos de que llegará el momento de que los legisladores que mantienen una mayoría en este órgano legislativo, voten las iniciativas de los legisladores, privilegiando la viabilidad jurídica y la argumentación política, y no se conviertan en simples protectores de las conductas irregulares de funcionarios del gobierno federal.

SUSCRIBEN ESTE VOTO PARTICULAR

Diputados: Miguelángel García-Domínguez, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Jesús González Schmall (rúbricas).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN.

I. Del Proceso Legislativo.

A) En sesión celebrada el 6 de abril de 2004, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la iniciativa de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en ejercicio de la facultad contenida en la fracción I, del artículo 71, de la propia Carta Magna, presenta el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados determinó turnar, la precitada iniciativa, a la Comisión de Puntos Constitucionales para que realizara su estudio y dictamen de consecuencia.

B) En sesión celebrada por la Comisión de Puntos Constitucionales en fecha 27 de mayo de 2004, existiendo el quórum reglamentario se dio trámite de recepción formal a la iniciativa en estudio.

C) En sesión celebrada por la Comisión de Puntos Constitucionales en fecha diecinueve de octubre del año dos mil cuatro, previa verificación de la existencia del quórum reglamentario se aprobó el presente dictamen, ordenando se remitiera al Órgano Legislativo Competente para ser sometido a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados.

II. Materia de la Iniciativa.

Mediante la Iniciativa en estudio, el Ejecutivo Federal pretendía subsanar el supuesto error que se presentó en el proceso legislativo de la adición del inciso M a la Fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se señala, a juicio del Ejecutivo Federal, el texto que se adicionaba en el referido inciso debía incorporarse como inciso L y no como se hizo en el M.

III. Valoración de la Iniciativa

En el texto de la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal expone que le fue remitido para su promulgación y publicación el Decreto por el que se adiciona un inciso M a la Fracción XXIX del artículo 73 y se reforma la fracción IV del artículo 89 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estima que la referida reforma significa un avance significativo en materia de seguridad nacional porque precisa como facultad del Congreso de la Unión legislar en esa materia y establece como facultad y obligación del Ejecutivo Federal preservar la seguridad nacional de conformidad con la ley respectiva.

Sin embargo, el Presidente de la República, en el texto de su iniciativa señala: " No obstante lo anterior, se advierte que la adición al artículo 73 constitucional fue aplicada a la fracción XXIX-M, siendo que le correspondía la fracción XXIX-L, considerando que el texto constitucional anterior a la reforma en comentario, incluye únicamente las fracciones XXIX-B a XXIX-K".

En efecto, la situación que describe el Ejecutivo Federal en su iniciativa fue debidamente valorada por este Cuerpo Colegiado al momento de analizar el proyecto de declaratoria por el que se declaraba adicionado el inciso M a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinó que no era posible realizar la adecuación entre letras de los incisos toda vez que así lo había aprobado el Constituyente Permanente integrado por la voluntad de las Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados y las Honorables Legislaturas de los Estados y, máxime aún, que se encontraba en proceso legislativo constitucional la reforma por la que se adicionaba el inciso L a la fracción XXIX del propio numeral 73, misma que, en calidad de Minuta remitida por la Honorable Cámara de Senadores, se encontraba en estudio en esta Comisión de Puntos Constitucionales.

Ahora bien, dado que en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintisiete de septiembre del año en curso, aparece publicado el Decreto por el que se aprueba el diverso que se adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal queda sin materia, por lo que, motivada en los argumentos expuestos y con fundamento en las disposiciones legales antes referidas, esta Comisión de Puntos Constitucionales

Resuelve

PRIMERO.- Por las consideraciones y fundamentos expuestos en el presente dictamen y por haber quedado sin materia, se deja sin efecto la Iniciativa presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por la que propone reubicar el contenido de la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como fracción XXIX-L.

SEGUNDO.- Previas las anotaciones y trámites correspondientes, archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal; a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

Diputados: Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica); Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Rubén Maximiliano Alexánder Rábago (rúbrica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas; Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica); Francisco Javier Barrio Terrazas; Ángel Augusto Buendía Tirado; Enrique Burgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís; Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Álvaro Elías Loredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González Roldán, secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas, secretario; Germán Martínez Cázares; Arturo Nahle García (rúbrica); Janette Ovando Reazola; Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica); Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica); Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena (rúbrica); Pedro Vázquez González (rúbrica), secretario; Emilio Zebadúa González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, EN SENTIDO NEGATIVO, ACERCA TANTO DE LA INICIATIVA PARA AMPLIAR EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN NORMAL CONTENIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA QUE CONTENGA LAS LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA MODALIDAD, PARA ABARCAR TODAS LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL, COMO DEL CORRELATIVO PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 37 A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REMITIDA POR EL CONGRESO DE JALISCO

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración el presente Dictamen sobre la Iniciativa para ampliar el concepto de educación normal contenido en la Ley General de Educación, para que contenga a las licenciaturas que se imparten y abarcar todas las áreas de la educación integral, y su correlativo Proyecto de Decreto para adicionar el Artículo 37 de la Ley General de Educación.

Antecedentes

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el día 11 de noviembre de 2003, aprobó un Acuerdo Económico mediante el cual se remite al Congreso de la Unión la Iniciativa y Proyecto de Decreto que se mencionan.

En esa misma fecha el Acuerdo fue remitido a esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales, con oficio No. DPL 2216-LVI.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del Acuerdo y presentó al Pleno la Iniciativa y el Proyecto de Decreto el día 9 de diciembre de 2003.

Una vez que se constató que la Iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, fue turnada a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio No. DGPL 59-II-5-222.

Proceso de Dictaminación

La Comisión estableció que la Constitución General de la República, en la Fracción VIII del Artículo 3º y en la Fracción XXV del artículo 73, faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia que motiva la iniciativa.

Una vez establecidas las facultades del Congreso de la Unión en la materia, la Junta Directiva de la Comisión remitió la Iniciativa, para su estudio y preparación del correspondiente proyecto de dictamen, a las Subcomisiones de Educación Básica e Inicial y de Educación Superior y Posgrado.

En el proceso de estudio y análisis de la Iniciativa, las Subcomisiones encontraron que los argumentos esgrimidos en la Exposición de Motivos no dan razones suficientes para dictaminar en sentido positivo, por lo tanto se dictaminó en sentido negativo y prepararon en consecuencia el proyecto de dictamen.

El Pleno de la Comisión aprobó el proyecto de dictamen de las Subcomisiones en reunión del día 20 de abril de 2004.

Consideraciones a la exposición de motivos y al proyecto de decreto

En la iniciativa se argumenta, con razón, que la formación de los profesores debe corresponder a las finalidades y contenidos que la legislación asigna a la educación básica, a partir de un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que todos los niños y jóvenes deben adquirir, mismo que da razón de ser a planes de estudio nacionales que, al tiempo que garantizan una formación común, permiten atender la diversidad regional, social y cultural del país y las demandas del ejercicio docente.

Se señala también, y en ello coincide esta Comisión Dictaminadora, que ha sido preocupación permanente lograr que la educación artística, con métodos eficaces, trascienda, tanto porque coadyuva de manera significativa en el ámbito académico, como porque el mayor logro intelectual en la historia de la humanidad es el arte y, en este sentido, tiene un valor por sí mismo,

Se destaca que a pesar de lo anterior, y de lo que en la Ley General de Educación en sus artículos 2, 7 fracciones I y VIII, 12, fracción I, y 48 establece a la educación artística como requisito indispensable de la educación integral que prescribe el Artículo 3º Constitucional, éstas se ha visto restringida en los tiempos y espacios que se le dedicaban y que merece tener en el currículo escolar y, correlativo con ello, no se ha dado atención suficiente a la tarea de formar profesionales que atiendan esta asignatura en las instituciones de educación básica.

En virtud de lo anterior la Iniciativa propone Proyecto de Decreto para adicionar el Artículo 37 de la Ley General de Educación y quedar como sigue:

Es de destacarse la coincidencia de esta Comisión dictaminadora con los argumentos vertidos en relación con la importancia de la educación artística en la educación básica como parte de la educación integral que prescribe la Constitución General de la República, y en el sentido de la poca importancia que ha merecido para las autoridades educativas desde hace algunas décadas.

Sin embargo, la formación de docentes en la materia no es un asunto que se pudiera resolver por la vía legislativa, sino que se trata de un asunto de políticas públicas que compete impulsar al Poder Ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno.

En lo que se refiere a la redacción actual del Artículo 37 de la Ley General de Educación, esta Comisión Dictaminadora considera que, tal como está, da cuenta de manera implícita de todas las áreas de conocimiento para una educación integral y comprende todos los niveles del tipo superior, incluyendo licenciatura, por lo que no resulta necesario incorporar la idea propuesta.

Consecuentemente esta Comisión Dictaminadora

RESUELVE:

Es del parecer del Pleno de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Honorable Cámara de Diputados, que no es de aprobarse la Iniciativa para ampliar el concepto de Educación Normal contenido en la Ley General de Educación para que contenga las licenciaturas que se imparten en la modalidad para abarcar todas las áreas de la educación integral, ni su correlativo Proyecto de Decreto para adicionar el Artículo 37 a la Ley General de Educación.

Se solicita a este Pleno ordene que se archive el expediente como total y definitivamente concluido.

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla, Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, EN SENTIDO NEGATIVO, SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REMITIDA POR EL CONGRESO DE JALISCO

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración dictamen sobre la Iniciativa para Ampliar el Criterio para Definir la Edad de Ingreso a los Diferentes Niveles de la Educación, Estableciendo el de Años Cumplidos en el Año Natural, y su correlativo Proyecto de Decreto para adicionar un artículo, que sería el 37-Bis a la Ley General de Educación.

Antecedentes

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día 29 de octubre de 2003, aprobó el Acuerdo Económico 1134/03, mediante el cual se remite al Congreso de la Unión la Iniciativa y Proyecto de Decreto que se mencionan.

En esa misma fecha el Acuerdo fue remitido a esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales.

Una vez publicada la Iniciativa en la Gaceta Parlamentaria No. 1373, la Mesa Directiva, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a este Pleno del Acuerdo y presentó la Iniciativa y el Proyecto de Decreto que se dictaminan en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2003, y una vez que constató que la Iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, fue turnada a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes.

La Junta Directiva de la Comisión remitió el expediente a la Subcomisión de Educación Básica e inicial, que procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, y encontró que en el Artículo 3º de la Constitución se establece lo siguiente:

Consideraciones a la exposición de motivos y al proyecto de decreto

La iniciativa hace referencia a que las reformas de los artículos 3º y 31 constitucionales, que establecen como obligatoria la educación preescolar, y al artículo Quinto transitorio de dicha reforma, mediante el cual se establecen los parámetros para aceptar a los niños que ingresarán a los distintos grados de preescolar.

Se señala que a pesar de las reformas constitucionales, argumentando lo establecido en el Acuerdo, muchos niños que por su edad y por el derecho que les corresponde en virtud de haber cursado un grado o ciclo solicitan inscripción en el siguiente, no son aceptados y se les obliga a repetir con el argumento de la edad y con el fin de "?reforzar sus conocimientos necesarios para adquirir la madurez suficiente".

Considera la Exposición de Motivos de la Iniciativa, y en ello coincide esta Comisión Dictaminadora, que esta circunstancia afecta negativamente la continuidad académica y la autoestima de los menores, generando una situación que no es posible que se siga remediando año con año a través de acuerdos económicos con la autoridad educativa para que admita a dichos escolares, y es necesario tomar decisiones que pongan remedio definitivo.

Señala la iniciativa que no existe base para suponer que de manera automática se den en los niños los atributos para ser escolar a partir de una fecha definida, por lo cual propone adoptar como criterio de admisión, en lugar del día 1 de septiembre, el del año natural en que se cumple la edad considerada, argumentando que es este criterio el que impera, entre otros casos, para realizar el Servicio Militar, adquirir el derecho a votar, ser sujeto de responsabilidad civil o penal, ser acreedores a la imposición de vacunas en el caso de los infantes.

Como mecanismo para superar los problemas señalados y lograr los objetivos que enuncia, la Iniciativa propone un Proyecto de Decreto para adicionar la Ley General de Educación con un artículo, que sería el 37-Bis en que se indique:

Por considerar de interés general la materia en cuestión, la Comisión una vez estudiado con detenimiento el problema, decidió emitir opinión y recomendación a la autoridad correspondiente, y

RESUELVE:

Es del parecer del Pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Honorable Cámara de Diputados:

Primero: Que NO ES DE CONSIDERARSE EL PROYECTO DE DECRETO que acompaña a la Iniciativa y por tratarse de una materia no contemplada dentro de las facultades para legislar que la Constitución General de la República confiere al Congreso de la Unión.

Segundo: Por tratarse de un asunto de interés general y de importancia para la sociedad, se acuerda solicitar a este Pleno se remita copia del expediente a la autoridad competente, con recomendación en los siguientes términos:

UNICO: Considerar el problema en cuestión en los términos planteados y emita Acuerdo que modifique el No. 312, con el objetivo de que se establezca que para efectos de admisión de aspirantes a integrarse a estudiar educación de tipo básica obligatoria, la edad requerida del aspirante sea tomada en consideración conforme al año natural en que cursen el grado que corresponde, del 1 de enero al 31 de diciembre del año en que inicie el respectivo ciclo escolar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2004.

Integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), secretario, Tatiana Clouthier Carrillo secretaria, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), secretaria, Humberto Filizola Haces (rúbrica), secretario, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), secretario, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretario; María Viola Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla, Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA PARA INCORPORAR ÚTILES Y MATERIALES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA COMO UNA PRESTACIÓN OBLIGATORIA, ADICIONAL A LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración Dictamen sobre la iniciativa para incorporar los útiles y materiales de estudio de los estudiantes de educación básica como una prestación obligatoria, adicional a los libros de texto gratuitos, y su correlativo Proyecto de Decreto para reformar los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33 fracción VIII; 75, fracción IV, y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación

Antecedentes

En sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2003, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a este Pleno la Iniciativa y el Proyecto de Decreto que se dictaminan, mismos que fueron previamente publicados en la Gaceta Parlamentaria No. 1382.

Una vez que la Mesa Directiva constató que la Iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, fue turnada a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes.

La Junta Directiva de la Comisión remitió el expediente a la subcomisión de Educación Básica e inicial, que procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, y encontró que en el Artículo 3º de la Constitución se establece lo siguiente:

La Subcomisión procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, para lo cual se remitió al Artículo 73 de la Constitución General de la República, que en su fracción XXV establece:

En el proceso de estudio y análisis de la Iniciativa, la subcomisión encontró que los argumentos esgrimidos en la Exposición de Motivos de la Iniciativa dan razones para dictaminar en sentido negativo, con recomendaciones y modificaciones al texto del Proyecto de Decreto, y consecuentemente, procedieron a preparar proyecto de dictamen para someter a la consideración del Pleno de la Comisión.

El Pleno de la Comisión aprobó el proyecto de la Subcomisión en reunión del día 20 de abril de 2004.

Consideraciones sobre la iniciativa y el proyecto de decreto

La Comisión Dictaminadora comparte el criterio expresado en la Iniciativa, en el sentido de que en nuestro sistema jurídico, la educación pública es una función que ha estado presente como preocupación central del Estado mexicano, y que el carácter laico, gratuito y obligatorio que ahora tiene, ha sido producto de las luchas que ha librado la nación a través de su historia.

La Comisión coincide con la iniciativa en que el postulado de que la educación que imparta el Estado es una función pública de carácter gratuito y obligatorio, implica derechos y obligaciones para sus derechohabientes y para el Estado, y debe ser incuestionable el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso sin más limitaciones que satisfacer los requisitos expresados en las disposiciones aplicables, y por ello es necesario tomar acciones para alcanzar el objetivo de universalizar la cobertura de una educación de calidad.

La comisión comparte también la preocupación expresada en la iniciativa por los rezagos y retos de la educación nacional en materia de calidad, financiamiento del servicio, equidad de género, eficiencia terminal del sistema, exclusión en los niveles medio superior y superior, el bajo porcentaje de gasto de las familias en la educación de sus hijos debido a los problemas de pobreza y marginalidad que enfrenta el país, así como por las consecuencias que todo esto implica para el desarrollo personal y nacional.

Argumenta la iniciativa, con razón, en la importancia que han revestido para el desarrollo educativo del país la implantación generalizada de los libros de texto gratuitos para la educación primaria, como lo ilustra la lucha que en estos momentos desarrolla el pueblo español, en el sentido de que, para hacer realidad la educación gratuita en ese país, el estado proporcione en los niveles educativos obligatorios libros y útiles escolares gratuitos.

En virtud de lo anterior, la Iniciativa se acompaña de un Proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Educación, como sigue:
 

El sentido justiciero de las medidas que propone la Iniciativa se puede apreciar en el siguiente comentario de las memorias de Jaime Torres Bodet, citado en su libro La tierra Prometida: ,

La Comisión coincide con estos considerandos y con el punto de vista de la iniciativa, y expresa la necesidad de que este esfuerzo se amplíe hasta contar con textos en todas las lenguas indígenas y adecuados para todas las necesidades educativas en las diferentes modalidades. Considera también prioritario para el desarrollo educativo nacional, que esta política se amplíe a toda la educación básica obligatoria, que ahora incluye la educación secundaria -en la que se han venido desarrollado esfuerzos en este sentido- y la educación preescolar.

Del mismo modo, la Comisión coincide con la iniciativa el argumento en el sentido de que los libros de texto gratuitos, con toda la importancia que revisten para hacer realidad la gratuidad de la educación en México, es ya una medida insuficiente para garantizar condiciones que permitan a los estudiantes garantizar su permanencia en el sistema, ante la realidad económica de la mayoría de las familias mexicanas.

Esto es así porque, como bien ilustra la iniciativa, los costos de los útiles escolares para la mayoría de estas familias, resultan cada vez más inaccesibles para sus economías, a partir del hecho de que, según estadísimas oficiales, más del 50% de la población nacional se encuentra sumida en la pobreza o en la extrema pobreza, haciendo así que, en los hechos, deje de ser realidad la gratuidad de la educación obligatoria, razón por la cual el Estado debe tomar medidas para cumplir con la función compensatoria social y educativa que le compete.

Es criterio de la Comisión que el esfuerzo por la educación nacional es un deber constitucional, un principio medular de la Nación y un imperativo de justicia. Para cumplir con ese deber, lo primero es atender el mandato del Artículo Tercero Constitucional, trabajando por una cobertura suficiente y una mejora constante en la calidad de la educación manteniendo la obligatoriedad de la educación preescolar primaria y la secundaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, así como su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico.

Hoy el reto educativo es llevar toda la educación básica, en sus tres niveles, a donde todavía no ha llegado, procurar que todos los niños tengan igual acceso a las oportunidades educativas y apoyar a las familias y comunidades más pobres para que sus hijos completen los tres niveles educativos del tipo básico obligatorio, seguir ampliando las opciones de enseñanza media y superior y elevar la educación en todos los niveles.

En este sentido es importante considerar que la obligatoriedad de los niveles preescolar y secundaria, a partir de las reforma al Artículo 3º Constitucional de 2002 y 1992, respectivamente, han venido acompañadas de una marcada insuficiencia económica familiar que impide adquirir los libros de texto que producen y venden las editoriales privadas y los útiles necesarios para el desempeño de las tareas educativas de los alumnos de familias que viven en regiones y zonas marginadas, rurales y urbanas, lo cual afecta de manera significativa la calidad educativa de los estudiantes y reduce la efectividad del maestro.

Es necesario considerar que la política de distribución generalizada de los libros de texto gratuito para la educación primaria en todo el país, desde el principio no ha tenido solamente el propósito de coadyuvar a elevar el nivel de gratuidad de la educación que imparte el Estado, sino también a cumplir con el mandato de lograr una educación unificada y nacional como lo ordena el Artículo 3º Constitucional.

Por ello, los libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos, así como los libros para los maestros, se distribuyen de manera generalizada e indiscriminada, incluyendo a los centros educativos privados.

Sin embargo, una política de este tipo no puede ser extensiva en relación con los útiles escolares de los estudiantes para alumnos cuyas familias estén en posibilidades de adquirirlos, sin incurrir en el grave riesgo de otorgar beneficios a quienes pueden cubrir estos gastos, habiendo en puerta necesidades apremiantes y de mayor envergadura que cubrir, como es el caso de la universalización de los libros y materiales para la educación secundaria y preescolar obligatorias.

La Comisión considera, ante la situación económica que viven la mayoría de las familias mexicanas y a la situación por la que atraviesa la economía nacional, aunque es deseable generalizar la prestación de útiles a los estudiantes de educación básica, ante las necesidades que enfrenta el sistema educativo nacional por e momento es adecuada la política de apoyar a las familias que lo requieran con dotaciones de útiles escolares, de una manera no generalizada, como se hace hasta ahora a través de programas compensatorios que desarrollan la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública a través del CONAFE.

La Comisión considera que es también prioritario ampliar la política de libros de texto gratuita a los tres niveles de la educación básica obligatoria, que por mandato constitucional y por justicia debe ser gratuita.

Considera también que es necesario ampliar los criterios de aplicación de estas políticas de apoyo, para llevarlas no sólo a las escuelas de las áreas marginadas rurales indígenas, sino también a las áreas marginadas urbanas y a las familias que así lo requieran en escuelas ubicadas en otras áreas, y hacerla aplicable a los tres niveles educativos que componen el tipo básico.

En razón de lo anterior, la iniciativa propone un proyecto de decreto para reformar los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33 fracción VIII; 75, fracción IV, y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65, acerca de las cuales la Comisión, en virtud de lo anteriormente señalado recomienda modificar para quedar como sigue:

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora

RESUELVE:

Que es del parecer del Pleno de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Honorable Cámara de Diputados, que NO ES DE APROBARSE la Iniciativa, para Incorporar Útiles y Materiales de estudio de los Estudiantes de Educación Básica como una prestación obligatoria, adicional a los libros de texto gratuitos, con las modificaciones al texto propuesto que se indican.

En consecuencia, se solicita a esta Soberanía ordene que se archive el expediente como asunto total y definitivamente resuelto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2004.

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla, Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD, EN SENTIDO NEGATIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 84, 86 Y 87, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 bis y se reforma la fracción III del artículo 58, así como los artículos 84, 86 y 87, todos de la Ley General de Salud, aprobada por acuerdo legislativo del Congreso del estado de Jalisco.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En sesión celebrada con fecha 5 de Octubre de 2004, de la LIX de la H. Cámara de Diputados, se dio cuenta del oficio por el que se remite copia del Acuerdo Legislativo 463/04, en el que se eleva a iniciativa de ley, por parte del Congreso del estado de Jalisco, la que adiciona el artículo 33 bis y reforma la fracción III del artículo 58, así como los artículos 84, 86 y 87, todos de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La exposición de motivos de la iniciativa objeto del presente dictamen hace referencia al efecto terapéutico que tendría contar con ludotecas en los hospitales, no sólo en el área pediátrica, sino de todos los pacientes.

Expresa que la iniciativa tiene la intención de llegar, no sólo a las personas hospitalizadas, sino a quienes esperan turno en consultas de medicina externa.

Para esto propone la creación de espacios para ludotecas en las clínicas de salud; los cuales serían, no únicamente de esparcimiento, sino de aprendizaje.

III. CONSIDERACIONES.

RESOLUTIVO.

Único. No es de aprobarse la iniciativa, por considerarla financieramente inviable, ya que los recursos de la Secretaría de Salud son limitados y no deben ser desviados en actividades de una prioridad inferior a lo que requiere la protección básica de los servicios de salud de la población.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).