CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Presentes
A la Junta de Coordinación Política fue turnada, para su estudio y resolución, una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una Sesión Solemne el día 16 de octubre, para conmemorar el 50 aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del Derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, presentada por la diputada Leticia Gutiérrez Corona, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo.
La Junta de Coordinación Política abordó el tema en reunión de trabajo y coincidió en la importancia de conmemorar que hace 50 años, el 17 de octubre de 1953, fue reformado el artículo 34 constitucional con objeto de reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser electas para cargos de representación popular en el ámbito municipal, estatal y federal, acontecimiento de gran relevancia en la historia moderna de nuestro país, por ser el parteaguas del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.
Esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda convocar a Sesión Solemne para conmemorar el 50 Aniversario de la incorporación a la Constitución General de la República del Derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, a celebrarse el día 16 de octubre a las 11:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta será la única sesión a llevarse a cabo ese día.
SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá el orden del día, el protocolo, así como la organización de la Sesión Solemne referida en el artículo anterior, en coordinación con la Comisión de Equidad y Género.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General para que proporcione el apoyo necesario para la realización de dicha sesión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de octubre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yánez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia
(Aprobado en votación económica. Octubre
9 de 2003.)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA DESIGNACION DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN REPRESENTACION DEL PODER LEGISLATIVO
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, párrafos 1 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a los oficios No. SE/2106/03 de fecha 1 de septiembre de 2003, firmado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, dado a conocer en el Pleno de esta H. Cámara de Diputados el día de hoy, me permito hacer de su conocimiento que los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Convergencia, han designado a los siguientes diputados para integrarse como Consejeros Electorales ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en representación del Poder Legislativo:
PRI
Dip. Miguel Angel Yunes Linares
Propietario
Dip. Mario Carlos Culebro Velasco
Suplente
PAN
Sen. Jorge Zermeño Infante
Propietario
Dip. José González Morfín
Suplente
Dip. Sergio Penagos García
Suplente
PRD
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Dip. Elpidio Tovar de la Cruz
Dip. Daniel Ordóñez Hernández
PVEM
Dip. Luis Antonio González Roldán
Propietario
Dip. Jorge Legorreta Ordorica
Suplente
Dip. Alejandro Agundis Arias
Suplente
PT
Dip. Pedro Vázquez González
Propietario
Dip. Oscar González Yáñez
Primer suplente
Dip. Joel Padilla Peña
Segundo suplente
PC
Dip. Luis Maldonado Venegas
Propietario
Dip. Jesús Emilio Martínez Alvarez
Suplente
Dip. Jesús Porfirio González Schmal
Suplente
Solicito a usted lo comunique de inmediato al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Atentamente
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta
Exposición de Motivos
Con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la situación de desempleo que vive el país, vengo a proponer a esta soberanía una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que sea creado un fondo en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para que se destine a los desempleados del país.
Un seguro del desempleo es lo que estoy proponiendo, apoyada por el grupo parlamentario del mi partido, el PRI.
El derecho a tener una vida digna es el fundamento de los derechos humanos.
La dignidad es la esencia de la naturaleza humana, dejando en claro que por ésta al ser humano se atribuye una serie de cosas o bienes que le corresponden por ese estatuto ontológico referido. Estas cosas o bienes son, en nuestra opinión, lo que identificamos como derechos humanos.
Según cita Javier Saldaña, "entre los bienes que constituyen derechos naturales debidos al hombre, en virtud de su propia naturaleza, encontramos:
El artículo 123, apartado A, fracción XXIX, establece: "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares".
Esa disposición constitucional se correlaciona con los artículos tercero, inciso a), que establece: "... será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo"; y 25, que indica: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la economía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
Artículo 25: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
"Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación, la planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal."
En mérito de esa disposición constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A, del 10 diciembre de 1948, establece:
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, establece en el capítulo del derecho a la seguridad social, en el artículo XVI, que toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medio de subsistencia".
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución dos mil doscientos A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de enero de 1966, de conformidad con el artículo 27; artículo 11, "observación general sobre su aplicación. 1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
En ese tenor, si el hombre debe trabajar para sobrevivir, su actividad necesaria debe contribuir a la satisfacción de los requerimientos mínimos, con dignidad y con decoro la existencia cotidiana del trabajador y su familia.
El derecho a trabajar responde a la posibilidad de la persona para obtener trabajo. El Estado debe establecer políticas de empleo para concretar las aspiraciones de cada uno de los ciudadanos. Consiste en la obligación del Estado frente al individuo de proveer una tarea útil en caso de necesidad; en suma, la obligación estatal correlativa de otorgar ocupación.
Para el constitucionalista y laborista mexicano Jorge Lastra y Lastra, "la necesidad de seguridad se traduce, por parte de los seres humanos, en conservar el bien logrado y evitar los males que contra él conspiran. El individuo trata de protegerse contra la incertidumbre del mañana, contra la miseria que podría resultar al disminuir sus capacidades físicas e intelectuales".
La seguridad social tiene por objeto, según Metter, "crear, en beneficio de todas las personas y sobre todo de los trabajadores, un conjunto de garantías contra ciertas contingencias que pueden suprimir su actividad e imponerles gastos suplementarios".
Por su parte, Ferrari cita: "Todo grupo social bien organizado debe asegurar a cada uno de sus miembros, en cualquier eventualidad, condiciones mínimas y decorosas de vida".
Para Mario de la Cueva, "la idea de seguridad social respondió a un clamor universal (...) en beneficio de toda la humanidad y todas las sociedades" (Briceño Ruiz).
El artículo 123, fracción XXIX, considera de utilidad pública la Ley del Seguro Social. ¿En qué consiste la utilidad pública? Según Guillermo Cabañedas, es la que resulta conveniente para la masa de individuos que componen el Estado o, con mayor amplitud, para la humanidad en su conjunto".
La ley reglamentaria, en el artículo IV; califica el Seguro Social como "un servicio público de carácter nacional". Eso implica considerar ésta "una actividad realizada preponderantemente por la administración pública".
En tal sentido, el artículo 5 establece: "La organización y administración del Seguro Social está a cargo del organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social".
En los países desarrollados es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón aplican esta medida de estímulo de la demanda, como el seguro del desempleo.
De tal suerte, no es argumento válido decir que ésta es una medida paternalista o subsidiaria, cuando los padres del neoliberalismo son muy proclives a aplicar ese tipo de políticas.
Esta iniciativa de ley la proponemos como una medida que estimule el consumo y la inversión, y que fortalezca el mercado interno, hoy visiblemente menguado por una liberalización comercial que empieza a dar signos de distorsión, con los objetivos que la crearon.
Esta propuesta también repercute en las empresas en nuestro país, que se verán favorecidas, en lo posible, con los recursos que recibirán de los hoy sin empleo.
Cuidar sus empresas lo hace la mayoría de los países desarrollados. En México hemos escuchado voces, como la de la Presidenta de Cámara Nacional de la Industria de Transformación, sobre la necesidad de estimular nuestras empresas nacionales para fortalecer el mercado interno.
No se trata de volver al viejo proteccionismo de los sesenta y setenta, pero tampoco de una sobreliberalización, que anarquiza el mercado y atenta contra muchas empresas de mexicanos.
Para nadie es un secreto que hoy el país ha perdido el rumbo y necesitamos encauzarlo. La economía no ha crecido desde 2000, cuando el gobierno en turno prometió 7 por ciento de crecimiento del PIB y la creación de 1 millón 300 mil empleos.
Por el contrario, el crecimiento ha sido cero y la tasa de desempleo abierta hoy se ubica en 3.96 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), que asciende a 41 millones de personas
Eso significa que poco más de 1 millón 600 mil personas se encuentran en la incertidumbre de cómo sobrevivir cada día, muchas de ellas con su familia.
Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha recomendado a nuestro país aplicar medidas como el seguro del desempleo porque, según el organismo internacional, México se ubica en el último tercio del grupo de países miembros que tienen menos de la media establecida de 65 por ciento de empleo. Actualmente, en México sólo 60 por ciento de la PEA tiene empleo.
Con datos del INEGI y considerando una PEA en el rango de 20 años en adelante, 15.7 por ciento gana menos de un salario mínimo; 24.3 por ciento, de uno a dos salarios; y 21.4 por ciento, hasta tres salarios. En tanto, 9.1 no recibe ingresos.
Una simple suma aritmética nos dice que 25 por ciento de los individuos con empleo ganan menos de un salario mínimo o no reciben ingresos, sin tomar en cuenta la tasa de desempleo abierta. Es decir, estamos hablando de que casi 30 por ciento de la PEA no cuentan con el mínimo necesario para subsistir.
Por eso resulta muy importante impulsar este seguro. Es un acto de justicia para los que menos tienen y una medida económica que estimulará la demanda y favorecerá el mercado interno, pero también deberá contarse con los recursos presupuestales para impulsarlo.
Somos conscientes de que los recursos son escasos, pero también sabemos de los subejercicios del PEF, que han sido frecuentes en los últimos años. En el mismo sentido se encuentra el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, donde la propia Auditoría Superior de la Federación ha encontrado posibles irregularidades en algunos créditos del programa, cuyo monto supera 50 mil millones de pesos.
De todo eso se infiere que hay una danza de miles de millones de pesos, que pertenecen al pueblo de México y que bien a bien no sabemos qué se hace con ellos.
Si a ello agregamos el gasto corriente, que ha crecido en la administración pública por arriba del gasto de inversión, creo que los recursos existen, sólo debe haber voluntad para asignarlos.
Pero también esta iniciativa busca fortalecer el federalismo, por eso se plantea la creación del fondo del seguro del desempleo en el Ramo 33.
Lo hemos planteado así porque creemos que deben ser corresponsables los Ejecutivos de los estados en la aplicación de este fondo del seguro del desempleo en sus entidades, tomando como indicador base la tasa de desempleo abierta de la Encuesta Nacional de Empleo que publica el INEGI.
Como se aprecia, la propuesta va dirigida a todos los desempleados; a los estudiantes que no pueden costear la escuela; a los matrimonios jóvenes, donde muchos jefes de familia sin empleo tienen que recurrir a la aventura de irse de indocumentados a Estados Unidos; a las madres solteras; a los campesinos e indígenas; a las personas de la tercera edad que no son jubilados y pensionados; y a las personas con problemas de discapacidad, entre otras.
Lo reitero: este seguro no significa ningún subsidio. Es una medida que estimulará la demanda, que generará inversiones y aumentará el consumo, privilegiando al empresario nacional y el mercado interno.
Este millón 600 mil desempleados, que recibirán el equivalente a un salario mínimo diario, significa incrementar el mercado interno por un monto equivalente a 22 mil millones de pesos, apenas 0.33 por ciento del PIB, menos recursos de lo que reciben los bancos comerciales a través de la Federación, en el Programa de Capitalización y Compra de Carteras o menos de la mitad de los "supuestos" créditos irregulares denunciados por la Auditoría Superior de la Federación.
Para tal efecto, se somete a su consideración la siguiente
Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y le adiciona un nuevo artículo, para quedar como sigue:
Artículo 25.
Con independencia de lo establecido en los capítulos I y IV de esta ley, respecto a la participación de los estados, municipios y Distrito Federal en la Recaudación Federal Participable, se establecen las aportaciones federales como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:
V. Fondo de Aportaciones Múltiples;
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
y del Distrito Federal; y
VIII. Fondo de Aportaciones para aplicarse como un
Seguro del Desempleo.
Artículo 46.
Las aportaciones federales con cargo al seguro del desempleo se constituirán con cargo a recursos federales, que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las aportaciones que reciban las entidades federativas se destinarán exclusivamente a las personas desempleadas, tomando como indicador base la tasa de desempleo abierta que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo con su Encuesta Mensual de Empleo Urbano.
Artículo 47.
Se hace notar que esta iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se presenta en tiempo y forma, con el propósito de que sea turnada de manera urgente a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004.
Transitorio
Unico. La presente iniciativa de ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Octubre 9 de 2003.)
La situación del campo mexicano continúa siendo de auténtica emergencia nacional. Las condiciones de improductividad y depauperación de los millones de personas que en él habitan, constituyen una de las más graves y lacerantes realidades de nuestra patria. La falta de recursos económicos, de oportunidades de empleo, la degradación de suelos, bosques y selvas, las enfermedades y el hambre que se padecen en la mayoría de las zonas rurales se enfrentan con una política agropecuaria insuficiente, lenta, autoritaria y que está dirigida sobre todo a los cultivos que tienen rentabilidad en el comercio con el exterior.
La desgravación arancelaria que está teniendo lugar, con motivo de la implementación de las diversas etapas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la liberalización comercial, con prácticamente todas las regiones del mundo, han puesto en jaque a la agricultura nacional, que compite con desventajas tecnológicas y bajo un esquema en el cual se han ido eliminando los subsidios a los precios agropecuarios ante la fragilidad de los programas de compensación social en el campo, que resultan vanos para mitigar el hambre y la pobreza.
Frente a esta situación se erige el proteccionismo de los países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, que a través de la "Farm Bill" ha previsto subsidios directos a la producción agropecuaria por cerca de 120 mil millones de dólares en los próximos diez años.
También es el caso de la producción europea, donde se paga incluso por no producir para mantener el control de los precios internacionales y cuya reglamentación sanitaria, de presentación y envasado para los productos que ingresan a sus mercados es muy difícil de cumplir por nuestros productores. De ahí su resistencia a reducir sus subsidios o a permitirlos en nuestras economías, originando el fracaso de la Ronda Uruguay y sus secuelas, como ha sido el caso de la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio, recientemente realizada en Cancún.
En este contexto, el Gobierno Federal mantiene en marcha la operación del Procampo que, en sus orígenes se planteó como un programa creado para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, así como para contrarrestar los efectos de los desequilibrios del mercado internacional sobre los productores mexicanos. Procampo se concibió, pues, para el sector de la población rural que vive en la extrema pobreza.
Con este programa, y en el marco de la actual estrategia de apertura externa, se pretende apoyar directamente a más de 3.3 millones de productores, de los cuales 2.2 millones permanecen al margen de cualquier apoyo; la reconversión hacia cultivos de mayor rentabilidad; compensar los subsidios que en los países desarrollados se otorgan a los productores agrícolas; fomentar la organización de los productores a fin de modernizar la comercialización de sus productos, incrementar la competitividad de las cadenas productivas; favorecer la producción bajo condiciones ecológicas aceptables, y abatir los precios en beneficio del consumidor final.
La instrumentación del programa está proyectada a 15 años, con apoyos constantes en términos reales durante los primeros 10 años y gradualmente decrecientes a partir del undécimo. Se pretende, por tanto, que en ese periodo los productores cuenten con nueva tecnología, se asocien y se modernicen, con el objeto de enfrentar la competencia externa en un mercado abierto.
No obstante, tomando en consideración que el del campo constituye un problema estructural agravado por la política económica que ha seguido el actual gobierno, es necesario evaluar sus alcances. Para ello basta con mirar la situación del sector social, es decir, de los ejidatarios y comuneros que conforman los 3.2 millones de productores a los que se dirige Procampo.
Las metas del programa no se han cumplido, ya que abarca sólo a una parte de los productores. El programa ha representado sólo un auxilio económico, lleno de burocratismos y controles sobre los productores, mas no ha podido ser un medio para incidir en un incremento de la producción y pasar a otras etapas de desarrollo.
Procampo ha sido utilizado para comer, para la subsistencia de un sector de las familias rurales pobres, pero no para producir y construir la generación de empleo e ingresos suficientes, como fue su principal objetivo cuando se puso en marcha en 1993.
Este es el caso de las regiones agrícolas de mi estado, Puebla, como lo es en las de todo el país. La economía está basada más en las remesas que envían los trabajadores radicados en Estados Unidos que en la producción de las regiones. El envío de los dólares del norte se observa en la vida de las comunidades; la insuficiencia de oportunidades, de empleos es compensada con los recursos que envían los paisanos de diferentes puntos de la Unión Americana. Las comunidades subsisten gracias a los dólares del norte.
Los acontecimientos actuales en nuestro país indican, pues, que la solución a los graves problemas que, entre muchos otros, vive el campo deberán resolverse necesariamente en un nuevo contexto nacional de justicia y democracia, que desborda los alcances de Procampo y de cualquier otro programa que no contemple propuestas más profundas.
Por lo anterior, compañeros legisladores, y consciente de que más allá de las diferentes ideologías que postulamos la situación del campo debe motivar una posición común a favor de nuestros productores rurales, en la Mixteca, en la Sierra de Durango, en la Sierra Negra, en la Sierra Norte de Puebla, en el Bajío, en la Costa Chica de Guerrero, en el Valle del Mezquital y en todo el campo mexicano, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que el Gobierno Federal, con la participación de los productores rurales y de los legisladores federales, inicie un proceso de revisión profunda del Procampo para que este programa retome sus objetivos iniciales de impulsar la productividad y la superación de la pobreza en el campo mexicano, proveyéndole, de frente al proceso de revisión presupuestal para el año 2004, de mayores recursos, además de fortalecer con decisión su capitalización, compensando las desventajas de los productores mexicanos del campo, frente a la mayor parte de nuestros socios comerciales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2003.
Diputados: Víctor Hugo Islas Hernández, Alberto Jiménez Merino, Guillermo Aréchiga Santamaría, Julián Nazar Morales, Arturo Robles Aguilar, Emilio Chuayffet Chemor, Jorge Uscanga Escobar, Antonio Mejía Haro, Gonzalo Ruiz Cerón, Luis Felipe Madrigal Hernández, Heliodoro Díaz Escárraga, Francisco Herrera León, Jorge Romero Romero, Alfredo Villegas Arreola, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Sami David David, Manuel Velasco Coello, Concepción Castañeda Ortiz, Jesús Morales Flores, Martha Palafox Gutiérrez, Angel Aguirre Rivero, José Rangel Espinosa, Jaime Fernández Saracho, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ma. del Carmen Izaguirre Francos, José Luis Flores Hernández, Eduardo A. Bailey Elizondo, Alejandro Saldaña Villaseñor, Gonzalo Alemán Migliolo, Fernando García Cuevas, Raúl Mejía González, Angel Buendía Tirado, Héctor Gutiérrez de la Garza, Leticia Gutiérrez Corona, Roberto Marrufo Torres, Rogelio Rueda Sánchez, René Meza Cabrera, Humberto Cervantes Vega, Gaspar Avila Rodríguez, Pablo Bedolla López, Florentino Domínguez Ordóñez, Juan Manuel Vega Rayet, Miguel A. Yunes Linares, José Alberto Aguilar Iñárritu, José Alarcón Hernández, Cruz López Aguilar, Gerardo Montenegro Ibarra, Jorge Ortiz Alvarado, Carlos Flores Rico, Wintilo Vega Murillo, Sonia Rincón Chanona, Rafael Moreno Valle, Omar Bazán, Víctor González Huerta, Emilio Badillo Ramírez, Oscar Bitar Haddad, Eugenio Mier y Concha, Rogelio Rodríguez Javier, Carlos Rovirosa Ramírez, Amalín Yabur Elías, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Enrique Escalante Arceo, Rosalinda Mazari Espín, Raúl Pompa Victoria, Nora Elena Yu Hernández, Consuelo Rodríguez de Alba, Rosario Sáenz López, Jorge Castillo Cabrera, Víctor M. Alcerreca Sánchez, José Eduviges Nava Altamirano, Mario Antonio Gutiérrez Romero, Jesús Aguilar Bueno, Evelia Sandoval Urbán, Salvador Sánchez Vázquez, Carlos Mireles Morales, Adrián Villagómez García, Javier Guízar Macías, Ma. Cristina Díaz Salazar, Graciela Larios Rivas, Armando Neyra Chávez, Alfonso González Ruiz, Emilio Serrano Jiménez, Quintín Vázquez García, Florencio Collazo Gómez, Carlos Blackaller Ayala, Fernando U. Adame de León, Jorge Utrilla Robles, Juan Antonio Gordillo Reyes, Carlos Pano Becerra, Belisario Herrera Solís, Ma. Esther Scherman Leaño, María de Jesús Aguirre Maldonado, Claudia Ruiz Massieu (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR LA SITUACION QUE VIVE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA, PARA LA PLANEACION Y PROYECCION DE SU FUTURO EN NUESTRO MARCO LEGISLATIVO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO PALMERO ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de considerar la situación que vive la agroindustria azucarera mexicana, para la planeación y proyección de su futuro en nuestro marco legislativo.
En mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
En México, dada la importancia que tiene el conjunto de la economía nacional, tanto por el valor de la producción como por el número de personas involucradas en la misma, sin soslayar su trascendental papel en la dieta diaria de la familia mexicana, la agroindustria de la caña de azúcar configura una actividad productiva no sólo de carácter histórico, sino además de interés público y social.
Importada con la Conquista, la actividad azucarera participa actualmente en la economía nacional con el 0.5% del Producto Interno Bruto y proporciona sustento a más de 440 mil familias en forma directa (mediante empleos permanentes y temporales), asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados de la República, en los que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen directamente de la agroindustria de la caña de azúcar, así como de una diversidad de actividades indirectas vinculadas a la misma en una cadena de producción-consumo tan vasta que su debacle sería catastrófica para el país.
Sobre esa base, a partir de la operación de 60 ingenios, México ocupa en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial, entre más de un centenar de países y la octava posición en cuanto al consumo, con 42 kg. anuales per cápita.
De la producción nacional, el 58% es canalizado a la industria, el 32% al uso doméstico y el 10% restante se destina principalmente al mercado internacional.
Antecedentes
La industria azucarera se ha caracterizado por el elevado costo de la materia prima (caña), cuyo precio en México es superior a los del resto del mundo, así como de elevados costos de transformación.
Con la apertura comercial, el azúcar enfrenta una mayor competencia con la fructosa, debido a la falta de modernización de los ingenios, pues el costo de reparación en los mismos ha sido muy elevado; aunado a ello, la falta de usos alternativos del cultivo, como el etanol o la cogeneración de energía, ha dado lugar a una escasa participación en el mercado internacional, la desregulación del mercado ha quedado en una situación vulnerable frente a los países que ya cuentan con estas medidas de uso alternativo, por dar un ejemplo en México el costo de la tonelada de caña es de 32 dólares americanos, mientras que en Estados Unidos es de 25.6; en Brasil, de 12.0, y en Guatemala, de 11.3.
El costo de transformación en nuestro país por tonelada de caña es de 220 dólares; necesitando un estándar de 106 para ser competitivos, son evidentes las diferencias de costos de producción que, sin duda encrudecen el sector azucarero mexicano.
De tal forma que es absolutamente necesario para poder salir de esta problemática, realizar ante todo los estudios técnicos que determinen el monto de la inversión necesaria para poder poner nuestra industria en condiciones competitivas; aprovechando totalmente el proceso de producción azucarero, obteniendo de esto beneficios desde su cosecha hasta toda la serie de subproductos que se pueden obtener, lo cual reduciría substancialmente el costo de producción, tanto del azúcar como de los otros productos y subproductos que en la actualidad se obtienen por otros conductos.
No obstante que en adelante pediré que el presente asunto sea turnado a la Comisión de Agricultura y Ganadería, hago propicia la ocasión para exhortar respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a fin de que se agilicen los trabajos encaminados a la integración de la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.
Por todo lo antes expuesto y fundado, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Siendo una prioridad nacional otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y mejorar las condiciones de la planta industrial azucarera, solicito se haga una revaloración sustancial sobre la situación que vive la industria azucarera y se requiera al Fondo de Empresas Expropiadas presente un informe puntual de las condiciones actuales de la industria de la caña de azúcar.
Segundo: Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Fondo de Empresas Expropiadas (FEESA), rindan un informe puntual del estado que guardan los ingenios que se encuentran administrados por el gobierno y la utilidad que de ellos se ha desprendido.
Tercero: Solicito a esta Presidencia se sirva turnar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Quincuagésima Novena Legislatura.
Es nuestra responsabilidad como H. Cámara de Diputados, realizar las tareas de estudio e investigación de estos asuntos, a fin de gestar las leyes y condiciones que le permitan a nuestro país el crecimiento, proyección y creación de un futuro que garantice a toda su población una mejor calidad de vida y un futuro sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2003.
Dip. Diego Palmero Andrade (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL FEDERALES Y A LOS ENTES PUBLICOS AUTONOMOS A QUE ELABOREN SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL CON CRITERIOS DE AUSTERIDAD QUE RESPONDAN A LAS DIFICILES CONDICIONES ECONOMICAS DEL PAIS Y A QUE SE LIBEREN RECURSOS PARA SATISFACER NECESIDADES URGENTES EN MATERIA SOCIAL Y PRODUCTIVA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Considerando que las condiciones económicas del país son apremiantes, que tenemos una economía estancada a lo largo de varios años, dinámicas que empobrecen a la mayoría de la población y un desempleo histórico, los tres Poderes de la Unión y los organismos autónomos estamos obligados a buscar recursos adicionales para financiar el crecimiento económico y el desarrollo social.
En los años recientes, la sociedad se ha vuelto más crítica ante los actos de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, en los que se conjugan viejos vicios y una subcultura del derroche y el despilfarro con la ausencia de una efectiva rendición de cuentas.
Hemos sido testigos de
3. Ejecutivos estatales que se elevan el sueldo por encima
de las percepciones del Presidente de la República.
4. Secretarios, subsecretarios y directores generales
que despliegan y ejercen recursos muy superiores a los de un jefe de Estado
en naciones poderosas.
5. Altísimas pensiones vitalicias para ex presidentes
de la República y ex magistrados del Poder Judicial.
6. Enormes partidas presupuestales para un Congreso federal
que trabaja cinco meses al año y carece de mecanismos internos de
transparencia y eficiencia en su trabajo.
7. Diputados locales en varias entidades del país
que ganan más que los legisladores federales.
8. Instituciones electorales cuyo presupuesto aumenta
en una lógica ajena al calendario electoral y a las necesidades
del país.
9. Consejeros electorales cuya independencia y autonomía
se garantizan con criterios absurdos de parecerse en las percepciones a
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
10. Creciente y desorbitado flujo de recursos públicos
a partidos políticos que contrasta con su bajo rendimiento como
instituciones de interés público.
11. Criterios laxos para el registro de presupuesto de partidos que ejercen prerrogativas mientras esperan la indiferencia ciudadana en las urnas, etcétera.
No hacerlo reflejaría poca sensibilidad de la clase política y de la alta burocracia frente a las difíciles condiciones que vive la sociedad mexicana. Esa indiferencia debilitaría aún más la confianza ciudadana en las instituciones y aumentaría la percepción de que ser servidora o servidor público es un verdadero enclave de privilegios, inmunidad e impunidad.
Quienes integramos la LIX Legislatura estamos obligados a impulsar iniciativas legales que reviertan esa situación o a modificar los tabuladores de salarios y las prestaciones y viáticos de los altos funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos, que envíe la Secretaría de Hacienda para su autorización en esta Cámara durante los trabajos de análisis y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por ello, hacemos el presente exhorto a las instituciones arriba señaladas a que por sí solas hagan las modificaciones de sus propuestas de presupuesto bajo criterios de honestidad y ética, a que pongan en práctica un programa de austeridad que responda a las actuales condiciones del país y, con ello, se generen confianza y certidumbre entre la población y se renueve el concepto de la función pública.
No podemos permitirnos la paradoja de contar can un gobierno pobre y burocracias privilegiadas. No podemos justificar el dispendio en sueldos millonarios, prestaciones y bonos extraordinarios bajo ninguna razón, menos aun por razones de competitividad en el mercado o como argumento contra la corrupción.
El ánimo social reclama acciones ejemplares y la situación económica del país lo amerita. Por ello, se somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Los grupos parlamentarios que integran la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados exhortan respetuosamente a las instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los tribunales y organismos autónomos, así como a entidades paraestatales, a formular y poner en práctica un programa de austeridad republicana que reduzca las percepciones excesivas en los niveles superiores y se eliminen gastos superfluos o innecesarios, que permitan liberar montos presupuestales para satisfacer necesidades urgentes en materia social y productiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2003.
Diputados: María de los Dolores Padierna Luna, Maki Ortiz Domínguez, Jesús González Schmal, Juan Carlos Pérez Góngora, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Pedro Vázquez González (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre
9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LAS DECLARATORIAS DE DESASTRE NATURAL Y AL EJERCICIO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El incremento gradual de la temperatura por el creciente consumo de combustibles fósiles ha provocado en el mundo, y desde luego en nuestro país, una disminución de climas templados y semicálidos, aumentando con ello las zonas cálido-húmedas y seco-cálidas.
Si la tendencia continúa, el cambio climático en México provocará la desaparición de los bosques de coníferas y encinos y, en todo caso, mejorarán los bosques tropicales lluviosos. Ello produciría la disminución de la superficie de cultivo de maíz, de 10.9 por ciento actual a sólo 4.34 apta para cultivo en todo el territorio nacional, producto éste considerado el alimento básico nacional, de ahí su importancia para conservar su producción.
Dicho cambio climático está provocando, entre muchas consecuencias negativas, el incremento de intensas lluvias, como las que padece el territorio nacional en la presente temporada. Por ello, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre natural en siete estados de la República.
A la hecha, la Secretaría de Gobernación ha publicado las declaratorias de desastre natural para diversos municipios de los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Asimismo, se encuentran afectados los estados de Michoacán, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
En el último comunicado emitido por dicha secretaría se informó que se habían destinado 95 millones con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los afectados por el huracán Marty, aunados a los 599 millones de pesos de 28 declaratorias anteriores y 793 millones en trámite de autorización, lo que da un monto aproximado de mil cuatrocientos ochenta y siete millones de pesos con cargo al Fonden.
En tales circunstancias, es obvio que el efecto negativo de los desastres naturales imprevisibles supera por mucho la capacidad financiera de las entidades federativas. Por ello es indispensable conocer a detalle la situación que prevalece respecto a los daños ya ocasionados, así como el ejercicio de los recursos del Fonden que deben coadyuvar a la facultad de esta Cámara establecida en el párrafo cuarto, fracción IV, artículo 74 de nuestra Carta Magna.1
Derivado de dicha información, es conveniente revisar el Acuerdo que establece las reglas de operación del Fonden y su próxima asignación presupuestal.
Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se turne a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para que se acuerde:
Unico. Se solicite a la Secretaría de Gobernación un informe pormenorizado de acciones empleadas por las declaraciones de desastres naturales y del ejercicio del Fondo de Desastres Naturales en el periodo comprendido al año en curso.
Nota:
1 La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leopoldo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Octubre
9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL LEGISLATIVO DE JALISCO A QUE POR NINGUN MOTIVO REALICE MODIFICACIONES A LA LEY DE PENSIONES DE JALISCO SIN HABER CONSENSUADO ANTES CON LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA EVELIA SANDOVAL URBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Los diputados federales por el estado de Jalisco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando la solicitud de apoyar a los trabajadores afiliados a la Dirección de Pensiones del estado, que es la dependencia encargada de administrar las cuotas y prestaciones de los servidores públicos del estado de Jalisco, para que se realice una consulta entre los trabajadores y organizaciones sindicales antes de hacer alguna modificación a la normatividad de la Ley de Pensiones del estado.
En Jalisco, una posible modificación a la normatividad de la Ley de Pensiones del estado ha impactado y llenado de incertidumbre a los trabajadores. Tengo en mi poder una copia del proyecto titulado Ley de Seguridad Social del estado de Jalisco, que me fue entregado por un grupo de trabajadores inconformes con este proyecto, porque con ello se verían afectadas las prestaciones de que hasta el momento gozan los afiliados a este organismo, dispuestas en el artículo sexto del Capítulo Segundo, referente a las Prestaciones y Obligaciones, como son pensiones por jubilación, por edad avanzada y por invalidez, éstas son sólo algunas de las prestaciones que se verían afectadas con la modificación a la normatividad de la Ley de Pensiones del estado.
Exposición de Motivos
El mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores es una preocupación y un compromiso que cada uno de los que estamos aquí adquirimos al ser elegidos por nuestros electores.
Como maestra y trabajadora afiliada a dicha institución, comparto la preocupación de mis compañeros trabajadores y por ningún motivo podemos permitir que se atente contra las conquistas salariales, laborales, profesionales y asistenciales de los trabajadores.
Los servidores públicos del estado de Jalisco tienen derecho de ser consultados y consensuados para llevar a cabo cualquier modificación a la normatividad que rige la seguridad social de la Dirección de Pensiones del estado, que cuenta con más de 96 mil afiliados, además de ser el organismo más rico del estado de Jalisco, ya que sus reservas monetarias superan los cinco mil millones de pesos.
Por esta razón, Pensiones del estado no queda exenta de caer en malos manejos o supuestos fraudes, como los realizados en dicha institución que en los últimos días la Procuraduría de Justicia, a través de una investigación, detectó: traspasos irregulares por 10 millones 200 mil pesos, razón por la cual se le realiza una auditoría. Apoyamos al Ejecutivo del estado en esta decisión y exhortamos a que la auditoría se realice de forma permanente, para evitar malos manejos e irregularidades, en cada una de las áreas administrativas de la institución.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar al Congreso del estado a que se realice una consulta con servidores públicos del estado y organizaciones sindicales antes de hacer alguna modificación a la normatividad de la Ley de Pensiones del estado de Jalisco.
Segundo.- Que una vez presentada la iniciativa correspondiente, cuide que no se vean afectadas las conquistas alcanzadas por los trabajadores al servicio del estado.
Tercero.- Que la Dirección de Auditorías a Dependencias del Ejecutivo y Empresas Paraestatales, órgano de fiscalización del Congreso local, realice las auditorías en forma permanente, para evitar en el futuro malos manejos e irregularidades, en cada una de las áreas administrativas de la Dirección de Pensiones del estado.
Compañeros legisladores, apelamos a su compromiso social y al compromiso que adquirimos con la clase trabajadora para brindar el apoyo a los servidores públicos del estado de Jalisco.
Señor Presidente, solicito sea inscrito íntegro en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria respectiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2003.
Diputados del grupo parlamentario del PRI por el estado de Jalisco: Evelia Sandoval Urbán, Lázaro Arias Martínez, Carlos Blackaller Ayala, Francisco Javier Bravo Carvajal, José Manuel Carrillo Rubio, Sergio Armando Chávez Dávalos, Enrique Guerrero Santana, José García Ortiz, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, David Hernández Pérez, J. Jesús Lomelí Rosas, Roberto Antonio Marrufo Torres, Gonzalo Moreno Arévalo, Hugo Rodríguez Díaz, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, María Esther de Jesús Sherman Leaño, Quintín Vázquez García, Rafael García Tinajero (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Octubre
9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE ABRA LA DISCUSION SOBRE LA REFORMA A SU LEY ELECTORAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE FELIPE PUELLES ESPINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Puebla sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con punto de acuerdo para que el Pleno de esta H. Cámara realice un respetuoso exhorto al H. Congreso del estado de Puebla a efecto de que lleve a cabo los trabajos necesarios para concretar una reforma electoral, bajo las siguientes
Consideraciones
Indudablemente, es un compromiso de esta H. Cámara de Diputados garantizar a la sociedad mexicana normas jurídicas que estén en sintonía con los nuevos tiempos democráticos que vive el país. Esto nos obliga a hacer grandes esfuerzos para lograr consensos y acuerdos que faciliten la tarea de sacar adelante las reformas necesarias para la consolidación del México que todos queremos. También es cierto que tenemos la obligación de opinar de los asuntos relacionados con los acontecimientos de importancia que se viven en las distintas entidades federativas, esto, obviamente, respetando la soberanía de éstas.
Estamos convencidos de que la democracia es uno de los bienes que el Estado mexicano debe tutelar por exigencia de su propia naturaleza, garantizando de esta forma los derechos políticos de los ciudadanos, así como la función electoral, a través de los ordenamientos e instituciones políticas y jurídicas del país.
En este sentido, Puebla vivirá en el 2004 procesos electorales de gran relevancia para la vida de los poblanos, por lo que es en extremo necesario que las reglas jurídicas sean lo más claras y modernas que se pueda, para que de esta forma se esté en posibilidad garantizar a los ciudadanos certidumbre y transparencia en las diferentes etapas del proceso electoral, esto es, el derecho al sufragio, la administración electoral y la solución de controversias electorales.
En Acción Nacional, desde nuestra fundación, hemos creído que las normas de los procesos electorales deben sentar las bases para la legitimidad de las autoridades emanadas de los mismos, es decir, que el primer paso para la real democracia es el proceso en sí mismo, ya que éste influye de manera decisiva en el comportamiento electoral de los ciudadanos, la conformación del sistema de partidos políticos, la distribución del poder, así como la estabilidad política de los estados.
Hay voces que de manera dolosa faltan a la verdad y anuncian a los cuatro vientos que quienes pedimos una reforma electoral no buscamos ningún otro beneficio que una ley parcial a intereses ilegítimos. Nada más alejado de la realidad. En todo caso, los que se niegan a una reforma que atienda a los principios jurídicos de igualdad, equidad, transparencia, certidumbre y eficacia electoral, son los que se han beneficiado con normas jurídicas que no están actualizadas, que no reconocen nuevas y distintas realidades políticas y sociales.
No somos ajenos a que, durante la última década, los procesos electorales federales han representado un paso importante en la evolución de la democracia nacional, permitiendo expresar libremente la voluntad del pueblo mexicano para elegir representantes legítimos y conocer de la eficacia y transparencia de las instituciones político-electorales. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que los avances alcanzados en materia electoral a nivel federal no necesariamente han sido los mismos a los que se ha llegado a nivel local.
En esta tónica, si queremos seguir avanzando hacia la consolidación de la democracia en los tres niveles que constituyen el pacto federal, aquellos que tenemos el honor de ser representantes de la nación debemos trabajar para dotar a los ciudadanos de las herramientas más eficientes, a efecto de lograr la seguridad jurídica en todos los ámbitos de la vida social, en los cuales por supuesto está incluido el electoral.
Estamos convencidos de que contar con una verdadera democracia representativa y participativa implica tener en cuenta al ciudadano en todas las decisiones políticas. ¿Pero cómo podemos hablar de democracia como una forma de vida, si de origen hay dudas razonables del proceso electoral de donde emanan los representantes de la ciudadanía?, es en este sentido que les pedimos apoyen el presente punto de acuerdo, a efecto de que esta Cámara de Diputados exhorte al Congreso de Puebla a que realice los trabajos necesarios para contar con un marco electoral claro, equitativo, eficaz y eficiente.
Que quede claro: nuestra intención no es intervenir o lacerar la soberanía del estado libre de Puebla, ni la de su honorable Congreso, simplemente deseamos que se haga realidad una antigua aspiración: que el voto de los mexicanos se cuente, se respete y se defienda con total apego a normas jurídicas justas.
Compañeros legisladores, desde aquí les hago de manera muy respetuosa, y entendiendo que el ánimo de todos los aquí presentes es el de coadyuvar al mejor desarrollo democrático de México, a que apoyemos el presente punto de acuerdo, el cual propone exhortar al honorable Congreso del estado de Puebla a abrir el proceso que reforme y modernice el Código Electoral de dicho estado. Con este gesto podríamos mandar un mensaje de madurez y compromiso de los diputados federales con las diferentes entidades federativas de México.
Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, respetuoso del pacto federal contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice un atento exhorto al H. Congreso del estado de Puebla, a efecto de que éste efectúe los trabajos necesarios para llevar a cabo una reforma electoral que modernice las instituciones y supuestos normativos relativos a los procesos electorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre de 2003.
Diputados: Angel Juan Alonso Díaz Caneja, Rogelio Alejandro Flores Mejía, Felipe de Jesús Díaz González, Jorge Roberto Ruiz Esparza, Ma. Angélica Ramírez Luna, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, José Felipe Puelles Espina (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS LIMITES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DEL VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Y LA DELEGACION TLAHUAC, ASI COMO DEL MUNICIPIO DE LOS REYES LA PAZ Y LA DELEGACION IZTAPALAPA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GILBERTO ENSASTIGA SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a los límites territoriales del Distrito Federal y el estado de México, que corresponden fundamentalmente al municipio del Valle de Chalco Solidaridad y a la delegación Tláhuac, al municipio de La Paz y la delegación Iztapalapa, límites que se establecieron en el Convenio Amistoso aprobado por el Congreso de la Unión el 11 de julio de 1994 entre el gobierno del estado de México y el Departamento del Distrito Federal para que se turne a las Comisiones del Distrito Federal, y de Desarrollo Metropolitano, bajo los siguientes
Considerandos
I. Que el estado de México y el Departamento del Distrito Federal definieron sus límites territoriales mediante los convenios celebrados por ambas entidades federativas en diciembre de 1898, mismos que fueron aprobados por el H. Congreso de la Unión, de conformidad con el contenido de las actas números del 1 al 19, de fechas 9, 16 y 30 de diciembre de 1896; 13 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; 30 de marzo; 13 y 27 de abril; 18 de mayo; 16 de junio; 7 de septiembre; 3 y 23 de noviembre y 23 de diciembre, todas éstas del año 1897; 12 de enero, 21 de julio y 17 de agosto de 1898, atendiendo al plano levantado por el ingeniero Antonio Linares, en el año de 1897.
II. Que la Constitución General de la República de 1917, en el Capítulo II de su Título Primero, que se denomina "De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional" ratifica tácitamente los convenios a los que se alude en el antecedente anterior, al determinar el artículo 44 que el "Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene", y el artículo 45, que "los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos".
III. Que frente al acelerado crecimiento urbano en los límites de ambas entidades se consideró en aquel entonces la revisión de los límites establecidos en el decreto del 15 de diciembre de 1898 por los gobiernos del estado de México y el Departamento del Distrito Federal.
IV. Que el estado de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron un convenio con fecha 2 de mayo de 1968 para crear la Comisión de Límites entre el Distrito Federal y el estado de México, cuyas funciones se establecieron en dicho instrumento para los trabajos, que consistieron en la precisión de los límites a que se refería el convenio de 1898.
V. Que el 18 de diciembre de 1989, el estado de México y el Departamento del Distrito Federal emitieron un comunicado para reactivar una vez más la Comisión de Límites, y el 1 de marzo de 1990 suscribieron un acuerdo con el propósito de dar bases e instrucciones a la Comisión de Límites para la realización de sus trabajos correspondientes.
VI. Que en 1993 la LI Legislatura del estado de México y el entonces Departamento del Distrito Federal suscribieron un convenio para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales establecidos en 1898, en el cual se introdujeron tres modificaciones que a la letra señalan:
La primera, en el trazo comprendido entre las mojoneras Tlatel de los Barcos y Tecal, lugar donde se ubica la zona norte de la colonia San Felipe de Jesús, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México.
La segunda, situada en el tramo de la línea comprendida entre las mojoneras Puerto de las Cruces, La Pirámide, Cerro de Tepehuizco, Llano de las Carboneras del Rey y Piedra de Amolar, en el lugar conocido como La Marquesa-El Zarco, en el sector norte del Parque Nacional "Miguel Hidalgo", en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal.
La tercera, en la zona que comprende las mojoneras El Tepozán y Diablotitla, en la línea limítrofe del municipio de La Paz, estado de México, y la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, correspondiendo a esta entidad el territorio ubicado al suroeste de la autopista México-Puebla, y al estado de México, el territorio que se sitúa al oriente de la línea que va de El Tepozán al eje de la autopista México-Puebla, y al noreste de la vía citada, incluyendo la zona industrial del poblado de Los Reyes y las colonias que en el mismo se asientan.
VII. Que en aquel entonces, los gobiernos del estado de México y el Distrito Federal precisaron y reconocieron el contenido de las actas y el trazo del plano que elaboró el ingeniero Antonio Linares, conocida como la Línea Linares. Tal situación que concluyó con la firma del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus límites territoriales el 24 de agosto de 1993, el cual fue aprobado por el honorable Congreso de la Unión el 11 de julio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de ese mismo año.
VIII. Que en 1994 la LII Legislatura del estado de México segrega varios kilómetros de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan, pertenecientes al estado de México para conformar el municipio denominado Valle de Chalco. En este mismo año, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprueba en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los límites geográficos fijados en 1898 y 1994 expedidos por el Congreso de la Unión.
IX. Que una vez revisado el decreto del 9 de noviembre de 1994, por medio del cual se segregan los municipios antes mencionados para formar el municipio de Valle de Chalco, no se mencionan los pueblos de Santa Catarina Yecahuítzotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Míxquic, de tal forma que éstos siguen perteneciendo al Distrito Federal, tal y como se establece en los planos de 1898 y el convenio de 1993.
X. En ese mismo año (1994), debido a la complejidad en la interpretación de los convenios citados, parte de los ejidos pertenecientes a los pueblos mencionados en el punto anterior equivocadamente se consideraron como territorio del municipio del Valle de Chalco Solidaridad, siendo que éstos no debieron sufrir modificación alguna. Respetando así el Convenio de 1898, mismo que los considera como parte integrante del Distrito Federal.
XI. Que en 1988, los afectados de la colonia Emiliano Zapata de la delegación Iztapalapa obtuvieron, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el amparo y protección de la justicia federal contra los actos del jefe del Departamento del Distrito Federal y del secretario de Finanzas del gobierno del estado de México.
XII. Que actualmente en la colonia Emiliano Zapata se presentan problemas tales como confusión en escrituración pública, prestación de servicios, pago de derechos, así como casos extremos de calles y viviendas divididas por el trazo colindante.
XIII. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Convenio de 1993, los límites entre el estado de México y el Distrito Federal son los que se establecen en el Convenio de 1898, salvo las modificaciones antes mencionadas.
XIV. Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no existió argumento legal alguno para segregar tierras pertenecientes a pueblos ubicados desde 1898 en el Distrito Federal.
XV. Que el Convenio Amistoso suscrito en 1994 por el estado de México y el Departamento del Distrito Federal es lesivo para los habitantes del Distrito Federal y, en particular, para los residentes de los pueblos de Santa Catarina Yecahuítzotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Míxquic, regiones todas de la delegación Tláhuac, quienes en su oportunidad han manifestado su inconformidad y rechazo para formar parte del estado de México y del municipio Valle de Chalco Solidaridad, con relación a los territorios que les segregaron, cuando en los límites originales aprobados en los convenios de 1898 y 1993 se señala que dichos pueblos en su conjunto pertenecen a la delegación Tláhuac del Distrito Federal.
XVI. Que los residentes de la colonia Emiliano Zapata llevan más de 30 años exigiendo el respeto a su comunidad y que la misma sea parte integrante del Distrito Federal, ya que a partir del convenio de 1993 dicha colonia pasó a formar parte integrante del municipio de La Paz, estado de México.
XVII. Que los problemas que se dan por la incertidumbre, que provoca el desconocimiento de los límites territoriales, origina, en algunos casos, que las autoridades de los estados no puedan ejercer plenamente su potestad en áreas de conflicto; y que a los habitantes les impide cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas, electorales y de otra índole, al desconocer el estado al que deban recurrir.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para que a la brevedad posible instalen la Comisión de Límites y se revisen los correspondientes al municipio del Valle de Chalco y la delegación Tláhuac, y los del municipio de La Paz y la delegación Iztapalapa, límites que se establecieron para las regiones mencionadas en el Convenio Amistoso de 1994.
Segundo. Que las Comisiones de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura, del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano, soliciten al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al gobernador del estado de México, una reunión conjunta de trabajo para comentar la situación que viven los núcleos de población involucrados en los límites territoriales y presentar las alternativas que considere esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2003.
Dip. Gilberto Ensástiga Santiago (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación,
del Distrito Federal, y de Desarrollo Metropolitano. Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE REVISEN DE MANERA ESTRICTA LOS MECANISMOS Y LAS ESTRUCTURAS AUTORIZADOS SOBRE LAS COMISIONES QUE LAS AFORE COBRAN EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS MIRELES MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes del sector obrero del grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional presentamos proposición con punto de acuerdo, fundamentado en las siguientes
Consideraciones
Dentro del Tercer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, en su apartado correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en forma somera, se hacen referencias de carácter general al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Recordamos que el propósito fundamental de la creación del SAR, al ser instaurado, en 1992, tuvo el superior propósito de iniciar la operación de un nuevo sistema, en ese entonces, mediante el cual trabajadores mexicanos tuvieran la seguridad de formar un fondo de retiro y de pensiones que le permitiera sostenerse dignamente llegado el momento de su retiro al final de su vida laboral.
Sabido es por todos que ese sistema de ahorro nacional ha tenido todo el apoyo de los sectores productivos fundamentales, destacando el de los trabajadores, así como del Congreso mexicano para consolidarse como un sistema que brinde a la clase trabajadora mexicana los mecanismos necesarios para llegar a obtener una pensión.
Ese ahorro se maneja mediante cuentas individuales de depósito para cada trabajador, por la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) que sea de su elección.
La percepción generalizada entre los millones de trabajadores en el país gira, entre otras preocupaciones, en la que existe en torno de la evidente "intranquilidad" que causan las elevadas comisiones que se cobran por manejar sus propios ahorros provenientes de las aportaciones constituidas por 6.5 por ciento de su salario que trabajador, patrón y gobierno hacen al sistema, más la cuota social, como un porcentaje de su salario diario integrado, para el fin del "retiro" cuando se cumplan las condiciones de jubilación por edad, o cuando se den los otros supuestos de seguridad y previsión social en el esquema mexicano. Esto es, 2.0 y 4.5 por ciento, respectivamente, con independencia del 5 por ciento que se va a la subcuenta de vivienda y forma las aportaciones al Infonavit para los propósitos de vivienda para los trabajadores.
En todo caso, la expectativa de los trabajadores desde la fundación del sistema fue lograr el mayor rendimiento del ahorro y, por consecuencia, los ingresos suficientes cuando llegue el momento de su retiro.
El alto nivel de porcentajes que se cobran por concepto de comisiones sobre saldos y flujo definitivamente repercute en las aportaciones adicionales de los trabajadores. En todo momento representan una disminución directa en términos reales del ahorro del trabajador. Por la administración de la cuenta individual, las Afore cobran hoy comisiones que pueden ser de tres tipos:
Por su parte, las comisiones sobre saldo se aplican al total de los recursos administrados por la Afore, y se expresan como un porcentaje fijo anual, o bien, como un porcentaje del rendimiento real otorgado por la Sociedad de Inversión de los Fondos de Ahorro para el Retiro (Siefore).
La diversidad de formas de aplicación de las comisiones, si bien supone ventajas, ya que ofrece opciones diversas para perfiles distintos de los trabajadores que participan en el sistema, dificulta la comparación entre las Afore y hace muy difícil determinar cuál es la más cara y cuál la más barata.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dentro del marco legal creado por el Congreso de la Unión, tiene la misión de proteger el interés de los trabajadores, sus beneficiarios y familias, procurando condiciones adecuadas para la administración de su ahorro.
La Consar, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleva entonces a cabo la coordinación, regulación, vigilancia y supervisión del SAR, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores y asegurar el sólido desarrollo de este "sistema previsional" instaurado en el país.
Asimismo, la Consar se encarga de vigilar el estricto cumplimiento de la ley en la materia y las disposiciones para que los diferentes participantes en dichos sistemas se ajusten a lo dispuesto; también es responsable de la aplicación de medidas preventivas y correctivas que permitan detectar y, en su caso, sancionar desviaciones en caso de que las haya.
Si bien tenemos noticias de que la Consar viene llevando a cabo acciones de supervisión, inspección y estricta vigilancia a partir de la información que envían las Afore, las Siefore, las entidades receptoras, los bancos involucrados en la administración del SAR 92 y la empresa operadora de la Base de Datos Nacional SAR (Procesar), en estos días se dará comienzo a la instauración de un programa integral de difusión del sistema de pensiones de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social porque, definitivamente, los trabajadores mexicanos requieren contar con información clara y suficiente sobre sus ahorros, que alcanzan por estos días un monto mayor de 10 por ciento del Producto Interno Bruto en las cuentas individuales de aproximadamente 12.2 millones de "trabajadores cotizantes" activos.
El reclamo de los trabajadores a su legítimo derecho por conocer con oportunidad y veracidad la información sobre sus ahorros, así como traspasar con facilidad y sin mayores complicaciones sus recursos dentro del sistema a la Afore que más le convenga o menos le perjudique, en virtud de que actualmente las estructuras de comisiones cobradas al ahorro para el retiro de los trabajadores no constituyen el elemento diferenciador que permita a los mismos trabajadores distinguir entre las 12 empresas participantes en el mercado de las Afore.
Porque si bien es cierto que se ha instaurado por la Consar un método para comparar los esquemas de comisiones de las distintas Afore y las repercusiones que éstas tienen a través del tiempo; y que la Consar comenzó recientemente a publicar de manera mensual el indicador "Comisiones Equivalentes", éste es un modelo de proyección a 25 años, que supone un rendimiento determinado anualmente para todas las Afore, un saldo de la cuenta individual para un trabajador que apenas ingresa en el sistema y que gana tres salarios mínimos.
Baste considerar que en esas comisiones proyectadas para las Afore, existen diferenciales de más de 150 por ciento entre la de menor nivel y la de mayor nivel de comisiones. Esto es, entre la que en términos comprensibles para los trabajadores sería la Afore más barata y la más cara.
Los usuarios, los poco más de 12 millones de trabajadores activos en las cuentas Afore, hasta el momento se encuentran en franca incapacidad para romper el dominio de pertenencia que las Afore ejercen en sus cuentas. Los afiliados al sistema no tienen una idea precisa de las diferencias entre ellas.
Indudablemente, los trabajadores requieren contar con información clara, suficiente y oportuna para diferenciar efectivamente la oferta de cada una de las Afore y que se mejoren las disposiciones para el procedimiento de cambio de administradora, que a final de cuentas implica elevados costos de transacción para los afiliados.
La estructura de las comisiones necesita ser presentada de forma más sencilla para que los trabajadores tengan la certeza de que sus recursos ahorrados no sufrirán detrimento alguno y que puedan participar, primero informados y posteriormente de manera consciente, en el logro de una cultura que fomente el ahorro, en especial el de largo plazo, para llegar a realizar la suficiencia del ingreso en la vejez de quienes hoy son trabajadores.
Por todo ello, elevamos a la Cámara de Diputados, en su LIX Legislatura, la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que sean revisados en forma estricta los mecanismos y las estructuras autorizados para las comisiones que cobran las Afore en el Sistema de Ahorro para el Retiro y se garantice, asimismo, que todos los trabajadores de México reciban con la periodicidad establecida sus estados de cuenta, como lo señalan las disposiciones existentes, ya que sigue siendo elevada la proporción de trabajadores que desconocen los montos de su patrimonio ahorrado en el SAR, la forma en que éste es manejado y las comisiones que se cobran por hacerlo.
Dado en el Recinto Legislativo de la H. Cámara de Diputados, en San Lázaro, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Armando Neyra Chávez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), Rosario Sáenz López, Eviel Pérez Magaña, Pablo Pavón Viñales (rúbrica), Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (rúbrica), Enrique Burgos García, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Filemón P. Arcos Suárez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Concepción O. Castañeda Ortiz, Marco A. García Ayala, Fernando A. García Cuevas, David Fernández Pérez, Adrián Villagómez García (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Roberto J. Vega y Galina, Carlos Mireles Morales (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Laura Martínez Rivera (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE APOYAR UNA REFORMA FUNDAMENTAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD SEA UN ORGANO DE MAYOR LEGITIMACION QUE OFREZCA A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION UN MARCO DE SEGURIDAD EFECTIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL PEREZ CARDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Con su intervención en la sesión de inicio de los trabajos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de México, Vicente Fox Quesada, mostró que México tiene una política exterior proactiva, atenta día con día a la realidad mundial, y reafirmó la tradición diplomática y los principios constitucionales de nuestro país.
A través suyo, México hizo un llamado a todas las naciones a confirmar su compromiso con la ONU y a reafirmar su papel como el instrumento por excelencia para construir la paz y la seguridad mundiales.
La apuesta de México a la carta del multilateralismo es congruente con su trayectoria como miembro fundador de la ONU y como opositor sistemático de las soluciones de fuerza.
El diagnóstico acerca de la actual situación de la ONU coincide con el de la mayoría de los analistas internacionales: la crisis de Irak ha puesto en evidencia hondas implicaciones para el futuro de la Organización. Los ataques contra la misión de la ONU en Bagdad nos hieren a todos y lastiman el fundamento mismo del multilateralismo.
México no puede ni callar ni quedarse cruzado de brazos ante amenazas de tal envergadura. Además de recordar que han sido las graves disparidades las que han dado motivo a casi la totalidad de los conflictos, el Presidente de la República avanzó las tesis mexicanas acerca de la urgente reforma de la ONU, precisamente con el fin de convertirla en un eficaz instrumento de la paz y el desarrollo. Al efecto destacó cinco criterios rectores muy precisos para abordar el ejercicio de reforma:
México demostró que se considera parte integral de la comunidad de naciones; que nada de lo que en ella ocurra puede serle indiferente, y que está dispuesto a asumir sus compromisos y a hacer valer sus derechos, a rendir cuentas y también a exigir, en pie de igualdad, que todas las naciones observen los principios a que les compromete la Carta de la ONU.
A diferencia de otros líderes que se han presentado en la Asamblea con mensajes dedicados a hablar de la situación de sus países, el Presidente de México pronunció un discurso específicamente enfocado a contribuir a la creación de un mundo de reglas claras y de decisiones multilaterales.
Debemos destacar el llamado que ha hecho el Presidente a la corresponsabilidad de las naciones. Para un país como México, considerando su ubicación geográfica y sus relaciones internacionales, resulta muy importante enfocar su esfuerzo diplomático al fortalecimiento del derecho internacional y la creación de un mundo de certidumbre.
Nuestro desarrollo como nación necesita de un contexto de reglas claras. Por ello equilibramos nuestra política exterior con prioridades definidas en el ámbito bilateral y un renovado activismo multilateral.
México puede encabezar en gran medida la reflexión sobre las mejores vías para reformar el sistema de las Naciones Unidas, con base en nuestro prestigio diplomático. Podemos aprovechar ese liderazgo y convertirlo en un factor para impulsar aún más nuestra política exterior.
Creemos que se trató de un mensaje firme, oportuno, que llama a la unidad entre los mexicanos ante ideales compartidos, por lo que debemos cerrar filas y apoyar este esfuerzo por hacer del multilateralismo una vía adecuada para dar más realce a nuestro país y contribuir al contexto internacional que necesitamos para nuestro desarrollo.
Por todo ello, compañeras y compañeros legisladores, y por ser congruente con lo establecido por nuestra Carta Magna y con los ideales y prácticas democráticos de nuestro pueblo, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, que la misma exprese como punto de acuerdo su respaldo a la propuesta del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con el fin de que la Cancillería mexicana cuente con el aval del Congreso para que México promueva activamente el proceso de reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo la del Consejo de Seguridad, para ofrecer a los miembros de la organización mundial el marco en el que todos los países puedan aspirar a un desarrollo armónico y sostenido.
Muchas gracias por su atención y solidaridad.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Proposición con Punto de Acuerdo
Para que la Cámara de Diputados dé su respaldo a la propuesta del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, con el fin de que la Cancillería mexicana cuente con el aval del Congreso para que México promueva activamente el proceso de reforma fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo el del Consejo de Seguridad para ofrecer a los miembros de la organización mundial el marco en el que todos los países puedan aspirar a un desarrollo armónico y sostenido.
México, DF, a 9 de octubre de 2003.
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Octubre 9 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA PGR QUE, POR LAS ATRIBUCIONES QUE LE COMPETEN, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES MINISTERIALES RELACIONADAS CON EL HOMICIDIO DEL LEGISLADOR YUCATECO PANFILO NOVELO MARTIN, SU HIJO ANGEL NOVELO BURGOS Y SU ASISTENTE PEDRO YAM PECH, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROGER ALCOCER GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2003
Que la sangre de los hombres buenos
no se derrame en vano. José Martí.
El 9 de enero de 2002, el diputado local del estado de Yucatán profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo, de 18 años, Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech fueron interceptados por desconocidos en el kilómetro 85 del tramo Kantunil-Mérida de la carretera de cuota Mérida-Cancún, cuando a bordo de su vehículo se trasladaban desde la ciudad de Valladolid hasta la de Mérida. Instantes después, serían artera y brutalmente ultimados a balazos.
Ese día y al conocer los trágicos sucesos, el titular del Poder Ejecutivo estatal se comprometió con la sociedad yucateca a que se iniciaría "una exhaustiva y profunda investigación", ofreciendo que el triple crimen no quedaría impune y que se abrirían "todas las líneas de investigación necesarias" y que se investigaría "para hacer justicia", por tratarse de un atentado "contra unas personas, contra los poderes del estado y la sociedad yucateca".
Aseguró: "No descansaremos hasta descubrir y castigar a los responsables de este asesinato".
Por aquellos días también, el procurador general de Justicia del estado, en comparecencia ante el Congreso local, en virtud de citación realizada por esa soberanía con motivo de un asunto de índole pública en el que estaba involucrado uno de los hermanos del titular del Ejecutivo estatal, manifestó lo siguiente:
"En relación con el crimen del diputado, su hijo y su asistente, estaban abiertas todas las probables líneas de investigación y se realizarán todas las acciones necesarias a fin de ofrecer a la ciudadanía, a los familiares y al pueblo de Yucatán los primeros resultados de la investigación de este criminal acto."
Sobra detallar el grave estado de incertidumbre y consternación social que vivimos en Yucatán ante tales acontecimientos. Nuestro estado se ha caracterizado siempre por ser tranquilo. El clima de seguridad y la hospitalidad de su gente han propiciado que la entidad sea un destino idóneo para todos los nacionales y los extranjeros que buscan afanosamente un lugar propicio para el adecuado desarrollo propio y de sus familias, y en donde hechos como los descritos eran prácticamente inconcebibles en la vida cotidiana de los yucatecos.
Sobra también decir que los días han pasado uno tras otro y han transcurrido ya más de 21 meses, y las respuestas que las autoridades estatales prometieron al pueblo de Yucatán se quedaron una vez más en la retórica del discurso y en la demagogia de la falsa política.
En efecto, hasta hoy, a los familiares de las víctimas, a los compañeros diputados locales, a los habitantes de Valladolid, a los compañeros de partido y, en general, a toda la sociedad yucateca faltan respuestas en torno de tan lamentable suceso, que sentó una imborrable huella de inseguridad social en el estado.
Las respuestas no son una concesión graciosa de la autoridad, sino una obligación constitucional y, por tanto, legal de ésta para proporcionar a sus gobernados una procuración y administración de justicia pronta y expedita, máxime si se trata de hechos que, por su exagerada brutalidad y crueldad, son inusitados para la sociedad afectada.
Sin embargo, y por increíble que parezca, compañeros diputados, lo único que no ha habido en este caso son respuestas y, en consecuencia, justicia. Los compañeros, amigos y familiares del diputado cobardemente asesinado no hemos recibido más que evasivas y exabruptos de las autoridades estatales en torno de las investigaciones relacionadas con el caso.
Nos han dicho que el caso fue atraído por la PGR y, sin embargo, en Yucatán desconocemos de algún comunicado oficial de la citada dependencia en ese sentido. Han transcurrido 21 meses ya, y no sabemos de ningún informe, avance o comunicación oficial que nos permita, a los yucatecos, vislumbrar siquiera que se están realizando las indagatorias y averiguaciones pertinentes para dar con los responsables del crimen.
Tampoco sabemos cuáles son las líneas de investigación abiertas en torno del caso o si hay o no sospechosos; no hay informes oficiales de las investigaciones, más que aquellas conjeturas que los medios de comunicación locales, en un esfuerzo por informar y mediante la utilización de "fuentes confidenciales", filtran a la sociedad de nuestro estado.
Incluso se comenta que la Procuraduría local sigue realizando trámites y actuaciones relacionados con el caso, porque se encuentran involucradas personas cercanas al gobernador en las investigaciones, así como personal de la propia Procuraduría yucateca y se intenta evitar que las instancias federales competentes conozcan estas circunstancias y detalles que podrían afectarlas ante la opinión publica.
Lo cierto es que, fuera de estas versiones encontradas y de las posiciones evidentemente contradictoras entre las Procuradurías federal y estatal, lo único que se sabe en Yucatán es que todavía no hay responsables del triple crimen, ni informes, ni avances, ni nada, lo que representa, sin lugar a dudas, una lamentable omisión oficial en contra de los intereses colectivos relacionados con la seguridad jurídica de los yucatecos.
Seguridad jurídica que, por cierto, se vio hace unos días violentada de nueva cuenta con el secuestro y detención extrajudicial de un campesino de la población de Poxilá, por parte de agentes de la Procuraduría estatal, que a decir de los pobladores de esa comunidad, así como de vecinos y familiares del campesino secuestrado, involucra directamente a uno de los hermanos del gobernador del estado, por asuntos relacionados con la posesión de tierras, situación que en sí encierra un preocupante indicativo de que la impunidad es ya un signo característico en la forma de gobernar de las actuales autoridades de Yucatán.
Por ello, la sociedad yucateca demanda, quiere y exige respuestas a las autoridades competentes en el caso del diputado asesinado, porque únicamente con resultados concretos se demuestra en los hechos la voluntad y la capacidad de acabar con la impunidad que se hace cada vez más cotidiana en nuestra sociedad.
Por ello, los yucatecos queremos saber de manera oficial, y de una vez por todas, si la Procuraduría General de la República tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con este caso, así como los avances que se tienen en las investigaciones correspondientes al mismo.
Hoy más que nunca preocupan en nuestro estado a diversos sectores de la sociedad los rubros relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia y, por tanto, se hace indispensable que nuestras instituciones den muestras inequívocas de que se cuenta con los mecanismos jurídicos y coercitivos necesarios para garantizar a la sociedad un castigo a todo aquel que, mediante el crimen y la afrenta, pretenda violentar el Estado de derecho.
Los yucatecos no queremos más hombres que, como el diputado local Pánfilo Novelo, su hijo y su asistente, vean truncadas de manera violenta y abrupta toda una vida de lucha y sacrificios, sueños e ideales.
No queremos familias mutiladas.
No queremos calles inseguras.
No queremos la desconfianza y el temor de los inversionistas.
Queremos, eso sí, retornar al clima de tranquilidad
habitual en Yucatán.
Queremos mayores garantías en materia de seguridad
pública e impartición de justicia.
Queremos que vuelva la confianza y la credibilidad en
nuestras instituciones.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 45, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Solicítese a la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía si, en virtud de las atribuciones que le competen, tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, así como el estado actual que guardan las investigaciones relacionadas con el mismo.
Protesto lo necesario en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 9 días del mes de octubre de 2003.
Dip. Roger Alcocer García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Octubre 9 de 2003.)
A la reunión en que comparecerán la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; el ingeniero Francisco López Tostado, subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, y el licenciado Rodolfo Farías Arizpe, director en jefe de Aserca, a fin de que expliquen la problemática sobre la comercialización de frijol y maíz.
Dicha reunión se realizará el lunes 13 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ramón Galindo Noriega
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Dip. Marcela Guerra Castillo (PRI)
Dip. Manuel Gómez Morín Martínez
del Río (PAN)
Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD)
Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI)
5. Palabras a cargo del diputado Javier Orozco Gómez,
Presidente de la Comisión.
6. Declaración formal de instalación de
la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer nivel del edificio H.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el martes 14 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón C del restaurante Los Crisltales.
Orden del Día
Diputado José Carmen Arturo Alcántara Rojas
Diputado José Rubén Figueroa Smutny
Diputado Gelacio Montiel Fuentes
Diputado Renato Sandoval Franco
5. Palabras del diputado Francisco Juan Avila Camberos,
Presidente de la Comisión.
6. Declaración de instalación de la Comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 14 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión extraordinaria, que tendrá lugar el martes 14 de octubre, a las 16:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A la reunión en que comparecerá el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, C. Javier Usabiaga Arroyo, que se efectuará el miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales, a fin de continuar con la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre, a las 10 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre, a las 13 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión de instalación, que se realizará el jueves 16 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día