Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1248, martes 13 de mayo de 2003


Lista completa de dictámenes presentados durante marzo y abril de 2003


Proposiciones Comunicaciones Convocatorias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LA CONCESION DEL SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO A PARTICULARES, SUSCRITA POR DIPUTADOS FEDERALES POR EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ENTREGADA POR EL DIPUTADO JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003

En razón de las múltiples quejas elevadas al más alto nivel de toma de decisiones en nuestro país por funcionarios de gobiernos estatales y municipales, prestadores de servicios y usuarios de los aeropuertos, observaciones de legisladores de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y ante la actitud de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, por medio de su subisidiaria Aeropuerto de Tijuana, SA de CV, se hace necesario que este honorable Congreso de la Unión, por medio de la Comisión de Transporte, elabore una evaluación profunda, tanto del proceso que se siguió hasta el otorgamiento de la concesión como de su operación actual, así como los posibles escenarios para los siguientes 45 años que le restan de vigencia, si ésta se cumpliera.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura.

Compañeras diputadas; compañeros diputados:

Honorable asamblea:

Exposición de Motivos

Desde el periodo presidencial 1989-1994, y ante la disyuntiva entre eficientar la empresa pública o su privatización, el Gobierno Federal decidió esta última.

A principios de 1995, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea la "...reestructuración del sistema aeroportuario mexicano...", que culmina con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1995, de la nueva Ley de Aeropuertos. Con esta ley, que abre la puerta a la inversión privada en la operación aeroportuaria por vía de concesión, el gobierno mexicano pretendía:

Lo que ha sucedido después de casi cinco años de concesión difiere diametralmente de aquellas expectativas y, paradójicamente, la privatización del sistema aeroportuario mexicano le ha costado y le seguirá costando a los mexicanos, ya que: - La creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal.

- Se les pagan millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, de las cuales no se ha visto nada.

- Sólo por el hecho de tener la concesión reciben el 1% de comisión por la venta de combustible.

- Cambios en materia de depreciación otorgaron a los concesionarios, por concepto de devolución de impuestos, casi suficiente para cumplir con sus compromisos de inversión por el año 2002.

- No se incluyó en los paquetes de aeropuertos a los menos desarrollados.

- No se ha invertido lo comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización.

Después de casi cinco años de concesión, los avances han sido mínimos: En franco contubernio con los operadores españoles, los funcionarios tanto de Secodam como de SCT se han lavado las manos aduciendo el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, argumento que debe ser revisado y, en su caso, validar o no su veracidad mediante la determinación de propiedad del 85% de las acciones entre SCT y Nafin.

En caso de que la propiedad de ese 85% de acciones de los grupos aeroportuarios aún no bursatilizados recayera en Nafin, que es la premisa actual por la que tanto Secodam como SCT renuncian a su obligación de supervisarlos, entonces los inversionistas españoles pueden hacer lo que quieran y nadie les va a poder pedir cuentas, por ejemplo, de haberse repartido dividendos de periodos en que todavía no eran accionistas.

En cualquiera de los casos, el artículo en mención debe ser derogado para evitar que siga abriendo la puerta a la impunidad.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su superior consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Que la Cámara de Diputados, respondiendo a los cuestionamientos de los actores políticos y económicos, expresados de viva voz y en la prensa nacional e internacional, pida a la Comisión de Transportes de este órgano legislativo una investigación seria y responsable, que responda con claridad y contundencia a todos los señalamientos hechos.

Artículo Segundo. Que esta Cámara solicite al Ejecutivo federal su intervención para que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo revise de manera exhaustiva los procedimientos y procesos que se siguieron para el otorgamiento de las concesiones, incluidos los dictámenes de integración de los nombrados "libros blancos" y que dichas tareas sean supervisadas por la Comisión de Transportes de este órgano legislativo.

Artículo Tercero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación la verificación del antecedente de la creación de empresas, la adjudicación de la concesión, la repartición de dividendos, su operación actual, el comparativo de los compromisos contractuales y, desde su ámbito de influencia, elabore un informe acerca del cumplimiento clausular y de la normatividad vigente, emitiendo opinión acerca de los beneficios o perjuicios a la nación logrados con la privatización.

Artículo Cuarto. Que la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados elabore un informe detallado en el mismo sentido.

Artículo Quinto. Que esta Cámara de Diputados revise puntualmente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, particularmente el artículo 29 y, en su caso, sea derogado para evitar impunidad.

Artículo Sexto. Que esta Cámara de Diputados, con base en que existe la alternativa en la ley, analice la posibilidad de la participación accionaria de los gobiernos estatales y municipales para su participación directa en la toma de decisiones.

Artículo Transitorio

Que el Ejecutivo federal, por solicitud expresa de esta representación nacional, suspenda la colocación de acciones hasta por el 85% del capital de los grupos aeroportuarios que Nacional Financiera tiene pendiente, en su carácter de fiduciaria. Además, que suspenda toda acción que pudiese contravenir el presente "punto de acuerdo", hasta que se cuente con la información suficiente para que, en uso de sus atribuciones, y anteponiendo los altos intereses nacionales, tome las medidas pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 29 de abril de 2003.

Diputados: Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica), Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Francisco Blake Mora (rúbrica), Bernardo Borbón Vilches, Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), Jaime Cleofas Martínez Veloz, César Alejandro Monraz Sustaita (rúbrica), Armando Rodríguez Lozano, Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbrica), Juvenal Vidrio Rodríguez (rúbrica), Hugo Zepeda Berrelleza.

(Turnada a la Comisión de Transportes. Abril 30 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA SOLICITUD DE POSEEDORES DEL EJIDO TAMPICO, DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A FIN DE APREMIAR AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE QUE SE DICTAMINE DE MANERA JUSTA Y EXPEDITA LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACION DE SUS PREDIOS, EN TERMINOS DE LAS LEYES AGRARIA Y DE EXPROPIACION, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003

Quiero someter a consideración de esta asamblea la solicitud de apoyo de un grupo de ejidatarios de Tijuana, Baja California, afectados en su patrimonio y sus derechos por irregularidades de las autoridades judicial y ejecutiva. La situación es la siguiente, como la exponen José Izaguirre Zamorano, Julieta Pérez Soledad y Pedro Fonseca Quiroz:

El ejido Tampico fue dotado de mil seis hectáreas por resolución presidencial en 1938, en lo que entonces se conocía como territorio norte de Baja California. A consecuencia del crecimiento de la ciudad de Tijuana, casi la totalidad de las mil seis hectáreas ha sido expropiada.

El 28 de agosto de 1970, el Gobierno Federal expropió 320-59-88 hectáreas, por causa de utilidad pública, entre otros destinos, para el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez. Tal expropiación nunca ha sido perfeccionada; primero, por la falta de pago de la indemnización legal y, por otra parte, por ausencia de ocupación de los terrenos expropiados, ya que la entonces paraestatal administradora de los aeropuertos sólo utilizó 285 hectáreas, en tanto los ejidatarios continuaban en posesión de las restantes.

Como los ejidatarios han estado en posesión de 79 hectáreas de las mil seis originales, la entonces paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) los acusó del supuesto delito de despojo, con denuncia abierta ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el número de averiguación previa 2436/99.

Los ejidatarios denuncian irregularidades del Tribunal Unitario Agrario, distrito 48, de Ensenada, Baja California, donde se desahoga el procedimiento del pago de indemnización. El Tribunal desechó un avalúo acorde con la Ley Agraria, que determinaba en abril de 2000 el valor de un millón 859 mil 575 pesos.

Sin embargo, ese tribunal admite un avalúo presentado por la PGR en enero de 2001 por la cantidad de un millón 165 mil 991 pesos, a pesar de que este avalúo se había elaborado en julio de 1991; es decir, 10 años atrás. Los ejidatarios impugnaron el hecho, y el tribunal ordenó a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) la elaboración de un nuevo avalúo, conforme a la Ley Agraria y a su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Al acatar supuestamente al Tribunal Agrario, la Cabin presentó en julio de 2001 un avalúo por la misma cantidad desechada; es decir, un millón 165 mil 991 pesos. En esta ocasión, el Tribunal Agrario admitió el avalúo, no obstante las objeciones ejidales. La Cabin argumentó que un nuevo avalúo "afectaría de un modo irreparable el erario público federal".

Los ejidatarios promovieron un amparo federal en el Juzgado Quinto de Distrito de Tijuana, con el número de expediente 680/2001, señalando a la Dirección Jurídica de la Cabin, al delegado de ésta en Hermosillo, Sonora, y el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, distrito 48.

El juez quinto de Distrito en Tijuana desechó nuestras pruebas, pero no fundamentó ni motivó su determinación. Los ejidatarios ya habían promovido otros amparos y quejas, que el primer tribunal remitió junto con el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde llegó en agosto de 2002.

La Secretaría General de la SCJN turnó el expediente a la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó la competencia del Tribunal Colegiado Tercero del Decimoquinto Circuito, pero sólo para el recurso de revisión número 105/2002, no para el recurso de queja.

Los ejidatarios han exigido que el pago de indemnización correspondiente debería fijarse en términos del artículo 94 de la Ley Agraria, en relación con el artículo 10 de la Ley de Expropiación.

El procedimiento por seguir es motivar tanto a la SCJN como al Consejo de la Judicatura Federal para una pronta y expedita administración de justicia, a fin de resolver el aspecto de cuál es el tribunal competente y que éste obre conforme a derecho, resolviendo la validez de un avalúo actualizado que represente el valor de los terrenos expropiados.

Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta H. Legislatura solicite al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación los informes pertinentes sobre el asunto que aquí se trata, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución, sobre el derecho a una justicia pronta y expedita.

Segundo. Que las Comisiones de Reforma Agraria, y de Justicia y Derechos Humanos conozcan del asunto y realicen el seguimiento correspondiente, a fin de que la determinación de esta Cámara llegue a las instancias federales respectivas en sus ámbitos ejecutivo y jurisdiccional a efecto de que se cumpla el mandato de la ley.

Tercero. Que esta H. Legislatura señale que la indemnización correspondiente se ajuste a los términos del artículo 94 de la Ley Agraria, en relación con el artículo 10 de la Ley de Expropiación.

Cámara de Diputados, a 30 de abril de 2003.

Dip. Jaime Martínez Veloz (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones de Reforma Agraria, y de Justicia y Derechos Humanos. Abril 30 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE ESTABLECER UNA TARIFA ELECTRICA ESPECIAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS CON CLIMA EXTREMO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA OLGA HAYDEE FLORES VELASQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003

En innumerables ocasiones, diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias han hecho uso de esta tribuna para solicitar al Ejecutivo federal el otorgamiento de tarifas especiales para los consumidores de los servicios de energía eléctrica que habitan en zonas de climas extremos o de altos niveles de humedad.

La argumentación ha sido amplia y sustentada sólidamente desde todos los ángulos posibles; así, se ha señalado la improcedencia e iniquidad de los criterios que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para la asignación de las tarifas eléctricas; asimismo, se ha dicho con justicia que al carecer de los equipos necesarios para una adecuada medición de las temperaturas de las distintas regiones del país, toma como base las mediciones que realizan la Conagua y el CILA para otros propósitos; se ha argumentado también la precaria situación económica en que viven millones de mexicanos, se ha hecho especial énfasis en los jubilados y pensionados que viven una situación de angustia que los ubica en la disyuntiva de comer o pagar la luz.

Las respuestas han sido insuficientes a todas luces, ya que hasta la fecha en las ciudades de climas extremos sigue siendo un lujo el utilizar el ventilador o el aire acondicionado para mejorar las condiciones de vida.

Este problema ha trascendido a la esfera educativa de los estados con climas extremos, ya que la facturación de los consumos de energía eléctrica de los servicios educativos que prestan los estados ha crecido considerablemente en los últimos años.

En el caso concreto del estado de Sonora, de 1998 al 2000 la facturación del suministro de energía eléctrica ha tenido un crecimiento de más del 47%.

Las causas más importantes de estos incrementos son las siguientes:

El análisis siguiente nos permite tener una idea clara de las tarifas que se cobran a los servicios educativos en el estado de Sonora:

En el 84% de los servicios educativos se paga con la tarifa 2 (tarifa comercial.)

En el 13% de los servicios educativos se cubre con la tarifa OM (comercial e industrial).

En el 3% de los servicios educativos se paga con la tarifa HM (industrial).

La Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Secretaría de Hacienda ha logrado establecer algunas tarifas especiales para la agricultura, para el bombeo de aguas y se ha hecho un esfuerzo en materia doméstica, aunque ha resultado insuficiente; no se cuenta a la fecha con una tarifa especial para un servicio de tan alta relevancia para el desarrollo del país como es la educación.

Ese es el tema central del presente punto de acuerdo, ya que la educación se ha visto afectada por el aumento progresivo y constante de las tarifas eléctricas, más allá de los índices inflacionarios.

Mucho se ha hecho en Sonora para reducir los consumos de energía eléctrica en los últimos tres años, ya que se han invertido en este concepto casi 32 millones de pesos en los siguientes rubros:

No obstante las acciones anteriores, el presupuesto originalmente asignado al servicio de energía eléctrica no alcanza para cubrir todos los gastos asociados, ocasionando que se distraigan recursos originalmente presupuestados para mejorar la educación.

El problema se agudiza en las secundarias técnicas y generales de las zonas urbanas, donde los padres de familia, como reacción a los veranos cada vez más calurosos, han sustituido el uso de enfriadores y evaporativos (coolers) por refrigeración, lo cual ha ocasionado:

La recontratación, por mayor demanda y/o reclasificación de la tarifa aplicable por la Comisión Federal de Electricidad.

Por todo lo anterior es necesaria la creación de una tarifa eléctrica de apoyo social, para los servicios educativos de las regiones con clima extremoso que considere que:

Por todo lo anteriormente expresado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar al Ejecutivo federal el establecimiento de una tarifa eléctrica especial que subsidie los servicios educativos de las zonas con clima extremoso y que permita que el presupuesto asignado en este rubro se destine a elevar el nivel educativo de los mexicanos.

Dip. Olga Haydeé Flores Velásquez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Energía. Abril 30 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE DESTINEN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA ESTUDIOS, EVALUACIONES Y COTIZACIONES QUE DETERMINEN LA FORMA DE ADQUISICION O CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PARA PEMEX, SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUSTAVO GONZALEZ BALDERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN NOMBRE DE INTEGRANTES DE LA COMISION DE MARINA, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003

Con base en los artículos 39 y 45, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Marina abajo firmantes acuerdan enviar al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, con punto de acuerdo para que se destinen recursos del Presupuesto de este ejercicio para llevar a cabo los estudios, evaluaciones y cotizaciones necesarias para determinar la mejor forma de adquisición o construcción de embarcaciones menores para Pemex a fin de renovar y complementar su flota petrolera.

Antecedentes

1. El pleno de la Comisión de Marina, el día seis de diciembre del 2000, acordó restablecer el trabajo de la Subcomisión de Marina para el Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional y la elaboración de programas y proyectos para su fomento, en donde se abordaran los aspectos legislativos para el desarrollo de esta actividad fundamental de la economía nacional.

Dentro de los considerandos que inspiró el acuerdo referido está:

1. Que al carecer de la flota necesaria para cumplir el servicio de cabotaje y apoyo costa afuera de Petróleos Mexicanos, estos servicios se suplementan con embarcaciones arrendadas de apoyo para la infraestructura marítima de la plataforma de producción petrolera de la sonda de Campeche, principalmente.

2. Que la Comisión de Marina conoce el cronograma de construcción de embarcaciones que ha preparado Pemex Exploración y Producción (PEP), en el cual se contempla un programa ambicioso de construcción naval, en el cual participaría la industria naval mexicana, con el consecuente beneficio que representa la multiplicación de fuentes de trabajo especializado.

Consideraciones

1. Es facultad del Congreso expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social.

2. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que es evidente que la flota menor de apoyo costa afuera con que cuenta Petróleos Mexicanos ha sido relegada a segundo término de manera inexplicable, olvidando que es estratégica para el apoyo y desarrollo de la infraestructura económica que representa la plataforma continental petrolera y como factor de integración territorial, enlace social y de conservación de divisas en el país.

4. Que la falta de programas de renovación de embarcaciones en que se ha dejado a buena parte de la flota menor de apoyo de Petróleos Mexicanos ha generado una dependencia excesiva y muy costosa para la nación de embarcaciones extranjeras para estos menesteres, que técnica y moralmente no tiene justificación contundente, salvo los intereses que privan en el negocio de arrendamiento.

5. Que el gasto que Petróleos Mexicanos realiza por el fletamento de embarcaciones de apoyo diversas oscila entre los 70,000 y 90,000 dólares diarios y en la sonda de Campeche operan cerca de 130 embarcaciones de esta naturaleza, de las cuales la mayoría son de bandera extranjera representando dicho gasto una mala decisión para la paraestatal, ya que con dichos recursos las navieras de banderas ajenas a México fortalecen sus economías, en detrimento de la correspondiente a los navieros mexicanos. Más aún, (PEP) podría invertirlos en la construcción o adquisición de todas aquellas embarcaciones que requiere y requerirá en el futuro, para fortalecer verdaderamente la paraestatal y dejar de ser cómodos dependientes de las embarcaciones ajenas a México.

6. Que el esquema de fletamento ha incidido en un aumento significativo en los costos de operación de transporte, y ha desplazado a cientos de marinos mercantes nacionales egresados de nuestras escuelas náuticas, al no contar con los espacios laborales que han sido ocupados por los marinos extranjeros, provocando así que los marinos mexicanos sean contratados por compañías navieras extranjeras que no cumplen a cabalidad con las prestaciones de ley garantizadas en México.

7. Que los rezagos financieros y de personal de a bordo en México son injustificables, dada la rentabilidad que podría ofrecer contar con una flotilla de embarcaciones de apoyo costa afuera propios que satisfaga la necesidad de transporte de personal, abastecimiento de cosas y tareas de mantenimiento.

8. Que es necesario erradicar la dependencia a la que nuestro país se encuentra sujeto bajo las condiciones actuales, con el propósito de eliminar la posibilidad de ser presa de los navieros extranjeros que cualquier día pudieren decidir no realizar más servicios de apoyo costa afuera, con lo cual tendríamos un verdadero problema de producción petrolera y de seguridad nacional.

9. Que la estrecha relación que con Pemex mantiene esta Comisión ha permitido observar y concluir lo siguiente:

Que es necesario y primordial preservar una flota de embarcaciones de apoyo costa afuera mexicanas y propias, de carácter estratégico para los propósitos que son conocidos en la actividad de producción petrolera en el mar, y que cumpla con los máximos estándares de seguridad y desde luego capaz de afrontar las necesidades futuras de apoyo, todo esto con el fin de evitar la dependencia de flotas extranjeras.

Que es necesario e inminente dar inicio a una etapa de sustitución de las embarcaciones de Pemex que están finalizando su vida activa, y bajo este supuesto es necesario conocer los costos, inversiones y requisitos que esto amerita.

Que es preciso reubicar los gastos efectuados por Pemex por concepto de pago por fletamento, con el fin de convertirlos en inversión y capitalización paraestatal, teniendo como objetivo la garantía del transporte y conservación de la fuente de trabajo para el personal marino de nuestro país.

10. Que es imperioso destinar recursos a la investigación técnica y comercial que permita la definición respecto de las mejores opciones para compraventa y/o construcción de las embarcaciones menores de apoyo que requiere Pemex para su operación.

11. Que la compra o construcción de embarcaciones de apoyo nuevas para Pemex PEP traerán como beneficios los siguientes:

Conservar el carácter estratégico de esta flota propia.
Modernizar esta flota propia y, con ello, reducir los riesgos de operación de acuerdo con la normatividad internacional de la que es parte México.

Mantener los activos capitalizables de la institución.

Garantizar la continuidad en el servicio de transporte de apoyo costa afuera de cabotaje adecuándolo a las necesidades actuales y futuras de demanda e infraestructura.

Reducción en los gastos de mantenimiento y reparaciones que, obviamente, son mayores en las embarcaciones actuales, así como en la disminución de los trabajos de inspección y de clase.

La posibilidad de proyectar de manera más clara y benéfica los gastos anuales de Pemex considerando los financiamientos que tendrían que obtenerse para la compra de los buques y así evitar posibles fluctuaciones del mercado de fletes para embarcaciones extranjeras.

12. Que hasta esta fecha Pemex no ha consolidado un programa permanente de sustitución de embarcaciones de apoyo costa afuera propios, dando pie a los siguientes inconvenientes: El pago de rentas que por los fletamentos no se capitaliza.

Persiste la dependencia de Pemex en las flotas extranjeras.

Se ha dado lugar a una atmósfera de problemas empresa-sindicato al tener que desplazar a las tripulaciones de su fuente de trabajo, así como al personal de mantenimiento, generando desempleo de los marinos mercantes.

Se incentivan los problemas sindicales en los puertos base de las tripulaciones mexicanas sindicalizadas.

Por lo antes expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Marina acuerdan el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que como primer paso hacia la actualización de la flota de Pemex, se programen, en conjunción con Pemex, las evaluaciones técnicas y comerciales a cargo de la Comisión de Marina tanto en México como en el extranjero para determinar las mejores opciones para el desarrollo y actualización de la flota de embarcaciones menores de Pemex, buscando definir el diseño exacto de ellas.

Segundo. Que, una vez analizadas las mejores opciones tanto de construcción como de financiamiento en México y en el extranjero, se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a Petróleos Mexicanos (PEP) los montos necesarios para concretar el proyecto de renovación de flota menor, y se etiquete ex profeso y afecte el renglón de gastos de la Dirección de Pemex Exploración y Producción para la compra de embarcaciones de apoyo costa afuera, conforme a su actividad institucional de producir, desarrollar y construir la infraestructura básica para garantizar el abasto de petróleo crudo, así como operar y sostener la infraestructura de producción, distribución y comercialización de crudo y gas. Afectaciones de asignación de gasto que correspondan en el ejercicio inmediato siguiente. Para llevar a cabo las evaluaciones tanto técnicas como comerciales a las que se refiere el presente punto de acuerdo esta Comisión de Marina se deberá coordinar con la Administración de Petróleos Mexicanos.

Tercero. Que existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación las actividades institucionales y los programas especiales necesarios para que el proyecto referido en el considerando segundo sea definido en el Presupuesto de Egresos del año siguiente inmediato como programa especial.

Cuarto. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente inmediato adscriba en las actividades institucionales de PEP como son producir, desarrollar y construir infraestructura básica para garantizar el abasto de crudo y gas, así como conservar y mantener infraestructura básica, bajo la unidad responsable de Pemex Exploración y Producción, el programa especial de renovación de la flota menor de apoyo costa afuera, que tenga como principales objetivos actualizar y desarrollar la flota mexicana y eliminar las lesivas fugas de divisas que sólo favorecen a los navieros que portan banderas ajenas a México, disminuyendo con embarcaciones nuevas sustancialmente los riesgos actuales de sufrir accidentes de carácter marítimo que pudieran tener graves repercusiones en el medio ambiente de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo, a los veintinueve días de abril de 2003.

Dip. Gustavo A. González Balderas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Marina. Abril 30 de 2003.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR QUE SE INVITE A LOS BANCOS MUNDIAL E INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO A QUE EL MICROCREDITO RECIBA PRIORIDAD SUFICIENTE EN SUS POLITICAS Y PROGRAMAS DE COMBATE DE LA POBREZA EXTREMA EN LOS PAISES MAS NECESITADOS, A EFECTO DE CUMPLIR LA DECLARACION DEL MILENIO DE NACIONES UNIDAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003

El que suscribe, diputado federal Luis Fernando Sánchez Nava, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que esta soberanía invite al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a las autoridades encargadas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a que el microcrédito reciba prioridad suficiente en sus políticas y programas encaminados a combatir la pobreza extrema en los países que más lo necesitan, a efecto de alcanzar las metas de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas.

El llamado a reducir la pobreza en todas sus expresiones, establecido en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, considera que para el año 2015 el mundo logre el objetivo global de reducir la pobreza en 50 por ciento.

Un estudio del Banco Mundial muestra que muchas de las metas están absolutamente fuera del alcance de los países más pobres, mientras que incluso en los más acomodados hay muchas regiones u otros subgrupos que se encuentran rezagados.

Afortunadamente, dicho informe también indica que es posible alcanzar esta meta en la mayoría de las regiones en desarrollo, si el ingreso per cápita creciera a 3.6 por ciento en promedio cada año. Esto implicaría duplicar la tasa de crecimiento de la década pasada; la experiencia de algunos países muestra que es posible lograrlo.

Signos alentadores se advirtieron en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación del Desarrollo en Monterrey, México, donde los líderes mundiales confirmaron su apoyo a las metas de dicha declaración, ratificando su llamado a reducir la pobreza. Sin embargo, el Banco Mundial reconoció recientemente que, a pesar del avance logrado en los años recientes, tanto los países pobres como los ricos deben hacer mucho más para que la comunidad internacional cumpla su compromiso.

El documento Las Metas del Desarrollo del Milenio, convenido por más de 180 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio en septiembre de 2000, indica que el progreso es desigual y que demasiadas regiones y países se rezagan en el esfuerzo por cumplir esas metas.

Ello nos conmina a buscar nuevos y mejores mecanismos que permitan fortalecer las acciones y los recursos que todos los países en particular y la comunidad internacional en su conjunto deberían adoptar.

En este sentido, los países pobres deberán mejorar sus políticas públicas y la gestión de sus gobiernos para abatir la pobreza, particularmente la extrema. A su vez, las naciones ricas deberían ampliar el acceso comercial y aumentar la ayuda externa a las más necesitadas.

Reconocemos que ha habido esfuerzos importantes, pero a mitad del camino resulta importante reiterar el objetivo y redoblar los esfuerzos.

En esta tarea, el Banco Mundial y los regionales para el desarrollo, encabezados por la Organización de las Naciones Unidas, han desempeñado un papel fundamental.

Estos han apoyado y acompañado diversos programas para reducir la pobreza en gran cantidad de países, lo cual nos lleva a reconocer su gran labor.

Sin embargo, los crecientes problemas sociales en el mundo demandan mayor colaboración de esas instancias pues, en muchos casos, sus recursos constituyen la principal fuente de financiamiento y apoyo de los programas de atención de las poblaciones con las mayores carencias.

No podemos cerrar los ojos ante circunstancias tan críticas como las que hoy se viven en el mundo. Como seres humanos, compartimos los problemas de nuestro tiempo, particularmente los de la pobreza de casi 3 mil millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios, esto es, casi la mitad de la población del planeta, pero en situación todavía más crítica se encuentran mil 200 millones de personas que sobreviven con menos de un dólar diario.

Por eso todos los países deberían redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza.

En muchas partes del mundo, los pobres tienen acceso limitado a las libertades fundamentales de acción y decisión; con frecuencia carecen de vivienda y alimentos y de servicios de educación y salud adecuados.

Esas privaciones les impiden adoptar el tipo de vida que todos deseamos para nosotros mismos. Las poblaciones en condición de pobreza también son muy vulnerables a las enfermedades, a los problemas económicos y a los desastres naturales.

Por si eso fuera poco, en muchas ocasiones son tratados en forma vejatoria por las instituciones de los Estados y la sociedad, y carecen de poder para influir en las decisiones clave que las afectan. Para revertir esas situaciones se ha adoptado una serie de estrategias a partir de las cuales se han desarrollado acciones y programas que buscan mejorar sus condiciones de vida.

Las metas de desarrollo del milenio, expresadas en Naciones Unidas, plantearon la construcción de un mundo más seguro y equitativo, donde la pobreza tuviera una reducción sustantiva, demostrando que los programas de desarrollo están haciendo una verdadera diferencia.

Cada una de las metas planteadas es importante por sí misma, pero también debemos visualizarlas en conjunto, ya que se refuerzan mutuamente.

Una mejor nutrición y atención de salud básica aumenta el aprendizaje y la productividad. Y una mejor educación, especialmente de las mujeres, redunda en mejores condiciones de salud.

La reducción de la pobreza proporciona a la gente mayores recursos para aspirar a una mejor educación y atención de salud y a un medio más limpio.

El momento es por tanto propicio para solicitar a instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD que redoblen sus esfuerzos en el logro de los objetivos acordados durante la Cumbre Mundial de Microcrédito, efectuada en noviembre del año pasado, especialmente en el financiamiento creciente, otorgando aumentos sustanciales de recursos a las instituciones financieras con que colaboran, y destinar por lo menos la mitad de sus fondos de microcrédito a las personas en pobreza extrema, de tal manera que los préstamos y las concesiones dirigidos al microfinanciamiento alcancen en realidad a los más pobres, que tienen ingresos por debajo de un dólar diario, y que se tomen medidas para verificar que esto suceda.

Lo más importante de esta medida es que permitirá asegurarnos de que, antes de finalizar 2005, las instituciones de microfinanciamiento con que trabajan dichos bancos sean instadas a utilizar herramientas de alta eficiencia y bajo costo, para medir la pobreza extrema y verificar cuántas familias que inician con ingresos por debajo de un dólar diario, utilizando esta herramienta o similares, han incrementado sus ingresos por arriba de esa cifra.

Por eso hoy acudimos a esta tribuna para convocar a todos los presentes a sumamos en un esfuerzo con otros cientos de legisladores en otras latitudes, y emitamos esta declaración conjunta solicitando al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la ONU, que atiende esta necesidad mediante el PNUD, que el microfinanciamiento para los más pobres reciba prioridad suficiente en las políticas y prácticas encaminadas a terminar con la pobreza extrema.

Las medidas adoptadas por los países desarrollados y las organizaciones multilaterales serán de importancia fundamental.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emita una declaración oficial para solicitar respetuosamente a las autoridades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y las encargadas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a que fortalezcan sus acciones y programas para erradicar la pobreza en los países que más lo necesitan, a efecto de alcanzar las metas de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, a través del financiamiento creciente para el microcrédito y dirigir la mitad de éste a las personas que viven en pobreza extrema.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de abril de 2003.

Dip. Luis Fernando Sánchez Nava (rúbrica)
 

James D. Wolfensohn
Presidente del Banco Mundial

Enrique Iglesias
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

Mark Malloch Brown
Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Estimados Señores:

Nos alegra el interés mostrado por ustedes en que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), convenidos por más de 180 jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre del Milenio en septiembre de 2000, sea una realidad.

Creemos que alcanzar esas metas, que incluyen el desarrollo pleno de las mujeres y la reducción de la pobreza a la mitad entre 1990 y 2015, es crucial para la construcción de un mundo más seguro y más equitativo. Y demostrará a nuestros electores que los programas de desarrollo están haciendo una verdadera diferencia.

Nos motiva a escribir esta carta nuestra preocupación por el hecho de que el microfinanciamiento para los más pobres no ha recibido prioridad suficiente en sus políticas y prácticas dirigidas a terminar con la pobreza extrema al menos en 50 por ciento antes de 2015, el más importante y difícil de los ODM.

Por importante que sea apoyar los programas de salud, educación y buen gobierno, entre otros, esto por sí solo no nos garantizará que unos 600 millones de personas salgan de la pobreza en que viven.

Dado que el microfinanciamiento ha demostrado que tiene repercusiones directas en mejorar la calidad de vida del muy pobre, el papel que desempeña como herramienta para reducir la pobreza es crucial. Por ejemplo, el Grupo Consultivo para Asistir a los más Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés) encontró que 72.5 por ciento de los que se incorporaron al programa de microfinanciamiento Share en India vivía con menos de un dólar diario.

Una medición de impacto de Share hecha por la herramienta AIMS de la USAID (que determina las repercusiones de los servicios en las microempresas) encontró que la tercera parte de los beneficiarios "maduros" había salido de la pobreza y que 40 por ciento había pasado de la pobreza extrema a la moderada. Además, Share en India es un programa financieramente autosuficiente en 100 por ciento.

La experiencia de Share en India no es un caso aislado, pero se requieren todavía muchos más programas como éste. Las instituciones que ustedes representan pueden desempeñar un papel vital en la consolidación de su desarrollo. Por esa razón nos gustaría ver realizado lo siguiente:

1. Incrementar los fondos para el Microfinanciamiento. Debe haber aumentos sustanciales en la proporción de los préstamos y subsidios destinados al microcrédito provenientes de las instituciones que ustedes representan y garantías de que llegarán realmente a los más pobres. Por ejemplo, el Banco Mundial estima que un promedio de 168 millones en financiamiento es aprobado cada año para el microfinanciamiento, lo cual representa menos de 1 por ciento de los recursos que el Banco aprueba cada año. En un caso así, creemos que los recursos deberían al menos ser duplicados y que la calidad de la cartera de microfinanciamiento asistida debería reflejar los aspectos planteados en los dos numerales siguientes.

2. Que por lo menos 50 por ciento de los fondos para el microfinanciamiento alcancen a los más pobres. Antes del 31 de diciembre de 2004, sus instituciones deberían comprometerse a que por lo menos 50 por ciento de sus fondos destinados al microfinanciamiento alcancen a personas que tengan ingresos por debajo de un dólar diario al inicio del programa y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que esto suceda.

3. Utilización de instrumentos de medición de la pobreza de alta eficiencia y bajo costo que nos garanticen alcanzar la meta. Esto es quizá lo más importante: que, antes del 31 de diciembre de 2005, las instituciones de microfinanciamiento con que ustedes trabajan sean instadas a utilizar dichas herramientas de medición de la pobreza extrema, de alta eficiencia y bajo costo, que nos permitan verificar utilizando esta herramienta o similares cuántas familias que inician con ingresos por debajo de un dólar diario han incrementado sus ingresos por arriba de esa cifra.

4. La divulgación anual de los resultados. Que, antes del 31 de diciembre de 2006, sus instituciones divulguen, sobre una base anual, la cantidad de fondos proporcionados para el microfinanciamiento y el porcentaje de esos fondos que lograron alcanzar a familias que iniciaron en el programa con ingresos por debajo de un dólar diario, usando cualquiera de las herramientas certificadas que habrán sido desarrolladas en 2004 y 2005.

Un proceso realmente importante tiene lugar en Estados Unidos y está creando ya un cambio positivo entre las redes estadounidenses de microfinanciamiento. Creemos que este proceso puede tener repercusiones profundas y positivas. De hecho, una nueva ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado de EU el año pasado y entrará en vigor este año. En ella se propone que la mitad de los fondos estadounidenses para microempresas financie a familias con ingresos por debajo de un dólar diario.

La legislación establecería que 1. USAID desarrolle antes de octubre de 2004, en colaboración con otros participantes, por lo menos dos herramientas eficaces que medirían el número de familias que se incorporaron a un programa de microempresas con ingresos por debajo de un dólar diario; 2. Prácticamente todas las instituciones que reciben fondos para microempresas deberán utilizar una de esas herramientas antes de octubre de 2005; y 3. El administrador de USAID deberá presentar un informe anual al Congreso a partir de 2006. Creemos que las instituciones que ustedes representan deben ser una parte vital de este proceso y quisiéramos saber qué acciones tomarán ustedes para adoptar un procedimiento similar.

Creemos que, dada la naturaleza de sus instituciones y de su influencia sobre los gobiernos, ustedes deberían desempeñar un papel más importante en la creación de fondos autónomos destinados al microcrédito, como es el caso de la Fundación Palli Karma-Sahayak (PKSF, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno de Bangladesh. La PKSF ha podido destinar fondos recibidos de un importante número de donantes, incluidos más de 250 millones de dólares en préstamos del Banco Mundial, a organizaciones no gubernamentales que alcanzan a millones de mujeres muy pobres en Bangladesh. Esa clase de instituciones y este éxito no deberían ser la excepción sino la regla.

También pedimos que ustedes utilicen sus buenas relaciones con gobiernos y su maestría reconocida para hacer más simples las restricciones legales, como requisitos mínimos de capital excesivos o la prohibición de movilizar ahorros, para permitir un completo desarrollo de las instituciones de microcrédito que atienden a los más pobres.

Esperamos que ustedes reciban los retos presentados en esta carta, con el espíritu de socios y el compromiso compartido de construir un mundo mejor.

Podemos reducir la pobreza extrema a la mitad antes de 2015, pero solamente si el microcrédito otorgado a los más pobres se incluye como uno de los pilares de este esfuerzo.

Gracias de antemano por su atención en tan importante materia. Esperamos su respuesta y la oportunidad para conversar en persona sobre estos temas.

Diputados: Jorge A. Lara Rivera, Juan Carlos Pallares Bueno, Luis Alberto Villarreal García, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Rómulo Garza Martínez, Daniel Ramírez del Valle, José Tomás Lozano y Pardinas, Carlos A. Flores Gutiérrez, Francisco García Cabeza de Vaca, Tereso Martínez Aldana, Rafael Ramírez Sánchez, José María Tejeda Vázquez, José de Jesús López Sandoval, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Amado Olvera Castillo, Manuel Castro y del Valle, María Elena Chávez Palacios, Oscar Ochoa Patrón, José Delfino Garcés Martínez, José Francisco Blake Mora, Alejandro Zapata Perogordo, Ricardo Moreno Bastida, Gabriela Cuevas Barrón, Mercedes Hernández Rojas, Gustavo Buenrostro Díaz, Ramón Soto Reséndiz, Bernardo Borbón Vilches, Lucio Fernández González, David Augusto Sotelo Rosas, Gumercindo Alvarez Sotelo, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, José Alfredo Botello Montes, Raúl Gracia Guzmán, Verónica Sada Pérez, José Marcos Aguilar Moreno, José Carlos Borunda Zaragoza, Luis Fernando Sánchez Nava, Marco Vinicio Juárez Fierro, Felipe Olvera Nieto, Héctor Méndez Alarcón, Alicia Ricalde Magaña, Marcos Pérez Esquer, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Lionel Funes Díaz, ArturoUrquidi Astorga, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Mario Reyes Oviedo, Juan Mandujano Ramírez, Arturo Díaz Ornelas, Juan Manuel Duarte Dávila, Carlos N. Villegas Flores, Francisco Guadarrama López, Nelly Campos Quiroz, Martha Ruth del Toro Gaytán, Néstor Villarreal Castro, Francisco Luis Treviño Cabello, José María Rivera Cabello, Arcelia Arredondo García, María Eugenia Galván Antillón, Máximo Soto Gómez, Francisco Ramírez Cabrera, Enrique Villa Preciado, Raúl García Velázquez, Nohelia Linares González, Tomás Ríos Bernal, Juan Carlos Sainz Lozano, Javier Rodríguez Ferrusca, María Teresa Tapia Bahena, Benjamín Avila Márquez, José Roque Rodríguez López, Moisés Alcalde Virgen, Alfonso G. Bravo y Mier, Héctor Taboada Contreras, Francisco E. Jurado Contreras, Baldemar Romero Reyna, Martín Gerardo Morales Barragán, Eduardo Rivera Pérez, Fernando Ugalde Cardona, Julio César Lizárraga López, Alfonso Sánchez Rodríguez, María Cruz Martínez Colín, Jaime Salazar Silva, Ramón Ponce Contreras, Mauro Huerta Díaz, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Gutiérrez Hernández, Edgar Eduardo Alvarado García, José Bañales Castro, Hilario Esquivel Martínez, Alberto Cano Cortezano, Adrián Salvador Galarza González, Benjamín Muciño Pérez, Silvia Alvarez Bruneliere.

(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Abril 30 de 2003.)
 
 















Comunicaciones
DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, INDICADORES BASICOS DE LA ECONOMIA MEXICANA Y LAS FINANZAS PUBLICAS.
 
 
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES
  2002 2003
  May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr
Producción
(variación porcentual anual)
IGAE1 1.6 0.6 2.9 1.3 1.4 2.4 1.0 2.7 2.1 2.0 - -
Producción manufacturera2 0.1 -1.5 1.9 -0.6 -0.9 1.2 -1.1 1.4 -0.5 0.4 - -
Empleo, Salarios y Productividad
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 2.7 2.4 2.9 2.8 3.1 2.7 2.6 2.1 2.8 2.8 2.8 -
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 12,436 12,441 12,466 12,445 12,473 12,583 12,612 12,425 12,360 12,398 12,440 -
Personal ocupado sec. Manuf.(var.% anual) -5.4 -5.3 -4.4 -4.3 -4.3 -3.7 -4.0 -3.8 -2.9 -3.1 - -
Productividad en la ind. Manuf.(var.% anual)5 5.4 5.2 4.3 4.1 5.0 4.8 3.5 4.1 3.6 3.9 - -
Salario base de cotización al IMSS 6 140.1 139.5 138.9 138.4 137.2 136.6 137.7 137.1 140.9 140.5 - -
Remuneraciones medias ind. Manufac.7 3.7 -0.2 0.4 0.4 0.6 2.7 -2.2 -1.0 1.0 0.7 - -
Inflación 8
(variación porcentual)
Mensual 0.2 0.5 0.3 0.4 0.6 0.4 0.8 0.4 0.4 0.3 0.6 0.2
Acumulada 2.1 2.6 2.9 3.3 3.9 4.4 5.2 5.7 0.4 0.7 1.3 1.5
Anual 4.7 4.9 5.5 5.3 4.9 4.9 5.4 5.7 5.2 5.5 5.6 5.2
Sector Monetario y Financiero  
Tipo de cambio (pesos por dólar,promedio) 9 9.5 9.7 9.8 9.8 10.0 10.1 10.2 10.2 10.6 10.9 10.9 10.6
Cetes 28 días (%) 6.6 7.3 7.4 6.7 7.3 7.7 7.3 6.9 8.3 9.0 9.2 7.9
Reservas Internacionales (mdd) 41,594 42,723 43,740 44,273 45,108 45,234 45,239 47,984 49,440 50,315 51,988 53,732
Sector Externo
(millones de dólares)
Balanza comercial 10 -524 -335 -536 -545 -426 -1,005 -1,208 -1,224 -269 54 -162 -
Exportaciones 13,921 13,184 14,025 13,756 13,637 14,671 13,190 13,356 12,476 12,926 13,824 -
Importaciones 14,445 13,519 14,561 14,301 14,064 15,677 14,398 14,580 12,745 12,872 13,986 -
Petróleo
Precio mezcla mexicana (USD por barril) 22.5 22.1 22.2 24.2 25.1 22.5 20.9 24.7 27.9 27.8 23.8 -
Volumen de exportaciones (mbd) 1,660 1,680 1,693 1,690 1,690 1,691 1,691 1,690 1,793 1,880 1,879 -
Finanzas Públicas
(millones de pesos)
Balance Público11 9,149 3,873 -26,549 6,534 9,371 -1,705 -1,244 -85,958 9,696 3,551 - -
Balance Presupuestario 10,367 1,079 -27,550 3,489 9,917 -3,148 3,758 -83,962 13,187 3,027 - -
Ingresos Presupuestarios 110,410 125,917 115,740 111,115 120,456 113,813 110,217 144,693 144,287 123,172 - -
Gasto neto presupuestario 100,043 124,838 143,291 107,626 110,539 116,961 106,459 228,654 131,100 120,146 - -
Balance No Presupuestario -1,218 2,794 1,001 3,045 -546 1,443 -5,003 -1,997 -3,491 524 - -
Balance Público Primario 25,426 22,445 -5,408 26,666 25,829 6,828 11,392 -77,543 33,409 16,035 - -
Deuda pública externa bruta (mdd) 78,650 77,950 77,330 77,728 78,891 77,738 78,019 78,818 78,425 80,859 - -
Deuda pública interna bruta 721,226 733,285 758,440 759,121 760,653 770,387 778,900 821,287 815,050 853,962 - -
Economía Internacional
Estados Unidos                        
Índice de producción industrial 12 -1.3 -0.3 0.5 0.6 1.2 1.0 1.8 1.4 1.7 1.4 0.5 -
Inflación mensual (%) 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.6 0.3 -
Inflación acumulada (%) 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 0.3 0.9 1.3 -
Balanza comercial (mdd) -36,953 -36,681 -35,083 -38,000 -37,171 -35,315 -40,161 -44,877 -41,233 -40,324 - -
Exportaciones (mdd) 81,433 82,364 83,201 83,031 82,684 81,939 82,977 80,626 82,031 82,448 - -
Importaciones (mdd) 118,386 119,045 118,284 121,031 119,855 117,254 123,138 125,503 123,264 122,772 - -
Tasa Prime Rate (promedio % anual) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Tasa Libor un mes (promedio % anual) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Euro (pesos por divisa) 8.7 9.3 9.7 9.6 9.8 9.9 10.2 10.4 11.2 11.8 11.8 11.6
Yen (divisa por peso) 13.3 12.7 12.0 12.1 12.1 12.3 11.9 12.0 11.2 10.9 10.8 11.3
                         

 
 
Indicadores Oportunos 2002 - 2003
  Fecha 2002 2003
Inflación      
Acumulada (var.%) 2da. quincena de abril 1.49 1.45
Mensual13 (var.%) " 0.19 0.06
Tipo de cambio (pesos por dólar) 9 de mayo 9.45 10.11
Cetes 28 días (%) 8 de mayo 5.67 5.82
Reservas internacionales netas (mdd) 2 de mayo 41,378.80 53,734.80
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo 8 de mayo 23.64 21.87
Tasas de interés (promedio % anual) 9 de mayo    
Prime Rate " 4.75 4.25
Libor 1 mes  " 1.84 1.31
Tipos de cambio (divisa por peso) 5 de mayo    
Euro " 0.12 0.09
Yen " 13.59 11.60

 
 
Futuros
  Fecha del reporte            
  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tipo de cambio (pesos por dólar) 09/05/03 10.12 10.18 10.23 10.29 10.33 10.38 10.46 10.49
Brent crudo (precio en USD por barril) 09/05/03 - 25.10 25.04 24.98 24.90 24.82 24.71 24.59
mdd.- millones de dólares; mbd.-millones de barriles diarios.
1.- El Indicador Global de la Actividad Económica marca la tendencia en el comportamiento del PIB. Considera encuestas y datos estadísticos de las distintas actividades económicas.
2.- Se refiere a la variación % anual del Índice de volumen físico de la producción manufacturera. Base 1993=100.
3.- Porcentaje de la Población Económicamente Activa.
4.- No incluye seguro facultativo, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria.
5.- Se refiere al índice de producción por hora-hombre trabajada en la industria manufacturera, 1993=100.
6.- Diario, promedio del mes a pesos del 2000.
7.- Por persona en términos reales. Variación porcentual anual.
8.- De acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor 1994=100.
9.- FIX. Aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
10.- Cifras oportunas a marzo de 2003.
11.- En diciembre de 2002 se incluyen los registros contables correspondientes a las operaciones asociadas a la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural S.N.C. y la creación de la Financiera Rural.
12.- Base 1997=100. (Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior).
13.- Se refiere a la variación respecto a la quincena anterior.
FUENTE: Elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de INEGI, BANXICO, SE, PEMEX, Federal Reserve, U.S. Department of Labor y U.S. Census Bureau.

 
 















Convocatorias
DE LA COMISION DE TRANSPORTES

Conjuntamente con la Comisión de Marina, al panel de Transporte multimodal: retos y perspectivas del modo marítimo, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Atentamente
Dip. O. Eugenio Pérez Cruz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Al Foro de Consulta Nacional sobre Sistema de Amparo y Protección Constitucional, que se llevará a cabo el jueves 15 de mayo, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente