DE REFORMAS AL ARTICULO 32 DE LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA, A FIN DE REDUCIR LAS TARIFAS Y ELIMINAR LOS COBROS EXCESIVOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, PRESENTADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL 7 DE MAYO DE 2003
H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 10 de abril del presente año, aprobó el acuerdo económico número 922/03 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual le remito iniciativa de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril de 2003.
"2003 Año de la Equidad en Jalisco"
LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial Mayor
Honorable Congreso del Estado de Jalisco
Presente
El suscrito diputado Lázaro Arias Martínez, en el ejercicio de las facultades que me confieren la fracción I del artículo 28 de la Constitución Política, así como los numerales 85 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ambos ordenamientos del estado de Jalisco, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo económico para lo cual expreso las siguientes
Consideraciones
La situación que viven los jubilados y pensionados mexicanos es extremadamente difícil y nadie debe marcar distancia en el problema. Con ingresos precarios, disminución de facultades físicas y nula oferta de trabajo, los jubilados y pensionados, en el mejor de los casos, viven bajo la protección de la familia; pero, muchos de ellos viven solos y condenados a buscar socorro de la caridad pública.
Es el Estado -el Estado mexicano- el primero que debe dar muestras de solidaridad con estos hombres y mujeres que entregaron sus fuerzas para el desarrollo del país. En esta ruta se han observado algunos avances, como son los descuentos de transporte, de agua potable e impuesto predial que aplican varios estados del país. Sin embargo, el pago de la energía eléctrica es un gravamen que bimestralmente afecta los bajos ingresos de jubilados y pensionados (que en promedio ganan 900 pesos mensuales -algo menos de un salario mínimo-).
A finales del mes pasado diversos senadores de la República presentaron una iniciativa para reformar las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el fin de reducir las tarifas y eliminar los cobros excesivos por la prestación del servicio a las familias de escasos recursos. Se pretende evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la política tarifaria y regresar a la facturación mensual en lugar de la bimestral.
Esto obedece en gran medida a que aún en los consumos bajos, el incremento que experimentó la tarifa 1E es del siete y ocho por ciento, es decir, el doble respecto al índice inflacionario. Esa iniciativa ya contempla un trato especial a jubilados, pensionados e indígenas.
Considero que es necesario que la ley puntualice claramente a qué derechos tienen acceso estos sectores de la población, y no dejarlos en términos que aún dejen espacio a la discrecionalidad ni del Ejecutivo federal, ni menos aún de las empresas que otorgan el servicio. Por ello propongo la reforma del artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica a efecto de que se determine que los jubilados, pensionados, discapacitados y campesinos e indígenas con ingresos promedio menores a uno y medio salarios mínimos, recibirán un descuento del 50% sobre el consumo doméstico de energía eléctrica.
Con esta redacción se da un muy importante apoyo a sectores de la población altamente vulnerables y que requieren de una respuesta de Estado a sus agobiantes problemas económicos.
Parto de la intención, de que en el Congreso de la Unión se haga un estudio conjunto de las iniciativas presentadas y esta que hoy propongo, a fin de que su dictamen sea integral y finalmente redunde en beneficio de los mexicanos de más bajos ingresos.
Por lo anterior propongo al Pleno de esta asamblea para su aprobación el siguiente proyecto de
Acuerdo Económico
Primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco hace suya la iniciativa de decreto que del presente escrito se desprende.
Segundo. Envíese la presente iniciativa al Senado de la República, para los efectos de que, como cámara de origen, de seguimiento al proceso legislativo correspondiente.
Iniciativa de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
Artículo Unico. Se reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 32. ...
...
Los jubilados, pensionados, discapacitados y campesinos e indígenas con ingresos promedio anual menores a uno y medio salarios mínimos, recibirán un descuento del 50% sobre el consumo doméstico de energía eléctrica.
Transitorios
Unico. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Sesiones del Congreso del Estado.- Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril de 2002.
Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Mayo
7 de 2003.)
El que suscribe, diputado de esta LVIII Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, de la Ley Orgánica y 87, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a la Mesa Directiva de esta Cámara se sirva excitar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dictamine iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I.- El artículo 87, en su fracción II, a la letra dice:
Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
II.- La iniciativa en mención estuvo motivada a fin de dar solución al problema ecológico provocado por la escasez de agua, que es resultado de la excesiva explotación y poco reúso de la misma.
El agua es el elemento natural origen y destino imprescindible de la vida en el planeta. El 75 por ciento de la superficie total de la tierra está cubierta por agua, sin embargo sólo es posible utilizar un pequeño porcentaje para consumo humano.
Hacer llegar el agua a todos los hogares, ciudades y lugares que lo necesitan, representa conducir, extraer y potabilizar mediante complejos procesos químicos caudales gigantescos que, en algunos casos, como en la Ciudad de México, alcanzan más de 62 metros cúbicos de agua por segundo.
El consumo de agua potable en México ha crecido a ritmos que superan con mucho la posibilidad de ofrecer a las fuentes de abastecimiento el tiempo suficiente para recargarse, de tal suerte que el proceso fuese sustentable.
Este acelerado crecimiento del consumo ha estado impulsado en primera instancia por el crecimiento de la actividad económica y por el crecimiento demográfico, pero también por tres factores que juegan cada vez más un papel incisivo en esta dinámica:
Las tarifas bajas que propician el desperdicio;
La casi inexistente infraestructura para facilitar la recarga artificial de los mantos y acuíferos junto con la acelerada desaparición de superficies de suelos permeables; y
El reducido volumen de aguas residuales sujetas a tratamiento para ser reutilizadas en diferentes aplicaciones.
Los procesos hidráulicos no terminan en proporcionar el agua a los habitantes, sino que son seguidos por otros procedimientos de igual complejidad para complementar el ciclo, como el desalojo de aguas residuales y pluviales, y el tratamiento de éstas para el reúso.
La recarga de los mantos acuíferos con agua de lluvia requiere una combinación de presas de almacenamiento, infraestructura de limpieza y pozos de absorción, mientras que la recarga artificial con agua residual requiere un tratamiento de purificación y pozos de absorción.
Indudablemente cualquiera de estos procesos requiere de inversiones cuantiosas, pero en el mediano y largo plazos será más caro económica y ambientalmente mantener los niveles de agotamiento de los mantos que vemos hoy en día.
El tratamiento de aguas residuales se ha venido consolidando consistentemente como indicador del desarrollo de los países, en vista de que constituye un elemento insustituible del desarrollo sustentable y recordemos que, cuando hablamos de la sustentabilidad del desarrollo, estamos en realidad hablando de la preservación hoy de la vida futura.
En este sentido, cualquier acción que contribuya a asegurar el abasto futuro de agua potable, actúa en realidad como un "seguro de vida" comunitario, y la acción más racional es, sin duda alguna, el tratamiento de las aguas residuales, "limpiar" y reutilizar un elemento vital y no renovable.
Consideraciones
El pasado 4 de diciembre del 2002 presenté a esta asamblea la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente y a la Ley de Aguas Nacionales.
Desde que se presentó la proposición en cuestión ha transcurrido en exceso el plazo que concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presente el dictamen en los negocios de su competencia.
Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos la presente, con fundamento en lo que dispone el artículo 21, fracción XVI, de la Ley Orgánica y 87, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso rogamos a la Presidencia de esta Cámara se sirva excitar a la comisión señalada a fin de que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Gregorio Arturo Meza de la Rosa (rúbrica)
(Se excita a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y de Recursos Hidráulicos. Abril 30 de 2003.)
A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCION Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, ENTREGADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El 26 de noviembre del 2002 fue presentado a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados el dictamen favorable de la Ley Sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano, como parte de la reforma a la Ley General de Salud; dictamen que hasta la fecha no ha sido presentado a este honorable pleno.
¿A qué se debe? No se sabe. Todo son especulaciones, que van desde la indiferencia y la inoperancia de la estructura burocrática legislativa hasta la falta de voluntad política de algunos sectores conservadores, responsables de agendar su presentación en el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, que anteponiendo sus prejuicios éticos o morales, se han propuesto postergarlo en la medida de lo posible.
De ser así, cosa que nos resistimos a creer, pero que no podemos descartar, estaríamos en el contexto en el que se anteponen los intereses particulares y de grupo sobre la concepción de un tema de la más alta prioridad e interés nacional; nuevamente se antepone la visión miope y conservadora que ha impedido y frenado el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en nuestro país.
Es una lástima que un desarrollo tan importante como es el caso del genoma humano, que bien podría servir para la producción de nuevas generaciones de fármacos, que traten las causas y no sólo los síntomas, de las enfermedades tanto hereditarias como infecciosas, así como el tratamiento en cirugía plástica y quemaduras.
Señoras y señores diputados, el conocimiento y desarrollo del genoma representa grandes retos, pero también grandes beneficios y oportunidades sociales de enorme trascendencia para el bienestar nacional, sobre todo en lo que se refiere al incremento de la calidad de vida de los enfermos y al ahorro generado por la reducción de los costos de la atención en la salud, así como por el incremento en la productividad de la población, derivada de una substancial mejora en la salud.
No es posible que un tema de tal importancia se encuentre en el limbo de la parálisis legislativa. Es preocupante que mientras en otros países la investigación sobre el genoma avanza a pasos agigantados, en nuestro país se mantenga el rezago y el hartazgo.
Pero qué podemos esperar, cuando escuchamos que el actual jefe de las fuerzas conservadoras, el señor Vicente Fox, enaltece el analfabetismo. Qué esperanza tiene un país cuando se considera que la felicidad radica en la ignorancia, y cuyo gobierno alienta la política de la ignorancia como la principal bandera del bienestar.
El esconder, frenar o ignorar no es la forma de enfrentar ni de resolver los problemas de nuestra sociedad. Hoy, más que prohibir e ignorar, requerimos regular y fomentar, con una visión estratégica de corto y largo plazos, para el desarrollo nacional.
Hagamos pues, compañeras y compañeros diputados, un esfuerzo adicional al gran trabajo que ha hecho la presente Legislatura. Hagámoslo, como siempre, por el bien y la grandeza de México.
Es por lo antes expuesto que, con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, incisos a) y b), solicito que se excite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta honorable Cámara de Diputados para que tenga a bien presentar a la brevedad el dictamen de reforma a la Ley General de Salud sobre la investigación, el fomento, el desarrollo, control y regulación del genoma humano.
Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Francisco Patiño Cardona (rúbrica)
(Turnada a la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos. Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ENTREGADA POR LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta honorable tribuna para presentar a la Presidencia de la Mesa Directiva una formal solicitud para que, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule por segunda ocasión, excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; con el propósito de que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona el numeral 33 a la fracción I del artículo 194, pasando el actual numeral 33 a ser numeral 34 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 11 de diciembre de 2001 presenté, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales en las fracciones y numerales antes citados.
Ha pasado más de un año desde su presentación ante este Pleno. Nos preocupa de sobremanera, compañeras y compañeros diputados, que las reformas cuyo objetivo primordial es el fortalecimiento del estado de derecho se guarden en las oficinas de ésta Cámara.
Iniciativas que proporcionan mayores elementos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, particularmente de quienes se dedican a la pesca ribereña.
La pesca furtiva daña de manera grave los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad, que en la mayoría de los casos sólo les permite la supervivencia.
Lo señalamos en la iniciativa en comento: la pesca furtiva se ha incrementado de manera notable en los últimos 20 años y la tendencia no se revertirá en tanto siga persistiendo la normatividad vigente.
Por otra parte, el impacto ambiental que la pesca furtiva tiene sobre los recursos naturales de la franja costera no debe pasarse por alto: afectaciones a la productividad marina y organismos juveniles de especies que se reproducen en la región.
Además, es importante señalar que el 15 de octubre de 2002 presentamos a la Mesa Directiva la primera excitativa, con la finalidad de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos resolviera sobre esta iniciativa y presentara el dictamen correspondiente.
En virtud de que hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna, acudimos a ésta tribuna para insistir en nuestra propuesta.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos muy atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara excite nuevamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que emita el dictamen correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Dip. Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ENTREGADA POR EL DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Por medio del presente solicito atentamente se excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por legisladores del PAN, del PRD y por el entonces Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo, y el que suscribe esta excitativa, que fuera aprobada por unanimidad por el Senado de la República y turnada a esta Cámara el 13 de abril de 2000, no sin antes hacer notar que ésta es ya la segunda excitativa, ni tampoco que yo realicé un proyecto de dictamen, mismo que envié hace más de un año al Presidente de la Comisión de Justicia.
México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Abril 30 de 2003.)
A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, ENTREGADA POR EL DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Por medio del presente solicito atentamente se excite a la Junta de Coordinación Política, con el propósito de que resuelva sobre el asunto planteado por el diputado Luis Pazos de la Torre, Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, en relación con haber suplantado las funciones de esta H. Cámara y modificado el Presupuesto de Egresos de 2003, presentado por el que suscribe, el 27 de marzo del presente año.
Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Abril 30 de 2003.)
 
A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, ENTREGADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE MARTINEZ ORTA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de manera respetuosa a la Presidencia de esta soberanía tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, el nombre de Nezahualcóyotl, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 29 de abril del 2002, diputados integrantes de esta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometimos a la consideración de esta asamblea la iniciativa de decreto para que se inscribiera con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el nombre de Nezahualcóyotl.
En esta misma fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta de la Mesa Directiva en funciones ordenó se turnara la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta iniciativa tiene como fin celebrar y reconocer la vida y obra de quien nos legó el más elevado ejemplo de valor y sabiduría que el México prehispánico ofrece a las generaciones actuales, así como el hecho de que el 28 de abril del 2002 se cumplieron seis siglos del natalicio de Nezahualcóyotl, mexicano universal, guerrero victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura de la época prehispánica.
Para poder hacer una verdadera interpretación de nuestro presente, es ineludible hacer una reflexión sobre los procesos de fundación y cambio de las diversas culturas del México precolonial. Sin lugar a dudas, México es un país de símbolos, herencia prehispánica milenaria, cuyo nombre, cultura e instituciones devienen de aquellos grandes hombres que en esa etapa de nuestra historia antigua, sentaron las bases de nuestra mexicanidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a la Presidencia de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atentamente se sirva:
Unico: En los términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que a la brevedad presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo el nombre de Nezahualcóyotl.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Dip. Enrique Martínez Orta Flores (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. Abril 30 de 2003.)
 
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ENTREGADA POR EL DIPUTADO RICARDO TARCISIO NAVARRETE MONTES DE OCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El que suscribe, en su calidad de diputado federal a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad la iniciativa de reforma al artículo 89, párrafo X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 30 de abril de 2002, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se presentó ante el Pleno de esta H. Cámara la iniciativa que adiciona el artículo 89, párrafo X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 10 de octubre del año en curso, el grupo parlamentario del PAN presentó una excitativa para solicitar que sea dictaminada dicha iniciativa, según lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El 31 de octubre de ese año fue presentada nueva excitativa para solicitar el dictamen de dicha iniciativa. La Presidenta de la Mesa Directiva fijó como plazo máximo el 4 de diciembre de 2002 para que sea presentado ante la asamblea, y es la fecha en que no se ha emitido el dictamen correspondiente.
Transcurrido el plazo para que la comisión dictamine los asuntos turnados, así como la fecha establecida en la segunda excitativa, y toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional insiste en la pertinencia y necesidad de incluir la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos en la conducción de la política exterior del país.
Consideraciones
Como sabemos, la idea de que la persona humana es el objeto y el fin de la sociedad política y de que la comunidad internacional debe pugnar por un orden de paz y justicia cuyo fin último sea también el ser humano ha contribuido a abrir el camino hacia su aceptación universal, teniendo como fundamento común la dignidad de la persona. Así, esos preceptos, de observancia obligatoria y universal, van constituyéndose en la forma práctica de legitimar el ejercicio del poder público.
En efecto, a escala internacional, desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos se han enriquecido y posicionado de tal manera que hoy, en el nuevo paradigma del contexto internacional, la alusión a la soberanía no puede más amparar violaciones de los derechos humanos.
En ese sentido, los derechos humanos y la democracia son imprescindibles para el desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad; lo mismo podemos decir sobre la relación entre las naciones. De ahí la imperiosa necesidad de establecer en la Constitución y en torno de los principios de política exterior de México la promoción y protección de los derechos humanos y de los valores democráticos.
En México, las distintas corrientes políticas han manifestado su idea en favor de un régimen de paz, presidido por un sistema democrático que garantice, en primer orden, los derechos humanos de sus habitantes. Prueba de ello son los continuos llamamientos en este Pleno por el respeto de los derechos humanos de la población iraquí en el actual conflicto bélico. De igual forma, el largo camino a la democracia en nuestro país deja de manifiesto la importancia que México y los mexicanos conceden al orden democrático.
De esa manera, incorporar la protección de los derechos humanos y los valores democráticos en el más alto nivel normativo permitirá fomentar la protección y promoción de dichos principios en las relaciones internacionales de México, de manera más amplia y congruente con los ideales de nuestro país en el ámbito internacional.
Es pues un hecho irreversible y cada vez más generalizado que las relaciones internacionales estén y seguirán condicionadas por el respeto y la protección que los gobiernos brinden a los derechos humanos de sus habitantes, así como el régimen de gobierno que practiquen, particularmente el democrático, el único con legitimidad internacional.
Luego entonces, la iniciativa propone someter el ejercicio del poder soberano del Estado mexicano a la plena vigencia, respeto y protección de los derechos humanos, así como la promoción de la democracia como principios rectores de su política exterior, en congruencia siempre con su vocación y determinación internas. El México actual refleja en sus vínculos con el exterior la nueva realidad, y ambos principios forman una parte medular.
Compañeros diputados:
Teniendo en cuenta que el actual escenario internacional es sacudido por una ola bélica que coloca a la humanidad frente a los horrores de una nueva guerra, que el fin último del ser humano es coexistir en paz y armonía y que la democracia representa el orden de gobierno en que nuestro país cree firmemente como forma de legitimación, se presenta esta tercera excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sin duda, el asunto no es de menor importancia. Por ello, los diputados federales del PAN traemos una vez más al Pleno la urgente necesidad de dictaminar una iniciativa cuyos valores, estamos seguros, son compartidos.
Ha pasado casi un año desde que fue presentada la iniciativa, año en que México ha sido parte de importantes debates de carácter internacional, donde se han tomado decisiones basadas en nuestros principios, incluido desde luego el respeto de los derechos humanos y la democracia, aún sin estar plenamente establecidos en la Constitución como tales.
Nuestro país debe seguir su activa participación en el escenario mundial, y ahí resulta urgente revestir nuestra política exterior de principios que no pretenden otra cosa que pugnar por un mundo en paz y más justo.
Debido a lo anterior, rebasado por mucho el plazo legal que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que la comisión dictamine los asuntos de su competencia y presentadas dos excitativas para solicitar su pronto dictamen, donde se estableció el 4 de diciembre como fecha límite según lo dispuesto por la Mesa Directiva, hacemos un llamado con objeto de que se realice el dictamen correspondiente para su votación en el Pleno, pues estamos seguros de que los principios propuestos encuentran eco en todos los partidos aquí representados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. Excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales, y establecer por segunda ocasión la fecha definitiva a dicha Comisión para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 30 de abril de 2002 en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2003.
Dip. Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Abril 30 de 2003.)
 
A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ENTREGADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El que suscribe, Salvador Cosío Gaona, en mi calidad de diputado de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que sea dictaminada iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para eliminar el Impuesto Especial a los Polvos para Preparar Bebidas Saborizadas correspondiente, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. Con fecha del día 7 del mes de abril de 2003 presenté ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para Eliminar el Impuesto Especial a los Polvos para Preparar Bebidas Saborizadas, la cual fue turnada en ese misma fecha a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen.
Consideraciones
En diciembre de 2001 el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la propuesta fiscal para el ejercicio del año 2002, entre ello las tradicionales propuestas de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; en estas propuestas existía el intento de gravar con un impuesto especial a las aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña.
Con motivo de lo anterior, la referida propuesta incluyó una definición de refrescos, los cuales serían considerados como aquellas bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificados o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores.
En las discusiones que tuvieron lugar en los últimos días del mes de diciembre de 2001, y tomando en consideración la problemática económica y política que representaba para el Gobierno Federal el incumplimiento por parte del gobierno de Estados Unidos de América de los compromisos asumidos para la compra de los excedentes de azúcar mexicana, los legisladores decidimos incluir dentro de la citada definición de refrescos, la frase "siempre que contengan fructosa", ello con el propósito de salvaguardar los intereses nacionales y particularmente los de la industria azucarera mexicana. Son por todos conocidas las implicaciones, repercusiones y resultados posteriores obtenidos por este agregado al texto de la ley, misma que fue finalmente aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002.
Ahora bien, el 7 de noviembre del año próximo pasado el Ejecutivo federal presentó ante esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para el año 2003, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. Dentro de esta iniciativa se abordaba lo relativo a las reformas, adiciones y derogaciones que proponía el Ejecutivo en materia de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Como lo menciona el dictamen correspondiente, firmado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, este impuesto "Ha tenido que jugar un papel destacado desde hace muchos años, no sólo porque es la tercera fuente más importante de ingresos tributarios, sino porque la sociedad ha podido aceptar con relativa mayor facilidad el que se apliquen cobros mayores al consumo de ciertos bienes que, a pesar de ser de amplio consumo, por razones de seguridad pública, adicción, integración familiar, salud, o por motivos ecológicos influyen en la percepción que sobre su demanda tiene la sociedad".
Excluyendo el impuesto especial a las gasolinas, el diesel, el tabaco y el alcohol, el resto de los productos y servicios gravados con el impuesto, no encajan en el espíritu que crea y fundamenta el gravamen, es decir, ni las bebidas sin alcohol, ni las telecomunicaciones, por citar algunos casos, son productos y servicios que deban ser gravados por razones de seguridad pública, adicción, desintegración familiar, impacto a la salud pública y/o al medio ambiente; es decir, el fin original del impuesto, es resarcir al Estado para que obtenga recursos y pueda con ellos sufragar el gasto público de actividades especiales de apoyo social que debe otorgar para combatir la inseguridad, la adicción, la desintegración familiar, el daño a la salud pública y al medio ambiente, generados por la producción y servicios específicos, pero este gravamen se ha convertido en un instrumento meramente recaudatorio, auxiliar a los elementos fiscales principales.
En diciembre del año pasado el Ejecutivo federal insistió en gravar a los polvos que al diluirse permitieran obtener refrescos, ya no importando si utilizaban o no fructosa, sino en forma general y exentando únicamente aquellos que en su elaboración utilizarán sólo azúcar de caña.
Es lamentable que la propuesta presentada por el Ejecutivo federal insistiera en 1a aplicación de este impuesto a los polvos que utilicen edulcorantes artificiales en su composición, ya que en la exposición de motivos de esta propuesta el Ejecutivo federal señaló que con el objeto de dar mayor claridad en la aplicación del mencionado impuesto y otorgar mayor seguridad jurídica a favor de los contribuyentes, se proponía corregir diversas definiciones aplicables al citado gravamen.
La aparente discrepancia existente en la ley publicada para el ejercicio fiscal de 2002 estribaba en el hecho de que, por una parte, se gravaba al refresco que estuviere elaborado con edulcorantes distintos del azúcar de caña y, por otro lado, se definía al refresco como aquel que contuviera únicamente fructosa.
En realidad no existía tal discrepancia, ya que el Ejecutivo federal, a pesar de no hacer ya referencia alguna a la fructosa en la propuesta de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para el ejercicio de 2003, lo que pretendió fue precisamente gravar a los refrescos que utilizaran fructosa, en aras de continuar protegiendo el consumo de azúcar de caña y la industria azucarera nacional. Por esa razón, los legisladores aprobaron las modificaciones a la ley en comento, modificando la definición de refresco contenida en la fracción XV del artículo 3º de la misma, la cual ya no hace referencia a la fructosa.
Sin embargo, el Ejecutivo federal, al no hacer ya referencia alguna a la fructuosa, abrió indebidamente la puerta para gravar otros productos, como los polvos para preparar bebidas saborizadas que utilizan edulcorantes artificiales, distintos de la fructosa, lo cual resultó del todo impropio, toda vez que aclarar una ley para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, no significa ni debe significar la ampliación de los conceptos que son objeto del gravamen, pues el espíritu y propósito de la propuesta de modificaciones a la ley para el ejercicio de 2003, se desvirtuó y perdió su verdadero valor y sentido.
Es necesario que esta soberanía tome conciencia de lo anterior, a fin de no caer en el garlito de gravar otros bienes o productos que no deben ser objeto de impuesto, bajo el engaño de privilegiar un propósito que se aparta diametralmente de la intención verdadera de la aplicación de este impuesto, que es el evitar la inseguridad pública, las adicciones, la desintegración familiar, los efectos nocivos para la salud, o los daños al medio ambiente.
Cabe aclarar que si en la elaboración de polvos para preparar bebidas se utilizan edulcorantes artificiales es por una simple y sencilla razón: ayudan a que las personas que tienen problemas de peso por consumo de azúcar y los diabéticos cuenten con una importante opción para preparar una bebida saborizada que no lesione su salud o tenga efectos nocivos para la misma. Hay que recordar tan sólo las siguientes estadísticas que constituyen una verdadera alarma para nuestro país.
- La diabetes provoca la muerte de 46 mil personas al
año en México.
- 5.5 millones de Mexicanos mayores de 20 años
sufren de diabetes.
- Entre 8 y 9 millones de Mexicanos tienen un alto riesgo
de desarrollar a futuro diabetes tipo 2.
- Solo el 25% de los diabéticos reciben atención
médica.
- La prevalencia de diabetes en la población de 20 a 69 años de edad en México es de 10.7%, en tanto que en las personas mayores de 50 años supera el 20%.
- El sector salud gasta anualmente $5 mil millones de pesos para atender la diabetes y la obesidad en México. Sólo el IMSS gastó en 2002 más de $2 mil 720 millones de pesos por este concepto.
- Cada año se detectan en México 250 mil nuevos casos de diabetes, es decir, el problema de la diabetes en México crece a una tasa del 4.54% anual.
- 31 millones de Mexicanos son víctimas de la obesidad.
- La obesidad constituye el factor de riesgo más
importante en México para padecer diabetes.
-7 de cada 10 diabéticos en México pertenecen a los niveles socioeconómicos D y E.
Lo que es significativo es que a mayor número de diabéticos y obesos en el país, el Sector Salud tendrá que invertir aún más en la atención de dichas enfermedades. Basta con mencionar que la tasa actual de crecimiento anual de diabetes de 4.54% anual suba un 2.51% adicional (138,430 casos adicionales a los 250 mil tradicionales) para que el Gobierno Federal tenga que gastar todo lo que espera recaudar por IEPS en polvos y bebidas para atender estos casos anuales adicionales.
En este orden de ideas, el Impuesto Especial aprobado a la producción y venta de polvos que utilizan edulcorantes artificiales en su composición y que se utilizan para preparar bebidas saborizadas, resulta injusto, inadecuado, lesivo para la economía nacional, ruinoso para las clases económicas más necesitadas, altamente perjudicial para el altísimo y número de Mexicanos que padecen de diabetes y sobrepeso, además de que se aparta totalmente del espíritu de la ley de la materia, por lo que debe ser derogado, precisando que ello abatiría los costos y aumentaría el consumo, provocando con ello un aumento de recaudación a los otros gravámenes que existen, beneficiando a la economía nacional y alas clases sociales más necesitadas.
Ante ello, una vez vencidos los términos que indique el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al no existir dictamen sobre la misma me permito presentar excitativa en los términos siguientes:
Solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados se sirva efectuar la excitativa propuesta:
Unico. Se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que se proceda a presentar dictamen ante el Pleno de esta Cámara en relación con la aprobación de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para eliminar el Impuesto Especial a los Polvos para Preparar Bebidas Saborizadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Abril 30 de 2003.)
A LAS COMISIONES DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ENTREGADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El que suscribe, Salvador Cosío Gaona, en su calidad de diputado de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que se sirva excitar a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, a fin de establecer y normar las actividades oficiales a cargo del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, acotando expresamente la integración de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo federal, para que proceda a la presentación del dictamen del asunto que se permite presentar, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. Con fecha 12 de marzo del actual, presenté la iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 y el título de los capítulos 1 y 2 y deroga los artículos 10 y 15, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales a cargo del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, acotando expresamente la integración de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo federal, la cual fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en esa misma fecha, para su análisis y dictamen, a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
2. En sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2003, el suscrito presentó la primera excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos en relación con el asunto mencionado en el numeral anterior.
Por ello, una vez vencidos los términos que indica el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al no existir dictamen sobre ellos ni solicitud de prórroga, me permito presentar esta segunda excitativa, por lo que vengo a solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que se sirva efectuar la segunda excitativa, propuesta en los términos siguientes:
Unico. Se excite por segunda vez a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos para que se proceda a presentar dictamen ante el Pleno de la Cámara en relación con la aprobación del decreto que reforma los artículos 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 y el título de los capítulos 1 y 2 y deroga los artículos 10 y 15, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer y normar actividades oficiales a cargo del cónyuge del ciudadano Presidente de la República, acotando expresamente la integración de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Se excita a las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, y de Justicia y Derechos Humanos. Abril 30 de 2003.)
 
A LA COMISION DE TURISMO, ENTREGADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El que suscribe, Salvador Cosío Gaona, en mi calidad de diputado de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados que se sirva excitar a la Comisión de Turismo para que proceda a la presentación del dictamen del asunto que me permito presentar al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. Con fecha 20 de marzo de 2002, el suscrito, en nombre propio y en representación de diversos legisladores por el estado de Jalisco, presentó ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se procediera a la solicitud de comparecencia de la secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, a fin de que informaran y explicaran la falta de respaldo al esfuerzo del gobierno local y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios que conforman la bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, especialmente en cuanto a la declaración oficial de zona turística prioritaria y al avance real en los proyectos y programas de promoción y construcción de infraestructura en comunicaciones, la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Turismo.
Consideraciones
Todo lo anterior ha sido ya planteado y fundamentado a través del punto de acuerdo presentado el pasado 20 de marzo del año en curso y una vez vencidos los términos que indica el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al no existir dictamen sobre dicho asunto, me permito presentar esta excitativa, por lo que vengo a solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se sirva efectuar la excitativa propuesta en los términos siguientes:
Unico. Se excite a la Comisión de Turismo, fijando fecha para que se proceda a presentar dictamen ante el Pleno de esta Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de la secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, a fin de que informen y expliquen la falta de respaldo al esfuerzo del gobierno local y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios que conforman la bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, especialmente en cuanto a la declaración oficial de zona turística prioritaria y al avance real en los proyectos y programas de promoción y construcción de infraestructura en comunicaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo el día 30 del mes de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Turismo. Abril 30 de
2003.)
 
A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, ENTREGADA POR EL DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento excitativa a la Junta de Coordinación Política para que dictamine el punto de acuerdo que propone crear una comisión especial que impida el desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral de 2003.
México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica)
(Se excita a la Junta de Coordinación Política.
Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ENTREGADA POR EL DIPUTADO RAFAEL BARRON ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo el dictamen de la iniciativa que reforma los incisos a), c), d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 11 de octubre de 2002, el diputado Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas de los incisos a), c), d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa en comento pretende dar mayor certeza y celeridad al procedimiento legislativo, al establecer un término de 45 días para que las Cámaras de origen y revisora dictaminen los asuntos de su competencia, con el fin de prevenir y erradicar el rezago legislativo.
Consideraciones
El proceso legislativo es un conjunto de pasos organizados metódicamente por el cual se busca el conocimiento de una materia para normarla, sentenciarla o resolverla, en virtud de la oportunidad para su adecuación a una situación o hechos susceptibles de ser normados.
La Constitución Política se limita a consignar los principios generales que regulan el proceso legislativo que deben observar los legisladores federales al aprobar la creación, reforma, adición o modificación de una ley o leyes.
Precisamente en el artículo 72 constitucional se determina el procedimiento legislativo para crear leyes o decretos; es decir, comprende una de las funciones más importantes del Congreso: la legislativa.
Las normas que regulan el proceso legislativo sistematizan el conocimiento, análisis, estudio, discusión, impugnación, aprobación o rechazo de las iniciativas que legalmente son competencia del poder, un órgano, con el fin de evitar actos defectuosos o viciados, derivados de precipitaciones, improvisaciones o desorden.
En el caso de México, la naturaleza de esas normas se determina en función de que se trata de un ente colectivo, compuesto por dos Cámaras que participan (salvo en los casos de facultades exclusivas) de manera colegiada y coordinada en la creación, reforma o adición de leyes, basados en los principios que regulan el proceso legislativo, en gran medida de naturaleza consuetudinaria; es decir, se integran por precedentes, prácticas parlamentarias, usos y costumbres.
Como se observa, la seguridad y eficacia del proceso legislativo son sumamente importantes en la función parlamentaria, ya que deben garantizar el conocimiento adecuado de las iniciativas y que la función y actuación de los legisladores sean responsables, oportunas y -sobre todo- en atención al interés general.
En tal sentido, todo proceso debe establecer plazos y términos dentro de los cuales se desahogue, concluya o continúe el mismo, por lo que el proceso legislativo no puede ser la excepción, ya que al no existir una determinación expresa del plazo en que cada Cámara debe aprobar o desechar total o parcialmente una iniciativa o minuta, carece de certeza y seguridad jurídica en el desahogo de los asuntos competencia del Congreso de la Unión.
Es innegable que hoy esa falta de previsión ha ocasionado enorme rezago legislativo en las comisiones de ambas Cámaras, en detrimento de la imagen y productividad del Poder Legislativo.
Ahora bien, sin desconocer que la naturaleza de las funciones del Parlamento es innegablemente motivada por el contexto político, económico y social del momento, las cuales pueden ser de muy distinta naturaleza; es decir, según el escenario del momento, puede presentarse una iniciativa que busque reformar toda una ley, alguna que pretenda una reforma integral del marco jurídico relativo a una sola materia o una iniciativa orientada únicamente a la reforma de un solo artículo, es importante reconocer la necesidad de establecer términos y plazos para que ambas Cámaras, en su cargo de Cámaras de origen o revisora, cumplan en forma pronta y eficaz la función legislativa.
En tal virtud, nos pronunciamos en favor de que se dictamine la iniciativa de reformas a los incisos a), c), d) y e) del artículo 72 constitucional, que tiene como objeto precisamente establecer un término de 45 días para que, una vez aprobada una iniciativa en la Cámara de origen, la revisora resuelva sobre el mismo asunto dentro del término máximo de 45 días naturales, contados a partir de que se remitiera; y, de no hacerlo, la Cámara revisora podrá presentar excitativa a efecto de que se resuelva en un término de 15 días naturales más.
Asimismo, se prevé que, en caso de que algún proyecto se deseche todo o en parte por el Ejecutivo o por la Cámara revisora y regrese a la de origen, ésta deberá resolver en el mismo plazo de 45 días.
Lo anterior, además de dar celeridad y seguridad en el desahogo de los asuntos competencia del Congreso de la Unión, contribuiría a erradicar el rezago legislativo, aspecto que representa una preocupación generalizada ante la idea de una lenta productividad legislativa.
Además, debemos considerar esta iniciativa un precedente para proponer una reforma global, desde una óptica procesal legislativa, en aras del fortalecimiento del Poder Legislativo.
Consideraciones de Derecho
1. Del 11 de octubre de 2002 a la fecha ha transcurrido más del término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que la comisión competente presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita en breve el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado,
A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y las consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen que corresponda a la iniciativa de reformas a los incisos a), c), d) y e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dip. Rafael Barrón Romero (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Abril 30 de 2003.)
 
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ENTREGADA POR EL DIPUTADO ARTURO URQUIDI ASTORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Antecedentes
Con fecha 15 de octubre del 2002 el diputado Francisco Jurado Contreras presentó ante este Pleno una iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer las bases de competencia entre la Federación y los estados en los casos de conexidad de delitos del fuero común con delitos del fuero federal.
En México, como en todo el mundo, el tema de la seguridad pública es el reclamo social más fuerte, que se ha convertido en una constante. Frente a todo ello ha crecido el consenso internacional que reconoce que las evidencias de que el modelo tradicional para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y la violencia, basado principalmente en el control y la represión penal, es insuficiente y, en algunos casos, francamente inadecuado.
Como se sabe, el escenario social de inseguridad pública es generalizado, la no disminución de la criminalidad es una realidad. Por ello debe ser una prioridad nacional la función de seguridad pública que, como todos sabemos, corresponde al Estado. Un Estado democrático de derecho está y debe estar para atender y servir a la persona humana, para garantizarle el disfrute de la seguridad, tranquilidad y paz, por cuyas razones existen el Estado y el derecho.
La delincuencia del orden federal, particularmente la organizada, produce también delincuencia común, que le es parasitaria. En ese sentido, resulta conveniente y justificado que cuando se cometen conductas donde convergen delitos federales con delitos comunes, se dé una participación conjunta de ambos niveles, y no mediante la exclusión de uno respecto del otro. Luego entonces, es pertinente que se dé una investigación y persecución de estos delitos de manera activa, tanto de gobierno local como del Federal, pero con una sintonía de atribuciones claramente delimitadas.
En la actualidad los gobiernos de los estados se han visto mermados en su actuación, por virtud del principio de conexidad aparejado a la comisión de delitos del orden federal. El principio de conexidad lo establece el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, ya que a través de este precepto se quiso, por así decirlo, federalizar los delitos comunes conexos con los federales a través de esta fórmula en la ley, que fue discutible desde la perspectiva del sistema federal que nos constituye como República.
Tal precepto implica que, aunque el delito federal quede a la postre desvirtuado, los jueces federales siguen conociendo de los delitos del fuero común considerados conexos, de conformidad con el criterio de la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia reconoció la fuerza atractiva de la jurisdicción federal en los casos de concurso ideal; es decir, de la comisión de varios delitos, entre ilícitos federales y del fuero local. En tal sentido, la Corte arguyó: "el fuero federal es atractivo, por lo que en caso de que el juez federal sea competente para conocer uno de los delitos cometidos en un solo hecho... tiene que ser competente para conocer de los demás delitos, pues de lo contrario se dividiría la continencia de la causa, ya que los delitos fueron cometidos en un solo acto".
Sin embargo, al cobijo y la interpretación sesgada del precepto legal invocado, las autoridades federales absorbieron o concentraron el conocimiento de cualquier caso, siempre y cuando hubiera conexidad de delitos. De tal suerte, podemos afirmar que en su origen la facultad de atracción en efecto, es una fórmula que disminuye o destierra a las entidades federativas de una potestad que le corresponde por su propia naturaleza, y que se modificó la frontera entre lo federal y lo local, en detrimento de las autoridades locales.
El resultado de esto es que la concentración de facultades en materia de delitos por conexidad, no sólo excluye a las entidades federativas de la lucha contra determinadas conductas delictivas, sino que en estos casos las relega de los delitos del fuero común conexos a la delincuencia del orden federal, como la narcocriminalidad, aunque al final se demuestre que se trata de delincuentes comunes.
La concentración de facultades de la federación en delitos de suma gravedad, no sólo afecta a las entidades federativas como tales, sino que se traduce en una afectación también a los gobernados, en cuanto al derecho a su seguridad por parte de las autoridades más inmediatas, en este caso las autoridades locales.
Por lo tanto, se hace necesario perfeccionar el marco jurídico a este respecto, con el fin de que, en un auténtico federalismo, se pueda potenciar la capacidad humana y material de la autoridades federales y locales mediante la colaboración o amalgamamiento pertinente y armónico de acciones que a cada uno corresponda en el ámbito de sus competencias, lo que permitirá combatir de manera eficaz y frontal al crimen. Se trata de no pulverizar o ahogar las acciones contra el crimen, bajo el ideario jurídico de competencias excluyentes, sino de competencias conjuntas y debidamente distribuidas. Esta ha de ser la premisa del Estado para cumplir con su fin esencial: proporcionar seguridad a los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, le ruego, señor Presidente, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen de la iniciativa de reforma a la que he hecho referencia, en el término que le sea señalado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Arturo Urquidi Astorga (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ENTREGADA POR LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO, PRESIDENTA EN TURNO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Rosa Delia Cota Montaño, en mi calidad de diputada Presidenta en turno de la Mesa Directiva de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, vengo con el respaldo de mis compañeros diputados de esta Comisión, a manifestar que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado 8 de noviembre de 2001, conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobada por el Pleno la creación de la Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta el día de hoy.
La creación de esta Comisión Especial por parte de la Cámara fue aprobada con la urgencia prevenida en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como con la especialización requerida para el mejor despacho de los negocios que establece el numeral 78 del ordenamiento antes señalado, por lo que nos hemos dado a la tarea de analizar las causas, circunstancias, contextos y efectos de estos feminicidios, con el objetivo y la prioridad de coadyuvar al esclarecimiento y cese de los hechos delictivos perpetrados contra las mujeres en esa ciudad fronteriza.
Para lograr este objetivo es indispensable participar en todas las actividades legislativas que se relacionen de forma alguna con el motivo de la creación de esta Comisión; ante ello y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento Interior, debemos discutir o emitir nuestra opinión en los asuntos de estudio que realicen las comisiones ordinarias.
A diez años del inicio de los acontecimientos brutales de homicidios en contra de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, suman ya más de 300 los cuerpos sin vida encontrados y aproximadamente 500 desaparecidas de las que se desconoce completamente si han muerto o no.
Desde 1996 la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua creó la Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres, misma que a pesar de los relevos de sus titulares y el apoyo de múltiples organizaciones especializadas no ha obtenido avances concretos en las investigaciones de tales crímenes.
La magnitud e importancia de los crímenes de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, deben de ser atendidas por la Procuraduría General de la República, en virtud de que la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua ha sido rebasada por este problema, que ha consternado no sólo a la sociedad Chihuahuense, sino a todo el país.
El 7 de marzo del 2001 fue presentada por la diputada Maricela Sánchez Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una propuesta con punto de acuerdo solicitando al Ejecutivo federal que por virtud de la Procuraduría General de la República ejercite la facultad de atracción sobre los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en esa entidad fronteriza, ante lo cual no se ha logrado una respuesta favorable. En ese mismo sentido, el día primero de abril del año en curso la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que atraiga las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se solicite formalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión para que averigüe sobre la grave violación de garantías individuales en contra de estas mujeres.
Consideraciones
Primero.- La C. diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la sesión del Pleno, el primero de abril del año en curso, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que atraiga las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y asimismo que esta H. Cámara de Diputados se adhiera a la solicitud realizada por el Senado de la República y se solicite formalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integre una comisión para que averigüe sobre la grave violación de garantías individuales en contra de estas mujeres.
Segundo.- En virtud de que en la votación económica que se efectuó durante esa sesión no se consideró urgente y obvia dicha proposición, se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que a la brevedad presentara ante este Pleno la resolución y el dictamen que recae sobre dicho punto de acuerdo, sin que hayamos obtenido a la fecha de la presente excitativa el dictamen correspondiente por parte de la citada Comisión, en contravención al plazo que señala el artículo 87 del reglamento invocado.
Tercero.- Es necesario que a la Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 71, 78 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior, le sea presentado lo más pronto posible para opinión, en caso de no existir inconveniente alguno, el proyecto de dictamen que al efecto presente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Cuarto.- Es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación expresada en el artículo que nos fundamentamos, excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de que emitan el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente a usted, C. diputado Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se sirva:
Unico.- Remita la presente excitativa para que se haga llegar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que dictamine la iniciativa ya precisada en el cuerpo de este documento y cumpla con lo dispuesto en los preceptos legales antes invocados, tomando en consideración el punto tercero del anterior apartado y que los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993 a la fecha, es un asunto que ya no puede esperar más; la sociedad así lo reclama.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), David Rodríguez Torres (rúbrica), Hortensia Enríquez Ortega, María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Hilda Anderson Nevárez, Manuel Arturo Narváez Narváez (rúbrica), José Tomás Lozano y Pardinas, Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica), José Jesús Reyna García, Manuel Duarte Ramírez (rúbrica).
(Se excita a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, ENTREGADA POR LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO, PRESIDENTA EN TURNO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Rosa Delia Cota Montaño, en mi calidad de diputada Presidenta en turno de la Mesa Directiva de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Vengo con el respaldo de mis compañeros diputados de esta Comisión, a manifestar que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado 8 de noviembre de 2001, conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobada por el Pleno la creación de la Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta el día de hoy.
La creación de esta Comisión Especial por parte de la Cámara fue aprobada con la urgencia prevenida en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como con la especialización requerida para el mejor despacho de los negocios que establece el numeral 78 del ordenamiento antes señalado, por lo que nos hemos dado a la tarea de analizar las causas, circunstancias, contextos y efectos de estos feminicidios; con el objetivo y la prioridad de coadyuvar al esclarecimiento y cese de los hechos delictivos perpetrados contra las mujeres en esa ciudad fronteriza.
Para lograr este objetivo es indispensable participar en todas las actividades legislativas que se relacionen de forma alguna con el motivo de la creación de esta comisión, ante ello y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento Interior, debemos discutir o emitir nuestra opinión en los asuntos de estudio que realicen las comisiones ordinarias.
A diez años del inicio de los acontecimientos brutales de homicidios en contra de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, suman ya más de 300 los cuerpos sin vida encontrados y aproximadamente 500 desaparecidas de las que se desconoce completamente si han muerto o no.
Cabe señalar que la persecución y prevención de estos delitos corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que debemos solidarizamos, buscar y encontrar soluciones que aporten mayores elementos y esperanzas a quienes han sufrido esta pérdida.
Tras los grandes avances tecnológicos se ha abierto la posibilidad de una mayor difusión respecto a la localización de personas desaparecidas, en virtud de que los medios de comunicación son elementos fundamentales para su búsqueda, pero lamentablemente no todos los familiares de las víctimas pueden tener acceso a ellos, debido a los altos costos que en ocasiones llegan a tener.
En este sentido, cualquier tipo de difusión de las características y datos en general de las personas extraviadas o desaparecidas puede ser de gran utilidad en la investigación del destino de las mismas.
Al respecto la Comisión Especial que honro en presidir ha coincidido con la iniciativa presentada por el C. diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional (y secretario de esta Comisión), ante la sesión del Pleno, el día 12 de diciembre del dos mil dos, para reformar la fracción IV del artículo 6º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para que se publiquen en los billetes de los sorteos las fotografías de personas extraviadas, en virtud de que la comercialización de sus unidades (los llamados "cachitos") se da a nivel nacional y su alcance es generalizado entre toda la población, y que no es privativa de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La medida pretendida con la iniciativa antes descrita ayudará a la localización de personas desaparecidas y otorgará una esperanza más para sus familiares.
Consideraciones
Primero.- El C. diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la sesión del Pleno del martes 12 de noviembre del año 2002 la iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para efecto de que sea obligatorio publicar en los billetes del sorteo las fotografías de personas extraviadas, que mediante lista le reporten las Procuradurías de Justicia de cada estado; iniciativa que fue turnada el día 12 de noviembre de ese mismo año a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sin que hayamos obtenido a la fecha de la presente excitativa el dictamen correspondiente por parte de la citada Comisión, en contravención al plazo que señala el artículo 87 del reglamento invocado.
Segundo.- Es necesario que a la Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, 71, 78 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior, le sea presentado lo más pronto posible para opinión, en caso de no existir inconveniente alguno, el proyecto de dictamen que al efecto presente la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Tercero.- Es procedente que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación expresada en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior, excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a fin de que emita el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente a usted, C. diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se sirva:
Unico.- Remita la presente excitativa para que se haga llegar a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que dictamine la iniciativa ya precisada en el cuerpo de este documento y cumpla con lo dispuesto en los preceptos legales antes invocados, tomando en consideración el punto segundo del anterior apartado y que los asesinatos y desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993 a la fecha es un asunto que ya no puede esperar más; la sociedad así lo reclama.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), David Rodríguez Torres (rúbrica), Hortencia Enríquez Ortega, María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Hilda Anderson Nevárez, Manuel Arturo Narváez Narváez (rúbrica), José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica), José Jesús Reyna García, Manuel Duarte Ramírez (rúbrica).
(Se excita a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública. Abril 30 de 2003.)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ENTREGADA POR LA DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LIRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
María de los Angeles Sánchez Lira, en mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que establecen los artículos 21, fracciones III y XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que proceda al análisis, discusión y dictamen de la iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal (en materia de violencia familiar), al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 26 de noviembre de 2002, en sesión celebrada por esta Cámara y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la suscrita presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal (en materia de violencia familiar).
Cabe destacar que el 6 de diciembre de 2001 presenté una iniciativa sobre el mismo asunto, misma que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dicha Comisión adujo un error en el nombre del ordenamiento legal a reformar, por lo que una servidora volvió a presentar la iniciativa el 26 de noviembre de 2002, haciendo la aclaración de que se refiere al Código Civil Federal.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente, como diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, insisto y hago énfasis en la necesidad de impulsar reformas que enfrenten el problema de la violencia familiar por las siguientes
Consideraciones
El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar por acción o por omisión; y se da en un contexto de desequilibrio de poder, de sumisión y desprecio hacia los demás miembros de la familia.
Son muchas las formas en las que se puede ejercer la violencia familiar, y son distintos también los sujetos hacia quienes se ejerce, sin embargo puede afirmarse que la violencia familiar afecta principalmente a las mujeres y los menores. Según la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar en el Area Metropolitana de la Ciudad de México de 1999, uno de cada tres hogares vive violencia familiar.
De cuerdo con la síntesis de resultados del XII Censo General de Población y Vivienda, en México las mujeres representan el 51.18 por ciento del total de la población y los menores de quince años ocupan el 33.43 por ciento del mismo total.
De las consideraciones anteriores se desprende que la violencia familiar en México es un severo problema que afecta a un gran porcentaje de la población.
Asumiendo que el problema de la violencia familiar adquiere dimensiones alarmantes en nuestro país, constituyendo un problema de salud pública que atenta contra la integridad de los individuos, el gobierno, desde sus diversos frentes, está obligado a implementar medidas para combatirlo, entendiendo que el pacto social originario que funda las comunidades humanas se basa en que la autoridad velará por la seguridad de cada uno de sus integrantes.
Es en este sentido que al Poder Legislativo, como uno de los tres órdenes de gobierno, le compete ejecutar acciones tendientes erradicar la violencia familiar, a través de reformas, adiciones o creación de normas jurídicas diseñadas para tal efecto.
Particularmente, la iniciativa en comento propone ampliar el concepto de violencia familiar, establecer de manera expresa que el maltrato a los menores no estará justificando aduciendo que se les está educando o formando.
Plantea también extender la protección contra la violencia familiar para quienes se encuentran unidos fuera del matrimonio y para familiares que convivan o hayan convivido en la misma casa, además de hacer eficaz la protección contra la violencia familiar a través del establecimiento para el responsable, como sanción, de la reparación de los daños y perjuicios que ocasione su conducta.
Dado que aún no se dictamina la iniciativa en mención, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita respetuosamente presenta esta solicitud a la Presidencia de la Cámara de Diputados a fin de que formule excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el propósito de que dictamine a la brevedad posible respecto a la iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal, en materia de violencia familiar.
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente pido:
Unico. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que presente su dictamen respecto a la iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal, en materia de violencia familiar, presentada por la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, en la presente Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 30 de abril de 2003.
Dip. María de los Angeles Sánchez Lira (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Abril 30 de 2003.)
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE ACTIVIDADES DE MARZO DE 2002 A FEBRERO DE 2003
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en su LVIII Legislatura informa, con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 45, numeral 6, inciso b, de las actividades realizadas en el periodo que va del mes de febrero de 2001 a febrero de 2002.
1. Reuniones de Trabajo
A. Ordinarias
1. Funcionarios/Dependencia: Reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro.
Fecha: Abril 23 de 2002.
Fecha: Febrero 12 de 2002.
Fecha: Octubre 7 de 2002.
Fecha: Octubre 9 de 2002.
Fecha: Seis reuniones durante los meses de octubre y noviembre de 2002.
2. Reunión de la Mesa Directiva con integrantes de las organizaciones "Frente Cívico Mexicalense" y "Vamos por Sonora" para abordar el tema de las tarifas eléctricas: octubre de 2002.
3. Reuniones con comisiones representativas de congresos de los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y Baja California sobre la materia de tarifas eléctricas.
4. Se estableció un canal de comunicación con Luz y Fuerza del Centro para la atención de consumidores inconformes que acuden a la Comisión de Energía en busca de apoyo.
A. Iniciativas de ley dictaminadas.
El 29 de noviembre de 2001, fue turnada a la Comisión de Energía la iniciativa de Ley de Energía para el Campo.
En su reunión ordinaria del día 3 de abril de 2002, se dio a conocer la integración de la subcomisión que se encargaría de la revisión y dictamen de dicha iniciativa, así mismo se decidió solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la ampliación del turno a fin de que se incorporara a esta tarea la Comisión de Desarrollo Rural, en virtud de la importancia que para la materia de su competencia tendría una eventual aprobación de dicha iniciativa.
Después de sucesivas reuniones y consultas entre ambas comisiones, en sesión de comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Energía, el 4 de diciembre de 2002, se discutió y aprobó el proyecto dictamen de la iniciativa en cuestión.
El dictamen fue presentado y aprobado ante la Cámara de Diputados con 398 votos en pro, el lunes 9 de diciembre de 2002. La minuta correspondiente se aprobó por la Cámara de Senadores en sesión del 12 de diciembre en votación nominal por 92 votos a favor y ninguno en contra y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
B. Avance del trabajo legislativo.
3. Visitas a instalaciones e infraestructura energética
1. Viaje de trabajo al estado de Baja California.
Actividades:
* Planta de regasificación de gas natural en Playas de Rosarito, entrevista con autoridades estatales y municipales y reunión con residentes vecinos del sitio previsto para establecer la planta.
* Visita a planta geotérmica de Cerro Prieto y proyectos de energía solar y eólica.
1. Conferencia del licenciado Bernardo de la Garza, director
Comercial de Petróleo Crudo de PMI Comercio Internacional, SA de
CV, y el licenciado Juan José Suárez Coppel, director Corporativo
de Finanzas de Petróleos Mexicanos.
Fecha: 26 de noviembre de 2002.
Objetivo: La coyuntura del mercado petrolero internacional
y los ingresos de Petróleos Mexicanos.
2. Conferencia del Sr. Pedro Meroño Vélez,
Presidente del la Comisión Nacional de Energía de España.
Fecha: 15 de octubre de 2002.
Objetivo: Exposición del tema "La regulación
energética en España".
3. Conferencia del Prof. Steve Thomas, Ph. Dr. Senior
Fellow de la Universidad de Greenwich, Inglaterra.
Fecha: 7 de noviembre de 2002.
Objetivo: Exposición del tema "La situación
actual del sistema eléctrico en la Gran Bretaña".
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2003.
La Mesa Directiva de la Comisión de Energía:
Dip. Noé Navarrete González (rúbrica)
Presidente
Dip. Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)
Secretario
Dip. Marco Antonio Dávila Montesinos (rúbrica)
Secretario
Dip. Rosario Tapia Medina (rúbrica)
Secretaria
Dip. Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE ACTIVIDADES DE MARZO A AGOSTO DE 2002
Mesa Directiva
Dip. Manuel Galán Jiménez, Presidente, PRI
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo, secretario,
PRI
Dip. José María Eugenio Núñez
Murillo, secretario, PAN
Dip. Amado Olvera Castillo, secretario, PAN
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez,
secretario, PRD
Dip. José Antonio Arévalo González,
secretario, PVEM
Dip. José Narro Céspedes, secretario, PT
Lic. Jorge Vega Arroyo, secretario técnico
Integrantes
Dip. Manuel Galán Jiménez, PRI
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo, PRI
Dip. José María Eugenio Núñez
Murillo, PAN
Dip. Amado Olvera Castillo, PAN
Dip. José A. Magallanes Rodríguez, PRD
Dip. José Antonio Arévalo González,
PVEM
Dip. José Narro Céspedes, PT
Dip. Hugo Camacho Galván, PAN
Dip. Florentino Castro López, PRI
Dip. Abel Ignacio Cuevas Melo, PAN
Dip. Silvestre Enrique Faya Viesca, PAN
Dip. Francisco Guadarrama López, PAN
Dip. Rosalinda López Hernández, PRD
Dip. Humberto Muñoz Vargas, PAN
Dip. Policarpo Infante Fierro, PRI
Dip. Víctor Roberto Infante González, PRI
Dip. Ranulfo Márquez Hernández, PRI
Dip, Enrique Martínez Orta Flores, PRI
Dip. Raúl Martínez González, PAN
Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal,
PRD
Dip. Juan Paredes Gloria, PRI
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI
Dip. Valdemar Romero Reyna, PAN
Dip, Martha Silvia Sánchez González, PRI
Dip. Jaime Salazar Silva. PAN
Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad, PRI
Dip. Felipe Solís Acero, PRI
Dip. José Luis Ugalde Montes, PRI
Dip. Joel Vilches Mares, PAN
Dip. Hugo Adriel Zepeda Berelleza, PAN
Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario
Dip. Jaime Salazar Silva, coordinador, PAN
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario,
PRI
Integrantes: Silvestre Enrique Faya Viesca, Rosalinda López Hernández, Raúl Martínez González, Ranulfo Márquez Hernández, Policarpo Infante Fierro, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, José Luis Ugalde Montes, Joel Vilches Mares, José Antonio Arévalo González, José Narro Céspedes.
Subcomisión de Seguimiento a las Operaciones de Pemex
Dip. Francisco Guadarrama López, coordinador, PAN
Dip. Florentino Castro López, secretario, PRI
Integrantes: José Antonio Arévalo González, José A. Magallanes Rodríguez, Ranulfo Márquez Hernández, Humberto Muñoz Vargas, José Narro Céspedes, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.
Subcomisión de Revisión del Presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación
Diputados: José Luis Ugalde Montes, PRI; Rosalinda López Hernández, PRD; José Narro Céspedes, PT; José Antonio Arévalo González, PVEM; Raúl Martínez González, PAN.
Conforme lo dispone el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presenta el Informe de Actividades realizadas, durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto del año 2002, conforme a lo siguiente:
I. Cuenta Pública 2000
Como se precisó en el anterior informe de la Comisión de Vigilancia, la Cámara de Diputados recibió en tiempo y forma la Cuneta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2000. En octubre de 2001 la Comisión de Vigilancia, conoció y aprobó la primera fase del programa de auditorias para la revisión de dicha Cuenta.
En este periodo que se informa, la Comisión de Vigilancia en reunión de trabajo del 26 de marzo de 2002, conoció y aprobó la segunda fase del programa de auditorias, para completar la revisión de la Cuenta Pública del año 2000, la cual comprendió un total de 109 revisiones.
Posteriormente, en sesión de trabajo del 14 de mayo de 2002, la Comisión aprobó la incorporación de 10 solicitudes para la practica de revisiones a los entes fiscalizados a la segunda fase del programa de auditorias para la revisión de la Cuenta Pública del año 2000, a saber:
Auditoría al Gobierno del Estado de México, por el probable desvío de recursos federales asignados a la entidad federativa y municipios.
Auditoría al municipio Santa Clara de Ocoyucan, Puebla respecto del ejercicio de recursos federales provenientes del Ramo 33.
Auditoría a Banamex, Banorte, Scotia Bank y Bital, con relación a la cartera vencida de deudores de la banca del Estado de Chihuahua.
Auditoría a los recursos del Ramo 33 destinados al municipio de Tlajomulco de Zúñiga Estado de México, sobre recursos asignados a agua potable y obra pública.
Auditoría a Pemex por la presunta irregularidad derivada de la negativa para devolver beneficios fiscales.
Auditoría sobre la aplicación de los recursos del Ramo 33, asignados al municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Auditoría para verificar la correcta aplicación de recursos federales provenientes del Ramo 33, a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Naucalpan, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Tepotzotlán y Villa del Carbón, del Estado de México.
Auditoría respecto de la operación de compraventa del Grupo Financiero Bancomer y Probursa.
Auditoría respecto del caso Mexlub-Pemex.
En reunión de trabajo de la Comisión, del 25 de junio de 2002, se informó que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibió la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2001, la que fue turnada a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para los efectos legales conducentes.
Cabe precisar, que para la revisión de la Cuenta Pública 2001, la Auditoría Superior de la Federación procederá conforme a los dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. A la fecha la Cuenta Pública de 2001 se encuentra en proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
III. Informe de Avance de Gestión Financiera
Como lo dispone la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el Ejecutivo Federal presento a la Cámara de Diputados, el Informe de Avance de Gestión Financiera, sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2002.
Dicho informe, se refiere a los programas a cargo de poderes de la unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en dichos programas.
En tal sentido, la Comisión de Vigilancia turno el Informe de Avance de Gestión Financiera a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, para los efectos legales a que hubiere lugar.
IV. Unidad de Evaluación y Control
La Unidad de Evaluación y Control es un órgano técnico que forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia ; y es la unidad especializada que se encarga de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación.
En tal sentido, la Comisión inició el procedimiento para seleccionar el candidato para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Conforme a la Ley de Fiscalización Superior, es facultad de la Comisión presentar el candidato para dicho nombramiento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, quien decide el nombramiento.
En razón de lo anterior, en sesión de trabajo de 27 de febrero de 2002 la Comisión de Vigilancia, aprobó la emisión de la convocatoria pública para invitar a los ciudadanos interesados a ocupar dicho cargo a registrarse para participar en dicho proceso de selección.
Emitida la convocatoria, al proceso acudieron a registrarse 46 aspirantes que cumplieron los requisitos para participaren el proceso de selección de Titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Con el propósito de llevar a cabo los procesos de revisión de los expedientes, entrevistas de los aspirantes y selección del candidato, la Comisión de Vigilancia se declaro en sesión permanente.
Del proceso de revisión de los expedientes, los integrantes de la Comisión de Vigilancia consideraron que a su juicio , además de cubrir los requisitos legales 22 aspirantes tendrían el perfil y la experiencia para ser seleccionados de entre ellos, al candidato para ocupar el cargo citado, acordando que este número de aspirantes pasarían a la etapa de entrevistas
En la etapa de entrevistas donde se evaluó el conocimiento sobre la fiscalización superior, la experiencia sobre auditoría y temas hacendarios fiscales y jurídicos, los integrantes de la Comisión de Vigilancia consideraron que a su juicio nueve de ellos tenían el perfil, que fueron: Víctor Javier Ampudia Orozco, Adalberto Campuzano Rivera, Marcos Berenice González Tejeda, Eduardo Gurza Curiel, David Gutiérrez García, Gerardo Lozano Dubernard, Roberto Michel Padilla, José Luis Nava Díaz y Alejandro Peniche Álvarez.
En una siguiente valoración y entrevista de los 9 aspirantes, los diputados de la Comisión de Vigilancia determinaron que de entre cinco de ellos se seleccionaría, a través de votación de sus integrantes, al candidato que se propondría al Pleno de la Cámara para el nombramiento de Titular de la Unidad de Evaluación y Control.
Estos cinco candidatos fueron: Adalberto Campuzano Rivera, Marcos Benerice González Tejeda, Eduardo Gurza Curiel, David Gutiérrez García, Roberto Michel Padilla.
Así el 30 de abril de 2002 la Comisión de Vigilancia, se reúne para llevar a cabo la votación para seleccionar al candidato que se propondrá al Pleno de la Cámara para Titular de la Unidad de Evaluación y Control. La votación se realizo sobre los cinco aspirantes antes citados.
Emitida la votación el resultado de la misma fue el siguiente: 17 votos a favor del aspirante Roberto Michel Padilla y 11 votos a favor del aspirante David Gutiérrez García.
En consecuencia la Comisión de Vigilancia declaro lo siguiente: que el Ciudadano Roberto Michel Padilla, será el candidato que propondrá la Comisión al Pleno de la Cámara de Diputados para el nombramiento de Titular de la Unidad de Evaluación y Control, y que se declaran clausurados los trabajos de la sesión declarada permanente para este proceso.
V. Reuniones de la Comisión
En el periodo que se informa, la Comisión de Vigilancia se reunió en 5 ocasiones, de las cuales una de ellas declarada como permanente. De las reuniones de trabajo se destacan los siguientes acuerdos:
26 de Marzo de 2002.
Invitación a la Asamblea de la ASOFIS, a celebrarse en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Se presenta a la consideración de la Comisión el Programa de Auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública 2000, Segunda Fase, la que constó de 109 revisiones.
Informe sobre la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario
La Comisión de Vigilancia se reúne con el propósito de elegir al candidato a Titular de la Unidad de Evaluación y Control, a presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La votación final fue 17 votos a favor del ciudadano Roberto Michel Padilla y 11 votos para el ciudadano David Gutiérrez García.
Se aprueba el informe de actividades de la Comisión de Vigilancia por el periodo septiembre de 2001 a febrero de 2002.
Se ratifica el Manual General de Organización de la Auditoria Superior de la Federación con fundamento en el artículo 74 fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Se integra la delegación que viajará a la ciudad de Estocolmo, Suecia para asistir a la reunión del Comité de Deuda Pública de la INTOSAI.
Se informa sobre la recepción de 38 estados financieros de universidades públicas; así como de los Programas de Fortalecimiento Institucional y de Postgrado de las mismas, los cuales fueron remitidos a las comisiones de Educación y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología.
Conformación de la delegación que viajará a Madrid, España a una gira de trabajo con el fin de recabar información sobre operaciones de compra venta de BANCOMER por el grupo financiero BILBAO VIZCAYA.
Se aprobó el informe de la Subcomisión Revisora del Presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, sobre la aplicación del Presupuesto asignado al órgano técnico para el Ejercicio Fiscal de 2001. Se turnó a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales conducentes.
Se informó sobre la recepción de solicitudes de auditorías que fueron turnadas a la Auditoria Superior para que sean analizadas y valoradas, y en llegado el caso se les considere para su incorporación al Programa de Auditorias para la Revisión de la Cuenta Pública del año 2001.
1) Solicitud del Congreso del estado de Michoacán para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación intervenga para lograr las modificaciones contenidas en el Punto de Acuerdo presentado en sesión de la Cámara de Diputados de fecha 2 de octubre de 2002.
El Punto de Acuerdo referido es el presentado por el Dip. José Manuel del Río Virgen por el que solicitó que la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del IPAB a suspender la venta de cartera y que modifique la Ley de Protección al Ahorro Bancario para otorgar el derecho de recompra de su deuda a los pequeños y medianos deudores.
2) Punto de Acuerdo presentado por el Dip. Jaime Martínez Veloz por el que solicita que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya a la Entidad Superior de Fiscalización a fin de que lleve a cabo una auditoría legal, jurídica, financiera y contable a los recursos federales aportados a las entidades paraestatales Promotora de Desarrollo Urbano, SA de CV, y Fideicomiso Río Tijuana Tercera Etapa.
VII. Manual General de Organización de la Auditoría Superior de la Federación
A efecto de revisar y discutir el Manual General de Organización de la Auditoría, se integró un grupo de trabajo en reunión de la Comisión, del 27 de febrero de 2002, con los diputados Víctor Roberto Infante González, Hugo Camacho Galván, Francisco Guadarrama López, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, José Antonio Arévalo González y José Narro Céspedes.
Para tal efecto, los miembros del grupo de trabajo, se reunieron con servidores públicos de la Entidad Superior de Fiscalización. Cabe destacar que al proyecto original del manual se incorporaron importantes observaciones y comentarios de los Diputados.
El 14 de mayo de 2002, en reunión de la Comisión, se ratificó el Manual General de Organización, con fundamento en el artículo 74, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
VIII. Actividades de las Subcomisiones
1. Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario.
Dentro del periodo comprendido entre los meses de marzo y agosto del presente año, la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario llevó a cabo las siguientes actividades:
Reunión con el Lic. Jonathan Davis Arzac, Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, quien disertó sobre la actitud que tomaron la CByV y la Secretaría de Hacienda, sobre los créditos reportables del rescate bancario.
Se nombró una delegación para viajar a la ciudad de Madrid, España para conocer todo lo relacionado a la compra de Bancomer por el Grupo Financiero Banco Bilbao Vizcaya, así como para allegarse de elementos, de información sobre las probables irregularidades en dicha operación.
La Subcomisión llevo a cabo diversas reuniones de trabajo para analizar el proceso de recate bancario y sus consecuencias.
Asimismo, la Subcomisión se dio a la tarea de impulsar los trabajos encaminados a concluir las auditorias a las instituciones bancarias que formaron parte del saneamiento financiero.
2. Subcomisión de Seguimiento a las Operaciones de Pemex.
En reunión de la Comisión de Vigilancia, de fecha 29 de julio del presente año, se aprobó la creación de la Subcomisión de Seguimiento a las operaciones de Pemex.
La Subcomisión quedó integrada por los diputados: Francisco Guadarrama López, Coordinador; Florentino castro López, Secretario; Ranulfo Márquez Hernández; Adela Cerezo Bautista; Humberto Muñoz Vargas; Hugo Adriel Zepeda Berrelleza; José Antonio Magallanes Rodríguez; José Antonio Arévalo González; y José Narro Céspedes.
Posteriormente, en reunión de la Comisión de Vigilancia, del 26 de agosto de 2002, se aprobaron los Lineamientos Generales a los que se sujetarán los integrantes de esta Subcomisión.
3. Subcomisión Revisora del Presupuesto de la Auditoría Superior.
Finalmente, en reunión de la Comisión de Vigilancia, de fecha 25 de junio de 2002, la Subcomisión Revisora presentó la Opinión Respecto del Análisis y Revisión de los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Presupuestal del año 2001, de la Auditoría Superior de la Federación, mismo que fue aprobado por los miembros presentes. Se ordenó su turno a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, para los efectos legales conducentes.
El 15 de agosto de 2002, la Subcomisión Revisora se reunió para llevar a cabo el análisis y discusión del Dictamen sobre los Estados Financieros de enero a junio de 2002, así como la Cuenta Comprobada correspondiente a los meses de enero a junio de 2002, mismos que contienen la aplicación del Presupuesto Ejercido por la Entidad de Fiscalización.El Dictamen sobre los Estados Financieros por que comprende el periodo enero a junio de 2002, así como la Cuenta Comprobada del mismo periodo fueron aprobados por la Subcomisión.
IX. Reuniones Nacionales
1) Visita de Funcionarios de la Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular de China.
El 11 de abril del presente año, se recibió la visita de funcionarios de la Oficina Nacional de Auditoría de la República Popular China, en las instalaciones de este recinto parlamentario.
El objetivo principal de la reunión fue intercambiar diversos aspectos sobre fiscalización entre ambos países.
2. Asamblea General de la ASOFIS.
Los días 18 y 19 de abril de 2002, se llevó a cabo a la primer Asamblea General del año 2002, de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental (ASOFIS), que tuvo lugar en la ciudad de Saltillo, Coahuila, cuyo objetivo de fue mantener actualizadas las políticas de fiscalización superior en el país.
En representación de la Comisión, asistieron los diputados Francisco Cárdenas Elizondo, José Luis Ugalde Montes, Jaime Salazar Silva, Hugo Camacho Galván, y José Antonio Magallanes Rodríguez.
X. Reuniones Internacionales
1) Reunión del Comité de Deuda Pública de INTOSAI.
Los días 6 y 7 de junio de 2002, se llevó a cabo la reunión del Comité de Deuda Pública de la INTOSAI, en la ciudad de Estocolmo, Suecia; en donde se discutieron las directrices sobre asuntos relacionados con el apoyo de organismos internacionales para impulsar la capacitación sobre auditoría a la deuda pública. Este Comité está presidido por la Entidad de Fiscalización Superior, como miembro de la INTOSAI.
En representación de la Comisión de Vigilancia, asistieron los diputados Manuel Galán Jiménez, José María Eugenio Nuñez Murillo y Juan Paredes Gloria.
2) Viaje de Trabajo a Madrid, España.
Con motivo de un Punto de Acuerdo presentado por el Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez, en reunión de la Comisión de Vigilancia, de fecha 14 de mayo del presente año, se acordó conformar una delegación con los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Cárdenas Elizondo, Amado Olvera Castillo, José Antonio Magallanes Rodríguez y Joel Vilches Mares, para viajar del 10 al 14 de junio de 2002, a la ciudad de Madrid, España; a fin de recabar información relacionada con la operación de compra venta de las instituciones de crédito Bancomer y Probursa, por parte del Grupo Financiero Bilbao Vizcaya.
La delegación se hizo acompañar de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Salcedo Aquino y Eduardo Gurza Curiel.
XI. Otras Actividades
En reunión del 24 de abril de 2002, la Comisión recibió a miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). En ese acto, los Rectores miembros de la Asociación presentaron los estados financieros de las instituciones educativas a su cargo. Se hizo hincapié, que la fiscalización que realiza la Cámara de Diputados, no lesiona la autonomía que requieren los centros de educación superior. Al mismo tiempo, los rectores expresaron la necesidad de contribuir a la cultura de rendición de cuentas.
Mesa Directiva
Dip. Manuel Galán Jiménez (rúbrica)
Presidente
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica)
Secretario
Dip. José María E. Núñez Murillo
(rúbrica)
Secretario
Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
Secretario
Dip. José A. Magallanes Rodríguez (rúbrica)
Secretario
Dip. José Antonio Arévalo González
(rúbrica)
Secretario
Dip. José Narro Céspedes (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEMESTRAL DE LABORES DE SEPTIEMBRE DE 2002 A FEBRERO DE 2003
Introducción
De conformidad con el artículo 45, párrafo sexto, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes integramos la Comisión de Participación Ciudadana de esta LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentamos, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara, y al pueblo de México, el primer informe semestral de actividades del tercer año legislativo.
Dicho informe da seguimiento a nuestro Plan General de Labores 2000-2003, en el marco del cual principalmente se realizó el Foro Internacional de Participación Social, en Cancún, Quintana Roo.
Cabe resaltar que en esta etapa se aprobó el dictamen de Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
También, con el efecto de realizar estudios a nivel internacional para conocer las experiencias de diferentes países, diputados integrantes de la Comisión asistieron a dos eventos internacionales de gran relevancia, uno en Montreal, Canadá y el otro en Quetzaltenango, Guatemala.
Además, en esta etapa se manifestaron cambios en los integrantes de la Comisión, los cuales han venido a fortalecer las actividades de la misma.
Estamos seguros que con estas acciones que se han venido
realizando en la Comisión se propicia una nueva Cultura de Participación
Ciudadana.
Reuniones de Mesa Directiva de la Comisión
Durante este primer semestre del tercer año legislativo se realizaron un total de 4 reuniones de Mesa Directiva, en las cuales se trataron diversos asuntos relacionados con la organización de la Comisión, sobre todo para preparar a detalle las reuniones plenarias subsecuentes:
25 de septiembre de 2002, a las 11:00 horas, en las instalaciones
de la Comisión.
31 de octubre de 2002, a las 12:00 horas, en las Instalaciones
de la Comisión.
5 de noviembre de 2002, a las 11:00 horas, en las Instalaciones
de la Comisión de Puntos Constitucionales.
3 de diciembre de 2002, a las 11:00 horas, en las Instalaciones
de la Comisión.
Reuniones Plenarias de la Comisión
Cabe mencionar que en este primer semestre se realizaron 4 reuniones plenarias, las cuales se detallan a continuación:
27ª Reunión de fecha 9 de Octubre de 2002, en el salón B del Restaurante Los Cristales, en la cual se presentan avances de los eventos futuros e informe del Foro Internacional, se aprueba el Informe Semestral de la Comisión y se presentan a nuevos integrantes de la misma.
28ª Reunión de fecha 4 de diciembre de 2002, en el salón Libertadores, en la cual se discutió, analizó, modificó y por último aprobó el Dictamen de Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
29ª Reunión de fecha 26 de febrero de 2003, en el salón C del Restaurante los Cristales, donde se presentaron los avances de las memorias del Primer Foro Internacional de Participación Social y avances del Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México a realizarse el mes de abril del 2003, además de aprobar el presente informe.
Durante los días 11, 12 y 13 de Septiembre de 2002 tuvo lugar el Primer Foro Internacional de Participación Social, Realizado en el Centro de Convenciones en Cancún, Quintana Roo.
En la organización del foro participaron, La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Participación Ciudadana, la Presidencia de la República por medio del Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, La Coordinación Presidencial para la alianza Ciudadana; el Instituto Federal Electoral, la Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD), de la Organización de Estados Americanos (OEA), El Forum of Federations, la Universidad de la Américas - Puebla, la Asociación Internacional de Sociología (International Sociological Association), la Organización de Estudios de Política (Policy Studies Organization), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), la Asociación de Autoridades Locales de México, AC (AALMAC), la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC), y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
El programa del evento quedo conformado de la siguiente manera:
Jueves 12 de septiembre de 2003
Inauguración
Michael W. Foley, Profesor, Catholic University
of America, Estados Unidos.
Nora Lustig, Rectora, Universidad de las Américas,
Puebla (UDLA,P), México.
Antonio Lucas, Presidente del Internacional Sociologycal
Association (Asociación Internacional de Sociología), España.
Carlos Medina Plascencia (PAN)
Senador, LVIII Legislatura, Senado de la República,
México.
Georgina Trujillo Centella (PRI)
Senadora, LVIII Legislatura, Senado de la República,
México.
María del Carmen Ramírez García
(PRD)
Senadora, LVIII Legislatura, Senado de la República,
México.
Miguel Gutiérrez Hernández, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Cámara de Diputados.
Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: "Participación ciudadana: una vía para el desarrollo".
Francois Paour, Ex presidente de la Asociación de Alcaldes Rurales y Ex Vicepresidente de Alcaldes, Francia.
Francisco J. Paoli Bolio, Subsecretario de Desarrollo Político, Secretaría de Gobernación (SEGOB), México.
Paul J. Rich, Visiting Fellow, Hoover Institution, Stanford University, Estados Unidos Profesor, Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP), México.
Ricardo Bucio, Director General Adjunto de Vinculación, INDESOL.
Alberto Olvera Rivera, Profesor, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana, México.
Juan S. Millan Lizárraga, Gobernador Constitucional
del Estado de Sinaloa, México.
Fernando Canales Clariond, Gobernador Constitucional
del Estado de Nuevo León, México.
Ricardo Monreal Avila, Gobernador Constitucional
del Estado de Zacatecas, México.
Panel 1: Los partidos políticos frente al reto de la participación ciudadana.
William J. Moreno, Presidente del Consejo de Autogestión
del Perú y Secretario Técnico de la Federación de
Municipios Libres del Perú.
Alejandro Arbide González, Co-fundador
Programa Manos a la Obra.
Moderador: Jaime Alcántara Silva, Integrante
de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara
de Diputados, México.
ClausuraMaricruz Montelongo Gordillo, Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión de Participación Ciudadana, Cámara de Diputados
Asimismo, un registro de ponentes y asistentes Internacionales provenientes de: Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Honduras, India, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela.
Dictamen de Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
El día 13 de diciembre del 2002 fue aprobado, por el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones Civiles.
Durante el proceso de aprobación del dictamen, tomaron la palabra para fundamentarlo el Diputado Miguel Gutiérrez Hernández, por la Comisión, el Diputado Juan Carlos Regis Adame, por el Partido del Trabajo, la Diputada Esveida Bravo Martínez, por el Partido Verde Ecologista de México, el Diputado Luis Herrera Jiménez, por el Partido de la Revolución Democrática, la Diputada María Cruz Martínez Colín por el Partido Acción Nacional y el Diputado Enrique Garza Tamez, por el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, para hacer propuestas de adición hablaron los Diputados Jaime Alcántara Silva y Benjamín Ayala Velázquez, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
El dictamen, ya adicionado, fue aprobado en lo general por 433 votos en pro y 1 abstención, y en lo particular por 397 votos en pro.
Es menester recordar que la mencionada iniciativa fue presentada el 23 de abril del 2002 por el Diputado Miguel Gutiérrez Hernández, a nombre de distintas organizaciones de la sociedad civil, después de un largo proceso de consenso y de conjunción de ideas y voluntades en torno a los ideales de solidaridad humana, bienestar común y filantropía.
Recibida la iniciativa por la Comisión, en una reunión Plenaria de ésta fue turnada a la Subcomisión de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por los siguientes diputados: Dip. María Cruz Martínez Colín (Coordinadora), Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas, Dip. Aarón Irizar López, Dip. María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, Dip. Rafael Ramírez Agama, Dip. Jaime Tomas Ríos Bernal y el Dip. Enrique Garza Tamez.
Dicha subcomisión elaboró un proyecto de dictamen y lo presentó a la Comisión el 04 de diciembre del 2002, aprobándolo ésta por unanimidad.
Los cambios que se le hicieron a la iniciativa son de carácter formal, que en nada perjudican el fin último de la Ley que es el fomentar las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, acentuando el principio de que esta Ley no pretende regularlas en su vida interna.
La ley, consta de un total de 28 artículos organizados en seis capítulos: disposiciones generales, de las autoridades, de los derechos y obligaciones de las organizaciones, del registro de las organizaciones de la sociedad civil y del sistema de información, del consejo técnico consultivo y de las infracciones, y por último, sanciones y medios de Impugnación; puede consultar el texto completo en la página de la comisión.
Foro "La Sociedad Civil y la Democratización de la Gobernabilidad Mundial"
Del 13 al 16 de octubre, una delegación de Diputados integrantes asistieron al Foro "La Sociedad Civil y la Democratización de la Gobernabilidad Mundial", realizado en Montreal, Canadá.
Delegación: Dip. Miguel Gutiérrez Hernández (PAN), Dip. M. Guadalupe López Mares (PAN), Dip. María Cruz Martínez Colín (PAN), Dip. Luis Herrera Jiménez (PRD), Dip. Enrique Garza Tamez (PRI), Dip. Olga H. Flores Velásquez (PRI).
"Segunda Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa"
Del 12 al 15 de noviembre, una delegación de Diputados integrantes asistieron a la "Segunda Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa", de la cual somos socios, realizada en Quetzaltenango, Guatemala.Delegación: Dip. A. Benjamín Ávila Márquez (PAN), Dip. J. Benjamín Muciño Pérez (PAN), Dip. Miguel Bortolini Castillo (PRD), Dip. Oscar Alvarado Cook (PRI), Dip. Celestino Bailón Guerrero (PRI).
Nuevos Integrantes
Dip. María Teresa de Jesús Castillón
(PAN)
Entidad: Coahuila
Distrito o circunscripción: IV
Perfil académico: Licenciada en educación
preescolar
Comisiones a las que pertenece: Seguridad Social
Sustituye al diputado Fernando Martínez Cué
Dip. Alba Leonila Méndez Herrera (PAN)
Entidad: Veracruz
Distrito o circunscripción: 3ª
Perfil académico: Administración de empresas
Comisiones a las que pertenece: Atención a Grupos
Vulnerables
Dip. Eloy Cantú Segovia (PRI)
Entidad: Nuevo León
Distrito o circunscripción: 05
Perfil académico: Licenciado en derecho
Comisiones a las que pertenece: Fortalecimiento del Federalismo
Presidente del Grupo de Amistad con Francia
Sustituye al diputado Jaime Vázquez Castillo
Dip. Benito Vital Ramírez (PRI)
Entidad: Puebla
Distrito o circunscripción: 14
Comisiones a las que pertenece: Seguridad Social, y Trabajo
y Previsión Social
Sustituye al diputado Enrique Garza Tamez
Estrategias de Comunicación Social
Con el propósito de difundir las actividades realizadas por los integrantes de esta Comisión, se ha efectuado lo siguiente:
Se editó el sexto número de la publicación denominada "Ciudadan@", en la cual se publican las actividades que ha realizado la Comisión.
Se creo una página en Internet para difundir el Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, además de presentar oficialmente la convocatoria ante los medios de comunicación el 10 de diciembre de 2002, junto con representantes del Senado de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el UNICEF
Por lo que concierne al Canal del Congreso, fueron grabados y en algunas ocasiones trasmitidos en vivo los trabajos que ha realizado esta Comisión, además se solicito la realización de anuncio electrónico relativo al Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México el cual fue trasmitido diariamente por dicho Canal.
En el Foro Internacional de Participación Social, realizado del 11 al 13 de septiembre de 2002 en Quintana Roo, se registraron 83 reporteros, representando a diversos medios de Información, de los cuales la mayoría manifestó notas respecto del mismo.
Dip. Ma. Guadalupe López Mares (rúbrica)
Secretaria (PAN)
Dip. Maricruz Montelongo Gordillo
Secretaria (PRI)
Dip. Luis Herrera Jiménez (rúbrica)
Secretario (PRD)
Dip. José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica)
Secretario (PRI)
Conjuntamente con la Comisión de Marina, al panel de Transporte multimodal: retos y perspectivas del modo marítimo, el viernes 16 de mayo, en Ciudad del Carmen, Campeche.
Atentamente
Dip. O. Eugenio Pérez Cruz
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión de trabajo en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras, que se llevará a cabo el jueves 22 de mayo, a las 10 horas, en la torre El Caballito, piso 5, salas 5 y 6.
Posteriormente, se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de mayo, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 4 de junio, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día