Las consecuencias de la política energética implementada por el Gobierno Federal, que se traduce en un conjunto de tarifas absurdas e indiscriminadas para los distintos estados de la República, implican nada más y nada menos que un atentado contra la sociedad por parte del grupo en el poder, comandado por el señor Vicente Fox, a quien desde aquí le decimos, en nombre del pueblo de México: señor Presidente, ya es hora de que concluya su luna de miel, déjese de sus cursilerías y exhibicionismos pueriles y absurdos, y póngase a gobernar, que es para eso que le pagamos. Póngase a trabajar, tenga palabra, y cumpla a cabalidad con sus promesas de campaña, deje a un lado el engaño, la demagogia y la manipulación publicitaria, por el bien del país.
Pero, más allá de las trivialidades y simplismos telenovelescos a que nos tienen acostumbrados los amoríos del señor Fox y de su pareja presidencial, el fondo del asunto es que sus políticas energéticas, tienen efectos inflacionarios y recesivos, en la medida en que contraen el ingreso disponible de los ciudadanos y, con ello, su poder adquisitivo, inhibiendo el consumo y el fortalecimiento del mercado interno, encareciendo los costes de producción, disminuyendo la competitividad de nuestra industria y frenando la actividad productiva. En concreto, su actual política energética atenta contra la economía y el bienestar de la nación.
Dicha política, injusta e inequitativa, rompe con los propósitos primordiales del pacto federal de cooperación y corresponsabilidad entre la Federación y los estados. Atenta contra el federalismo y el avance de la pluralidad y diversidad, al dejar de considerar la problemática específica de cada una de las regiones y estados que integran la Federación.
En particular, quiero hacer patente la gran inconformidad que existe en el estado de Veracruz, mi estado natal. Los veracruzanos, por mi conducto, no pedimos, exigimos al Gobierno de la República y en concreto a usted, señor Vicente Fox, revise a la baja la estructura tarifaria que se implementa para el estado de Veracruz.
No es posible, señoras y señores diputados, que nosotros, siendo uno de los grandes estados productores de electricidad de la República, se nos castigue de una manera tan vil y tan absurda.
Somos el estado de la República donde se encuentra la única planta nucleoeléctrica, que genera fuertes externalidades negativas para la población en materia de contaminación no convencional y riesgo ambiental, que afecta la salud y bienestar de la población, sin obtener ninguna reciprocidad por parte del Gobierno Federal.
En el estado de Veracruz, no obstante las declaraciones y compromisos hechos por el secretario de Energía -en su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados el 19 de septiembre del 2002, como parte de la glosa del II Informe de Gobierno- y el establecimiento de los grupos de investigación y análisis de las tarifas eléctricas, en los últimos seis meses los cobros en los recibos por concepto de electricidad se han disparado hasta en un 30 y 40%, lo cual es absurdo, máxime en un estado cuyas temperaturas hacen indispensable el uso de este energético.
Que, aunada a la política de bajos salarios y al desempleo, empobrece y castiga a nuestra población. En ese sentido, la disminución de subsidios fue un golpe brutal por parte del Ejecutivo federal en contra de la población veracruzana.
Hasta ahora las promesas del señor Martens, de revisar el cobro de las tarifas eléctricas a la baja, no han sido más que mentiras que han quedado en el vacío. Por ello, los veracruzanos reprobamos y condenamos el robo y la estafa que se nos hace por este conducto, con el propósito de legitimar la privatización del sector.
Tenemos claro que la política predatoria del Ejecutivo federal en materia de energía, consistente en la disminución de los subsidios y el encarecimiento de las tarifas eléctricas, corresponde a la tendencia privatizadora de la actual administración, y no a los requerimientos de capitalización y modernización del sector, como hasta ahora se ha mencionado.
Es por tal motivo que hoy, por este conducto, solicitamos que esta Cámara de Diputados se solidarice con el pueblo veracruzano para solicitar de forma urgente al señor Ernesto Martens la implementación de una estructura tarifaria preferencial para el estado de Veracruz, que se traduzca en una reducción inmediata del 40% en los cobros de los recibos por dicho concepto.
Es por todo lo antes expuesto, señoras y señores diputados que con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la suscrita diputada integrante grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Uno. Esta Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal a que en lo inmediato se implemente una política tarifaria preferencial para el estado de Veracruz, que se traduzca en una reducción del 40% en los cobros de los recibos por dicho concepto.
Dos. Se abra una investigación a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor para que se investiguen las irregularidades en materia de cobro de electricidad en el estado de Veracruz.
México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Abril
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REQUERIR INFORMACION A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SOBRE LAS SOLICITUDES DE DIVERSAS EMPRESAS DE TRANSPORTACION AEREA DE PASAJEROS PARA OPERAR RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito diputado federal, electo por mayoría relativa por el V distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, somete a consideración de la Cámara de Diputados esta proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal otorgue de inmediato la información oficial que posea en relación con las solicitudes presentadas por diversas empresas de transportación comercial aérea de pasajeros para obtener la autorización oficial con objeto de operar rutas nacionales e internacionales desde y hacia el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, situado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y, ante ello, expongo las siguientes
Consideraciones
1. Como es de todos conocido, Puerto Vallarta es un puerto de gran importancia en la captación turística y genera para México gran cantidad de divisas.
2. Gran número de visitantes utiliza la vía aérea como el medio de transportación a ese puerto y de retorno a su lugar de origen. Hacia y desde el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta están autorizadas muy pocas rutas aéreas nacionales e internacionales, a cargo además de un número muy reducido de empresas que gozan de la autorización oficial respectiva y, por ello, se propicia una grave problemática que incide en la imposibilidad de atraer mayor cantidad de turistas, dado que se cuenta con conexión aérea con muy pocos destinos y, además, esto es mediante tarifas costosas y con itinerarios poco asequibles por su baja frecuencia, existiendo el mercado y, así, la posibilidad de que otras muchas empresas de transportación comercial de pasajeros por vía aérea puedan establecer el servicio desde y hacia otros puntos del territorio nacional y del extranjero, lo que actualmente es imposible por la falta del permiso oficial correspondiente.
Por ello, diversas empresas manifiestan que han solicitado ya la autorización correspondiente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar formalmente el servicio en ese importante puerto y a la fecha no han obtenido respuesta adecuada en relación con dichas solicitudes.
Buscando el beneficio del turismo que nos visita en Puerto Vallarta, tratando de elevar la calidad del servicio y la seguridad del usuario con una mejor y libre competencia, representantes de diversos gremios de prestadores de servicios turísticos han acudido a mí para que, por conducto de esta Cámara, solicite tan valiosa información a los órganos competentes, a fin de analizar las acciones por seguir y propiciar que se agilice cualquier trámite que posibilite la apertura de diversas rutas hacia y desde Puerto Vallarta, generando así mayor afluencia de pasajeros, que nos otorgue mayor derrama económica y mejores condiciones a nuestra población, favoreciendo así a México y a Jalisco.
Por lo anterior, me permito someter a su consideración esta proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita de forma urgente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la información oficial que posea en relación con las solicitudes presentadas por diversas empresas de transportación comercial aérea de pasajeros a fin de obtener la autorización oficial para operar rutas nacionales e internacionales desde y hacia el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, situado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 30
de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA AUDITORIA A LOS ACTIVOS DE LA FUNDACION VAMOS MEXICO, AC, SUSCRITA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito diputado federal electo por mayoría relativa por el 05 distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados esta proposición con punto de acuerdo, con el fin de solicitar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe una auditoría a la asociación civil denominada fundación Vamos México, al año 2003.
Exposición de Motivos
Es preocupante la forma discrecional en que se han efectuado diversas actividades en el ámbito de la Administración Pública Federal durante la administración de Vicente Fox.
Ante ello, existe una situación que nos hace reflexionar aún más sobre la necesaria exacta aplicación de la ley.
Es el caso de la exagerada discrecionalidad con que, se presume, se ha manejado el respaldo financiero a actividades privadas, abusando, al margen de la ley, de fondos federales, sin existir el soporte presupuestal correspondiente, utilizando recursos económicos asignados para su ejercicio por dependencias específicas del Ejecutivo federal y que, en lugar de ser erogados por éstas, se han utilizado para sufragar gastos con motivo de actividades privadas de la ciudadana Martha Sahagún de Fox y de la asociación civil denominada fundación Vamos México, que ella misma encabeza.
Los apoyos económicos y materiales provenientes del erario público federal para sufragar las actividades privadas de la esposa del ciudadano Presidente de la República, debe quedar claro que a ella sólo le correspondería, acaso, recibir los respaldos inherentes a las actividades oficiales si ocupare la Presidencia del Patronato del Sistema DIF Nacional, cargo que, no obstante su carácter honorífico y por tanto sin la posibilidad legal de recibir salario alguno, requiere para su adecuado desempeño de algunos apoyos administrativos por medio de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para tal caso.
Pero, en los hechos, la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox no ocupa siquiera dicho cargo, mismo que al parecer rechazó, por considerarlo de poca relevancia político-administrativa o de escaso campo de acción o de mínima influencia funcional en la esfera orgánica del Poder Ejecutivo federal. Cabe recordar que dicho organismo gubernamental, que constituye el eje de la labor asistencial del Gobierno Federal, fue constituido desde hace muchos años, y es respetado por el pueblo mexicano y no fue creado a capricho del presidente en turno, y mucho menos para beneficiar a algún partido político.
Por lo anterior, es clara y contundente la conclusión en cuanto a que la mencionada ciudadana, Martha Sahagún de Fox, no tiene carácter legal alguno para ser proveída presupuestalmente, salvo en lo conducente a la prerrogativa personal como moradora de la residencia oficial de Los Pinos, que es exclusivamente en cuanto a habitación y subsistencia alimentaria y de necesidades básicas humanas cotidianas, lo que además debe ser revisado y, en su caso, acotado debidamente y, no, nunca, jamás, en la forma, como es público y notorio, que se le respalda desde el inicio de la actual Administración Pública Federal y hasta la fecha, porque es un hecho indubitable que, a la señora Sahagún de Fox, se le otorgan recursos fuera del parámetro normal que merece en su calidad de cónyuge del ciudadano Presidente de la República, dado que, como antes se afirma, ella no ostenta o desempeña cargo público alguno, pues, es sabido, ella cuenta con una estructura oficial de apoyo administrativo a sus actividades personales, que incluye un numeroso grupo de servidores públicos, como son secretarios particular y privado, jefe de ayudantes, secretarios técnicos, asesores, analistas, personal de soporte técnico e informático, personal de apoyo secretarial y auxiliares administrativos diversos, así como jefes de difusión y de relaciones públicas, y otros muchos funcionarios y empleados públicos más, sin dejar de advertir los cuantiosos recursos materiales y financieros que se derivan de ello.
Es de explorado derecho que nadie podrá nunca obtener emolumento o remuneración económica con cargo al erario público sin que exista justificación legal y el soporte presupuestal específico y determinado con claridad, y que, además, no podrá realizarse erogación alguna a cargo del propio erario público sin que exista al respecto la autorización y la determinación validada cabalmente en el propio presupuesto oficial que corresponda.
Actuar en contravención de esta máxima legal es incurrir en un manejo ilegal de los recursos públicos correspondientes y está tipificado y penalizado en la ley.
Ha sido muy difundido y criticado el respaldo oficial inadecuado, en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros, que se le ha venido otorgando, en forma por demás discrecional, a la asociación civil denominada fundación Vamos México, sin que hasta ahora se conozca el monto real y el justificado origen presupuestal de dichos recursos públicos, lo que contraviene a la más elemental norma de aplicación y administración de los fondos públicos de la Federación y vulnera además el principio de justicia y equidad en la distribución de los mismos y, aun cuando éstos sean supuestamente destinados a actividades de beneficio social, su ejercicio debe ceñirse a la legislación aplicable, por lo que es necesario solicitar la transparencia y el soporte legal en cuanto al manejo de los mismos.
Al respecto, nos reservamos el derecho a ejercer posteriormente las acciones legales que corresponden, porque, en su momento, todo esto deberá ser revisado muy cuidadosamente por la Auditoría Superior de la Federación, pues es muy claro que debe imperar el mandato de la legislación federal aplicable en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, así como la correspondiente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia legislación civil y penal que deba aplicarse al caso.
Sabemos que en fechas anteriores la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a la asociación civil mencionada, pero esta auditoría se refiere al año 2001, por lo que solicito se haga una auditoría desde el año 2001 a la fecha y se dé un informe de los recursos que se han erogado a la fundación Vamos México, así como solicitar a la Secretaría de la Función Pública informe de las atribuciones y prerrogativas legales que en su caso ostente la C. Martha Sahagún de Fox, en su calidad de cónyuge del C. Presidente de la República.
Por lo anterior me permito someter a su consideración esta
Proposición con Punto de Acuerdo
Unico. Se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que efectúe auditoría fiscal a la asociación civil mencionada desde el año 2001 al actual, y la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación para solicitar información en relación con los recursos públicos federales que se hayan erogado a la fundación Vamos México, así como solicitar a la Secretaría de la Función Pública informe de las atribuciones y prerrogativas legales que en su caso ostente la C. Martha Sahagún de Fox, en su calidad de cónyuge del C. Presidente de la República.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA DEFICIENCIA Y FALTA DE APOYO CON QUE OPERA ACTUALMENTE LA DIRECCION GENERAL DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SUSCRITA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El suscrito, diputado federal electo por mayoría relativa por el 05 distrito electoral del estado de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados esta proposición con punto de acuerdo, en relación con la deficiencia y falta de apoyo con que opera actualmente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y, ante ello, expongo las siguientes
Consideraciones
En estos tiempos de apertura democrática en nuestro país han tomado auge los medios impresos y electrónicos de comunicación. Como hoy podemos observar, ya no hay un solo canal privado de televisión, ni un canal oficial del gobierno: hay varios canales televisivos en sistema abierto de transmisión, una diversidad de canales por cable y, de esa forma, estaciones radiofónicas. Esto nos permite un acercamiento de información cuantitativa y cualitativa de la situación actual, tanto de nuestro país como de la situación mundial, y la vigente y cotidiana operación. De ellos tenemos forzosamente los legisladores que revisar las disposiciones legales en la vigente legislación en materia de radio, televisión y cinematografía, la norma que regula la publicidad, la Ley de Imprenta y, en sí, la mayoría de las leyes en comunicación social, y al Poder Ejecutivo le corresponde revisar las políticas públicas de comunicación y los medios frente a la nación, con toda la transparencia que esto merece, como son el derecho a la información, la función social de los medios públicos del Estado, la libertad de expresión y otorgarle a los ciudadanos por ley el derecho de réplica, así como los recursos que se aplican en materia de difusión, el uso de los tiempos fiscales, el tiempo legal, el tiempo electoral, etcétera.
Para ello, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, cumple con ese cometido con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de esa Secretaría, que tiene como misión:
Ejercer las atribuciones que las leyes le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión y cinematografía.
Aplicar la política de comunicación social del Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto por el titular del ramo. Promover, con la intervención de otras dependencias, la producción de programas de radio y televisión para contribuir al fortalecimiento de la integración y descentralización nacional.
I. Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión, cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación;
III. Regular la transmisión de materiales de radio y televisión;
IV. Tener a su cargo los registros públicos que prevean las leyes en materia de radio y televisión;
V. Supervisar y vigilar que las transmisiones de radio y televisión a través de sus distintas modalidades de difusión cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, sus respectivos reglamentos y títulos de concesión;
VI. Autorizar y vigilar la transmisión del Himno Nacional por estaciones de radio y televisión y la proyección por televisión del Escudo y de la Bandera Nacionales y los programas que versen sobre ellos, o que contengan motivos del Himno, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Político;
VII. Proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones de radio y televisión;
VIII. Realizar los estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones necesarios para conocer oportunamente los efectos de las transmisiones de radio y televisión y de las exhibiciones cinematográficas sobre las actividades del Ejecutivo federal y, en su caso, proponer las medidas que deban adoptarse.
Por lo anterior, me permito someter a su consideración esta proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita de forma urgente a la Secretaría de Gobernación que efectúe una evaluación sobre la eficacia en la operación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, y el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales, y proceda a proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y envíe el informe respectivo a la comisión correspondiente de esta Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS INTERVENGA EN EL CONFLICTO ENTRE PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
En esta ocasión, solicito su apoyo a la solicitud del sector transportista de pasaje urbano en Tijuana, Baja California, sector productivo con representatividad social muy importante en esta ciudad fronteriza. Los trabajadores del transporte urbano en Tijuana han enfrentado una serie de problemas, que se agudizan por la soberbia de las autoridades, cuya actitud está guiada al parecer por la insensibilidad, la falta de pericia y el ánimo de la confrontación.
La situación del transporte público de pasajeros en Tijuana es una de las más complejas del país. Por ello es necesaria y conveniente la solución gradual y participativa para mejorar la prestación del servicio. La búsqueda de soluciones concertadas y consensuadas entre las autoridades y los permisionarios del servicio, es obvio, debe privilegiarse, en aras del interés público. Eso, en teoría.
En la práctica, los transportistas han sido ignorados por las autoridades en el proceso de toma de decisiones para la reforma del servicio, aun cuando el mismo proceso establece la obligación para aquéllas de incluir a todos los sectores en la reforma. La arrogancia de las autoridades ha creado un clima de inquietud y efervescencia social, algo inédito en una ciudad donde si de algo puede preciarse el gobierno es de haber logrado la desmovilización de sectores participativos por tradición.
La imposición del Plan Maestro de Vialidad y Transporte por el cabildo, en decisión dividida, violó el artículo 26 constitucional, que establece: "El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional... Mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo".
En un proceso viciado, las autoridades violaron la Ley General de Transporte Público de Baja California, por no instalar el Consejo Municipal de Transporte. Contra derecho y violentando el mandato establecido en el artículo 26 de la Carta Magna, se derogó el artículo 246 del Capítulo II del Reglamento de Transporte Público de Tijuana. La fracción II de ese precepto establecía: "Para elaborar y aprobar el Plan Maestro de Vialidad y Transporte. .. y una vez formulado el Plan Maestro, el presidente municipal solicitará opinión al Consejo Municipal de Transporte. Una vez opinado el proyecto de Plan Maestro, se presentará en sesión de cabildo para su análisis y aprobación, en su caso".
Las autoridades municipales han catalizado con sus actos la agitación en una ciudad caracterizada por su modesto interés en cuestiones sociales. Los transportistas han expresado de manera reiterada su inconformidad con el Reglamento Municipal de Transporte Público, del 31 de mayo de 2002, y con el Plan Maestro de Vialidad y Transporte, del 25 de abril de 2003.
Tanto en el Reglamento Municipal como en el Plan Maestro, los transportistas señalaron en tiempo y con argumentos su inconformidad en algunos artículos, de importancia vital para ellos, pues afectan su patrimonio y sus derechos.
Los transportistas de Tijuana han advertido contradicciones entre artículos del Reglamento Municipal y derechos consagrados en la Constitución mexicana. Los trabajadores del transporte expresan la contradicción entre los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 26 y 115 de la Carta Magna, y 4º, 26, 42 y duodécimo transitorio del Reglamento Municipal.
De manera unilateral, valiéndose de una mayoría partidista en el cabildo, las autoridades municipales impusieron el Reglamento y el Plan Maestro. Cabe explicar que esa mayoría partidista la obtuvo el gobierno en las pasadas elecciones estatales, las menos concurridas en Baja California y en todo el país. Es decir, con una minoría vergonzosa, el gobierno se arroga atribuciones escandalosas y afecta los derechos y el patrimonio de al menos 5 mil trabajadores del transporte, lo que significa unas 18 mil familias tijuanenses.
Resulta muy claro que la situación es grave y puede complicarse. Con tiempo, argumentos y la justicia y razón de su lado, los trabajadores del transporte han señalado las incongruencias e ilegalidades del proceder del municipio. Con todo derecho, han pedido participar y ser escuchados. Las autoridades han respondido con la violencia y la represión.
No deja de resultar significativo que Tijuana sea una ciudad con manifestación escasa de grupos sociales por cualquier tipo de inconformidad social. A diferencia de otras ciudades, ésta ha gozado de cierto grado de paz social. Ahora, eso está punto de modificarse de modo radical, pues los más recientes hechos de movilización han provenido de los trabajadores del transporte. Y el gobierno ha respondido con gases lacrimógenos y con balas. Ya hubo golpeados y detenidos y se han dictado órdenes de aprehensión contra trabajadores, por el simple hecho de manifestarse.
La tensión y la violencia social están latentes en Tijuana, y se extienden a la periferia. El año pasado, en Rosarito, municipio conurbado de Tijuana, la impericia e ineptitud del presidente municipal, quien se negó a recibir a transportistas, degeneraron en un enfrentamiento, donde la inexperta policía disparó al aire para dispersar una manifestación que en ningún momento había salido de cauce.
Apenas el pasado 10 de abril, las autoridades municipales de Tijuana dispusieron un virtual estado de sitio en la presidencia, con tal de disuadir la legítima inconformidad de los transportistas. A los trabajadores del volante se recibió con toletes y con bombas de gas y de pimienta, en un hecho inédito y extraño, en una ciudad donde, repito, es casi inexistente la movilización popular masiva. Baja California ha gozado de relativa paz social, pero la actitud represiva de las autoridades está descomponiendo el clima de tranquilidad aparente.
Los trabajadores están convencidos de la ilegalidad de los artículos que impugnan, y están seguros de que una controversia en el Poder Judicial federal les dará la razón. No desean llegar a esos extremos, costosos en tiempo y esfuerzo, pero que se acompañarán muy seguramente de un proceso de confrontación y enfrentamiento que a nadie conviene.
Tijuana se sitúa en una región ahora estratégica, por razones de seguridad nacional, tanto para México como para nuestros vecinos del norte. Está en puertas el proceso electoral del 6 de julio y es conveniente que ningún factor nocivo lo afecte. Es responsabilidad del Congreso de la Unión contribuir como coadyuvante en la búsqueda de soluciones a un conflicto que ninguna razón tiene de ser, y que puede resolverse animando a las partes a sentarse y dialogar.
Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Congreso de la Unión intervenga en el conflicto generado por las autoridades municipales de Tijuana, que han violado el carácter mandatorio del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, establecido en el artículo 26 de la Constitución mexicana, y considerando que dicho artículo faculta a este Pleno, como se establece textualmente: "En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley".
Segundo. Que este Congreso de la Unión atienda la solicitud de trabajadores del transporte público de Tijuana, Baja California, a fin de mediar en el conflicto entre las autoridades municipales y los permisionarios, con motivo de la aprobación dividida en el cabildo tijuanense del Reglamento Municipal de Transporte Público y del Plan Maestro de Vialidad y Transporte, que contravienen garantías consagradas en la Constitución mexicana y afectan de manera grave los derechos y el patrimonio de unos 5 mil trabajadores de ese servicio público.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2003.
Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 30
de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS IRREGULARES PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA Y EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que dé cuenta de las acciones que violentan la normatividad en la materia, en razón de los siguientes
Considerandos
De conformidad con la ley que le da vida, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa. Dentro de sus objetivos está, de acuerdo con el artículo 2º, fracción II, de dicha ley, promover el desarrollo eficiente de las actividades de "generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares", y dentro de sus atribuciones, de acuerdo con la fracción XII del artículo 3º de la misma ley está "otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realización de actividades reguladas".
De acuerdo con sus atribuciones, la Comisión Reguladora expidió el permiso para autoabastecimiento de energía eléctrica E/199/AUT/2001, a favor de la empresa Energía Azteca VIII, y el permiso de exportación de energía eléctrica E/182/EXP/2000, expedido a favor de Energía Azteca X, con los vicios de origen que a continuación indicamos, ya que se apartan de la legalidad e invaden la esfera de competencia del Poder Legislativo.
En la resolución de la Comisión Reguladora RES/143/2001, se resuelve otorgar a Energía Azteca VIII, S de RL de CV, el permiso E/199/AUT/2001 para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, utilizando la misma central eléctrica comprometida para generar energía eléctrica con la modalidad de producción independiente de acuerdo con la RES/082/99, mediante la cual se otorga a la misma empresa el permiso E/135/PIE/99 para lo anterior, de acuerdo con la RES/144/2001, se autoriza incrementar la capacidad de la central con un excedente de 131.1 Mw en condiciones ISO, mismo que se destinará a satisfacer las necesidades de socios del permisionario y el "excedente del excedente" se pone a disposición de la Comisión Federal de Electricidad.
Las actuaciones señaladas con antelación desnaturalizan la figura jurídica de producción independiente establecida en el artículo 36, fracción III, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a la letra dice: "de producción independiente para generar energía eléctrica destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad, quedando ésta legalmente obligada a adquirirla"; mientras que su correlativo, el artículo 108 del reglamento de la citada ley, señala: "se considera producción independiente la generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 Mw, destinada exclusivamente a su venta a la Comisión o a la exportación".
De las disposiciones anteriores se deriva que la planta con que el permisionario de producción independiente cumple con su obligación con la Comisión Federal de Electricidad debe destinarse exclusivamente para venta de energía a dicha Comisión, por lo cual esta planta no debe generar energía destinada a otro propósito, en este caso para autoabastecimiento.
Precisamente el sustento de la obligación legal de la Comisión para adquirir esa energía está en guardar la simetría de ambas obligaciones, además se beneficia el interés particular en detrimento de la economía de la empresa pública, ya que el costo unitario de la inversión no es igual para una planta completa, cuya inversión habrá de amortizar la Comisión a través del pago del cargo fijo de capacidad, que el que representa adicionarle capacidad a dicha planta.
De acuerdo con los términos de los contratos de compromiso de capacidad de generación y compraventa de energía, la planta debe estar disponible para cuando la Comisión requiera que genere de acuerdo con el despacho de carga. El hecho de que sobre esta planta recaigan otras obligaciones de generación, obviamente pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio público.
Por otra parte, con su proceder la Comisión Reguladora de Energía violenta el párrafo cuarto del artículo 134 de la Constitución General de la República, al no respetar los principios de equidad y transparencia en licitaciones públicas, ya que las especificaciones respectivas no establecen la posibilidad de que a la capacidad especificada se pueda añadir capacidad adicional para otros propósitos y autorizarla después de la adjudicación respectiva, lo cual crea la sospecha de acuerdo fraudulentos, cuyo resultado, entre otros, es que no se adquiera el bien o servicio en las mejores condiciones para el Estado.
En el considerando segundo de la resolución RES/143/2001 se cita un acuerdo tomado por el pleno de la Comisión Reguladora de Energía el 2 de agosto de 2001, en el sentido de que sobre un permiso de producción independiente puede otorgarse otro permiso diverso. Dicho acuerdo, además de violentar la legalidad, invade atribuciones reservadas al Poder Legislativo, y este mismo señalamiento aplicaría a la aprobación que la Comisión Federal de Electricidad otorgó a ese proyecto de autoabastecimiento, según lo consignado en el considerando decimotercero de la resolución mencionada.
No pasa inadvertido lo que estipula la base 3) del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, referente a que la "Secretaría de Energía, podrá otorgar permiso para cada una de las actividades o para ejercer varias", que al confrontarlo con todo el cuerpo de la ley y su reglamento es claro que se refiere a que la ley no impide que una sola persona física o moral pueda ser permisionario de varias modalidades de generación privada, cada una ajustada a lo que establecen esas normas para cada modalidad.
Como ya mencionamos, en el considerando segundo de la resolución RES/143/2001, consignan que el acuerdo del pleno del 2 de agosto de 2001 estableció que, cuando en una central de generación destinada a un permiso de producción independiente de energía exista una capacidad adicional, ésta puede ser objeto de un permiso diverso. Pero en este caso dicha capacidad adicional no "existía" en el momento de la resolución, ya que un incremento de la capacidad del permiso inicial E/135/PIE/99 fue solicitada el 22 de junio de 2001, dos años después del permiso inicial y después de la solicitud de permiso para autoabastecimiento con la misma central, que tuvo lugar el 16 de mayo de 2001; es decir, se solicitó permiso antes de tener autorizado un incremento en la capacidad. Al margen de la sospechosa inconsistencia en las fechas, resulta obvio que por la vía de autorizar incrementos en la capacidad siempre podrá argüirse que existe capacidad adicional que puede aprovecharse para otros propósitos forzando la distorsión de la figura de producción independiente y poniendo en riesgo la seguridad del servicio público de energía eléctrica.
Una configuración similar y, por tanto, con los mismos defectos es la que se integra con los permisos de producción independiente para venta a la Comisión Federal de Electricidad E/174/PIE/2000, otorgado mediante la resolución RES/150/2000, y el de exportación de energía eléctrica E/ 182/EXP/2000, concedido mediante la resolución RES/242/2000, ambos a favor de Energía Azteca X, S de RL de CV.
En este caso, primero se otorgó el permiso de producción independiente y posteriormente el de exportación, utilizando la misma planta que, según se declara en las resoluciones citadas, tiene una capacidad mayor que la comprometida en el contrato con la Comisión.
Es pertinente aclarar que aún no existía el acuerdo del pleno de la Comisión Reguladora de Energía para que a una central destinada a la producción independiente se le sobrepusiera otro permiso, por lo que hubo necesidad de recurrir a otro artificio: tergiversar los hechos para aparentar que se cumple con el contenido del artículo 108 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que ya hemos trascrito. Así, en el considerando decimotercero de la resolución RES/242/2000 se lee: "ya que la generación de energía eléctrica provendrá de una planta con capacidad mayor a 30 Mw y se destinará exclusivamente a exportación". Según este criterio, la capacidad adicional de la planta es "otra planta" y con esto ya se cumple lo dispuesto por el artículo 108.
Como puede advertirse, el asunto que hoy sometemos a esta soberanía deja ver una burda maniobra del Poder Ejecutivo para lograr, por la vía de los hechos, lo que este Poder Legislativo no ha dejado, ni dejará pasar: privatizar la industria eléctrica.
Lo anterior nos deja ver que la Comisión Reguladora de Energía ha extraviado el cumplimiento de su misión. Es claro que su atención está puesta en habilitar la trasgresión a la legalidad para privilegiar los intereses particulares por encima de los intereses públicos, no obstante que ello ocasionaría graves daños patrimoniales a la nación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se cite, a la mayor brevedad posible al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Dionisio Pérez Jácome, ante la Comisión de Energía, a fin de que dé cuenta de las acciones que se han expuesto.
Segundo. Se solicite a la Comisión Reguladora de Energía, inicie de inmediato el procedimiento de cancelación de los permisos referidos con anterioridad.
Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2003.
Diputados: María del Rosario Tapia Medina (rúbrica), Jaime Martínez Veloz.
(Turnada a la Comisión de Energía. Abril
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE INFRACCIONES CONTRA PRINCIPIOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA CFE, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, a fin de turnar una excitativa al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para subsanar acciones que lesionan principios de seguridad social, en razón de los siguientes
Considerandos
II. Con posterioridad a la fecha de incorporación al IMSS, muchos trabajadores reunieron las condiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo respectivo para jubilarse o pensionarse por parte de la CFE y ejercieron ese derecho, pero sin llegar a satisfacer el número de cotizaciones (500) establecidas en la Ley del Seguro Social entonces vigente (debido al tiempo insuficiente transcurrido entre la incorporación al Instituto y el ejercicio de la jubilación contractual). Como resultado, esos trabajadores fueron jubilados o pensionados por parte de la CFE, mas quedaron excluidos de la pensión por parte del Instituto, por lo cual perdieron -entre otros beneficios- la pensión de viudez en caso de fallecimiento.
III. En esos casos dejaron de cumplirse los postulados de la cláusula 55 del contrato colectivo vigentes desde la contratación colectiva 1974-1976 y, por tanto, en el momento de la incorporación al IMSS, que para mayor ilustración transcribimos a continuación:
"Derecho a la Seguridad. La CFE y el SUTERM reconocen la elevada jerarquía de los principios de la seguridad social como elementos esenciales de la justicia social y para sustanciarlos establecen un sistema de derechos, obligaciones y garantías contractuales que, aunados a los legales, tienden a fincar relaciones de trabajo dignas, seguras y determinantes en la formación en los trabajadores de una conciencia nacionalista y revolucionaria por cuya fuerza se enriquezca y profundice su prominente participación en las tareas de la industria eléctrica nacionalizada y que les garanticen en lo posible, aun cuando se encuentren impedidos transitoria o definitivamente de prestar servicios, cuando los hubieren prestado por cierto tiempo o cuando mueran, las condiciones de vida con sus dependientes o de sus dependientes, por las que adquieran vigencia los derechos a la alimentación nutritiva y suficiente, salud física y mental, habitación decorosa e higiénica, educación eficiente, vestido adecuado, descanso reparador y constructivo y, en general, al disfrute de los medios que hacen posible la libertad."
IV. En consecuencia, los trabajadores que se encuentran en la condición que hemos expuesto, en caso de su fallecimiento, dejan a la viuda y dependientes económicos sin la protección que el Seguro Social prevé para esos casos, protección que tampoco forma parte de la contratación colectiva correspondiente, dejando de cumplirse postulados básicos de la seguridad social, consignados en diversos instrumentos con efectos jurídicos.
V. Los trabajadores afectados han llevado a cabo diversas acciones tendentes a lograr la seguridad social para sus familiares a que tienen derecho, entre las que se cuenta el oficio de julio de 2002 dirigido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, suscrito por trabajadores jubilados de la CFE de las zonas de Navojoa, Guaymas y Hermosillo, Sonora, sin que a la fecha se vean atendidas sus demandas.
Punto de Acuerdo
Unico. Se turne excitativa al director de la Comisión Federal de Electricidad por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que corrija la desviación expuesta en los considerandos a los principios de seguridad social legalmente tutelados, en perjuicio de trabajadores jubilados de la CFE misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. María del Rosario Tapia Medina (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE -MEDIANTE LA SAGARPA- SE DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y CON LA MAYOR BREVEDAD SE REALICEN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL PEZ DORADO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISION DE PESCA Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que se presenta en nombre de diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo para solicitar al Ejecutivo federal que -mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y que con la mayor brevedad se realicen estudios de investigación técnico-científicos que permitan analizar la factibilidad del aprovechamiento comercial del pez denominado dorado.
Exposición de Motivos
En los litorales mexicanos, la pesca se practica en esquemas muy diversos, estructurados sobre todo por factores regionales que identifican y distinguen la conducta de los productores en correspondencia con la riqueza de los recursos potencialmente aprovechables.
La organización pesquera representa sin duda un factor decisivo en la planeación estratégica para propiciar el crecimiento de esta industria en las distintas entidades federativas del país.
La población que vive de la actividad se provee de los medios y las técnicas para la captura de pesquerías diversas, según las características de cada región.
En este sentido, es menester del Ejecutivo federal consolidar los programas de trabajo necesarios para fomentar y regular la actividad, en medida de sus componentes, por lo que es preciso que el aprovechamiento de los recursos corresponda a su disponibilidad real y, además, distribuir los permisos respetando las demandas sociales de la población.
Considerandos
1. La Comisión de Pesca de este órgano legislativo efectuó reunión ordinaria de trabajo con objeto de desarrollar el trabajo legislativo a que se refieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 90 del Reglamento Interior del Congreso, a fin de analizar y estudiar la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Pesca, presentada por el diputado Víctor Antonio García Dávila en nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y del Trabajo y de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
2. Al efecto, la Comisión convocó a las instituciones de investigación y académicas siguientes: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; División de Estudios de Posgrado de la Universidad del Mar en Puerto Angel, Oaxaca; Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC; Dirección General de Educación en Ciencias y Tecnologías del Mar; Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional; Departamento de Biología Marina y Rectoría de la Universidad de Baja California Sur; e Instituto Nacional de la Pesca. Como resultado de las consultas y participaciones, se concluyó que en México no se han realizado estudios de investigación técnico-científica en relación con la pesquería del pez dorado, por lo cual no existe información disponible para resolver a favor o en contra la iniciativa que se estudia.
3. Los diputados integrantes de la Comisión de Pesca consideran urgente atender las demandas sociales de miles de pescadores de la región del Pacífico mexicano, quienes señalan que la captura del pez dorado se realiza cotidianamente en grandes volúmenes y en forma clandestina.
Honorable Asamblea:
Por los motivos y considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución.
Unico. Se solicite al Ejecutivo federal que -mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y que con la mayor brevedad se realicen estudios de investigación técnico-científicos que permitan analizar la factibilidad del aprovechamiento comercial del pez denominado dorado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas, Concepción Salazar González (rúbrica), Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera, Patricia Aguilar García (rúbrica), Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Rigoberto Romero Aceves (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Rafael Orozco Martínez (rúbrica), Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), José Feliciano Moo y Can (rúbrica), Martha Limón Aguirre (rúbrica), Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Héctor Taboada Contreras (rúbrica), Martha Silvia Sánchez González (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Miguel Vega Pérez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Simón Iván Villar Martínez (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica), Oscar Ochoa Patrón (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Donaldo Ortiz Colín (rúbrica), Edith Escobar Camacho (rúbrica), Jaime Cleofas Martínez Veloz (rúbrica), Luis Ariel Canto García (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Pesca. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DESIGNE A UN NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SE REALICE POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y DE LA SECODAM UNA AUDITORIA A DICHO INSTITUTO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Los diputados que firmamos al calce, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se considere como de urgente y obvia resolución y se someta al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Para poder establecer de manera clara lo que se pretende con este punto de acuerdo es necesario desglosar algunos conceptos para una mejor comprensión del problema que aqueja al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Una marca es un signo que sirve para distinguir un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por un nombre, un logotipo, un eslogan, un empaque o una combinación de cualquiera de éstos.
Al registrar una marca, la ley protege al propietario o registrante del uso indebido por parte de terceros, ya sean personas físicas, morales u organizaciones. Asimismo, el registro de una marca en México, sienta los antecedentes para protegerla en el extranjero. De esta manera, la utilización de una marca representada por signos, logotipos, figuras, marcas, palabras, frases o la combinación de éstos, es de uso exclusivo de su titular o registrante.
Por otra parte, una patente es la certificación que el gobierno de nuestro país otorga, tanto a personas físicas como morales, la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo improrrogable de 20 años, contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el organismo público descentralizado que se encarga de la recepción, estudio y otorgamiento de patentes en nuestro país.
La seguridad de que la protección de la patente le ofrece al inventor, motiva su creatividad, toda vez que tiene la garantía de que su actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en explotarla. La Ley de la Propiedad Industrial establece que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.
Una vez que la solicitud cumple con el examen de forma, se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante. Posterior a su publicación se practica el examen de fondo, el cual, de existir observaciones al respecto, el IMPI solicitará las aclaraciones correspondientes, mismas que deberán ser atendidas en un plazo no mayor de 2 meses. En caso contrario se considerará abandonada la solicitud. De no existir observaciones, el IMPI otorgará los derechos correspondientes al titular de la patente en un periodo de 30 meses aproximadamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Después de conocer cómo se registra una marca o una patente en nuestro país, debemos conocer a qué tipo de mercado impacta la labor que desarrolla el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Por una parte, para conocer la importancia que pueden representar las marcas y patentes en México, es importante saber que nuestro país es el primer mercado de América Latina que tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA). Además tiene suscritos acuerdos de libre comercio con Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y la Unión Europea.
La actividad industrial es la segunda más importante en la generación del producto nacional: contribuye con dos quintas partes del total y proporciona ocupación a una cuarta parte de la población económicamente activa del país.
En 1998, el Producto Interno Bruto (PIB) de México ascendió a 414,986.4 millones de dólares; la participación de los principales sectores económicos en el PIB fue la siguiente: el agropecuario, 5.4%; el industrial, 29.1%, donde las manufacturas constituyen el 75.3% de su valor; y el sector de los servicios 65.6%, sobresaliendo comercio, restaurantes y hoteles, con un 31.9%. Por otra parte, la producción de petróleo crudo fue de 3,077.0 miles de barriles diarios.
En materia de protección de patentes y marcas, México es signatario de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En materia de marcas ha suscrito el Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TLT), y respecto a patentes es miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
También forma parte del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen en el Registro Internacional.
Las patentes de procesos tienen una patente improrrogable de 20 años, salvo excepciones, por ejemplo, en los productos farmacéuticos. El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años improrrogables, y el de los modelos de utilidad de 10 años, también improrrogables.
El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial de un establecimiento industrial, comercial o de servicios se protege por 10 años.
La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, establece en su artículo 7º que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tendrá por objeto, entre otros, ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas, y realizar estudios en investigaciones en dicha materia.
En el artículo 3º del decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se establece que el Instituto tendrá las atribuciones siguientes: difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial; la asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; la difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, así como la celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial, entre otras. Situación que no se ha cumplido, por lo que solicitamos se inicie una investigación de las omisiones y negligencia con la que se ha conducido dicho organismo.
En el artículo 10 de propio decreto, se señala que el director general será designado a indicación del Ejecutivo federal, a través del secretario de Comercio y Fomento Industrial, por la Junta de Gobierno. Por lo que exhortamos al responsable de su designación, que señale a un nuevo director que cumpla la normatividad aplicable.
Asimismo, en el artículo 12 se determina que el Instituto contará con un órgano interno de control y un órgano de vigilancia. El órgano interno de control será parte integrante de la estructura orgánica del Instituto, y tendrá las atribuciones que, con sujeción a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, le sean conferidas por el estatuto orgánico del Instituto. El órgano de vigilancia del Instituto estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, el cual realizará sus funciones en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
En este sentido, creemos que ninguno de los órganos de control que tienen la obligación de vigilar el correcto y eficaz desempeño del Instituto ha cumplido cabalmente su tarea de custodia de los intereses ciudadanos.
Por otra parte, el pasado 19 de marzo de este año la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados llevó a cabo la comparecencia con el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la cual todos los grupos parlamentarios que intervinieron en tal ocasión manifestaron su desaprobación a la gestión realizada por el ciudadano Jorge Amigo Castañeda.
Entre las afirmaciones que se le increparon por parte de los diputados federales ahí presentes, las que manifiestan la inconformidad e insostenibilidad a su dirección, son, por mencionar algunas, las que lo señalan como incompetente y corrupto, y que dentro de su haber diario realiza conductas como peculado, coerción, amenazas y favores sexuales.
Es claro que el Pleno de esta Cámara de Diputados debe hacer eco de las demandas de sus compañeros y no permitir que se siga dañando a una entidad del sector público.
Por tanto, la aprobación de este acuerdo fortalecerá los legítimos intereses de la ciudadanía y conllevará a este Congreso a la responsabilidad y madurez que debemos mostrar al país.
Consideramos que es de urgente resolución en virtud de que no es posible que se sigan gestando anomalías en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y es imperioso dotar a la nación de certidumbre jurídica, y de obvia resolución en virtud de que no podemos permitir que ningún funcionario público pueda violar impunemente las leyes que emanan de este Congreso de la Unión y que de esta manera surjan mayores consecuencias, si no actuamos de manera decidida y comprometida para revertir sus efectos.
Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos es que solicitamos al pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde
Punto de Acuerdo
Primero. Se mandata a la Auditoría Superior de la Federación para que audite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que realice, por conducto de la Secretaría de la Contraloría, una investigación exhaustiva a dicho Instituto, así como a sus mandos medios y superiores y proceda conforme a derecho.
México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: José R. Escudero Barrera, Ma. Cristina Moctezuma Lule, Concepción Salazar González, Esveida Bravo Martínez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Angel Meixueiro González, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, Diego Cobo Terrazas, Nicasia García Domínguez, Erika Spezia Maldonado, Jesús Alí de la Torre, Araceli Domínguez Ramírez, Martha Silvia Sánchez González, Sara Figueroa Canedo, Julieta Prieto Fuhrken (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN PARTICULAR, A LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC A QUE SE RETIRE DE LA VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTES QUE IMPIDEN EL ACCESO AL RECINTO DE LA SCJN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CDPPN, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
No es reiterativo decir que el Poder Judicial de la Federación es el único poder que ha entendido en realidad lo que es la transición democrática y aparte la aplica para impartir justicia, simplemente justicia a los mexicanos y a quienes durante mucho tiempo se les negó.
Especialmente, el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas han venido adquiriendo un vigor inusitado, que de ninguna manera es obsequio de nadie sino producto de la convicción de que, a final de cuentas, las controversias deben dirimirse de manera civilizada en los tribunales, con sujeción a la ley.
Eso es cierto y, además, la democracia ha demostrado en poco tiempo superioridad ética frente a cualquier otro régimen político.
Por ello creemos que es el poder que merece el mismo trato que los demás poderes, no sólo en cuanto a su constitucionalidad sino al respeto que debe tener por parte de todos los mexicanos, sin excepción.
Y viene esto a colación porque hoy pretendemos exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y, en especial, a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc a que se retire de la vía pública a los comerciantes ambulantes quienes, aunque se ganan legítimamente la vida, impiden el acceso al recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que ni en Los Pinos, Palacio Nacional, la Cámara de Diputados ni el Senado de la República tienen problemas como los del Poder Judicial y su glorioso recinto, por lo que resulta irónico el reconocimiento nacional de este poder en medio de puestos ambulantes.
En otros países, compañeras y compañeros diputados, ustedes lo saben, los recintos de los Poderes de la Unión están prácticamente inmaculados y libres en sus accesos de comunicación, lo que facilita incluso el acceso de los ciudadanos que acuden a ellos. Sólo en México, el Poder Judicial de la Federación y sus alrededores están en esa situación.
Por ello es importante que hagamos algo al respecto, en busca de soluciones para los compañeros ambulantes, soluciones que existen y que debemos darles, como la construcción de plazas comerciales en inmuebles del Gobierno del Distrito Federal y dejar al Poder Judicial inmaculado, como lo merece.
No es una cuestión de estética o de frivolidades que se quieran respecto a este poder. Sencillamente, se trata de darle su lugar y de que los ciudadanos -tanto vendedores ambulantes como público en general- sepan que este poder está a la altura de la credibilidad que el país requiere.
Hagamos el exhorto y pidamos al Gobierno del Distrito Federal, a todos los legisladores de la ciudad y a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc que cumplan esta deuda que tenemos con el Poder Judicial.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
(Turnada a la Comisión del Distrito Federal. Abril
30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A QUE PROMUEVA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA RADIO Y LA TELEVISION EN FAVOR DE LOS NIÑOS, PROMOVIDO POR EL UNICEF, ASI COMO A OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES A LAS MISMAS PARA DICHA CELEBRACION, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS PARTIDOS Y ENTREGADA POR EL DIPUTADO GUMERCINDO ALVAREZ SOTELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
En nombre de las y los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propongo a la consideración del pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Convención Sobre los Derechos del Niño, firmada por casi todos los países del mundo en noviembre de 1989 y ratificada por México en 1990, considera entre los derechos fundamentales de los infantes, el de libertad de expresión, a ofrecer y recibir información y a expresar sus opiniones y participar en el debate público en los medios de difusión de su elección.
Con el propósito de que estos derechos puedan ejercerse, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, considera vital que los infantes tengan acceso a los micrófonos para recibir información y hablar de sus propias preocupaciones y experiencias, por lo que propone abrir un espacio a las niñas y niños para aprender a manejar el lenguaje de los medios de comunicación y a expresarse a través de ellos.
Por ello, desde 1992 dicho organismo propuso celebrar anualmente, el segundo domingo del mes de diciembre, el Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de los Niños, con el fin de reunir a las emisoras del mundo en una actividad destinada a apoyar las cuestiones relativas a la infancia y a rendir homenaje a la enorme energía y el potencial creativo de las niñas y los niños. A su vez, con la celebración de este día se da la palabra aquellos que tradicionalmente han sido excluidos y marginados, y transforma a los más jóvenes en participantes activos de los medios de difusión.
En dicho evento participan actualmente más de 2000 estaciones de radio y televisión, las cuales cubren a la mayor parte del mundo, y sus actividades ofrecen una oportunidad para que niños y niñas trabajen en las emisoras, diseñen decorados, manejen las cámaras e informen y presenten las noticias. Otros programas producidos para ese día reflejan los problemas que enfrentan las niñas y los niños que viven en 1a pobreza, los que sufren los efectos de conflictos armados, los menores de edad que están infectados con el VIH/sida, entre otras, muchas más, realidades que desgraciadamente enfrentan muchos de los infantes.
México ha tenido una participación menor en este evento, a pesar de que en nuestro país 1a población infantil representa más del 40% de la población total.
En el artículo 17 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se establece que los Estados parte "...velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, y en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental...". Asimismo, estipula que "...alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño...". En este tenor, consideramos que estos eventos deben adoptarse por completo y difundirse en nuestro país.
Los medios de comunicación tienen el poder, con la radio y la televisión, de proteger, informar, educar, entretener, comprometer y acompañar a los niños y jóvenes. Son los mismos medios los que también tienen el poder y la capacidad de explotar, abusar, desinformar, excluir y corromper a los niños. Por esto, consideramos que se debe aprovechar la fuerza positiva que los medios tienen sobre la vida de los niños.
Para ello, el UNICEF apoya a las emisoras participantes en este evento con materiales audiovisuales de distintas temáticas relacionadas con los derechos de la infancia, como salud y nutrición, sida, explotación sexual, trabajo infantil, educación, pobreza, inmigrantes, drogadicción y alcoholismo, la familia, la escuela, el mundo, entre otros. Y año con año se proponen distintas temáticas para llevar a cabo esta tarea, como las "10 formas de cambiar al mundo con los niños", entre otras.
En nuestro país destaca el Canal Once, que lleva nueve años consecutivos realizando el Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de los Niños, por lo que consideramos que no sólo una estación debe de llevar a cabo esta celebración, sino unir esfuerzos para que todas las emisoras de radio y televisión participen activamente y lograr así que nuestros niños y niñas expresen sus opiniones, difundan sus ideas, sean escuchadas y tomadas en cuenta y que estas acciones prevalezcan y formen parte de nuestra cultura, por lo que los invito a que juntos todos celebremos este día mundial.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación a que promueva la celebración del Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de los Niños, promovido por el UNICEF y establecido anualmente el segundo domingo del mes de diciembre.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación a que brinde todos los apoyos y facilidades necesarias para que todas las estaciones de radio y televisión celebren el Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de los Niños.
Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo, Juan Carlos Payares Bueno, Alicia Ricalde Magaña, Alba Leonila Méndez Herrera, Heidi Storsberg Montes, Esveida Bravo Martínez, Nicasia García Domínguez, Salvador Cosío Gaona, Elba Arrieta Pérez, Nohelia Linares González, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2003.)
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2004 SE INCLUYAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO DE CHOIX, SINALOA, A SAN RAFAEL, CHIHUAHUA, ENTREGADA POR EL DIPUTADO RUBEN BENJAMIN FELIX HAYS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Los suscritos, Rubén B. Félix Hays, Fernando Díaz de la Vega, diputados federales por el estado de Sinaloa; Jorge Esteban Sandoval, César Arturo Duarte Jacques, diputados federales por el estado de Chihuahua, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea esta propuesta de punto de acuerdo respecto al corredor Topolobampo-Texas, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
En 1886 un visionario norteamericano llamado Albert Kimsey Owen solicitó al gobierno mexicano una concesión ferroviaria para unir el comercio de Asia con el medio oeste y este de los Estados Unidos de América, su punto de entrada el puerto de Topolobampo, y su ruta vía Chihuahua y Texas; el ferrocarril se construyó, pero el objetivo no se cumplió por cuestiones de carácter técnico. Esta visión se sustentó en la posición geográfica del puerto de Topolobampo, ya que representa el punto más cercano entre el medio oeste, suroeste y este de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el desarrollo del corredor Topolobampo-Texas permitiría el acceso del gran flujo comercial, industrial y turístico entre Asia, Sinaloa, Chihuahua y Texas, además de acceder a las rutas comerciales de Estados Unidos de América, que en consecuencia traería múltiples oportunidades económicas para toda la región, así como mejoras en el nivel de vida.
De acuerdo con un estudio del departamento de transporte de estado de Texas, este corredor Topolobampo-Texas, vía la frontera Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas, se estima que produciría un impacto inmediato de incremento en el comercio de aproximadamente 300 camiones que cruzarían diariamente de mercancías provenientes de Asia, Sinaloa , Chihuahua y Texas, y en los próximos 10 años, después de abrir este corredor serían del orden de 900 camiones diarios. Inclusive, se estima que este corredor se convertiría en el más importante de México si se toma en cuenta que solamente el estado de Texas importa 10 veces más contenedores que todo México junto, precisando que más de un 50% de ese movimiento de contenedores viene de los países de la cuenca del Pacífico.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito hacer las siguientes consideraciones:
Primero. El puerto de Topolobampo cuenta con una situación geográfica privilegiada al norte del estado de Sinaloa, con vocación comercial, fundamental para la exportación e importación de productos agropecuarios, pesqueros, mineros e industriales del corredor mencionado.
Segundo. La terminación de este tramo carretero tiene el objetivo de unir el puerto de Topolobampo con el centro del estado de Texas, vía el estado de Chihuahua, en la frontera de Ojinaga-Presidio hasta la ciudad de Midland Odessa.
Tercero. Este corredor Topolobampo-Texas se convertiría la opción económica más viable para el comercio de la región centro-suroeste de Estados Unidos de América con los países de la cuenca del Pacífico.
Cuarto. Las opciones de oportunidades en el sector turístico se multiplicarían ya que actualmente las Barrancas del Cobre es uno de los lugares más atractivos para el mercado internacional.
Quinto. El tramo que le corresponde al estado de Sinaloa es de 49 kilómetros, de Choix al límite con el estado de Chihuahua, y 153 kilómetros corresponden al estado de Chihuahua, de San Rafael al límite con el estado de Sinaloa, un total de 202 kilómetros.
Sexto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta ya con un proyecto Ejecutivo para llevar a cabo la construcción de este tramo carretero. Además de que esta Legislatura le aprobó 50 millones de pesos en el presupuesto de 2001 los cuales nunca fueron ejecutados.
Señoras y señores diputados, el impulso de este corredor resultaría una obra de gran impacto social y económico a lo largo de esta carretera incrementaría la competitividad del país; se ampliarían las posibilidades de exportación de los productores del campo de los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora; se crearía una serie de oportunidades de nuevos empleos por todo el corredor, especialmente por la Sierra Tarahumara.
Con base a las consideraciones antes expuestas y de conformidad a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior de Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto que incluya los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero faltante del corredor Topolobampo-Texas, el cual comprende de Choix, Sinaloa, a San Rafael, Chihuahua, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 y a la Comisión de Comunicaciones y Transporte su intervención para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se realice dicha obra.
Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Rubén B. Félix Hays (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César A. Duarte Jáquez, Fernando Díaz de la Vega.
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Abril 30 de 2003.)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA MATERIA DE GERIATRIA SE INCLUYA EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE MEDICINA Y LA DE GERONTOLOGIA EN LAS DISCIPLINAS DE LAS AREAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUMERCINDO ALVAREZ SOTELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a las autoridades de educación y salud, federales y estatales, a que en los programas de la carrera de medicina se incluya la materia de geriatría y la de gerontología en las disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales, conforme a los siguientes
Considerandos
La población del país tiende a una composición en que los adultos mayores aumentan de forma acelerada su proporción. El índice de dependencia de las personas de mayor de edad crecerá casi el doble en los próximos años.1 Esta tendencia la explican, entre otras causas, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, para 2020 la esperanza de vida aumentaría de 75.3 en 2000 a 78.1 en 2010, a 80.4 en 2020 y, finalmente, a 83.7 años en 2050. La mortalidad infantil, que presentaba 25 decesos de menores de un año de edad por cada mil nacimientos en 2000, pasará a 18 en 2010, 13 en 2020 y 7 en 2050. La tasa global de fecundidad, de 2.11 hijos por mujer, descenderá a 1.68 en 2030 y, a partir de entonces, se mantendrá constante hasta 2050.
La participación relativa de los niños en edades preescolares se reducirá de 13% en 2000 a 10.2% en 2010, 7.2% en 2030 y 5.6% en 2050; la de los que se hallen en edades escolares disminuirá de 20.2% a 16.5%, 11.5% y 9.0% en los mismos años, respectivamente. En cambio, la población de adultos mayores alcanzará proporciones más grandes de la población total. Esta aumentará de 4.8% en 2000 a 6.2% en 2010, 13.2% en 2030 y 24.6% en 2050. Para el año 2050, uno de cada cuatro mexicanos será mayor de 60 años.
La edad media poblacional pasará de alrededor de 27 años en 2000 a 30 años en 2010 y a 38 años en 2030. Además, la población de menores de 15 años disminuirá de 33 millones de personas en 2005 a 30 millones en 2010 y a 24 millones en 2030.
La manifestación de estas tendencias en el área de la salud se aprecia en la mayor prevalencia de enfermedades asociadas con la edad, denominadas crónico-degenerativas. Eso significa que, en el terreno epidemiológico, las principales causas de enfermedad y muerte pasan a ser las enfermedades crónicas y degenerativas, en lugar de las infecciosas y agudas.
La característica de esos padecimientos es que afectan la calidad de vida de las personas que las padecen, el costo de su atención es alto y persisten por mucho tiempo, puede decirse que hasta la muerte. Ello provoca que al dedicarse mayores recursos a la salud de los mayores de 64 años se enfrente la dificultad de financiar otros gastos básicos en salud.
Por ello, quienes abanderamos la propuesta objeto de este punto de acuerdo consideramos que se necesita el diseño de servicios comunitarios de rehabilitación y atención de largo plazo eficientes para los adultos mayores. Es tiempo de que se comience a desarrollar la capacidad técnica, material y humana para enfrentar el creciente número de padecimientos asociados al incremento de la edad.
En este contexto, vengo a solicitar el apoyo de esta honorable asamblea para exhortar a las autoridades educativas y de salud, comprendidas las universidades, a que consideren la capacitación de profesionales de la salud en la atención de los padecimientos de la vejez, incluyendo en los programas de estudio de medicina la materia de geriatría y la carrera de gerontología en las disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales.
Cabe destacar que dichas especialidades se centran en atender en forma interdisciplinaria y con un enfoque funcional al paciente que exhibe gran fragilidad, con la presencia de numerosas patologías, riesgos y dependencia de otros, y que, además consume gran cantidad de recursos económicos, sociales y morales.
La gerontología y su derivado de la salud, la geriatría, privilegian la calidad de vida, la prevención y el autocuidado, contribuyendo al ahorro de recursos al sistema de salud. Atiende al adulto mayor tanto en la salud como en la enfermedad. Considera los aspectos sociales que pueden influir en su salud, como la soledad y la dependencia.
En virtud de lo anterior, no hay duda de que, dada la tendencia demográfica y epidemiológica, el sistema nacional de salud necesita recursos humanos capacitados para atender los problemas de salud de los adultos mayores. En un futuro no muy lejano, los profesionales de la salud capacitados en geriatría serán el centro del sistema de atención de la salud. Asimismo, es deseable que se enseñe gerontología en cualquier carrera profesional, ya que a todos competen el envejecimiento y sus consecuencias.
Por lo expuesto y en uso de nuestras facultades, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a las universidades y a las autoridades federales y estatales de educación, de salud y de servicios sociales para que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, impulsen la incorporación de la materia de geriatría en los programas de estudio de la carrera de medicina y la materia de gerontología en las disciplinas de las áreas de humanidades y ciencias sociales.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México DF, a 30 de abril de 2003.
Diputados: Gumercindo Alvarez Sotelo, Enrique Meléndez Pérez, Alba Leonila Méndez Herrera, Silvia Alvarez Bruneliere, María Eugenia Galván Antillón, Celita Alamilla Padrón, Nicasia García Domínguez, Esveida Bravo Martínez, Carlos Raymundo Toledo (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Abril 30 de 2003.)
Notas:
1 El índice de dependencia de personas de mayor
edad es el cociente de la población mayor de 65 años entre
la población de 15 a 64 años.
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE DECLARE A LA MARIPOSA MONARCA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS PARTIDOS Y ENTREGADA POR LA DIPUTADA MARIA CRUZ MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura ponemos a consideración del pleno de esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo para que se declare patrimonio natural de la humanidad la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El otoño boreal es la temporada de las grandes migraciones en el hemisferio norte. Seres de diferentes especies que habitan en esta porción del globo terráqueo despiertan de la apacible rutina del verano para emprender un largo viaje hacia el sur buscando refugio en tierras más cálidas ante la proximidad del invierno en el norte.
De entre estas legiones de viajeros destaca una por su aparente fragilidad, pero que contrasta con la capacidad que tiene para resistir un trayecto de más de 2 mil kilómetros. Son no menos de 100 millones de coloridos seres que año tras año llegan puntuales a su "casa de invierno", en una región situada entre los estados de México y Michoacán en la República Mexicana. Son las mariposas monarca.
Habitan durante la primavera y el verano en una amplia región situada a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero levantan el vuelo, y entre la primera y la tercera semana de noviembre, las monarca se acercan a El Oro, Atlacomulco, San Felipe del Progreso y otras localidades que se encuentran entre los estados de México y Michoacán.
Estas localidades, en conjunto conforman un área natural protegida conocida como Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (REBMM).
La reserva tiene una superficie de 56 mil 262 hectáreas, conformada de enorme biodiversidad: 493 especies de plantas vasculares, 49 especies de hongos, entre otras. Su flora dominante es el bosque de oyamel, junto con manchones de pino, ambos apropiados para que la mariposa monarca sobreviva durante la estación invernal.
La Reserva Ecológica de la Biosfera de la Mariposa Monarca está integrada por cinco santuarios protegidos que se distinguen en dos zonas:
La denominada zona Central, compuesta por los santuarios del Cerro Pelón, Campanario, Chivatí-Huacal y Sierra Chincua; la segunda zona es la del Cerro Altamirano.
Ambas regiones tienen diferencias muy marcadas en cuanto a dinámicas de la población, manejo de los recursos naturales, actividades económicas y presión sobre los bosques.
Se pueden resumir como principales problemas que afectan a la reserva los siguientes:
b) Incendios forestales causados principalmente por actividades
agropecuarias.
c) Deforestación por cambios de uso de suelo.
d) Tala clandestina de árboles.
e) Fuerte presión sobre los recursos naturales
debido a la marginalidad, pobreza y una alta densidad de población.
f) Poca participación comunitaria en actividades
de conservación y desarrollo sustentable.
Este Congreso ha puesto énfasis en estas problemáticas, y de modo alguno se ha mostrado pensante y precavido en propuestas para su solución. Es así como en el ejercicio fiscal presente y en el pasado inmediato, la Cámara de Diputados ha otorgado más recursos a la actividad silvícola y forestal en términos reales.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, por ello se desprende la urgente necesidad de tomar otras que complementen y refuercen a las ya existentes para preservar la reserva desde la perspectiva forestal, biológica y zoológica.
Para concretar este reconocimiento existe un instrumento, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que forma parte de un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de la especie humana a través de la declaratoria de patrimonio natural a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.
Esta Convención tiene como propósito la instauración de un sistema eficaz, colectivo y complementario de la acción de los estados miembros interesados en la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de valor universal excepcional, amenazado de destrucción por causas tradicionales o evolutivas derivadas por los cambios de la vida social y económica o por una protección incompleta por falta de recursos financieros, científicos o técnicos del país en cuestión.
Asimismo, los estados miembros de la presente Convención se comprometen a integrar la protección de su patrimonio dentro de los programas de planificación general: servicios de protección, conservación y valorización, estudios de investigación científicos y técnicos, y creación de centros de formación en protección, nacionales o regionales.
Dado que la Convención considera como patrimonio natural "a lugares naturales y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico". La Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca sí cumple con las características de zona estrictamente delimitada, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, y para el caso de la mariposa monarca cumple con la característica de un valor universal excepcional desde el punto de vista de la belleza natural que establece dicho artículo.
Si bien una declaratoria implica responsabilidades para el país donde se ubica el sitio, también significa beneficios que se traducen en apoyos económicos, tecnológicos y de difusión provenientes del Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Pero lo más importante es que, de manera efectiva se estarán supervisando y protegiendo los ecosistemas que tanto significan para el devenir no sólo de la mariposa monarca sino para la especie humana misma.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que inicie el procedimiento ante las instancias pertinentes para inscribir la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en el inventario de sitios Patrimonio Natural de la Humanidad que establece la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de abril de 2003.
Diputados: María Cruz Martínez Colín (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Francisco Arano Montero, Miguel Bortolini Castillo (rúbrica), Cándido Vitálico Coheto Martínez, José Jacobo Nazar Morales, Donaldo Ortiz Colín, Juan Carlos Pallares Bueno (rúbrica), Juan José Nogueda Ruiz, Ramón Ponce Contreras (rúbrica), Rafael Ramírez Agama (rúbrica), Rafael Ramírez Sánchez (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda (rúbrica), Manuel Garza González, Rómulo Garza Martínez (rúbrica), Raúl Gracia Guzmán (rúbrica), Elizabeth Rosas López, Pedro Manterola Sainz, Juan Carlos Sainz Lozano, Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez (rúbrica), Miguel Angel Torrijos Mendoza (rúbrica), Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), Julio César Vidal Pérez, Raúl García Velásquez (rúbrica), Ma. Teresa Tapia Bahena (rúbrica), José Manuel Quintanilla Rentería (rúbrica), Fernando Pérez Noriega (rúbrica), Tomás Ríos Bernal (rúbrica), Nelly Campos Quiroz (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Manuel Galán Jiménez (rúbrica), Roberto Bueno Campos (rúbrica), Luis Fernando Sánchez Nava (rúbrica), Mauro Huerta Díaz (rúbrica), Flor Añorve Ocampo (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Cuauhtémoc Montero Esquivel (rúbrica), Noé Navarrete González (rúbrica), Sonia López Macías (rúbrica), Jaime Aceves Pérez (rúbrica), Víctor H. Sondón Saavedra (rúbrica), Salvador López Orduña (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), Francisco Ortiz Esquivel (rúbrica), Nohelia Linares González (rúbrica), Martha Patricia Dávalos Márquez (rúbrica), Zinthia Benavides Hernández (rúbrica), Cecilia Laviada Hernández (rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Mercedes Hernández Rojas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Martha Patricia Martínez Macías (rúbrica), Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), Francisco García Cabeza de Vaca (rúbrica), Arcelia Arredondo García (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Enrique Martínez Orta Flores (rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Luis A. Aldana Burgos (rúbrica), Fernando Ugalde Cardona (rúbrica), Benjamín Muciño Pérez (rúbrica), Hugo Camacho Galván (rúbrica), Griselda Ramírez Guzmán (rúbrica), José O. Luna Salas (rúbrica), Manuel Castro y del Valle (rúbrica), Roberto Aguirre Solís (rúbrica), Sergio R. Vaca Betancourt, Ma. Elena Chávez Palacios (rúbrica), José Ma. Núñez Monreal (rúbrica), Oscar Ochoa Patrón (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Luis M. Santibáñez García (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro, José María Anaya Ochoa (rúbrica), María Isabel Velasco Ramos (rúbrica), Francisco Ortiz Esquivel (rúbrica), José Rivera Carranza (rúbrica), Alfonso Vicente Díaz (rúbrica), Bernardo Pastrana Gómez (rúbrica), Joel Vilches Mares (rúbrica), Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica), Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Francisco Javier Chico Goerne Cobián (rúbrica), David Rodríguez Torre (rúbrica), Víctor León Castañeda (rúbrica), Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica), Ismael Estrada Colín (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Pablo Arnaud Carreño (rúbrica), Abelardo Escobar Prieto (rúbrica), Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), J. Jesús Hurtado Torres (rúbrica), Enrique Garza Tamez (rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Alba L. Méndez Herrera (rúbrica), Francisco Arano Montero (rúbrica), Raúl Covarrubias Zavala (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Abril 30 de 2003.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2003.
Dip. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
Presente
En mi calidad de integrante de la delegación mexicana y del Consejo de Mujeres de la Unión Interparlamentaria Mundial, asistí los días del 6 al 12 de abril a su 108ª Conferencia, que tuvo lugar en Santiago de Chile. Por tal motivo informo a usted de los asuntos más relevantes del evento al que asistieron parlamentarios de 140 países.
La delegación mexicana se conformó por los senadores Fidel Herrera, quien presidió la delegación, Fernando Margain, Lidia Madero, Addy Joaquín Coldwell, Leticia Burgos Ochoa, Federico Ling Altamirano, y los diputados Gustavo Carvajal Moreno, José Luis Novales Arellano y Uuc-kib Espadas Ancona.
Como es costumbre, de inicio se realizó la reunión de mujeres parlamentarias, donde se discutieron los avances alcanzados con participación femenina en los cuerpos legislativos, interesantes discusiones para el logro de metas, la formulación de políticas con orientación de género y la lucha contra la discriminación de las mujeres. En este punto destaca la presentación del "Manual para Legisladores sobre la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y su Protocolo", que resume las discusiones y las diversas formas en que los parlamentarios podemos participar para evitar todas las formas de discriminación entre los géneros. Al respecto, menciono que, si bien México ha suscrito la Convención y la ha ratificado, faltan muchos aspectos concernientes a los ámbitos legislativos federal y local por adecuar.
Otro punto relevante de la agenda de mujeres parlamentarias fue la sustitución de los cargos vacantes en el Consejo Directivo, que correspondían al Grupo de los 12 Plus, donde fueron electos como miembros titulares Petra Ernstberger, de Alemania, y Gisele Gautier, de Francia, como suplente. En el Grupo Latinoamericano fue incorporada como suplente la diputada Delia Arellano Sandoval, de Nicaragua.
Las sesiones de mujeres parlamentarias son de 2 tipos: "a puerta cerrada", sólo para integrantes del Consejo Directivo, y las plenarias, a las que asisten todas las parlamentarias que así lo deseen, en ésta última la delegación mexicana, como ya he dicho, se integró por las senadoras Addy Joaquín, Lidia Madero, Leticia Burgos y yo. En este contexto mis intervenciones tanto en la reunión del Comité Coordinador como en la Asamblea General de Mujeres Parlamentarias se orientaron a destacar los avances alcanzados en el país en materia legislativa y la instalación del Parlamento de Mujeres y el Parlamento de los Niños, destacando en otro tema de particular interés la intervención de las Naciones Unidas a través de la CEDAW, para la atracción e investigación del asunto de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, manifestando la importancia de su coadyuvancia para la solución de un problema que vulnera y avergüenza a las mujeres mexicanas.
Las senadoras Leticia Burgos, Lidia Madero y Addy Joaquín intervinieron a lo largo de las reuniones de trabajo con temas diversos y con especial acierto.
Si bien mi tarea se concentró en el ámbito del Comité Coordinador y General de Mujeres Parlamentarias, también asistí a los trabajos del GRULAC y de la Conferencia General.
Otros puntos que interesaron a las parlamentarias fueron el tráfico de infantes, que fue abordado en un panel de discusión en el que participaron el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Migración (OIM), entre otras; esta reunión fue presidida por la diputada Isabel Allende, Presidenta de la Cámara de Diputados de Chile y en ese carácter Presidenta de la reunión de mujeres parlamentarias de la UIP, consideró que la participación de expertos internacionales y personalidades chilenas pudo darle enfoques y propuestas de solución diversas a esta compleja problemática internacional dirigidas a movilizar una voluntad política colectiva que contribuya a erradicar este problema.
Otro tema abordado fue el relativo a la infabulación femenina, derivada de los trabajos que sobre este tema tuviera lugar en Marrakech, en marzo de 2002, con el propósito de darle seguimiento a la legislación que erradique su práctica.
Fue ésta la última Conferencia de la UIP a la que asistiré, en virtud de que la próxima por celebrarse en Londres, en octubre de 2003, rebasa el periodo para el que fui electa y que concluye en septiembre de este año, por lo que extiendo mis mejores deseos para que continúe y se dé seguimiento a estos importantes temas.
Atentamente
Dip. Laura Pavón Jaramillo (rúbrica)
Conjuntamente con la Comisión de Marina, al panel de Transporte multimodal: retos y perspectivas del modo marítimo, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo, en Ciudad del Carmen, Campeche.
Atentamente
Dip. O. Eugenio Pérez Cruz
Presidente
 
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al Foro de Consulta Nacional sobre Sistema de Amparo y Protección Constitucional, que se llevará a cabo el jueves 15 de mayo, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión de trabajo en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras, que se llevará a cabo el jueves 22 de mayo, a las 10 horas, en la torre El Caballito, piso 5, salas 5 y 6.
Posteriormente, se llevará a cabo la reunión ordinaria de la Comisión.
Orden del Día