• Que reforma el artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

• Que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

• Con punto de acuerdo, para que se constituya un grupo de trabajo, integrado preferentemente por los diputados del norte del estado de Coahuila de los distintos partidos, a fin de asistir y colaborar directamente con las autoridades responsables del orden federal y del local, enviada por la Junta de Coordinación Política, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
• Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones del nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, presentada por la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija el sector, presentada por el diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, presentada por el diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

 
• Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, presentada por el diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, presentada por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas a efecto de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, presentada por los diputados Maximino Fernández Avila y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
• Con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal, a fin de contrarrestar ese mal, presentada por el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.
• Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleven a cabo la sustitución, el manejo y la disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, donde quiera que éstos se ubiquen, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a implantar un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que estén fuera de operación, a fin de aumentar su eficiencia y competitividad, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 5 de abril de 2004.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Agricultura y Fomento la presente iniciativa, que adiciona una fracción al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la siguiente
 

Exposición de Motivos

El Estado, en cualquier economía del mundo, debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable, mediante el uso adecuado de instrumentos, fiscales, monetarios y financieros.

Las funciones básicas del Estado en el ámbito económico son asignación de recursos, distribución, estabilidad, crecimiento y vigilancia de un perfil de desarrollo sustentable.

En este sentido, la intervención que el Estado tiene en la economía debe ser con fines compensatorios o correctivos, pero ante la evidente pérdida de actividad económica y el constante deterioro del desarrollo y el ambiente rural, el Estado también debe ser promotor y vigilante del perfil del desarrollo económico, sobre todo ante el bajo nivel de crecimiento del sector y el creciente deterioro social y ambiental en el campo.

En este sentido, preocupados por el bajo nivel de desarrollo rural, debemos retomar y fortalecer la responsabilidad constitucional que el Estado tiene para conducir el desarrollo nacional, mediante la planeación, promoción, coordinación y orientación de la actividad económica.

El campo y todo lo que representa para nuestro país desde el punto de vista social, productivo y ambiental debe seguir siendo considerado estratégico y prioritario, sobre todo si queremos alcanzar mejores niveles de desarrollo rural sustentable.

El deterioro productivo y ambiental en el campo es evidente, paralelamente a este proceso se observan grandes debilidades productivas como el poco crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario.

Esta situación es paradójica, ya que a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, así como su legislación reglamentaria, que entre otros objetivos perseguía incrementar la inversión y la eficiencia en el campo, estos, realmente no han dado de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo, ni mucho menos desde la perspectiva de la protección al medio ambiente.

Por ello necesitamos nuevos esquemas de asociación con el fin de compartir riesgos con el sector productivo y disminuir los costos para la protección ambiental. De tal manera que los proyectos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable apoye deben ser técnica y financieramente viables, pero también ambientalmente sustentables.

Este objetivo sólo puede lograrse mediante la conducción y promoción directa del Estado y sus instituciones, en coordinación con todos los sectores vinculados al campo.

Por lo anterior, consideramos apremiante tomar medidas que permitan modificar la operación productiva del campo y en consecuencia sus impactos ambientales derivados de los sistemas de apoyo, los cuales además tienen como objetivo el fomento de una mayor participación en el campo de los sectores privado y social, con el fin de crear sinergias para mejorar la competitividad interna, la modernización de los canales de comercialización y el nivel de vida de las familias rurales, todo ello con vistas al incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de producción rural sin dejar de tomar en cuenta el mejoramiento del desarrollo sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable debe involucrar a los tres niveles de gobierno, con una visión en donde se diseñen sistemas que impliquen un esquema de incentivos que promuevan la inversión bajo un criterio que evite un costo fiscal incremental, de tal manera que los sectores público, social y privado gocen de mecanismos que les permita distribuir y compensar riesgos en la inversión y de mercado, de tal manera que operen de forma compensatoria, con el fin de ayudar a los productores en mercados agropecuarios caracterizados por su bajo nivel de maduración, circunstancias todas ellas que limitan las posibilidades de capitalización y desarrollo del sector, condicionando de manera determinante los niveles de desarrollo sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo campesino en el mundo, encaminadas a lograr la sustentabilidad mediante esquemas productivos que no sólo sean técnica y financieramente viables, sino también ambientalmente sustentables, con el fin de asegurar la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y así lograr la autosuficiencia alimentaría, sin dejar de facilitar la conversión de aquellas superficies en las que sea posible establecer actividades sustentables que no sólo verifiquen mayor rentabilidad, dando con ello, certidumbre y sustentabilidad económica a los productores agrícolas, y mayores capacidades para su adaptación al cambio que demanda la nueva política de desarrollo agropecuario en marcha y la aplicación de la política agraria contenida en la citada reforma del artículo 27 constitucional.

El sistema de apoyos debe impulsar nuevas alianzas entre productores representativos del sector social y entre el sector social y el privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la apertura y competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas que respeten el medio ambiente mediante el respaldo y la habilitación de las instituciones gubernamentales.

Es necesario que los apoyos directos contribuyan sobre todo a la recuperación y conservación de bosques y selvas y a la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas favoreciendo así el impulso de una cultura de conservación de los recursos naturales.

Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos relacionados con la puesta en marcha de esquemas de producción agrícola que permitan un desarrollo rural sustentable,1 que tomen en cuenta no sólo indicadores de rentabilidad sino también de sustentabilidad ambiental, en un marco de respeto al conocimiento productivo tradicional de las comunidades rurales involucradas y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente.

Por ser del más alto interés nacional apoyar el desarrollo sustentable de los productores del campo, mediante un programa que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del sector agropecuario, bajo criterios no sólo de rentabilidad sino de sustentabilidad, proponemos la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Unico. Se adiciona una fracción al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, recorriéndose en su orden la actual fracción VII para pasar a ser la fracción VIII, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 71. Los apoyos...

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:
1 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define en el artículo 3, fracción XIV, el desarrollo rural sustentable como "el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de marzo de 2004.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 78 y 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

Exposición de Motivos

El Instituto Electoral del Distrito Federal es el organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana.

El Instituto Electoral del Distrito Federal es un organismo de carácter permanente, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Instituto Electoral del Distrito Federal tiene su domicilio y ejerce sus funciones en todo el territorio del Distrito Federal por medio de un Consejo General que será el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Distrito Federal; los Órganos ejecutivos y técnicos; por un órgano desconcentrado en cada uno de los Distritos Electorales uninominales en que se divide el Distrito Federal; los órganos de vigilancia; y las mesas de casilla.

Sus fines y acciones estarán orientadas a contribuir el desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Órganos de Gobierno Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como la celebración de los procedimientos de participación ciudadana y preservar la autenticidad y efectividad del sufragio.

En este sentido, la Ciudad de México ha experimentado importantes cambios en su vida política durante los 10 años recientes. En 1993, a partir de la experiencia acumulada en casi 6 años de representación a través de la Asamblea se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la promulgación de un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitiera normar las relaciones políticas en esta ciudad. Así, en 1994, el Congreso de la Unión expidió el primer Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Asimismo la reforma constitucional de mediados de 1996 tuvo un enorme impacto en las estructuras de gobierno de la ciudad. Se incrementaron las facultades de la Asamblea Legislativa que ahora está integrada por Diputados, con atribuciones suficientes para crear y modificar los ordenamientos legales que norman la vida cotidiana de los capitalinos. Además, se determinó que a partir de 1997 y el año 2000, respectivamente, el Jefe de Gobierno y los responsables de las demarcaciones políticas que la conforman serán electos por voto universal, secreto y directo.

En julio de 1997, los capitalinos elegimos a los Diputados de la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno, en un ejercicio ciudadano de gran participación y sentido democrático. Desde entonces, la I Legislatura se dio a la tarea de adecuar las normas jurídicas de la que rigen la vida política de la ciudad y, en noviembre de 1997, aprobó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal la cual fue aprobada y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1997.

Este nuevo Estatuto sentó las bases para la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y del Código Electoral del Distrito Federal. Estos ordenamientos dan vida y rigen las actividades del IEDF y establecen las normas para la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver con la vida política de la Ciudad de México.

En este sentido los Consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal tienen el mandato de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México, el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, la promoción de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, la celebración periódica y de manera pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los órganos de gobierno Legislativo y Ejecutivo del Distrito Federal, así como de los procedimientos de participación ciudadana.

Y es, en este último punto, donde los diputados federales, debemos ser sumamente cuidadosos de que en el Distrito Federal se realicen de manera eficaz y ordenada, la renovación de los poderes locales, renovación que se realizará el 2 de julio del 2006. Fecha en la será necesario contar con un cuerpo colegiado maduro en la toma de decisiones, las cuales, sin duda, determinarán el futuro democrático y político de la Ciudad.

Por ello, al renovarse este Consejo al inicio del año 2006 (15 de enero), será poco el tiempo que tendrán los nuevos encargados, para comprender y aplicar las necesidades que devienen de su nuevo encargo, el cual, tendrá la inherente responsabilidad de organizar, vigilar, conducir y sancionar el proceso electoral que elegirá jefe de Gobierno, delegados y diputados locales.

La responsabilidad en esta materia , no es exclusiva de las autoridades locales, es el Congreso de la Unión, el responsable en esta materia y garante de la buena ley, que otorgue certidumbre a la ciudadanía, en el ámbito electoral.

Esto es así, porque debemos atender a la conformación y naturaleza jurídica del Distrito Federal, misma que difiere con la de las entidades federativas, en cuanto que no cuenta con una Constitución propia y depende en ciertos casos del Gobierno Federal, en el caso que nos ocupa del Congreso de la Unión.

Es necesario explicar los antecedentes de la conformación del Distrito Federal a efecto de estar en posibilidad de justificar plenamente la presentación de esta iniciativa de reforma y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su importancia en la regulación del problema planteado por la renovación del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Constitucionalmente la Ciudad de México es el Distrito Federal, la capital de la República, el asiento de los poderes del Gobierno Federal, con una naturaleza diferente a las Entidades Federativas, es decir, fue concebido por el constituyente como una demarcación territorial en la que existía una injerencia directa sobre su gobierno y soberanía de los poderes de la Unión.

En la confección de nuestras leyes fundamentales de 1824, 1857 y 1917, uno de los debates que tuvieron más controversia fue la de discutir el lugar de residencia de los poderes federales; la existencia sobre los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad; y el régimen de coexistencia entre los poderes federales y los poderes del Estado.

Por lo anterior, el constituyente permanente decidió que el gobierno para el Distrito Federal debería funcionar de manera diferente, a los gobiernos de los estados de la República.

Es así como el Gobierno del Distrito Federal quedó integrado por autoridades a las que se les encomendó el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, que son los actos inherentes a todo gobierno. Destacamos que para el Distrito Federal no se crearon poderes locales, encargados de las funciones antes señaladas, sino que fue el propio Gobierno Federal quien se hizo cargo de manera directa o delegada de dichas funciones.

En el caso de la función legislativa, quedó a cargo del H. Congreso de la Unión, por lo que éste adquirió una doble naturaleza, en la medida de estaba investido de facultades para expedir leyes para toda la República; al mismo tiempo, tenía la facultad para expedir leyes para el Distrito Federal, lo que significa que además de ser el Congreso de la Unión, fue el Congreso Local del Distrito Federal.

Sin embargo, lo anterior como bien lo sabemos, es en forma parcial, ya que el Distrito Federal sigue dependiendo del Congreso de la Unión, toda vez que éste tiene la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea.

En ese orden, podemos afirmar que la Asamblea Legislativa se rige bajo el principio de que las materias no esté expresamente concedidas por la Constitución Federal a la Asamblea Legislativa, se entienden reservadas a la Federación, en este caso al Congreso de la Unión. Jurídicamente el Congreso de la Unión pudo expedir el Estatuto de Gobierno, por consecuencia, puede reformar el mismo.

Por tanto, para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se adiciona un artículo décimo séptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Unico.- Se adiciona un artículo décimo séptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo Décimo Séptimo

Los consejeros que actualmente integran el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, durarán en su cargo hasta el 31 de diciembre del 2006.

Transitorio

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cinco días del mes de abril de 2004.

Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión del Distrito Federal. Abril 5 de 2004.)
 
 

México, DF, a 1 de abril de 2004.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes; me permito remitir á ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN la denominación de los capítulos I, II y III; así como los artículos 1; 6; 11; 12; 13; 16; 21; 22; 23; 25; 28; 31, primer párrafo; 32; 33; 34; 35, fracciones II y IV; 36, fracción III y 37; se ADICIONAN los Capítulos IV y V; así como los artículos 1 Bis; 3 Bis; 24 Bis; 24 Ter; 24 Quáter; 24 Quinquies; 33 Bis; 33 Ter; 33 Quáter; 33 Quinquies; 36, último párrafo; 42 y 43; y se DEROGAN los artículos 27 y 30 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sus disposiciones son de observancia obligatoria para todos los militares que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con su Ley Orgánica.

Artículo 1 Bis.- El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Artículo 2.- ...

Artículo 3.- ...

Artículo 3 Bis.- La disciplina es la base fundamental del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales existen primordialmente para defender los intereses de la Patria y preservar su vida institucional.

Artículo 4.- ...

CAPÍTULO II
Principios Generales de Disciplina Militar

Artículo 5.- ...

Artículo 6.- En caso de extrema necesidad en actos del servicio, el superior podrá servirse de sus armas o de la fuerza a su mando para obtener obediencia a sus órdenes o mantener la disciplina.

Artículo 7.- ...

Artículo 8.- ...

Artículo 9.- ...

Artículo 10.- ...

Artículo 11.- El militar se abstendrá de murmurar con motivo de las disposiciones superiores o de las obligaciones que le impone el servicio.

Artículo 12.- El militar no deber elevar quejas infundadas, hacer públicas falsas imputaciones o cometer indiscreciones respecto de los actos del servicio.

Artículo 13.- El militar aceptará dignamente y con satisfacción las obligaciones que le imponga su servicio, sin oponer dificultades, pero cuando menoscabe su jerarquía militar, tendrá derecho de representar ante la superioridad.

Artículo 14.- ...

Artículo 15.- ...

Artículo 16.- En actos del servicio, el militar no podrá hacerse representar por apoderado. Tampoco deberá elevar peticiones en grupo, ni solicitud tendiente a contrariar o retardar órdenes del servicio.

Artículo 17.- ...

Artículo 18.- ...

Artículo 19.- ...

Artículo 20.- ...

Artículo 21.- El militar debe comportarse con el más alto grado de cortesía y educación, guardando la compostura que corresponde a su dignidad y la marcialidad que debe ostentar como miembro del Ejército y Fuerza Aérea.

Artículo 22.- El militar prestará, siempre que le sea posible, su ayuda moral y material a sus subalternos y compañeros que la necesiten, pues no debe olvidar nunca que la solidaridad y ayuda mutua facilitan la vida en común y el cumplimiento de los deberes militares, constituyendo el espíritu de cuerpo, sentimiento de las colectividades que todos los militares tienen el deber de fomentar.

Artículo 23.- El militar que porte uniforme se abstendrá de entrar a centros de vicio y de prostitución, salvo que estén realizando actos del servicio.

Artículo 24.- ...

Artículo. 24 Bis.- El militar, atendiendo a su honor y principios, debe obrar con equidad y justicia, ser ejemplo de puntualidad y preocuparse por cumplir con lo ordenado, anteponiendo su iniciativa e inteligencia.

CAPÍTULO III
Correctivos Disciplinarios

Artículo 24 Ter.- Correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito.

Artículo 24 Quáter.- Los correctivos disciplinarios se clasifican en:

I.- Amonestación;

II.- Arresto, y

III.- Cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta, determinado por el Consejo de Honor.

Artículo 24 Quinquies.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno, de palabra o por escrito, la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes; invitándolo a corregirse.

En ambos casos, quien amoneste lo hará de manera que ningún individuo de menor categoría a la del aludido se aperciba de ella, procurando observar en estos casos la discreción que les exige la disciplina.

Queda prohibida la reprensión que, por ser afrentosa y degradante, es contraria a la dignidad militar.

Artículo 25.- El arresto es la reclusión que sufre un militar en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio.

En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, por estar el militar a disposición de su Comandante o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación.

Artículo 26.- ...

Artículó 27.- (Se deroga)

Artículo 28.- Toda orden de arresto deberá darse por escrito. En caso de que un militar se vea precisado a imponerlo por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicha orden deberá ser ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes, anotando el motivo y fundamento de la misma, así como la hora; en caso de que no se ratifique, la orden quedará sin efecto.

Artículo 29.- ...

Artículo 30.- (Se deroga):

Artículo 31.- El militar que ejerce Superioridad jerárquica o de cargo, podrá imponer correctivos disciplinarios.

...

...

Artículo 32.- Tienen facultad para imponer arrestos a sus subalternos en jerarquía o cargo los Generales, Jefes, Oficiales y clases.

Artículo 33.- Los arrestos se impondrán a:

I.- Los Generales y Jefes, hasta por 24 y 48 horas, respectivamente;

II.- Los Oficiales, hasta por ocho días, y

III.- La Tropa, hasta por quince días.

Los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que no tengan destino fijo y se encuentren en disponibilidad, cumplirán los arrestos que se les impongan en cualquiera de los recintos militares señalados en el artículo 25 de esta Ley.

Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio.

El Secretario de la Defensa Nacional tendrá facultad para amonestar, así como para imponer y graduar arrestos a los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa; hasta por quince días.

Artículo 33 Bis.- Tienen facultad vara graduar arrestos:

I. El Secretario; Subsecretario y Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. En las tropas a su mando:

a) Los Comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, los Comandantes de Mandos Territoriales, de Unidades y Organismos Circunstanciales;

b) Los Directores Generales de las Armas y Servicios, y

c) Los Directores y Jefes de Dependencias e Instalaciones.

En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Artículo 33 Ter.- Todo militar facultado para graduar arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, al cargo, a los antecedentes del infractor, a las circunstancias, al grado que ostente y al cargo de quien lo impuso.

Cuando a juicio del que deba graduar el correctivo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. El militar facultado para graduar arrestos, podrá dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación.

Artículo 33 Quáter.- El que; haya recibido orden de arresto, deberá comunicar al superior de quien dependa así como al que se la impuso, el inicio y término de su cumplimiento. Los Generales, Jefes y Oficiales lo harán por escrito y la Tropa de forma verbal.

Artículo 33 Quinquies.- El militar que esté, cumpliendo un arresto y se haga acreedor a otro, empezará a cumplir este último desde el momento en que se le comunique.

CAPÍTULO IV
Consejo de Honor

Artículo 34.- El Consejo de Honor se establecerá en las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; se constituirá con un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias, conforme al Reglamento respectivo.

Artículo 35.- ...

I.- ...

II.- De la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley;

III.- ...

IV.- De la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito;

V.- ...

VI.- ...

Articulo 36.- ...

I.- ...

II.- ...

III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y, Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y

IV.- ...

En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga.

Artículo 37.- Los castigos correccionales a que se refiere la fracción II del artículo anterior son:

I.- Para las clases y soldados, el cambio de unidad, dependencia e instalación o el arresto hasta por quince días en prisión militar, y

II.- Para los Oficiales, el cambio de unidad, dependencia, instalación, comisión o el arresto hasta por quince días en prisión militar.

Artículo 38.- (Derogado)

Artículo 39. ...

Artículo 40.- ...

Artículo 41.- ...

CAPÍTULO V
Prevenciones Generales

Artículo 42.- El militar que tenga alguna queja en relación con las disposiciones superiores o las obligaciones que le impone el servicio, podrá acudir ante el superior inmediato para la solución de sus demandas y, en caso de no ser debidamente atendido, podrá llegar por rigurosa escala, hasta el Presidente de la República, si es necesario.

Artículo 43.- Todo militar que infrinja la presente Ley, así como algún precepto reglamentario, se hará acreedor a un correctivo disciplinario, de acuerdo con su jerarquía en el Ejército y Fuerza Aérea y; si la magnitud de su falta constituye un delito, quedará sujeto a lo dispuesto por el Código de Justicia Militar.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a este Decreto.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a, 1 de abril de 2004.

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente

Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica)
Secretario

(Turnada a la Comisión de Defensa Nacional. Abril 5 de 2004.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE CONSTITUYA UN GRUPO DE TRABAJO, INTEGRADO PREFERENTEMENTE POR LOS DIPUTADOS DEL NORTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE LOS DISTINTOS PARTIDOS, A FIN DE ASISTIR Y COLABORAR DIRECTAMENTE CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ORDEN FEDERAL Y DEL LOCAL, ENVIADA POR LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Jesús Martínez Alvarez, Jesús González Schmal, Luis Maldonado Venegas, Jaime Moreno Garavilla y Juan Perdomo Bueno, integrantes del grupo parlamentario de Convergencia, solicitamos a esa H. Presidencia que, con fundamento en los artículos 4 y 20 del Acuerdo Parlamentario para el Desarrollo de las Sesiones de esta H. Cámara de Diputados, se sirva autorizar como de extremadamente urgente la aprobación del siguiente punto de acuerdo, para responder con el mayor apremio a las necesidades que se presentan en el norte del estado de Coahuila.

Al efecto, exponemos la motivación de nuestra petición:

Que, en virtud de haberse presentado un inesperado fenómeno metereológico con lluvias que afectaron severamente los municipios de Piedras Negras, Acuña, Zaragoza y otros más, se hace necesario que de inmediato esta representación nacional se constituya en coadyuvante del Poder Ejecutivo federal y del Ejecutivo estatal para participar inmediatamente en auxilio de las poblaciones afectadas, toda vez que a la fecha se registran ya saldos de 19 muertos, 40 desaparecidos y extensísimas áreas urbanas y agrícolas inundadas, con el inminente riesgo de mayor número de víctimas y de inevitables daños materiales, agrícolas y ganaderos, con las consiguientes secuelas de brotes epidemiológicos, que es necesario prevenir desde este momento.

En ocasiones anteriores e incluso por ello hubo de reformarse la Ley de Protección Civil, se demoran gravemente los auxilios técnicos y económicos a los damnificados, acrecentando los daños irreparables de vidas y enfermedades, así como los relativos a la rehabilitación de daños en tierras y en viviendas, que resultarán más costosos.

Recordemos que la ciudad de Piedras Negras y Ciudad Madero, Tamaulipas, fueron las más dañadas con el histórico meteoro de mediados del siglo pasado, al extremo de prácticamente desaparecer las extensas superficies y poblaciones bajo el agua, como ahora está ocurriendo con las crecientes del río Bravo. Por este motivo se manifiesta urgente el apoyo en medidas de salvamento, abastecimiento de alimentos y medicinas y la movilización de equipo pesado para operaciones de desviación de cauces que, entre otras, son las más apremiantes necesidades que debemos afrontar.

Por lo expuesto, atentamente solicito.

Unico. Se constituya un grupo de trabajo, integrado preferentemente por los diputados del norte del estado de Coahuila de los distintos partidos, a fin de asistir y colaborar directamente con las autoridades responsables del orden federal y del local para el alivio de la calamidad sufrida y, posteriormente, se rinda a este plenario el informe correspondiente.

Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2004.

Diputados: Jesús Martínez Alvarez, Jesús P. González Schmal, Pedro Vázquez González, Jorge Kahwagi Macari, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Eliana García Laguna (rúbrica).

Grupo de Trabajo quedará integrado de la siguiente forma: PRI, diputada Laura Elena Martínez Rivera; PAN, diputado Manuel López Villarreal; PRD, diputada Irma Figueroa Romero; PT, diputado Pedro Vázquez González; PVEM, diputado Jorge Legorreta Ordorica; Convergencia, diputado Jesús González Schmal.

(Aprobado. Queda integrada la Comisión que fue planteada al Pleno y procede al cumplimiento de su comisión. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y A LAS LOCALES QUE VERIFIQUEN QUE LAS INSTITUCIONES DEL NIVEL DE PREESCOLAR CUMPLAN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

La suscrita, C. diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación preescolar tiene una importancia de primer orden en el sistema educativo: engloba las experiencias del entorno más inmediato del niño, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar su creatividad, y de afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus actividades.

Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, en favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Un estudio de la Cepal señala que los educandos que han recibido atención preescolar muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y postsecundaria, y de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social.

Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal, entre otras ventajas.

Así, la obligatoriedad de la educación preescolar hará que el sistema educativo nacional se fortalezca, al permitir que los educandos tengan mejores bases a lo largo de su desarrollo escolar.

De esa manera, la reforma de los artículos 3° y 31 constitucionales, resultado de un dictamen que consideró las iniciativas de los diputados Celita Alamilla y Julio Castrillón Valdés, del PAN, que se presentaron en 2001 y en 1999, respectivamente; la del diputado Pablo Sandoval Ramírez, del PRD, de 1999; la del diputado Lino Cárdenas Sandoval, del PRI, de 2000; la del diputado Cutberto Cantorán Espinosa, del PRD, de 2001; y la del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, de 2001, y que fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre de 2001, hizo obligatoria la educación preescolar, estableciendo que es prerrequisito para ingresar en el nivel de educación primaria. Esa medida entró en vigor a partir del ciclo escolar que comienza este año.

El artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación representan el marco legal que regula el sistema educativo nacional en su conjunto y establece los fundamentos de la educación en México.

El artículo 3° establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación; que es obligatoria la asistencia a preescolar, primaria y secundaria; que es deber del Estado impartir esos niveles educativos; y que éste determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, dicho artículo reconoce la participación de los particulares, permitiéndoles impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por otra parte, está lo establecido en el Capítulo V de la Ley General de Educación, intitulado "De la Educación que Impartan los Particulares", donde se regula y establece su participación en el sistema educativo nacional.

Así, los particulares que imparten educación deben cumplir lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución y la Ley General de Educación.

En el mismo tenor, el 1 de septiembre de este año se cumple la temporalidad exigida en la reforma para hacer obligatoria la educación preescolar, pero -según estudios realizados, como el del periódico Reforma del sábado 25 de enero de 2004- quedó evidenciado que de los mil 800 kínderes privados del Distrito Federal, sólo 180 están incorporados a la SEP, pese a que sólo faltan siete meses para que el nivel preescolar sea constitucionalmente obligatorio.

Para tramitar su incorporación a la SEP, las escuelas preescolares deberán, entre otros requisitos y conforme al acuerdo número 278 emitido por dicha Secretaría, cumplir los siguientes requisitos:

Estamos ciertos de que las medidas señaladas son mínimas, pues su cumplimiento hará que dejemos de ver jardines de niños instalados en garajes y a pequeños realizando actividades en las banquetas o sus ceremonias cívicas en las calles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas federales y a las locales a verificar, en el ámbito de sus atribuciones, que los centros escolares particulares que imparten el nivel de preescolar se ajusten a las normas establecidas en el artículo 59 de la Ley General de Educación, entre las que destacan éstas:

Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISION DE TRANSPORTES LA REALIZACION DE UN FORO NACIONAL DE CONSULTA, ANALISIS Y DISCUSION SOBRE EL SECTOR DE TRANSPORTES, A FIN DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA GENERACION DE UNA INICIATIVA DE LEY QUE RIJA EL SECTOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE JULIAN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Julián Sacramento Garza, en su calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. México es un país que cuenta con amplios territorios y, por ende, de grandes espacios poblacionales y grandes necesidades que las distancias se hacen difíciles de recorrer, difíciles de satisfacer.

2. Nuestro país cuenta con una amplia red carretera, misma que se extiende en alrededor de 335 mil 700 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Al año anterior, contábamos con 85 aeropuertos, de los cuales, 28 son nacionales y 57 mantienen vuelos internacionales.

3. Existen 6 mil 660 aeronaves entre comerciales, oficiales y particulares, así como 108 puertos marítimos y fluviales, 26 mil 700 kilómetros en vías férreas y 389 mil unidades entre autotransportes de carga, pasaje y turismo.

4. Estos datos nos ilustran perfectamente la gran importancia que, por su magnitud, tiene el sector del transporte, convirtiéndose en un sector fundamental para el desarrollo integral de todo México, ya que constituye el instrumento esencial para dar acceso a la población de los servicios básicos y de consumo.

5. El transporte justifica su existencia por la necesidad que el ser humano tiene que trasladarse de un lugar a otro por aire, tierra o por agua. Es claro que el transporte se convierte en una vía indispensable para alcanzar el crecimiento económico del país.

6. Sin embargo, este sector enfrenta importantes retos que superar, como la falta de un marco jurídico equitativo y expedito, y que al mismo tiempo se adapte a las condiciones que imperan en la actualidad.

7. Es indudable que la certeza de un adecuado marco jurídico, además de beneficiar a todos los que hacen uso del sector, brinda la posibilidad de generar certidumbre hacia los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que abre, sin duda, una magnífica oportunidad para acceder a más y mejores posibilidades de inversión.

8. Tomando en consideración que una de las responsabilidades básicas de los legisladores es trabajar en la actualización de las leyes, para ello compañeras y compañeros diputados, es fundamental la aprobación del presente punto de acuerdo. Debemos modernizar nuestro sistema de transportes, por medio de una efectiva reordenación de los preceptos jurídicos que se relacionan con este sector.

9. Este esfuerzo se hace cada vez más necesario si tomamos en consideración que la modernidad de la economía, con fenómenos inevitables como la globalización, obligan a replantear y ajustar a la realidad mundial nuestro sistema de transportes, para que esté en condiciones de competir en igualdad de condiciones.

10. Así lo exige el propio Tratado de Libre Comercio, y de hecho, hasta el día de hoy seguimos padeciendo la fuerte problemática que representan los innumerables obstáculos que impone Estados Unidos para la entrada de los transportistas mexicanos a su territorio, contraviniendo lo estipulado en el acuerdo.

11. Resulta claro que al no contar con un marco jurídico efectivo, se provoca un vacío legal que produce situaciones perjudiciales para este sector y para nuestra economía.

12. Tomando en consideración que el sector del transporte es fundamental para el desarrollo integral del país, y simultáneamente promueve el acceso a la población de los servicios básicos, y que los objetivos que buscamos se enfocan a dar certeza y seguridad jurídica a los agentes que participan en el sector, en beneficio de los mexicanos, así como establecer un régimen jurídico adecuado a la realidad actual que vive el país, en materia de desregulación y de globalización económica, y a las exigencias tecnológicas de seguridad y la necesidad de un sistema integral logístico del transporte.

Con base en las consideraciones expuestas, sometemos a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Se solicita a la Comisión de Transportes que inicie la consulta, análisis y discusión necesarios sobre el sector de los transportes, a fin de contar con los elementos suficientes para la generación de una iniciativa que actualice la ley que rige al sector.

Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2004.

Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REGULARIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE PASAJEROS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO FERNANDEZ MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

El que suscribe, diputado federal Alfredo Fernández Moreno, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, bajo las siguientes

Consideraciones

En los años cuarenta, el número de trabajadores en el campo disminuyó notablemente en Estados Unidos, a consecuencia de la necesidad de contar con más hombres en la industria militar. Así, a la par que se observaba el éxito de ese país en la Segunda Guerra Mundial, también se requería mayor generación de productos agrícolas.

A raíz de la necesidad de Estados Unidos de incrementar su producción agrícola, ese gobierno firmó un acuerdo laboral con México, que permitía a los ciudadanos mexicanos trabajar como jornaleros agrícolas en territorio estadounidense. Ese acuerdo se conoció como Programa Bracero.

Cerca de 350 mil braceros fueron contratados en Estados Unidos a principios de 1942 para suplir la fuerza de trabajo faltante. Las contrataciones fueron provocando gran corriente migratoria de México hacia aquel país. Gran cantidad de paisanos de nuestras comunidades, principalmente de la zona centro-norte del país, fue en busca de nuevas oportunidades de trabajo que le permitiera mejorar su situación económica y la de su familia. Es decir, el incentivo fue obtener mejores ingresos.

Posteriormente, el incentivo fue cambiando. La corriente migratoria ya no tenía la finalidad de "ganar dinero" u obtener mejores ingresos. La migración se convirtió en una forma de vida, en una parte de la cultura, en la costumbre de buscar mejores oportunidades. De esa forma, año tras año se observa gran número de mexicanos que trata de cruzar la frontera norte del país valiéndose de su ingenio y de las más diversas maneras, muchas de las cuales implican exponer la vida. Los migrantes se enfrentan a todo con el objetivo de alcanzar el llamado "sueño americano".

La separación física existente entre los migrantes y sus familias los llevó a desarrollar medios de enlace y comunicación, como el envío de cartas, ayuda económica y algunos regalos. En un principio, esos "envíos" se llevaban a cabo por amigos o conocidos, también migrantes, que recorrían el mismo trayecto con mayor frecuencia.

Al pasar del tiempo y al observar que la demanda por encomiendas, envíos, encargos y entregas crecía desde ambos lados de la frontera, algunos migrantes comenzaron a fungir como mensajeros. Tanto los que enviaban como los que recibían confiaban plenamente en el mensajero, ya que era conocido por la comunidad.

La demanda creciente de contactar a la familia o de realizar algún envío permitió la proliferación de mayor cantidad de mensajeros. Algunos de ellos, observando las necesidades de los migrantes y de sus familiares, decidieron ofrecer un mejor servicio y con mayor capacidad y cobertura. Con ese objetivo, empeñaron sus bienes y adquirieron autobuses, y comenzaran a prestar de manera regular este servicio.

Esos autobuses mensajeros salen principalmente de estados del centro del país, como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Aguascalientes, para llevar a los paisanos que van a su destino de trabajo o para traerlos con sus familias.

Ese mecanismo de contacto y de transportación de "envíos" ha resultado ser un medio eficaz y confiable para satisfacer las necesidades de los paisanos y de sus familias.

Sin embargo, y pese a que ese medio de transporte, comunicación y envío ha resultado tan eficiente y adecuado para los connacionales, la actividad ha tenido problemas en su desarrollo y no han podido beneficiar a los que arriesgan la vida para mantener a sus familias.

Por esas consideraciones, el grupo de diputados que tenemos contacto con los "paisanos" usuarios y con los prestadores de este servicio, y que conocemos el significativo valor del mismo, solicitamos a esta honorable asamblea que se sirva aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que, por tratarse la transportación transfronteriza de un servicio sumamente demandado y valorado por los migrantes mexicanos, se conceda a los prestadores de este servicio la oportunidad de regularizarlo.

Segundo. Que se les dé la oportunidad de presentarse y ser atendidos por los funcionarios de esa Secretaría, con la finalidad de que se analice la actual situación legal de ese transporte.

Tercero. Que a esos prestadores de servicios se dé un plazo adecuado para cumplir los requisitos que se establezcan en el marco jurídico correspondiente.

Solicito a la Presidencia de la Cámara que este punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Transportes.

Diputados: Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), Francisco Salazar y Díez de Sollano (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Alvaro Elías Loredo (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Guillermo Huízar Carranza, Arturo Nahle García, Rafael Flores Mendoza, Antonio Mejía Haro, Alonso Moreno Morán (rúbrica), Armando Rangel Hernández, Jorge Carlos Obregón Serrano, Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez, Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yánez Robles, Rubén Alfredo Torres Zavala, Miguel Angel Rangel Avila (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Julio González Garza (rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jaime del Conde Ugarte, María Guadalupe García Velasco, Guillermo E. M. Tamborrel Suárez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, Ricardo Alegre Bojórquez, Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA A COORDINARSE A FIN DE IMPULSAR EL PROYECTO FENIX EN ESTA DEMARCACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para que se coordinen y tomen los acuerdos necesarios para ofrecer incentivos a fin de impulsar el desarrollo de proyectos petroquímicos como el denominado proyecto Fénix, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El bien común es el conjunto de condiciones que permiten a la persona humana realizar sus fines tanto espirituales como materiales.

El bien común tiene tres componentes: el respeto a los derechos humanos, el desarrollo y el orden del propio grupo.

El desarrollo es la suma de todos los derechos sociales.

Debemos pugnar por un gobierno facilitador, un gobierno que haga fácil a los ciudadanos comprar una casa, tener acceso a los bienes básicos, a un salario digno, a un trabajo estable.

Por lo mismo, debemos facilitar el acceso de la iniciativa privada a sectores que por mucho tiempo estuvieron restringidos.

De esta manera, con la inversión privada facilitaremos la creación de empleos y por lo mismo elevaremos el nivel de vida de los mexicanos.

Con fundamento en el Programa Sectorial de Energía y siendo el rol de Pemex impulsar el desarrollo de la industria química nacional, se plantean desarrollos como el proyecto Fénix.

Dicho proyecto contempla la posibilidad de construir dos complejos petroquímicos en asociación de empresas líderes nacionales e internacionales, participando Pemex.

Como podemos apreciar con proyectos como éste, la participación privada, que es la más viva fuente de mejoramiento social, permitirá beneficiar a la población del sur del estado de Tamaulipas y a México en general.

El ejemplo de la petroquímica, que permite la participación de la iniciativa privada debe servirnos para impulsar otras reformas que posibiliten esta participación a fin que la inversión traiga una mayor competitividad y mejores beneficios sociales.

No podemos seguir impidiendo a los emprendedores tanto nacionales como extranjeros apostar por México y crear las fuentes de empleo que tanto necesita nuestra patria, sin violentar nuestro marco jurídico.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, Presidente Vicente Fox Quezada; al gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba; y a los presidentes municipales del sur del estado de Tamaulipas: Arturo Elizondo, de Tampico; Joaquín Hernández, de Madero, y Genaro de la Portilla de Altamira, a coordinarse a fin de que se generen los incentivos necesarios tendientes a impulsar el proyecto Fénix y a aumentar la inversión en materia de petroquímica.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 5 de abril de 2004.

Dip. Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Energía. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR 270 MILLONES DE PESOS COMO SUBSIDIO PARA AYUDAR A LOS CONSUMIDORES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A PAGAR LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PROXIMO VERANO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ajuste a la baja, la tarifa residencial durante el verano para el municipio de Mexicali, en el estado de Baja California, bajo las siguientes

Consideraciones

Acudo a la máxima tribuna del país para presentar una petición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que canalice recursos, como subsidios, para ayudar a los consumidores domésticos de electricidad del municipio de Mexicali, Baja California, para contribuir a que hagan frente, en mejores condiciones, al pago de sus recibos de energía eléctrica durante el próximo verano.

Presento esta propuesta porque aun cuando existen en toda la nación diversas demandas de importancia e impacto presupuestal considerable, la situación de las altas temperaturas durante la temporada de calor son un problema que se padece en el municipio de Mexicali. Así, el termómetro alcanza los registros más altos del país y del mundo entero: hasta los 48 grados centígrados. El calor es tan fuerte, que inclusive durante la noche se vive en un medio ambiente nocivo para la salud humana y el resto de los seres vivos. Además, la temporada de calor implica que la temperatura oscile entre los 42 y los 48 grados centígrados en un periodo que dura al menos cinco meses, es decir, de mayo a octubre.

El caso es que estas temperaturas provocan altos consumos de energía eléctrica, y por lo tanto los habitantes de Mexicali destinan un parte importante del gasto familiar para pagar los recibos de luz. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California demuestra que las personas que menos ganan destinan hasta el 50% de su ingreso familiar para pagar el recibo de la luz durante el verano. Pero además demuestra que lo que gastan las familias de Mexicali en este rubro es 2.7 veces más que lo que gastan las familias del resto del país. Este mismo estudio demuestra que la cantidad requerida como subsidio para este verano asciende a 270 millones de pesos.

Compañeros diputados: ya se ha dicho que lo que ocurre en cualquier parte del país es materia de estudio de esta asamblea y por ello acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo. Es importante que atendamos este reclamo de los habitantes de Mexicali. Es un problema que tiene más de treinta años y que provoca una gran irritación popular. En tres décadas de movilizaciones, no se ha logrado que los funcionarios del Poder Ejecutivo entiendan la magnitud del problema. Es evidente que existe una visión centralista que impide captar las particularidades de cada región y tal parece que el termómetro decide quienes son mexicanos de primera y de segunda.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita al Poder Ejecutivo a que destine la cantidad de 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Mexicali, Baja California, a pagar los recibos de energía durante el próximo verano.

H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de abril de 2004.

Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROFEPA Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL A COLOCAR PUNTOS DE SUPERVISION EN LAS CARRETERAS DE LOS ESTADOS DE OAXACA Y DE CHIAPAS A EFECTO DE COMBATIR LAS PRACTICAS DE TRAFICO ILICITO DE ESPECIES, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS MAXIMINO FERNANDEZ AVILA Y JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión e inspección en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas, con objeto de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

El segundo factor que ha influido significativamente en la pérdida de la riqueza natural mexicana es el comercio ilegal de flora, fauna y sus derivados, ya que en la mayoría de los casos desata una intensa captura y colecta de especies, lo que ha llevado a muchas de ellas al borde de la desaparición.

El tráfico de plantas y de animales silvestres es ilegal en la mayoría de los casos, por lo cual no se tienen cifras precisas de su magnitud. Sin embargo, todos los días se trafica en los mercados de la mayoría de las ciudades de la República con diversas especies de flora (particularmente con cactáceas, palmas, helechos y orquídeas) y especies animales, como psitácidos (guacamayas, loros, pericos), mamíferos (monos, nutrias, armadillos, mapaches), reptiles (tortugas, iguanas, boas, serpientes, ranas, camaleones) y muchas más que, en su mayoría, se encuentran en categoría de riesgo o peligro de extinción.

La demanda comercial de plantas y de animales silvestres y de sus productos derivados obedece, en la mayoría de los casos, a que el consumidor final desconoce el efecto ambiental de ese consumo. Por ejemplo, pocas personas saben que muchas veces, al capturar a un animal para que llegue a las tiendas de mascotas, hay que matar a la madre y a algunos otros miembros de la familia que lo protegen, o que por cada perico o loro que llegan vivos a una casa, en todo el proceso han muerto entre 6 y 12 animales más, debido a los terribles métodos de captura, a las inhumanas condiciones de transporte y almacenamiento, a la alimentación inadecuada y al gran estrés a que son sometidos.

Además, desconocen, en la mayoría de los casos, los riesgos que representa para la salud humana poseer ciertas especies, principalmente de animales silvestres, que pueden ser portadores o vectores de enfermedades peligrosas que pueden llegar a transmitir al hombre, por ejemplo, los pericos australianos.

Otro de los factores que han contribuido en gran medida a la demanda popular de flora y de fauna silvestres o de sus productos es la existencia de ritos y falsas creencias acerca de las propiedades mágicas y medicinales de algunas plantas y animales silvestres, creando así mayor presión en sus poblaciones.

El desconocimiento y poca difusión de su biología son, pues, las principales causas de la excesiva demanda de fauna y de flora silvestres y de sus productos derivados, cuyo comercio es ilegal en México, excepto en algunos casos de aves canoras, reptiles y otras especies que se reproducen en cautiverio, bajo condiciones y permisos especiales.

Pese a estar prohibidas esas prácticas, la escasa vigilancia y control por parte de las autoridades permite que se incrementen en diferentes puntos de la República Mexicana, primordialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas, consecuencia de la pobreza, desinformación y variedad biológica, la de mayor riqueza del país.

Un ejemplo lo representan las constantes denuncias de tráfico de huevos o derivados de tortuga y el aprovechamiento ilegal de aves canoras y de ornato, que aparecen en diversos medios de comunicación que, como es por todos conocido, son trasportadas por carretera para llegar a sus puntos de venta.

Hasta la fecha, las autoridades ambientales han implantado prácticas de vigilancia en los lugares de arribo de las especies de tortuga marina, inspección a uniones de pajareros, capturadores, criadores, vendedores, etcétera, pero las medidas continúan siendo insuficientes, ya que dejan desprotegidas las vías primarias de comunicación.

Por todo lo anterior, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión e inspección en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 5 de abril de 2004.

Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica, p.a., del diputado Maximino A. Fernández Avila)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Seguridad Pública. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PROPUESTO AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN POR EL CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, PARA FORTALECER LAS ACCIONES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, LA PIRATERIA, LA ADULTERACION Y EL COMERCIO ILEGAL, A FIN DE CONTRARRESTAR ESE MAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO VAZQUEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Antecedentes

1. El 12 de noviembre de 2002, los senadores Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de considerar el contrabando y su equiparable, previsto y sancionado por los artículos 102 y 105, fracciones I a IV, del Código Fiscal de la Federación, como delincuencia organizada. En esa iniciativa, ambos senadores señalan que en la actualidad las bandas dedicadas al contrabando cuentan con los recursos económicos y humanos necesarios que hacen imposible prevenir y erradicarlo por parte del gobierno, ya que este último no cuenta con instrumentos legales para combatir ese mal, que afecta el desarrollo económico del país.

2. Por otra parte, el 19 de noviembre de 2002, durante el primer periodo de sesiones del tercer año de la LVIII Legislatura, los senadores Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, ambos del Partido Revolucionario Institucional, presentaron nueva iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En esa propuesta se señala la necesidad de establecer como delincuencia organizada el contrabando, argumentando que ese fenómeno delictivo daña la integridad y el orden social.

3. Derivada de esas dos iniciativas de reformas y adiciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos presentaron al Pleno del Senado dictamen para su aprobación de ambas iniciativas, que fueron aprobadas y remitidas a la Cámara de Diputados; para la realización del dictamen correspondiente, se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

4. Derivado de eso, el 13 de agosto de 2003 la senadora Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente punto de acuerdo con relación al tema del contrabando, solicitando la comparecencia del administrador general de Aduanas y del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, a fin de explicar las acciones emprendidas contra el contrabando. Asimismo, realiza una excitativa a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que proceda a la dictaminación y aprobación de la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que fue aprobada y enviada a la Colegisladora el 10 de diciembre de 2002, que fue nuevamente presentado el 4 de septiembre de 2003 ante el Pleno de la Cámara de Senadores y turnado para su dictamen a las Comisiones de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público.

5. Por su lado, el 30 de abril de 2002, el diputado federal del GPPAN en la LVIII Legislatura Roberto Bueno Campos presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, para atacar de manera enérgica la industria de la piratería. La iniciativa incorpora la conducta delictiva prevista por el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, relativa al uso y a la reproducción no autorizados de creaciones intelectuales tuteladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, a la fracción V del artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

6. Al respecto, la iniciativa fue turnada y modificada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados y dictaminada y aprobada en el Pleno el 3 de diciembre de 2002. La iniciativa se remitió con carácter de minuta a la Colegisladora, la cual modificó, aprobó y remitió nuevamente la minuta a la H. Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2003, donde se turnó nuevamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación y hasta la fecha ha permanecido.

7. Por otra parte, la ilegalidad e informalidad generadas por la corrupción en las fronteras y en los puertos han ocasionado pérdidas millonarias y de competitividad al sector privado, a industrias como la eléctrica, mecánica, textil, del calzado, artesanal y a todas aquellas de cuya producción fácilmente se puede "piratear", o bien, ofrecerlas a bajos costos; todo esto, derivado del contrabando técnico o llamado bronco, que se realiza a través de nuestras aduanas, representando cantidades superiores a 50 mil millones de dólares anuales, cifra que representa casi la tercera parte de las importaciones legales que realizó México el año pasado. Todo esto, por no existir los instrumentos legales necesarios para implantar procedimientos efectivos para contrarrestar a esos grupos de delincuentes.

8. Por lo anterior, el 29 y 30 de agosto de 2003 el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras de Jalisco llevaron a cabo el foro Decisión y acción contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal. En éste se establecieron mesas de trabajo, donde el reclamo del sector industrial y del comercio organizado fue unánime en señalar que la lucha contra el contrabando debe ser un compromiso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para iniciar acciones concretas y sin demagogias, dejando a un lado paradigmas populistas e intereses partidistas contra esa cadena perversa de seudoindustriales, seudocomerciantes y seudoautoridades, que permiten este fenómeno de la ilegalidad, debiendo ser este fenómeno una lucha de prioridad nacional, ya que afecta la competitividad y provoca desempleo, que daña a la sociedad en su conjunto, concluyéndose en este evento, entre otros temas:

Primero. En diversos foros se ha considerado el contrabando como una actividad destructiva de la economía nacional y que vulnera la seguridad nacional.

Segundo. Que el sector industrial y el comercio organizado han iniciado acciones contra el contrabando y, al mismo tiempo, demandan de acciones concretas de los Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno en la lucha contra esta actividad ilícita:

Tercero. Que las conclusiones del foro Decisión y acción contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal, organizado por el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco son demandas justas de una sociedad que ha sido dañada en su planta productiva y que exigen la aceleración de los procesos legislativos y una mejor coordinación de los Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno.

Cuarto. Que el Gobierno Federal considere como prioridad la lucha contra el contrabando técnico, haciendo uso de los instrumentos legales para lograr convenios de cooperación con los gobiernos de los países con que México sostenga relaciones comerciales derivado de la celebración de algún tratado comercial.

Quinto. Que los diputados integrantes del GPPAN y los del GPPRD, recogiendo esas demandas de nuestros representados, reconociendo el enorme problema que representa el contrabando que afecta nuestra entidad y nuestro país, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Se exhorta a los legisladores de los diferentes partidos a aportar ideas e iniciativas de ley para combatir el flagelo del contrabando, la "piratería" y el comercio ilegal inclusive, para poder otorgar a las entidades federativas y los municipios facultades para la fiscalización de mercancías importadas y falsificadas, proponiéndose la creación de una subcomisión de la Comisión de Economía en ambas Cámaras para tal fin.

Dos. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Administración General de Aduanas y a la Procuraduría General de la República, en el marco de sus competencias, a adoptar las conclusiones de los trabajos del foro Acción y decisión contra el contrabando, la piratería y el comercio ilegal a escala nacional, organizado por el gobierno de Jalisco y el Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco.

Tres. Hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a acelerar la firma de convenios de coordinación fiscal en materia administrativa y fiscal federal con las demás entidades federativas para la lucha contra el contrabando, la "piratería" y el comercio ilegal, como lo realizó en el estado de Jalisco.

Cuatro. Exhortar a los secretarios de Economía, y de Relaciones Exteriores a iniciar trabajos para la firma de convenios para luchar contra el contrabando técnico con los diversos países con que México mantenga relaciones comerciales, en caso de que actualmente no se haya celebrado convenio alguno respecto a tal materia.

Cinco. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de Ley Contra la Delincuencia Organizada, minuta remitida por el Senado de la República el 10 de diciembre de 2002, así como para que se dictamine la iniciativa que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, minuta remitida por el Senado de la República el 4 de noviembre de 2003.

Seis. Se exhorta a los municipios a procurar evitar el otorgamiento de licencias o permisos a los ambulantes para la venta de productos importados de dudosa procedencia y falsificados, coordinándose al efecto con las autoridades competentes encargadas de verificar la legal importación, almacenamiento, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de toda clase de mercancía de procedencia extranjera que se pretenda comercializar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 5 de abril de 2004.

Diputados: Sergio Vázquez García, Javier Salinas Narváez, Rafael Flores Mendoza, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, José A. de la Vega Asmitia, Gilberto Ensástiaga Santiago, Ricardo Alegre Bojórquez, Minerva Hernández Ramos, José González Morfín, Emilio Zabadúa González, José Luis Treviño Rodríguez, Miguel Angel Toscano Velasco, Pablo Alejo López Núñez, Miguel A. Llera Bello, Mario Ernesto Dávila Aranda, Marisol Urrea Camarena, Sergio Penagos García, Rafael Sánchez Pérez (rúbricas).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE EVITAR LA TALA CLANDESTINA Y LA DEFORESTACION DE LAS AREAS FORESTALES EN ESA ENTIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ESPINO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Los diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de evitar la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Cuando los bosques se acaben, no habrá nada: el desierto se extenderá perenne, como el recuerdo de que alguna vez habitaron hombres en la faz de la Tierra. Cuando los bosques se acaben, el silencio reinará porque sin árboles no hay oxígeno, no hay agua potable, no hay humedad, no hay sombra, no hay qué detenga al viento que erosiona, no hay qué nutra al suelo, no hay hogar para los animales pequeños y grandes, no hay hábitat para las plantas menores; es decir, no hay vida.

Pero estos seres vivientes, pequeños y grandes, de raíces anchas o cortas, productores de frutos o maderas, resinas y gomas, no han escapado a la ambición utilitarista del hombre de todos los tiempos, pero particularmente grave del hombre industrializado. Los bosques y las zonas selváticas sufren en la actualidad un aniquilamiento acelerado, que está cambiando ya la calidad de vida de toda la humanidad.

Los bosques del planeta se están acabando, compañeras y compañeros diputados, según dicen los conocedores de la materia, a razón de 40 hectáreas de bosque por minuto, así que, para cuando termine de leer esta propuesta, ya habrá en el mundo unas 200 hectáreas menos de árboles.

Si ustedes están haciendo cálculos, de seguro se darán cuenta de que no viviremos para ver el planeta tierra sin árboles. Sin embargo, y desde mi muy particular punto de vista, la idea no es sólo cuidar el planeta Tierra por los 20 o 30 años más que podamos vivir. Por el contrario, debemos pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, pues la reparación del daño que hemos causado llevará mucho tiempo e implica altos costos.

Por eso, los ecologistas hoy nos pronunciamos porque las instancias de gobierno definan políticas en materia forestal sustentables e integrales, con alcances en el corto, mediano y largo plazos.

No construyamos nuestro mundo actual a costa de los árboles de nuestros hijos ni, mucho menos, lo hagamos en detrimento del aire de nuestros nietos, pues quizá nosotros no podamos evitar que talen un bosque en Brasil, Sudáfrica, Ecuador o Costa Rica, pero sí podemos hacer algo para que no corten ese hermoso árbol de tu colonia tan sólo porque llena de hojas la banqueta de algún pulcro vecino.

Según los cálculos de los científicos más conservadores, si sigue la tala inmoderada de bosques tropicales como lo está siendo hoy, a razón de 40 hectáreas por minuto, se calcula que para el año 2050 la madera y los bosques serán sólo un bello recuerdo del pasado.

Si no hacemos algo hoy mismo para remediarlo, quizás mañana aunque pudiéramos dejar a nuestros hijos montañas de dinero suficientes para comprar 100 comedores de caoba, ellos jamás podrán adquirirlos, pues ningún dinero puede comprar algo que ya se extinguió.

Muchos países desarrollados y grandes empresas multinacionales sólo buscan aprovecharse de la escasez de otros, y ello me hace preguntarme: ¿puede quien tiene el dinero suficiente comprar y talar todos los bosques que quiera a sabiendas de que siempre habrá un país necesitado que acceda a vendérselos?

Por si las calamidades fueran pocas, geográficamente la mayor parte de los bosques tropicales está situada en países en vías de desarrollo y aunque hace sólo algunos años esas selvas y bosques cubrían 14 por ciento del planeta, hoy -debido a la tala inmoderada y sin control- esas reservas naturales (incluido nuestro país) se calcula que alcanzan sólo 7 por ciento del planeta.

El tráfico ilegal de maderas es tan grave como el de armas o el de inmigrantes ilegales. No cabe duda de que Africa se hunde por los intereses hegemónicos de afuera y por el manejo irresponsable de sus políticos, y parecería que se pretende llevar a México a los mismos o peores estadios.

Es cínica la posición que tienen los países ricos hacia el ambiente: depredan y contaminan sin reparo el planeta. Empiezan por no firmar los Protocolos de Kyoto y terminan por financiar la tala de bosques, el tráfico ilegal de maderas y, a veces, el tráfico de armas.

Los países desarrollados tienen los ríos más limpios y los bosques más esplendorosos. No obstante, no mantendrían su nivel de vida si no contaminaran en otros países. Promueven más el desarrollo tecnológico que el humanitario y el ambiental. No sólo fomentan guerras con el financiamiento de armas sino que, además, desertifican y erosionan la tierra de los países en vías de desarrollo, sumiéndolos más en la miseria.

La tierra queda sin la protección de los árboles y, con el viento y las lluvias, es arrastrada, mientras queda sin los nutrimentos necesarios para cultivar. No es posible que se deje a un lado una práctica que daña a la humanidad entera y que empobrece a los pueblos. Por ejemplo, la drogadicción mata a individuos que toman una decisión equivocada, pero la tala clandestina de bosques daña a la humanidad entera.

Los grandes desiertos de Africa y de Asia avanzan a una velocidad impresionante, comiéndose los suelos cultivables y acabando con la fauna y la flora de esos continentes. En México, el clima desértico también se extiende todos los días hacia zonas que tradicionalmente tenían climas más benignos. Los bosques son una barrera natural contra el viento y las raíces de los árboles compactan la tierra y sus nutrimentos.

El incremento de la temperatura ambiental debido a la deforestación ha ocasionado, entre otras cosas, que llueva menos donde regularmente se tenían buenos temporales, se extraigan aguas de los mantos freáticos cada vez a mayor profundidad, corriendo el riesgo de usar para consumo humano agua mineralizada, tóxica y letal. La temperatura de los mares ha variado, lo que afecta a las especies marinas y la propia oxigenación del agua por la disminución del plancton.

La desaparición de bosques lleva consigo la extinción de especies animales que viven allí, creándose desequilibrios en las cadenas biológicas y, consecuentemente, la aceleración de la desertificación.

Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, compactan la tierra y forman barreras naturales contra la erosión, regulan el clima, atraen lluvia, son casa de especies animales y vegetales, producen flores, frutos, resinas, gomas y maderas de distintas características, traen sombra y resguardan de deslaves. ¿No les parecen, señoras y señores diputados, razones suficientes para considerarlos nuestros amigos? Todavía, afortunadamente, estamos a tiempo de emprender medidas serias para contrarrestar el daño que hasta ahora hemos hecho, sea por nuestro consumo, por ambición, por inercia o simplemente por omisión.

Es muy grave promover la destrucción de los bosques con tal de conseguir materia prima barata, pero con un impacto devastador para la humanidad, por lo que urge un modelo que estructure el nuevo desorden mundial, controlado por los grandes capitales, los intereses neoliberales y las posturas insensatas de gobiernos y de empresarios. El mundo no pertenece a ricos ni a pobres; el hombre pertenece a la tierra. De nada servirá luchar contra la drogadicción, la tuberculosis o el sida mientras hagamos de este mundo una esfera inhabitable.

A escala nacional, les quiero comentar, México es un país megadiverso, calificación que comparten sólo 11 países, donde se concentran entre 60 y 70 por ciento de las especies del planeta, y 10 por ciento de ellas pueden ser encontrado en México. Todavía.

Infortunadamente, durante el siglo XX desaparecieron en México 45 millones de hectáreas y se recuperó sólo 20 por ciento de éstas. En tal virtud, junto con Indonesia, somos el país que más rápidamente se está deshaciendo de su cubierta vegetal.

De los suelos mexicanos, 80 por ciento ha disminuido de manera drástica su fertilidad por el fenómeno de la erosión, ocasionada principalmente por el cambio de uso de suelo y la tala clandestina.

Lo curioso de esa situación es que mientras la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación otorga permisos, autorizaciones o estímulos para favorecer el desarrollo de la agricultura y la ganadería, actividades 100 por ciento depredadoras de los bosques y selvas del país y un ejemplo de ello es que cuando surgió el Procampo los campesinos que desearan acceder a los subsidios tenían que demostrar que contaban con tierras para sembrar, condición que obviamente incita a la devastación de los recursos forestales por otro lado tenemos a la Semarnat tratando de apoyar y estimular la conservación de nuestros bosques y selvas, y como este caso tenemos muchos otros que hoy debemos erradicar, revisando la viabilidad y sustentabilidad de este tipo de programas, que atentan contra la preservación de nuestro ambiente y nuestro planeta.

Fuera de algunas reservas y parques nacionales, la mayor parte de las áreas naturales protegidas lo es sólo en el papel, ya que siguen siendo objeto de explotación forestal y cacería, por lo menos, es así que del total de áreas naturales protegidas en el país, la mayoría tienen recursos muy limitados, pero 36 de ellas carecen totalmente de los mismos.

Con el pretexto de problemas más urgentes y falta de tiempo, tanto los funcionarios del Gobierno Federal como los del estatal irresponsablemente consideran la solución de los problemas ambientales como alejada o excluida de la elevación del estándar de vida de la población, que de cualquier modo piensan obtusamente que son cuestiones pasajeras e intrascendentes, pero como el daño es más extenso de lo que puede percibirse a partir de informes oficiales más bien oficiosos y del panorama que dan los medios, el futuro está no sólo comprometido sino amenazado.

La catástrofe del ambiente en México rara vez es abordada con seriedad o consistencia por los medios de comunicación, y siempre es minimizada por las autoridades.

Se estima que más de 50 por ciento de la madera en el país proviene de la tala ilegal, por el motivo que sea, se deforestan cada año alrededor de 700 mil hectáreas, y por lo menos 367 áreas boscosas y selváticas en 23 estados están a punto de perder sus recursos forestales. A manera de ejemplo, les puedo comentar que van a tener que pasar por lo menos 65 años para restaurar sólo 650 mil hectáreas que están fuertemente deterioradas.

Considero que la incertidumbre que aún priva en cuanto a la cifra de las tasas de deforestación anual impide un conocimiento real de los esfuerzos y avances para frenar la tala clandestina.

Es urgente realizar un aprovechamiento sustentable e integral de los recursos forestales. No podemos cerrar los ojos ante evidentes impactos negativos en los recursos naturales que estamos sufriendo, cuyos efectos están poniendo en riesgo la salud y las relaciones económicas y sociales. De no frenar los procesos irreversibles de destrucción de los recursos naturales, se cae en el riesgo de perder los bosques y las selvas del país.

Dentro de 25 años, México tendrá entre 25 y 30 millones de nuevos mexicanos y, si no producimos más bosques, estamos condenando a las futuras generaciones a padecer escasez de agua y de alimentos.

La tala ilegal que se presenta en áreas naturales protegidas, sean parques nacionales, reservas de la biosfera o como hayan sido clasificadas zonas boscosas, se da por la conjugación de varios factores.

El cambio de uso de suelo, la falta de interés y atención de las zonas forestales no comerciales y la vigilancia oficial insuficiente son algunos de los problemas críticos que se tienen detectados, pero infortunadamente no existe voluntad para dar una solución integral a éstos, entre otras razones, por las siguientes:

La necesidad económica de los habitantes de esas zonas

Se dice que los habitantes de las zonas montañosas y boscosas de México son los más pobres del país. Requieren una fuente de ingresos económicos para subsistir y no tienen más que tirar árboles para luego sembrar ahí papa, maíz, arroz, trigo, etcétera. Además, la venta de madera es una entrada de dinero que suple en buena parte sus necesidades.

La corrupción de las autoridades encargadas de vigilar esas zonas

Nunca falta en nuestro país. No sólo los que necesitan tirar un árbol para comer; también existen los que lo hacen como negocio, utilizando como parapeto una maderería o una empresa establecida legalmente, con la ayuda del inspector que revisa las existencias de madera en las bodegas, del policía del retén que recibe un dinero por dejar pasar el cargamento ilegal, y un largo etcétera.

La decisión política de no hacer nada

¿Hacerse de la vista gorda es otra forma de corrupción? Las autoridades saben de la tala, de la madera que se moviliza y hasta estiman volúmenes comercializados de productos forestales ilegales (he escuchado que dicen que, de la venta total en madererías, 80 por ciento podría ser producto de talas ilegales), pero prefieren no moverse porque eso puede desatar un conflicto social de proporciones importantes, y eso es veneno puro para un político que aspira a salir en la foto.

Seguramente, me han faltado algunos factores o profundizar en los ya descritos, pero esto da una idea del tamaño del problema, esta complejidad requiere una solución igual de elaborada, es decir, no únicamente intensificando la vigilancia, sino ofreciendo alternativas de vida a la gente que vive en los bosques, capacitando, favoreciendo las plantaciones comerciales para quitar esa presión sobre los bosques naturales, sensibilizando a la población acerca del valor de los servicios ambientales que se generan en bosques y selvas y, claro, estableciendo sanciones fuertes para el binomio talador ilegal-empresario, que es a final de cuentas el que está afectando seriamente bosques y selvas del país.

El país ha perdido más de la mitad de sus bosques en los últimos 60 años y 80 por ciento de la madera que se produce en México proviene de bosques explotados de forma ilícita. El problema afecta no sólo a los pobladores locales, pues los bosques proveen tres cuartas partes del agua que bebemos los mexicanos.

Los bosques aparentemente no compiten con la agricultura. Una hectárea de aguacate o de jitomate siempre va a dar más dinero que una hectárea de bosque. Sin embargo, no existe una visión más falsa porque el bosque nos está dando la captación de agua para que esa plantación se desarrolle; es decir, los bosques nos dan más porque proporcionan la biodiversidad.

Como he comentado, el problema de la tala clandestina y la erosión de las áreas forestales es muy grave a escala nacional, situación que en Michoacán no es diferente, más aún si consideramos que el estado ocupa hoy el quinto lugar en biodiversidad y el tercero nacional en producción de madera, superado sólo por Durango y Chihuahua.

Superficie por tipo de vegetación en km2

• Bosque de coníferas y encino 21,861
• Bosque espinoso 2,393,
• Bosque tropical 33,517
• Vegetación acuática 788

Irresponsablemente, las autoridades estatales se declararan incompetentes, los talamontes organizados frustran operaciones policiacas, toman por asalto las cárceles municipales y liberan presos y camiones cargados con madera clandestina.

Los municipios de Zitácuaro, Ocampo, Ciudad Hidalgo, Ario de Rosales, Uruapan y Coalcoman se encuentran entre las regiones con mayores niveles de destrucción de bosques, según la Profepa. Los talamontes han llegado al grado de secuestrar a 150 judiciales que pretendían asegurar madera ilegal. A qué niveles hemos llegado, pues parece que la autoridad además de incompetente se declara con miedo. No cabe duda: aquí sólo se aplica la ley de la selva, claro está en beneficio de unos cuantos y en detrimento de todos.

Las poderosas organizaciones ilegales, reconocidas por el Gobierno Federal y el estatal, se mueven a salto de mata, recorriendo sin cesar la sierra de al menos 61 municipios del estado. Cada año se descubren más de 500 vehículos transportando hasta 1 millón 700 mil metros cúbicos de madera clandestina cuyo destino es alguno de los 2 mil 500 talleres y aserraderos identificados por las autoridades. Se han detectado al menos nueve bandas bien organizadas de talamontes, cuyos integrantes cuentan con motosierras de alto poder, equipo de radiocomunicación, telefonía celular, camiones para transportar troncos, grúas y aserraderos, pero lo más grave del caso es el hecho de que aunque se sabe de ello no se hace nada por evitarlo, además de que seguramente se conoce sólo la punta del iceberg de lo que representan esas mafias, a las cuales no se molesta en lo más mínimo.

La Profepa dio a conocer que si el potencial forestal del estado es de 1 millón de metros cúbicos de madera al año, los talamontes tumban más de 2 millones de metros cúbicos en el mismo periodo. Aunada a la labor de éstos, la deforestación de los bosques michoacanos se debe también al fracaso de los programas de plantación, pues 80 por ciento de los arbolitos no sobrevive, por el descuido irresponsable de las autoridades, casi 160 millones de pesos tirados a la basura en los últimos tres años.

Infortunadamente, la historia se ha venido repitiendo sistemáticamente. Cada año se presupuestan cuantiosas cantidades de recursos para hacer la misma reforestación del año inmediato anterior, lo que nos hace pensar que ello se está convirtiendo en un negocio en sí mismo, lo cual sería muy grave.

En tal virtud, tanto el Gobierno Federal como el estatal deberán redoblar y coordinar esfuerzos en torno de un objetivo común y que realmente se aprovechen los recursos que se asignan para este fin.

La devastación del bosque se da porque hay muchos intereses que impiden que se aplique realmente la ley, que se orienta en favor de la preservación y del mejor manejo de la riqueza natural, pero infortunadamente ésta es letra muerta si consideramos que la Profepa cuenta con sólo 25 inspectores para vigilar el cumplimiento de la misma en los parques industriales, las áreas naturales protegidas, las zonas costeras, las zonas áridas, etcétera, por lo que el número en realidad resulta ridículo, y explica parte de los resultados.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es el hecho de que en una década podrían desaparecer los santuarios de la mariposa monarca, situados en el estado de México y Michoacán, debido a la tala clandestina y las políticas equivocadas de reforestación, ya que se ha perdido aproximadamente 70 por ciento de los bosques de oyamel de esta zona.

El ruido taladrante de poderosas motosierras invade, como enorme cigarra sin descanso, el hermoso entorno de los bosques de Michoacán. Como si fuera una fila de hormigas, grúas de alto alcance y camiones último modelo van y vienen de manera incesante; estos últimos, repletos de troncos cortados clandestinamente. La escena es común, casi una costumbre para los lugareños.

Su destino es alguno de los más de 2 mil 500 talleres y aserraderos bien identificados por las autoridades, pero su pasividad es tal, que pasma y enardece. Parecería que estamos invirtiendo los papeles y que actuar al margen de la ley es la regla de oro. No, señoras y señores diputados, no es así: es momento de despertar y de exigir de todos los servidores públicos involucrados en tan importante tema que asuman su responsabilidad o, en su defecto, que se retiren.

El clandestinaje afecta negativamente las comunidades campesinas que manejan legalmente sus bosques, ya que mantiene deprimidos los precios de la madera en la región y genera conflictos que obstaculizan la organización comunitaria interna. La vigilancia para prevenir y sancionar la tala clandestina está a cargo de varias instituciones oficiales; sin embargo, un factor determinante para la vigilancia exitosa es el interés de los propios campesinos en proteger y conservar sus recursos. Por tanto, la participación de éstos se hace indispensable.

Otro factor que poco se señala, pero que resulta igualmente importante, es el hecho de que un reducido número de familias en el estado de Michoacán cuenta con gran poderío económico y político, quienes son los responsables de una parte significativa de la deforestación en el estado, negocio que han venido usufructuando por lo menos en las últimas cinco décadas, sin más responsabilidad que la de aprovechar al máximo los recursos naturales de la región y llenar sus bolsillos de dinero, sin importarles el daño que nos causan a todos, situación que siembra muchas dudas en torno de las citadas familias, ya que parecen, al menos para las autoridades, intocables.

Finalmente, quiero comentar que México ha tenido desde 1884 una legislación referente al uso de los bosques, en su mayor parte dirigida a regular y establecer un control sobre los recursos naturales, que fue transformada en febrero de 2003 en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y estoy seguro de que esa legislación es perfectible, pero si todos hiciéramos nuestra tarea de acuerdo con sus lineamientos combatiríamos gran parte de los problemas que hoy nos aquejan

• Empezando por la aplicación de la ley
• La tala clandestina,
• La sobreexplotación,
• La depredación de las áreas forestales
• La falta de gobernabilidad en las zonas
• La escasa o nula vigilancia y
• La ausencia de un esquema de manejo regional integral

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), María Avila Serna, Maximino Fernández Avila, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE QUE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ORDENE QUE SE LLEVEN A CABO LA SUSTITUCION, EL MANEJO Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS BIFENILOS POLICLORADOS, ASI COMO EQUIPOS Y MATERIALES QUE LOS CONTIENEN, DONDE QUIERA QUE ESTOS SE UBIQUEN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ESPINO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Propuesta de punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, dondequiera que estos se ubiquen, al tenor que sigue:

Diputadas y diputados de esta honorable asamblea, señoras y señores:

Antecedentes

Dado que de manera permanente el hombre se ha preocupado por tener cada vez mejores condiciones de vida y de trabajo, día con día se ve en la necesidad de realizar invenciones e innovaciones, con el fin de que estas le brinden el confort necesario en los diferentes escenarios en los que transcurre su vida.

La industria química no escapa a esta perspectiva, de tal suerte que para los años veinte dos investigadores alemanes lograron sintetizar una familia de sustancias insolubles al agua, químicamente estables, con gran capacidad aislante, y cuyo punto de ebullición era tan elevado que resultaban prácticamente inflamables. Realizar el descubrimiento de un producto de esta naturaleza, cuyas características físicas y químicas ofrecían excelentes resultados para la industria eléctrica, significó un gran avance, dichos productos se denominan bifenilos policlorados (BPC's), conocidos comercialmente como "askareles" entre otros nombres.

Hasta 1929, la empresa estadounidense Monsanto comenzó su producción industrial. Otras firmas, de diversas nacionalidades, hicieron lo propio y los llamaron de diferentes formas, como nepolin, inclor, diaclor, asbesto, pyralene, entre otros. Su empleo tenía varias ventajas con respecto a otras sustancias como el aceite: reducían el tamaño de los equipos y permitían que éstos fueran colocados en cualquier sitio sin mayores protecciones, dado que no había riesgos de explosión. En suma, aparentemente ofrecían comodidad y seguridad.

Propiedades fisicoquímicas

Los BPC's son compuestos organoclorados de fórmula condensada C12H10-nCln, donde n=1, 2, 3...10. Son sustancias de viscosidad variable que van de líquidos a sólidos; de consistencia resinosa cuando contienen altas cantidades de cloro; tienen una elevada estabilidad química; no son hidrolizables; son resistentes al calor y a la oxidación. En estado líquido, pueden ser incoloros hasta amarillos, de olor fétido y textura viscosa. Cuentan con un bajo grado de evaporación y al mezclarlos con otros compuestos pueden modificar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Tienen puntos de inflamación elevados debido a la presencia de cloro; no son solubles en agua, pero sí en solventes orgánicos, aceites y grasas vegetales o sintéticas. Las moléculas de bifenilos policlorados en forma separada se conocen como congéneres o bifenilos sustituidos mono, bi, tetra, etcétera. Se reconoce la existencia de 209 congéneres diferentes, y la mezcla de varios bifenilos con diferente grado de cloración da como resultado un aroclor o askarel, o bien, cualquiera de los nombres de los fluidos comerciales.

Exposición de Motivos

Los bifenilos policlorados o PCB (por sus siglas en inglés), comúnmente llamados askareles o aroclors, se han utilizado desde los años treinta como líquidos aislantes en transformadores donde se requiere una elevada resistencia al fuego y en capacitores por su alta permitividad.

Esta anómala sustancia al ser liberada, causa efectos adversos inmediatos o retardados sobre el ambiente, por bioacumulación y/o efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos.

En la actualidad, se ha detectado la presencia de ciertos isómeros de BPC's dentro del medio ambiente tanto en agua, suelo, aire, así como en materiales orgánicos grasos de plantas y animales. Las investigaciones realizadas han demostrado que los bifenilos policlorados son compuestos extremadamente resistentes a la biodegradación y por su dispersidad, persistencia y acumulación en los ecosistemas se han catalogado como material tóxico ambiental.

Por otro lado, y después de los accidentes que involucraron BPC's en los cuales se produjo la intoxicación de seres humanos por ingestión en Yusho, Japón, y exposición a gases tóxicos provocados por un incendio en Binghamton, Estados Unidos. En consecuencia se desarrollaron diferentes estudios para determinar la toxicidad de estos compuestos, dando como resultado que los causantes principales de las intoxicaciones fueron dioxinas y benzofuranos policlorados, los cuales son subproductos de la descomposición térmica de BPC's sometidos a temperaturas elevadas (>300°C) como las que se alcanzan durante su manufactura o en un incendio. Lo anterior, ha llevado a la mayoría de los países industrializados a prohibir la fabricación, venta y uso de BPC y regular de manera estricta los que aún permanecen en uso, principalmente en equipo eléctrico.

En México, la problemática de los BPC's se remonta a los años cuarenta con la importación de una gran cantidad de fluidos aislantes y equipo eléctrico procedente de Estados Unidos y de Europa, por lo que se puede considerar que dichos compuestos han existido en nuestro país por lo menos desde hace 50 años sin contar con los programas y la legislación necesaria para un manejo ambientalmente seguro, hasta hace relativamente poco tiempo, pero la laguna legislativa fue subsanada por el Congreso mexicano en fecha reciente, a través de la aprobación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sin embargo, aunque la legislación vigente obliga a las industrias maquiladoras a regresar sus desechos industriales a su país de origen, esto no ocurre así, pues siempre se anteponen una serie de intereses, sin importar las consecuencias de dichos actos.

Debido a sus buenas propiedades dieléctricas, térmicas y lubricantes, los bifenilos policlorados se han empleado en diferentes sectores de la industria; las aplicaciones reportadas en otros países de acuerdo con su uso predominante son las siguientes: capacitores (incluyendo balastros para lámparas fluorescentes); transformadores en aceite; plastificantes en resinas dieléctricas y en hules; papel copia sin carbón; fluidos hidráulicos; aceites lubricantes y de corte; líquidos para transferencia de calor; pigmentos para pinturas, selladores, adhesivos, tintas de impresión, ceras para pisos y agentes desengrasantes. El uso de BPC's dentro de la industria eléctrica se basó en tres ventajas fundamentales: elevada permitividad, resistencia intrínseca al fuego y su estabilidad química. Inicialmente, se utilizaron en capacitores BPC's puros con un elevado contenido de cloro, mientras que en transformadores se usaron mezclas de BPC's (aroclors) diluidas con triclorobenceno.

Principales aplicaciones de los BPC's.

Usos                                 Porcentaje

Capacitores                                     50.95
Transformadores:                          26.27
Plastificantes:                                    9.07
Fluidos hidráulicos y lubricantes: 6.36
Papel para copia sin carbón:         3.50
Usos industriales misceláneos:     2.07
Fluidos de transferencia de calor: 1.59
Aditivos de petróleo:                        0.15

Total                                     100

Durante algunos años, no se habían tenido grandes preocupaciones sobre los posibles efectos de los BPC's en la salud humana, hasta que varios incidentes hicieron que tanto la comunidad científica como el público en general comenzaran a preocuparse por los efectos de estas sustancias.

Desafortunadamente, las propiedades que hacen tan útiles a los BPC's son la causa de que estos compuestos permanezcan intactos aun después de usarse y ya no ser necesarios. Desde de 1960 empezó la preocupación por estas sustancias. En 1966, después de más de treinta años de uso de los BPC's, se detectó en un estudio realizado en el mar Báltico, que esta sustancia estaba presente en todos los peces de la región, y con ello se encontró la propiedad de acumulación en los seres vivos es decir se bioacumulan. Más tarde ocurrió en Japón, en 1968, donde se contaminaron sembradíos con estos compuestos, lo que provocó que 1,800 personas se intoxicaran por la ingestión accidental de aceite de arroz contaminado. A partir de estos estudios, en todo el mundo diferentes países comenzaron a legislar prohibiendo la producción, uso, comercio y liberación al ecosistema de los BPC's.

Algunos de los estudios llevados a cabo sobre animales han demostrado que éstos sufren problemas de crecimiento hepático (agrandamiento del hígado) debido al esfuerzo por eliminarlo.

Los BPC's más altamente clorados son los causantes de trastornos al aparato reproductor de los seres vivos y el impedimento al desarrollo y crecimiento de las plantas.

Investigaciones desarrolladas mas recientemente, han concluido que los BPC's, son cancerígenos.

La experiencia en otros países ha demostrado que además de la exposición accidental, la dieta es la fuente principal de ingreso de los BPC's para los humanos. El pescado proporciona las mayores cantidades de estos productos, aunque se ha encontrado también en bajas concentraciones en pollo, carne, productos agrícolas y en la leche y sus derivados. Los BPC's se absorben en los tejidos adiposos y tienden a concentrarse en los niveles superiores de la cadena alimenticia, particularmente en los pájaros que comen peces, en otros animales y en humanos, es decir, se "bioacumulan".

En virtud de la magnitud del problema aquí planteado, diversos países y organismos internacionales suscribieron una serie de acuerdos para hacer frente a este enorme riesgo, siendo uno de los más importantes el Convenio de Basilea, el cual fue firmado y ratificado por 116 países, mismo que entró en vigor el 15 de mayo de 1992, de los compromisos pactados podemos destacar los siguientes:

Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar el tratamiento que estas sustancias requieren, ya que todos los bifenilos policlorados y sus contenedores deben ser tratados de forma tal que no se atente contra la salud de las personas y el medio ambiente, de ahí que se les exporte a países que cuentan con la capacidad técnica para darles un tratamiento adecuado, de tal suerte que tenemos conocimiento de que entre 1995 y 1997 salieron del país, 2,903 toneladas de BPC's, de las cuales se embarcaron 1,406 rumbo a Finlandia, 664 a Holanda, 460 a Estados Unidos, 371 a Inglaterra y dos a Francia.

En éste manejo se vieron involucradas una serie de empresas particulares obviamente autorizadas por la Semarnat, mismas que en su mayoría cuenta con procesos y equipos adecuados para el manipular estas sustancias, pero desafortunadamente hace más de 10 años se permitió la instalación de un incinerador de PCB en la ciudad de Tijuana, BC, aunque posteriormente esta autorización se revoco por la presión de diversos sectores de la sociedad, durante el tiempo que opero la empresa Tijuana Servicios Ecológicos tenemos conocimiento de que trasladó 18 toneladas de askareles del Sistema de Transporte Colectivo para su incineración, situación que nunca ocurrió e incluso se desconoce el paradero del cargamento, igualmente sucedió con las empresas: Ecología Laboratorio y Consultores (Ecolac), y Metachem, mismas que presuntamente realizarían el tratamiento y disposición final de sendos cargamentos de askareles propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y los resultados no fueron diferentes a los de la primera.

De igual forma es necesario precisar que desde 1988, en México, no se instalan nuevos equipos con ese aceite, sin embargo, 90 por ciento de los transformadores del país que siguen funcionando hoy día tienen esa sustancia, así que esta regado por toda la República, en sí representa un peligro; según datos del mismo gobierno, se estima que un alto porcentaje de los transformadores están sobrecargados y con sus dispositivos de seguridad sin funcionar. así, el peligro de una explosión está presente, eso lo han dicho los mismos funcionarios, de ahí la urgente necesidad de que tomemos de inmediato las acciones preventivas que puedan evitar lamentaciones futuras.

Desafortunadamente las malas condiciones, combinadas con malos manejos y la irresponsabilidad de algunas autoridades, han provocado un manejo imprudente de los BPC's. Los casos más conocidos en el país relacionados con el manejo inadecuado de askareles han sido el de Nuevo Mercurio, Zacatecas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Perote, Veracruz; San Nicolás, en Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas; los puertos de Altamira, Tampico, y Veracruz; Valle de Bravo, estado de México, en los que se han visto involucradas, tanto empresas paraestatales como privadas.

A pesar de que México suscribió los acuerdos internacionales, el gobierno mexicano enfrenta un problema mayor. En el 2003 se estimaba que en el país había más de 40,000 toneladas de askareles líquidos, sobre todo en manos de la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México, información oficialmente reconocida, pero este inventario no es plenamente confiable, ya que entre otros falta considerar los contenedores, materiales y equipos contaminados con esta sustancia, ya que estos representan hasta 5 veces el volumen líquido, así como una gran cantidad de empresas e instituciones públicas y privadas, con lo cual la cantidad total es inmensamente superior.

Las autoridades mexicanas tienen un alto nivel de conocimiento sobre este problema, desafortunadamente, tal conocimiento no se ha traducido en acciones firmes, a pesar de los acuerdos internacionales ya mencionados, y de que existe la legislación que regula el manejo y disposición final de los askareles, misma que establece límites en el tiempo. Esta situación que puede convertirse, si no es que ya se convirtió, en un problema mayúsculo, tanto para las autoridades como para las empresas públicas y privadas, porque las fechas límite ya están más que presentes.

Como ya he comentado, las fechas límite ya están definidas, tanto en los convenios internacionales como en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, por lo que a todos conviene elaborar un programa de aplicación inmediata, de lo contrario, empresas de muy diversos sectores e instituciones médicas y educativas serán sorprendidas con estrechos márgenes de maniobra y por plazos demasiado cortos, lo único cierto es que no hay escapatoria. Los acuerdos internacionales ya fueron firmados por el gobierno mexicano y, como se sabe, por ese hecho adquieren el rango de ley nacional, más aún, si tomamos en cuenta que éste es un problema que tiene que ver con la salud pública y el medio ambiente, y con ello no se juega.
 

En la medida en que podamos empaparnos de las repercusiones que el presente problema nos podría traer y la posición que adoptemos, serán los resultados que en el presente y futuro observaremos, porque ya no sólo basta con tener plena conciencia y buena voluntad para resolver dicha situación, sino que debemos ser claros, precisos y concretos para atacar de manera férrea y agresiva a este complejo enemigo de la humanidad.

Es por lo antes citado, y dadas las características tan agresivas de la multicitada sustancia y los graves riesgos que ello implica para todos los mexicanos, que no podemos, ni debemos soslayar esfuerzos para tomar acciones concretas e inmediatas, dado que estamos hablando no sólo del medio ambiente y la salud de las personas, que podrían utilizar o manipular en un momento dado los BPC's o los equipos que los contienen, sino de la población en general.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, los diputados que signamos el presente documento ponemos a consideración del Pleno de esta soberanía la propuesta de puntos de acuerdo por la que se propone que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleve a cabo la sustitución, manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen, dondequiera que estos se ubiquen, al tenor que sigue:

Primero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo de inmediato, el manejo y disposición final de los bifenilos Policlorados desincorporados, así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado o estén en contacto con los mismos, en toda la Republica Mexicana, conminando a la Secretaría para que por ningún motivo se incineren o confinen en el territorio nacional los mismos.

Segundo.- Que la Semarnat instrumente lo conducente para que las instituciones publicas o privadas sustituyan todos los materiales instalaciones y equipos que estén o hayan estado en contacto con los bifenilos policlorados desincorporados; tanto este como el punto anterior deberán ser cumplidos en su totalidad a más tardar en diciembre de 2004.

Tercero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía sobre el inventario de los bifenilos policlorados existentes a nivel nacional, así como de los planes y programas vigentes para la desincorporación de los mismos, así como ordenar lo conducente a quienes no los hayan iniciado; conforme lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-133ECOL-2000.

Cuarto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente ante esta soberanía un informe detallado sobre el paradero de los equipos y cantidad de líquido que presuntamente iba a tratar la empresa Tijuana Servicios Ecológicos. Así como lo conducente de las compañías Ecología Laboratorio y, Consultores (Ecolac), y Metachem, y qué acciones ha ejecutadas en consecuencia.

Quinto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Cámara en relación con cuántas y cuáles son las empresas autorizadas para realizar la disposición de los BPC's, así como los procedimientos implementados para garantizar que los procesos que éstas aplican no ponen en riesgo la salud de la población y la viabilidad del ecosistema y cómo garantizan que los mismos se cumplen.

Sexto.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, y los propietarios de los BPC's realicen las investigaciones y estudios necesarios para conocer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC's, y si ello impactó en las comunidades o el medio ambiente, entregando los resultados de los mismos ante esta soberanía.

Séptimo.- Que la Semarnat informe a esta soberanía sobre la ubicación de los lugares de almacenamiento de BPC's de las instituciones pública o privadas y las previsiones que tomó en torno a las mismas, así como las acciones emprendidas en contra de las instancias responsables por el manejo inadecuado de estas sustancias, por ejemplo los casos ocurridos en Nuevo Mercurio, Zacatecas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Perote, Veracruz; San Nicolás, Nuevo León; Reynosa, Tamaulipas; Valle de Bravo, estado de México, y los puertos de Altamira, Tampico y Veracruz; por citar sólo algunos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de marzo de 2004.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, María Avila Serna, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Abril 5 de 2004.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ENERGIA A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACION EN TODO EL SECTOR ELECTRICO PARAESTATAL, ASI COMO DE MODERNIZACION PARA LAS UNIDADES DE GENERACION QUE SEAN SUJETAS A MEJORAS TECNOLOGICAS, DURANTE LOS PERIODOS QUE ESTEN FUERA DE OPERACION, A FIN DE AUMENTAR SU EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL LUNES 5 DE ABRIL DE 2004

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se turne a la Comisión de Energía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 1992, la participación privada en generación de energía eléctrica es una realidad, hecho que entraña competencia entre los particulares y el Estado. La competencia radica en que las unidades de generación que resulten más ineficientes dejarán de operar cuando escasee la demanda, quedando como reserva. Muchas de las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son viejas e ineficientes por falta de mantenimiento y modernización, por lo que hoy se encuentran paradas y en reserva.

Si bien es cierto que tener unidades de generación en reserva fría es contrario a todo principio de rentabilidad, también es cierto que da oportunidad de implementar medidas de mantenimiento y modernización con el objeto de ser más eficientes y disminuir así los tiempos de reserva, devolviendo paulatinamente el control sobre un área considerada como estratégica para el Estado1 y que día a día hemos ido perdiendo.

La iniciativa privada tiene, en nuestro país, una capacidad instalada que equivale al 21.3% del total de la capacidad de generación eléctrica2 mediante las modalidades que define la Ley como servicio no público,3 hecho que ha permitido cuantiosas inversiones en el sector eléctrico que de otro modo, con el Presupuesto de Egresos de la Federación, habría sido imposibles sufragar.

La iniciativa privada, según algunas teorías, como la del Agente Principal,4 tienen como objetivo central maximizar las utilidades para amortizar la inversión, debido a que siempre enfrentan restricciones financieras, pues si tienen pérdidas o se administra inadecuadamente existe la posibilidad de quiebra. Las empresas privadas tienden a premiar o castigar a su equipo de administración dependiendo de su capacidad y resultados, por esta razón, conforman cuerpos más profesionales y eficientes para enfrentar las demandas del mercado.

Debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada, es necesario generarla al tiempo que se consume y ya que la demanda varia a lo largo de las horas del día, de los días de la semana, de los meses y del año; los tiempos de generación de las distintas plantas privadas y paraestatales deben ir cambiando en función de la demanda.

Los requerimientos de energía que se manifiestan a través de las fases que conforman el sistema eléctrico y requieren de un despacho económico,5 cuya función es determinar las distintas plantas de generación que aportan energía al sistema interconectado, de manera que la demanda se satisfaga en cada momento al menor costo posible,6 que en consecuencia lleva a que las plantas que quieran suministrar energía eléctrica a la red de transmisión, deben ofrecer el flujo eléctrico al mejor precio posible, obligándose con esto a competir entre sí, reduciendo costos y procurando mayor eficiencia, para que de esta manera ganen el derecho de aportar energía al sistema de transmisión durante el mayor lapso de tiempo posible y percibir así mayores ingresos.

La competencia derivada de la existencia de participación privada; obliga a el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a que, en cumplimiento de sus funciones como despacho económico, elija a las plantas de generación más eficientes sobre las que menos lo sean, dejando, a menudo, las unidades del sistema eléctrico paraestatal con tecnologías más rezagadas, fuera de operación.

Para que las plantas generadoras con tecnologías más rezagadas del sistema eléctrico paraestatal7 participen de la generación de energía eléctrica durante el mayor tiempo posible, ante el actual escenario de competencia, se necesita ser más eficientes a corto, mediano y largo plazos, por lo que en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pensamos que la creación y cumplimiento de políticas de maximización de la rentabilidad a través de la minimización de los costos es evidente y recomendable, ya que de lo contrario, el Cenace, al determinar como satisfacer la demanda al menor costo posible, elegirá a los privados más eficientes desplazando a nuestra industria eléctrica paraestatal menos tecnificada por reportar costos más elevados.

En nuestra opinión, la eficiencia y competitividad de este sector no ha sido prioritaria. Por ejemplo, de 1980 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha aumentado su capacidad de generación en un 250%, la compañía de Luz y Fuerza del Centro la ha disminuido en un 38% y la generación privada ha crecido 981% en ese mismo periodo.8 Este hecho deja ver la manera en que el Estado ha perdido presencia en un área estratégica. En la actualidad tenemos decenas de unidades de generación en reserva fría, esperando que la demanda aumente, ya que por su menor competitividad han quedado desplazadas por plantas de ciclo combinado de la iniciativa privada que reportan menores costos de producción.

Dado que el crecimiento económico del país no ha sido al ritmo que se esperaba9 y que, irónicamente, la inversión física presupuestal e inversión financiada en el sector eléctrico ha superado los requerimientos de inversión en 4 mil 200 millones de pesos en 2002 y 200310 y para el 2004 se planea destinar en total 62,137.5 millones,11 que a su vez rebasa en más de 17 mil 500 millones de pesos los requerimientos,12 hemos logrado aumentar nuestras reservas y lo seguiremos haciendo. Si bien es cierto que aumentar nuestro margen de reserva es importante, prioritario y sano, lo que puede representar este hecho a corto y mediano plazo, es una importante disminución de la generación de plantas con tecnología más rezagada quedando en manos del Estado la reserva en lugar de la generación, afectando, negativamente las utilidades de nuestra industria eléctrica paraestatal, debilitándola y contraviniendo el principio constitucional por el que se le cataloga como estratégica.

La creación de competencia propicia la eficiencia del sector, por tanto, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos que la implementación de programas de capacitación del personal, mantenimiento y modernización de las plantas de generación que estén sujetas a mejoras tecnológicas es, al menos, un mecanismo que permite hacer más eficiente la fase de generación devolviéndonos, paulatinamente, la competitividad necesaria para que el Estado, ante este nuevo escenario, tenga mayor presencia.

La oportunidad que brinda el hecho de tener plantas paradas en reserva fría es idónea para la modernización de esas u otras, como lo son la de Necaxa y Jorge Luque, o para que se repotencien las plantas de jets de Nonoalco, Lechería y Valle de México, para que se de mantenimiento a las cuatro unidades en reserva fría de Salamanca y en general las de toda la República, es el momento para evaluar la posibilidad de cambiar torres de enfriamiento por cero-condensadores en la zona del altiplano mexicano, donde tanto escasea el agua y de este modo, mejorar nuestra competitividad a corto plazo y aumentar nuestros ingresos a mediano plazo.

A largo plazo, en nuestra opinión, lo que se necesita es eficiencia, competitividad, precios bajos y diversidad en generación con fuentes renovables, para que de cara hacia el futuro, tengamos una industria eléctrica competitiva, limpia y sustentable.

Es importante resaltar que tenemos petróleo para un par de décadas13 en un escenario optimista, por lo que son las fuentes renovables de energía,14 las únicas que podrán responder a las necesidades futuras de manera eficiente, económicamente viables y amigables con el ambiente. Desafortunadamente, por estas fuentes se genera en la actualidad apenas el 2.2% y se pretende disminuir a 1.6% para el 2011. Además la generación por grandes hidroeléctricas también disminuirá de 25% a 20%15 cosa que no nos ayudará mucho a la eficiencia de nuestra industria eléctrica a largo plazo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sujeta a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Se exhorta, a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo federal a que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas, durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de abril del año 2004.

Notas:
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, párrafo cuatro.
2 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.
3 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 3.
4 Véase: José Antonio Almazán González (1999), "El dogma de la privatización eléctrica". En Seminario internacional. Impacto de la privatización eléctrica a nivel mundial. Estado, desarrollo y soberanía. México, DF. Disponible en http://www.laneta.apc.org/seminario_privatizaciones/almazan.html
5 Es considerado como la fase del ciclo eléctrico encargada de administrar.
6 Véase: Georgina Kassel y Chong Sup Kim, "Estructura industrial y opciones de regulación para el sector eléctrico mexicano". En: Pablo T. Spiller y Carlos Sales (1999) (coordinadores), Regulación de los sectores de infraestructura y energético en México, ITAM y Porrúa. México, DF, páginas 102-103.
7 Entiéndase con esto la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
8 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, páginas 417 y 418.
9 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, se esperaba un crecimiento anual del 7%.
10 Publicación de la Sener y la CFE; Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9, en comparación con cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 421.
11 45,635.5 millones de pesos en 15 Pidiregas, "según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 38", más 11,292 millones en la CFE, "según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 467, en la que se menciona 135,278 millones de pesos; de los cuales 18,059 millones son para capital menos los 6,767 millones para pago de Pidiregas de años anteriores" y 5,210 millones en LyFC, "según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Tomo I, página 475, en la que se menciona 21,010.9 millones de pesos; de los cuales 5,210 millones son para capital".
12 Estudio hecho por la Sener y la CFE titulado Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 9.
13 Según cifras oficiales expuestas en el III Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, página 408.
14 Como la eólica, solar, geotérmica, biomasa moderna, biocarburantes, de pequeñas centrales hidroeléctricas o la generada por las mareas.
15 Publicación de la Sener y la CFE; Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, página 8.

Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Energía. Abril 5 de 2004.)