Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscrito diputados federales integrantes de la representación de Nuevo León del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Ante esta Honorable Asamblea presentamos una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Como sabemos, los próximos días 12 y 13 de diciembre del presente año se llevará el evento denominado Teletón 2003, con el objeto de recabar fondos para la ayuda los niños discapacitados de México.
Actualmente se realizan estos eventos de Teletón en 11 países de Latinoamérica; Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que se unen en una agrupación llamada ORITEL con una influencia en una población cercana a los 400 millones de personas.
En el año de 1997, diversos medios de comunicación; comunicadores; artistas; empresarios; organizaciones sociales; entre otros, convocaron, a todos lo mexicanos a comprometernos con los niños con discapacidad de México.
Proponiéndose como objetivos, promover la unidad nacional en torno a una causa común; promover una cultura de integración a favor de las personas con discapacidad; construir y operar centros de rehabilitación para menores con discapacidad y apoyar a instituciones que atienden a personas con discapacidad en la República Mexicana.
Esta convocatoria se ha venido realizando de manera consecutiva durante los últimos siete años, siempre superando la meta de los recursos esperados. En donde se destaca que el porcentaje de participación más significativo es el de las personas con menores recursos, que mediante sumas muy pequeñas crean las grandes aportaciones.
Esto no es de extrañar, todos nosotros sabemos de la solidaridad del pueblo de México, que siempre ante causas nobles o ante la desgracia ajena de inmediato acude al llamado de ayuda. Solo baste recordar los sismos de 1985, que demostraron en toda su magnitud esta solidaridad de todos los mexicanos, que afortunadamente se hace patente en cada circunstancia en donde se ven vulnerados los seres humanos, sea aquí o en cualquier lugar del mundo. La solidaridad mexicana alcanza a todos. Así se ha demostrado.
En el caso específico del Teletón esto se ha demostrado desde que se inicio este evento en 1987, solo baste mencionar, a manera de ejemplo, que en los años 2001 y 2002, las sumas recabadas realmente son significativas: en números cerrados, 207 millones 408 mil pesos y 217 millones 800 mil pesos, respectivamente.
Pero los números todos sabemos son fríos. Lo realmente significativo es cuando se ve la sonrisa de un niño que puede caminar después de mucho tiempo postrado, que tiene una nueva oportunidad ante la vida. Por mínima que esta mejoría sea vale la pena el esfuerzo.
Este esfuerzo, de todos los mexicanos, ha dado como resultado, hasta el año 2002, la creación de cuatro Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en los estados de México, Jalisco, Oaxaca y Aguascalientes, que hoy en día son toda una realidad para ayudar a los niños con discapacidad.
Los resultados que estos centros reportan nos muestran que el esfuerzo vale la pena 4,676 familias atendidas; 20,723 personas atendidas y; 523 egresados; 8,100 becas a niños; apoyo a 87 instituciones beneficiando a 7,290 personas y; apoyo a 290 instituciones que trabajan en el sector de discapacitados, hasta agosto del 2002.
Una sola sonrisa de un niño; una sola oportunidad más a un niño ante la vida, justifica el esfuerzo de ayudar.
Me atrevo a decir que esta en la naturaleza del mexicano, la nobleza, la solidaridad, la disposición para la ayuda desinteresada.
Por todo ello propongo que todos juntos, los diputados federales y los compañeros trabajadores de esta H. Cámara de Diputados apoyemos el esfuerzo que se esta realizando en este evento.
Podremos tener diferencias ideológicas; diferencia de concepciones ante la vida; ante las instituciones, pero lo que es claro que nos une y solidariza es nuestro deseo de que nuestros niños tengan una oportunidad de vida mejor. Por ello se propone el presente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se acuerda otorgar de manera voluntaria la suma equivalente un día de dieta de cada uno de los diputados federales y se invita a los trabajadores de mandos medios y superiores de la H. Cámara de Diputados, a donar un día de salario para ser aportados al Teletón 2003, durante el evento a celebrarse los días 12 y 13 de diciembre de 2003.
Segundo.- El procedimiento para recabar las aportaciones lo definirá la Secretaría General de esta H. Cámara de Diputados, atendiendo a la normatividad aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2003.
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO
AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ALVAREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía nacional, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una fuente importante del Gobierno Federal para allegarse de recursos financieros y que sean destinados a asistencia pública, a través de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, son sin lugar a dudas los proporcionados por los organismos públicos descentralizados como la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública.
A 233 años de vida, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es una institución que ha pasado por todas las etapas determinantes de la vida de México, como la Independencia, el Porfiriato y la Revolución. En estas ha ido evolucionando como un reflejo de la propia historia de nuestro país.
El 7 de agosto de 1770 fue dado a conocer en la Nueva España que habría una lotería, la primera de Latinoamérica, bajo el nombre de Real Lotería General de Nueva España. Su primer sorteo se llevó a cabo el 13 de mayo de 1771 y 10 años después el virrey don Martín de Mayorga otorgó la primera aportación para la beneficencia pública, canalizándola al Hospicio de Pobres.
Agustín de Iturbide bautizó la institución con el nombre de Dirección General de Renta de Lotería del Imperio de México. Más adelante se fusionó con la Academia de Bellas Artes de San Carlos y se le conoció como la Lotería de San Carlos, que utilizó sus ingresos para adquirir importantes obras de arte, dar becas a alumnos de la Academia para estudiar en Europa y traer a México a importantes maestros.
En el periodo juarista la Lotería Nacional, por primera vez, fue elevada a rango constitucional. A la muerte de Juárez, el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada volvió a permitir la proliferación de otras loterías. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la lotería colaboró con recursos para la edificación del Hospital General y el manicomio de La Castañeda.
El 13 de enero de 1915 Venustiano Carranza suspendió la lotería y fue hasta el 7 de julio de 1920 que el Presidente de la Huerta la reestableció con el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia.
En 1960 las utilidades de la lotería se entregaban a la Secretaría de Salud y, por conducto del Patronato de Asistencia Pública se canalizaban a diferentes obras asistenciales, de construcción y desayunos escolares. En los ochenta respaldó económicamente el plan de asistencia y salud de las clases marginadas de 40 ciudades del país.
En los noventa se realizó el Sorteo Iberoamericano, con la participación de Argentina, Costa Rica, España, República Dominicana y México como país sede.
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública no sólo ha aumentado el monto de recursos entregados a la Tesorería de la Federación, sino que ha multiplicado sus aportaciones a través de la constitución de su fideicomiso público denominado Transforma México, el cual ha canalizado 211 millones 972 mil 846 pesos a 87 instituciones de beneficencia privadas a favor de 2 millones 630 mil 140 personas hasta septiembre de 2003. Se reporta en su estado de posición financiera que la suma del pasivo y patrimonio ascendía a mil 492 millones 936 mil pesos. Que el total de sus ventas era alrededor de 2,729 millones 963 mil pesos y su utilidad bruta era de 941 millones 751 mil pesos. La Lotería, tan sólo en el año 2002 entregó a la Tesorería de la Federación 419.4 millones de pesos.
Por lo que respecta a Pronósticos para la Asistencia Pública, se crea el 24 de febrero de 1978, con la figura de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el propósito de obtener recursos sin necesidad de elevar la carga impositiva que se destina a la Asistencia Pública, a través de los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponden a desarrollo social.
En su informe de gestión 2003, reportó que los ingresos por venta fueron de 2,568.4 millones de pesos, y en el apartado de resultados financieros, después de descontar premios y comisiones, ascendió a 1,181.2 millones de pesos.
Pronósticos para la Asistencia Pública generó recursos para apoyar programas de asistencia del Gobierno Federal por 657.4 millones de pesos, lo que representó una rentabilidad institucional de 25.6 por ciento respecto a las ventas.
Para entender la importancia de la aportación de los recursos que la Lotería Nacional y Pronósticos realizan a los sectores vulnerables, habría que compararlos con las asignaciones presupuestales para el 2004 a entidades y programas del Gobierno Federal: La inversión social de la Lotería Nacional, es decir 212 millones de pesos, es equiparable a lo que se proyecta otorgarle en el presupuesto de egresos 2004, a través del Ramo 39 "Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas", a los Estados de Baja California Sur, Colima y Aguascalientes juntos; superior a los que se le proyecta brindar a Hidalgo, Yucatán o Oaxaca. Tres veces, el presupuesto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es de 36. 2 Millones de pesos, superior a la que se le otorgará al Instituto Mexicano de la Juventud, que asciende a 152.4 millones y al Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, que asciende a 170 millones y un poco menos que los 215 millones de pesos destinados a las Erogaciones del Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública y a los 235 millones que se le asignarán al Instituto Nacional de las Mujeres.
El artículo segundo transitorio, fracciones II y III, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 señala que el Ejecutivo federal iniciará el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según corresponda a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a Pronósticos para la Asistencia Pública.
En conformidad a la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 16 señala: "Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines, objeto o su funcionamiento no resulte ya convincente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo, podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde a un incremento de eficiencia y productividad".
En este sentido, la Lotería y Pronósticos, de acuerdo con el artículo primero, apartado "A", fracción V, inciso E, subíndices "b" y "c", de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, pretende obtener recursos económicos por un monto de 860.6 millones de pesos de la Lotería y 1,024.1 millones de pesos de Pronósticos.
¿Porqué desincorporar organismos que aportan en conjunto 1,884.7 millones de pesos a la Tesorería de la Federación para el incremento de los ingresos del Estado? ¿Cómo financiar a los 2.6 millones de personas que actualmente son beneficiadas por la Lotería y Pronósticos? ¿Cuáles son los criterios utilizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para considerarlos en el proceso de desincorporación? ¿Por qué no son considerados como organismos estratégicos y prioritarios para la nación? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? ¿Será acaso una estrategia para impulsar la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos? ¿Por qué la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, en su artículo 3, señala: "Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia Ley? Será acaso que la Lotería Nacional representa un obstáculo para los inversionistas extranjeros interesados en sus deseos de controlar los sorteos y las apuestas o que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado que sería más rentable para la Hacienda Pública disponer de mayores recursos a través beneficios de carácter fiscal por los derechos que se causarán por la explotación de la licencia, derivados de las ganancias generadas por el juego.
Por lo que se señala en el cuerpo del presente instrumento legislativo ambas organismos son rentables, eficientes, productivos y socialmente útiles para atender a los grupos vulnerables.
Hoy, ambos organismos se encuentran en las fracciones II y III del artículo segundo transitorio del Presupuesto para desincorporarlos del Gobierno Federal.
La proposición que presento a esta tribuna pretende que estos organismos de asistencia pública continúen apoyando y beneficiando a los grupos sociales más necesitados.
Por lo que, también, el grupo parlamentario del PRD presentará iniciativas de ley para hacer más transparente el quehacer social y financiero de estos organismos públicos, fortaleciendo asimismo su estructura jurídica para responder a los retos del siglo XXI de los grupos vulnerables.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que esta honorable asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que deseche del proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentado por el Ejecutivo federal, el artículo segundo transitorio, fracciones II y III, relativos a la desincorporación de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO A QUE, EN EL "CONVENIO
DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OBLIGACION DE PAGO PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
OPERADORES DEL AGUA DEL ESTADO DE HIDALGO", SE CONCEDA UN TERMINO VIABLE
PARA CUBRIR LOS ADEUDOS, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista De México, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Existen en proceso de discusión, distintas iniciativas de ley que proponen reformar el sector eléctrico, con la finalidad de hacerlo más competitivo, más eficiente y con un crecimiento sostenido. Mientras se ventilan las distintas posturas hasta encontrar consenso en la forma de mejorar este sector, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pensamos que es urgente resolver el asunto relacionado con adeudos de municipios a este sector, ya que solo está empobreciéndolo, evitando con esto la construcción de obras de electrificación.
En el estado de Hidalgo, la Compañía de Luz y Fuerza atiende a 45 municipios, de los cuales, solo 23 están relativamente al corriente en sus pagos por consumo eléctrico, sin embargo, el adeudo junto con los 8 organismos operadores de agua, ascienden en total a 377 millones 117 mil 300 pesos1.
De acuerdo a los reportes que Luz y Fuerza del Centro envía a la Secretaría de Desarrollo Social del estado, se tiene una facturación de casi 138 millones de pesos, en el periodo de enero a agosto de 2003, y solo se tiene reportado el pago de menos de 71 millones, es decir el 51% de lo facturado. Hay municipios como Progreso con un 3% de pago sobre el total facturado, Tula, Tezontepec, Tulancingo y Mineral del Chico; todos con pagos menores del 7%, o los casos de Tepeapulco, Cuautepec, Tulancingo y Pachuca que presentan un adeudo histórico en su conjunto, de casi 100 millones de pesos2.
En consecuencia de lo anterior, la paraestatal, por falta de recursos, ha destinado poco o nulo mantenimiento de la red existente; además ha ocasionado que se prolongue la ejecución de las subestaciones y líneas de K110 derivación Tulancingo, subestación Nueva Tulancingo y línea Tulancingo, dando como resultado deficiencias de variación de voltaje. Esta situación, a su vez, ha ocasionado reiteradas quejas por parte de la población, argumentando que los recibos de cobro no reflejan el servicio oportuno en calidad y eficiencia.
Para aminorar sus pérdidas, Luz y Fuerza esta llevando a cabo el blindaje de la red3 en las ciudades de la entidad, como es el caso de Pachuca, Tula y Tulancingo, lo que ocasiona que la población que no ha tenido la oportunidad de participar en programas de ampliación de Red, se está quedando sin servicio. Con esto se generan problemas sociales que deben ser remediados a la brevedad.
No olvidemos que la prestación del Servicio Público de energía eléctrica, constituye uno de los instrumentos más importantes para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social propuestos para todos los mexicanos, por tanto, las comunidades que no han podido entrar en la red, oficialmente establecida, deben ser debidamente regularizadas y así por un lado poder cobrar el consumo y por otro los usuarios poder exigir un buen servicio.
En materia de energía4, el objetivo es contar con empresas energéticas de alto nivel, con capacidad de avance suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. Por su parte, el Programa Social de Energía 2001-20065 señala que para asegurar que el sector energético sea parte integral del programa económico y cumpla con el interés nacional, es indispensable instrumentar una política energética eficiente y sustentable, esto implica dar a cada quien lo que le corresponde.
Para lograr eficiencia y sustentabilidad, las empresas de energía eléctrica paraestatales deben, entre muchas otras cosas, cobrar lo que les corresponde. Por esto, es necesario que se registre un control más efectivo en cuanto a los pagos a realizar a Luz y Fuerza del Centro por las presidencias municipales.
De acuerdo a los registros presentados6, la mayoría de las veces los ayuntamientos no pagan el consumo total de sus recibos, lo que ocasiona que se tengan adeudos históricos que cada día se hacen más difíciles de pagar.
Los municipios que presentan retrasos en sus pagos, deben cubrir sus adeudos, en conformidad con lo establecido por el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago, excepto en el plazo otorgado7, ya que este es muy breve si tomamos en cuenta el presupuesto de estos municipios.
Para cubrir los adeudos, sin que esto representara una seria afectación al resto de los gastos municipales en otros sectores igualmente importantes; el periodo de 12 meses parece imposible para la mayoría de los municipios.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sujeta a su consideración el siguiente;
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a que en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago para municipios y organismos operadores de agua, del estado de Hidalgo, en su cláusula Segunda se conceda un término de 48 (cuarenta y ocho) meses para cubrir los adeudos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de noviembre del año 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Coordinador; Manuel Velasco Coello, Vice-Coordinador (rúbrica); Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
Notas:
1 Según describe la Secretaría de Desarrollo
Social del estado de Hidalgo en su publicación Problemática
con Luz y Fuerza.
2 Informe de la situación de adeudos de consumo
de alumbrado público del Programa S31 Electrificación, al
22 de septiembre de 2003.
3 Según información proporcionada por el
director, licenciado Luis de Pablo, en su comparecencia ante la Comisión
de Energía el 11 de noviembre de 2003, y reiterado por el gobierno
del estado de Hidalgo.
4. Según establece el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006.
5. Diario Oficial de la Federación del 11 de enero
de 2002.
6. Informe de la situación de adeudos de consumo
de alumbrado público del Programa S31 Electrificación.
7. Cláusula segunda del Convenio de Reconocimiento
de Adeudo y Obligación de Pago para municipios y organismos operadores
de agua.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA CAMARA DE SENADORES A REVISAR LA DECISION RESPECTO A LA REUBICACION
Y COSTOS DE SU NUEVA SEDE, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes
Considerandos
El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Diputados, en este sitio conocido como Palacio Legislativo, amaneció cercada en una amplia zona perimetral, por efectivos de la Policía Federal Preventiva; resguardo que había sido solicitado por la Presidencia de la Mesa Directiva, a fin de prevenir actos de violencia y vandalismo que pudieran suscitarse con motivo de las manifestaciones que se habían anunciado y que integrarían personas pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados de la Revolución Blanca y del Movimiento Proletario Independiente, que se oponen a la reforma eléctrica.
Es cierto que había un precedente de exceso y de irrespeto a las instalaciones camarales en la pasada legislatura, sin embargo resulta extremo y no deseable que por ello, se limite el derecho a la expresión pacífica de protesta por parte de los ciudadanos que quieran manifestar su opinión ante este órgano representativo.
En esa virtud, resulta necesario también considerar que estas instalaciones y las que todavía no se concluyen, que corresponden a la Cámara de Senadores, se previó el espacio razonable para que pudieran darse concentraciones ciudadanas sin alterar el tránsito vehicular y peatonal. No obstante, la práctica de los gobiernos anteriores, y el actual es que no importando el número de manifestantes se tiene la costumbre de cerrar el tránsito desde muchas cuadras a la redonda ocurriendo con frecuencia que a veces ni cien personas como ocurrió hace veinte días con estudiantes que se manifestaron, provoca que las autoridades del Distrito Federal cierren calles ocasionando embotellamiento de automotores verdaderamente catastróficos en una ciudad en donde el tránsito no ha podido planificarse adecuadamente y los costos ecológicos y de horas hombre se multiplican exponencialmente.
En estas condiciones resulta al menos como un atentado a la tranquilidad y al bienestar de los capitalinos que la Cámara de Senadores pretenda edificar una nueva sede con costos exorbitantes en el Paseo de la Reforma casi esquina con Insurgentes, nada menos que en una de las principales zonas turísticas de la capital, por lo que los manifestantes paralizarán áreas sensibles de la metrópoli con los consecuentes daños a la salud y a la economía.
Resulta entonces obligado que debido a que las plataformas políticas de todos los partidos aquí representados han propuesto reducir el número de diputados y senadores, así como un régimen de austeridad en gastos y ser ejemplo de una mejor administración del presupuesto público cada día más escaso, se revise con acuciosidad si este Palacio Legislativo, puede todavía albergar a la Cámara de Senadores conforme al proyecto original y en ese caso puedan ahorrarse de inmediato los cerca de 10,000 millones de pesos que costaría el terreno, la edificación, el mobiliario y equipo, instalaciones, etc., que se pretende para la nueva sede en el Paseo de la Reforma que en todo caso conviene destinar a mejores usos turísticos y culturales.
De igual manera resulta pertinente recomendar a las autoridades policíacas locales y federales actuar con sentido lógico y cubrir la seguridad de las personas y sus bienes, no cerrando necesariamente, vías de tránsito, sino dimensionando las manifestaciones que puedan darse sin obstruir el tránsito o sí acaso, al mínimo indispensable. Así como urgir a las autoridades interpeladas salgan a la mayor brevedad a atender las demandas planteadas.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se haga un atento y comedido llamado a la Cámara de Senadores para que revise el acuerdo respecto de la reubicación y gasto de su nueva sede.
Segundo.- Se inste a la autoridades policiacas locales y federales a no exceder los operativos de seguridad para las marchas y manifestaciones, para lo cual debe tomarse en cuenta los efectos dañinos de la extralimitación en cierre de calles.
Tercero.- Se adopte la decisión de atender con rapidez y buena disposición las demandas de los ciudadanos manifestantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
INCREMENTAR LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR
LA DISCRIMINACION Y A LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD,
A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía los siguientes puntos de propuesta de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incrementar los presupuestos asignados en el Proyecto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y los programas de atención a la población con discapacidad respectivamente, en atención a las siguientes consideraciones.
A pesar de las transformaciones culturales y tecnológicas operadas en el mundo, de los avances conseguidos durante las últimas décadas en el campo de la protección y la promoción de los derechos humanos y de las universalización de la democracia, una gran parte de la población del planeta continúa sufriendo, de manera directa o indirecta, algún tipo de discriminación.
La discriminación constituye una violación a los derechos humanos.
La discriminación se presenta en todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social y económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la edad, la preferencia sexual, la identidad de género, y cualquier forma de discapacidad, o una combinación de éstos u otros atributos.
Esta situación provoca la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.
De acuerdo con el estudio "La Discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad", en nuestro país persisten, de manera extendida y en pleno siglo XXI, prácticas discriminatorias oprobiosas que vulneran en sus derechos, libertades y oportunidades tanto a personas como a grupos y comunidades. No se trata de una problemática restringida o que solamente toque los márgenes del tejido social. Por lo contrario, la discriminación en México es un problema de carácter estructural que involucra factores culturales, económicos, jurídicos y políticos, y que se reproduce a lo largo y ancho del territorio y la vida colectiva de la nación.
Por estas razones, y la dedicada lucha de mexicanos comprometidos por abatir las prácticas discriminatorias y enfrentarla de forma institucional, esta honorable Cámara durante la pasada LVIII legislatura aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el voto de todos los partidos políticos representados y con las esperanzas puestas en que su promulgación abriría el camino para combatir la discriminación en nuestro país.
Sin embargo, y a pesar que el pasado 11 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley aprobada por esta Cámara el 30 de abril, es hora que todavía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación creado por la Ley referida, no cuenta con los recursos presupuestales para iniciar sus tareas, y peor aún, es hora que el Gobierno Federal desestima la trascendencia histórica y la importancia de su creación para beneficio del país y de los mexicanos.
Como antecedente, tenemos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entregó a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Recursos Humanos, la propuesta que prevé las áreas mínimas para realizar las tareas encomendadas por la Ley, así como por la necesidad de crear un órgano ágil, expedito y ligero que represente un apoyo real a la población.
Tras varios meses de negociaciones, la propuesta original ha sido modificada en tres ocasiones, y finalmente, la postura del Gobierno Federal es otorgar un presupuesto excesivamente austero y limitado equivalente a 111 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2004, cuando el cumplimiento de los fines atribuidos por la Ley al Consejo exige la realización de una serie de acciones que van desde la promoción y divulgación de la existencia misma del Consejo y la competencia o atribuciones de que ha sido investido; la publicación de materiales que incidan en la transformación cultural de lo que prohíba la discriminación social, y la realización de aquellas otras tareas de naturaleza afirmativa (acciones afirmativas) que constituyan un instrumento eficiente para prevenir, evitar y combatir las conductas discriminatorias entre otras.
Para lo anterior se requiere de un presupuesto del orden de 150 millones de pesos, a menos que pretendamos que la ley sea letra muerta y que el Consejo nos sirva únicamente para tranquilizar nuestras conciencias ante la ausencia de una voluntad real orientada a combatir este cáncer que ha acompañado a nuestro país desde tiempos de la Colonia.
Asimismo, sometemos a la consideración de este honorable pleno, la situación que vive la población con discapacidad en nuestro país, y que sin duda, tiene relación directa con la falta o ausencia de presupuesto.
No obstante que el discurso oficial del Gobierno Federal, ha sido el de insistir en que el presupuesto tiene en sus objetivos, un alto sentido social para atender los rezagos de los sectores sociales más vulnerables del país, la realidad es otra.
En la sesión pasada, en esta misma tribuna, el secretario de Hacienda, vino a tratar de convencemos de la benevolencia del gobierno y de que la propuesta de reforma económica busca atender a quienes menos tienen. Lo que el Secretario no nos dijo, ni puede explicamos, es porque el presupuesto en materia social ha disminuido año con año. Para el sector social de las personas con discapacidad, la propuesta del gobierno para el año 2004, presenta un recorte más 21% al presupuesto de los ya endebles programas de apoyo a esta población.
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, se estima que en México viven cerca de 10 millones de mexicanos con alguna discapacidad, y cerca del 90%, viven extremas condiciones de marginación y pobreza.
Por ello es urgente destinar mayores recursos para la salud, educación, empleo, capacitación, deporte, cultura, generación de mayores oportunidades de desarrollo social, y el apoyo económico a miles de familias en cuyo seno viven una o más personas con discapacidad.
Como punta de lanza, existe una larga lucha social emprendida por miles de mexicanos con discapacidad y por decenas de organismos sociales, que a la fecha aún no encuentran satisfactorias las respuestas del Estado mexicano, a los graves rezagos y necesidades de la población.
Hace 6 meses, la LVIII legislatura aprobó la Ley Federal para las Personas con Discapacidad, después de más de 10 años de ser presentada en forma reiterada en esta honorable Cámara, quedando pendiente aún, la revisión de la minuta respectiva en el Senado de la República, lo que evidencia la necesidad de crear las condiciones políticas para que con mayor voluntad y decisión se instrumenten las acciones que permitan la construcción de una política de estado, que reclaman y exigen las personas con discapacidad.
Como antecedentes, es necesario recordar que en el pasado Proyecto de Egresos de la Federación para el año 2003 presentado por el Gobierno Federal, el presupuesto destinado para la atención y desarrollo social de 10 millones de personas con alguna discapacidad, sufrió una drástica disminución de 25.1% respecto del año 2002, lo que sumado al nuevo recorte para el próximo periodo fiscal 2004 representa una reducción presupuestal acumulada de 46.6%.
El presupuesto destinado para el año 2002 fue equivalente a $965 millones de pesos, para el año 2003 fue de $723 millones de pesos, y para el 2004 será de $721 millones de pesos, confirmando un grave retroceso presupuestal, a la urgente y prioritaria atención de millones de personas.
El recorte más significativo se aplicó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, reduciendo el 50.5% de presupuesto al Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, lo que pone en riesgo el sostenimiento de al menos 350 unidades de rehabilitación básica, y de los servicios que consisten en apoyar a personas con discapacidad de escasos recursos.
En virtud a lo expuesto y considerando la información del Proyecto de Egresos de la Federación para el año 2004, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se determine la asignación presupuestal de 150 millones de pesos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para el ejercicio fiscal 2004.
Segundo.- Que se determine un incremento a los siguientes programas institucionales dirigidos a la atención de la población con discapacidad, precisando y garantizando en el decreto correspondiente, el etiquetado de cada una de las partidas presupuestales, para su distribución en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
b) Se propone que en el Ramo 20 de la Secretaría de Desarrollo Social, se incrementen los recursos del Programa de Coinversión Social de 217 a 350 millones de pesos, solicitando se etiqueten recursos por 100 millones de pesos para el concurso y desarrollo de proyectos de carácter social y productivo de los organismos sociales que generan empleos y servicios a la población con discapacidad, impactando en una población promedio de 3 millones de personas al año. Así mismo, solicitamos que se recomiende a la Secretaría de Desarrollo Social, revisar y flexibilizar el formulario de requisitos para acceder al citado Programa de Coinversión Social, y permitir así, una mayor participación de todas las regiones del país.
c) Como un acción que estimamos debe impulsar con mayor fuerza esta Honorable Cámara, y que observamos muy débil en la propuesta del gobierno, se propone que en el Ramo 12 de la Secretaría de Salud, se incrementen los recursos al "Programa de Atención a Población en Desamparo a cargo del DIF Nacional", de 466 a 1,466 millones de pesos, etiquetando los recursos para crear una partida especial de apoyo a la salud y rehabilitación de 100,000 niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza de las 31 entidades y el Distrito Federal, lo que permita a las familias de los beneficiados, padres y madres, en muchos casos sin empleo y acceso a los sistemas de seguridad social, brindar a sus hijos la posibilidad de atender sus mínimas necesidades en instituciones privadas o sociales.
d) Reconociendo la problemática que viven las personas con discapacidad en materia educativa, donde los problemas se extienden desde el acceso por cupo a las instituciones públicas educativas, la falta de personal especializado, hasta los problemas de transporte y desplazamiento para los menores y sus padres, cuando, tienen que recorrer grandes distancias porque en su comunidad o municipio no existen los servicios básicos de educación especial, se propone que en el Ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública, se incrementen los recursos del Programa de Integración Educativa de 8 a 100 millones de pesos, solicitando se etiqueten recursos convenientes para establecer un programa de becas educativas para niños y jóvenes con discapacidad que acuden a centros o escuelas de educación especial alternativos.
e) Con el propósito de fortalecer su trabajo y garantizar los apoyos necesarios a los deportistas con discapacidad que representan y enorgullecen a México por sus excelentes resultados en las competiciones internacionales y los Juegos Paralímpicos, se propone que en el Ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública se etiqueten recursos de la Conade por un monto de 50 millones de pesos, para destinados proporcionalmente a los programas anuales de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, la Federación Mexicana de Deportistas Sordos, la Federación Mexicana de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales, la Federación Mexicana de Deportistas con Parálisis Cerebral y la Federación Mexicana de Deportes sobre Sillas de Ruedas.
f) Reconociendo el trabajo de una institución pública vital para el país, como el Centro Nacional de Rehabilitación, que atiende a población con discapacidad de toda la República, se propone que en el Ramo 12 de la Secretaría de Salud, se incremente la propuesta actual de 490.5 millones de pesos a 700 millones de pesos, estimando que la actual propuesta gubernamental, limita las posibilidades de atender la creciente demanda de la población para la atención de su rehabilitación, que en el CNR comprende desde los servicios médicos especializados hasta la implantación de prótesis y ortesis que las personas requieren.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXIGIR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESPECIFIQUE EL DESTINO Y LA
APLICACION DE LOS RECURSOS POR LOS CUALES SE SOLICITO EL ENDEUDAMIENTO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING
CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Federico Döring Casar, diputado federal en la LIX Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de requerir al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal que informe y justifique ante esta soberanía los montos, destino y aplicación de los recursos que por concepto de endeudamiento público solicitó para el ejercicio fiscal 2004, a partir de las siguientes
Consideraciones
1. De conformidad con la fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal.
Conforme a la fracción III del apartado B del mismo ordenamiento, cada año el Congreso de la Unión recibe la propuesta de montos de endeudamiento necesario para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que presenta el Presidente de la República a partir de la propuesta que para ese efecto somete a su consideración el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos que dispone la ley en la materia.
2. La responsabilidad respecto del requerimiento de endeudamiento y del destino, uso y aplicación de los recursos autorizados con ese fin para el Distrito Federal por parte del Congreso de la Unión, corresponde enteramente al jefe de gobierno de esa entidad, quien está obligado a cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias, de conformidad con el inciso a) de la fracción II de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Esta asamblea soberana es competente para conocer y ser informada acerca del destino que tendrán los recursos que por concepto de endeudamiento haga el jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con la ley en la materia.
4. El ejercicio de los recursos provenientes de endeudamiento público del Distrito Federal requiere de rigurosa vigilancia, ya no por la magnitud del monto propuesto por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino principalmente por la discrecionalidad con que lo ha ejercido, como se deduce de su negativa sistemática a informar en detalle cuando se le ha requerido por los canales competentes y conforme a la ley. La Cámara de Diputados del Congreso General no puede desconocer los siguientes hechos:
En contraste con el tamaño y evolución de la deuda en el gobierno de la ciudad, la mayor parte de las entidades federativas, excepción hecha tal vez del estado de México, han venido realizando un esfuerzo sistemático para evitar un crecimiento de sus respectivos niveles de endeudamiento o incluso reducirlo.
Finalmente, esta Cámara debe reconocer la debilidad en que se han colocado las finanzas del Distrito Federal, puesto que por cada peso ingresado a la hacienda local, el saldo de la deuda se ha elevado hasta llegar a niveles insostenibles en el corto y mediano plazos. Hoy representan nada más el 52.3% de los ingresos anuales de la ciudad. En 1997 esa proporción era significativamente menor, de sólo 29.7%.
Que esta Cámara, mediante el artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación, autorizó para el ejercicio fiscal del 2003 al Gobierno del Distrito Federal a contratar y ejercer créditos hasta por un importe de 3,000.0 millones de pesos, precisando, mediante un anexo denominado de "Proyectos del Gobierno del Distrito Federal a ser financiados con deuda aprobada por el Congreso de la Unión", el programa, la actividad institucional, el monto y la justificación para la ejecución de las obras por un importe de 854.1 millones de pesos, que fueron complementados con la relación de proyectos determinados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por un monto de 2,145.9 millones de pesos.
No obstante este detalle, el jefe de gobierno ha informado de manera oficial a esta Cámara el estado de la deuda, mediante el cual se observa que al tercer trimestre del 2003 las líneas de crédito se han subutilizado originando un desendeudamiento temporal por 815.4 millones de pesos, que contrasta con la programación del uso de los recursos que contemplaba la disposición de 3,984.7 millones de pesos en el periodo enero-septiembre del 2003, y de los cuales sólo se da cuenta del destino específico de unos cuantos proyectos en los que se aplicaron 426.7 millones de pesos, sin que se pueda establecer la correspondencia entre los avances físicos y financieros ni evaluar el cumplimiento de la normatividad en la materia.
2. El monto de los recursos que generará cada proyecto, a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional en el sentido de generar ingresos suficientes para el pago de los créditos contratados.
3. Para ese conjunto de proyectos, la información que establece el artículo 370 del Código Financiero, como sigue:
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;
II. Los estudios de la demanda social; el grado de cobertura o avance de las acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes; diagnóstico sobre los beneficios que se espera obtener con la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;
III. El periodo total de ejecución del proyecto, los responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto, y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, precisando las fuentes, tipo de financiamiento, así como los importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho proyecto a realizar en años posteriores;
IV. Para el caso de proyectos en proceso, el total de la inversión realizada y las metas obtenidas al término del ejercicio inmediato anterior, y
V. Los demás elementos que determinen los órganos locales de planeación correspondientes.
4. Informe sobre la disponibilidad de recursos por fuente de financiamiento desde la primera etapa, hasta la terminación de los proyectos; así como para su puesta en operación y mantenimiento.
5. Copia de los siguientes estudios y proyectos, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los cuales a la letra se insertan:
Artículo 17.- Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública, considerando:
II. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios de campo que se requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura, y de ingeniería necesarios;
III. Las características ambientales, climatológicas y geográficas del lugar en que deba realizarse el trabajo;
IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y de impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica, urbana y social en la realización de la obra;
V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;
VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos, incluyendo obras de infraestructura principales, complementarias, accesorias, así como de inicio de operación de las mismas;
VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar;
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución, así como los gastos de operación;
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de cada trabajo;
X. La adquisición, regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos;
XI. La ejecución de los trabajos, en donde se deberá estimar lo que se vaya a realizar por contrato, separado de lo que se vaya a realizar con personal de su organización; en cuyo caso habrá que desglosar los costos de los recursos necesarios por aplicar, por concepto de suministro de materiales, maquinaria, equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignación de personal tanto para la ejecución como para la supervisión. En caso de contrato deberán preverse los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar;
XII. Los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se vayan incorporando;
XIII. Tratándose de obra pública financiada total o parcialmente por los contratistas, se sujetará a lo señalado por la Secretaría de Finanzas, y
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la naturaleza y características de la obra.
7. Copia de los estudios de preinversión, de factibilidad económica-social, de la propiedad de los terrenos, de la mecánica de suelos, de los proyectos ejecutivos (estructural, de ingeniería civil, de vialidad, y obras complementarias, y de impacto ambiental) y en su caso, del Programa Maestro de Construcción.
8. Copia de los oficios de autorización de inversiones de las unidades ejecutoras involucradas, así como de los calendarios financieros y de metas aprobados.
9. Copia de los siguientes estudios y proyectos, de acuerdo con ordenado en los artículos 1, 3, 6, 7, 9, 21 y 27 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal:
a) Bases de coordinación del proyecto del Gobierno del Distrito Federal con la Federación y con los gobiernos estatales y municipales que consideren la consecución del desarrollo de la perspectiva metropolitana (artículo 1, fracción V).
b) Estudios respecto al desarrollo económico, social y de ordenamiento territorial; así como la vinculación de la programación-presupuestación para concretar los objetivos, estrategias, metas y prioridades del desarrollo (artículo 3).
c) El reporte mediante el cual se verifica que las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos se ajustan a los objetivos y prioridades del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, así como a la evaluación de los avances del mismo en relación con la reestructuración del sector (artículo 6, fracciones II y III).
d) El estudio que determina la congruencia del proyecto con el Presupuesto de Egresos conforme a los objetivos del programa general, los programas y programas delegacionales, así como copia de los convenios y acuerdos de coordinación con otros niveles de gobierno y de concertación con los sectores social y privado (artículo 7, fracciones V y VIII).
e) Copia de los programas sectoriales vinculados con la materia: transportes y vialidad, obras y servicios, desarrollo urbano y medio ambiente, así como de las opiniones de los grupos sociales interesados (artículo 9, fracción III).
f) Copia de los programas operativos anuales de las unidades responsables vinculadas con el proyecto, y sus respectivos anteproyectos, para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes (artículo 9, fracción IV).
g) Análisis de congruencia del proyecto con los objetivos, metas y prioridades del programa general, de los programas, de los programas delegacionales y de los que se establezcan en la zona conurbada (artículo 9, fracción V).
h) Copia del análisis y opinión del Comité de Planeación sobre el programa de inversión del proyecto (artículo 21, fracción VII).
i) Copia del análisis efectuado por el Comité en relación con el proyecto, respecto a las propuestas de coordinación con la Federación, estados y municipios (artículo 21, fracción XI).
j) Copia de los estudios de las dependencias involucradas en el proyecto, que contenga diagnóstico, prioridades y estrategias para ordenar las acciones y aplicación de recursos (artículo 21, fracción XII).
k) Definición de objetivos y prioridades en materia de vialidades y transportes en el mediano y largo plazos, así como las metas generales para la evaluación sobre el grado de ejecución del programa general (artículo 27, fracciones IV y V).
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos requiere al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal que informe, por escrito y con la mayor brevedad, en los términos del presente punto de acuerdo, acerca de los recursos públicos que por concepto de endeudamiento ha solicitado se autoricen para el ejercicio fiscal 2004, con el objeto de transparentar el ejercicio de su gasto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de noviembre del año 2003.
Dip. Federico Döring Casar
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CELEBRAR
EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Las C. diputada federal, Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para hacer un respetuoso exhorto a los gobiernos Estatal y Federal y a los Congresos estatales y de la Unión, en materia de agravio comparativo relacionado con violencia familiar, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Si hay algo que la ciudadanía espera de los poderes que gobiernan su país es que estos lo defiendan, defiendan sus derechos y mejoren su calidad de vida.
Contrario sensu, lo que más desesperanza, desalienta y humillación produce es que sean estos mismos poderes los que, dejándoles en la absoluta indefensión, ignorando su realidad y sus necesidades los desconozcan como la ciudadanía a la que se deben y a la que tienen que atender y por la que están en el lugar de poder que están.
Las palabras Patria, Libertad, bienestar, futuro, no significan nada -las pronuncie quien las pronuncie- para aquellas personas que día a día viven rodeadas de injusticia sin que nadie en el Gobierno, en el Poder Judicial, en las Cámaras legislativas pronuncie una frase en favor de sus derechos, de su vida, de su persona. Porque, la justicia y la injusticia, aunque hoy sea el denominador común de millones de mexicanos y mexicanas que bien podría llamarse el denominador colectivo de la ciudadanía mexicana, se vive, se siente y se padece a nivel individual.
El colectivo "Infancia" y "Adolescencia" no son entes abstractos. Son personas, con cara, con nombre, con golpes en la espalda, en los pies y con un dolor inexplicable e indefinible en cuerpos completos que sufren sin entender por qué. Lo bueno para quienes están en el poder es que ni votan, ni se van a la huelga y por lo general no ponen demandas. Cuánto se ha esmerado la sociedad en creer que por ser menores , sus derechos también lo son.
El colectivo de mujeres que sufren violencia, también son personas humanas con nombre, y desgraciadamente en muchos casos, con esposo o compañero que les recuerda cada día que no valen nada, que no tienen quien las defienda, que de nada les valdrá quejarse, y que si lo hacen, hasta el hecho de haber procreado y dado hijos a México, se les puede revertir en su contra.
Resulta increíble que en donde debemos estar más seguras y amadas es donde más violencia recibimos.
No voy a contarles, porque seguramente muchas de las historias de vida de estas mujeres no se las creerían por salvajes, inhumanas e injustas. Me refiero con lo de injustas a las sentencias de los tribunales, entre otros casos. Aunque todos y todas aquí deberíamos conocer la historia de algunas de las mujeres que han muerto o de las que están encarceladas, en los Ceresos o en sus casas que puede ser lo mismo.
En esta ocasión quiero plantear dos cosas muy sencillas en las que tenemos responsabilidad directa y que sin duda, cambiarían la historia de los derechos humanos de este país y sobre todo, la vida de muchas mujeres.
Como saben, México ratificó la Convención para eliminar toda discriminación contra la Mujer. Firmó la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y ya hay algunas quejas y sugerencias en la Comisión de la CEDAW respecto al incumplimiento de nuestro país a esto ordenamientos.
Dicha Convención, en su Art. 2º declara: "Los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
. . ..
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer".
Consagrar es, además de declararlo o escribirlo, como bien dice el convenio, establecer medidas adecuadas para alcanzar ese objetivo. Tanto de carácter sancionador, como propiciador de prácticas equitativas no discriminatorias.
Pero curiosamente, en lugar de cumplir con esta norma, de la que ya no vale decir que no es obligatoria para los estados, o que atenta contra la soberanía de los mismos, pues hay jurisprudencia al respecto publicada en la Gaceta Judicial de la Federación. Novena época, Tomo X, Noviembre 1999, hemos ido ahondando en la discriminación y profundizando en su práctica.
De tal manera llegamos, no ya a lo que es la discriminación si no a lo que en un Estado de derecho se considera uno de los peores síntomas en lo que a Derechos Humanos se refiere: EL AGRAVIO PRODUCIDO POR EL ESTADO A SU CIUDADANÍA. Y de nuevo, para no perder la costumbre, recae de forma trágica en las Mexicanas. En las Mujeres.
Por agravio se entiende, jurídicamente hablando, la ofensa o el perjuicio que se infiere a una persona en sus intereses o derechos.
Si este se produce por discriminación -lugar de nacimiento, diferencia de sexo o edad, por ejemplo- se llama AGRAVIO COMPARATIVO.
Las mexicanas no sólo son agraviadas por las cámaras legislativas cuando, frente a la violencia, se sostiene (Incumpliendo de paso la Convención de Belem D` Pará) que debe ser golpeada reiteradamente para poder obtener "la atención de la justicia", incumpliendo de paso la Convención de Belem Do Pará, signada por nuestro país el 4 de junio de 1995 y ratificada por nuestro país el 19 de junio de 1998.
Las mexicanas son doblemente agraviadas si el azar se las hizo nacer o vivir en un estado donde ni siquiera se ha tipificado la violencia familiar o, donde habiéndose tipificado no se aplica porque no se ha formado la Junta Directiva que señala la ley o los Centros de Atención a la Violencia o donde nunca hubo presupuesto o donde impera aún el golpe porque los usos y costumbres así son, o porque no hay ninguna instancia que garantice una mínima defensa de los derechos de esas mujeres o una instancia de apelación para sentencias que son un nuevo golpe a la vida de la mujer golpeada sistemáticamente.
Y lo más grave porque las autoridades no consideran este tema fundamental para hacer del desarrollo humano un asunto toral de sus agendas.
¿Que garantía de derechos puede tener una mujer que necesita, por ley, ser golpeada varias veces para que el Ministerio Público la escuche?
¿En que Estado de derecho vivimos cuando una mujer por el hecho de vivir en determinado estado del país puede ser condenada a 15 años mientras que en el estado vecino, o en otros , el mismo hecho no es delito?
Sufren las mexicanas hoy un triple agravio propiciado por el Estado: El de unas leyes que, EN GENERAL, no le reconocen EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA.
El agravio de vivir en un Estado, que para ser muy soberano, le resta derechos y garantías a sus ciudadanas que gozarían al vivir en otro estado también mexicano.
Y el que considero como el peor de todos por lo que tiene de humillante, es el de contarles cada día el cuento de que México es un Estado de derecho pero no para ellas.
La ciudadanía plena, que pasa por el reconocimiento pleno de todos los derechos humanos. Cuánto hemos hablado de voto y de ciudadanía plena de las mujeres en últimas fechas. Esto sigue siendo un agravio que los tres poderes le arrojan a la cara cada día a todas las mujeres . Hasta pareciera que con intención de burlarse su derecho a tener derechos.
¿Con qué podríamos compensar a tantas mujeres agraviadas por el simple hecho de ser Chiapanecas, Ciudad Juarenses, Michoacanas, Tamaulipecas, Rarámuris, Otomíes, Totonacas, Zapotecas . . . ?
¿Como podría esta Cámara poner fin al incumplimiento y a la violación de las leyes propiciado por el desinterés, la despreocupación o la falta de reconocimiento a los derechos de las mujeres?
¿Como PODRÍA ESTA CÁMARA PONER FIN AL AGRAVIO INFERIDO A LAS MUJERES, hoy que recordamos el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres?
Por lo anterior propongo a esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para que, en cumplimiento de nuestras funciones y respetando la división de poderes y la soberanía de los estados, hagamos un respetable exhorto a todos los Congresos locales, Gobiernos e instancias del Poder Judicial.
PRIMERO. A LOS CONGRESOS LOCALES: Se les propone adecuar y revisar sus leyes en base a la CEDAW y la Convención de Belem Do Pará instándolos a que, de manera urgente eliminen de todas las definiciones de Violencia Familiar la condición de "Reiterada".
SEGUNDO. A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS: Instalen los mecanismos necesarios de atención y protección a las Víctimas de esta Violencia como sería la implementación de defensoras y defensores de oficio especializados en violencia familiar y perspectiva de género y capacitando a todas las funcionarias y funcionarios públicos en este tema evitando acciones de violencia de estado al no defender ni garantizar nada, salvo el peor de los procesos posibles.
TERCERO. AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y LOS ESTADOS .Que apliquen las convenciones ratificadas por México, que tienen rango superior a las normas estatales, en todas las sentencias y que fundamente y motiven sus decisiones con apego a las mismas.
CUARTO. AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION: El respetuoso exhorto para legislar y crear mecanismos que obliguen a quienes no cumplen con los Convenios que son ley suprema para todos y todas sin discriminación alguna y de esta manera evitar el seguir agraviando a las mujeres.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 27 días del mes de noviembre de 2003.
Atentamente
Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN FAVOR DE CONVOCAR A UN PACTO POLITICO
NACIONAL, QUE SERVIRA COMO ESPACIO DE NEUTRALIDAD PARA LOGRAR ACUERDOS
FUNDAMENTALES QUE PERMITAN EL AVANCE DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE
REQUIERE EL PAIS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien turnar a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
La democratización del Estado Mexicano es un proceso histórico que exige la construcción de consensos sólidos, que permitan la gobernabilidad democrática, legitimen las acciones de la nueva clase política, y que den a las instituciones del Estado la confianza de los ciudadanos y de los actores políticos, dándoles coherencia con las estructuras sociales, políticas y económicas.
Frente a esto, el Ejecutivo Federal ha renunciado a su papel histórico de convocar a un pacto político nacional en el que se establezcan las reglas del juego entre los actores políticos, los espacios públicos y el tipo de reformas sobre las que enfocarán sus esfuerzos, a través de la creación de los consensos fundamentales.
Desde el 1 de diciembre de 2000, hasta la fecha, la polarización ha prevalecido, ha imperado un clima de enfrentamiento entre las fuerzas políticas, y ante la marcada tendencia a la configuración de gobiernos divididos, esto se traduce en inmovilidad política e ingobernabilidad.
La polarización entre los actores políticos y la inexistencia de soluciones reales a la problemática nacional, por parte del ejecutivo, han conducido a la decepción de la sociedad, a la degradación de la política y a la perdida de confianza y credibilidad en el plano internacional.
Por otra parte, el panorama de las reformas estructurales se ha complicado, al punto en que a la mitad de este gobierno parece imposible que los acuerdos se puedan concretar de forma perdurable. A pesar de esto, en el Partido Verde Ecologista de México, nos hemos negado a perder la esperanza de que el consenso impere por el bien de México.
Estamos convencidos de que nuestro sistema político exige de espacios de neutralidad que permitan concretar acuerdos perdurables sobre temas fundamentales para la consolidación de nuestra democracia y para garantizar la gobernabilidad, y que será solo a través de estos espacios de neutralidad, que se alcanzarán los acuerdos y los pactos políticos necesarios para solucionar la compleja problemática nacional.
La polarización existente dentro de nuestro sistema político se presenta como un panorama alarmante frente a la falta de confianza y credibilidad entre los integrantes de la clase política y la sociedad civil, hecho que se manifiesta en la incapacidad de lograr pactos y acuerdos políticos, en la poca participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y en la falta de credibilidad y confianza en la política como la vía para solucionar los problemas sociales.
El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones intermedias, el más alto desde hace más de treinta años, y que terminó por acentuar aún más la crisis de legitimidad en el sistema de partidos, es una muestra de ello y una llamada de alerta que debemos escuchar; la dificultad para construir consensos, la parálisis de la consolidación democrática y de la Reforma del Estado, y la desvinculación que existe entre la política y los intereses de la sociedad, son indicios de lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano: reproducir un estadio de ingobernabilidad y de conflictos sociales, como ocurre en Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia, un padecimiento crónico en América Latina.
Estamos a tiempo de evitar la reproducción de estos escenarios, si los actores políticos nos reunimos en torno a un pacto político nacional que sirva como un espacio de neutralidad en el que confluyan nuestras coincidencias fundamentales sobre lo que la historia y el futuro de México nos demandan: alcanzar consensos fundamentales para la consolidación de nuestra democracia y para las reformas estructurales que requiere el país.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:
Unico: Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de exhortar al Ejecutivo a convocar a un pacto político nacional que servirá como espacio de neutralidad para el logro de acuerdos fundamentales que permitan la consolidación democrática y el avance de las reformas estructurales que requiere el país.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Coordinador;
Manuel Velasco Coello, Vice-Coordinador (rúbrica); Alejandro Agundis
Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo,
Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna,
Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila,
Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González
Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno,
Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández,
Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
LA DEROGACION DEL DECRETO DEL 7 DE FEBRERO DE 2002 SOBRE TARIFAS ELECTRICAS
DE CONSUMO DOMESTICO, A CARGO DE LA DIPUTADA AMALIN YABUR ELIAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El día de hoy, que allá afuera en las calles de nuestra ciudad y en el país entero, el pueblo se exalta para reclamar una vez más, su legítimo derecho a la autodeterminación, a la definición de su destino, y a la defensa de su patrimonio, vengo ante ustedes, que representan la máxima voz de las mexicanas y los mexicanos, a llamar su atención, sobre el delicado asunto de las tarifas eléctricas para uso doméstico.
Hace casi ya dos años, el Ejecutivo federal se propuso y lo logró, cancelar un esquema generalizado de subsidios a las tarifas eléctricas de consumo doméstico, que venía funcionando desde hacía muchos años y que verdaderamente ayudaba a las precarias condiciones económicas de las familias mexicanas, particularmente de las familias asentadas en núcleos de población de climas extremosos en este país.
Sabemos que la actual Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, está plagada de omisiones que permiten una gran discrecionalidad del Ejecutivo federal para el ejercicio de sus facultades tarifarias en materia eléctrica. Ha habido excesos en materia de tarifas eléctricas por parte del Ejecutivo Federal, que hoy quiero una vez más denunciar en mi punto de acuerdo, y que propongo a ustedes bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
Que las empresas Comisión Federal Electricidad y Luz y Fuerza del Centro son depositarias del mandato del pueblo de México establecido en el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reglamentaria del artículo 27 Constitucional; en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social, y que en este momento las autoridades que las dirigen así como las autoridades del Poder Ejecutivo han desviado la función de estas al tratar de convertir un derecho social otorgado a través del servicio público en una mercancía, considero que es necesario hacer las siguientes observaciones:
La Nacionalización de la energía eléctrica se llevó a cabo por varias razones, principalmente porque las empresas privadas en México no querían invertir en infraestructura en zonas rurales y en los nuevos asentamientos que se iban creando alrededor de las grandes ciudades del país privándoles del derecho a la electricidad.
Los problemas sociales se iniciaron por la inconformidad de la población debido a los altos costos de los Tarifas Eléctricas desde el período del Presidente Plutarco Elías Calles en los años de 1926 y 1928, y posteriormente con Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, continuaron con Ruiz Cortínez y se agudizaron de manera peligrosa el período de presidente Adolfo López Mateos. Este último tomó la determinación de nacionalizar el Sector, recibiendo fuertes presiones desde el extranjero para evitar tomar esta decisión y sin embargo consolidó la lucha social histórica del pueblo.
El presidente Adolfo López Mateos sabía que mientras él, mujeres y hombres revolucionarios estuvieran al frente del país, el desarrollo de la Industria Eléctrica crecería con seguridad, pero también observaba que grupos internacionales de poder estaban al asecho esperando la oportunidad de apoderarse de esta industria. Con fina inteligencia, los poderes ejecutivo y legislativo modificaron los artículos 27 y 28 Constitucionales con el objeto de que no se conculcara a la Industria Eléctrica, y quedó perfectamente plasmado que en materia de Generación, Conducción, Transformación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica no se otorgarán concesiones a particulares.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, establece el carácter social y no de lucro del mismo. Y en este marco jurídico observamos el comportamiento que venía desarrollando la Gerencia Comercial de las Empresas Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro dentro en el ámbito tarifario, obedeciendo siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas, en el caso de los subsidios aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de Tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la Tarifa De Alto Consumo (DAC).
Sin embargo, desde el año de 1992 fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de estas dos Empresas depositarias de la voluntad del pueblo de México, ha sido distinto y contrario a lo que esta plasmado tanto en nuestra Constitución.
Se han autorizado, y se siguen autorizando concesiones ilegalmente a particulares en Generación de energía eléctrica con el objeto de privatizar el sector, esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha calificado de contrarios a la Constitución General, las modificaciones que se hicieran a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el año de 1992.
El proceso privatizador ha sido continuado por el Ejecutivo Federal, desde que firmo un documento en Québec Canadá en marzo de 2001, conocido como "América Energética", en el cual, comprometió entre otras cosas a disminuir los subsidios en las tarifas de energía eléctrica, sin tener ni siquiera conocimiento el Congreso de la Unión.
Debido a lo anterior, el Secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas", en el que, sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, la cual es facultad exclusiva de esta Honorable Cámara, según los establece el artículo 74 fracción IV constitucional; generó un nuevo sistema de Tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico mas cara en un 187 % que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 % de los usuarios.
Por lo expuesto y con fundamento en el articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración el siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo Federal, así como las autoridades de Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que deroguen el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, donde se establece el "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas", por ser anticonstitucional y por haberse tomado atribuciones que son exclusivas de ésta Cámara, regresando al carácter social que deben tener para el pronto desarrollo del país, fijando en el caso de la tarifa doméstica una sola tarifa para todo el país y reconociendo para climas extremos un subsidio mayor, retornando a la tabla de pasos para la venta de energía eléctrica, ya que hasta el momento no se ha modificado el mandamiento constitucional.
Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE PORQUE EL JEFE DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL INSTITUYA EL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ZURDAS, A CARGO DEL DIPUTADO
EMILIO SERRANO JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que se pronuncie porque el titular del Poder Ejecutivo federal instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas, conforme a los siguientes
Considerandos
1 Estimaciones internacionales fijan en un 13% de la población mundial con la característica de ser zurdos e incluye a hombres y mujeres, menores de edad, jóvenes, adultos mayores e incluso personas con alguna discapacidad. Teniendo el porcentaje previamente descrito y siendo en el país 97.5 millones de personas, de acuerdo con el Censo 2000, se piensa que hay 1?267,500 zurdos.
2 Las personas con ésta característica han sido y en múltiples ocasiones son objeto de olvido, rechazo y discriminación, viviendo cotidianamente con la incomodidad de usar productos que no fueron diseñados para su personal forma y que, por obligación, tienen que adaptarse a usar productos de diestros, alterando con ello el sentido de lateralidad y perdiendo coordinación psicomotriz fina.
3 ¿Por qué una persona nace zurda? científicamente no se ha establecido, pero tiene relación con la lateralidad cerebral, ya que poseemos dos hemisferios, ligados por fibras nerviosas, como canales de comunicación, sin embargo, cada uno de ellos, es capaz de percibir, aprender, comunicarse, recordar y sentir en forma independiente.
4 En las personas zurdas el hemisferio derecho es el dominante y las vías nerviosas que cruzan activan la parte izquierda con más fuerza que la derecha y crean el predominio del un lado corporal; es curioso hacer notar que ningún ser humano nace ambidiestro, en general son zurdos convertidos a diestros y que adquirieron diversas habilidades con la mano derecha.
5 Los niños, a los dos años, muestran preferencia por la mano derecha, entre los tres y cuatro años, por ambas manos, de los cuatro a los siete por la mano izquierda y después de los ocho el predominio de la mano y la lateralidad están totalmente fijados.
6 Desde los tiempos antiguos se han creado muchos mitos e ideado cientos de recursos para obligar a los zurdos a ser derechos, desde los consabidos regaños hasta inmovilizar su mano izquierda, pasando por otros muchos castigos.
7 A lo largo de la historia, a los zurdos se les ha catalogado falsamente como malévolos, y llevados a la picota en la edad Media, incluso hay frases que lo reflejan como la que acusa: "te levantaste con el pie izquierdo", "conoce a un zurdo cualquier día de la semana excepto en martes", sin tener en consideración que muchos personajes históricos han sido zurdos, como Leonardo Da Vinci, Benjamín Franklin, Henry Ford, Albert Einstein, Paul McCartney, por sólo citar algunos.
8 Existen varias formas de zurdés: visual, auditiva, manual e incluso personas que siendo diestras patean con el pie izquierdo y se catalogan como zurdos de pie; estadísticamente, al menos una persona entre diez es zurda y hay mas zurdas que zurdos.
9 En México, cuando nos referimos a minorías y discriminación, usualmente tendemos a pensar en preferencias religiosas, sexuales, raciales, sin embargo nos olvidamos de la minoría zurda, que necesita apoyo en el área terapéutica, ya que al usar productos contrarios a su lateralidad pierden oportunidades en su desarrollo escolar, profesional, en el área de discapacidad para personas que por algún accidente quedan forzadas al uso de la mano izquierda.
Por lo anteriormente expuesto
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncie porque el titular del Ejecutivo federal instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas.
Segundo. Asimismo esta Soberanía le propone respetuosamente que se declare el 13 de agosto de cada año como el Día Nacional de las Personas Zurdas.
Tercero. Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a desarrollar actividades de investigación, implementando acciones de atención a las personas zurdas dentro de sus respectivas competencias.
Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A LOGRAR NIVELES SUFICIENTES
DE BIENESTAR CON EQUIDAD EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA,
MEDIANTE POLITICAS Y ACCIONES DE ORDENACION TERRITORIAL Y DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y
POLITICAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Desarrollo Social, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Conforme a estudio del Banco Mundial1, habitantes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sobreviven y luchan contra la pobreza y exclusión social produciendo importantes cantidades de amapola y mariguana. El estudio calcula que se procesan entre dos y cuatro toneladas de heroína y unas mil de mariguana, equivalentes a la mitad de la producción nacional de ambas drogas.
Al convertir esas comunidades en importantes zonas productoras de drogas se presentan conflictos y violencia (incluso el secuestro), problemas que inhiben la inversión, el combate a la pobreza, la certidumbre en la tenencia de la tierra, los servicios educativos y de infraestructura social.
El informe del Banco Mundial señala que la producción se ubica en la Sierra Madre del Sur y que muchos de los cultivadores de amapola y mariguana son pequeños agricultores mixtecos, zapotecos y nahuas junto con sus familias. Se estima que un productor de drogas en la zona recibe entre 100 y 120 pesos por día, mientras que un trabajador agrícola recibe entre 30 y 40 pesos por día.
Los estados del sur Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los más pobres de México. El índice de marginalidad del Gobierno mexicano y el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas les asignan las tres calificaciones más bajas en materia de indicadores sociales y niveles de vida. Además los datos sobre el ingreso en 2000 confirman la concentración de la pobreza en el Sur, donde vive el 25% de los pobres extremos de la nación, dentro de una población que representa sólo el 10% de la población total del país2.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estados ubicados en el sur del país, tienen la mayor concentración de pueblos indígenas de todo México y por lo menos 2.3 millones de residentes de cinco años o más hablan alguna de las 29 lenguas indígenas en esa región. En términos generales, las comunidades en que viven esos pueblos indígenas son las más pobres, las más aisladas y las menos desarrolladas de los estados del sur; y las que tienen menos acceso al gobierno y a los servicios sociales.
Uno de los factores más importantes es la falta de integración física de estas regiones pobres. La red carretera carece de conexiones estratégicas y el servicio ferroviario, tanto de carga como de pasajeros, casi no existe luego de la reestructuración del sector y posterior cierre de varias líneas.
Aunque el salario promedio de la región es más bajo comparado con otras regiones de México y que abunda la mano de obra, en los tres estados no se ha logrado atraer inversiones de capital. Los costos de transporte, almacenamiento, aduana, empaque y distribución representan el 29 por ciento del Producto Interno Bruto regional, frente a sólo 18 por ciento en México y 10 por ciento en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Claro que existe además de los obstáculos montañosos un problema de dispersión poblacional y en cuanto a la tenencia de la tierra existe duplicación y hasta triplicación de los títulos de propiedad, situación que no ha sido resuelta, presentándose conflictos sobre límites territoriales y violencia.
Es indispensable que los habitantes de esta región tengan niveles de vida dignos y sostenidos con la colaboración por parte del Gobierno Federal a través de mecanismos y políticas que aseguren prosperidad y equidad, logrando un equilibrio regional proporcional al desempeño de la economía mexicana y su relación con el contexto global.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que logre en la región niveles suficientes de bienestar con equidad, utilizando políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando con ello condiciones sociales, económicas y políticas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, Coordinador; Manuel Velasco Coello, Vice-Coordinador (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
Notas:
1) El documento "Estrategia de Desarrollo de los
Estados del Sur de México", elaborado por el Banco Mundial.
2) Según las estimaciones del ingreso familiar
correspondiente a la encuesta domiciliaria INEGI, 2000.
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES ANALICE Y ESTUDIE LA INICIATIVA
QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS ENVIADA A ESTA CAMARA POR
EL CONGRESO DE NUEVO LEON DURANTE LA LVIII LEGISLATURA, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La lotería mexicana es un pasatiempo de las familias y se ha trasmitido de generación en generación. El estado de Nuevo León no escapa de esa tradición.
El juego de la lotería mexicana reúne a jóvenes, mujeres y a personas de la tercera edad, en una convivencia y entretenimiento que está al alcance de las personas de recursos escasos.
Las mujeres de mi estado, Nuevo León, que participan de manera directa en las loterías mexicanas, asumiendo su compromiso con la comunidad y la familia, en defensa de su derecho de ser respetadas y apoyadas, han emprendido un esfuerzo conjunto a fin de buscar el camino para que este juego de usos y costumbres esté en un marco legal donde se tenga certeza jurídica y certidumbre.
Deseo señalar que en los puntos de reunión no hay venta de alcohol y se manifiesta una sana convivencia entre los asistentes. Son una fuente que genera empleos y aleja a las personas de actividades nocivas. Son lugares que, desde hace aproximadamente 20 años, reúnen en mi estado a la familia y la comunidad.
Promover la inclusión de este juego de usos y costumbres en el marco jurídico es contribuir a garantizar un marco jurídico adecuado que dé certeza y protección a quienes trabajan y asisten a los centros donde se juega la lotería mexicana.
Por las razones expuestas y reconociendo la responsabilidad que tenemos como representantes populares, donde nuestro compromiso fundamental es salvaguardar los derechos de los ciudadanos y trabajar con una clara vocación de servicio, respetuosamente propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la presente manifestación se agregue al expediente que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que se analice y estudie la iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Juegos y Sorteos, enviada por el Congreso de Nuevo León a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, a fin de que se anexe en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Dip. Margarita Martínez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS A QUE, AL DICTAMINAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, ELIMINE LA PRIMERA FRACCION
DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL EJECUTIVO
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIAN CHAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Acudo nuevamente a esta tribuna como integrante de la Comisión de Pesca, para insistir en que parece no tener importancia para el gobierno federal, el desarrollo integral de una política pesquera que permita el aprovechamiento sustentable de los recursos con que cuenta nuestro país.
Lo más grave del caso, es que esta situación lleva desmantelando nuestras capacidades productivas desde hace varios sexenios. Hoy, el ejecutivo federal abre un nuevo capítulo al pretender fusionar al Instituto Nacional de Pesca (INP) con la Conapesca.
El INP tiene su antecedente en 1926 cuando se impulsó la creación de la Estación de Biología Marina de Veracruz. Su objetivo primordial consistía en la formación de una institución especializada en la investigación en el campo de las ciencias marinas.
Dicho objetivo se fue transformando en la medida que las necesidades del desarrollo nacional también lo hicieron; entonces, el Instituto incorporó la perspectiva de fomento de la actividad pesquera nacional, basados en información técnico científica de la disponibilidad de los recursos.
En ese momento la mayoría de los recursos pesqueros de nuestro país, eran explotados por embarcaciones de bandera extranjera, ya que se carecíamos de una flota nacional y además, existían pocos profesionistas con formación académica en el área biológico-pesquera.
En los 40, bajo la idea de promover la justicia social, se logra un régimen jurídico que favorece la explotación de los recursos pesqueros por parte de las cooperativas y se controla la flota camaronera en el Golfo de México y la flota atunera en el Pacífico.
Fue en 1962 que se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras como una institución del Estado mexicano encargada de brindar asesoría científica y tecnológica para el desarrollo pesquero y acuícola del país.
En ese momento, sus ejes rectores fueron, por una parte, el reconocimiento de la pesca como una actividad productiva generadora de ingresos, empleos y alimentos para una nación en crecimiento; y por otra, la aceptación de que el desarrollo de la actividad no podía darse sobre la base del desconocimiento de la distribución, abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros. Por tanto, era primordial contar con una institución con personal especializado en el área biológico-pesquera.
Como resultado de las investigaciones del INP, se avanzó en el manejo de las pesquerías más importantes del país. Desde esa fecha y hasta el momento, el Instituto ha proveído de información al sector para que las decisiones de manejo se basen en criterios técnico-científicos que permitan una pesca sustentable y socialmente responsable.
A pesar de su noble labor, en el inicio de la ofensiva neoliberal durante tres años, dejó sin presupuesto a la institución.
En 1985, como parte de la estrategia nacional de desincorporación y privatización, se decidió que una de las formas de resarcir el impacto que había tenido el Instituto durante en los años previos, era autorizar su funcionamiento como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Pesca.
Fue 1995 que pasó de formar parte de una Dirección General a un órgano formal y materialmente desconcentrado de la Semarnap. Se buscaba su autonomía y eficiencia, decían, pero en la práctica esos objetivos no se alcanzaron, porque nunca se le acompañó a esta estrategia de la infraestructura humana y material suficiente.
En el sexenio actual, con la integración del sector pesquero a la Sagarpa, el Instituto perdió parte de sus instalaciones y un grupo importante de investigadores se integraron a la Semarnat. La consecuencia de ello, fue que el tiempo de respuesta a las solicitudes de evaluación de recursos se incrementó.
Hoy, que el sector pesquero requiere un Instituto eficiente, funcional e independiente, con mayores recursos y mayor apoyo de parte del Ejecutivo, con credibilidad y capacidad de respuesta, se pretende que pase a formar parte de una estructura burocrática más de la Conapesca.
¿Qué le vamos a decir a los pescadores cuando tengan que acudir a una instancia que será juez y parte en materia de otorgamiento de permisos? ¿Cómo asegurarles que dichos permisos se otorgarán sin un criterio de intereses particulares y sobre la base del conocimiento técnico especializado de la disponibilidad de los recursos?
No se puede reducir el papel de la investigación biológico-pesquera a los costos que implica, sino como pieza angular en la planeación del desarrollo.
El Instituto Nacional de la Pesca no es una oficina gubernamental como la de imagen y de estrategia de comunicación de la Presidencia de la República, que puede cambiar de visión, misión o metas en función de la perspectiva personal del director en turno. El Instituto cumple con un deber constitucional plasmado en el artículo 27, que refiere la obligación del Estado de administrar los recursos naturales propiedad de la Nación. Los recursos de todos los mexicanos y mexicanas, para las generaciones actuales y futuras.
No es posible que bajo argumentos tales como el ahorro de recursos se proponga la fusión del Instituto, cuando por otra parte el Ejecutivo ha solicitado la creación de nuevas plazas en oficinas de la Presidencia de la República.
Actualmente, el Instituto Nacional de la Pesca es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el medio pesquero y sus problemas de desarrollo y administración. No debe permitirse que las acciones de investigación y asesoría se comprometan con el fomento y administración de los recursos pesqueros.
Por ello, no debemos aceptar el contenido del tercero transitorio que parte de la misma lógica de la desincorporación de centros de investigación, de espacios de cultura, de empresas como la exportadora de sal que en nada puede argumentarse que no resultan en beneficio para el país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, elimine la primera fracción del tercero transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2004 presentado por el Ejecutivo federal.
Atentamente
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION
CON EL ARTICULO 31 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.
Antecedentes
1. De conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002, el Estado tiene derecho a la utilización de tiempos oficiales en los medios electrónicos de comunicación, entre sus usuarios está el Ejecutivo federal.
2. El 22 de diciembre de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión, y en general, a las actividades de comunicación social", mediante los cuales se establecieron, por primera vez, mecanismos de control y verificación en el ejercicio de los recursos públicos destinados a publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, a los rubros relacionados con las actividades de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; en dichos lineamientos se estableció la obligación de que los pagos realizados por las dependencias y entidades deberían efectuarse, invariablemente, a través de cheque nominativo, con el propósito de transparentar el destino de tales erogaciones.
3. En el artículo 39, fracción II, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000 se incluyó, por vez primera, la disposición relativa a los criterios de racionalidad, austeridad y selectividad a que debían sujetarse los gastos de publicidad y actividades relacionadas con la comunicación social de las dependencias y entidades, a través de la radio y la televisión, precisándose que sólo podrían destinarse recursos presupuestarios para ese efecto una vez que se hubieran agotado los tiempos oficiales asignados en los medios electrónicos de comunicación.
En dicha norma también se estableció la obligación de que el Ejecutivo federal informara a esta Cámara de Diputados sobre las erogaciones efectuadas por concepto de gastos de publicidad y actividades de comunicación social, así como sobre el uso de los tiempos oficiales.
4. En concordancia con la disposición anterior, el 31 de enero de 2000 la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación social para el ejercicio fiscal del año 2000".
5. Posteriormente, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, su artículo 35 nuevamente contempló la disposición relativa a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en tratándose de los gastos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal destinados a la comunicación social.
6. En este orden de ideas, en enero de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los nuevos "Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad, difusión y, en general, a las actividades de comunicación social", en los que se incorporaron ideas sobre la forma y términos en que debían ejercerse los recursos públicos.
7. Finalmente, durante los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, se ha mantenido la disposición relativa a los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria que las dependencias y entidades deben observar, al destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la comunicación social.
Consideraciones
I. De conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados revisar la cuenta pública, con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera del Ejecutivo federal en el ejercicio inmediato anterior, comprobando si ésta se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto y dio cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas.
II. Esta facultad de vigilancia y control -referida específicamente al ejercicio de recursos públicos que lleva a cabo el Ejecutivo federal por concepto de gastos de publicidad y comunicación social-, encuentra su justificación, entre otros aspectos, en la necesidad de garantizar que tales gastos atiendan única y exclusivamente a los objetivos proyectados en materia de difusión de las campañas gubernamentales, evitando erogaciones innecesarias, o bien, con propósitos distintos a los establecidos en los programas institucionales respectivos.
III. De este modo, el establecimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria en materia de gastos de comunicación social del Gobierno Federal, que reiteradamente ha venido consignándose en el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde el ejercicio fiscal de 2000, tiene el objetivo fundamental de evitar excesos en el ejercicio de los recursos públicos y garantizar que éstos se destinen a los fines para los que fueron autorizados, partiendo del postulado fundamental en materia presupuestaria, por virtud del cual debe justificarse, en todo momento, el uso correcto de los recursos públicos.
IV. Por lo tanto, es importante adoptar los principios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, en el ámbito específico de los gastos de publicidad y comunicación social, por lo que es necesario establecer mecanismos eficientes de control y vigilancia que permitan comprobar a este órgano legislativo que, en la contratación de espacios publicitarios, el Ejecutivo federal se ha apegado a los criterios de ahorro y transparencia.
V. Ahora bien, la función de control y vigilancia que esta Cámara de Diputados debe ejercer respecto de los recursos públicos destinados a gastos de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se encuentra estrechamente relacionada con la vigilancia en el uso y distribución correcta de los tiempos oficiales a que tiene derecho el Estado, en términos de la normatividad vigente. Ello es así en virtud de que los tiempos oficiales deben ser utilizados en su totalidad, de acuerdo con las disposiciones aplicables, y sólo cuando éstos se hubiesen agotado, el Gobierno Federal estará en posibilidad de realizar erogaciones en materia de comunicación social con cargo al presupuesto.
VI. Sin embargo, del análisis al artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 se advierte que en éste se han omitido directrices y normas tendientes a garantizar la transparencia y el ahorro en el uso de recursos públicos para fines de comunicación social del Gobierno Federal.
Al efecto, es de destacarse que en un ejercicio comparativo del proyecto en comento con su similar en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, se avisa la eliminación de la restricción para utilizar recursos presupuestarios con fines de promoción institucional de las dependencias o entidades, que se encuentra actualmente establecida en el artículo 30, primer párrafo, in fine.
Asimismo, se exime al Ejecutivo federal de la obligación de informar a esta soberanía sobre la utilización de los tiempos oficiales, aspecto que resulta de suma importancia si se considera que los gastos de publicidad y comunicación social con cargo al presupuesto únicamente podrán efectuarse cuando se haya agotado el uso de los mencionados tiempos oficiales.
Por otra parte, el precepto que nos ocupa suprime el deber que actualmente tiene el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, de publicar las cuotas y pagos que realice por concepto de publicidad y comunicación social, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Además, se han eliminado las precisiones respecto de las características que deben tener las campañas publicitarias, y las condiciones de ahorro y austeridad en que se deben emitir las publicaciones respectivas.
Por las razones antes expuestas, los suscritos diputados proponemos que el artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 se apruebe en los términos que a continuación se indican, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Pleno de esta Cámara de Diputados, que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el artículo 31 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 atienda a las modificaciones que presentan los suscritos diputados.
Segundo. Que se considere como texto de dicho precepto el siguiente:
Artículo 31. Las dependencias y entidades únicamente podrán destinar recursos presupuestarios para actividades relacionadas con la comunicación social a través de la radio y la televisión, una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector Público como en aquellos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Serán exceptuadas de esta disposición las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos. En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la imagen institucional de las dependencias o entidades.
Las erogaciones a que se refiere este artículo deberán ser autorizadas por la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de su competencia, en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades, se autorizarán además por el órgano de gobierno respectivo. Durante el ejercicio fiscal no se otorgarán a las dependencias y entidades ampliaciones a las erogaciones autorizadas por la Secretaría de Gobernación, salvo en el caso previsto en el siguiente párrafo.
No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se determinen en las disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá reportar en los informes trimestrales sobre las erogaciones destinadas a servicios de comunicación social y publicidad, las cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades; asimismo, deberá informar sobre la utilización de los tiempos oficiales.
La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de publicar las cuotas y pagos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos del artículo 65 de este Presupuesto.
Para la difusión de sus actividades, tanto en medios públicos como privados, la Administración Pública Federal sólo Podrá contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios electrónicos. En el caso de los medios impresos deberá tomarse en cuenta, adicionalmente, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión, con base en la metodología que para el efecto emita la Secretaría de Gobernación.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades. Asimismo no se podrán destinar recursos de comunicación social a programas que no estén considerados expresamente en este Presupuesto.
Las campañas de publicidad que en los distintos programas se realicen, deberán contener única y exclusivamente el objeto mismo del programa.
Las publicaciones a las que se refiere este artículo deberán ser impresas en papel reciclable; además, queda prohibido a las dependencias y entidades realizar publicaciones costosas y de lujo y sólo deberán realizarse para las actividades señaladas en el párrafo anterior, dentro de los programas de ahorro.
La Secretaría y, en su caso, las dependencias y entidades, no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago en favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos con las actividades de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado, la prestación recíproca de servicios de publicidad.
Las dependencias y entidades proporcionarán a la Función Pública, dentro de los diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes, la información desglosada y por partida de gasto sobre las erogaciones a que se refiere este artículo, la cual deberá incluir el seguimiento del tiempo de transmisión, distribución y uso que se dé a los tiempos oficiales. A su vez, dicha dependencia proporcionará a la Secretaría de Gobernación la información consolidada correspondiente, en un plazo no mayor a los cinco días naturales subsecuentes, para la presentación de los informes y evaluaciones correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de noviembre de 2003.
Diputados: Dolores Gutiérrez Zurita, Francisco
Javier Bravo Carbajal, Marcela Guerra Castillo, Fernando A. García
Cuevas, Ady García López, Javier Orozco Gómez, Eduardo
Espinoza Pérez, María Elena Orantes López, Carlos
Jiménez Macías, Cuauhtémoc Ochoa Fernández,
Alejandro Agundis Arias, Julio H. Lujambio Moreno, Fernando Espino Arévalo,
Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Maximino
Fernández Avila, Luis Antonio González Roldán, Eugenio
Mier y Concha, Luis Felipe Madrigal Hernández, María Sara
Rocha Medina, Roberto Campa Cifrián, María Esther Scherman
Leaño, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco Arroyo Vieyra,
Mayela Quiroga Tamez, Carlos Mireles Morales, José Alberto Aguilar
Iñárritu, Juan M. Dávalos Padilla, Humberto Cervantes
Vega, Alfonso González Ruiz, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús
Emilio Martínez Alvarez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Jorge
Legorreta Ordorica, Raúl Piña Horta, Pedro Vázquez
González, Joel Padilla Peña, Inti Muñoz Santini, Laura
Elena Martínez Rivera, Fernando de las Fuentes Hernández,
Ricardo Rodríguez Rocha, Eduardo Olmos Castro, María del
Carmen Izaguirre Francos, Francisco Luis Monárrez Rincón,
Armando Leyson Castro, Angel Buendía Tirado, Adrián Víctor
Hugo Islas Hernández, Guillermo Zorrilla Fernández, Pablo
Anaya Rivera, Ernesto Alarcón Trujillo, Ulises Adame de León
(rúbricas).
 
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION
CON LA NO DESINCORPORACION DE NOTIMEX, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE LUIS MEDINA
LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado federal, José Luis Medina Lizalde del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes
Antecedentes y Considerandos
La Agencia Notimex nace en plena explosión de la comunicación en los años setenta y lo hizo con sobrado éxito, frente a las agencias AP y UPI de Estados Unidos, Reuters de Inglaterra, France Presse de Francia, Tass de la Unión Soviética, DPA de Alemania Federal, Prensa Latina de Cuba, Jiji Press y Tokio News de Japón, CTK de Checoslovaquia, Tanjug de Yugoslavia, EFE de España, Telam de Argentina, y otras que reconocieron la importancia informativa de Notimex, que con profesionalismo logró proyectar la imagen de México en el mundo y llevar ojos, oídos y voz de periodistas mexicanos que transmitían lo que pasaba en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa y Asia, con criterios novedosos, transparentes y sobre todo críticos.
1.- Que la agencia de noticias mexicana Notimex, fue constituida desde agosto de 1968, hace ya 35 años, agencia encargada de divulgar los principales acontecimientos del mercado hispano, latinoamericano y el resto del mundo, a través de sus diferentes servicios de noticias. Contando en su inicio con corresponsales en 32 países, cubriendo prensa escrita, radio y televisión.
2.- Que es uno de los escasos organismos de comunicación en México comprometido con la difusión de las políticas públicas del estado, es una institución social y políticamente necesaria para este país, de cuya eficacia se ha beneficiado la política de comunicación del estado mexicano.
3.- Que es un canal de expresión de carácter público que fortalece la soberanía nacional, contribuye a la integración informativa y constituye la única oportunidad de registrar con una visión propia los acontecimientos internacionales.
4.- Que cumple con una gran función social, siendo que el 70% de la información nacional e internacional que genera se publica en más de 1,200 medios de nuestro país y el extranjero.
5.- Que al desincorporar a la agencia Notimex, no solo interrumpiría el exitoso aunque perfectible trabajo que ha desarrollado en detrimento de la imagen nacionalista que se quiere proyectar en el extranjero sobre nuestro país.
6.- Que es una fuente importante de empleos a nivel nacional, que cubre la información nacional en el momento preciso, pues cuenta con corresponsales en todos los estados, transmite información escrita y gráfica y ofrece servicios de texto, video y voz a los medios electrónicos.
7.- Que México no debe prescindir de sus medios públicos, como factor de equilibrio informativo en la sociedad, en relación con los medios privados, pues no hay que olvidar que los grupos corporativos de información se manejan bajo intereses mercantiles y no como un servicio social como es el caso de Notimex.
8.- Notimex produce alrededor de 15,000 notas al mes, de las cuales, 9,000 son del área nacional y 6,000 del área internacional, durante los primeros 9 meses del presente año en los medios impresos del país hubo 350,000 impactos de las notas de esta agencia.
9.- De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el monto asignado es alrededor de 99 millones de pesos. Como porcentaje del gasto programable, corresponde al 0.008 por ciento, en tanto, que como porcentaje del Producto Interno Bruto, apenas significa 0.0014 por ciento; presupuesto insignificante comparado con el utilizado para promover la figura presidencial.
Sería lamentable dejar en manos de agencias internacionales el manejo de la información nacional. Cuando lo que se impone es el perfeccionamiento de un marco jurídico para que nuestro país cuente con verdaderos medios públicos.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, garantice que la Agencia Mexicana de Noticias Notimex continúe siendo propiedad del Estado y aprobará en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2004, los recursos financieros necesarios para que dicha agencia pueda continuar en operación e iniciar un proceso de modernización que garantice su competitividad como agencia de noticias.
Segundo.- La Cámara de Diputados, se pronuncia por desechar la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para la desincorporación de Notimex, como empresa paraestatal, en virtud de que dicha agencia debe continuar como propiedad del Estado mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003
Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS REMESAS QUE ENVIAN A MEXICO LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO AVILA NEVAREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En días pasados, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Pew Hispanic Center, uno de los centros de investigación sobre temas migratorios más prestigiosos de Estados Unidos de América, dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada en ese país sobre las remesas que los migrantes mexicanos envían anualmente a sus familias.
De acuerdo con los datos que arrojó dicha encuesta, el monto en dólares que nuestros paisanos residentes en la Unión Americana habrán enviado a México durante el presente año será del orden de 14 mil 500 millones, lo cual difiere con los 13 mil millones calculados originalmente por el Banco de México para 2003.
Esas remesas no sólo son de gran importancia para nuestra economía, por constituir su segunda fuente de recursos, sino que en este momento se encuentran apuntalando la estabilidad financiera del país, pues han superado ya los ingresos que recibimos del turismo y de la inversión extranjera e, incluso, podrían estar a punto de sobrepasar nuestra principal fuente de ingresos: el petróleo.
Al respecto, deseo subrayar que Pemex ha ingresado en el país alrededor de 9 mil millones de dólares en siete meses. No obstante, debe enviar al extranjero millones de barriles de crudo y otros productos petroquímicos. De ahí que la gran diferencia con el dinero recibido de nuestros migrantes estribe en que el gobierno no tiene que dar absolutamente nada a cambio.
No existe duda de que México depende cada vez más de sus migrantes, ya que en los últimos dos años los envíos de dinero tuvieron, de acuerdo con información del Banco de México, un incremento de 50 por ciento, y el año pasado nuestro país fue el segundo en el mundo que recibió, en términos absolutos, mayores remesas de dinero.
En promedio, cada trabajador envía a sus familiares una remesa mensual de 310.61 dólares, que contribuyen significativamente al mejoramiento de ingresos de los hogares mexicanos.
Las transferencias de dinero les permiten facilitar la compra de bienes de consumo y tienen potencial para favorecer el ahorro y la inversión en bienes productivos. De esos hogares, 10 por ciento recibe dinero de familiares que viven en Estados Unidos; y para 40 por ciento de esas familias, los envíos son el único ingreso.
Además, el Gobierno Federal mismo ha admitido que los recursos ingresados en el país por esta vía han ayudado a la reducción de la pobreza, por lo que se han convertido en un motor que estimula el crecimiento de la economía, particularmente de la actividad en las comunidades receptoras.
Esas remesas circulan prácticamente hacia todos los sectores de la sociedad y casi a cada una de las regiones del país, con lo que se concluye que este fenómeno dejó de ser, como hasta hace poco tiempo se consideraba, un beneficio sólo para las clases más desprotegidas, convirtiéndose en un nuevo fenómeno económico.
Sin embargo, a la fecha se presenta una problemática preocupante sobre los medios para mandar dinero de Estados Unidos a México, que no podemos soslayar dados los escandalosos abusos en contra de nuestros migrantes, que desde hace ya varios años han caracterizado las principales compañías estadounidenses y sus agentes en el país que se encargan de las transferencias.
Para los envíos de dinero, los usuarios tienen como opciones las llamadas "Dinero en minutos", "Dinero al día siguiente" y "Dinero a domicilio", que son las que manejan, principalmente, las compañías Western Union, Money Gram, Wells Fargo y Bank of America, entre otras en Estados Unidos; y Elektra, Banamex, Salinas y Rocha, Vital, Bodega de Remates y The One, algunos de sus agentes en México.
Otra opción ha sido el giro telegráfico por medio de Telecom/Telégrafos. Sin embargo, lamentablemente esa opción ha sido muy limitada hasta hoy.
Por no contar con otros mecanismos más asequibles, nuestros paisanos irremediablemente han caído en las garras de las citadas compañías, por lo cual las altas comisiones que les cobran por el envío de remesas repercuten de manera notoria en sus bolsillos, lo que es sin duda una injusticia, tolerada por autoridades estadounidenses y mexicanas.
Por otra parte, está visto que el método tradicional de enviar dinero vía correo tampoco es la alternativa: como todos sabemos, el robo o la pérdida de dinero en efectivo, cheques y otros documentos cobrables ha sido una constante en el Servicio Postal Mexicano.
De ahí que no sólo nuestros migrantes y sus familias tengan que enfrentar las desproporcionadas sumas de dinero que retienen las citadas compañías en gastos de envío, comisiones y pago arbitrario de tipo de cambio de dólar-peso, sino que también están sujetos a sufrir de robos en el correo nacional y otra clase de abusos en su propio país, que los tienen en un completo estado de indefensión, ante la apatía del Ejecutivo federal.
Se ha venido manifestando con insistencia en diferentes foros la enorme importancia que ha cobrado en los últimos años el envío de remesas a México, y se ha señalado también que cada día se hace más urgente la necesidad de buscar un mecanismo viable, económico y seguro que pueda regularlas en beneficio de quienes envían y reciben.
Por ello, ya no pueden seguir tolerándose los incontables abusos y robos de que son objeto diariamente nuestros migrantes, situación que lesiona de manera sensible la economía y el patrimonio tanto de nuestros paisanos en Estados Unidos como de sus familias en México.
Considerando que ha llegado el momento de que el Ejecutivo federal se aboque a encontrar mecanismos que regulen las comisiones que se cobran por el envío de remesas de Estados Unidos a México, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados hace llegar un respetuoso y firme exhorto al Ejecutivo federal a intensificar los encuentros entre el Gobierno de la República y el de Estados Unidos de América, con el propósito de establecer medidas y mecanismos bilaterales que consigan reducir significativamente las comisiones que se cobran en la transferencia de remesas; asimismo, para que se pague un tipo de cambio más justo, y se terminen en definitiva los abusos que cometen contra los migrantes mexicanos las compañías que manejan el envío de dinero de Estados Unidos a México.
Segundo. Con el ánimo de contribuir a solucionar la problemática, la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a analizar la conveniencia de que, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se instalen ventanillas en nuestra embajada y consulados en Estados Unidos de América, a efecto de recibir remesas de dinero para que, por conducto de Telégrafos de México, se envíen al país con el cobro de bajas comisiones, y sean pagadas de acuerdo con la cotización peso-dólar del día autorizada por el Banco de México.
Tercero. De igual manera, para que invite a empresarios mexicanos y estadounidenses a fin de que se permita la instalación de módulos receptores en tiendas de autoservicio de ambos países, para que nuestros connacionales tengan la posibilidad de enviar sus remesas en coordinación con Telégrafos de México.
México, DF, a 27 de noviembre de 2003.
Diputados: Pedro Avila Nevárez, Jaime Fernández
Saracho, Francisco Monárrez Rincón (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SEMARNAT A CREAR UN FONDO DE PROTECCION DEL SISTEMA DE BARRANCAS,
A CARGO DEL DIPUTADO VICTOR SUAREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
1. Al poniente de la Ciudad de México se encuentra la Sierra de la Cruces, en continuidad con la Sierra del Ajusco; estos accidentes geográficos determinan un relieve de lomeríos y la conformación de una serie de barrancas, cuyos cauces descienden hacia la cuenca. Sobre estas estribaciones se asienta parte de la población de las delegaciones Magdalena Contreras, Alvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. Entre las barrancas que corren de oeste a este y que se ubican en forma paralela de norte a sur, tenemos: la de Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Guadalupe y Texcalatlaco.
Estas barrancas son las zonas naturales hacia las cuales desembocan los escurrimientos pluviales y varios manantiales, constituyendo una importante área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la ciudad. A su vez, forman un sistema de salvaguarda para los pobladores de la Ciudad de México, pues mantienen los mecanismos de control y manejo de escurrimientos pluviales y aguas fluviales hacia la cuenca.
Por ello es necesario privilegiar acciones tendientes a la conservación del sistema de barrancas pues éste asegura el futuro de la ciudad, al evitar futuras inundaciones.
2. Las barrancas del poniente del DF presentan una compleja problemática ambiental debido a la expansión de la mancha urbana, que durante la segunda mitad del siglo pasado llevó a los pobladores a buscar terrenos en el contorno de la ciudad, así proliferaron asentamientos a lo largo de las barrancas. Las viviendas y los terraplenes, en donde se construyeron las casas, invadieron los cauces naturales del agua, impidiendo su circulación y ocasionando grandes problemas hidráulicos que han provocado incluso pérdidas humanas.
Los asentamientos humanos han generado un aumento en las necesidades de drenaje, que en buena parte es canalizado hacia las barrancas. Además, la pavimentación ha ocasionado un fuerte y rápido incremento en las tasas de escurrimiento y una disminución en los volúmenes de infiltración y recarga de acuíferos. Al correr los escurrimientos sobre suelos desprovistos de vegetación y sobre superficies pavimentadas se concentran aguas con cargas elevadas de material sedimentable que azolva corrientes, vasos y líneas de drenaje.
En el mismo sentido, trabaja la producción de basura y la disposición de toda clase de desperdicios en coladeras y en los cauces. Al acumularse la basura se disminuye la capacidad de los conductos y de los vasos de las presas, provocando el desbordamiento de aguas sobre las calles.
Los asentamientos han modificado los taludes de las barrancas. Para ganar terreno se establecen terrazas y se conforman las pendientes en vertical, con material colocado sin tratamiento alguno. De esta manera quedan los taludes sujetos a fallas y a su posible desmoronamiento o desgajamiento con la lluvia.
La población que se encuentra sobre terrenos minados, en las orillas de las barrancas e inclusive, sobre los cauces de los ríos son considerados, en un elevado porcentaje, de alto riesgo, lo cual no sólo implica el peligro en que viven, sino también la vulnerabilidad a la que están sujetos.
Urge desarrollar acciones para la conservación ecológica del sistema de barrancas, las cuales deben promover mecanismos de participación social entre la población asentada en las barrancas, con especial atención hacia los jóvenes, incluyéndolos en la toma de decisiones y la vigilancia y procurando la generación de empleos.
3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 27 que: Son propiedad de la nación, entre otros, las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales? (párrafo 5º).
Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 5º señala que son facultades de la Federación: La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación? (fracción III).
La Ley Ambiental del Distrito Federal en el artículo 87 manifiesta que se consideran áreas verdes, entre otras, las barrancas... (fracción VII). Y que Corresponde a las delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección, restauración, fomento y vigilancia de las áreas verdes, establecidas en las fracciones I a V del párrafo anterior; y a la secretaría, el ejercicio de las acciones antes mencionadas, cuando se trate de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX, siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales de las delegaciones, localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren competencia de las delegaciones, así como cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión y deterioro ecológico, con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda persona en el Distrito Federal, de conformidad con los criterios, lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia secretaría?
Asimismo, esta legislación les confiere el estatus de Áreas de Valor Ambiental, en función del artículo 90 bis que a la letra dice: Las barrancas perturbadas que presentan deterioros ambientales por el impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas.
Lo anterior hace patente que existe un complejo marco legal sobre las barrancas, que crea incertidumbre en cuanto a la definición de competencias y al régimen de propiedad; asimismo, impide su protección ecológica de acuerdo con la trascendencia que tiene este sistema para la supervivencia de la Ciudad de México.
4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 15º establece que Para la formulación y conducción de la política ambiental? el Ejecutivo observará los siguientes principios: IV.? debe incentivarse a quien proteja el ambiente y a quien aproveche sustentablemente los recursos naturales; (?) IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; X. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.
En consecuencia y a fin de sumar esfuerzos en la protección y conservación del sistema de barrancas del poniente del DF presentamos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el gobierno del Distrito Federal integre un Fondo para la Protección del Sistema de Barrancas del Poniente del Distrito Federal, que permita integrar una instancia de coordinación entre autoridades de los diversos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, a objeto de impulsar un programa especial que promueva acciones concretas para su restauración y conservación.
Segundo. Aprobar, por parte de esta honorable representación en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 la partida presupuestal que se requiera para la consecución del punto anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2003.
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOLICITE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION QUE INTEGRE UNA COMISION PARA INVESTIGAR LAS DESAPARICIONES Y MUERTES
DE MUJERES EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, DESDE 1993, POR CONSTITUIR UNA
VIOLACION GRAVE DE GARANTIAS INDIVIDUALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ROCIO
SANCHEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Rocío Sánchez Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace diez años, cada semana en Ciudad Juárez desaparece mínimo una mujer y no se vuelve a saber más de ella, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer su cuerpo sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturada, violada de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas.
En su mayoría se trata de mujeres jóvenes y de origen humilde, que son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas. La brutalidad con la que los victimarios las secuestran y asesinan va más allá del acto de matar y pone de manifiesto una de las expresiones más terribles de la violencia contra la mujer. Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad, cuya muerte no suponía un costo político para las autoridades locales. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes.
La respuesta de las autoridades durante los diez años ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación. Incluso, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades reflejaba una abierta discriminación hacia ellas y sus familias. En más de una ocasión las mismas mujeres fueron culpadas de su desaparición y asesinato debido a su forma de vestir o por trabajar de noche en bares.
Los hechos, sin embargo, demuestran la existencia de características comunes en las desapariciones y asesinatos de las mujeres y niñas por razones de género. La doctora en Antropología, Rita Segato, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, califica a los crímenes contra las mujeres de ciudad Juárez como "crímenes semejantes" y concluye que la cantidad y el modus operandi indican la necesidad de que los responsables de estos homicidios sean numerosos, estén asociados y gocen de algún grado de protección de fuerzas políticas, sociales, jurídicas y policiales.
Es la misma incapacidad de las autoridades para esclarecer y erradicar los crímenes la que ha fomentado numerosas especulaciones sobre quién o quiénes están detrás de los asesinatos y los motivos para cometerlos. Se habla de la participación de narcotraficantes, elementos del crimen organizado, personas residentes en los Estados Unidos, así como motivaciones satánicas, el comercio ilegal de cintas pornográficas y el tráfico de órganos.
Los homicidios de Ciudad Juárez socavan la credibilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia en México. Ya sea por indiferencia, falta de voluntad, negligencia o incapacidad, la falta de acción por parte de las autoridades competentes para investigar los crímenes ha sido notoria durante los últimos diez años. Cuestiones tan elementales como que en innumerables casos no han sido escuchados los reclamos para que se inicien averiguaciones previas inmediatas desde el primer día en que se denuncia una desaparición. En otros, Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales, cuando las posibilidades de encontrar a la mujer viva e identificar a los presuntos responsables son mayores, y una falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales. Mientras que en otras indagatorias, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados, proporcionado información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo. Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura por parte de agentes de la Policía Judicial para obtener información y confesiones de culpabilidad.
La violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez y la incapacidad oficial para abordar estos crímenes no sólo es una forma de discriminación sino que comporta violaciones graves al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad, protección judicial y debido proceso legal consagrados como garantías individuales en la Constitución General de la República y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y constituye condición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad investigatoria en materia de violación grave de alguna garantía individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97, párrafo segundo, de nuestra Carta Magna.
El femicidio tal y como se manifiesta en ciudad de Juárez, es un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando se presupone es producto del crimen organizado e involucra negligencia gubernamental. Como es sabido, para investigar los crímenes y brindar apoyo al gobierno mexicano y familiares de víctimas, seis congresistas estadunidenses presentaron un proyecto de ley en el Senado de su país. A su vez, el Congreso de los Diputados de España aprobó, por unanimidad, una propuesta, que será llevada a otras instancias como el Parlamento y la Comisión europeos, en la que se insta al Presidente Vicente Fox a que se esclarezcan lo antes posible los asesinatos.
La desapariciones y muertes de mujeres en el estado de Chihuahua constituye sin lugar a dudas uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la historia de México. Mientras no se resuelvan, a nivel nacional e internacional, el Estado de derecho en México estará en entredicho. Indudablemente que la violación flagrante y grave de garantías individuales exige el ejercicio de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como vía prevista el Constitución para casos graves y excepcionales.
El caso del vado de Aguas Blancas reveló que ante actitudes negligentes y parciales de autoridades locales, sólo la intervención sólida, imparcial y profesional de nuestro máximo tribunal pude restablecer el Estado de derecho.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación integre una Comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en ciudad Juárez desde 1993, por constituir una grave violación a garantías individuales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil tres.
Diputada Rocío Sánchez Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL JEFE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS SECRETARIAS DE ESTADO
RESPONSABLES DE LA CIBIOGEM A NO LEVANTAR LA MORATORIA SOBRE LA SIEMBRA
EXPERIMENTAL DE MAIZ TRANSGENICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA
ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La moratoria de facto a la siembra experimental de maíz transgénico se decretó en 1998 por recomendación del entonces Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, dependiente de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la entonces Secretaría de Agricultura.
Esta decisión se tomó debido, entre otros factores, a que:
2.- La exploración, estudio y conservación de estos recursos ha sido una tarea difícil y no apoyada suficientemente.
3.- La introducción de cultivos transgénicos podría acentuar la pérdida de diversidad, el desperdicio de recursos fitogenéticos de maíz y la generación de problemas en el ambiente agroecológico.
4.- México suscribió acuerdos internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), en el que se señala expresamente el uso responsable de la biotecnología a fin de conservar la biodiversidad.
5.- Al menos 30% del maíz que se importaría de Estados Unidos en 1998 sería transgénico y se consideraba que era muy probable su desvío para cultivo a campo abierto en México.
El caso de la contaminación de maíz transgénico en México, es una alerta urgente de que todos los centros de origen y diversidad genética están bajo riesgo de contaminación transgénica.
No obstante la gravedad de este problema, hasta el momento el Gobierno Federal ha asumido una actitud irresponsable, pues la Secretaría de Agricultura anunció la suspensión de la moratoria que existe contra la siembra de maíz transgénico, al tiempo que continúan las importaciones de maíz no segregado de Estados Unidos un alto porcentaje del cual es transgénico, que es la principal fuente de la contaminación en México.
Las razones que dieron origen a la declaración de esta moratoria continúan vigentes y, más aún, se han agravado, dado que cuando se decretó esta moratoria la contaminación genética del maíz mexicano aún no se daba.
Levantar la moratoria significa desproteger totalmente el centro de origen y diversidad del maíz y abrirle la puerta a las transnacionales, y eso no se debe permitir.
Empresas inversionistas y generadoras de transgénicos, con Monsanto en papel de líder, han insistido en que la moratoria en México ha sido larga e inconveniente, pues ha impedido el avance de la investigación.
El levantamiento a la moratoria "de facto" para sembrar experimentalmente maíz transgénico es una decisión apresurada y unilateral, pues no se hizo ninguna consulta con los especialistas en maíz.
Por ello es imperativo que el Consejo Consultivo de la Cibiogem, compuesto por varias secretarías de Estado, proporcione sus argumentos o en su defecto se discuta con la comunidad científica lo concerniente a este asunto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las secretarías de Estado que sostienen la Cibiogem a que, mientras no se evalúe el riesgo ambiental y tengamos una ley que atienda las preocupaciones y puntos de vista de todos los sectores de la sociedad sobre este delicado asunto, se mantenga la moratoria sobre siembra experimental de maíz transgénico.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Quien suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, presenta la propuesta con punto de acuerdo para solicitar la devolución de impuestos a trabajadores de Pemex Corporativo Telecomunicaciones Zona Oriente con residencia en Poza Rica, Veracruz, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Primero.- Que debido las inundaciones ocurridas a causa de la depresión tropical número 11, en el mes de octubre de 1999, la Unidad de Ingeniería en Telecomunicaciones Zona Oriente se vio afectada en sus instalaciones en los centros de trabajo Catalina, Puebla, Tuxpan y Poza Rica, Veracruz.
Segundo.- Que con fecha 22 de diciembre del año 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999.
Tercero.- Que el centro de trabajo Ingeniería de Telecomunicaciones Sector Poza Rica, se encuentra contemplado en el Diario Oficial de la Federación. Además, el Servicio Postal Mexicano expide constancia de fecha 22 de enero de 2001 en la que se señala que la ubicación física de las instalaciones de Ingeniería de Telecomunicaciones, Unidad Zona Oriente de Pemex, se localizan en el interior del Campo Pemex s/n de la colonia Morelos de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
Cuarto.- Que el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, mediante oficio No. 330-SAT-IV-B-5492 de fecha 15 de mayo del 2001, resuelve:
Unico.- En la medida en que, como lo manifiesta Petróleos Mexicanos, su Unidad de Ingeniería de Telecomunicaciones Zona Oriente de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones se encuentre ubicada dentro de la localidad de Poza Rica, Veracruz, en el interior del Campo Pemex s/n, y sus departamentos locales de Poza Rica, Tuxpan y Catalina, se encuentren en los municipios y localidades a que se refiere el anexo del decreto por el que se condona y exime del pago de las contribuciones federales que se indican y se otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las zonas geográficas afectadas por las lluvias ocurridas en los meses de septiembre y octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999 y el artículo Unico del Decreto por el que se adicionan al numeral 6 del anexo citado, los municipios y localidades que se indican en el mismo, publicados en el Diario mencionado del 15 de marzo del 2000, y se cumpla con los requisitos señalados en el primer decreto aludido, Pemex podrá acogerse a los beneficios y facilidades administrativas que otorga dicho decreto.
Quinto.- Que en el documento GEFIS-03 de fecha 5 de abril del 2000, emitido por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, se señala que el monto del impuesto condonado de septiembre-diciembre de 1999 -el cual se refleja en las constancias de retención- se deberá efectuar la devolución a los trabajadores que presten su servicio en los centros de trabajo afectados a los que se hace referencia en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1999.
Sexto.- Que los trabajadores citados, por conducto de su representante legal, han realizado en varias ocasiones y ante las instancias correspondientes la devolución de los impuestos de los que ya he hecho referencia, sin que hayan alcanzado respuesta alguna.
Séptimo.- Que con fecha 29 de noviembre del 2001, se solicita la intervención de la Presidencia de la República. En respuesta, la Coordinación de Atención Ciudadana mediante oficio no. 1102911-13, solicita al director general de Petróleos Mexicanos, comunicar la resolución que habría esta paraestatal asumir.
Octavo.- Que los trabajadores recurrieron al recurso legal apoyados por la Profedet demandando a Pemex ante la Junta de Conciliación No. 44 con fecha 9 de julio del 2002 y esta mediante expediente no. 383/2002, se declara incompetente.
Acto seguido, en noviembre del mismo año, se solicita un amparo en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en contra de la improcedencia de la Junta de Conciliación No. 44 para ser remitido a la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, donde con fecha 12 de febrero del 2003 que por ser de índole fiscal, la Administración Local de Recaudación de Tuxpan, Veracruz, del Servicio de Administración Tributaria de Hacienda y Crédito Público debe de conocer y resolver a este controvertido; esta dependencia, mediante oficio No. 324-SAT-30-V-F-03275341(09)109 de fecha 14 de abril del 2003, informa a los trabajadores, que este asunto fue remitido al Administrador Central de Programación de Grandes Contribuyentes.
Noveno.- Que mediante oficios nos. HCD/MHH/
0031/03 y HCD/MHH/0033/03 de fecha 30 de octubre y 13
de noviembre de los corrientes respectivamente, solicité a la Administración
Central de Programación de Grandes Contribuyentes información
al respecto, con la única finalidad de indagar, que situación
guarda el asunto en comento y de esta forma dar respuesta expedita y pronta
a los trabajadores ya citados, quienes han solicitado la intervención
de esta Soberanía por mi conducto, de lo cual, a la fecha desconozco.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que esta Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conozca la problemática tan añeja que los trabajadores de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Pemex, han venido padeciendo, y de esta forma se lleve a cabo la investigación necesaria con el propósito de dar cumplimiento a la demanda planteada por mucho justa, es decir, se proceda por parte de la paraestatal a realizar las devoluciones correspondientes
Atentamente
Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica)
Palacio Legislativo, noviembre 24 del 2003.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA Y LA PROHIBICION DEL INGRESO
DE MAIZ TRANSGENICO EN EL PAIS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE LUIS CABRERA
PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 11 de septiembre del presente año entró en vigor el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El Protocolo de Cartagena es un instrumento para regular el movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados, los llamados transgénicos, que pueden tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Lo anterior, de conformidad con el enfoque de precaución que figura en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Es preciso dejar en claro que en tanto México define su legislación interna en materia de bioseguridad y de organismos vivos modificados, los llamados transgénicos, debe aplicar como mínimo las disposiciones del Protocolo.
México importa maíz y sus derivados para uso en la industria alimentaria. En esas importaciones existe el riesgo de que vengan mezclados transgénicos e híbridos tradicionales.
En una gira de trabajo, los días 6 y 7 de noviembre, por el estado y puerto de Veracruz, adonde fue invitada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las autoridades del puerto mencionaron que estaban imposibilitadas para realizar los estudios necesarios a fin de detectar transgénicos en los embarques que llegan al puerto, dado que carecen de laboratorios para la detectar secuencias transgénicas.
No se tienen trabajos y evaluaciones de riesgo como lo señala el propio Protocolo de Cartagena, que indiquen que la introducción de maíz transgénico no afectará la salud y el ambiente en México. No se saben todavía las consecuencias que provocará la mezcla de los genes del maíz transgénico con los genes de las variedades de maíz criollo.
Por ello, bajo la premisa del principio precautorio se debe mantener en México una moratoria de facto a cualquier liberación al ambiente de maíz transgénico, ya que representa una amenaza potencial a la diversidad de maíz en México y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria del país y a la subsistencia de uno de los cultivos más importantes del mundo entero.
Es claro que un país de alta diversidad biológica y, en especial, centro de origen de parientes silvestres de especies como el maíz, donde existen riesgos desconocidos en materia de salud y ambiente, no debería sembrarse e importarse maíz transgénico hasta no garantizar un riesgo cero (es decir que no exista ningún riesgo ambiental ni de salud).
Lo anterior debe ir acompañado de un beneficio colectivo claro a la sociedad mexicana, en especial para los campesinos que viven y han vivido por siglos de sembrar y consumir nuestro maíz.
Es cierto que las causas que inciden sobre la pérdida de diversidad biológica en México son diversas y que, de esas causas, los transgénicos no son todavía la principal amenaza.
Por ello se requieren acciones urgentes de conservación de los recursos bióticos de México, articulados con políticas de desarrollo rural sustentable, como sería tener una política para la conservación in situ de los maíces criollos de México.
No se está, pues, contra los avances de la biotecnología; el objetivo es que la biotecnología se utilice con la responsabilidad que cada caso amerita y sea aliada del desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que las autoridades portuarias y aduaneras sean notificadas y capacitadas con relación a la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena, en especial de las obligaciones que deben cumplirse en esta materia.
Segundo. Se exhorta a la Cibiogem, bajo la premisa del principio precautorio, a mantener en México una moratoria de facto a cualquier liberación al ambiente de maíz transgénico, en especial a través de su importación, ya que representa una amenaza potencial a la diversidad de maíz en México y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria del país y a la subsistencia de uno de los cultivos más importantes del mundo entero.
Tercero. Se exhorta a que se presente ante este H. Congreso, a través de la Cibiogem, un programa de requerimientos humanos, materiales y financieros en un plazo no mayor de tres meses para generar los laboratorios certificados que permitan dotar al país de las capacidades para detección de secuencias transgénicas.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que, mediante el Instituto Nacional de Ecología, realice una investigación, en un plazo no mayor de seis meses, con participación de esta Comisión, a fin de aclarar y definir las responsabilidades conforme al Protocolo de Cartagena sobre la entrada de maíz transgénico y, por tanto, el uso de maíces transgénicos en México, así como generar las recomendaciones pertinentes.
Dip. José Luis Cabrera Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO
DE LA NUEVA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, A CARGO DEL
DIPUTADO EDGAR TORRES BALTAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios sometemos consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
PRIMERA: El Instituto Politécnico Nacional es, por historia y mérito propio, una de las instituciones públicas más importantes de su género en el país, lo cual se refleja en la calidad de la formación que ofrece en educación media superior, superior y posgrado; y por su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, así como en la generación y difusión de conocimientos.
SEGUNDA: La grandeza y fortaleza del Instituto Politécnico Nacional se constata prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Hoy, el IPN atiende a más de 175 mil estudiantes en su modalidad escolarizada y casi 50 mil en la modalidad a distancia, además de brindar educación no formal a la población en general. Para ello, cuenta con una planta académica de 14 mil 268 docentes e investigadores.
TERCERA: La comunidad politécnica ha emprendido un proceso de transformación estructural, que incluye reformas en los ámbitos académico, técnico-administrativo y jurídico, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de manera libre, conciente y pública. Esto, sin abandonar los principios filosóficos y de carácter social y revolucionario que dieron origen al Instituto. Para garantizar la consolidación de ese proceso de transformación, la comunidad politécnica presentó al titular del Ejecutivo Federal un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución, a fin de obtener mayor autonomía académica, jurídica, y administrativa y estar en condiciones de plantear las mejores estrategias de atención a las necesidades presentes y futuras del Instituto y el País.
Las anteriores razones convalidan la necesidad de otorgar al Instituto un nuevo marco jurídico, que entre otros elementos considere el conjunto de libertades perfectamente determinadas en una ley o en un precepto constitucional, en la que el Estado reconoce y faculta a una institución de educación superior, para darse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin intervenciones externas o del poder administrativo. Solo así puede llevar a cabo debidamente su misión.
CUARTA: La ciencia, la investigación, la educación y la cultura no pueden progresar si se encuentran restringidas o bajo tutela. Por lo que estas actividades, esencialmente de educación superior, deben estar al cuidado exclusivo de quienes se dedican a ellas; esto es, los profesores, los investigadores, y los estudiantes.
QUINTA: En sus 67 años de vida el Instituto Politécnico Nacional ha tenido cuatro leyes orgánicas, todas ellas de hechura gubernamental: las de 1950, 1956, 1974, y 1981. Esta última se encuentra vigente con 22 años de haber sido expedida, tiempo en el cual se han producido cambios profundos a nivel nacional e internacional, que hacen imperante la necesidad de adecuarla a los retos que enfrenta la sociedad en el presente siglo.
SÉPTIMA: Atendiendo lo anterior, en octubre de 2000, el Consejo General Consultivo del Instituto integró una comisión especial, encargada de organizar y sistematizar los trabajos relativos al nuevo marco jurídico.
OCTAVA: En marzo del 2001, la Comisión y el Consejo tomaron el acuerdo de abrir una consulta y un debate en tres etapas: primera, una Convocatoria de Toma de Opinión de la comunidad politécnica; segunda, preparación de un proyecto de Ley, mismo que fue sometido a discusión y aprobación del Consejo General Consultivo del Instituto; y, tercera la entrega del proyecto de Ley al Presidente de la República para que en su caso fuera presentada como iniciativa ante el Congreso de la Unión.
NOVENA: En todo el proceso, la comunidad politécnica ratificó que el Instituto Politécnico Nacional debe mantener sus características de institución pública, laica y gratuita, que garantice el acceso de estudiantes de bajos recursos y formar profesionales politécnicos capaces, competitivos y de alta calificación acorde con su papel de rectora de la enseñanza técnica del país y las dinámicas de una sociedad globalizada.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que le fue presentado por las autoridades del Instituto y así iniciar el proceso legislativo correspondiente.
Segundo: Comuníquese al titular del Ejecutivo Federal para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de noviembre de 2003.
Dip. Edgar Torres Baltazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE EXHORTE A LA SEMARNAT A REEVALUAR CON LA MAYOR RIGUROSIDAD TECNICA Y
CIENTIFICA EL PROYECTO PUERTO MIO, LOCALIZADO EN LA PLAYA EL ALMACEN, EN
LA BAHIA DE ZIHUATANEJO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO CHAVARRIA VALDEOLIVAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes
Consideraciones
Que con fechas 14 de abril y 21 de octubre de 1994, la entonces Dirección General de Normatividad Ambiental, ahora Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió los oficios A.O.O.DGNA.-3833 y A.O.O.DGNA.-9933, respectivamente, a través de los cuales se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental, la realización del proyecto denominado Puerto Mío, mismo que fue promovido por la Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV, y el cual tendría como ubicación el sitio denominado Punta El Morro, localizado en la playa El Almacén, en la Bahía de Zihuatanejo, dentro del municipio de José Azueta, estado de Guerrero.
El proyecto Puerto Mío consiste en un desarrollo turístico, inmobiliario y náutico de alto nivel en un área de 5.58 hectáreas, que incluye la construcción de una terminal de cruceros, muelle y terminal de pasajeros, estación de servicio marina, hotel Puerto Mío, con 20 llaves en 5 niveles; hotel Península, de 130 llaves de 3 niveles; condominios, con 192 llaves de 3, 4 y 5 niveles; hotel de 12 llaves, de 5 niveles; marina con 150 posiciones totales, servicios generales, clínica SPA, alberca, canchas de tenis, 3 restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes (20% del predio total).
Que este proyecto ha traído desde su aprobación e inicio de los trabajos de construcción, una serie de inconformidades y denuncias expuestas por diversos grupos sociales, que se han movilizado rechazando el proyecto en mención, en especial en el año 2000, cuando la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la mencionada Secretaría resolvió la permanencia del enrocamiento del espigón para muelle de cruceros que forma parte del proyecto Puerto Mío, aunque restringido a sus dimensiones actuales de 72 metros de longitud.
Que a pesar de los constantes cuestionamientos y denuncias, sobre la viabilidad ambiental del proyecto Puerto Mío, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat procedió a emitir en noviembre del 2001, la revalidación de la autorización contenida en los oficios citados y por un periodo de 5 años para la operación del proyecto, así como para la terminación de su etapa de construcción.
Derivado de lo anterior, se considera necesario reevaluar el caso del desarrollo de Puerto Mío, con el apoyo de criterios técnicos y científicos en donde se invite a participar a todas las partes involucradas, como lo son los promotores del desarrollo del proyecto, los grupo ambientalistas, los pescadores, los académicos especialistas y las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por las razones y fundamentos expresados, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat a reevaluar en un breve término, con la mayor rigurosidad técnica y científica, el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, dentro de la bahía de Zihuatanejo, en el municipio de José Azueta del estado de Guerrero, previo conocimiento de los argumentos esgrimidos por las partes involucradas y, en especial, sobre el impacto y viabilidad ambiental de la construcción de su espigón en la bahía de Zihuatanejo.
Suscriben y se adhieren a la presente proposición con punto de acuerdo, los CC. diputados integrantes de las fracciones parlamentarias. Hago entrega a la Secretaría para todos los efectos a que haya lugar, señor Presidente.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2003.
Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELACIONADO
CON LA EMPRESA PUBLI XIII, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNANDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado, Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f) y 44 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que Publi XIII Moving Publicity inició sus actividades en el 2001, posicionándose de inmediato en el mercado mexicano, pues ofrecía al público la posibilidad de enajenar un vehículo automotor nuevo con sólo pagar el treinta por ciento de su costo.
Que mediante un sistema, en apariencia novedoso, se asignaba la unidad a las personas con una aportación única que podía ir de 32 mil 500 hasta los 61 mil 500 pesos; obligándose el adquirente a portar publicidad en el exterior del vehículo; entre las empresas anunciantes se encuentran Banorte, TV Azteca y Telefónica Movistar, entre otros.
Que fue tal el éxito del sistema promovido por Publi XIII, que su influencia se extendió fuera del área metropolitana, por lo que las quejas y denuncias ya no se circunscriben sólo en el centro del país, sino que la problemática está adquiriendo alcance nacional.
Que a la fecha, se ignora quienes sean los representes legales y socios de la multicitada empresa, no obstante ello, el periodico "La Jornada" señala a Jose Luis González González como el socio mayoritario, mientras que los propietarios de las acciones restantes se ha identificado a Raquel Osvelia Romero Rosas, así como a otros socios, cuyos nombres no se especifican, debido a que están inscritos bajo una cláusula de extranjería, según se asienta en el acta con folio mercantil 284190 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.
Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha informado a los medios de comunicación, que en los últimos 15 días recibieron 162 denuncias que incluyen a 2 mil 142 defraudados, cuyo monto de afectación es de 20 millones de pesos, aunque "podría llegar" a 80 millones, señalando como probables responsables a José Luis González y Raquel Romero.
Que a la fecha, existe un conflicto tanto normativo como de autoridad, pues no existe un régimen legal que regule a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios referida, ni una autoridad que las regule, como pueden ser la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Que el daño patrimonial a miles de familias puede convertirse en un problema social de alcances imprevisibles, lo cual nos obliga a buscar una soluciuón de fondo al caso concreto y a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir
Que por todo lo anterior, solicito sea considerado de urgente y obvia resolución la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se crea una Subcomisión o Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Economía, que estará integrada por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios a efecto de que den seguimiento a las denuncias presentadas en contra de la empresa Publi XIII, asimismo, la Subcomisión o Grupo de Trabajo creada podrá entrevistarse con las autoridades competentes y requerir la información pertinente al respecto.
Segundo.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades de los Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal los exhorta para que se solidaricen con todas y cada una de las personas que contrataron con la empresa Publi XIII con el objeto de que se les pueda proporcionar asesoría legal gratuita.
Tercero.- La Subcomisión o Grupo de Trabajo informará al seno de la Comisión y ante el Pleno los resultados del trabajo encomendado, así como las propuestas que considere pertinente para regular a las empresas que se dedican a prestar la clase de servicios que se describe, así como para resolver la problemática concreta de los contratantes con Publi XIII.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a los veintisiete días del mes de noviembre de 2003
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
Con fecha 8 de octubre del año 2002 fue presentada ante esta representación nacional iniciativa de Ley de Amnistía suscrita por 96 diputados de la LVIII Legislatura de la presente Cámara de Diputados del Congreso de la Unión encabezados por la C. diputada Irma Piñeyro Arias, para las personas que presuntivamente participaron en la comisión de diversos hechos que alteraron la vida institucional y la seguridad pública, impulsadas por móviles de reivindicación social, en la región Loxicha del estado de Oaxaca, particularmente en los territorios de la Crucecita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco; Macuilxochitl, municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlaxiaco y San Agustín Loxicha, todos del referido estado de Oaxaca.
Respecto de los hechos aludidos las autoridades federales tomaron conocimiento y abrieron la indagatoria correspondiente, ejerciéndose en algunos casos la acción penal o dejando abiertas las averiguaciones previas iniciadas; encontrándose varios de los procesos en estado de instrucción o se ha dictado la sentencia respectiva por los delitos que se imputan a los participes.
La iniciativa a que se alude fue turnada a la Comisión de Gobernación en la misma fecha en que fue presentada la iniciativa, es decir el 8 de octubre del año 2002, sin que a la fecha hubiera sido dictaminada.
Es evidente que ha transcurrido con exceso el plazo que dicha comisión tenía para rendir dictamen sin haberlo hecho, por lo que conforme al artículo 45, parágrafo 6, inciso f), que dispone que las comisiones tienen a su cargo las tareas de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; a su vez, de acuerdo con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido y la obligación que ese mismo ordenamiento parlamentario confiere al Presidente de la Cámara en su artículo 21 fracción XVI de excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido los cinco días aludidos concediéndoles plazo para un día determinado y en caso de no rendir dictamen sea propuesto a la Cámara que la iniciativa pase a otra comisión.
Al efecto es de la mayor importancia para la paz pública y la armonía social de las regiones donde se suscitaron los hechos a que se alude en la iniciativa de amnistía, así como una cuestión de justicia para las familias de quienes supuestamente participaron en los mismos, se proceda a extinguir la acción de la justicia de manera que se reintegren a la sociedad aquellos que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, sujetos a prisión preventiva o privados de su libertad por sentencia ejecutoriada.
Para ayudar a superar las situaciones de marginación en que persisten aún en diversas regiones de Oaxaca, en las regiones loxichas, habitadas por individuos monolingües en su mayoría, que padecen de un elevado índice de analfabetismo, múltiples embarazos, desnutrición, desempleo o excesivas jornadas de trabajo, que fueron las razones que llevaron a esos mexicanos a actuar al margen de la ley, es necesario que quienes se encuentren involucrados en la situación descrita retornen a sus comunidades para juntamente con los demás habitantes de las zonas a que se ha hecho mención unan entre sí sus esfuerzos y con el apoyo de los diversos órdenes de gobierno puedan para salir de las pesarosas condiciones en que subsisten.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 23, 1 fracción f, 38, fracción c, 45, 6, inciso f, así como en el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria Oaxaqueña del Partido Revolucionario Institucional solicita por mi conducto:
UNICO: Se formule excitativa a la Comisión de Gobernación para que proceda con carácter de urgente resolución a rendir dictamen respecto del proyecto de Ley de Amnistía presentado con fecha 8 de octubre de 2002 por la C. Irma Piñeyro Arias y 96 diputados federales de diversas fracciones parlamentarias, todos ellos miembros de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de le Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre del 2003.
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Jesús Angel Díaz Ortega, Jorge Franco Vargas (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Paulo Tapia Palacios, Gonzalo Ruiz Cerón, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica).