Comunicaciones
De los Congresos de los estados de Michoacán y de Puebla.
De la diputada Amalia Dolores García Medina.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política, con proyecto de acuerdo sobre la integración de delegaciones de diputados ante organismos parlamentarios internacionales.
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Jalisco, en relación con el proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para establecer como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas la región Lerma-Santiago-Pacífico; y sobre el desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para solicitar información sobre las medidas que se están adoptando para atender las denuncias de los productores mexicanos, del decomiso de mercancía ilegal y de las sanciones que están aplicando. (Turno a Comisión)
Con el que remite las evaluaciones de los programas a cargo de la Secretaría de Economía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b), fracción IV, del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003. (Turno a Comisión)
Con el que remite el Tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, así como de los programas sectoriales. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Ejecutivo
De decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma los párrafos segundo y séptimo, y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los siguientes párrafos de la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo segundo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para que la reducción de tarifas a los estudiantes y maestros en el transporte terrestre sea durante todo el año, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del Código Penal Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, para combatir rápida y eficazmente la "piratería", suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a las figuras de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular y rendición de cuentas, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 del Código Penal Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 5° de la Ley que Declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las Demás Sustancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que Puedan Producir Energía Nuclear, a cargo del diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo primero del artículo 117 y el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que deroga el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia y autonomía del Ministerio Público, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 363 del Código de Comercio, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Subsidios para Empresas de Aviación.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley sobre el Destino de los Bonos del Enemigo.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4° y 5° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Marina, con proyecto de Ley de Ascensos de la Armada de México.
De la Comisión de Marina, con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, párrafo segundo, y 55; y se adiciona una parte final al artículo 64 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México; y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
Dictámenes negativos a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 75 y 79 de la Ley Agraria.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y, de no cumplir el grupo concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento en esa central aérea, sancionarlo o, en su caso, revocarle la concesión conforme a derecho, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público que, mediante sus órganos desconcentrados, exista mayor coordinación en el diseño y la propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de daños ambientales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política que integre una comisión especial de seguimiento al caso del cardenal Posadas Ocampo, a cargo del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a retirar las reservas impuestas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dar trámite y respuesta a la petición de las comisiones relacionadas con el campo, sobre la reasignación de 10 mil 800 millones de pesos de presupuesto para ese sector, suscrita por integrantes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado J. Miguel Luna Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, 8% se destine al fomento del deporte en los municipios del país, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar su ejercicio, y en especial los destinados al pago electrónico de la nómina, suscrita por los diputados Antonio Morales de la Peña y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos de América, que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Energía a establecer, mediante la Comisión Reguladora, de acuerdo con sus facultades, mecanismos de coordinación para prevenir accidentes en las compañías que tienen la concesión de la distribución de gas natural en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y se cree una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para formular un atento exhorto a las Secretarías de la Función Pública, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Procuraduría General de la República, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen el Servicio Postal Mexicano por el presunto robo de cheques enviados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América a migrantes mexicanos por concepto de pensión y devolución de impuestos, a cargo del diputado José Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Pleno de la Cámara de Diputados a honrar la memoria de las víctimas de los atentados de Madrid y de la invasión de Irak; y al titular del Ejecutivo federal, a adoptar una política exterior activa que contribuya al fin de la ocupación estadounidense y evite las guerras en el mundo, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que aplique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del Caso Colosio, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la instalación de plantas regasificadoras en Baja California, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a cumplir plena y oportunamente diversos aspectos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, investigue y proceda legalmente en el caso de importación de azúcar al país, imponiendo las sanciones aplicables, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, en nombre de diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades educativas federales y a las locales que verifiquen que las instituciones del nivel de preescolar cumplan lo establecido en la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse de capital humano y técnico con el argumento de la aplicación de los criterios de austeridad contenidos en el artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar oportunamente de los recursos a que se refiere el artículo 7, fracción XI, de la Ley de Ingresos, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados a suscribir un acuerdo nacional contra la corrupción y a trabajar con sujeción a su declaración de principios, a cargo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Transportes la realización de un foro nacional de consulta, análisis y discusión sobre el sector de transportes, a fin de contar con elementos suficientes para la generación de una iniciativa de ley que rija en el sector, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Arturo Nahle García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los gobiernos Federal, del estado de Tamaulipas y del municipio de Altamira a coordinarse a fin de impulsar el proyecto Fénix en esta demarcación, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guerrero a aprobar la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la sociedad civil, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se establezca el programa de capacitación integral para la mujer en áreas desprotegidas de las zonas urbanas del país, a cargo del diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regularizar la prestación del servicio público de transporte transfronterizo de pasajeros, a cargo del diputado Alfredo Fernández Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a atender a ex trabajadores de Pemex, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán que realicen las acciones necesarias a efecto de que se eviten la tala clandestina y la deforestación de las áreas forestales en esa entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar 270 millones de pesos como subsidio para ayudar a los consumidores del municipio de Musical, Baja California, a pagar los recibos de energía eléctrica durante el próximo verano, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profepa y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de los estados de Oaxaca y de Chiapas para combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para definir el futuro de México, a cargo del diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se reabra la investigación sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, mediante las Secretarías de Salud, y de Gobernación, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, a aplicar puntualmente la normatividad sobre la publicidad y comercialización de los llamados "medicamentos milagro", a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades y a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a encontrar un equilibrio que resuelva la situación que enfrenta actualmente el régimen de jubilaciones y pensiones de esa institución, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad el cambio de la División Centro Sur a la División Centro Occidente, de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Caracuaro, Tzitzio y Tuzantla, del estado de Michoacán, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordene que se lleven a cabo la sustitución, el manejo y la disposición final de los bifénilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen donde quiera que éstos se ubiquen, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar la tarifa del servicio residencial de energía eléctrica en los municipios de Córdoba, Fortín, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Carrillo Puerto, Naranjal, Yanga, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Acayucan, Veracruz, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a que no se apliquen las acciones administrativas para cancelar los pozos profundos en el estado de Chihuahua cuyos títulos de concesión se encuentran vencidos, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, propuesto al grupo parlamentario del PAN por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para fortalecer las acciones en materia de lucha contra el contrabando, la piratería, la adulteración y el comercio ilegal a fin de contrarrestar este mal, a cargo del diputado Miguel Angel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender con la mayor brevedad la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, a cargo del diputado David Ferreira Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a implantar un programa de mantenimiento y capacitación en todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los periodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que implanten de manera urgente programas y acciones para combatir el contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil, a cargo diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para aplicar a Estados Unidos de América medidas de efecto equivalente por las moratorias establecidas en ese país a la apertura acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación a intervenir en la resolución de los hechos de agresión con armas de fuego a trabajadores petroleros de la sección 14 del STPRM, en Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, su pronta intervención ante la afectación del estero conocido como El Salado, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la agenda política del estado de México, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a detener canje de pagarés del Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al caso que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la situación de 52 mexicanos sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la situación que se vive en el municipio de Tetipac, Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto de la entrada en territorio nacional de militares del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte presuntamente para realizar prácticas militares en el estado de Puebla, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a cargo del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la importación ilegal de delfines de las islas de Salomón y su futuro traslado a la isla de Cozumel, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar contacto inmediato con el Gobierno Federal de Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentrar sus esfuerzos con el estado de Arizona, a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo "Sociedad para la Prosperidad", suscrito en marzo de 2002 por los Presidentes George W. Bush y Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los Congresos locales a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo a efecto de que, en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste porque se dé estatus jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar estadounidense de Guantánamo, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla Griselda Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que el Poder Ejecutivo federal retire las reservas al pacto de derechos económicos, sociales y culturales para que se respete el derecho a la libertad sindical en México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al buque chileno Esmeralda, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente a resolver los conflictos laborales, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la celebración de contratos de servicios múltiples por parte de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud de diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora en relación con la reforma del Código Electoral del estado para la asignación de 50% de todas las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el LXVI aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia.
Sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, y de Convergencia.
Sobre el X aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el XCI aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, que se cumplió el 26 de marzo, a cargo del diputado Jesús Zúñiga Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Sobre el Día Forestal Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Meteorológico Mundial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el octavo aniversario luctuoso de Francisco Villarreal
Torres, distinguido panista, ex alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua,
y pionero en la lucha por el federalismo, a cargo del diputado José
Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES TREINTA DE MARZO DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintiún minutos del martes treinta de marzo de dos mil cuatro, con la asistencia de trescientos tres diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Quintana Roo, tres, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficios de la Cámara de Senadores:
Uno, con acuerdo por el que se declara al año dos mil cuatro como Año del centésimo quincuagésimo aniversario del Himno Nacional Mexicano. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Dos, por los que solicita el permiso necesario para que seis ciudadanos puedan prestar servicios e informa que una ciudadana ha dejado de prestarlos, en representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Por los que respecta a las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación; y en lo referente a quien ha dejado de prestar servicios, se turna a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.
Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desplazados internos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y seis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y quinto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y seis bis y cincuenta y ocho y adiciona el artículo cincuenta y siete de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Norma Patricia Saucedo Moreno, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo sesenta y nueve y reforma el artículo noventa y seis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo décimo y reforma el artículo doscientos ocho de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, solicita la verificación del quórum y, en atención a la solicitud, se instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Álvaro Elías Loredo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Durante la presentación de la iniciativa de referencia, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y un diputadas y diputados y el Presidente declara la existencia de quórum.
Luis Antonio Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Equidad y Género, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, y atendida por la Presidencia.
Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia;
Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México; Margarito Fierros Tano, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
Hablan en pro el diputado José Lamberto Díaz Nieblas y la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el dictamen. La Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cuarenta y ocho votos en pro, ninguno en contra y una abstención. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo diecisiete de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo para apoyar la propuesta del Presidente de la República, en el sentido de promover una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo su Consejo de Seguridad. Hablan en pro los diputados: Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas seis iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin discusión se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con punto de acuerdo por el que se declaran no aprobadas siete iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno de México que en el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se abstenga de votar una resolución condenatoria en contra de Cuba, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica.
Hablan al respecto los diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, en pro;
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del Partido Acción Nacional, en contra; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, en pro; Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional, en contra y acepta dos interpelaciones del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia; Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; y José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, en contra. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento. La Secretaría consulta a la Asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido y en virtud de que existen dudas sobre el resultado, se recoge votación nominal y por veintiséis votos en pro, cuatrocientos cuatro en contra y catorce abstenciones, no se encuentra suficientemente discutido.
En consecuencia, se concede la palabra a los diputados: Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional, en contra; Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, en pro, y acepta interpelación del diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas, del Partido Acción Nacional; y Blanca Judith Díaz Delgado, del Partido Acción Nacional, en contra. El Presidente solicita a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto y desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento que la Presidencia, citando el artículo ciento quince del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no considera pertinente.
En votación económica la Asamblea no considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y el Presidente concede la palabra a los diputados: Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional, en contra y acepta dos interpelaciones del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; y Francisco Javier Guízar Macías, del Partido Revolucionario Institucional, en pro, quien es interrumpido por la Presidencia para hacerle una moción de orden y acepta interpelación del diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del Partido Acción Nacional. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el asunto. El Presidente propone una corrección al punto de acuerdo que el grupo parlamentario de Convergencia admite y en esos términos la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.
Transcurrido el tiempo acordado para la duración
de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión. El Presidente informa que la última
votación nominal servirá de registro final de asistencia
y levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y
siete minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves primero
de abril de dos mil cuatro, a las diez horas.
Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2004.
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
En cumplimiento a lo ordenado en sesión del honorable Congreso del estado, celebrada hoy, nos permitimos remitir acuerdo parlamentario en el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que se pronuncie en favor de una postura clara en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y para que nuestro país se abstenga de votar cualquier resolución condenatoria a Cuba, de la referida Comisión, en la Convención Anual Internacional de Ginebra, que se llevará a cabo en abril del presente año.
Reiteramos a usted la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)
Presidente
Dip. Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Esteban Arroyo Blanco (rúbrica)
Segundo Secretario
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)
Tercer Secretario
El H. Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Presidente de la República Mexicana, en el sentido de que México se abstenga de votar cualquier resolución condenatoria a Cuba, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en la Convención Anual Internacional de Ginebra, que se llevará a cabo en el mes de abril del presente año.
Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados y a la de Senadores a que se pronuncien en favor de una postura clara en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y para que nuestro país no emita voto en contra de Cuba.
Palacio del Poder Legislativo.- Morelia, Michoacán de Ocampo, a los dieciséis días del mes de marzo de 2004.
Dip. Raúl Morón Orozco (rúbrica)
Presidente
Dip. Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Esteban Arroyo Blanco (rúbrica)
Segundo Secretario
Dip. Eustolio Nava Ortiz (rúbrica)
Tercer Secretario
DEL CONGRESO DE PUEBLA
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Anexo al presente nos permitimos enviar copia del acuerdo propuesto por el diputado Fernando Sánchez Márquez, aprobado en sesión pública ordinaria del honorable Congreso del estado de Puebla celebrada con esta fecha, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de marzo de 2004.
La Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
José de Jesús Vázquez García
(rúbrica)
Diputado Presidente
María Sara C. Chilaca Martínez (rúbrica)
Diputada Vicepresidenta
Jesús Edgar Alonso Cañete (rúbrica)
Diputado Secretario
Germán Huélitl Flores (rúbrica)
Diputado Secretario
El Honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla
Considerando
Que en sesión pública ordinaria de esta fecha vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por el diputado Fernando Sánchez Márquez, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por virtud del cual exhorta a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades se aboquen al estudio de la normatividad que regula a las organizaciones y actividades auxiliares de crédito, para que se garantice la prestación adecuada de dichos servicios y se eviten abusos.
Que el estado de Puebla se ha colocado en los últimos años como una de las entidades con mayor número de emigrantes, quienes parten con el propósito de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
En ese sentido, nuestros connacionales envían cantidades importantes de dinero a nuestro país, mismo que es destinado principalmente a garantizar la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación, la adquisición de vivienda digna para sus familias e incluso la inversión en actividades productivas y obras que benefician a la comunidad.
Las remesas son, pues, una importante fuente de divisas hacia nuestra nación, al ubicarse en el cuarto rubro de ingresos de moneda extranjera, después de los hidrocarburos, de la inversión extranjera directa y de los ingresos por turismo.
Que los mecanismos o medios por los que se envían remesas, varían en muchos de los casos en los costos y características de operación, como consecuencia del deficiente marco legal que garantice la seguridad, el envío oportuno y pago justo por el costo del servicio contratado.
Que en los últimos años los giros telegráficos de envío de remesas se han utilizado más que otros instrumentos, debido a la celeridad con que se efectúan este tipo de transacciones y la seguridad que concede en la custodia del dinero; pero aunque en la mayoría de los centros cambiarios y casas de cambio aparentemente no cobran ninguna comisión por dicha transacción, compran la moneda extranjera a un tipo de cambio por debajo del vigente en el mercado, cubriendo de esta forma su margen de intermediación.
Que ello ha motivado un sin número de quejas en los consulados mexicanos y en las poblaciones al interior del territorio nacional, ya que algunas de estas casas de cambio aprovechan tal circunstancia para cobrar comisiones excesivas; en tal virtud, es muy alto el precio que se paga en relación con el servicio prestado, lo que origina prácticas abusivas e incluso violación a las disposiciones legales aplicables.
Que otro aspecto preocupante es el hecho de que en las tiendas de muebles y aparatos electrodomésticos que operan como centros cambiarios, con frecuencia se induce a las personas que reciben estas remesas a adquirir mercancía como forma de pago o muchas de las veces no cuentan con la liquidez suficiente para cubrir los montos de tales envíos, lo que reduce o anula las ventajas de una transferencia electrónica de dinero inmediata.
Que las empresas que se dedican a la transferencia electrónica de dinero son negocios que desde el año de mil novecientos noventa y dos funcionan bajo las figuras de centros cambiarios o establecimientos comerciales de compra-venta de divisas y que pueden operar bajo cualquier giro comercial, ya sea desde una farmacia hasta tiendas de aparatos electrodomésticos, los cuales están fuera del control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.
Que tales compañías no cumplen con los requerimientos mínimos señalados en la ley aplicable para funcionar de manera regular, cuestiones que se prestan a constantes abusos, sobre todo hacia la población que proviene de comunidades alejadas y que pueden ser las más desprotegidas.
En razón de lo anterior y dadas las desventajas en las que se encuentran las personas que hacen uso de los servicios relacionados con el envío de dinero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción XI, y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 93, fracción VI, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se emite el siguiente:
Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades se aboquen al estudio de la normatividad que regula las organizaciones y actividades auxiliares de crédito, para que se garantice la prestación adecuada de dichos servicios y se eviten abusos.
Dado en la Sede del Palacio Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de marzo de dos mil cuatro.
José de Jesús Vázquez García
(rúbrica)
Diputado Presidente
María Sara C. Chilaca Martínez (rúbrica)
Diputada Vicepresidenta
Jesús Edgar Alonso Cañete (rúbrica)
Diputado Secretario
Germán Huélitl Flores(rúbrica)
Diputado Secretario
DE LA DIPUTADA AMALIA D. GARCIA MEDINA
Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura, solicita a usted respetuosamente que se someta a consideración del Pleno mi solicitud de licencia, para todos los efectos a que haya lugar, a partir del 1 de abril del presente.
La causa por la que solicito a esta H. soberanía que se me conceda esta licencia es con la finalidad de participar como candidata a la gubernatura constitucional del estado de Zacatecas.
Sin otro particular, agradezco el trámite correspondiente que se dé a la presente y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Amalia D. García Medina (rúbrica)
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO. DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, CON PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA INTEGRACION DE DELEGACIONES DE DIPUTADOS ANTE ORGANISMOS PARLAMENTARIOS INTERNACIONALES
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de legisladores a la LIX Legislatura que representarán a la Cámara de Diputados ante organismos parlamentarios internacionales
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Esta Junta, en uso de las atribuciones que le confiere el inciso c), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos comunica, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, la designación de los diputados de la LIX Legislatura que representarán a la Cámara de Diputados ante los siguientes organismos internacionales:
I. Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
La Delegación estará integrada por sesenta y cinco miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: veintinueve del Partido Revolucionario Institucional, diecinueve del Partido Acción Nacional, trece del Partido de la Revolución Democrática, dos del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido del Trabajo, y uno del Partido Convergencia.
Las diputadas y diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
1. Dip. Fernando Ulises Adame de León
2. Dip. Ángel Heladio Aguirre Rivero
3. Dip. Miguel Amezcua Alejo
4. Dip. Lilia Isabel Aragón del Rivero
5. Dip. Gaspar Ávila Rodríguez
6. Dip. Omar Bazán Flores
7. Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal
8. Dip. Angel Paulino Canul Pacab
9. Dip. Florencio Collazo Gómez
10. Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández
11. Dip. María Hilaria Domínguez Arvizu
12. Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
13. Dip. Teófilo Manuel García Corpus
14. Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
15. Dip. Blanca Estela Gómez Carmona
16. Dip. César Amín González Orantes
17. Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa
18. Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres
19. Dip. Gema Isabel Martínez López
20. Dip. Raúl José Mejía González
21. Dip. Carlos Mireles Morales
22. Dip. José Alfonso Muñoz Muñoz
23. Dip. Martha Palafox Gutiérrez
24. Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda
25. Dip. Oscar Martín Ramos Salinas
26. Dip. María del Consuelo Rafaela Rodríguez
de Alba
27. Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa
28. Dip. Alejandro Saldaña Villaseñor
29. Dip. Norma Elizabeth Sotelo Ochoa
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
1. Dip. Patricia Garduño Morales
2. Dip. Ernesto Herrera Tovar
3. Dip. Rodrigo Iván Cortés Jiménez
4. Dip. Blanca Judith Díaz Delgado
5. Dip. Gisela Juliana Lara Saldaña
6. Dip. Maki Ortiz Domínguez
7. Dip. Sergio Vázquez García
8. Dip. Leticia Socorro Userralde Gordillo
9. Dip. Marisol Vargas Bárcenas
10. Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
11. Dip. Felipe de Jesús Díaz González
12. Dip. María del Carmen Mendoza Flores
13. Dip. Ramón González González
14. Dip. José María de la Vega Lárraga
15. Dip. Manuel Ovalle Araiza
16. Dip. Carla Rochín Nieto
17. Dip. Pablo Antonio Villanueva Ramírez
18. Dip. Bernardo Loera Carrillo
19. Dip. Lorena Torres Ramos
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
1. Dip. René Arce Islas
2. Dip. Pablo Gómez Álvarez
3. Dip. Cristina Portillo Ayala
4. Dip. Inti Muñoz Santini
5. Dip. Rafael García Tinajero
6. Dip. Juan García Costilla
7. Dip. Martha Lucía Mícher Camarena
8. Dip. María Guadalupe Morales Rubio
9. Dip. Diana Rosalía Bernal Ladrón de
Guevara
10. Dip. Víctor Suárez Carrera
11. Dip. Francisco Carrillo Soberón
12. Dip. Adrián Chávez Ruiz
13. Dip. Marbella Casanova Calam
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México
1. Dip. Alejandra Méndez Salorio
2. Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
1. Dip. Pedro Vázquez González
Por el Grupo Parlamentario de Convergencia
1. Dip. Jesús Martínez Álvarez
II. Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
La Delegación estará integrada por siete miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: tres del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, y uno del Partido del Trabajo.
Las diputadas y diputados que integraran la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Luis Felipe Madrigal Hernández
2. Dip. Francisco Herrera León
3. Dip. Félix Arturo González Canto
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. Ángel Alonso Díaz Caneja
2. Dip. Janette Ovando Reazola
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
1. Integración rotativa
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
1. Dip. Oscar González Yáñez
III. Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
La Delegación estará integrada por diez miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: cuatro del Partido Revolucionario Institucional, tres del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, y uno del Partido del Partido Verde Ecologista de México.
Las diputadas y diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Carlos Martín Jiménez Macías
2. Dip. Leticia Gutiérrez Corona
3. Dip. Juan Manuel Vega Rayet
4. Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. José Antonio Cabello Gil
2. Dip. Consuelo Camarena Gómez
3. Dip. Barush Alberto Medina Zurita
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
1. Dip. Marcela González Salas y Petricioli
2. Dip. Juan José García Ochoa
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México
1. Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari
IV. Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)
La Delegación estará integrada por siete miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: tres del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática, y uno del Partido de Convergencia.
Las diputadas y diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón
2. Dip. Miguel Ángel Osorio Chong
3. Dip. María Esther de Jesús Scherman
Leaño
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez
2. Dip. Rogelio Flores Mejía
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
1. Dip. Eduardo Espinoza Pérez
Por el Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia
1. Dip. Jesús González Schmal
V. Unión Interparlamentaria Mundial
La Delegación estará integrada por cinco miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: dos del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, y uno del Partido de la Revolución Democrática.
Las diputadas y diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Humberto Cervantes Vega
2. Dip. Carlos Martín Jiménez Macías
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. Patricia Elisa Durán Reveles
2. Dip. José Erandi Bermúdez Méndez
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
1. Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar
VI. Consejo de Europa
La Delegación estará integrada por dos miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Partido Revolucionario Institucional, y uno del Partido Acción Nacional.
Las diputadas y los diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(Propietario)
Pendiente (Sustituto)
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. José González Morfín (Propietario)
Dip. Adriana González Carrillo (Sustituto)
VII. Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF)
La Delegación estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Partido Revolucionario Institucional, uno del Partido Acción Nacional y uno del Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados que integrarán la Delegación son:
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
1. Dip. Rogelio Rueda Sánchez
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
1. Dip. Jaime del Conde Ugarte
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
1. Dip. Isidro Ruiz Argaiz
Dado en el Palacio Legislativo.- México, DF, a 22 de marzo de 2004.
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica
p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
México, DF, a 30 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Erika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativa con proyecto de decreto, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Erika Larregui Nagel, Verónica Velasco Rodríguez y Emilia Patricia Gómez Bravo, senadoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo tercero; 71, fracción II; 72 y 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II; y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
México es un país que por su ubicación geográfica, su gran diversidad de climas, su topografía y su geología, reúne una rica -y en algunos casos única- variedad de especies animales y vegetales.
A nivel mundial, nuestro país ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas1. Asimismo, México destaca por contar con una enorme variedad de especies endémicas, es decir, aquellas que sólo se encuentran en el territorio nacional. Por ejemplo, se tiene conocimiento que existen 1200 especies de fanerógamas, 5261 especies de plantas vasculares; más de 180 especies de plantas no vasculares; 938 y más especies de vertebrados marinos; y más de 900 especies de vertebrados, todas ellas endémicas.
De acuerdo al Plan Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, una de las prioridades en la materia es el cuidado y conservación de esta enorme y diversa riqueza biológica. Y no es en vano, puesto que ella nos coloca como uno de los doce países megadiversos a nivel mundial.
No obstante, la riqueza natural de nuestro país se ve amenazada continuamente. A ello contribuyen diversos factores, particularmente la pérdida del hábitat por cambios en el uso de suelo; la introducción de especies exóticas y el crecimiento poblacional y de las actividades productivas.
Aunada a estas amenazas se han detectado otras que en los últimos tiempos ha cobrado fuerza y que de no atacarse desde múltiples frentes ocasionará pérdidas irreparables a nuestro vasto pero igualmente frágil capital natural. Nos referimos a la captura colecta y caza con fines económicos de especies que se lleva a cabo de forma ilegal.
Se sabe que en torno a estas actividades se han conformado redes bien estructuradas que atentan seriamente contra la preservación de especies silvestres, particularmente de aquellas que son endémicas, que están amenazadas, en peligro de extinción, o que por su singularidad y rareza tienen un alto valor económico.
De acuerdo con algunos estudios el aprovechamiento extractivo de algunas especies de flora y fauna silvestre puede llegar a valer desde cientos hasta miles de dólares. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en el Reino Unido en 1998 indica que una especie de antílope puede llegar a valuarse en cuatro mil dólares. Otro estudio llevado a cabo en la Unión Europea en 1998 señala que un par de guacamayas pueden llegar a cotizarse en cien mil dólares.
Dadas las condiciones de pobreza en que se encuentra sumergida la mayoría de la población, las actividades antes descritas representan una atractiva alternativa de subsistencia. No obstante, quienes llevan a cabo el aprovechamiento extractivo ilegal de estas especies desconocen el papel que juegan en los ecosistemas, los servicios ambientales que proveen, y el valor estético o religioso que implican para las comunidades donde se localizan. Ello representa un gran problema porque corren el peligro de llegar a un punto en que las poblaciones no sean viables e incluso desaparezcan y una vez que eso suceda, será muy difícil que la aplicación de políticas o medidas, por muy agresivas que sean, las restauren.
En aras de desincentivar este tipo de actividades se han creado diversos instrumentos económicos con los cuales se intenta modificar las conductas de los individuos que afectan negativamente (o en su caso positivamente) al medio ambiente, con la finalidad de que internalicen los daños (o en su caso los beneficios) que causan.
En México algunos de estos instrumentos se encuentran establecidos en la Ley Federal de Derechos, como lo son los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público como en el caso del agua y la vida silvestre.
Por otra parte cabe señalar que con esta reforma no nos oponemos al aprovechamiento extractivo de especies de flora y fauna silvestre que se lleva a cabo legalmente y que contribuye al desarrollo humano de las comunidades locales o de los dueños de los predios donde éstas se encuentran.
Sin embargo, estimamos que de no aplicar medidas pertinentes para combatir el aprovechamiento extractivo ilegal estaremos contribuyendo a confirmar las estimaciones realizadas por los expertos en la materia que indican que en el presente siglo un cuarto de la biodiversidad del planeta se extinguirá. Tomando en cuenta que formamos parte del selecto grupo de países megadiversos, tenemos una gran responsabilidad no sólo con nuestros connacionales sino con la humanidad.
En ese sentido, las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado queremos contribuir a revertir el serio problema que el aprovechamiento extractivo ilegal de especies de flora y fauna silvestre representa. Estamos convencidos que es posible avanzar en ese sentido si en la legislación se incorporan medidas que desincentiven a la población de llevarlas a cabo.
La reforma que aquí se propone y mediante la cual se reforma la fracción I del artículo 238-A, y el primer párrafo del artículo 238-B, de la Ley Federal de Derechos, tiene por objeto desincentivar el aprovechamiento extractivo ilegal de flora y fauna silvestre mediante la modificación del cobro del derecho que actualmente se realiza.
Por lo que se refiere a la fracción I del artículo 238-A consideramos necesaria la reforma, toda vez que la cuota que se fijó no representa desincentivo alguno para quienes pretendan llevar a cabo el aprovechamiento extractivo de las especies que ahí se mencionan. Afirmamos esto porque al comparar la cuota en vigor con la anterior, el incremento que se hizo a la misma es mínimo y no refleja ser mayor que los beneficios que se obtendrán de ese aprovechamiento.
Más aún, no se debe olvidar que no todas las especies tienen el mismo valor ya sea consuntivo o no consuntivo. Este depende del ecosistema en el que se encuentren, de los servicios que provean; si son endémicas o están en riesgo o peligro de extinción, etcétera.
Al proponer la cuota de 250,000.00 para las especies de la fracción que se reforma sabemos que no respondemos a la necesidad de dar un valor real a cada una de ellas, pero estimamos que lo equiparamos con la cuota mínima que se debe pagar por el aprovechamiento de las especies que contempla el artículo, es decir, las que aparecen en la fracción IV.
Por lo que se refiere al primer párrafo del artículo 238-B, consideramos que el establecimiento de una cuota general para cada especie es arbitrario por las razones expuestas en párrafos anteriores. Por ello proponemos que sea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que en base a un estudio de valoración económica establezca la cuota a pagar, sobre todo si consideramos que se habla de especies endémicas, sujetas a protección especial, amenazadas, raras, en peligro de extinción y cuyas tasas pueden varias continuamente.
Consideramos que estas medidas además de desalentar el desarrollo de estas actividades, contribuirán a preservar el patrimonio natural con que contamos los mexicanos.
Por todo lo anterior, las senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LIX Legislatura, respetuosamente sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de:
DECRETO que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 238-A, y el primer párrafo del artículo 238-B, todos ellos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 238-A.- ...
...
TRANSITORIOS
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta días del mes de marzo de 2004.
Nota:
1 Tomado de la página electrónica de la
Comisión nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Senadoras: Erika Larregui Nagel (rúbrica),
Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel
Castellanos Cortés (rúbrica), Emilia Patricia Gómez
Bravo, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).
DE LA CAMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE ACUERDO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER COMO ZONA DE RESTAURACION ECOLOGICA Y DE RESERVA DE AGUAS LA REGION LERMA-SANTIAGO-PACIFICO; Y SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO
México, DF, a 30 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Jalisco acuerdo en relación con el proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, para establecer como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas la región Lerma-Santiago-Pacífico; y sobre el desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de 2004.
H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión
México, DF
Me es grato dirigirme a esa H. soberanía federal para comunicar que el H. Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 9 de marzo del año en curso, aprobó acuerdo legislativo 55/04, del cual anexo copia a efecto de solicitar de manera atenta y respetuosa que se cumplimente el contenido de los puntos de dictamen resultantes del mismo.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Alvarez (rúbrica p.a.)
Secretario General del Congreso
Compañeros Diputados:
Los suscritos diputados, Luis Alejandro Rodríguez, Julián Orozco González y Benito Manuel Villagómez Rodríguez, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado de Jalisco y miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, en uso de la facultad que les confieren el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 64, 69, fracción IV, 94, fracción III, 150, fracción I, 152, párrafos 2 y 4, y 159, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permiten presentar el siguiente acuerdo legislativo con carácter de dictamen, referente a la "iniciativa de acuerdo legislativo en la que se solicita la intervención del H. Congreso de la Unión para que apoye las acciones de esta entidad y legislen contra la problemática existente en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico", que nos fue turnada para su estudio y dictaminación por acuerdo de la asamblea en sesión celebrada el 12 de febrero de 2004.
Antecedentes
En sesión celebrada el 12 de febrero de 2004, los diputados Salvador Cosío Gaona, Benito Manuel Villagómez Rodríguez y Luis Alejandro Rodríguez presentaron ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa de acuerdo legislativo en la que se solicita que el H. Congreso de la Unión dictamine la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por medio de la cual se declara la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como zona de restauración ecológica, así como que esta soberanía genere diversas iniciativas para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
b) Solicite a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una auditoría extraordinaria a los recursos asignados a la CNA y a la Semarnat, destinados a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondientes a los ejercicios de 2001, 2002 y 2003;
c) Insista en el reclamo histórico del pueblo de Jalisco sobre el cabal cumplimiento del acuerdo de distribución de 1991;
d) Exija a la Semarnat el establecimiento de un plan maestro en la búsqueda del desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago; y para que
e) Exija a la Semarnat y a la CNA la instalación de la red hidrométrica automatizada.
Primero. Que en reunión celebrada el 3 de marzo del año en curso, la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Recursos Hidráulicos, una vez que analizó la iniciativa en comento y teniendo como fundamento lo establecido en la fracción III del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el que se establece que a esta Comisión corresponden el estudio y dictamen o el conocimiento de:
Segundo. Que, como bien se menciona en los antecedentes y considerandos de la iniciativa materia de este dictamen:
b) Ante esa situación, los diputados electos de la LVII Legislatura del estado de Jalisco asumimos como uno de nuestros principales compromisos la defensa y recuperación de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y, en lo particular, la del lago de Chapala. Por ello, de manera inmediata debemos asumir la gestión y propuesta de trabajo legislativo conducente, a fin de buscar una solución rápida e integral de la grave problemática existente.
c) Que en la actualidad existe una minuta de decreto, aprobada por el Senado de la República, que no ha sido dictaminada por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la cual se establece la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por medio de la que se declara la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas.
d) Que, de igual manera, se hace necesario proponer un punto de acuerdo para que se genere una iniciativa de reforma al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a fin de que se asigne mayor cantidad de recursos en favor de las acciones de rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, con objeto de iniciar la restauración ecológica y tecnificación de los sistemas de riego en esa cuenca.
e) En el mismo sentido, es necesario que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite a la Auditoria Superior de la Federación de inmediato la realización de una auditoría extraordinaria a los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destinados a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondientes a los ejercicios de 2001, 2002 y 2003, a fin de conocer oficialmente y en detalle el monto, uso y destino de los recursos asignados, así como los logros que se alcanzaron en concreto y, en su caso, la ubicación de los recursos que no fueron ejercidos.
f) Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión insista en el reclamo histórico del pueblo de Jalisco, a las autoridades del Poder Ejecutivo federal, sobre el cabal cumplimiento del acuerdo de distribución de 1991.
g) Con similar importancia, debemos proponer un punto de acuerdo a fin que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exija a la Semarnat y a la CNA, en función de los recursos fiscales que les fueron asignados con anterioridad, y de los cuales se desconoce el ejercicio, la instalación de la red hidrométrica automatizada para contabilizar las cantidades de humedad y caudales en la cuenca, logrando así una administración racional y equitativa del recurso hídrico. Así también, que la información generada por el sistema de medición esté constantemente abierta a la comunidad académica y al público en general interesado en el comportamiento hidroclimático y los niveles de almacenamiento, entre otros parámetros.
Acuerdo Legislativo con Carácter de Dictamen
Primero. De manera atenta y respetuosa, extiéndase una excitativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que informe a esta soberanía respecto a la situación actual que guarda el dictamen correspondiente a la minuta de decreto, aprobada por el Senado de la República, en la que se establece la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por medio de la cual se declara la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico como zona de restauración ecológica.
Segundo. Solicítese de manera atenta y respetuosas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:
b) Solicite a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una auditoría extraordinaria o especial a los recursos asignados a la CNA y a la Semarnat destinados a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondientes a los ejercicios de 2001, 2002 y 2003, a fin de conocer oficialmente y en detalle el monto, uso y destino de los recursos asignados, así como los logros que se alcanzaron.
c) Solicite a la Semarnat y a la CNA, en función de los recursos fiscales que les fueron asignados con anterioridad, de los cuales se desconoce el ejercicio, la instalación de la red hidrométrica automatizada para contabilizar las cantidades de humedad y caudales en la cuenca, logrando así una administración racional y equitativa del recurso hídrico.
d) Solicite a la Semarnat y a la CNA, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que la información generada por el sistema de medición esté disponible para la comunidad académica y el público en general interesado en el comportamiento hidroclimático y los niveles de almacenamiento, entre otros parámetros.
b) Exijan a la Semarnat el establecimiento de un plan maestro acorde con las circunstancias prevalecientes para que se convierta en un eficaz instrumento de gestión integral en la búsqueda del desarrollo sustentable de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que en el mismo se contengan lineamientos y políticas públicas para el adecuado tratamiento de aguas residuales, reforestación, restauración de suelos, campañas de promoción de la cultura del uso eficiente del agua, y de protección a la vida silvestre, entre otras acciones.
Sala de Comisiones del Congreso del Estado.
Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Recursos Hidráulicos
Guadalajara, Jalisco, a 9 de marzo de 2004.
Dip. Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica)
Presidente
Dip. Julián Orozco González (rúbrica)
Vocal
Dip. Jorge Urdapilleta Núñez
Vocal
Dip. Benito Manuel Villagómez Rodríguez
(rúbrica)
Vocal
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE CONTESTACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL PUNTO DE ACUERDO, APROBADO POR LA COMISION PERMANENTE, PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE ESTAN ADOPTANDO PARA ATENDER LAS DENUNCIAS DE LOS PRODUCTORES MEXICANOS, DEL DECOMISO DE MERCANCIA ILEGAL Y DE LAS SANCIONES QUE ESTAN APLICANDO
México, DF, a 29 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-339, signado el 10 del mes en curso, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-26003, suscrito el 18 del actual por el C. licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita información sobre las medidas que se están adoptando para atender las denuncias de los productores mexicanos, del decomiso de la mercancía ilegal y de las sanciones que está aplicando a quienes incurran en estas prácticas de comercio desleal, presentado por el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 18 de marzo de 2004.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
En relación con su oficio número SEL/300/679/04, de fecha 11 de marzo del presente año, mediante el cual transcribe el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, relativo a que esta unidad administrativa informe sobre las medidas que se están adoptando para atender las denuncias de los productores mexicanos, adjunto al presente me permito enviarle el informe elaborado por esta Administración General a efecto de que, por su amable conducto, se haga llegar a los secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.
Sin otro particular, sirva la presente para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Lic. José Guzmán Montalvo (rúbrica)
Administrador General
En atención al punto de acuerdo sobre las medidas adoptadas para atender las denuncias de los productores del campo, los decomisos de la mercancía ingresada de manera ilegal y las sanciones que se aplican a quienes incurren en estas ilícitas prácticas de comercio desleal, me permito hacer algunas consideraciones.
El combate de la introducción ilegal de mercancías representa uno de los programas prioritarios de la SHCP que, a través de la Administración General de Aduanas, ha aplicado varias estrategias para combatirlo de manera frontal.
Durante los últimos años, el incremento del comercio exterior ha sido de grandes proporciones. Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de globalización, cuyo desarrollo ha permitido eliminar barreras que, como las grandes distancias geográficas y los tiempos de traslado, se consideraban infranqueables y poco a poco han ido desapareciendo gracias a los avances tecnológicos y en materia de comunicaciones. El comercio internacional y su facilitación a través de los tratados de libre comercio entre países de América, Europa y Asia configuran la más clara expresión de este proceso.
En la actualidad, México tiene suscritos 10 tratados comerciales con 31 países y con ello la desgravación anual de productos, en los que se encuentran los del sector agropecuario.
La Administración General de Aduanas, con base en sus facultades, actúa en el ámbito del comercio exterior como una autoridad operativa, aplicando el marco jurídico que expiden autoridades normativas del Ejecutivo, como la Secretaría de Economía y la Sagarpa a través de las 48 aduanas en el país.
Hoy día, las prácticas de introducción ilegal de mercancías son cada vez más sofisticadas y se desarrollan con sistemas organizados y cuantiosos recursos. Las modalidades más significativas se dan mediante la subvaluación, la triangulación, el mal uso de programas de importación temporal (maquila o Pitex), documentación falsa y proveedores inexistentes.
Principales medidas de la Administración General de Aduanas para el combate de la introducción ilegal de mercancías:
Participación con los sectores productivos
La Administración General de Aduanas es una de las áreas del Gobierno Federal que tiene mayor apertura con los sectores productivos.
Se han suscrito 67 convenios de colaboración en materia de comercio exterior con diferentes cámaras y asociaciones industriales. En colaboración con los sectores, se han establecido 34 padrones sectoriales específicos de las mercancías más sensibles a la introducción ilegal en nuestro país.
Se llevan a cabo reuniones semanales para conocer sus inquietudes, los precios de las mercancías y las características técnicas que permiten identificar su origen; asimismo, se les hace entrega de información sobre las operaciones de las importaciones correspondientes a su sector. En el caso del sector agropecuario, nos reunimos con los representantes del Consejo Mexicano del Frijol, el Consejo Mexicano del Arroz, la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, la Unión Nacional de Avicultores, la Confederación Nacional Ganadera, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino y la Confederación de Porcicultores Mexicanos.
Para transparentar el despacho de mercancías, se ha acreditado a 436 observadores de 36 sectores en todas las aduanas, quienes apoyan en la clasificación arancelaria y constatan la operación.
Aduanas exclusivas para mercancías sensibles
A fin de establecer mayor control en las operaciones de importación de mercancías sensibles, se tiene autorizadas 37 aduanas de 18 sectores específicos, considerándose para su implantación las rutas por las que se importa más de 90% de las importaciones y la distribución geográfica para no afectar la industria.
Las importaciones de bovino, cerdo, ovino, ave, productos lácteos y sus derivados, para su ingreso en el país están autorizadas 30 aduanas, próximamente se reducirán a 12; para la importación de manzana, 10 aduanas; papa para siembra, 2 aduanas; y papa fresca, 4 aduanas.
Revisión documental de las operaciones posteriormente al despacho aduanero
La glosa aduanera revisa documentalmente las operaciones de comercio exterior para detectar irregularidades de los usuarios e inicia facultades de comprobación.
La revisión de las operaciones de comercio exterior, con posterioridad al despacho aduanero, es desarrollada por un grupo de expertos, en coordinación con las autoridades internas y las externas del SAT. Se verifica no sólo el cumplimiento de las obligaciones, sino la veracidad de la información y los documentos presentados durante el despacho aduanero.
La glosa se dirige a la revisión de las operaciones que implican determinado riesgo, principalmente la fiscalización del origen, clasificación arancelaria y valor en aduana. El personal se encuentra agrupado por sectores sensibles para tornar eficientes los resultados.
De julio de 2002 a febrero de 2004 se han determinado créditos fiscales por la cantidad de 1,221 millones de pesos.
Programa ValuNet
El programa ValuNet tiene por objeto verificar información acerca del valor y del origen de las mercancías exportadas a México por proveedores o productores situados en más de 140 países y determinar si los datos contenidos en la documentación e información proporcionadas por los importadores corresponden a la operación real.
Con dicho programa, además de combatir el fraude aduanero, se busca tener mayor control en las operaciones que representan alto factor de riesgo, promover la competencia leal y volver óptima la recaudación generada por concepto de operaciones de comercio exterior.
Los resultados de ValuNet son satisfactorios: de 12,120 transacciones en investigación, 17.17% -2,082 operaciones de importación de mercancías- resultó con irregularidades de origen, proveedor inexistente, factura falsa y subvaluación.
Entre las inconsistencias detectadas oficialmente, se refieren a 14 proveedores no localizados, con los que se vinculan 89 empresas nacionales; se están iniciando las acciones correspondientes, a fin de determinar la situación fiscal, aduanera y legal de los importadores involucrados. Están en proceso -en coordinación entre el SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores- 39 proveedores presuntamente no localizados, con los que se vinculan más de 100 empresas importadoras. Además, 151 casos en cuanto a inconsistencias de valor (regalías, subvaluación e incrementables); asimismo, para cuestiones de solicitud de suspensiones en padrones contamos con 86 casos.
Casos penales
Se iniciaron 43 casos por diversos ilícitos, que implicaron 9,150 millones de pesos, principalmente por mal uso de programas de fomento de maquila, Pitex y triangulación de origen; se encuentran como probables responsables 166 personas.
Monitoreo de las operaciones e investigaciones con base en factores de riesgo
La revisión de las mercancías que ingresan en el país se lleva a cabo a través del mecanismo de selección automatizado, programado para revisar cerca de 10% del total de las importaciones. La revisión es dirigida a importadores y a exportadores, agentes aduanales y proveedores que, previo análisis de riesgo, se detectan como vulnerables a la introducción ilegal de mercancía. De igual manera, se revisa 100% de las mercancías sensibles.
Programa permanente de fiscalización/Operativos carreteros
Se realizan permanentemente visitas y verificaciones domiciliarias a importadores y agentes aduanales, sobre todo de las operaciones más susceptibles de fraude aduanero.
A partir de órdenes de verificación de mercancías en transporte, se revisan los camiones de carga que transitan en algunos puntos estratégicos para confirmar que sus cargamentos cuenten con la documentación necesaria y correspondan a las características registradas en los pedimentos de importación. Existe la presencia de unidades Movisat, las cuales son vehículos acondicionados con terminales de cómputo que permiten cotejar la legalidad de los documentos.
Operativos propios de la AGA y en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal
La autoridad aduanera realiza operativos permanentes para detectar productos introducidos ilegalmente en el país que estén dispuestos para su venta al público a través del comercio formal o informal.
Cuando es necesario, esos operativos se ejecutan de manera coordinada con otras dependencias del Gobierno Federal o de los gobiernos locales.
La Administración General de Aduanas ha dispuesto a personal ubicado en los Movisat en puntos considerados de peligrosidad, donde personal de Aduanas revisa la mercancía detenida previamente por la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública, con objeto de verificar su legal estancia en el país.
Como resultado de la coordinación con la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, principalmente en el barrio de Tepito, la colonia Industrial Vallejo y el centro del Distrito Federal, destacan en 2003 los embargos de 390 toneladas de calzado, 360 toneladas de prendas de vestir y 500 mil cigarrillos, que en conjunto tienen un valor superior a 71 millones de pesos y generaron créditos fiscales por más de 350 millones de pesos.
Respecto a los operativos del programa CAT 03, los resultados en los embargos de mercancías introducidas ilegalmente registraron en 2003 un valor en aduana de 71?400,617 y omisión de contribuciones de 279?100,009. Para 2004, se tiene un valor en aduanas de 3?033,446 y omisión de contribuciones de 3?920,606, principalmente ropa usada, tela, calzado, juguetes electrónicos y discos compactos.
Embargos
En 2003, se determinaron 14,958 procedimientos administrativos en materia aduanera (o PAMA), por un monto de 3,109 millones de pesos, 28.08% más en relación con 2002, que registró 2,428 millones de pesos, y 80.19% más respecto a 2001, año que arrojó 1,347 millones de pesos; es decir, en promedio diario en 2003 se ha embargado mercancía por un monto de 8.5 millones de pesos.
Modernización y equipamiento de las aduanas con tecnología de punta
Modernizar las aduanas es otro factor prioritario para combatir la introducción ilegal de mercancías y tornar eficientes y óptimos los procesos de revisión. Para ello, se implanta la más avanzada tecnología, el desarrollo de sistemas informáticos, mejoras en la infraestructura y el equipamiento en las instalaciones aduaneras.
Esos recursos tecnológicos vienen a fortalecer las acciones de la Administración General de Aduanas en el combate de la introducción ilegal de mercancías.
Se han instalado en las principales aduanas (y están en proceso de adquisición para el resto de las instalaciones aduaneras) diversos equipos especializados para la detección de mercancía oculta:
Las importaciones de frijol reflejaron una disminución en 2003 con relación a 2002 de 27,729 toneladas, ya que de 115,496 toneladas importadas durante 2002, disminuyeron 25%, 87,767 toneladas.
Las importaciones de azúcar ascendieron a 178 mil 361 toneladas durante 2003, de las cuales 76% no cubrió el arancel especial de 0.39586 dólares por kilogramo de azúcar, en virtud de que las empresas que importaron ese producto interpusieron un amparo, por lo que más de las 130 mil toneladas no ingresaron de manera ilegal, ya que fue bajo el esquema del amparo.
En cuanto a los amparos de operaciones de comercio exterior concedidos por jueces y magistrados, la autoridad aduanera actúa ajustada a la legalidad y acata los mandamientos judiciales de amparo en los que se determina la no aplicación de aranceles o cuotas compensatorias o la exención de cumplir cualquier medida regulatoria, por lo que el gobernado puede importar bajo esta forma determinada mercancía, obteniendo un beneficio o ventaja.
Del total de las importaciones de 2003 que ingresaron en nuestro país amparadas correspondientes al sector agropecuario, representaron azúcar 76%, manzana 82%, frijol 51%, maíz 98%, carne de bovino 34%, avícola 28%, porcícola 36%. La autoridad aduanera no puede hacer nada para detener la internación de esos productos cuando está vigente el amparo correspondiente.
No obstante que algunas empresas han interpuesto un amparo, se han tomado una serie de medidas:
Parametrización (determinar el porcentaje de la revisión a través del sistema aduanero) de empresas amparadas y agentes aduanales que realizan operaciones bajo amparos
Ficha técnica por empresa amparada
Glosa (revisión documental posterior a la importación dirigida a empresas amparadas)
Emisión de lineamientos para la verificación de amparos por el personal de las aduanas
Consulta a los juzgados de distrito para conocer si la empresa amparada ha cumplido debidamente las condiciones para el otorgamiento del amparo
Verificación permanente sobre el estado procesal que guardan los juicios de amparo a través de las áreas jurídicas del SAT y la SHCP, así como a través de los sectores que se han acreditado ante los juzgados de distrito como terceros perjudicados
Observaciones ante el Consejo de la Judicatura Federal por el desempeño de los jueces de distrito en materia administrativa, toda vez que los mismos otorgan la suspensión del acto reclamado sin analizar de fondo los supuestos aplicables a cada caso; promover ante los juzgados de distrito que el sector afectado se constituya como tercero perjudicado o como coadyuvante del Ministerio Público, dentro de la tramitación del juicio de garantías.
Mediante oficio a la Caaarem, se le exhortó para que haga del conocimiento de los agentes aduanales asociados que tengan especial cuidado en los contribuyentes amparados contra una medida relacionada con el pago de aranceles para que la garantía del interés fiscal sea mediante depósito en dinero
Se mantiene colaboración con la Secretaría de Economía para vigilar la correcta aplicación de cupos de importación, de lo cual ha derivado la detección de empresas que exceden los montos asignados. Actualmente, se está trabajando en la determinación de contribuciones omitidas
Una vez resueltos los juicios, si éstos son desfavorables a los particulares, es hasta entonces cuando la autoridad puede actuar para determinar los créditos fiscales, con el riesgo de que las personas ya no existan en su domicilio o hayan huido del país.
Por lo que respecta al destino que se da a la mercancía que se obtiene de los embargos de bienes de comercio exterior que ingresan en el país de manera ilegal, la Administración General de Aduanas a partir del 24 de noviembre de 2003 se encarga del desalojo de los patios fiscales, almacenes y recintos fiscalizados a través de la asignación, donación, destrucción y transferencia de mercancía al Servicio de Administración de Enajenación de Bienes, órgano descentralizado de la SHCP encargado de la enajenación, venta y donación a particulares.
La mayor parte de esos bienes es destruida, con el fin de evitar afectar la industria. El resto es susceptible de asignación a los tres niveles de gobierno y donaciones a particulares, como las asociaciones y fundaciones de ayuda a comunidades marginadas.
Actualmente, la Administración General de Aduanas inició la destrucción de 5 mil toneladas de productos textiles que fueron embargados durante 2003.
Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Cámara Nacional de la Industria del Cemento y la Cámara Nacional de la Industria Textil, y como resultado del acuerdo firmado entre el SAT y la Concamin, en de febrero se comenzó el trabajo de destrucción de la mercancía.
Por último, los hechos narrados demuestran, entre otros muchos, la disposición de la Administración General de Aduanas de actuar con todo el rigor de la ley contra la introducción ilegal de mercancías.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
De la Secretaria de Gobernacion, con el que remite
las evaluaciones de los programas a cargo de la Secretaria de Economia,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b), fraccion IV, del
articulo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio
Fiscal de 2003
México, DF, a 31 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Se recibió en esta Secretaría el oficio No. STPCE/253/2004, de fecha 26 del actual, signado por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, en el que solicita que, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, se hagan llegar las evaluaciones a los programas a cargo de la citada dependencia, que se establecen en el anexo 13 del citado Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como los anexos que en el mismo se mencionan, a fin de que por su digno conducto se hagan llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ese órgano legislativo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de marzo de 2004.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
El Presupuesto de Egresas de la Federación para el Ejercicio fiscal 2003 (PEF), en el articulo 54, fracción IV, inciso b), establece que los programas a cargo de la Secretaría de Economía a que se refiere el anexo 13 del mismo ordenamiento deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Dichas evaluaciones deberán enviarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el 31 de marzo de 2004, a fin de que sean consideradas en el proceso de análisis y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.
En cumplimiento de dichas disposiciones, la Secretaría de Economía gestionó la evaluación de los siguientes programas, las cuales se adicionan a la que gestionó el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi):
Lo anterior toda vez que de conformidad con el artículo 2 7, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo federal con los demás Poderes de la Unión.
Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.
El Secretario Técnico
Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE EL TERCER INFORME DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001- 2006, ASI COMO DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES
México, DF, a 30 de marzo de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del C. Presidente de la República, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley de Planeación, con el presente envío el Tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como de los programas sectoriales.
Sin más por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA IMPORTACION ILEGAL DE DELFINES DE LAS ISLAS SOLOMON Y SU FUTURO TRASLADO A LA ISLA DE COZUMEL, A CARGO DE LA DIPUTADA IRENE HERMINIA BLANCO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Irene Herminia Blanco Becerra, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con la importación ilegal de delfines de las Islas Solomón y su futuro traslado a la Isla de Cozumel, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero.- Con fecha 8 de julio del año 2003, la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el permiso CITES de importación número 19633, que autoriza la importación de 33 delfines de la especie Tursiops aduncus, de las Islas Solomon, a favor de la empresa Inmobiliaria Propac, SA de CV, propiedad del señor Bernardo Zambrano.
Segundo.- Con fecha 9 de julio del mismo año, la misma Dirección de Vida Silvestre emitió el oficio No 04658, especificando las condicionantes para realizar la importación de dichos delfines.
Tercero.- Con fecha 22 de julio, y a pesar de las protestas, tanto nacionales como internacionales, 28 delfines llegaron a Cancún para ser colocados en las instalaciones del delfinario de "Wet?n Wild", o Parque Nizuc, propiedad del señor Bernardo Zambrano.
Cuarto.- Con fecha 28 de julio muere un ejemplar de los animales importados.
Quinto.- A partir de su llegada, diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian la ilegalidad de la importación y exigen la cancelación del permiso de importación.
Sexto.- Con fecha 20 de agosto de 2003, la empresa se ampara contra cualquier acto de autoridad y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ve impedida para actuar e ingresar a las instalaciones.
Cuarto.- Con fecha 16 de diciembre, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat otorga el registro de UMA al delfinario en Cozumel, dentro del complejo del Club Recreativo y de Playa Palancar, perteneciente al mismo empresario.
Este acto de importación resulta ilegal, tanto en su lugar de origen (Islas Solomon) como en el destino final (México), por las causas que a continuación se describen en las siguientes
Consideraciones
Violaciones referentes a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, (CITES, por sus siglas en inglés):
1.- México es signatario de la CITES. Las Islas Solomon no, sin embargo, a pesar de que las Islas Solomon no son signatarias del tratado de CITES, bajo las condiciones del artículo X de dicha Convención, sí constituye obligación para México, como parte firmante, de requerir información de las autoridades competentes de las Islas Solomon, que llenen de manera sustancial los requerimientos de la CITES.
En este sentido, para esta importación, y de acuerdo con el artículo IV de dicha Convención se requieren ciertas garantías antes de expedir el permiso de importación. Sólo se pueden otorgar permisos de importación cuando:
Que una autoridad equivalente a la autoridad científica de CITES haya certificado que dicha exportación no será en detrimento de la supervivencia de la especie.
i) El nombre, el sello y la firma de una autoridad expedidora competente;
ii) Suficiente información para identificar las especies concernidas a los efectos de la Convención;
iii) Un certificado del origen del espécimen de que se trate, inclusive el número del permiso de exportación del país de origen, o los motivos por los que se ha omitido ese certificado;
iv) En caso de exportación de especímenes de una especie incluida en los apéndices I o II, un certificado de que la institución científica competente ha dictaminado que la exportación no perjudicará la supervivencia de la especie (en caso de duda se pedirá copia del dictamen) y que los especímenes no fueron obtenidos en contravención a las leyes del Estado de exportación.
La importación se hizo a pesar de no existir oficialmente el requerimiento de no detrimento otorgado por autoridad científica del país de origen acerca de las poblaciones en cuestión.
El Secretariado de la CITES recomendó a México cerciorarse de que no había detrimento en las poblaciones, y más aún, recomienda al gobierno mexicano no realizar esta importación. La importación sí viola los requerimientos de la CITES.
Esta captura masiva, realizada en las Islas Solomon, de alrededor 200-300 delfines, es violatoria de cualquier intento de conservación, y de los requerimientos de la CITES, por lo tanto este solo punto debería ser suficiente para revocar el permiso.
Violaciones al permiso y a sus condicionantes:
La Conabio, como autoridad científica hace una recomendación que certifica que esta especie debe considerarse como exótica, y separada genéticamente.
Al considerarse una especie exótica, tanto genéticamente, como de acuerdo al artículo 3º de la Ley General de Vida Silvestre vigente, la Dirección General de Vida Silvestre emite un documento anotando las condicionantes, o restricciones , que son:
b) Los ejemplares deberán permanecer en estricto confinamiento en las instalaciones de la UMA y no podrán ser liberados al medio silvestre, ya que se trata de una especie exótica.
c) La UMA deberá contar con un programa de contingencia
para evitar la fuga.
d) La UMA deberá presentar el plan de manejo para
la especie descrita.
Al mismo tiempo, no se contaba con un plan de manejo, ni un plan de contingencia pata esta especie en particular.
Violaciones a la legislación ambiental nacional
Los términos de esta importación violan los artículos 50 y 51 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el propio Reglamento de Areas Naturales Protegidas, que también prohíbe la introducción de especies exóticas, y viola el Programa de Manejo del Parque Nizuc. Viola, asimismo, la Ley General de Vida Silvestre.
Los animales fueron colocados en un corral marino. Dicho corral se encuentra dentro del área del Parque Nacional Punta Nizuc,. área natural protegida contemplada en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Esta Ley especifica claramente en su artículo 45 que el objeto de dichas áreas naturales protegidas es:
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva...
El artículo 50 de la ley citada dice a la letra:
El Programa de Manejo del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, prohíbe expresamente la introducción de especies exóticas, como se asienta en el componente de marco legal y administrativo, en su capítulo 8.7 que a la letra dice:
f) La introducción de especies vivas ajenas a la flora y fauna que ahí existe."
De la misma forma el mismo Plan de Manejo especifica en la sección 6, que se refiere a las prohibiciones, en el inciso 1: ..."la introducción de especies exóticas".
Me fundamento en el Titulo XXV del Código Penal Federal, que establece en los siguientes artículos:
Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda, alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente:
II. ...
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de llora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.
Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:
II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;
III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre;
IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte, o
V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida.
De realizarse esta transferencia de delfines a Cozumel, en un corral marino con las mismas características del Parque Nizuc, se realizaría una segunda introducción en mares mexicanos de una especie exótica, que si bien no es un área natural protegida, si se encuentra en el área de influencia del área declarada "Zona de refugio para la protección de flora y fauna marinas de la zona occidental de la isla Cozumel" mediante decreto del 11 de enero del año 1980.
Implicaciones políticas
México ha tenido una política de conservación de mamíferos marinos, tanto nacional como internacional:
Por otra parte, existe consternación internacional, y muy seria, por este hecho, y hasta hoy los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, así como del Reino Unido han levantado una protesta oficial.
Las embajadas de México en el exterior están recibiendo protestas por este hecho sin precedentes.
Responsabilidad de autoridades
Evidentemente hay responsabilidad de quien otorgó el permiso a pesar de que todo indicaba no autorizarlo. Es necesario solicitar una investigación a fondo y que se destituya y proceda legalmente contra el responsable.
Conclusiones
Por todo lo anterior, es necesario exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que, en el ámbito de sus competencias, suspendan la construcción de un delfinario dentro de las instalaciones del Club Recreativo y de Playa Palancar, en la isla Cozumel, debido a las irregularidades bajo las cuales fue autorizado y sobre todo eviten el traslado de delfines de la especie exótica Turiops aduncus en la costa de dicha isla.
Al mismo tiempo resulta indispensable la revocación del permiso de importación de dichos mamíferos marinos, debido a las condiciones de ilegalidad bajo las cuales fueron importados
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, ordenen la suspensión de las obras del delfinario Club Recreativo y de Playa Palancar, en la isla Cozumel, estado de Quintana Roo. Asimismo, que se haga una revisión exhaustiva de todos los trámites relativos a la autorización para construcción y operación de dicho delfinario.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que se ordene el aseguramiento precautorio de dichos ejemplares de la vida silvestre, y se proceda bajo derecho a la clausura del delfinario o "Atlántida" en el Parque Nizuc, Cancún, en el estado de Quintana Roo, por violaciones graves a la normatividad ambiental nacional.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a que, en términos de lo dispuesto en la normatividad ambiental nacional e internacional revoque el permiso de importación de los 28 delfines que llegaron al Parque Nizuc, y ordene la reparación del daño ambiental, así como la devolución de dichos ejemplares de delfines a su país de origen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de abril de 2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A ENTABLAR CONTACTO INMEDIATO CON EL GOBIERNO FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y, ENTRE AMBOS GOBIERNOS, CONCENTRAR SUS ESFUERZOS CON EL ESTADO DE ARIZONA, A FIN DE HACER PREVALECER EL ESPIRITU Y LA LETRA DEL ACUERDO "SOCIEDAD PARA LA PROSPERIDAD", SUSCRITO EN MARZO DE 2002 POR LOS PRESIDENTES GEORGE W. BUSH Y VICENTE FOX QUESADA, ASI COMO LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entable inmediato contacto con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentren sus esfuerzos con el estado de Arizona a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo denominado "Sociedad para la Prosperidad", suscrito en marzo de 2002 por el Presidente George W. Bush y por el Presidente Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales, en marzo de 2002, bajo las siguientes:
Consideraciones
1.- El 24 de los corrientes, en el Senado local de Arizona, el demócrata Pete Ríos presentó una propuesta que la cual urge al Congreso General de los Estados Unidos a imponer un impuesto a las remesas o transferencias de dinero de los mexicanos de Estados Unidos a México. Dicha propuesta fue aprobada por la mayoría de los senadores mediante la Resolución SCM1007, misma que ha sido enviada a la Cámara de Representantes de ese estado para su aprobación.
2.- Que el propósito del impuesto tiene como finalidad rembolsar a los Estados de la Unión Americana, los gastos derivados de los servicios de salud y penitenciarios que se proveen a los migrantes mexicanos en aquel país.
3.- La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer esta situación y ha instruido al Cónsul General en Phoenix, Arizona, para expresar a los actores políticos relevantes de ese estado, la preocupación del gobierno mexicano por estos hechos, bajo una serie de argumentos, que todos ellos resultan válidos.
4.- De prosperar esta propuesta, no sólo vulneraría el espíritu de la "Sociedad para la Prosperidad", sino que el golpe económico para las familias de los migrantes y para la economía nacional, sería irreparable y progresivo; basta revisar que en 2003 las remesas aumentaron en un 35.1%, llegando a 13 mil 266 millones de dólares y que de esta cifra 817.88 millones de dólares, fueron enviados a través de transferencias electrónicas.
El número de operaciones creció 1.5% entre enero de 2003 y de 2004, o sea de 3.01 a 3.06 millones, especialmente las llamadas transferencias electrónicas. Para el 2004 se espera alcanzar un nuevo record de remesas como segunda fuente de divisas, con un monto de 15 mil millones de dólares, que beneficiarán al 25% de la población, misma que lo destinará en un 78% al gasto corriente (cifras del Banco de México y Banco Interamericano de Desarrollo)
5. Conviene mencionar que tal medida es contraria a las prácticas y tendencias internacionales: las recomendaciones de organismos multilaterales e internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, han reafirmado que los gobiernos no deben tomar acciones que impidan el flujo de remesas o impongan impuestos sobre las mismas.
5-. Debemos recordar que el 22 de marzo de 2002, el Presidente Vicente Fox y el Presidente George Bush, firmaron en Monterrey un acuerdo denominado "Sociedad para la Prosperidad", en donde una de sus principales objetivos es el de"trabajar para bajar los costos de las remesas que envían los migrantes mexicanos a sus familias."
6.- En tales circunstancias ésta Soberanía considera necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que busque, a través de la negociación diplomática, la preservación de las voluntades y los anhelos que llevaron a la firma del acuerdo denominado "Sociedad para la Prosperidad" y se continúen los esfuerzos por reducir la diferencia económica que existe entre nuestras naciones.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entable inmediato contacto con el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América y, entre ambos gobiernos, concentren sus esfuerzos con el estado de Arizona a fin de hacer prevalecer el espíritu y la letra del acuerdo denominado "Sociedad para la Prosperidad", suscrito en marzo de 2002 por el Presidente George W. Bush y por el Presidente Vicente Fox Quesada, así como las recomendaciones de los organismos financieros multilaterales.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, dar tramite a la presente proposición con punto de acuerdo como urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por el artículo 58, 59 y 60 de nuestro Reglamento Interior.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2004.
Diputados: Guadalupe Morales Rubio, José
Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge Martínez Ramos, Eliana
García Laguna, Alfonso Ramírez Cuéllar, Luis Antonio
Ramírez Pineda, Marco Antonio García Ayala, Adriana González
Carrillo, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro
Vázquez González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS CONGRESOS LOCALES A EFECTO DE QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMITAN O ACTUALICEN LA NORMA QUE REGULE, PROMUEVA Y APOYE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Marisol Urrea Camarena, diputada por el estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:
Considerandos
El desarrollo científico y tecnológico se ha convertido en uno de los principales factores que promueven el avance económico, la calidad de vida y el desarrollo sustentable. En México la investigación científica y tecnológica presenta grandes retos y ofrece, a su vez, amplias oportunidades para hacer avanzar a nuestro país hacia los altos niveles que reclama el nuevo entorno internacional.
Nuestra Carta Magna, en su artículo 3°, fracción V, consagra que el Estado, además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Por otro lado, la Ley General de Educación en su artículo 14, fracción VIII, dispone que corresponde a las autoridades educativas federales y locales, de manera concurrente, entre otras atribuciones: "impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica".
Asimismo, consideramos que el impulso a la investigación científica, la innovación tecnológica y la modernización empresarial, deben ser apoyados tanto por el sector público, social y privado, mediante la creación de instituciones, la canalización de recursos económicos y el diseño de marcos legales apropiados.
Desde hace varios años, nuestro país ha venido realizando un esfuerzo persistente por generar un marco jurídico adecuado a la promoción de la ciencia y la tecnología. En el ámbito legislativo destaca la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual tiene como objeto, entre otros: "Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como para la formación de profesionales de la ciencia y la tecnología".
Este marco jurídico ha dado un rumbo más definido a la acción del Estado en el campo científico y tecnológico. Es el soporte legal para la creación de instituciones, mecanismos y programas que procuran incrementar y mejorar la calidad de la investigación científica y tecnológica, ampliar su presencia regional y sumar a los sectores social y productivo en estas tareas.
En el campo de la ciencia y la tecnología actúan diversos agentes, tanto públicos como privados; asimismo, los cambios causados por los avances científicos y tecnológicos repercuten en grandes grupos de la población y en diversos sectores de la economía; en razón de esa diversidad y amplitud, así como del hecho de que no se trata de un campo jerarquizado, se crean necesidades de coordinación con las entidades federativas para llevar a cabo la definición e instrumentación del desarrollo científico y tecnológico nacional.
Para aumentar la competitividad, la productividad y alcanzar el desarrollo científico y tecnológico que requiere el país, es necesario la suma de iniciativas y esfuerzos de los gobiernos locales para que sean copartícipes de las acciones de fomento y promoción de la ciencia y la tecnología, generando sus propios instrumentos de apoyo, además de canalizar recursos adicionales.
Por ello, es de máximo interés público que los Congresos estatales establezcan leyes estatales sobre ciencia y tecnología que logren encauzar y conferir mayor vigor a las actividades y actores locales que persigan la generación, promoción y difusión del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, en el marco de lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se estima necesario que los Congresos estatales tengan una comisión ordinaria de ciencia y tecnología, que les permita atender esta materia de manera adecuada y fortalecer las acciones legislativas que ésta requiere para el desarrollo local.
Además de juzgarse necesario un instrumento jurídico de esta naturaleza, también se considera de suma utilidad inyectar los mayores recursos posibles a este rubro, así como crear consejos estatales de ciencia y tecnología como organismos capaces de conducir la acción gubernamental en la materia dentro de la esfera administrativa de la entidad federativa correspondiente, la cual devengue en la suma de esfuerzos sociales, privados y gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o actualicen la norma que regule, promueva y apoye la investigación científica y tecnológica, en concordancia con la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se invita a los congresos locales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan una comisión ordinaria de ciencia y tecnología que les permita atender esta materia de manera adecuada, y fortalecer las acciones legislativas que se requieren para el desarrollo local.
Segundo.- Se invita a las autoridades locales, para que en apego a sus atribuciones cuenten con un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología el cual tenga entre sus funciones la de conducir la acción gubernamental, y sirva de canal de comunicación y coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a favor del impulso del desarrollo científico y tecnológico del país.
Se propone, respetuosamente a las autoridades locales a destinar los recursos necesarios para que la ciencia y tecnología constituyan un verdadero motor del desarrollo económico y social de su entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 1 de abril de 2004.
Dip. Marisol Urrea Camarena
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL EJECUTIVO A EFECTO DE QUE, EN LA PROXIMA REUNION DEL ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, LA DELEGACION MEXICANA SE MANIFIESTE PORQUE SE DE ESTATUS JURIDICO DE PRISIONEROS DE GUERRA A LOS PRESOS AFGANOS Y DE OTRAS NACIONALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BASE MILITAR ESTADOUNIDENSE DE GUANTANAMO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
La situación creada por el traslado a Guantánamo de los presos de Al Qaeda y su posterior encarcelamiento en condiciones inhumanas por parte de Estados Unidos han causado preocupación a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y las que tiene una misión más vinculada con el derecho internacional humanitario y la asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Estados Unidos los considera "combatientes ilegales", categoría que no existe en derecho internacional, para justificar la no aplicación del derecho internacional humanitario. Parece claro, sin embargo, que esos detenidos son prisioneros de guerra, ya que en el momento de su detención reunían las características que los Convenios de Ginebra establecen para esa consideración: responder a una autoridad, llevar uniforme que permita su reconocimiento, portar armas...
Es más, el artículo 4.A del III Convenio de Ginebra, relativo al trato de prisioneros de guerra de 1949, incluye en esta categoría no sólo a los miembros de las Fuerzas Armadas sino a miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados.
Como en otras facetas del derecho, caben interpretaciones, pero la mayoría de los especialistas coincide en que esos detenidos son prisioneros de guerra. El III Convenio es extraordinariamente prolijo en consideraciones sobre el trato humano a esos prisioneros y el respeto de su dignidad.
En función de la categoría que se aplique a los detenidos se aplicaría el derecho internacional humanitario y, en concreto, el III Convenio de Ginebra o no. Parece que Estados Unidos pretende establecer diferencias entre unos y otros prisioneros catalogando como prisioneros de guerra a los que demuestren su pertenencia al ejército regular afgano y considerando terrorista al resto.
Estados Unidos es parte desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En él se contienen cláusulas sobre el derecho a impugnar la legalidad de la detención, comparecer ante un tribunal independiente, el derecho a guardar silencio y la asistencia letrada. Todas esas cuestiones no se están cumpliendo en este caso.
Por otra parte, es muy significativo que Estados Unidos no haya firmado el I Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, que concreta esos temas al establecer, por ejemplo, que "si hubiera alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando de la protección del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto" (artículo 45.1).
No puede argumentarse por tanto que haya un vacío jurídico para justificar las medidas que están tomando las autoridades estadounidenses.
Al margen incluso de las consideraciones jurídicas y de la discusión sobre el derecho aplicable, el trato dado a esos detenidos no parece respetar la menor dignidad. Privados de sus sentidos, esposados de manos y pies, arrodillados, el trato degradante a que se les está sometiendo no está justificado.
Las normas humanitarias y, en concreto, el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra establecen que las personas que hayan quedado fuera de combate "serán en todas circunstancias tratadas con humanidad" y que a tal efecto quedan prohibidos en cualquier tiempo y en cualquier lugar los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
Las declaraciones de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, diciendo que el clima de que disfrutan en Guantánamo es mucho mejor que el de Afganistán y otras "perlas" reflejan un desprecio por el derecho internacional y una actitud inaceptable.
Los dramáticos sucesos del 11 de septiembre fueron un crimen monstruoso y sus responsables merecen todo el castigo, pero éste debe venir por la vía de la aplicación del derecho y no por la negación de éste. La lucha contra el terrorismo y las amenazas contra la seguridad debe realizarse bajo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ser compatible con un derecho internacional difícilmente construido, sobre la experiencia, precisamente, de las monstruosidades de las guerras y de las violaciones de los derechos humanos. Combatir el terror con más terror no parece la solución si queremos un mundo más justo y libre.
Por lo anterior
El suscrito, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Unico. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión exhorte al titular del Ejecutivo para que en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por celebrarse en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana se manifieste porque se otorgue de inmediato el estatus jurídico de prisioneros de guerra a los presos afganos y de otras nacionalidades que se encuentran en la base militar estadounidense de Guantánamo, República de Cuba.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2004.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS INDIGENAS EN EL ESTADO DE PUEBLA GRISELDA TIRADO EVANGELIO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARIA AVILES NAJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Rosa María Avilés Nájera diputada federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que el pasado 6 de agosto de 2003 en la madrugada fue acribillada con un arma de fuego, la defensora de derechos humanos de los indígenas Griselda Teresa Tirado Evangelio de 37 años de edad.
Que no dejamos de señalar su labor loable en la defensa de los grupos indígenas, en particular de la etnia de la que ella era originaria que es la totonaca, y que, en las primeras declaraciones tanto de las organizaciones sociales y políticas, así como del gobierno del estado, se manejaron los posibles móviles de tales hechos como asociados a su actividad a favor de los derechos humanos.
Que a dos días del asesinato, la opinión pública fue alertada porque el secretario de Gobernación del estado de Puebla, Carlos Arredondo Contreras, rechazó que este asesinato fuera un crimen político o tuviera relación con su actividad de consejera del tercer distrito federal electoral, porque dijo "no hay elementos para considerarlo en ese rango." Declaró también, que tenían a 25 elementos de la policía judicial, peritos y agentes del Ministerio Público. No obstante lo anterior, Manuela Tirado hermana de Griselda, declaró vía telefónica, que hasta el domingo (cinco días después del crimen) se presentó el primer perito de la Procuraduría General de Justicia a revisar el lugar del crimen; abundando sobre este punto y manifestando que el lugar no estaba resguardado y no se habían hecho revisiones para buscar pistas, ni tampoco interrogatorios para aportar pruebas.
Que lo anterior, resulta grave toda vez que es contradictorio con las declaraciones de dicho servidor público, ya que el domingo 10 de agosto por la noche y a lo largo de tres horas, la familia de Griselda Tirado estuvo siendo amedrentada por varios sujetos que incluso intentaron introducirse a su domicilio.
Que aunado a lo antes expuesto, el 11 de agosto, el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, Igor Rodolfo Archundia confirmó a la Organización Independiente Totonaca (OIT) que a partir de ese día, cuentan con escolta y seguridad en su vivienda los familiares de la asesinada Griselda Tirado, agregando que después de una consulta a la Secretaría de Gobernación del estado valoró si dicha protección se iba a extender a otros dirigentes de la OIT.
Que las declaraciones, reclamos de distintas organizaciones, coinciden en pedir se esclarezca el crimen de la defensora de los derechos humanos de los indígenas de esta región y que este hecho por haber sido perpetrado contra una figura reconocida en el ámbito político, tenía implicaciones políticas, sin embargo pareciera que no hay voluntad de avanzar en clarificar los hechos.
Que no dejamos de señalar que el pasado 23 de septiembre del 2003, solicitamos ante éste órgano colegiado se exhortará a las autoridades para avanzar en las investigaciones.
Que en días recientes nos encontramos que en los medios hay declaraciones oficiales, con ruedas de prensa en donde las autoridades poblanas; el procurador general de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez, junto con el director de la Policía Judicial del estado, Manuel Méndez Marín y el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo, manifestaron que todo indicó que fue un crimen pasional perpetrado por Amelia Cruz Sánchez y Zamudio García Reyes, con el supuesto de que la primera la mandó asesinar "porque se enteró de que la abogada, defensora de los derechos humanos, sostenía relaciones de amasiato, con su esposo y que estaba siguiendo un proceso de divorcio entre Amelia y José Luis Vallarta.
Llama la atención entonces, que la Procuraduría General de Justicia haya dado protección a la familia y haya solicitado extenderla a otros miembros de la OIT.
Todo parece indicar, que a los servidores públicos se les olvida que tenemos memoria, es por ello que sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, solicita al procurador general de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez, proporcione la información que se considere pertinente, asimismo, que los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se entrevisten con el servidor público mencionado a efecto de intercambiar puntos de vista en relación con el caso del asesinato de la defensora de los derechos humanos Griselda Tirado y las declaraciones dadas a conocer en las ultimas fechas del resultado de las indagatorias y, una vez cumplido con su cometido, informen a esta Soberanía sobre el estado que guarda la causa penal 044/2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2004.
Dip. Rosa María Avilés Nájera
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RETIRE LAS RESERVAS AL PACTO DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL EN MEXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El 3 de marzo del año en curso en Washington, DC, por Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la audiencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue tramitada por los organismos civiles nacionales e internacionales de derechos humanos.
El objetivo de la audiencia según se estableció en la petición formulada el 14 de febrero de 2004 será informar a la CIDH sobre la situación actual del derecho a la asociación sindical en México. En particular, enfatizar sobre la práctica del Estado mexicano, a través de sus distintos órganos de gobierno de limitar el pleno ejercicio de la libertad sindical a través de la presentación de casos específicos (criminalización contra trabajadores petroleros, CNTE y el reciente creado sindicato independiente en el sector salud; despidos en la CFE y kaltex; diversas violaciones en Sitesabes, Caminos y Puentes federales, trabajadores de compañías contratistas en las Plataformas petroleras, DURO, INEGI, trabajadores de gasolineras, Aviacsa, etcétera) , así como señalar las deficiencias y omisiones de la legislación vigente para el eficaz respeto y protección de este derecho a cargo del Estado mexicano.
El diagnóstico sobre la situación de lo derechos humanos en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en México, presentado en diciembre al titular del Poder Ejecutivo Federal, reconoce como se obstaculiza la libertad de asociación en materia laboral en el país: "en cuanto a la libertad de asociación éste encuentra serios obstáculos en México en relación con su ejercicio para hacer valer los derechos de los trabajadores" ( capítulo II, acápite 2.3.2.2., página 49, 2004).
El derecho a la libertad sindical pese a su reconocimiento en los artículos 9º y 123 constitucionales, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la actual administración del gobierno foxista ha mantenido las limitaciones de orden normativo para hacerlo efectivo, sin que dicha administración tutele, garantice y dé satisfacción plena a este derecho esencial de los derechos humanos laborales.
La actual administración ha desoído la recomendación emitida en 1999, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con sede en Ginebra. Primero le hace una observación que a la letra dice: el Comité también lamenta que no se tenga la intervención de retirar la reserva del Estado parte con respecto al artículo 8º del Pacto (libertad sindical, PIDESC, 1966) ... el Comité lamenta en particular que el sindicalismo en el sector público no sea pluralista, y que no se elija por voto directo a los dirigentes sindicales (párrafo 23); y remata con una recomendación: " el Comité pide que el Estado parte cumpla sus obligaciones en virtud del artículo 8º del Pacto y retire la reserva que se ha formulado a este artículo (párrafo 39).
El gobierno mexicano al mantener la reserva en relación al artículo citado, formulada al momento de adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en vigor para México desde 1981, rechaza un elemento de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de libertad sindical y huelga, y sigue retrasando la adecuación de la legislación laboral en la materia.
La declaración interpretativa formulada por el gobierno mexicano respecto a los derechos sindicales contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales será en el mismo sentido que el interpuesto al Protocolo de San Salvador estableciendo que se aplicaran "dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los estados Unidos mexicanos y de sus leyes reglamentarias".
Ambas declaraciones interpretativas permiten que subsistan dentro de la legislación mexicana, una serie de restricciones, exigencias, e impedimentos para la libertad de asociación sindical (restricciones que nada tienen que ver con seguridad nacional, órdenes públicos o derechos y libertades ajenas). De ahí que los organismos co-peticionarios soliciten a la CIDH recomiende al Estado mexicano medidas de aplicación inmediata al ejecutivo para desahogar el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido referidos a este derecho fundamental de los trabajadores.
Por eso, un compromiso efectivo con este derecho dará contenido a la transición democrática que necesita el país, abonará en el necesario desmontamiento del corporativismo sindical que aun esta pendiente, e inhibirá en cierto sentido la represión contra los trabajadores democráticos y será la concreción de los compromisos que el gobierno foxista firmó durante su campaña para la promoción de la libertad sindical en nuestro país.
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Que el titular del Poder Ejecutivo Federal retire las reservas al artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo a la libertad sindical.
Segundo.- Que el Estado mexicano a través de las instituciones del Poder Ejecutivo federal como la Procuraduría Federal del Trabajo realicen las acciones conducentes a la protección del derecho de libertad sindical de los trabajadores mexicanos.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL BUQUE CHILENO ESMERALDA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCIA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a no aceptar la entrada al barco escuela Esmeralda en aguas y puertos mexicanos.
1 de abril de 2004.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, A LA ASOCIACION RAFAEL FLORES CANELO Y A LOS MIEMBROS DEL BALLET INDEPENDIENTE A RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Inti Muñoz Santini, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las instituciones culturales en nuestro país no están viviendo un proceso de transición democrática. Los vicios del régimen priísta continúan a la vista: rezago histórico en la creación de escuelas de iniciación artística, incipiente y fastuosa inversión en infraestructura cultural, atraso en la homologación de sueldos en los sindicatos de trabajadores del INBA y el INAH, uso discrecional de recursos públicos, instituciones despóticas sin un marco jurídico y democrático, soberbia de funcionarios en la toma de decisiones, menosprecio de áreas estratégicas como la danza, la música y la educación artística.
Así resulta muy significativo el extraño caso del manejo de recursos de la Unidad de Proyectos Especiales de Conaculta, durante el periodo que va del año 2001 hasta principios del 2004. Los recursos derivados del pago de impuestos y destinados para el uso de actividades y proyectos que benefician a la población deben manejarse con absoluta transparencia y no deben, por ningún motivo, beneficiar exclusivamente a los funcionarios. No es aceptable que la titular de un área tan importante como la UPX haya sido la beneficiada directa de los recursos que dicha unidad debió poner a disposición de la comunidad cultural.
En esta misma línea el desdén hacia el sector se refleja en la asignación de presupuesto, tan solo en el presente año se estipularon sólo 5,140.9 millones de pesos al sector cultural, recursos inferiores no sólo respecto al 2003 cuando la cifra ascendió a 5,338.6 millones, sino también al 2002, cuando la cifra fue de 5,226.6 millones de pesos.
En lo relativo a las reasignaciones presupuestales, los legisladores diseñamos un acuerdo para el uso de los recursos otorgados a Radio Educación y al Castillo de Chapultepec. Estos deben usarse para el Catálogo de Puestos y Servicios pues redundarán en un mejor funcionamiento de ambas instituciones. Pero también la partida otorgada para museos, vía el Instituto Nacional de Bellas Artes, debe ser respetada y utilizada para optimizar servicios de museografía y atención a públicos que otorgan los museos nacionales.
Con el objeto de darle un seguimiento puntual a este acuerdo legislativo y realizar el trabajo de observación del manejo presupuestal, la Comisión de Cultura ha solicitado a las autoridades competentes los Programas Operativos Anuales 2004 de las 11 instituciones del sector cultural, así como su estrategia para utilizar los recursos adicionales, que ascienden a 85 millones de pesos. Una vez que esta información llegue a nuestras manos, estaremos en posibilidades de llevar a cabo el seguimiento del acuerdo referido.
Otro tema que a nosotros nos interesa mucho es la creación de un marco jurídico que unifique la labor de fomento y desarrollo cultural del Estado mexicano. En la actualidad existen cientos de normas jurídicas aplicables a la cultura, pero sin relación entre sí y, en la mayoría de los casos, desfasadas de la realidad nacional y de las tendencias internacionales.
Desde nuestra perspectiva es necesario diseñar una reforma institucional y legislativa. La Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se comprometió a entregar a la Comisión de Cultura el anteproyecto del Marco Jurídico del Consejo. Sin embargo esto no ha ocurrido, es por esto que la Comisión de Cultura formuló una petición oficial a la Secretaría de Educación Pública y al Conaculta para que entreguen inmediatamente dicho anteproyecto, con el propósito de analizarlo y contribuir a convertir a dicho órgano en una institución republicana, que consolide la participación ciudadana y que logre la transparencia y eficacia en el ejercicio de sus atribuciones.
Pero además de estos temas como legisladores nos concierne promover soluciones a diversos conflictos que ocurren en el área cultural. Quiero referirme brevemente a la expulsión de 11 bailarines, hombres y mujeres jóvenes, del Ballet Independiente, compañía subsidiada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este grupo de bailarines ha tomado una serie de acciones exigiendo se abra un proceso de diálogo para resolver su reinstalación y que la Asociación Civil Manuel Flores Canelo responda a sus demandas laborales. El diálogo, no sobra decirlo, es el mejor instrumento para ponderar los problemas y encontrar mecanismos que los resuelvan.
Es por lo anteriormente dicho que propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la asociación civil Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente, que hoy luchan por sus derechos laborales, a que reanuden el diálogo y resuelvan por esta vía la reinstalación de sus integrantes. Igualmente se hace un exhorto enfático a las autoridades de Conaculta para contribuyan a dar una solución integral a los múltiples problemas del sector cultural que son producto de la falta de diálogo con la comunidad artística.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA LA INTERPOSICION DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION POR LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS MULTIPLES POR PARTE DE PETROLEOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO GOMEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal Pablo Gómez Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto estipula que: "Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional".
Que el párrafo sexto del mismo artículo establece que: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."
Que los argumentos que dieron origen al párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional en el Dictamen de comisiones (de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 1º de Octubre de 1959) establecen que:
Como la reforma liga íntimamente las prohibiciones de otorgar concesiones y contratos con el término explotación, para continuar con la interpretación de la reforma de 1960 es conveniente acudir a los significados en conjunto de los términos explotación y contratos.
La prohibición de celebrar contratos no puede entenderse literalmente, es decir, es absurdo que se prohibiera por la Constitución la celebración de cualquier contrato. Por ello, para comprender los alcances del artículo comentado, debemos atender a una interpretación que integre todo el artículo.
Si vinculamos la prohibición de contratar con la exclusividad en la explotación, se obtiene que lo prohibido sea el otorgamiento de contratos por los cuales los particulares participen de alguna manera en la explotación de hidrocarburos. Por lo que queda subsistente la capacidad del Estado (y por lo tanto de Petróleos Mexicanos) para otorgar cualquier contrato que no tenga dicha implicación.
De esta forma es sencillo explicar porque la Ley Reglamentaria después de prohibir expresamente en sus artículos 2º y 3º la participación de particulares en cualquier fase de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, etc., en su artículo 6º permite expresamente que Petróleos Mexicanos realice contratos.
Dichos artículos, a la letra dicen:
En esta Ley se comprenden con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el artículo 1º.
Artículo 3º.- La industria petrolera abarca:
I. ...
II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
III. ...
Artículo 6º.- Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones.
Lo anterior se sustenta si observamos la discusión que se suscitó en el Legislativo cuando la modificación del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en 1960, momento en el cual se introduce la prohibición de otorgar contratos.
Durante el debate en la Cámara Revisora se realiza una exposición completa sobre la conveniencia o no de la palabra "contratos" en el texto del artículo 27, pero únicamente en cuanto se refiere a la explotación minera, nunca se pone en duda la prohibición de otorgar contratos en materia de explotación petrolera, incluso se reitera en varias ocasiones por legisladores de partidos diversos el acuerdo con el texto del dictamen antes trascrito.
Ahora bien, la prohibición de contratar no se refiere a cualquier tipo de contrato, sino exclusivamente a los que permiten la explotación directa de los hidrocarburos por particulares. Al respecto, el C. Diputado Enrique Sada Baigts, durante las discusiones desarrolladas en la Cámara de Diputados, fungiendo como cámara revisora para la reforma constitucional en comento, y atendiendo a la preocupación del sector minero en cuanto a la prohibición de celebrar contratos para la explotación de recursos del subsuelo manifestada por el C. Diputado Arturo Llorente González, expuso:
Desde luego, tiene sobrada razón el compañero Arturo Llorente González, cuando afirma que si mencionamos la palabra "contratos", y los convertimos en un acto unilateral, sujetos a determinadas reglas, vendría a crearse una figura jurídica, que es en otras palabras la misma de la concesión.
[...] la Comisión no tiene inconveniente, en aras de la tranquilidad de ese sector minero tan importante en la riqueza nuestra, en retirar tanto del párrafo sexto y en su oportunidad del séptimo, el término "contratos". Pero en lo que sí la Comisión no aceptará jamás, es que se abra la puerta, para que cuando se hable del petróleo nacional, se pueda dejar a la discusión del Poder Público la celebración de contratos. La Comisión únicamente acepta repito que se retire el término "contratos", cuando se hable de la forma de explotación de los recursos naturales, pero de ninguna manera cuando se trate de la facultad del Poder Público, para explotar el petróleo y sus derivados."
Y para ello se aclara que la intención es cerrar las puertas para que la celebración de contratos en materia de explotación del petróleo y sus derivados pueda dejarse a la discusión del Poder Público. La prohibición es expresa, no podrán realizarse contratos bilaterales con los particulares que les permitan a estos la explotación de hidrocarburos; el otorgamiento de contratos unilaterales ya está prohibido porque se equiparan a la concesión.
Por ello, puede afirmarse que la intención del constituyente permanente concuerda con la explicación sobre la naturaleza de los contratos que prohíben la Constitución y su Ley Reglamentaria que se ha manifestado con anterioridad.
Reflejando el espíritu de consenso con el que fue aprobada la reforma, el Diputado Llorente expresó:
Lo que en realidad ocurre es que la Comisión redactora del dictamen, según advierto de la reiterada lectura de la parte final de este párrafo, ha deseado dar mayor énfasis y mayor vehemencia a su expresión, consignando que en tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. Y con ese énfasis y con esa vehemencia de la Comisión, no puedo estar en desacuerdo, sino por el contrario, me adhiero totalmente a la redacción, porque adhiriéndome a ella soy congruente con el pensamiento expuesto con anterioridad, más aún, cuando el petróleo, una básica riqueza nacional, debe ser explotado única y exclusivamente por el Estado Mexicano.
En la reforma a la Ley Reglamentaria de 1958 la intención expresa del legislador se dirigió a sostener fundamentalmente tres premisas:
La nación ha determinado la constitución de un organismo del Estado para tal propósito: La Nación ha adoptado, por lo tanto, como única forma de explotación del petróleo, el conducto de Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado mediante el cual se han obtenido frutos ventajosos.*
El alcance que debe tener la participación de los particulares en las actividades del estado en cuanto a la explotación de hidrocarburos debe limitarse al desarrollo de trabajos técnicos especializados, sin que éstos puedan participar por ningún concepto en actividades directas de explotación, y sin que participen de utilidades resultantes de dicha actividad: Dentro de ese campo de acción del Estado, la nueva ley reglamentaria que se propone da acceso a la iniciativa privada, señalando la forma en que los particulares pueden prestar una eficaz colaboración en el aprovechamiento colectivo del petróleo nacional, en la medida en que constitucionalmente pueden tener intervención en las actividades de la industria petrolera. Para este efecto, podrán celebrar contratos con Petróleos Mexicanos, mediante los cuales desarrollen en favor de la Nación obras, trabajos o servicios, de índole material o de carácter técnico, recibiendo a cambio compensaciones determinadas en efectivo, sin que los particulares puedan participar en las utilidades de la institución, ni obtener participaciones subordinadas al resultado d los trabajos o servicios que se les encomienden.*
* Fuente: exposición de motivos de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, presentada por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, el 25 de noviembre de 1958, suscrita sin discusión por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Que la industria petrolera nacionalizada representa el sentimiento arraigado del nacionalismo mexicano.
Que la suscripción y ejecución de los Contratos de Servicios Múltiples se traduce en un ilícito Constitucional y legal, pues por una parte se infringen los artículos 25 y 28 de la Ley Fundamental, y por la otra, el contenido material de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, en razón de que el sector público ya no tendría a su argo, de manera directa, las dos áreas estratégicas asignadas, como son, en primer lugar, el petróleo, y todos los demás hidrocarburos, y en segundo lugar, los hidrocarburos naturales que las leyes mexicanas denominan "petroquímicos básicos".
De igual manera se violaría la letra de los artículos 27 y 28 de la Constitución, porque se estarían otorgando contratos para explotar hidrocarburos (gas natural, líquido, condensado y crudo). Otorgar a empresas privadas exclusividad en una zona específica para desarrollar actividades petroleras a cambio de un ingreso garantizado para el Estado, es decir de una especie de regalía, equivale a otorgar una concesión.
El artículo 2 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque ya no se cumpliría que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera. Mediante los Contratos de Servicios Múltiples el sector privado estaría explorando y explotando gas natural (metano) y petroquímicos básicos (metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, y heptano). Así mismo estaría realizando el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración.
El artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque la nación estaría llevando a acabo la exploración y explotación de hidrocarburos en sus actividades esenciales, a través de un organismo distinto a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
El artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque el contratista estaría teniendo una participación en los resultados de las explotaciones.
Por otro lado es importante mencionar que los Contratos de Servicios Múltiples no son contratos de servicios. Son contratos de riesgo. Petróleos Mexicanos los disfraza para que la sociedad mexicana no se de cuenta de lo que significan y los acepte sin condición alguna.
Que dentro de los textos de los Contratos de Servicios Múltiples encontramos el significado de "hidrocarburos" significa componentes de carbono e hidrógeno, incluyendo los elementos asociados que ocurren naturalmente, bien sea en la superficie terrestre o subterránea, en cualquier condición física.
Que a través de los Contratos de Servicios Múltiples, las obras a contratar se agrupan en tres categorías: Desarrollo, Infraestructura y Mantenimiento.
Encontrando que dentro de las obras de Desarrollo se incluye la realización de trabajos de sísmica, construcción de caminos de acceso, perforación y reparación de pozos, y construcción de líneas de recolección.
En las Obras de infraestructura se incluye la construcción e instalación de compresores, equipo de medición, gasoductos, plantas y equipos para el acondicionamiento del gas y control de puntos de condensación.
En las obras de mantenimiento, se consideran todas las actividades correspondientes relacionadas con los pozos, las instalaciones superficiales y los ductos.
Si bien es cierto que estas obras y servicios siempre las ha contratado Petróleos Mexicanos en forma separada, también es cierto que dentro del texto de los Contratos de Servicios Múltiples, encontramos diversas situaciones que a continuación describimos para un mejor entendimiento:
Las actividades de exploración, perforación, extracción y conducción que se realizan mediante los Contratos de Servicios Múltiples derivan en actividades de explotación; situación que a todas luces es contraria a la Constitución.
Entendiendo por exploración el conjunto de tareas de campo y oficina cuyo objetivo consiste en descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos o nuevas extensiones de los existentes.
A lo largo del clausulado se advierte que el contratista realiza en sí las actividades reservadas y no únicamente la preparación de infraestructura en beneficio de Petróleos Mexicanos, como a continuación se demuestra:
"Perforación" significa todos los servicios relativos a la perforación o profundización de un pozo, incluyendo los registros, testigos y pruebas del pozo.
"Estimulación" significa una operación diseñada para incrementar la producción de un intervalo, arena, formación o Yacimiento, por medio de la inyección de ácido clorhídrico, propano o cualquier otro material.
Por lo expuesto anteriormente, es notorio que los Contratos de Servicios Múltiples son instrumentos que violentan el sentido del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, pues permite a los particulares realizar actividades propias de la explotación de hidrocarburos, mismas que están expresamente reservadas al Estado Mexicano, por medio del Organismo Público denominado Petróleos Mexicanos.
Por otra parte, llama la atención el contenido de la cláusula 9.2 (b), en cuya última parte expone que para los fines de preservar la integridad del Contrato, Petróleos Mexicanos PEMEX Exploración y Producción (PEP) no reemplazará o duplicará las obras contratadas en virtud del Contrato. Lo anterior implica un derecho de exclusividad territorial del contratista que excluye a Petróleos Mexicanos de la posibilidad de realizar las tareas que ha contratado. Es decir, en tal caso el contratista estaría sustituyendo al Organismo Público en su obligación constitucional de llevar a cabo la explotación de los productos consagrados en la Constitución y en la Ley Reglamentaria.
La Norma Fundamental utiliza la palabra "explotación" en un sentido amplio, por lo que la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional desarrolla los alcances del término en su propio artículo 3º, habilitado para ello el artículo 2º al exponer:
En esta Ley se comprende con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el Artículo 1º.
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación;
II.- La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
Por último, el artículo 4º de la Ley citada establece que la explotación de petrolíferos en manos del Estado será desarrollada por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, con lo que origina, al tiempo de una facultad exclusiva, una obligación del estado a la cual no puede renunciar y para la cual no puede ser sustituido.
Como complemento de la exposición anterior, cabe citar fragmentos de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que colabora en la aclaración del término explotación:
Ahora bien, por "Múltiples", debemos entender que se refieren a todas las actividades que se realizan en el proceso de extracción. Ahora, con los contratos de servicios múltiples será una empresa la que realice todas esas actividades y en este sentido es grave porque el Organismo Público pierde el control de todo lo que se haga al interior de ese bloque que se va a licitar en el sector de gas no asociado.
Pero como las propias autoridades lo han mencionado, estos contratos no solamente están diseñados para la extracción de gas no asociado -como ahora son Cuenca de Burgos, etc.- sino que se van a ir dando posteriormente en petróleo y esto es un paso más allá en el proceso de privatización, porque entra al corazón de donde está la renta petrolera, que es en la extracción.
Debemos tener claro que para Petróleos Mexicanos, los Contratos de Servicios Múltiples son simples contratos, y ahora en lugar de muchos sólo existirá uno. Pero también debemos tener claro que el contratismo es una actividad lucrativa de la industria privada. Pero, el asunto no es tan simple. En el caso de las industrias eléctrica y petrolera, la Constitución del país es muy clara: NO se otorgarán concesiones ni contratos. Esa disposición es aplicable al presente caso, porque el gas no asociado es un hidrocarburo a los que se refiere la Constitución y, su explotación y aprovechamiento, es parte del proceso de trabajo petrolero que corresponde realizar a Petróleos Mexicanos, de manera exclusiva, según lo indica la Constitución.
Con la implantación de los Contratos de Servicios Múltiples se ha avanzado considerablemente en la indebida privatización de la petroquímica. Se trata de una privatización velada, silenciosa e inconstitucional.
En virtud de lo anterior, considero que estamos en presencia de contratos, a través de los cuales Petróleos Mexicanos cederá al contratista la exploración, la prospección de zonas perforables, la perforación, la extracción, la conducción y la producción de gas natural, como actividades que realizará sustituyendo al organismo público y recibiendo un pago en montos diferidos que generan intereses y que, en algunas ocasiones, dependen de los niveles de producción a manera de regalías,poniendo en entredicho el beneficio económico que finalmente recibiría Petróleos Mexicanos y la propia Nación de este tipo de explotación de los hidrocarburos.
Es evidente que, de generalizarse este tipo de contratos, las empresas públicas de energía transformarían su naturaleza industrial en simples administradoras de contratos, con las implicaciones tecnológicas y profesionales que sobrevendrían en el futuro.
Es por esto que, nuestra fracción propone impugnar el acto administrativo que otorgaría eventualmente dichos contratos, para impedir por los medios necesarios la virtual privatización, así sea parcial, de las actividades de explotación de los hidrocarburos mexicanos. Para ello, la vía de impugnación jurídica idónea debe dar origen al análisis de la constitucionalidad del propio contrato que se pretende adjudicar mediante el concurso, la suscripción de los contratos, el que deberá ser siempre lícito y de posible realización o de lo contrario el procedimiento completo deberá ser inválido. La vía óptima es, entonces, la interposición de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Controversia representa un instrumento de control amplio de la constitucionalidad de los actos del poder público de muy diversa índole. En efecto, el artículo 105 constitucional, en su fracción I, establece la facultad de la Suprema Corte para resolver las controversias constitucionales que se susciten entre dos Poderes de la Federación, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En este sentido, el Legislativo Federal estará facultado para interponer el recurso en contra del acto del Ejecutivo Federal que origina el contrato, pues dicho acto se estima inconstitucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Honorable Cámara de Diputados aprueba interponer Controversia Constitucional contra el Poder Ejecutivo Federal por la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples.
Segundo.- El pleno de la Cámara de Diputados instruye al Presidente de la Mesa Directiva para que en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Controversia Constitucional en contra de la suscripción de los Contratos de Servicios Múltiples, por ser violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día primero de abril de dos mil cuatro.
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
El pasado 9 de octubre del 2003, su servidora Martha Palafox Gutiérrez, presentó ante el pleno de esta soberanía una iniciativa de ley que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación y adiciona uno nuevo, a fin de que sea creado un nuevo fondo en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se destine a los desempleados de nuestro país.
Para nadie es un secreto que hoy el más grave problema que vive nuestro país, es la falta de empleos y los constantes despidos masivos de que son objeto miles de trabajadores mexicanos.
No se trata de una medida subsidiaria o paternalista como se ha querido ver. Se trata de una medida de política económica dirigida a estimular la demanda, sobretodo en inversión y consumo y que, en la medida de lo posible, fortalezca nuestro precario mercado interno, con productos nacionales que, al mismo tiempo, coadyuve a que los productos de miles de empresas mexicanas (las pequeñas y medianas principalmente) se puedan demandar.
Pero también es una medida de justicia para los trabajadores despedidos y para los que ingresan a mercado de trabajo y no encuentran. Para las y los jóvenes que estudian, entre la incertidumbre de no tener para costearse sus estudios. Para las madres solteras, que al no tener oportunidades de empleo y sacar adelante a sus hijos, muchas de ellas se convierten en "carne de cañón", obligándoles a realizar actos ilícitos y denigrantes.
También va dirigido a los campesinos, que al no tener los mínimos para subsistir, emprenden el camino del "sueño americano", encontrando muchos de ellos la muerte. Lo mismo para los que tienen algún problema de discapacidad que, la mayoría de las veces, por su condición son discriminados y les es prácticamente imposible conseguir un empleo. Lo mismo va dirigida a las personas de la tercera edad que no son jubilados ni pensionados.
Pero también es una propuesta federalista. Por eso se propone la creación de un nuevo fondo de aportaciones en el ramo 33. Los criterios para la distribución equitativa de este nuevo fondo será la tasa de desempleo abierta que publica el INEGI por cada una de las entidades federativas, en función de su población económicamente activa. Los responsables de aplicar estas partidas serán los ejecutivos de los estados.
Por todo ello, y considerando que la tasa de desempleo abierta sigue creciendo, ubicándose en el mes de febrero de este año en casi 4%, la economía sigue estancada y la situación de incertidumbre cada vez se agudiza más, es que vengo ante esta soberanía, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, instruya a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que sea dictaminada la iniciativa de referencia.
Si esta excitativa no fuera suficiente, le rogaría respetuosamente señor Presidente, instruyera lo conducente para que sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es donde originalmente se propuso fuera turnada.
Muchas gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de marzo del 2004.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
COMISION |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 30 de marzo de 2004 doc
Listado de Inasistencias día 30 de marzo
de 2004 doc
Nota: Las diferencias que
existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden
variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias
justificadas respecto a la presente lista.
A su reunión de instalación, que se efectuará el jueves 1 de abril, a las 8:30 horas, en el salón Libertadores, edificio H, primer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con el licenciado Herbert Taylor, coordinador general del Plan Puebla Panamá, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el jueves 1 de abril, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión plenaria, que se realizará el jueves 1 de abril, a las 10 horas, en el salón de usos múltiples situado en el edificio D, planta baja.
Orden del Día
 
 
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su quinta reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 1 de abril, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Comisión.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
Al Foro de consulta sobre telecomunicaciones, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 15:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Angel Heladio Aguirre Rivero
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A la última del ciclo de mesas redondas Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería parlamentaria, que se llevará a cabo el 1 de abril, de las 17:30 a las 19:30 horas, en el auditorio Sur de la Cámara de Diputados.
Programa
Gobernabilidad: Cultura de la legalidad e ingeniería
parlamentaria
Auditorio Sur, H. Cámara de Diputados
Segundo día: Gobernabilidad (eficacia legislativa) e ingeniería parlamentaria
Jueves 1 de abril de 2004.
17:30 horas
Presentación: Ulises Beltrán, División de Estudios Políticos, CIDE.
1. Dimensiones teóricas del problema.
Josep M. Colomer, División de Estudios Políticos,
CIDE.
2. Sistemas y reglas en una comparación internacional.
Andre Blais, Département de Science Politique,
Université de Montréal, Canadá.
3. México: Las reformas necesarias.
María Amparo Casar, Coordinación de Asesores
de la Secretaría de Gobernación, México.
4. Nueva Zelanda: De la uninominalidad a la representación
proporcional.
Jack Vowles, Department of Political Studies, University
of Auckland, New Zealand.
5. Japón: De la representación proporcional
a la uninominalidad.
Ken'ichi Ikeda, Department of Social Psychology, The
University of Tokyo, Japón.
6. El presidencialismo en América Latina.
Gabriel Negretto, División de Estudios Políticos,
CIDE, México.
7. India: Gobernabilidad en la democracia más grande
del mundo.
Sandeep Sashtri, Professor and Dean of Research and Social
Science International Academy for Creative Teaching, MATS University, Bangalore,
India.
8. Reformas y gobernabilidad en Europa, con acento en
Alemania.
Helmut Schmidt, Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung (MZES), Universität Mannheim, Alemania.
Bernard Wessells, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) Reichpietschufer, Berlín, Alemania.
Clausura del evento
19:30 horas
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración de la Coordinación Interinstitucional, que se llevará a cabo el jueves 1 de abril, a las 18 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión de trabajo con la Procuraduría General de la República, para la integración del Comité Solidario, que se llevará a cabo el viernes 2 de abril, a las 11 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 6 de abril, a las 9 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el jueves 15 de abril, a las 13 horas, en las instalaciones de la Comisión, edificio D, cuarto piso.
Orden del Día