Los CC. diputados federales Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere y José Ramón Mantilla y González de la Llave, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se haga un "plan maestro de reingeniería de procesos dentro del Congreso de la Unión, a fin de que se eficientice y profesionalice la labor legislativa".
Exposición de Motivos
La pluralidad del Congreso de la Unión, reflejada en la composición actual de la honorable Cámara de Diputados y la de Senadores, no es otra cosa sino la manifestación más clara de que los distintos sectores de la sociedad cuentan con sus representantes en la más alta tribuna de la nación.
Así, las voces de México convergen en la figura de los diversos legisladores de las distintas fracciones parlamentarias.
Nosotros tenemos la obligación de hacer llegar los reclamos y demandas de la población para que después de escuchar todas y cada una de ellas, se tome la decisión que mejor convenga a México y a los mexicanos.
En este sentido, el pueblo de México ha sufrido y ha sido el testigo de la reconversión, pero también del deterioro de algunas de las instituciones públicas más importantes para la vida política de nuestro país, en este marco se puede mencionar incluso a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en efecto los tres Poderes de la Unión, razón por la cual es urgente entrar a la reflexión política de las razones que han generado este escenario que es percibido por los ciudadanos.
Es tiempo de que todos los partidos políticos, el sector académico y de investigación, el sector social y empresarial se corresponsabilicen para que cada instancia o nivel de gobierno, sea analizada responsablemente, a efecto de propiciar la crítica sana y propositiva a nuestros gobernantes, y con ello un México moderno y eficiente, pero al mismo tiempo con un amplio sentido social.
Es por ello que esta soberanía, reiteramos, no puede ser ajena a las críticas, propuestas y demandas que emanen del pueblo, menos tratándose del Poder Legislativo federal, icono de la soberanía de todo mexicano.
En este contexto es que, como representantes de los ciudadanos, debemos de preocuparnos por seguir haciendo leyes y estar atentos a los reclamos populares, sin que esto, estimados colegas, signifique seguir haciendo lo mismo que las anteriores Legislaturas, que sin pretender siquiera calificar su accionar, se desenvolvieron conforme a su "tiempo" y su "circunstancia", que son los dos elementos más importantes que en nuestro quehacer perfilan las decisiones y las políticas de Estado, es por ello que sin ser una reforma estructural, pedimos a esta H. asamblea que nos demos a la tarea de reformar integralmente la organización de esta Cámara en sus procesos administrativos, no legales.
En este sentido, nosotros, como legisladores, hemos percibido que específicamente la Cámara de Diputados está sumida en diversas inercias del pasado que valdría la pena estudiar y analizar para tratar de identificar cuáles de esas inercias se convierten ciertamente en "sinergias" y así redoblar esfuerzos y mantenerlas, pero también debemos identificar aquellas prácticas que sean un lastre para desecharlas del quehacer parlamentario.
Actualmente la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está integrada por un secretario general y dos secretarios, uno de Servicios Parlamentarios y otro de Servicios Administrativos y Financieros; una Coordinación de Comunicación Social y la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, que a su vez están integrados por más de 16 direcciones generales y un sinfín más de funcionarios que laboran en esta Cámara, sin que a ciencia cierta se conozca si su esfuerzo es bien empleado o no por este Poder Legislativo, a los que trabajan cada día por México, un reconocimiento.
Es por todos conocido que existen datos que señalan que al pueblo de México, los diputados le cuestan diariamente más de ocho millones de pesos, es decir que anualmente la Cámara baja está erogando más de 3,200 millones de pesos.
Se dice también que, en promedio y considerando al personal sindicalizado, por cada diputado, al menos en papel, existen 7 personas trabajando, aunque en la realidad algunos compañeros no tengan más allá de un solo colaborador.
Es evidente que, aunado a estas cifras y a estos hechos, ciertamente preocupantes y, por qué no, censurables, el deterioro de las instalaciones de la casa del pueblo, de la Cámara de Diputados, está hoy por hoy en su más alto nivel; no existe, por ejemplo, un lugar digno para realizar los honores a nuestra insignia nacional, no existe un entorno o espacios agradables para la convivencia del personal, la desorganización se observa en el contraste de las oficinas que albergan algunos compañeros, algunas con dimensiones poco vistas y otras tan reducidas que sólo pueden laborar una o dos personas.
A continuación nos permitimos citar algunas anomalías detectadas, que varían de diputado a diputado y de comisión en comisión y que podrían resumirse en los siguientes puntos:
El grupo parlamentario de Acción Nacional propone que a esos trabajadores que están gozando de una percepción económica sin merecerlo se les invite a un programa de evaluación técnica y se les capacite para que dentro de un término que esta propia Cámara acuerde, se pongan a prueba, y si no tienen la capacidad para desempeñar el trabajo o comisión, se les indemnice conforme a la ley.
Lo urgente Y, antes de continuar, hacemos un paréntesis para invitarlos a que consulten el portal en Internet de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial bajo la dirección electrónica www.cddhcu.gob.mx/comisiones/comercio, donde la difusión de nuestra labor y participación ciudadana es una realidad y claro ejemplo de que si se suman esfuerzos podríamos dignificar aún más la imagen de esta honorable Cámara de Diputados, con una reorganización laboral, técnica y administrativa en esta Cámara.
Esto redundará, muy seguramente, en la agilización de los trabajos de la Cámara y servirá de mecanismo que inhiba la congeladora legislativa, ya que al transparentar nuestra actividad y hacerla más accesible fomentaremos la participación ciudadana.
Finalmente, este punto de acuerdo sólo persigue reconocer una triste realidad en la que se ha venido situando a la Cámara de Diputados, para que una vez identificadas las causas de esta situación se analice y se realice un programa maestro de reingeniería de procesos dentro de la Cámara de Diputados, que persiga la real y verdadera profesionalización de los servidores públicos, la eficientización de los procesos legislativos, la instrumentación de políticas que tiendan a la optimización de los recursos públicos, la remodelación de las instalaciones, la permanente evaluación de todas las áreas para la mejora continua y conocer públicamente y en forma por demás transparente el entorno de esta Cámara de Diputados.
Por lo antes expuesto, proponemos a esta soberanía que, dado que este Congreso está recuperando su verdadera función de Poder de la Unión, donde se discutan, analicen y hagan leyes, se refuercen los cuadros técnicos, bajo el siguiente
Punto de Acuerdo Primero: Que la Secretaría General de la honorable Cámara de Diputados se aboque a identificar el estado general en el que se encuentra la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y realice un programa maestro de reingeniería de procesos que persiga la real y verdadera profesionalización de los servidores públicos y la eficientización de los procesos legislativos.
Segundo: Se instrumente una política que tienda a la optimización de los recursos públicos y a la permanente evaluación de todas las áreas para la mejora continua.
Tercero: La consideración por parte de las autoridades de la construcción de salones de discusión, así como el equipamiento óptimo de los mismos.
Cuarto: Proponemos que todas las comisiones y comités, sin excepción, de esta Cámara tengan una página de Internet en la que aparezcan todas las iniciativas y puntos de acuerdo y su respectivo dictamen, en la que señalen todos los datos de los proyectos legislativos que les son asignados a fin de que se informe los 365 días del año, las 24 horas del día, qué se está haciendo respecto a cada iniciativa o punto de acuerdo que les sean turnados por la Mesa Directiva de esta Cámara.
Quinto: Que se revise la conformación, la estructura administrativa, el espacio de oficinas de las comisiones ordinarias que conforme a las estadísticas de esta Cámara sean las más demandadas, ya sea por su importancia y trascendencia cotidianas como por la materia técnica que tienen a su cargo, con el objeto de que se les dote del personal necesario y el presupuesto suficiente para desahogar sus dictámenes y estudios correspondientes, creando para tal efecto la figura del coordinador general de asesores de una comisión, el cual proponemos que sea designado por el presidente de cada comisión, a efecto de que se aboque al análisis y estudio de los temas que le sean turnados a la comisión, ello sin perjuicio de que siga el secretario técnico de la comisión, quien deberá seguir ocupándose de las cuestiones administrativas y logísticas de los miembros de la comisión, solicitando además que el secretario técnico dependa directamente de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Sexto: Se regularice la planta de asesores y secretarios técnicos conforme a la ley, dándoles las prestaciones y sueldos que su actividad demanda; necesitamos que los mejores abogados, economistas, actuarios, biólogos, médicos sean nuestros asesores; de su labor depende en gran medida la calidad de nuestro trabajo.
Un merecido reconocimiento a su labor.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 30 de abril de 2003. Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbricas). (Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Abril 30 de 2003.)
RESPECTO A LAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CDPPN, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003 Los veracruzanos organizados en la Coalición Regional de Resistencia Civil por la Reclasificación de las Tarifas de la Energía Eléctrica están conscientes de que, unidos y demandando sus derechos, podrán lograr la reclasificación de las tarifas de la energía eléctrica, entre otros puntos importantes, así como el pago debido y no excesivo de ésta.
Su movimiento nace como una necesidad ciudadana de buscar los canales adecuados para solucionar el cobro excesivo de luz y lograr la reclasificación de los costos de ésta, por no estar en condiciones reales de pagar las actuales cantidades y en virtud de que los usuarios son en su mayoría gente que vive en pobreza extrema.
Los coalicionistas se han organizado y demandado mediante diversas movilizaciones la atención urgente de este grave problema, que afecta a los 45 mil 314 usuarios-coalicionistas que participan en el movimiento y que representan de alguna forma u otra los intereses de la sociedad pobre de Veracruz.
Respecto al consumo de luz, demandan el respeto de los usuarios de energía eléctrica en resistencia civil, a fin de que el problema se dirima en una mesa de diálogo que sea instalada con la mayor brevedad en la zona de afectación y con la presencia personal del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Proponen la reclasificación de la tarifa de energía eléctrica con tarifa 1-f preferencial a 0.10 centavos kw/h, sin que medien aspectos climáticos de la región; más bien, que se basen en las condiciones socioeconómicas tan lamentables y extremas existentes en Veracruz, estado que además es productor de petróleo y de energías hidroeléctrica e -incluso- nuclear.
Desean que se condone la deuda de los usuarios en resistencia civil por el tiempo que dure el conflicto, así como que se revisen los medidores, pues las cantidades que llegan en cada recibo son exageradas.
Que se elimine la tarifa 02 comercial a los pequeños comercios (changarros) en todos los municipios de Veracruz y que se les cobre la tarifa domiciliaria propuesta anteriormente, también sin límites.
Que se consideren descuentos de 20 por ciento a grupos vulnerables en el estado, además de que se implante un método confiable que garantice la efectividad de los medidores.
Por ello proponen colocar un sello que garantice la inviolabilidad de los aparatos de medición; además, que el usuario tenga acceso a la verificación e instalación del sello.
Que los próximos encuentros entre la CFE y las autoridades federales se lleven a cabo con la participación directa de los representantes de los comités de resistencia civil, en su calidad de peticionarios.
Lo planteado por los coalicionistas resulta de los acuerdos tomados en la última reunión que la coalición regional realizó, el 22 de marzo de 2003, en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, con la presencia de los grupos representativos de los usuarios inconformes, quienes acordaron además, ante la indignación que priva por los altos costos y la falta de reclasificación de las tarifas eléctricas, asumir una postura más activa, traducida en la manifestación física de todos los afectados en la carretera Transístmica (desviación San Pedro Soteapan) para el 31 de marzo, a partir de las 6 a.m., hasta el 1 de abril, a la misma hora.
No omito decir que la lucha que emprenden es resultado de una movilización apolítica y plural, que sólo busca encontrar soluciones de las violaciones de los derechos ciudadanos.
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica) (Turnada a la Comisión de Energía. Abril 30 de 2003.)
RESPECTO A LA VIVIENDA DIGNA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN, DE CDPPN, Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de todo mexicano a obtener una vivienda digna y disfrutar de ésta, estableciendo los mecanismos para acceder a ella.
La vivienda es el espacio por excelencia de crecimiento social, donde la célula familiar convive, se recrea, y programa y establece su propio destino en la vida y, por tanto, el del país. Sin embargo, muchas familias viven en verdaderas zonas de hacinamiento, aun si son trabajadores del Estado o tienen alguna prestación social, por falta de casa propia, con lo que este derecho sigue siendo mera declaración dogmática.
En algunos casos, las viviendas no se han construido, pero en otros existen y se encuentran abandonadas, ya sea construidas por el Estado o por la iniciativa privada. Los trabajadores no pueden comprarlas precisamente porque no les son ofrecidas, por trámites burocráticos o por su alto costo; tales casas representan además lugares de peligros inimaginables para la sociedad.
En una de esas casas abandonadas de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la colonia Lucas Martín, en marzo del año pasado, una menor de edad fue deshonrada y asesinada por una pandilla juvenil. Las viviendas siguen sin tapiar, y no se sabe quién es el propietario.
En ese tenor, 70 por ciento de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es sujeto de crédito porque recibe menos de tres salarios mínimos o el Programa de Vivienda del Gobierno Federal 2000-2006 no habla, por ejemplo, de dar facilidades a las comunidades para que ellas mismas construyan sus viviendas, además de que el gobierno apenas si dedica 2 por ciento de sus fondos a la mejora de la vivienda -precaria- que construye la población en situación de pobreza.
Se pretende por tanto que las viviendas de interés social construidas por el Estado o por particulares que se encuentren baldías sean reasignadas a quien realmente las necesita, incluidos los cuerpos de seguridad pública, que muchas veces no cuentan con esa prestación.
Se trata además de acabar con influyentismos, que provocaron en el pasado reciente la entrega de viviendas a quienes no las necesitaban, lo cual ocasionó que departamentos o casas de muchas unidades habitaciones estén sin habitar.
Por otra parte, las viviendas construidas por empresas privadas y que se encuentran también abandonadas, nido de maleantes, deben ser vendidas con la mayor brevedad mediante el concurso y la supervisión estatales para evitar actos de cobros indebidos, clásicos en muchas empresas particulares.
Punto de Acuerdo Unico. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite del Gobierno Federal un censo nacional de viviendas nuevas, en construcción, por terminar de construir, en obra negra, abandonadas o baldías, a fin de que con la mayor brevedad puedan entregarse mediante créditos módicos a las familias que las soliciten.
Asimismo, que las viviendas construidas por empresas privadas y que se encuentran abandonadas sean vendidas con la mayor brevedad mediante el concurso y la supervisión estatales para evitar actos de cobros indebidos, clásicos en muchas empresas particulares.
Dip. José Manuel del Río Virgen (rúbrica) (Turnada a la Comisión de Vivienda. Abril 30 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL IMPIDA QUE LA EMPRESA SEMPRA ENERGY CONSTITUYA UN MONOPOLIO Y CONSTRUYA Y OPERE UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO EN BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO Y ENTREGADA EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición.
El artículo 28 de la Constitución establece con claridad la prohibición de monopolios y las prácticas monopólicas. Señala asimismo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario que tengan por objeto el alza de los precios.
A pesar de lo claro de la prohibición constitucional arriba señalada, el Gobierno de la República, específicamente la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como el gobierno de Baja California, están impulsando la conformación de un monopolio a favor de Sempra Energy, empresa estadounidense que controla la mayor parte de la infraestructura de transporte en el sur del estado de California, EUA, que también controla todos los sistemas de distribución de gas natural y electricidad a usuarios residenciales e industriales en la misma región y controla los dos únicos cruces fronterizos de transporte de gas natural entre Estados Unidos y el estado de Baja California.
Adicionalmente a la infraestructura de gas natural mencionada, Sempra Energy es propietaria de Termoeléctrica de Mexicali, planta de generación eléctrica de 650 Mw, basada en gas natural, dedicada a la exportación de energía eléctrica a Estados Unidos de América.
Finalmente, una de las filiales de comercialización de gas natural de Sempra Energy es el principal usuario de los sistemas de transporte mencionados y el principal suministrador de gas natural en el estado, atendiendo principalmente las necesidades de la CFE, de su empresa distribuidora de gas natural y de su empresa generadora de energía eléctrica.
Como se puede apreciar, Sempra Energy es el único transportista, distribuidor, suministrador y consumidor de gas natural en el estado de Baja California.
Esta concentración de la infraestructura para la conducción de gas natural, tanto en Baja California, México, como en California, EUA, en manos de una sola empresa ya ha tenido efectos negativos para el desarrollo de infraestructura adicional, como fue el caso de la licitación para otorgar el primer permiso de distribución de gas natural en la zona geográfica de Tijuana. Esta licitación se declaró desierta, ya que ningún interesado presentó propuestas para participar, por la incertidumbre de obtener un suministro competitivo de gas natural en dicha zona geográfica.
Esta situación podría cambiar diametralmente a raíz de la posible construcción de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el estado de Baja California. A la fecha existen cuatro proyectos para el desarrollo de esta planta y cualquiera de estos proyectos significa un nuevo punto de suministro de gas natural para el estado de Baja California, cambiando diametralmente la posición del estado, y principalmente de Tijuana, respecto al suministro de gas natural: de estar al final de la cadena de suministro de gas natural, se encontrará al inicio de dicha cadena.
Sin embargo, uno de los proyectos referidos es propiedad de Sempra Energy, proyecto que, si se desarrolla, ampliaría la situación monopólica de que goza Sempra Energy en cuanto a la infraestructura relacionada con el gas natural en el estado de Baja California. A este respecto, Sempra Energy solicitó a la CRE un permiso para almacenamiento de gas natural en el municipio de Ensenada, con el objetivo de construir una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.
Esta situación es importante, ya que las perspectivas de demanda en la zona y el tamaño de dichas plantas, no permiten suponer que se construirá más de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la región.
La construcción y operación de dicha planta por Sempra Energy no garantizan la libre concurrencia y la competencia en el suministro de gas natural en Tijuana y Mexicali. La construcción y operación de dicha planta por Sempra Energy eliminarían la posibilidad de que exista una situación de competencia en el suministro de gas natural en el estado de Baja California.
Dados los procesos de fijación de precios de gas natural, la libre concurrencia permitirá una disminución de precios de este energético en Tijuana y en particular en el costo de gas natural para la producción de energía eléctrica que eroga la CFE en sus plantas de Presidente Juárez.
Un menor costo de generación de energía eléctrica se traducirá en un beneficio tanto para los usuarios del servicio público de energía eléctrica como para el Gobierno Federal.
Es necesario que el Gobierno Federal evite la concentración monopólica del suministro de gas natural en el estado de Baja California, ya que actualmente Sempra Energy enfrenta una serie de diversas demandas e investigaciones estatales y federales sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural durante dicha crisis, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo Unico. Con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Competencia Económica, el Gobierno Federal impida que Sempra Energy constituya un monopolio y, por tanto, construya y opere una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el estado de Baja California.
Palacio Legislativo, a 30 de abril de 2003. Diputados: Amador Rodríguez Lozano, Jaime Martínez Veloz, Olga Patricia Chozas y Chozas, Josefina Hinojosa Herrera (rúbricas). (Turnada a la Comisión de Energía. Abril 30 de 2003.)
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
Conjuntamente con la Comisión de Marina, al panel de Transporte multimodal: retos y perspectivas del modo marítimo, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo, en Ciudad del Carmen, Campeche.
Atentamente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al Foro de Consulta Nacional sobre Sistema de Amparo y Protección Constitucional, que se llevará a cabo el jueves 15 de mayo, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. O. Eugenio Pérez Cruz
Presidente
Dip. José Elías Romero Apis
Presidente