México, DF, a 8 de mayo de 2003.
Dip. Armando Salinas Torre
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LVIII Legislatura
Presente
Por este conducto comunico a usted que la Comisión de Concordia y Pacificación designó como Presidente en turno por el periodo del 1 al 31 de mayo de 2003 al senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, por lo que se pone a sus apreciables órdenes para tratar cualquier asunto relacionado con las negociaciones de paz en el estado de Chiapas.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto.
Atentamente
Dip. Agustín Trujillo Iñiguez (rúbrica)
Presidente
Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
México es una nación integrada por diferentes grupos, cuya mayor riqueza cultural reside precisamente en la variedad y multiplicidad de formas y creaciones en las que se expresa. Para Acción Nacional, reconocer y valorar nuestra diversidad cultural refuerza nuestro sentido democrático y plural. Consideramos que esta rica heterogeneidad cultural debe permear todas las acciones gubernamentales y, sobre todo, cristalizarse en los principios esenciales de la política cultural del país.
En el ámbito cultural se debe contar con una dinámica incluyente y plural que refleje la realidad nacional; que abra espacios y apoye las diversas manifestaciones del hombre y sus visiones del mundo y de la vida. Es tarea del Estado velar porque la sociedad esté preparada para los retos del futuro.
La lectura es un medio esencial y clave para la formación de ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad; es fundamental para que las personas desarrollen sus capacidades, aptitudes, habilidades; y es primordial como herramienta de aprendizaje, información y desarrollo personal y social. Por ello, es trascendental difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad, con la finalidad de generar un número creciente de lectores y una práctica más intensa de esta actividad.
La situación que impera en México en materia de lectura no es halagadora, pues los niveles de lectura son muy inferiores a los que demanda la exigencia de desarrollo del país, y a los que supondría el nivel de alfabetización.
Acción Nacional está convencido de que la cultura es un derecho de todos los mexicanos, una necesidad en la participación de la vida civil y en el desarrollo individual y social, y un componente fundamental de la calidad de vida de todos los mexicanos.
Afortunadamente, en las últimas décadas se ha sensibilizado su importancia y por ello el Programa Nacional de Cultura 2001-2006 incluye entre sus objetivos principales crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad. Dicho documento expone que "la lectura, en especial la de libros, es un factor fundamental para el crecimiento económico, político, social y cultural de las personas y de las naciones. El nivel de desarrollo de un país puede medirse por el número y la calidad de sus lectores, así como por la infraestructura que sostiene a la lectura y la escritura".
Es por ello que acciones como el Programa Integral de Fomento de la Lectura y el Libro, puesto en marcha por Conaculta en mayo de 2002, deben promoverse y apoyarse, ya que implican la formación y capacitación de lectores de todas las edades, incorporando el fomento del libro desde la producción, distribución y difusión hasta la promoción intensiva de la lectura. Ello requiere de una estrecha colaboración del Sistema Educativo Nacional y de los sectores social y privado.
Es preciso impulsar este tipo de acciones para que abran paso a una política cultural más vigorosa en el conjunto de la política de desarrollo humano y social, que la enriquezcan y contribuyan a un mejor logro de su misión.
No hay que olvidar que, a pesar de que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está integrada por 6 mil 303 bibliotecas, actualmente la proporción es de una biblioteca por cada 16 mil habitantes, cifra aún notablemente inferior al volumen por persona recomendado en el ámbito internacional. De ahí la importancia de contar con más bibliotecas y de mejorar su infraestructura y condiciones, conscientes de su papel como centros de convivencia y desarrollo comunitarios, y como fuentes de cultura y educación.
En este contexto, Acción Nacional considera que los integrantes de esta LVIII legislatura, podemos contribuir tangiblemente en la honrosa tarea de mejorar la calidad de los servicios que ofrece el sistema bibliotecario público nacional, y coadyuvar al fortalecimiento de la función de la biblioteca pública en la educación y formación, tanto de usuarios de la información como de lectores habituales y autónomos.
Por ello, hoy exhorto amablemente a los legisladores de esta LVIII Legislatura a donar 10 libros por cada uno de nosotros para el acervo de las bibliotecas públicas, con lo cual estaríamos contribuyendo a la formación de acervos básicos que sirvan como eje de las actividades didácticas, educativas, de capacitación, de difusión y de fomento de la lectura que se programan en las bibliotecas públicas.
Es necesario participar en el fortalecimiento del papel de las bibliotecas públicas como depositarias y difusoras del patrimonio bibliográfico, debemos ser sensibles y solidarios a la enorme carencia de libros que existe en la actualidad en nuestras bibliotecas públicas, y no olvidar que el libro y la lectura enriquecen los valores humanos y son ejemplo del respeto al ejercicio y la libertad de expresión.
El compromiso de Acción Nacional y de todos los legisladores será importante para contribuir a la formación de los acervos bibliográficos que requieren las bibliotecas públicas. Hoy podemos dar un paso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que los diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión donen, para las bibliotecas públicas, 10 libros: tres de conocimiento científico, tres de conocimiento general y cuatro de literatura para niños y jóvenes de primaria y secundaria, los cuales se harán llegar a través de la Comisión de Cultura al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de que éste realice su distribución.
Palacio Legislativo en San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Esteban Sotelo Salgado, Víctor León Castañeda, César Reyes Roel (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Cultura. Abril 30 de
2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR LA VENTA DE PETROLEO SE ASIGNE UN PORCENTAJE AL SECTOR SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA, ENTREGADA POR EL DIPUTADO JAIME MENDOZA FERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El que suscribe, diputado Jaime Mendoza Ferra, representante del VII distrito del estado de Oaxaca, con cabecera en Juchitán de Zaragoza, por el Partido Revolucionario Institucional, ante ustedes presento este punto de acuerdo para solicitar, en el marco del nuevo federalismo, que de los recursos adicionales que por venta de petróleo recibe el Gobierno Federal se asigne un porcentaje al sector salud en el estado de Oaxaca.
En el marco de los procesos de globalización, entendidos como una dinámica que promueve el desmantelamiento del Estado de bienestar, el adelgazamiento del aparato burocrático y, con ello, el debilitamiento de las instituciones públicas, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y cumplir con el pacto social emanado de la Constitución. Estos derechos sociales se han traducido en aplicaciones de política social que permiten a los tres niveles de gobierno sumar esfuerzos para dar a la sociedad los niveles de atención y desarrollo social que demandan.
En ese contexto, es de vital importancia que la demanda de una mejor atención en salud pública sea atendida con los mejores estándares de calidad. Sólo así podemos estar preparados para seguir contribuyendo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.
Sin embargo, estos buenos deseos se ven amenazados por la falta de atención en el sistema de salud pública, el cual se encuentra en una situación de alarma. La infraestructura, a pesar de los esfuerzos, ha sido rebasada por la demanda de los usuarios; aunado a ello, la calidad en los servicios se deteriora por la falta de presupuesto, y la posibilidad de que el paciente encuentre el suministro de medicinas en las farmacias de los diversos hospitales, clínicas y unidades familiares bajo responsabilidad del Estado es cada día más difícil.
Según las metas propuestas por el Ejecutivo federal en el Programa Nacional de Salud 20012006 se establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, participativo y vinculado al desarrollo. Es decir, que toda la población tenga acceso a los servicios de salud.
A pesar de ello, siendo la principal limitante la falta de recursos, se ha tratado de poner en marcha proyectos de reingeniería que doten al sector de una capacidad de generación de recursos propios y de involucrar en esta nueva dinámica al sector privado. Asimismo, se ha valorado la posibilidad de que los usuarios de los servicios de salud paguen de forma directa los beneficios bajo un mecanismo que no represente iniquidad en su ejecución y que permita la posibilidad de que aquellos sectores menos favorecidos también tengan la cobertura del servicio. Son medicinas, deficiencia en el servicio, infraestructura deteriorada y falta de capital humano sólo los principales indicadores de la crisis del sector en el estado.
Específicamente, es en el estado de Oaxaca donde se encuentran altos niveles de marginación en diversos rubros, donde la realidad del sistema de salud pública tiene uno de sus más lacerantes rostros. Aunado a un alto índice de dispersión de la población, que eleva los riesgos en caso de enfermedades o accidentes. Aún bajo el esfuerzo colectivo impulsado por el gobierno del estado, las carencias del sector salud siguen lastimando a la sociedad oaxaqueña.
Es por ello que solicito al Pleno de esta Cámara de Diputados que se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. Se solicita al Gobierno Federal que, considerando el alto nivel de las reservas del Banco de México y de los ingresos excedentes por la venta de la mezcla mexicana de petróleo, se asigne un presupuesto adicional al sector salud en el estado de Oaxaca, para aplicarlos urgentemente en beneficio de los miles de usuarios en el territorio oaxaqueño.
Dip. Jaime Mendoza Ferra (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE SUSPENDA LA FIRMA O, EN SU CASO, SE MODIFIQUE EL CONVENIO DE COORDINACION QUE ESTABLECE LAS BASES DEL PROCESO DE FORMULACION, APROBACION, EXPEDICION, EJECUCION, EVALUACION Y MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA REGION DEL MAR DE CORTES, ENTREGADA POR EL DIPUTADO MIGUEL VEGA PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN NOMBRE DE INTEGRANTES DE LA COMISION DE PESCA, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Miguel Vega Pérez, en nombre de diputados de las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo para que se solicite al Presidente de la República que se suspenda o, en su caso, se modifique el convenio de coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del programa de ordenamiento ecológico de la región del Mar de Cortés.
Exposición de Motivos
El golfo de California es un gran ecosistema marino costero de México, limitado territorialmente por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
En los últimos años el golfo de California ha sido marco de atención nacional e internacional, de acuerdo con el plan ambiental marino de los 283 mil kilómetros cuadrados de las aguas que lo forman.
El Gobierno Federal considera como áreas protegidas más de 900 islas del golfo y una superficie estimada de 150 mil hectáreas de superficie terrestre circundante.
Como zonas de importancia, el Instituto Nacional de Ecología considera dentro de la Región la Reserva de la Biosfera del Delta del Río Colorado: las islas Tiburón y Angel de la Guarda, el parque marino Loreto y otras áreas costeras y bahías.
Los municipios costeros del golfo de California representan el 14% de la superficie del país y el 8% de la población total. En la región, el ritmo de concentración urbana es superior a la media nacional, por lo que gran parte de la población vive en localidades mayores de 15 mil habitantes, y aquéllas mayores de 500 mil habitantes tienden a crecer más y concentrar relativa y absolutamente mayor población.
Si se toma en cuenta que la región noroeste concentra el 8.8% de la población y contribuye con 6.6% al PIB (Producto Interno Bruto) industrial nacional, entonces resalta a la vista una elevada vocación exportadora, participando con más del 10% en las exportaciones del país.
La estructura de las exportaciones de la región noroeste permiten concluir que esta zona del territorio nacional se ha relacionado a los mercados internacionales en función del aprovechamiento de sus recursos naturales, así como su posición geográfica y la explotación de ventajas comparativas, vía salarios, para la instalación de empresas maquiladoras, principalmente en las entidades fronterizas de Baja California y Sonora.
Por otro lado, si bien es cierto que la pesca participa de manera importante en el PIB nacional, también debemos considerar que la aportación del sector agropecuario regional es aún mayor. Es decir, la importancia económica relativa de la región en el país es mucho mayor que el tamaño de su población.
En materia de pesca, los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaoloa representan, según datos del anuario estadístico de pesca 2001, el 69% de la producción pesquera nacional, con una derrama económica superior a los 7 mil millones de pesos anuales, generando más de 80 mil empleos directos e indirectos mediante la operación en más de mil 500 embarcaciones mayores y cerca de 60 mil menores, 32 mil 500 hectáreas de granjas camaronícolas; 23 laboratorios de producción de postlarvas y 29 plantas industrializadoras, que se estiman en un valor superior a los 9 mil 500 millones de pesos de inversión en infraestructura pesquera y acuícola (de acuerdo con la fuente y resumen que se presentan en anexo).
La formulación del programa de ordenamiento ecológico de la región del Mar de Cortés debe tener como fuente una composición plural y democrática, en atención a los sectores y agentes que forman parte de su contorno.
En ese orden de ideas, es recomendable y prudente que el Ejecutivo federal estimule la participación de todas las partes, mediante la búsqueda del consenso y la razón en la toma de decisiones que tienden a influir en el modo de vida de miles o millones de mexicanos.
Considerandos
1. La población pesquera organizada que opera de conformidad con los términos legales en el golfo de California merece todo el respeto y reconocimiento de todos los órganos del estado que conducen a políticas que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por lo tanto, queda implícito en esta condición que cualquier instrumento, por valioso y necesario que se considere, debe practicarse de forma abierta y trasparente, permitiendo la participación y consenso de toda la sociedad, fundamentalmente cuando el resultado pudiera tener repercusiones socioeconómicas que alteren el orden social de la comunidad.
2. En el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se específica: "a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
...
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera; sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;
...
X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales y con la participación de los particulares;
...
XII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
XXXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la Ley, lo referente a la acuacultura, así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;
...
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;
e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las normas oficiales mexicanas que correspondan;
4. Representantes del sector pesquero de los estados de la región del Mar de Cortés han externado su preocupación por la promoción del convenio de ordenamiento ecológico que coordina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin invitar a las autoridades regulatorias de la pesca en nuestro país.
Honorable asamblea:
Por los motivos y considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución.
Primero. Se solicite al Presidente de la República Mexicana, licenciado Vicente Fox Quesada, que instruya al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se suspenda la firma o, en su caso se modifique el convenio de coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región del Mar de Cortés.
Segundo. Se incluya la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y del Instituto Nacional de Pesca, en el convenio de coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región del Mar de Cortés, permitiendo también la participación de las organizaciones y particulares involucrados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Rafael Orozco Martínez, Miguel Angel Gutiérrez Machado, Alicia Concepción Ricalde Magaña, José Feliciano Moo y Can (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez, Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Gregorio Urías Germán, Héctor Taboada Contreras, Martha Silva Sánchez González (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Miguel Vega Pérez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza, Simón Iván Villar Martínez (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez, Oscar Ochoa Patrón, Julián Luzanilla Contreras, Donaldo Ortiz Colín, Edith Escobar Camacho, Jaime Cleofas Martínez Veloz, José Jaime Barrón Fonseca (rúbrica), Juan Manuel Santamaría Ramírez, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Roberto Fuentes Domínguez (rúbrica), Silverio López Magallanes (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Agustín Trujillo Iñiguez (rúbrica), Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica), Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas, Concepción Salazar González, Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Rafael Ramírez Agama, Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica), Patricia Aguilar García (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila, Rigoberto Romero Aceves, Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION NOMBRE UNA COMISION INVESTIGADORA PARA REVISAR EL TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ENTREGADA POR EL DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que el Pleno de la Cámara nombre una comisión de diputados que investigue el trabajo que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inventiva nacional ha encontrado en los últimos años trabas a su desarrollo. Los problemas de los inventores mexicanos han surgido de donde se debería tener toda la protección y ayuda, según lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.
La entidad encargada de llevar a cabo el proceso de registro de marcas y patentes es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El mismo Instituto se encarga de hacer cumplir lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial. El proceso de registro tanto de marcas como de patentes muestra las irregularidades que se presentan; también es donde se expresa la desigual competencia a la que se enfrentan los inventores y creadores mexicanos.
En los últimos años se ha visto una caída en el número de registro de patentes por parte de inventores mexicanos, ello debido a la desconfianza que tienen hacia el Instituto para registrar sus inventos, ya que en el proceso de registro y concesión, que generalmente tarda un año, ocurren fugas de información.
Los datos al respecto son contundentes, en el año 2001 el registro de patentes fue de un total de 13 mil 566, de las cuales 534 correspondieron a mexicanos, mientras de Alemania y Estados Unidos se registraron mil 438 y 7 mil 336 patentes, respectivamente. En términos porcentuales le corresponde a México un 4% frente a un 53% de Estados Unidos, 10% para Alemania y 6% para Francia.
La situación se agudiza por la serie de malos manejos que el IMPI realiza en perjuicio de los inventores mexicanos. Al respecto están los casos que ilustran lo anterior y que están documentados, como el de Corporación Rolmar, el del señor Uriel Sabido Mendiburu; otro caso es el de Kolitas, del señor Alfonso López Negrete, y por último está el caso del señor Andrés Lombardo.
Los casos anteriores ilustran que el inventor mexicano no tiene las garantías ante las autoridades responsables de velar por el interés de nuestros inventores.
En México seguimos observando que la lucha por la justicia y los derechos de los mexicanos continúa siendo una constante en nuestros tiempos. El Estado, como garante de los derechos de los gobernados, no ha terminado de conformarse como una institución que dé certidumbre al actuar de sus ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión conforme una comisión especial y plural de diputados que investigue las irregularidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segundo. Que el Pleno de la Cámara de Diputados exija la remoción del titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que la Secretaría de la Función Pública realice la investigación correspondiente y finque las responsabilidades a su titular y a los mandos medios por el daño patrimonial al Instituto y a los inventores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Rubén Aguirre Ponce, Zeferino Antúnez Flores, Bonifacio Castillo Cruz, Magdalena Núñez Monreal, Miguel Bortolini Castillo, Concepción Salazar González, José Antonio Arévalo González, Francisco Agundis Arias, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Sergio Acosta Salazar, Juan Carlos Regis Adame, Lázaro Méndez López, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Nabor Ojeda Delgado, Armín José Valdés Torres, Humberto Mayans Canabal, Manuel Duarte Ramírez, Alberto Anaya Gutiérrez, Angel Meixueiro González, Tereso Martínez Aldana, Marco Vinicio Juárez Fierro, Felipe Olvera Nieto, Arturo Díaz Ornelas, Samuel Yoselevitz Fraustro, José Roque Rodríguez López, José María Tejeda Vázquez, Fernando Alcalde Cardona, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Luis Aldana Burgos, Javier Rodríguez Ferrusca, Enrique Priego Oropeza, Elías Martínez Rufino, Alejandro García Sainz, Arturo B. de la Garza Tijerina, César Duarte Jáquez, Silvia López Escoffie, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Francisco Patiño Cardona, Víctor A. García Dávila, Rosalía Peredo Aguilar, Rosa Delia Cota Montaño, Bertha Alicia Simental, Norma Patricia Riojas Santana, Julieta Prieto Fuhrken, Sara Figueroa Canedo, María del Rosario Oroz Ibarra, Arturo León Lerma, Diego Cobo Terrazas, Rafael Servín Maldonado, Ricardo Moreno Bastida, Raquel Hernández Estrada, Emilio Ulloa Pérez, Alfredo Hernández Raigosa, Rogaciano Morales Reyes, David A. Sotelo Rosas, Gilberto del Real Ruedas, Rosario Tapia Medina, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Gregorio Urías Germán, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Arturo Escobar y Vega, Mauro Huerta Díaz, Cristina Moctezuma Lule, José Marcos Aguilar Moreno, Raquel Cortés López (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A EMITIR EL MARCO JURIDICO QUE REGULE LA ACTIVIDAD DE LAS LLAMADAS "CASAS DE EMPEÑO", ENTREGADA POR LA DIPUTADA MARIA TERESA TAPIA BAHENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a las Legislaturas de los estados a emitir el marco jurídico que regule la actividad de las llamadas "casas de empeño", bajo las siguientes
Consideraciones
Las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y sociedades mercantiles denominadas "casas de empeño" han operado por varios años en nuestro país. En un principio surgieron como un medio para asistir a las personas de bajos recursos o aquellas que requieren recursos monetarios de inmediato.
El éxito de las llamadas "casas de empeño" se dio porque logró captar a este segmento de la sociedad que no tenía acceso a créditos bancarios, hipotecarios, inversiones y cuentas, debido a las condiciones propias del sistema financiero.
Este sistema, desde hace mucho tiempo, ha permanecido inaccesible para los estratos de ingresos más bajos o para ciertas personas que necesitan de forma inmediata liquidez monetaria para cubrir contingencias que se les presentan, ya que en ocasiones es difícil contar con un aval, un colateral o ingresos comprobables que garanticen un préstamo por parte de las instituciones financieras.
A pesar de que las casas de empeño, como instituciones de asistencia privada, nacieron con el objetivo de satisfacer oportunamente las necesidades de sus usuarios, procurar el desarrollo integral de sus colaboradores y realizar acciones en beneficio de la Sociedad Mexicana, en un marco de transparencia y legalidad, y sin ningún fin de lucro, a lo largo del tiempo surgieron "casas de empeño" constituidas bajo figuras mercantiles que han distorsionado esta loable misión.
Así, las sociedades mercantiles que realizan actividades de este tipo, han ido ganando presencia en nuestro país, al grado que en la actualidad existen algunas que ofrecen franquicias con "grandes rendimientos".
Con la proliferación de estas casas de empeño, constituidas de diversas formas, han proliferado también las anomalías en su operación, pues algunas han encontrado la manera de aprovecharse de la extrema necesidad de las personas que acuden a ellas, cobrando intereses demasiado altos o exigiendo prendas que exceden, en la mayoría de los casos, el valor de la deuda y de los intereses, lo cual lleva a los deudores o pignorantes a no poder recuperar los bienes que entregaron en garantía, causándoles así un doble daño: económico y moral.
En la actualidad, la actividad que llevan a cabo las llamadas "casas de empeño", principalmente las constituidas como sociedades mercantiles, no está regulada. Existe exclusivamente el marco jurídico que regula su constitución.
Dada esta falta de regulación y supervisión por parte de la autoridad, éstas sólo operan con el único fin de incrementar sus ganancias, dejando de lado principios éticos, de justicia y, sobre todo, el objetivo para el cual fueron creadas.
Adicionalmente, dada esta falta de regulación y supervisión, las denominadas "casas de empeño" se han erigido en uno de los medios más importantes para llevar a cabo actividades ilícitas graves, como lo es el lavado de dinero.
Por el momento en que vivimos, con rápidos avances tecnológicos y la cada vez mayor globalización, el lavado de dinero tiene un alcance sin precedentes y las acciones encaminadas a su combate requieren un enorme esfuerzo nacional. Fuera de control, tal situación puede afectar la confianza pública en las instituciones financieras del gobierno mexicano.
Es, por lo anterior, urgente empezar a legislar sobre la actividad que llevan a cabo las llamadas "casas de empeño". El objetivo de regularlas va más allá evitar que empresas privadas, con fines meramente lucrativos, tomen ventaja de la precaria situación económica de algunos mexicanos o de la simple protección de los intereses de las personas que acuden a ellas, en el sentido de que, sin un estricto control, dichos centros se podrían convertir en lugares idóneos para llevar a cabo actividades ilegales con implicaciones de severa magnitud para nuestro país, ya que facilita la actividad de los traficantes de drogas, armas, terroristas y funcionarios corruptos.
Así pues, este punto de acuerdo pretende sentar las bases para realizar un esfuerzo a nivel nacional para emitir el marco jurídico que tenga como finalidad disminuir los efectos negativos que se han desarrollado con el crecimiento de esta actividad.
Es fundamental enfatizar que este esfuerzo nacional no va contra la generación de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles o sociedades mercantiles que realizan esta actividad, sino en contra de las prácticas desleales o ilegales que se pudieran desarrollar.
Actualmente se han observado algunos esfuerzos a nivel de las Legislaturas locales para crear el marco jurídico que supervise y regule esta actividad. Uno de los casos más importantes es la ley emitida por el Congreso de Baja California mediante la cual se regula la instalación y funcionamiento de establecimientos cuyo objeto sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y contratos de prenda. Asimismo, obliga a las llamadas "casas de empeño" a la obtención de permisos y a fijar los mínimos requerimientos que un contrato de prenda y de mutuo con interés debe contener.
Es así que mediante este punto de acuerdo se enfatiza la necesidad de que todas las Legislaturas locales, siguiendo este ejemplo, emitan la regulación necesaria.
También es importante la participación del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, para la emisión de una Norma Oficial Mexicana que se encargue de la regulación y supervisión del funcionamiento de las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria.
Por la problemática anteriormente expuesta, es que se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía que realice los estudios necesarios a fin de que se elabore una Norma Oficial Mexicana que someta a las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria a una regulación específica.
Segundo. Gírese oficio a las Legislaturas de los estados, con el fin de conscientizarlas sobre la problemática existente y exhortarlas a emitir el marco jurídico que regule la instalación y funcionamiento de establecimientos cuyo objeto sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y contratos de prenda, así como para fijar los mínimos requerimientos que un contrato de prenda y de mutuo con interés debe contener.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2003.
Dip. María Teresa Tapia Bahena (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LOS GOBIERNOS DE TLAXCALA Y PUEBLA FIRMEN LOS CONVENIOS QUE ANEXEN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE A LA DENOMINACION DE ORIGEN DE LA ARTESANIA DE TALAVERA EN LOS TERMINOS QUE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES SEÑALEN, ENTREGADA POR EL DIPUTADO JUAN DE LA CRUZ ALBERTO CANO CORTEZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado ciudadano Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario de Acción Nacional y miembro de esta LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo: que los gobiernos de Tlaxcala y Puebla se sirvan firmar los convenios que anexen al municipio de San Pablo del Monte Tlaxcala a la denominación de origen de la talavera en los términos que las leyes federales y locales señalen.
La música, como el arte, es universal, bajo este precepto, la artesanía como una expresión cultural de un pueblo, de una región, donde sus moradores de generación en generación heredan todo un proceso de elaboración, que agregan usos, costumbres, tradición, mística y cultura; por tanto, aunado a los materiales propios de la región, dan identidad a los pueblos.
Históricamente, refieren los documentos que el pueblo de Tlaxcala ya elaboraban la cerámica tipo talavera, la técnica y proceso de elaboración, así como los materiales utilizados determinaron, mediante un estudio minucioso realizado por el departamento de ingeniería y tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que recientemente se concluyó. Refiere que los artesanos del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cumplen en su totalidad las especificaciones y normas de calidad que se imponen y exigen para su certificación de origen; asimismo, la normatividad legal que refieren las leyes federales y estatales para dar cumplimiento preciso a lo que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también la Secretaría de Economía.
Es de importancia señalar que los artesanos de Tlaxcala, en coordinación con las instancias correspondientes, han solicitado en tiempo y forma la petición como un derecho a lo antes señalado.
En tal virtud, los artesanos que producen talavera en el municipio de San Pablo del Monte recibirán todo el apoyo necesario tanto del Gobierno Federal como del estatal, mediante información oportuna de las disposiciones legales, capacitación permanente, inspección y supervisión del proceso de elaboración, asesoría de comercio exterior y programas y proyectos de crédito e inversión.
Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante sus disposiciones legales propias, coadyuve e incluya al municipio de San Pablo del Monte para su registro ante el instituto referido.
Por lo anteriormente expuesto, a esta soberanía propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Bajo el siguiente articulado:
Artículo Unico: Que los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, en coordinación con las autoridades federales y los artesanos que producen la talavera en ambos estados, firmen, como lo señalan las disposiciones legales vigentes, los convenios de inclusión al área geográfica y denominación de origen de la artesanía de talavera del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2003.
Dip. Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CONSIDERAR LA CONVENIENCIA DE CREAR DE UNA COMISION ENCARGADA DE ATENDER LOS ASUNTOS FAMILIARES, ENTREGADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO LUIS TREVIÑO CABELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito C. diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del grupo parlamentario del PAN, y con el apoyo de ciudadanos diputados de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El cuidado de la familia no es sólo una obligación moral: es una necesidad política.
La familia es el elemento más íntimo e importante de la sociedad y constituye el núcleo central para lograr el desarrollo integral de sus integrantes, es el sitio donde se adquieren las bases para convertirse en ciudadano. La familia es, por excelencia, el lugar donde aprendemos valores, tales como el amor, el respeto, la solidaridad y la confianza. La familia es también un ámbito privilegiado del proceso de socialización primaria de los individuos, opera como espacio productor y transmisor de pautas y prácticas culturales, de adquisición de hábitos y conforma un ámbito fundamental para la formación de identidades, particularmente en lo relativo a los papeles asignados socialmente a mujeres y hombres.
El mejoramiento integral de la familia representa, por sí mismo, el avance cualitativo de toda la sociedad, la cual se beneficia directamente cuando en México existen familias fuertes y unidas. Ahora bien, los cambios sociales, económicos, culturales y políticos afectan profundamente el ámbito en el que se forman y desarrollan quienes constituyen la familia. Entre esos cambios podríamos observar manifestaciones tanto pacíficas como negativas. Por ello es importante no desatender esta realidad, que afecta e incide en la crisis de valores que desafortunadamente acosa a nuestras familias.
La crisis de la familia se expresa no sólo en una menor proporción de familias biparentales, sino especialmente en distintas manifestaciones de deterioro social que se relacionan con ella. En efecto, muchas familias en esta sociedad padecen un conjunto de traumas y vejaciones inaceptables.
Uno de los síntomas más visibles y preocupantes de la crisis de la familia es la violencia intrafamiliar que se vive en el seno de muchas familias de nuestro país. Además, detrás de las tensiones que se asocian con una situación moral y material difícil, está el hecho contundente de que las familias no han desempeñado un papel eficaz en la formación adecuada de sus miembros y, por ende, de los niños y jóvenes del país. Parte de los problemas de esa formación se expresan subsecuentemente en la precaria situación que viven muchas parejas y en el pobre desempeño moral y material del núcleo familiar.
Para construir una sociedad más equitativa y democrática es necesario actuar desde la familia, puesto que ella es la esencia para la realización del bien común. Es en la familia donde se viven y perciben los éxitos y fracasos de las políticas públicas; es el lugar donde se reflejan los auténticos niveles de bienestar de nuestro país.
La familia es concebida como el cauce principal de la solidaridad entre generaciones y el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas a sus integrantes. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.
Actualmente, la familia demanda participación en la toma de decisiones en la construcción de un México democrático, libre, con justicia y paz. Esta participación es un derecho de los ciudadanos para construir el futuro, pero implica también el cumplimiento de deberes ante una sociedad que se verá afectada o beneficiada por las actividades que desarrollen.
La gran diversidad de grupos sociales exige distintas políticas para garantizar el ejercicio de sus derechos, adecuándolos a cada entorno cultural, con el fin de homogeneizar el desarrollo integral del universo familiar.
El Estado, en el afán de aterrizar los diferentes planteamientos y políticas públicas en materia de asuntos para la familia, ha realizado distintos esfuerzos. Prueba de ello es la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el debate general del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la ONU, en febrero del año en curso. En el cual se comunicó la preparación de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos de la Familia, como consecuencia del Décimo Aniversario del Año Internacional de la Familia 2004.
Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 reconoce que la familia ocupa un importante espacio dentro del desarrollo nacional, por lo que señala que es necesario "fortalecer los ámbitos familiares para que sean el motor de la convivencia y la solidaridad social", y además "impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores en las familias y propicien la cohesión y la solidaridad social".
Compañeros legisladores, contribuyamos a hacer posible el cumplimiento de la misión de la familia, la cual sólo puede realizarse plenamente dentro de un orden social, económico, político y jurídico adecuado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, reiteramos nuestra exhortación firme y respetuosa, y sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados invite respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a considerar la conveniencia de la creación de una Comisión Ordinaria de Asuntos de la Familia.
Palacio Legislativo en San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Francisco Luis Treviño Cabello, Samuel Yoselevitz Fraustro, Benjamín Avila Márquez, Arturo Díaz Ornelas, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Jesús López Sandoval, Mario Reyes Oviedo, José María Rivera Cabello, Adrián Salvador Galarza González, Jaime Salazar Silva, Luis Fernando Sánchez Nava, María Cruz Martínez Colín, Miguel Gutiérrez Hernández, Luis Pazos de la Torre, Marco Vinicio Juárez Fierro, Nelly Campos Quiroz, Lionel Funes Díaz, Sergio García Sepúlveda, Verónica Sada Pérez, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Esteban Sotelo Salgado, Javier Rodríguez Ferrusca, Daniel Rodríguez Torres, Francisco E. Jurado Contreras, Mercedes Hernández Rojas, Roberto Bueno Campos, Abelardo Escobedo Prieto, Salvador López Orduña, Francisco Ortiz Esquivel, Sonia López Macías, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Juvenal Vidrio Rodríguez, Gabriela Cuevas Barrón, Noé Navarrete González, José Alfredo Botello Montes, Celita Alamilla Padrón, Hugo Camacho Galván, Cuauhtémoc Cardona Benavides, José Alejandro Zapata Perogordo, Silvia Alvarez Bruneliere, María Teresa Romo Castillón, Arturo San Miguel Cantú, Braulio Martínez Ramírez, Francisco Arano Montero, José Roque Rodríguez López, Rómulo Garza Martínez, Abel Cuevas Melo, Arcelia Arredondo García, Oscar Cano Garza, Martha Patricia Dávalos Márquez, Zinthia Benavides Hernández, Mauro Huerta Díaz, Tomás Coronado Olmos, Olga Patricia Chozas y Chozas, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Amador Rodríguez Lozano, Rosario Oroz Ibarra, Araceli Domínguez Ramírez, Humberto Muñoz Vargas, Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Equidad y Género.
Abril 30 de 2003.)
DE LA SUBCOMISION DE SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE PEMEX DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SEMESTRAL DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2002-FEBRERO DE 2003
Introducción
El Informe de la Cuenta Pública del año 2000, emitido por la Auditoría Superior de la Federación el 9 de septiembre de 2002, fue especialmente pródigo por el cúmulo de observaciones realizadas a las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex), muchas de las cuales fueron de dominio público, recibiendo por ello el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, expresiones variadas sobre la necesidad de una investigación más a fondo y específica sobre las actividades de la paraestatal.
Por tal razón; en sesión del 9 de julio de 2002, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación acuerda por unanimidad la constitución de una subcomisión dedicada con exclusividad al seguimiento de las operaciones de Pemex, a partir de los análisis de los trabajos realizados por la Auditoría Superior de la Federación.
Integrada la Subcomisión el 30 de julio de 2002, se acordó que su conducción variaría semestralmente, adoptándose el acuerdo de que en esas circunstancias tanto la Coordinación como la Secretaría de la Subcomisión alternarían sus cargos al término del primero de los plazos, que venció al final de febrero de 2003.
Actividades Realizadas
I. Reuniones con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación
La Subcomisión tuvo inicialmente una reunión de trabajo con los especialistas de la Auditoría Superior de la Federación en los temas del sector energético y especialmente en cuanto a Pemex.
A dicha reunión, celebrada el 20 de agosto de 2002, asistieron por la Auditoría Superior de la Federación el contador público Eduardo Gurza Curiel, director general de Auditorías Especiales; el contador público Juan Manuel Portal Martínez, auditor especial de Cumplimiento Financiero; el licenciado Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de Desempeño; el contador público Severino Piña Norzagaray, director general de Auditoría a la Administración Paraestatal Federal; y el ingeniero José Luis Nava Díaz, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales. Por la Subcomisión, los diputados Francisco Guadarrama López, coordinador; Florentino Castro López, secretario, e integrantes de la Subcomisión José Antonio Magallanes Rodríguez y Humberto Muñoz Vargas.
En la reunión referida, los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación expusieron que básicamente todas las previsiones presupuestales analizadas por la Auditoría se habían cumplido en 98 por ciento por parte de la entidad bajo seguimiento.
De tal exposición pudo colegirse que los auditores de la Auditoría Superior de la Federación ponían especial énfasis en la plena utilización de las partidas presupuestales asignadas, en vez de la correcta asignación de dichos recursos, lo que se ponía en evidencia en los informes sectoriales emitidos en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2000.
Para efectos de que la Subcomisión contara con material de trabajo, solicitó de la Auditoría Superior de la Federación el avance de recuperaciones, resarcimientos, aplicación de sanciones, etcétera, al 30 de junio de 2002, derivadas de las observaciones a las recomendaciones que la propia Auditoría presentó en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, información con la que cuenta la Subcomisión.
II. Reuniones con funcionarios de Pemex
Otro de los pasos de la Subcomisión consistió en establecer un contacto directo con la administración de la petrolera estatal, para lo cual fue promovida una primera reunión de trabajo en la sede de Petróleos Mexicanos el 23 de septiembre de 2002, en la cual estuvieron presentes, por parte de Pemex, su director general, ingeniero Raúl Muñoz Leos; el ingeniero José Antonio Cevallos, director corporativo; el licenciado Javier Casas Guzmán, contralor general corporativo; la licenciada Martha Olvera Rodríguez, subdirectora corporativa de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas; y el licenciado Gerardo Vargas Ateca, subdirector de Financiamiento y Tesorería de la Dirección Corporativa de Finanzas.
Por parte de la Subcomisión asistieron los diputados Francisco Guadarrama López, coordinador; Florentino Castro López, secretario; y los diputados integrantes de la propia Subcomisión: José Antonio Arévalo González, José Antonio Magallanes, Ranulfo Márquez Hernández, Humberto Muñoz Vargas y Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.
De la reunión de trabajo referida
surgió la necesidad de establecer contacto directo por parte de
la empresa para los trabajos de esclarecimiento que fuera necesario desarrollar
con la Subcomisión y se acordó que tal responsabilidad recayera
en el ingeniero José Antonio Cevallos, director corporativo de la
paraestatal.
III. Plan de trabajo
Los puntos del plan de trabajo acordado en la reunión de la Subcomisión el 3 de octubre de 2002 y aprobado por la Comisión son los siguientes:
5. Situación general de la empresa:
6. Situación
de las obligaciones laborales:
7. Inversión
presupuestaria y financiada:
Principales proyectos:
Cantarell
Cadereyta
Ciudad Madero
8. Auditoría de desempeño y funcionamiento de los órganos internos de control.
9. Información de convenios realizados por la empresa y el sindicato de 2002 hacia atrás.
10. Programa de auditoría integral al programa de exploración y explotación:
11. Solicitar a
Petróleos Mexicanos convenios de colaboración firmados con
estados y municipios de las zonas petroleras.
12. Asuntos en litigios con municipios y estados (ejemplo: Coatzacoalcos, Veracruz).
13. Auditoría ambiental en Pemex, función 14, ramo Pemex (Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 y ejercicio 2002:
Punto 1.Respecto del cumplimiento de las recomendaciones del Auditor Superior: Cuentas Públicas 1999 y 2000.
Avance obtenido: La Auditoría Superior de la Federación, a solicitud de esta Subcomisión, a través de la Comisión, proporcionó cuadro resumen que muestra el grado de atención de las acciones promovidas (recomendaciones, solicitudes de intervención del Organo Interno de Control y de aclaración) por la propia Auditoría, con motivo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, acompañando descripción detallada de las acciones no solventadas; asimismo, cuadro resumen de los resarcimientos determinados y operados respecto del mismo ejercicio presupuestal.
Punto 5. Respecto de la situación general de la empresa.
Avance obtenido: Por acuerdo de la Subcomisión, se solicitará información de Pemex a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión, sobre los mecanismos adoptados por la paraestatal acerca de la adquisición de catalizadores.
Asimismo, en relación con el análisis de los estados financieros de Pemex, de la manera arriba mencionada, se solicitará información respecto de la denuncia pública de un fraude superior a 5 millones de dólares.
Respecto del régimen fiscal de la paraestatal, en reunión de funcionarios de Pemex y la Subcomisión, el 15 de noviembre de 2002, en Ciudad Madero, Tamaulipas, nos proporcionaron anteproyecto de presupuesto 2003 y dieron una explicación de la situación del régimen fiscal, comentando que entregarían a la Subcomisión una propuesta al respecto.
Punto 6. Respecto de la situación de las obligaciones laborales.
Avance obtenido: La Subcomisión cuenta con copia del contrato colectivo de trabajo de la paraestatal.
Tema relacionado con este punto, referente a convenios celebrados entre Pemex y el sindicato de trabajadores de la paraestatal, para efectuar limpieza a tanques de almacenamiento, de 1980 a 2000, la Subcomisión solicitó la información de la Auditoría Superior de la Federación, y a la fecha no ha sido proporcionada.
Punto 7. Respecto de la inversión presupuestaria financiada.
Avance obtenido: La Memoria de Labores 2001 y el Informe Estadístico de Labores 2001 de Petróleos Mexicanos, de marzo de 2002, contiene información amplia del programa de inversiones, proyectos de inversión y revisión de los análisis de costo-beneficio por cada una de las regiones. De la misma manera, en el caso de los Pidiregas, estos documentos registran información al respecto de manera parcial.
Punto 8. Respecto de auditoría de desempeño y funcionamiento de los órganos internos de control.
Avance obtenido: La Subcomisión posee los resultados de auditorías al complejo Cadereyta referente a los contratos de obra pública revisados, contenidos en los Informes de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1997, 1999 y 2000.
En el caso del punto 9, la información está contenida en el punto 6.
Punto 10. Programa de auditoría integral al programa de exploración y explotación:
Punto 13. De auditoría ambiental en Pemex, función 14, ramo Pemex (Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 y ejercicio 2002.
Avance: La Memoria de Labores 2001 de Petróleos Mexicanos, de marzo de 2002, en su apartado "Seguridad industrial y protección del ambiente", da respuesta parcial en lo concerniente a los avances de protección ecológica.
De manera general, durante seis meses a cargo de la Coordinación de esta Subcomisión, el plan de trabajo está cubierto en 60% aproximadamente.
IV. Temas evaluados
Temas del plan de trabajo de la Subcomisión, de los cuales se sustrajo información de las observaciones del Informe de Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2000, de la Auditoría Superior de la Federación, y de las reuniones subsecuentes de la propia Subcomisión, surgieron la consecución y evaluación de los siguientes puntos:
a) Refinería de Cadereyta
Por la magnitud de la inversión realizada y por constituir una de las más cuestionadas obras emprendidas por la petrolera estatal, el caso de la refinería de Cadereyta fue el primero en ser evaluado a partir de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Este proyecto está compuesto de varios contratos, como el otorgado al consorcio Conproca, con el número PR-SP-035/97, por 1,618.4 millones de dólares, más un costo de financiamiento por 842.988 millones de dólares; el contrato PR-SPD-028/94, otorgado a la empresa Protexa, por 101.2 millones de dólares; el contrato número PR-SPR-132/99 BMX, otorgado a Tribasa, por 34.9 millones de dólares, más un convenio de ampliación a la misma empresa, por 21.2 millones de dólares; y el contrato número PR-SPR-187/99 BMX, por 43.2 millones de dólares, otorgado a la empresa Iconsa, todo lo cual un costo parcial inicial de 2,661.888 millones de dólares.
Debe señalarse que el inicio de las obras lo constituyó el proyecto de construcción de la planta coquizadora, trabajo que fue adjudicado a la constructora Protexa en 1994, obra que quedó inconclusa, por lo que el saldo fue adjudicado posteriormente, sin licitación, a la empresa Tribasa, por ser parte del consorcio Conproca, con lo cual la planta coquizadora tampoco pudo ser terminada, por lo que Pemex Refinación optó por dar a Tribasa un contrato ampliatorio, sin que por ello la obra llegase a un final deseable.
Actualmente, esa planta coquizadora es desarrollada por el consorcio ICA-Fluor Daniel, con un nuevo costo adicional al planeado en 1993.
Pese al tiempo transcurrido y a los pagos realizados, la refinería en cuestión aún no se encuentra en operación; y resulta singular el hecho de que Pemex Refinación aún no encuentra la forma de recuperar lo pagado en exceso a las empresas que no cumplieron el contrato de obras. Peor aún es que algunas de esas empresas siguen obteniendo contratos con la paraestatal sin que las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación hayan encontrado un camino que permita al Estado resarcirse de las pérdidas ocasionadas por esas empresas.
En los informes anuales de la Auditoría Superior de la Federación aparecen detalladas las observaciones pendientes de solventar por Pemex referidas a la refinería de Cadereyta.
Posteriormente, el 23 de octubre de 2002, la Subcomisión pudo constatar en el lugar los problemas a que se refiere la Auditoría Superior de la Federación en su informe anual de 2000, de lo que se informó a la Comisión de Vigilancia el 13 de noviembre de 2002.
b) Proyecto Cantarell
De acuerdo con las referencias obtenidas de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2000 y de la propia Memoria Anual de Labores de 1999 de la paraestatal respecto a este megaproyecto, se encontraron, entre otras, las siguientes observaciones:
Texto de la Memoria Anual de Pemex del año 1999: "El presupuesto ejercido total de Pemex Exploración y Producción fue de 56.9 miles de millones de pesos, monto 17.0 por ciento superior al ejercido en 1998 y 18 por ciento superior al autorizado por la Cámara de Diputados".
Asimismo, con la información de la memoria mencionada, se constató que varios de los contratos que componen el megaproyecto se incrementaron sustancialmente antes de la entrega de las obras, lo que no fue ni ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, mas sí consta en los reportes realizados por el contralor de Pemex.
Aun cuando en el plan de trabajo no se consideró el tema de la seguridad de la paraestatal, el 15 de noviembre de 2002, durante la gira de trabajo de la Subcomisión por las instalaciones de Cantarell, Atasta y Dos bocas, se observó que la seguridad es deficiente.
c) Mexlub
El tema de la comercializadora de los aceites de Pemex ha devenido un caso sin explicación coherente y lógica por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto no ha podido explicar los siguientes hechos:
Que Pemex Refinación haya contratado la asociación para el expendio de sus aceites con una entidad que no participó ni ganó el concurso promovido por la paraestatal a fin de encontrar una empresa privada para la comercialización de sus aceites y derivados.
Que Pemex, al asociarse indebidamente con una entidad privada, puso inexplicablemente la mayor parte del capital necesario para constituir la empresa, sin que el socio haya efectuado aporte tangible alguno que justifique tal asociación a 50% de los beneficios.
En el semestre transcurrido, la Subcomisión ha elaborado dos informes de trabajo, correspondiendo cada uno al análisis emitido por la Auditoría Superior de la Federación y posterior verificación en el lugar de los hechos en visitas coordinadas con la paraestatal a las sedes relacionadas con los trabajos en estudio.
El primer informe parcial fue referido al tema de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la refinería de Cadereyta, resumido líneas arriba y del que se encuentran pendientes, por parte de la petrolera estatal, los acatamientos de las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación.
El segundo informe parcial fue con referencia al proyecto Cantarell y, más específicamente, a las variaciones encontradas en los montos de los contratos al firmarse y al ejecutarse. Asimismo, por lo que se refiere a la aplicación del presupuesto de 1999, del que se especifica en la propia Memoria Anual de Pemex una variación que discrepa ampliamente de lo aprobado por la Cámara de Diputados, como se señala con anterioridad en este documento.
VI. Asuntos en trámite
a) Presupuesto Competitivo de Pemex
Se encuentran avanzadas las gestiones propuestas por Petróleos Mexicanos para conseguir que la Cámara de Diputados, a través de los buenos oficios de esta Subcomisión, conozca el modelo de presupuesto anual de Pemex, más conveniente para apuntalar el proceso de competitividad de la petrolera en el mundo y, a la vez, reforzar su carácter de principal proveedor de recursos fiscales del Estado, lo que se complementaría perfectamente con una oportuna reforma fiscal integral de la que la institución energética formara parte sustancial.
b) Catalizadores privilegiados
Se encuentran bajo análisis diversos cuestionamientos a los mecanismos adoptados por Pemex para la adquisición de catalizadores, básicamente fundados en que uno de los más altos ejecutivos de la paraestatal, Othón Canales, fue y sigue siendo miembro de la vendedora más importante de catalizadores a la empresa petrolera.
Al respecto, la Subcomisión acordó solicitar información detallada a la paraestatal para deslindar las presuntas responsabilidades a que hubiere lugar.
c) La pública denuncia de un fraude superior a 5 millones de dólares
VII. Archivo documentario
1. Cuadro resumen que muestra el grado de atención de las acciones promovidas (recomendaciones, solicitudes de intervención del Organo Interno de Control y de aclaraciones) por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como la descripción detallada de las acciones no solventadas; y un cuadro resumen de los resarcimientos determinados y operados respecto del mismo ejercicio presupuestal.
2. Memoria de Labores 1999 de Petróleos Mexicanos, de marzo de 2000.
3. Copia de actas de reuniones celebradas por el Consejo de Administración de Pemex en 1999 y 2000, en las que se observa si todas las acciones llevadas a cabo por la paraestatal fueron aprobadas por el Consejo o si éste tuvo conocimiento de ellas.
4. Copia del contrato colectivo de trabajo de Pemex.
5. Resultados de auditorías sobre el complejo Cadereyta de los Informes de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1997, 1999 y 2000, respecto de los contratos de obra pública revisados.
6. Copia del anteproyecto de presupuesto 2003 de Petróleos Mexicanos, de fecha 13 de noviembre de 2002.
7. Memoria de Labores 2001 de Petróleos Mexicanos, de marzo 2002.
8. Informe Estadístico de Labores 2001 de Petróleos Mexicanos, de marzo 2002.
Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1219, jueves 27 de marzo de 2003
Orden del Día de la sesión del jueves 27 de marzo de 2003
Proyecto de Acta
De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración de la Asamblea el jueves 27 de marzo de 2003.
Comunicaciones
Del diputado César Patricio
Reyes Roel.
De los Congresos de Guerrero y de
Zacatecas.
De la Embajada de Chile en México.
Oficios
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del oficio del subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el informe semestral del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Abel García Guzmán pueda prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América y comunica que han dejado de prestar servicios otros ciudadanos.
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo segundo transitorio a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997.
Solicitudes
Del ciudadano Miguel Ignacio Estrada
Sámano.
De la ciudadana Graciela Torres
González.
Dictámenes
De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a ciudadanas para prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría!de Salud que se establezca una jornada de información en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Actas
De la Comisión de Seguridad Social, de su reunión ordinaria celebrada el miércoles 4 de diciembre de 2002.
Convocatorias
De la Comisión de Asuntos
Indígenas, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva,
que se llevará a cabo el jueves 27 de marzo, a las 9 horas.
De la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, a su reunión
ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 27 de marzo,
a las 12 horas.
De la Comisión Especial para
la Reforma del Estado, a su reunión plenaria, que se llevará
a cabo el jueves 27 de marzo, a las 14:30 horas.
De la Comisión de Participación
Ciudadana, al Primer Parlamento de las Niñas y los Niños
de México, que se llevará a cabo del martes 1º al sábado
5 de abril.
De la Comisión de Puntos Constitucionales,
a su sesión plenaria, que se llevará a cabo el martes 1º
de abril, a las 11 horas.
De la Comisión de Seguridad
Social, a su reunión extraordinaria, que se llevará a cabo
el martes 1º de abril, a las 17 horas.
De la Comisión de Seguridad
Social, a su reunión extraordinaria, que se llevará a cabo
el miércoles 2 de abril, a las 9 horas.
De la Comisión Especial de
Seguridad Pública, a su reunión ordinaria, que se efectuará
el miércoles 2 de abril, a las 10 horas.
De la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial, a su reunión de trabajo con el
licenciado Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, el
miércoles 2 de abril, a las 11 horas.
De la Comisión
de Desarrollo Social, a la reunión de la Subcomisión de Asentamientos
Humanos y Desarrollo, que se llevará a cabo el miércoles
9 de abril, a las 9 horas.
De la Comisión
de Seguridad Social, a su reunión ordinaria, que se llevará
a cabo el miércoles 9 de abril, a las 9 horas.
Avisos
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal. Su reunión de trabajo, que se efectuaría el jueves 27 de marzo, a las 11 horas, se cancela.
México, DF, a 27 de marzo de 2003.
Diputados: Francisco Guadarrama
López (rúbrica), coordinador; Florentino Castro López
(rúbrica), secretario; José Antonio Arévalo González
(rúbrica), Adela Cerezo Bautista, José Antonio Magallanes
Rodríguez (rúbrica), Ranulfo Márquez Hernández
(rúbrica), Humberto Muñoz Vargas (rúbrica), José
Narro Céspedes, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza (rúbrica).
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2002-28 DE FEBRERO DE 2003
Diputados integrantes de la Junta Directiva a partir del 1 de septiembre de 2002
Presidente: Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel; secretario: Samuel Aguilar Solís; secretario: Francisco Javier López González; secretario: José María Rivera Cabello.
Diputados integrantes a partir del 1 de septiembre de 2002
Carlos Alberto Aceves del Olmo, Arcelia Arredondo García, Rosa Elena Baduy Isaac, Olga Patricia Chozas y Chozas, Hilario Esquivel Martínez, Rubén García Farías, María de las Nieves García Fernández, Rodolfo Gerardo González Guzmán, Víctor Roberto Infante González, Albino Mendieta Cuapio, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Rafael Orozco Martínez, Ramón Paniagua Jiménez, Rosalía Peredo Aguilar, José Manuel Quintanilla Rentería, Alicia Ricalde Magaña, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Verónica Sada Pérez, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Rafael Servín Maldonado, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, José del Carmen Soberanis González, Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, Benito Vital Ramírez.
Por acuerdos del Pleno de la Cámara de Diputados, a partir de septiembre de 2002 se incorpora como integrante de la Comisión el diputado Rafael Servín Maldonado, en sustitución del diputado Alejandro Gómez Olvera; en noviembre de 2002 se designa como secretario de la Comisión al diputado Manuel Wistano Orozco Garza y se incorpora como integrante el diputado Arturo Díaz Ornelas; en diciembre de 2002 se sustituye a la diputada Alicia Ricalde Magaña por el diputado Tereso Martínez Aldana, por lo que al 28 de febrero de 2003 los integrantes de la Comisión son 30.
Reuniones Realizadas
2. Licenciado Benjamín González Roaro, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2 de octubre de 2002.
3. General de División DEM Tomás Angeles Dahuajare, director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 21 de noviembre de 2002.
Durante el ejercicio de la actual Legislatura, en total se han turnado a la Comisión de Seguridad Social 70 asuntos, de los cuales 37 (52.85%) están totalmente resueltos, 14 (20.00%) están resueltos en la Comisión y siguen sus trámites en la otra u otras comisiones a que el mismo asunto fue turnado y 19 ( 27.14%) están en proceso de análisis para dictaminar.
Se elaboró anteproyecto de dictamen pendiente de ser aprobado por el pleno de la Comisión de Seguridad Social.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Se elaboró dictamen de la iniciativa en mención.
Resuelto.
Distribuido a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social para conocimiento y análisis.
El diputado Rafael Servín Maldonado presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se cumpla adecuadamente el artículo vigésimo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Continúa su trámite legislativo.
Se elaboró anteproyecto de dictamen a la iniciativa motivo de esta excitativa, aprobado por el pleno de la Comisión de Seguridad Social.
Resuelto.
Dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social que incluyó esta iniciativa, la del titular del Poder Ejecutivo federal (relacionada con el número 61 de este documento) y la del diputado Rafael Servín Maldonado (relacionada con el número 67). Aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, pasó al Senado de la República como minuta, que fue aprobada por el Pleno de la colegisladora. Pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Resuelto.
Continúa su trámite legislativo.
La Comisión de Seguridad Social elaboró anteproyecto de dictamen, aprobado por el pleno de la Comisión en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2002.
Resuelto en la Comisión de Seguridad Social.
Continúa su trámite legislativo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se hizo del conocimiento de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el hecho de no haber sido turnada a la Comisión de Seguridad Social.
Resuelto.
Continúa su trámite legislativo.
Resuelto.
Dictaminada junto con las iniciativas relacionadas con el mismo tema.
Resuelto.
La iniciativa en cuestión fue dictaminada y aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y enviada como minuta al Senado de la República.
Resuelto.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Dictaminada junto con las iniciativas relacionadas con el mismo tema.
Resuelta.
Continúa su trámite legislativo.
Continúa su trámite legislativo.
Se envió copia a cada uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Social.
Resuelto.
Acuerdos Aprobados
Acuerdo, aprobado el 21 de noviembre de 2002, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de los recursos propuestos para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, de tal forma que se fortalezcan las finanzas de ese Instituto.
Acuerdo, aprobado el 21 de noviembre de 2002, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de los recursos propuestos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, de tal forma que se fortalezcan las finanzas de ese Instituto.
Dictámenes Aprobados
21 de noviembre de 2002. Dictamen no aprobatorio de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada en la Cámara de Diputados durante el ejercicio de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, suscrito en los mismos términos por los integrantes de las Comisiones de Marina, y de Defensa Nacional.
21 de noviembre de 2002. Dictamen aprobatorio de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo decimocuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, presentada por el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de abril de 2002, suscrita en los mismos términos por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, pasó al Senado de la República para los efectos constitucionales.
12 de diciembre de 2002. Dictamen aprobatorio de las iniciativas con proyecto de decreto que abrogan la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y reforman algunos de sus artículos, presentadas por la diputada Araceli Domínguez Ramírez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de octubre de 2002, por el titular del Poder Ejecutivo federal en la sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2002 y por el diputado Rafael Servín Maldonado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 10 de diciembre de 2002. Aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, pasó al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Anteproyectos de Dictamen
11 de septiembre de 2002. Anteproyecto de dictamen aprobatorio de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado José Antonio Gloria Morales en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de abril de 2002. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que continúa su trámite legislativo.
21 de noviembre de 2002. Anteproyecto de dictamen aprobatorio de la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se establezca en el Fovissste un programa denominado "De pago pronto o anticipado sin penalidad sobre los créditos cofinanciados con la banca privada", presentada por el diputado Mario Cruz Andrade en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2002. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la que continúa su trámite legislativo.
21 de noviembre de 2002. Anteproyecto de dictamen no aprobatorio de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Congreso del estado de Jalisco en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de octubre de 2002. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que continúa su trámite legislativo.
21 de noviembre de 2002. Anteproyecto de dictamen no aprobatorio de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se reformen los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 101 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Congreso del estado de Aguascalientes, en la reunión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de noviembre de 2001. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que continúa su trámite legislativo.
4 de diciembre de 2002. Anteproyecto de dictamen no aprobatorio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el transitorio quinto del diverso por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 30 de abril de 2002. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que continúa su trámite legislativo.
4 de diciembre de 2002. Anteproyecto de dictamen no aprobatorio de la Iniciativa de Ley (sic) que reforma los artículos 145 y 170 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Congreso del estado de Jalisco en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 27 de septiembre de 2001. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que continúa su trámite legislativo.
Opinión Aprobada
11 de septiembre de 2002. Opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción V del apartado A y otro párrafo al inciso c) de la fracción XI del apartado B, ambos del articulo 123 constitucional. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Eventos Organizados
6 de septiembre. Mesa redonda Sistemas de pensiones en México: situación actual en las universidades públicas e instituciones de educación superior, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Asistencia a Eventos
2002
3 de septiembre; Reunión con la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados "Eduardo Alonso Escárcega", en las oficinas de la Comisión.
3 de septiembre. Reunión con los dirigentes de la Red de Atención y Prevención del Sida y de la Coalición de Organizaciones sociales en Sida, en las oficinas de la Comisión.
12 de septiembre. Asistencia al Consejo Nacional del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, en el teatro Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
18 de septiembre. Asistencia a reunión con los integrantes de la delegación sindical de trabajadores de los institutos tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
24 de septiembre. Reunión con la presidenta de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Salud.
1 de octubre. Reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, en las oficinas de la Comisión.
7 de octubre. Asistencia a un evento de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en la Ciudad de México, Distrito Federal.
9 de octubre. Reunión con trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, en el auditorio de sus oficinas.
13 de octubre. Asistencia a una reunión con representantes del gobierno de Canadá y visita a la administradora de fondos de retiro que se ocupa de la inversión y administración de los fondos de los trabajadores para su retiro, en la ciudad de Montreal, Canadá.
30 de octubre. Reunión con los dirigentes de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las oficinas de la Comisión.
10 de diciembre. Reunión con los directivos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en las oficinas de la Comisión 2003.
20 de enero. Asistencia a la Ceremonia Conmemorativa del 60 aniversario de la Promulgación de la Ley del Seguro Social, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS.
20 de enero. Reunión con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las oficinas de la Comisión.
20 de enero. Reunión con funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las oficinas de la Comisión.
22 de enero. Asistencia a la Asamblea de la Academia de Derecho de la Seguridad Social, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
23 de enero. Reunión con el Director General y funcionarios del IMSS en las oficinas de la Dirección General de ese Instituto.
24 de enero. Asistencia a la ceremonia de aniversario del Movimiento Nacional Unificador de Jubilados y Pensionados, en el teatro Hidalgo, en la ciudad de México.
18 de febrero. Reunión con funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las oficinas de la Comisión.
Atención a Grupos Organizados
Se atendió a diferentes agrupaciones de jubilados y pensionados, tanto del IMSS como del ISSSTE en esta ciudad, y se acudió a reuniones con asociaciones de jubilados y pensionados en diferentes estados de la República.
Gestiones no Legislativas de Atención a Ciudadanos
Con el propósito de atender a la población que con frecuencia recurre a la Comisión de Seguridad Social, se han realizado, durante el periodo que se informa, 402 trámites y gestiones; de ellos, 274 fueron ante las Instituciones que en seguida se relacionan:
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado:
57
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo: 14
Hospitales del Sector Salud:
82
Comisión Nacional de Arbitraje
Médico: 4
Comisión Nacional de Derechos
Humanos: 3
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia: 1
México, Distrito Federal, a 28 de febrero del año 2003.
Los diputados de la Junta Directiva
de la Comisión de Seguridad Social: Cuauhtémoc Montero Esquivel,
Presidente; Samuel Aguilar Solís, José María Rivera
Cabello, Manuel Wistano Orozco Garza, Francisco Javier López González,
secretarios (rúbricas).
Conjuntamente con la Comisión de Marina, al panel de Transporte multimodal: retos y perspectivas del modo marítimo, el 15 y el 16 de mayo, en Ciudad del Carmen, Campeche.
Atentamente
Dip. O. Eugenio Pérez Cruz
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al Foro de Consulta Nacional sobre Sistema de Amparo y Protección Constitucional, que se llevará a cabo el jueves 15 de mayo, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión de trabajo en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras, que se llevará a cabo el jueves 22 de mayo, a las 10 horas, en la torre El Caballito, piso 5, salas 5 y 6.
Posteriormente, se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Comisión.
Orden del Día