La Mesa Directiva, con fundamento en lo que dispone el artículo 78, fracción III, de la Constitución General de la República, los artículos 116, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sustitución de integrantes en comisiones de trabajo conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se incorpora y designa como secretario en la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, al diputado José Tomás Lozano y Pardinas en sustitución del diputado Alejandro Zapata Perogordo.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de febrero de 2003.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul
Presidente de la Comisión Permanente
Dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica)
Vicepresidente
Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica)
Vicepresidente
Dip. Olga Margarita Uriarte Rico
Secretaria
Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica)
Secretario
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica)
Secretaria
(Aprobado en votación económica. Febrero 26 de 2003.)
El que suscribe, diputado Salvador Cosío Gaona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente iniciativa de decreto, que deroga el artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 1 de enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto relativo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cuyo artículo tercero transitorio se establece un nuevo gravamen, denominado "Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario".
El artículo tercero transitorio entró en vigor el 1 de enero de 2002, según lo establece el artículo cuarto transitorio del propio decreto mencionado.
El objetivo del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario es que los patrones, las personas físicas o las morales que hagan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, absorban el costo del crédito al salario.
En enero de 2002 entró en vigencia este impuesto, que consiste en aplicar al total de las erogaciones realizadas por la prestación de un servicio total subordinado la tasa de 3%; esto, para el ejercicio de 2002.
Ante ello, hubo un rechazo casi generalizado del sector empresarial, al afirmar que está siendo seriamente afectado con el establecimiento del Impuesto del Crédito al Salario, ya que la intención de éste es que los patrones soporten la carga económica que el Estado tenía por concepto de crédito al salario que los trabajadores cobran en efectivo, considerando con ello una carga fuerte a las empresas.
Con eso se han visto afectados varios factores, como creación de empleos e impulso a los ya establecidos, al grado de que varios de los sujetos del impuesto han decidido solicitar el amparo y la protección de la justicia federal contra su aplicación.
Para el ejercicio fiscal de 2003, el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario fue modificado con una tasa de 4%. No obstante la inconformidad que originó la creación del impuesto, parte del sector empresarial ya estaba absorbiendo esa disposición y, con la nueva modificación de la tasa a 4%, se ha considerado un tributo excesivo.
Ante ese reclamo, expongo los siguientes motivos:
Nuestra economía no es inmune a los ciclos económicos ni a los acontecimientos mundiales. Desde finales de 2000 y hasta la primera mitad de 2002, la actividad económica mundial experimentó una desaceleración sin precedente en las últimas décadas.
En nuestro país, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2001 se perdieron 373,836 empleos formales y la economía mexicana registró en 2002 un incremento de 61,133 puestos laborales.
La industria de transformación, que concentró 31.3% del empleo total del sector formal, registró una disminución de 2.13%; es decir 83,730 empleos.
De igual manera, la rama de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza perdió 8,659 empleos; la construcción, 3,566; y la industria extractiva, 1,108.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de desempleo abierto -que refleja la proporción de personas desocupadas respecto a la población económicamente activa- muestra también un decremento, de 2.71%, con relación a la registrada en 2001.
Asimismo, la industria manufacturera presenta un panorama desolador de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, ya que de enero a octubre de 2002 el índice de volumen físico de la producción manufacturera mostró un decremento de 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior y su situación es desalentadora, en virtud de que durante todo 2001 las tasas de crecimiento fueron negativas. Cabe citar que la industria manufacturera participa con 21% en la generación del Producto Interno Bruto nacional.
La inversión continúa descendiendo también, ya que los datos proporcionados por el INEGI reflejan que la producción de capital fijo cayó 2.1% respecto al año anterior. La disminución de los flujos de inversión se advierte en actividades del sector textil y de las industrias maquiladoras.
En este contexto, los objetivos de la política económica en México deben estar encaminados a propiciar el vigor de la recuperación económica, elevar permanentemente los niveles de empleo y las remuneraciones reales, generando montos crecientes de recursos cuyo destino sea el gasto social para ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos marginados y elevar con ello el nivel de vida de los mexicanos.
El Estado debe apoyar y promover el crecimiento de núcleos industriales, en especial aquellos en que participan empresas medianas y pequeñas, en virtud de su potencial estratégico y su capacidad de generación de empleos.
El gobierno, a través del gasto público, debe procurar estimular la actividad de las empresas pequeñas y medianas para contribuir a estabilizar su desarrollo e impulsar su crecimiento.
El Estado debe dar prioridad a la protección y al impulso de las empresas medianas y pequeñas con estímulos fiscales y financieros, así como con mecanismos de capacitación, en especial las que incrementan su inversión en equipo, aumentan su empleo directo o crean plantas en regiones seleccionadas para impulso productivo.
Contrario a los objetivos buscados fue el incremento, de 3 a 4%, del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al presente año se autorizó por esta soberanía para 2003.
Las reacciones del sector empresarial han sido negativas. Este señala que los afectados serán los trabajadores porque las empresas reducirán el 3% del incremento salarial que pacten para el presente ejercicio y que el nuevo impuesto inhibirá la creación de empleos porque las empresas enfrentarán mayor carga fiscal.
Lo que no podemos soslayar es que tanto la intención del legislador como del gobierno fue que los patrones soporten una carga económica adicional que el Estado venía absorbiendo por concepto del crédito al salario, con el consiguiente deterioro de la capacidad de capitalización y crecimiento de las empresas.
Las organizaciones patronales tacharon la reforma fiscal de 2002 como un completo fracaso, por incorporar nuevas cargas fiscales a los empresarios del país, con lo cual se contribuye de manera decisiva a que el balance de 2003 resulte negativo por inhibir la inversión, el consumo y la generación de empleos.
Asimismo, se argumentó por las organizaciones patronales que los ingresos tributarios del Gobierno Federal cayeron de manera considerable, así como que la recaudación por derechos y aprovechamientos retrocedió de modo sensible.
Los organismos empresariales señalan que los sectores productivos, sociales y gubernamentales coinciden en la imperiosa necesidad de realizar un verdadero cambio estructural y de fondo a todo el sistema impositivo mexicano. Sólo así nuestras empresas serán competitivas y el país tendrá un desarrollo y crecimiento sostenidos.
Ante tales hechos, diversas empresas de Jalisco y -específicamente- de Puerto Vallarta, cabecera del 05 distrito, que tengo el alto honor de representar, me han manifestado los esfuerzos para que soporten la carga económica que el Estado tenía por concepto de crédito al salario que los trabajadores cobran en efectivo, por lo cual debe ser modificado dicho tributo, que actualmente es con una tasa de 4%, a como se creó originalmente, con una de 3%.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Que deroga el artículo tercero transitorio del decreto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario con una tasa de 4%, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2003.
Para quedar como única vigencia el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario con una tasa de 3%, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, ante el Pleno de la Comisión Permanente.- Febrero 26 de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Febrero 26 de 2003.)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 52, 53, 54, FRACCIONES I, II, III, V Y VI, Y 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA REDUCIR A 400 DIPUTADOS FEDERALES Y 96 SENADORES DE LA REPUBLICA EL NUMERO DE LEGISLADORES, PRESENTADA POR EL SENADOR ADRIAN ALANIS QUIÑONES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
El que suscribe, Adrián Alanís Quiñones, senador de la República a la LVIII y LIX Legislaturas del H. Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54, fracciones I, II, III, V y VI, y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Una característica singular de la democracia en México durante los últimos tiempos, ha sido la evolución de sus instituciones políticas y de los ordenamientos legales que regulan los procesos electorales, lo que refleja el avance de la sociedad mexicana hacia una cultura de plena participación ciudadana en la construcción de un sistema político plural.
La franca consolidación del sistema de partidos en México, forma parte del desarrollo del sistema político mexicano, cuya evolución ha permitido la expresión y la recreación institucionalizada de las diferentes fuerzas que aglutinan a los distintos actores políticos que conforman nuestra sociedad plural, tan diversa en todos aspectos. Este proceso que hemos vivido, ha sido posible a través de reformas constitucionales y legales en materia electoral, las cuales a su vez han sido producto de la concertación, el diálogo y la negociación entre los actores políticos en México, esfuerzo del cual ha sido destacado promotor el Congreso de la Unión impulsando el desarrollo justo y equilibrado de la participación política en diferentes escenarios y momentos.
La amplitud y la profundidad de las transformaciones del sistema de partidos y del sistema electoral en México, han impulsado la madurez democrática en la nación, pero también han inscrito nuevos pendientes en la agenda política del país, y una infortunada consecuencia es la percepción ciudadana de que no existen soluciones a sus demandas por parte de los legisladores federales, que a decir de la opinión pública, en los resultados legislativos hay deficiencias que contribuyen a cuestionar la credibilidad democrática del conjunto del sistema político, pero sobre todo de los individuos que en él interactúan, los "políticos" y que lamentablemente hay sectores que descalifican y demeritan el quehacer legislativo.
Si bien, hasta hace poco tiempo nuestros mayores retos estaban cifrados en cómo lograr una representación adecuada de las diferentes fuerzas políticas que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional, y cómo tener unas elecciones confiables, esta etapa de la democracia ha sido exitosamente superada. Ahora, el mayor reto se ubica en cómo adquirir una verdadera representación más eficaz y más eficiente que incluya a los electores que están dentro y fuera del país y que no represente un retroceso en la participación democrática sino que con una perspectiva de avanzada se alcancen horizontes de pluralidad real, participativa y representativa.
Las constantes preocupaciones de la sociedad mexicana expresadas a través de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general son encontrar en el seno del Congreso de la Unión las respuestas a los problemas de importancia nacional, en aras de conseguir soluciones que sean acordes a los reclamos de una sociedad que ha experimentado una madurez democrática y política, que busca consolidarla y que al mismo tiempo obliga al Poder Legislativo a entregar a la sociedad mejores resultados. Lo anterior debe realizarse al interior de las Cámaras, mediante el trabajo legislativo eficiente, el que por sí mismo conlleva un largo y complejo proceso de debate, discusión de ideas, tendencias y posicionamientos, en los que en ocasiones resulta de difícil manejo, pero sobre todo avalado por el espíritu de un Congreso que es la más pura representación de los ciudadanos y la equitativa representación en un órgano político de las entidades federativas.
Es de trascendencia significativa, que en las Cámaras se pueda homogeneizar la verdadera representación popular que ostentan los diputados y senadores, esto es, darle el sentido real y justo a la vida democrática actual y en consecuencia a la madurez política que el país ha alcanzado sin actitudes simuladas ni vicios de origen y que correspondan a una realidad actual de la democracia mexicana contemporánea.
Entre los inconvenientes en la actual composición del Poder Legislativo, a pesar de que su integración ha permitido una coexistencia compleja entre los diferentes grupos parlamentarios, se encuentra el que en ocasiones hay enormes dificultades para lograr los consensos que se traduzcan en leyes que impactarán a los mexicanos en su esfera de derechos. Así también, debemos reconocerlo, los dictámenes consensuados o, peor aún, los mayoriteados por cúpulas de algunas fracciones parlamentarias, son un trabajo legislativo que deja mucho que desear.
Otro de los aspectos que es importante considerar es que existe una desproporcionalidad representativa y altamente cuestionada, en razón del excesivo número de legisladores y de los gastos que ello significa para el erario. En estos tiempos, los contribuyentes han manifestado diversas inconformidades por diferentes medios y más por la iniquidad existente en el acceso a las Cámaras. A las Cámaras se llega, por la vía del triunfo electoral de un candidato que se identificó con los ciudadanos, que tuvo desgastes físicos y económicos, que en algunas ocasiones fue objeto de ataques a su imagen personal, que además adquirió compromisos reales y permanentes en su distrito y entidad federativa y que constantemente tiene que atender y cumplir puntualmente diversos aspectos legislativos y de gestoría institucional con una vinculación ciudadana de respuesta social inmediata. Pero igualmente se accede a las Cámaras sin ningún trabajo de acercamiento ciudadano, sin compromisos con ningún electorado, sin desgaste físico ni desembolso económico. Por otro lado, atendiendo al derecho comparado en Estados cuya población es similar a la nuestra, es fácil observar que sus órganos legislativos en cuanto a su integración son representativamente menores, en comparación con nuestro Congreso de la Unión.
Es necesario realizar una nueva reforma constitucional que permita modernizar la composición del Congreso para que éste sea una institución fuerte, eficaz y eficiente que, acorde con la nueva realidad política del país, refleje la pluralidad que vivimos, constituya una expresión auténtica de todos los sectores sociales y de todos los mexicanos residentes en el país y en el extranjero, de frente a una reforma del Estado congruente con los nuevos tiempos de México. Es oportuno revisar el esquema actual de integración que curules plurinominales.
En la nueva recomposición que estamos proponiendo incluimos a la sociedad organizada, la cual avanza cada vez más en la construcción de nuestro México democrático a través de las agrupaciones políticas nacionales cuya bandera no es otra que la de la defensa y lucha de las causas ciudadanas. Este esfuerzo al que ha llegado la sociedad debe ser reconocido a través de la representación en nuestras Cámaras, ¿por qué los ciudadanos han de estar constreñidos a militar en un partido político para acceder a representar a sus compatriotas? Si nosotros mismos estamos viviendo una crisis de partidos políticos a nivel internacional y México no es ajeno a este debilitamiento organizacional de los partidos políticos cuya dinámica se fundamenta en los procesos electorales para la participación real de la sociedad que no es militante de ningún partido político pero que el día de la elección cumple con su deber cívico sufragando por un partido o por otro que incluso puede ser distinto a aquel por el cual votó en el proceso pasado o simplemente por el candidato de su simpatía.
En los tiempos democráticos que estamos viviendo, la sociedad civil se organiza con más frecuencia y abandera firmemente sus causas, encontrando nuevas formas de manifestación de sus inquietudes y expectativas. Tal es caso de las agrupaciones políticas nacionales, espacios de expresión, discusión y análisis de los problemas de la nación, cuyo principal objeto es participar en el seno de las instituciones que conforman el sistema político mexicano, por lo que resulta inminente hacer que éstas gocen de mayores espacios reales y reconocidos ya que el avance democrático y plural que actualmente vive el país requiere de una mayor interacción de las fuerzas reales de la sociedad mexicana organizadas institucionalmente.
Esta medida incrementaría la pluralidad de los comicios abriendo la participación a personalidades que cuenten con un programa y apoyo popular aunque se hace necesario implementar algunas reformas al Cofipe a efecto de determinar los requisitos para el registro de las candidaturas ciudadanas que incluirían al menos una declaración de principios y un programa de acción. El financiamiento público deberá someterse a modalidades especiales tanto en abono de la necesaria transparencia como para evitar incentivar una sobredemanda que solamente persiga beneficiarse de las prerrogativas pero sin posibilidades reales de impacto electoral.
En general, las ventajas de estas candidaturas serían estimular una participación ciudadana ampliada y comprometida; aumentar el interés de la población por los comicios, en razón de una oferta de mayor nivel de pluralidad y localismo; combatir la abstención; hacer más competitiva y fluida la vida partidista interna; ampliar la agenda programática sujeta a voto; garantizar plenamente el derecho constitucional ciudadano a la postulación a puestos de elección; incrementar la competitividad de los comicios; debilitar la actual tendencia hacia la consolidación de elites partidistas y disminuir los riesgos que conlleva.
Necesitamos un cambio en el sistema de gobierno para corresponder a las transformaciones habidas en el sistema de partidos y en el sistema electoral. Me parece prioritario, entonces, pensar en la recomposición del Poder Legislativo, abrir las representaciones a la complejidad de los asuntos que va marcando la problemática del país y me refiero a los mexicanos que viven en el extranjero. Estos connacionales, en la mayoría de los casos se ven obligados a dejar la patria natal para buscar mejores situaciones de vida sin desear perder arraigo a sus tradiciones, cultura y origen, siguen interesados en los asuntos del país, aquel en el cual no encontraron las condiciones de vida digna a que constitucionalmente tienen derecho, y que a pesar de su importante participación en la economía del país por el ingreso de divisas, carecen de una voz auténtica que atienda su problemática, por lo que representarlos en el Congreso del país es ya de elemental justicia.
Por ello, al ser una población importante en todos los sentidos, con demandas y esperanzas, considero que es nuestra responsabilidad vigilar la defensa de sus derechos y dotarles de los medios para estar presentes en la vida política nacional, a través de representantes legalmente reconocidos y que al mismo tiempo sean parte en el Congreso de la Unión.
Para lograr los fines anteriores, nos permitimos proponer respetuosamente a esta soberanía, la revisión del esquema de elección de diputados y senadores, a través de la eliminación de un importante número de legisladores federales electos por el principio de representación proporcional, considerando en la Cámara de Diputados y en el Senado la figura del principio de mayoría relativa y de primera minoría como una fórmula más justa para conformar un Poder Legislativo fuerte, dinámico y legítimamente representativo.
Para ello, proponemos que el Congreso de la Unión quede integrado por 496 legisladores; 400 diputados federales y 96 senadores de la República. Actualmente el Poder Legislativo federal está conformado por 628 legisladores, de los cuales 500 son diputados y 128 son senadores, el impacto de ahorro que obtendría el país al contar con la eliminación de un número importante de legisladores significaría generar inversión y desarrollo no tan sólo en obra pública, sino en programas sociales y mejoraríamos el nivel de vida de millones de mexicanos excluidos y marginados que tanto nos preocupa.
Cabe resaltar que está plenamente comprobado tanto en México como en otros países que las asambleas legislativas numerosas reducen su capacidad de análisis y discusión, al mismo tiempo que en pocas ocasiones están presentes todos sus integrantes, lo que en términos llanos significaría que si, por ejemplo, una asamblea la integran 500 legisladores, pero la media del quórum en un periodo es de 400 legisladores presentes, es mejor que ese cuerpo legislativo cuente desde el principio con 400 legisladores. Nuestra propuesta significaría un notable ahorro presupuestal, material y político, favorecería la negociación y la concertación, el diálogo y la solución a los problemas nacionales, evitando con ello una pesada carga económica a los contribuyentes mexicanos, quienes en todo momento se han manifestado por reducir la estructura del gobierno y eficientar la aplicación de las contribuciones al gasto público, prioritariamente al gasto social.
La reducción del actual número de integrantes del Congreso, favorecería considerables ahorros económicos en las previsiones presupuestales, pudiendo destinarse estos recursos a otras áreas del desarrollo nacional en beneficio directo de la sociedad mexicana. Adicionalmente se obtendrían grandes beneficios, al permitir construir consensos con un número menor de legisladores pues de esta manera se facilita la operatividad y funcionalidad del propio trabajo legislativo.
Es incuestionable que el disminuir el número de legisladores permitirá tener un ahorro considerable en el gasto público, que sin duda será en beneficio de la población, ya que el presupuesto de las Cámaras proviene de las contribuciones.
Actualmente, a la Cámara de Diputados se accede por 2 vías: la de mayoría relativa, compuesta por 300 elementos y la de representación proporcional, es decir, las diputaciones plurinominales, que se integran por 200 diputados. Se propone que las vías de acceso aumenten a 5, manteniéndose el número de 300 diputados de mayoría relativa, pero incluyendo una primera minoría que podría ser de 50 diputados; los 200 plurinominales disminuirían a 30; abriríamos esa representación a 10 ciudadanos de la sociedad civil y a 10 más que representen a connacionales residentes en el extranjero para hacer un total de 400 diputados. Al referirnos a los connacionales residentes en el extranjero lo hacemos en relación a los Estados Unidos, puesto que en este país se ubica más del 90% de los residentes fuera del territorio nacional.
Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, que actualmente se compone de 128 y tres vías de acceso, que son mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional, proponemos que de esta última, que incluye 32 plurinominales, sea eliminada en su totalidad dejando únicamente las dos vías de acceso que representan el esquema federalista, quedando 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, disminuyendo a 96 el número de senadores.
Adicionalmente se propone que los 10 ciudadanos representantes de la sociedad que entre otras características tendrían la de no haber sido candidatos a algún puesto de elección popular ni haber ocupado cargo directivo en algún partido político en los niveles distrital, municipal, estatal o nacional, pudieran ser 2 por circunscripción, avalados por una agrupación política nacional y por 40,000 firmas de ciudadanos proponentes, de tal manera que aquellos candidatos que obtengan mayor votación en la circunscripción serán diputados ciudadanos.
El sistema cerrado de cuotas con actores clave que se reparten prebendas que implica costos de oportunidad a los ciudadanos de escoger o elegir candidatos comprometidos con la sociedad y con una escasa representatividad obliga a que analicemos y reflexionemos sobre la composición de nuestras Cámaras.
Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54, fracciones I, II, III, V y VI, y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 52, 53, 54, fracciones I, II, III, V y VI, y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; 50 diputados que serán electos mediante el sistema de primera minoría, 30 diputados por el sistema de representación proporcional, 10 diputados ciudadanos que serán avalados para registrarse por una agrupación política nacional en una lista abierta de ciudadanos por 40,000 firmas, serán 2 en cada circunscripción, y 10 diputados representantes de mexicanos residentes en el extranjero.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría, y dos de primera minoría.
Artículo 54. La elección de los 50 diputados según el sistema de primera minoría, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. Serán asignados 10 diputados de cada una de las 5 circunscripciones regionales que conforman la República Mexicana.
II. El orden de la asignación iniciará en la entidad que mayor votación obtenga dentro de la circunscripción, otorgando la constancia correspondiente a quien ocupe el segundo lugar de la votación en el distrito uninominal que registre la mayor emisión de votos; y continuará el orden de la asignación a la entidad que haya obtenido el segundo lugar de la votación, en el distrito con mayor número de sufragios emitidos y así sucesivamente hasta completar el total de las entidades de la circunscripción.
III. Una vez concluidas las asignaciones a todas las entidades que conforman la circunscripción se iniciará la segunda vuelta, iniciando por la entidad que numeralmente haya obtenido en un distrito la votación más alta en segundo lugar, hasta completar la asignación de 10 diputados de primera minoría.
IV. Todas las entidades tendrán derecho a que se les asigne un mínimo de un diputado mediante el sistema de primera minoría. La ley fijará los mecanismos a través de los cuales se garantizará que las entidades estén proporcionalmente representadas en razón de su población y participación electoral.
V. Todos los partidos políticos tendrán derecho a la asignación de diputados mediante el sistema de primera minoría dependiendo de su votación sin menoscabo del número de distritos que por el principio de mayoría relativa se les haya asignado, por lo que para la integración de la Cámara de Diputados no existe límite de número de diputados por partido político, salvo el señalado en la fracción IV.
VI. Se entenderá por lista abierta de ciudadanos, aquella que sea presentada por un ciudadano u organización civil, avalada por una agrupación política nacional y por 40,000 firmas de electores, en las que se considere al candidato que no tenga ningún antecedente político partidista y podrán su electos hasta 2 diputados ciudadanos por circunscripción que obtengan los dos primeros lugares de la votación.
VII. Se entenderá por lista abierta en el extranjero aquella en la que cada partido político presente a 10 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero como candidatos, y los 10 que mayor votación obtengan serán los diputados plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada al candidato que encabece la fórmula de candidatos que por sí mismo haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la entidad federativa de que se trate.
Artículo Transitorio
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente.- México, DF, a 26 de febrero de 2003.
Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Sen. Yolanda Eugenia González Hernández (rúbrica), Sen. Genaro Borrego Estrada, Sen. Antonio García Torres, Sen. Esteban Miguel Angeles Cerón (rúbrica), Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Sen. Héctor A. Astudillo Flores (rúbrica), Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos
y de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. Febrero 26 de
2003.)
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta de nombramiento del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para la designación del abogado Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (periodo comprendido del 1º de enero de 2003, al 31 de diciembre de 2006).
Los integrantes de esta Tercera Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1.- El 15 de enero de 2003, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, turnó a la Tercera Comisión, el expediente que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
2.- El 26 de febrero del presente año, la Tercera Comisión se reunió para abocarse al análisis y discusión de la proposición en cuestión.
3. De acuerdo a la documentación presentada por el C. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, consta que cuenta con 45 años de edad, de nacionalidad mexicana y que es licenciado en derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho. En tal virtud, reúne los requisitos para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
De su currículum se desprende que ha sido vicepresidente de Normatividad y secretario de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de febrero de 2001 a la fecha; asimismo, ha sido empleado de carrera con 18 años de antigüedad en el Banco de México, ocupando los siguientes puestos: director de Disposiciones de Banca Central, de abril de 1997 a febrero de 2001; secretario de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Cambios, de abril de 1997 a febrero de 2001; coordinador de Disposiciones de Banca Central, de diciembre de 1993 a marzo de 1997; gerente de Investigación Jurídica de Banca Central, de febrero de 1992 a noviembre de 1993; Gerente de Disposiciones Cambiarias, de septiembre de 1990 a enero de 1992; gerente técnico de la Dirección de Disposiciones de Banca Central, de noviembre de 1989 a agosto de 1990; subgerente de Disposiciones Cambiarias de febrero de 1989 a noviembre de 1989; jefe de la Oficina de Autorizaciones y Consultas Cambiarías y de Control de Cambios, de junio de 1987 a febrero de 1989; jefe de la Oficina de Autorizaciones y Consultas de Banca Central y de Mercado de Valores, de septiembre de 1986 a mayo de 1987; jefe de la Oficina de Disposiciones Cambiarias, de noviembre de 1984 a agosto de 1986; abogado en la Dirección de Disposiciones de Banca Central, de octubre de 1981 a octubre de 1984.
Además es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Financiero, AC, y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, y ha impartido conferencias sobre diversos temas financieros y monetarios.
A partir de estos antecedentes, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
Consideraciones
I.- En acatamiento a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2000, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del mismo año; y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano referido a una reunión en donde se conversó sobre la responsabilidad para la cual ha sido propuesto.
Dicha reunión tuvo verificativo el pasado 30 de enero del año en curso, y en la misma los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina, conversamos con la persona designada, pudiendo comprobar por este medio el conocimiento que tiene respecto a los temas que habrá de abordar como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como la experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.
II.- Del análisis cuidadoso de los documentos que acompañan al expediente que nos ocupa, se obtienen elementos suficientes de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad, experiencia administrativa y profesional, del C. Reynaldo Tinoco Jaramillo, y sobre el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Por lo anteriormente expuesto, y en razón de que el C. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo cumple con los requisitos que establece el artículo 78 de la ley de la materia, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano nombrado reúne en su persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. En tal virtud, aprobamos su ratificación y nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para el periodo comprendido del 1º de enero de 2003, al 31 de diciembre de 2006.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de febrero de 2003.
Dip. Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), secretario; Sen. Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), secretario; Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica), Dip. César Augusto Santiago, Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Sen. Esteban Miguel Angeles Cerón (rúbrica), Sen. David Jiménez González, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Dip. Raúl Martínez González, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Dip. Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica).
(Aprobado, comuníquese al Ejecutivo. Febrero 26 de 2003.)
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PROPOSICION PARA SOLICITAR QUE SE AUTORICE LA FORMACION DE UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES DE AMBAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION PARA ENTREVISTARSE CON MIEMBROS DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS Y DEL PARLAMENTO DE CANADA CON EL OBJETO DE DIALOGAR SOBRE LA SITUACION DEL CAMPO
A la Segunda Comisión -de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo, presentado por el diputado Jesús Burgos Pinto, sobre la formación de un grupo de legisladores para entrevistarse con legisladores de EUA y de Canadá.
Por ello, los integrantes de esta Comisión, con fundamento en los artículos 86, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedieron al examen y discusión de la proposición con punto de acuerdo, que dispone de los siguientes
Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo, presentada en la sesión del 12 de febrero de 2003 por el diputado Jesús Burgos Pinto, para que se autorice la formación de un grupo plural de legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión que se entreviste con miembros de las Cámaras del Congreso de Estados Unidos de América y del Parlamento de Canadá para dialogar entre pares sobre la situación del campo y plantear iniciativas que garanticen que la ejecución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea una fuente de prosperidad para los sectores agrícolas de los tres países, sobre la base de la competitividad, la equidad y el interés regional común, en apoyo de la superación de las desventajas que hoy padece el sector agropecuario mexicano.
2. La visita de trabajo realizada por un grupo de senadores al Congreso de Estados Unidos el pasado 5 de febrero, que formaron un vínculo de diálogo y cooperación entre ambos Congresos, con objeto de impulsar y apoyar el sector agropecuario mexicano.
En acatamiento del turno dispuesto, los integrantes de la Comisión que suscribe analizaron la proposición referida, la cual se fundamenta en la exposición de las siguientes
Consideraciones
I. Que la apertura comercial establecida en el TLCAN no es la fuente principal de los problemas agrarios, pero incrementa las circunstancias adversas a que se enfrenta el sector agropecuario, por lo cual es necesario emprender acciones eficaces para que se cumpla el objetivo de cooperación contenido en el Tratado y se puedan disminuir los inconvenientes que hacen que este importante sector se encuentre fuertemente afectado.
II. Que el diálogo y la construcción de acuerdos son la base para encontrar las fórmulas adecuadas que lleven a plantear conjuntamente con nuestros homólogos firmantes del TLCAN políticas eficaces que permitan al sector agropecuario competir equitativa y exitosamente en los nuevos mercados.
III. Que el mismo Tratado, en el Capítulo VIII, considera la posibilidad de aplicar diversas medidas emergentes, cuando las importaciones provenientes de otro país miembro del TLCAN causen o amenacen causar daño serio a una industria nacional.
IV. Que también es posible la negociación de acuerdos complementarios, los cuales representarían una solución paralela y viable ante la crisis por la que atraviesa el sector agropecuario en México y, a su vez, fortalecería a largo plazo el Tratado.
V. Que, como Poder Legislativo, tenemos la posibilidad de contribuir utilizando la diplomacia parlamentaria activa frente a los Congresos de las naciones con que nos hemos asociado comercialmente.
VI. Que, a través del diálogo interparlamentario, podemos plantear iniciativas, remover obstáculos y construir una visión de interés y responsabilidad compartida que nos lleve así a un libre comercio que haga posible obtener una mejor calidad de vida para nuestros pueblos.
Del análisis y ponderación de tales consideraciones, esta Comisión expone los siguientes elementos de
Valoración
La proposición con punto de acuerdo aporta motivos y sustentos viables y razonables que justifican la propuesta que contienen.
Que la grave crisis ante la cual se encuentra el campo mexicano nos lleva a buscar mecanismos de apoyo y cooperación que permitan el amplio desarrollo de éste y la posibilidad de competir de manera igualitaria con nuestros socios comerciales.
Dada la situación en que se encuentra el sector agropecuario mexicano, esta Comisión considera necesario actuar de inmediato para aportar soluciones eficaces en términos de cooperación con nuestros homólogos firmantes del Tratado.
El Poder Legislativo tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para contribuir de manera contundente a mejorar las condiciones de competencia y el nivel de vida de los productores agropecuarios y de los habitantes del medio rural, para lo cual es necesario establecer un diálogo que permita implantar acciones conjuntas de beneficio y cooperación entre los tres países.
Por medio del diálogo entre el Poder Legislativo de los tres países firmantes se puede llegar al establecimiento de soluciones reales que protejan el sector nacional y, a su vez, enriquezcan a largo plazo el Tratado.
Atendiendo a lo anterior, los integrantes de la Comisión que dictamina, reunidos en fecha 26 de febrero de 2003, han estimado pertinente someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se autoriza la formación de un grupo plural de legisladores miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión para que se entreviste con miembros del Congreso de Estados Unidos de América y del Parlamento de Canadá, con objeto de plantear iniciativas y acuerdos que aseguren que el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea una fuente de prosperidad para los tres países firmantes, sobre la base de la competitividad, la equidad y el interés regional común, en apoyo de la superación de las desventajas que hoy padece el sector agropecuario mexicano.
Sen. Fidel Herrera Beltrán (rúbrica), Presidente; Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica), Dip. Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), secretarios; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), Sen. Adrián Alanís Quiñones (rúbrica), Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Dip. Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Sen. Micaela Aguilar González (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Federico Ling Altamirano, Dip. Manuel Wistano Orozco Garza, Dip. Raúl Martínez González, Sen. Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Dip. Ramón León Morales (rúbrica), Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica).
(Aprobado en votación económica. Febrero 26 de 2003.)
El suscrito, diputado federal por el Partido Acción Nacional, Francisco Guadarrama López, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se exija al licenciado Arturo Montiel Rojas, titular del gobierno del estado de México, la declaración del destino y utilización de los recursos derivados de inversiones realizadas por el estado con transferencias federales para el desarrollo municipal, así como la respuesta a las observaciones pendientes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las siguientes
Consideraciones
Recientemente, el gobierno del estado de México, encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas ha realizado una serie de inversiones cuyo resultado se desconoce. Primeramente, el gobierno del estado de México invirtió recursos públicos de transferencia federal, destinados al fortalecimiento de la acción municipal en distintos tipos de instrumentos financieros, que generaron rendimientos por un monto de 1.36 millones de pesos. Estos recursos provenían del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fortamun, lo que contraviene directamente el artículo 46 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, al disponer de recursos públicos para la realización de inversiones privadas.
Estos recursos deberían haberse destinado al mejoramiento de la infraestructura y calidad de vida de los habitantes del estado de México y sin embargo recibieron una utilización enteramente distinta. Más aún, no ha sido declarado el destino y aplicación de los rendimientos de dichas operaciones financieras. Esto supone nuevas ilegalidades y la necesidad de fincar las responsabilidades por las acciones emprendidas en este sentido por el gobierno del estado de México.
En segundo lugar, el licenciado Montiel realizó otras inversiones, esta vez con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el FISM, obteniendo rendimientos de 821.6 miles de pesos, contraviniendo de nueva cuenta lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal y omitiendo declarar su destino y utilización.
Debido al ambiente electoral que predomina en los estados de la República y principalmente en el estado de México, donde hemos constatado el gran derroche de dinero por parte del PRI, es posible suponer que los recursos están siendo utilizados para ganar a toda costa las elecciones a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante la compra de votos este nueve de marzo, lo que contravendría el inciso a), numeral 2, del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe.
Por otro lado, el gobierno que el licenciado Montiel Rojas encabeza recibió el año pasado, 102 acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública del año 2000. De éstas, al 18 de diciembre del año anterior, habían quedado pendientes de resolver 68, con el antecedente de que el plazo para solventarlas venció en noviembre del año pasado. Estas acciones se deben a irregularidades detectadas en la gestión del gobernador Montiel Rojas y la falta de respuesta hace suponer la existencia de desviaciones y malos usos de los recursos públicos a su cargo.
Compañeros y compañeras diputados:
Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara solicita que se tomen las medidas pertinentes para sancionar, en caso necesario, las violaciones a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal con relación a las inversiones privadas, llevadas a cabo por el gobierno del estado de México, con recursos públicos.
Segundo. Que el gobierno del estado de México, encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, declare con precisión y prontitud el monto, destino y utilización de los recursos obtenidos como resultado de estas inversiones.
Tercero. Que el gobierno del estado de México conteste en forma y de manera urgente, las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de las irregularidades en la gestión del gobernador Arturo Montiel Rojas, que aún tiene pendientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2003.
Dip. Francisco Guadarrama López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A QUE MANTENGA INVARIABLE LA POSICION DE MEXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION PACIFICA A LA CRISIS IRAQUI, PRESENTADA POR EL SENADOR MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
En la actualidad el tema mundial de mayor jerarquía es la crisis política y militar que se vive en torno a Irak, porque la irresponsabilidad del gobierno de George Bush ha colocado al mundo bajo un estado de terror.
Sin embargo la comunidad internacional ha rechazado contundentemente los ímpetus imperiales del grupo de "halcones" que gobierna desde Washington.
Las manifestaciones de rechazo a la guerra se han visto en todas las sociedades de los cinco continentes. Y los líderes mundiales han expresado su condena a las acciones unilaterales y a la irracionalidad de la guerra. Así se demostró en la reciente crisis de la OTAN y en la declaración de los 144 países que conforman el movimiento de los países no alineados.
Estas manifestaciones por la paz han sido ignoradas y Washington insiste en que la guerra es la única salida a la crisis con Irak y ha amenazado que actuará militarmente al margen de la ONU si el Consejo de Seguridad no le autoriza el uso de la fuerza.
Esta actitud del gobierno norteamericano ha provocado una crisis institucional a las Naciones Unidas, porque si ésta no es capaz de encontrar una salida pacífica al conflicto, se habrá decretado la muerte de la única institución supranacional que puede canalizar a la convivencia entre las naciones por la vía de la cooperación y del derecho internacional.
El día 24 de febrero la diplomacia norteamericana presentó ante el Consejo de Seguridad una nueva resolución en contra de Irak, la cual se adelanta al informe que los inspectores de la ONU deberán presentar el 7 de marzo. Esta resolución contempla un ultimátum y pretende legitimar el uso de la fuerza para lograr el desarme y el cambio de régimen político en Irak.
La mayoría de las naciones que integran el Consejo de Seguridad se han resistido a alinearse a los propósitos belicistas de Estados Unidos. La postura de países como Francia, Rusia y China, los cuales son miembros permanentes y tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad ha impedido que Washington haya emprendido los ataques militares. Por esta razón la diplomacia norteamericana ha violentado toda formalidad y está presionado a otras naciones que son miembros no permanentes para que apoyen una nueva resolución que incluya un ultimátum y el uso automático de la fuerza en contra de Irak.
México se ha convertido en blanco de las presiones de la diplomacia de fuerza que practica Estados Unidos. La visita del Presidente español, las declaraciones groseras y las amenazas del embajador norteamericano Tony de la Garza y las llamadas telefónicas del Presidente Bush al Presidente Vicente Fox, son actos que muestran con claridad la fuerte presión que está ejerciendo Estados Unidos para que México se alinee a favor de la guerra.
Para los intereses de George Bush, el voto mexicano en el Consejo de Seguridad es fundamental, por lo que se espera que continuarán las presiones sobre México.
La postura del gobierno mexicano ha sido hasta hoy acorde con el sentir de la gran mayoría de los mexicanos que rechazan una salida militar y que aspiran a que el desarme de Irak se logre mediante un mecanismo de permanente inspección por parte de las Naciones Unidas.
Es de reconocerse la postura que hasta hoy ha asumido el Presidente Fox en la presente crisis, al aplicar los principios constitucionales que norman la política exterior de nuestro país. Por esto actualmente todas las fuerzas políticas y sociales apoyan esta postura para que las presiones imperiales no se impongan sobre el interés estratégico de México de preservar la paz y la estabilidad mundial. Y por eso resulta crucial que el consenso nacional en este tema sea preservado y fortalecido.
Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo que disponen los artículos 76 de la Constitución Política, y el 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de este honorable pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhorta al Presidente de la República a que mantenga invariable la posición de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para encontrar una solución pacífica a la crisis iraquí. Que rechace cualquier nueva resolución que implique el recurso de la guerra, y que por lo tanto, fortalezca la posición para que el desarme de Irak se realice mediante la acción multilateral y a través de un mecanismo permanente de inspección por parte de las Naciones Unidas y que México insista en que el desarme de Irak por la vía armada sólo intensificará las acciones bélicas y contribuirá a la desestabilización mundial.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de febrero de 2003.
Sen. Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica)
(Turnada a la Segunda Comisión. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO AL CONFLICTO EN IRAK, PRESENTADA POR EL SENADOR ESTEBAN MIGUEL ANGELES CERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
México, históricamente ha contado con una tradición diplomática respetuosa de sus principios de política y de los instrumentos de derecho internacional vigentes. Hemos actuado en el escenario mundial con responsabilidades propias; hemos sabido reconocer y afrontar con determinación los desafíos de un orden internacional en constante construcción.
En momentos de definición regional y mundial, la política exterior de México se ha formulado conforme a la experiencia de una sociedad que ha estado sujeta a asedios, despojos e invasiones. Las raíces que dieron forma a los principios que por convicción han normado nuestra política exterior, son profundas e insoslayables. La solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la cooperación internacional, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, no son pronunciamientos vacíos, sujetos a interpretación, o a negociación. Lejos de ello, se trata de preceptos que por su legítimo sustento, se han erigido como lineamientos sólidos que nos han permitido participar de manera activa en un contexto internacional dinámico y cambiante.
En la ardua tarea de conducción de una política exterior responsable y meritoria, México se ha destacado por su participación en distintos episodios de la esfera internacional. Son varios los sucesos que dan prueba de ello.
Resulta innegable que uno de los mayores logros de una larga tradición diplomática mundial es la articulación de un andamiaje jurídico internacional. Gracias a esta estructura, el mundo cuenta hoy con un instrumento efectivo y legítimo para normar la conducta global a través de fundamentos construidos alrededor de dos importantes principios: el repudio a la guerra y la consecución de la solución pacífica de controversias.
No obstante, el mundo enfrenta hoy una crisis sin precedentes en donde la arbitrariedad y la sinrazón amenazan no sólo con desatar un nuevo conflicto bélico con alcances impensables, sino con demoler una estructura mundial que ha requerido décadas para configurarse como bastión de la paz y la seguridad internacionales.
Es evidente que el desarme efectivo de Irak representa un imperativo para garantizar la paz y estabilidad mundiales. La comunidad de naciones ha hecho esfuerzos en esta dirección. Las voces de impaciencia reclaman acciones beligerantes que pueden originar un nuevo desorden internacional que lesionará irreversiblemente el complejo institucional garante del desenvolvimiento pacífico de la comunidad global.
El grupo parlamentario del PRI ha seguido con particular preocupación las evidentes y claras presiones de algunos países que pretenden llevar a la sociedad de naciones hacia la irrevocable aceptación de que las vías diplomáticas y de negociación no son alternativas plausibles en la resolución del diferendo iraquí. Hemos reiterado en diversas ocasiones que un ataque militar como único recurso para asegurar el desarme iraquí, es una falacia. La sociedad global a través de inmensos esfuerzos ha logrado construir los instrumentos que evitan recurrir al uso de la fuerza como única opción eficaz.
El mecanismo legítimo y viable que garantizará la paz y la seguridad internacional no sólo será aquel que haya resultado de los esfuerzos multilaterales que se alcancen en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, sino el que pretenda agotar toda alternativa que evite hacer uso de la fuerza.
La Carta de las Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad es el órgano que debe garantizar la paz y la seguridad mundiales. Así, el instrumento que por excelencia es garante de estos objetivos internacionales históricos, no puede ser manipulado por intereses que, mediante justificaciones nebulosas y poco contundentes, buscan llevar a la globalidad a un desastre mundial.
El uso de la fuerza debe ser el último recurso. Al tiempo que se ha incluido un proyecto de resolución con miras punitivas, también se han planteado nuevos mecanismos que, mediante el reforzamiento de las misiones, el establecimiento de programas de acción claros, y la puntualización de calendarios precisos, permitirá a los inspectores continuar con una tarea que ha funcionado hasta ahora.
Es una realidad que el desarme efectivo de Irak debe hacerse y el cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad es una premisa invariable para la paz. Sin embargo, es preciso reconocer los cauces legales que la propia comunidad de naciones ha creado, antes de iniciar cualquier acción militar. La pérdida de vidas humanas, la desestabilización regional, y los posibles riesgos que se ciernen sobre la paz universal ante el posible quebrantamiento de magros equilibrios derivados del fin de la Guerra Fría, no pueden ser soslayados.
La construcción de la paz y la exigencia de que se cumpla la normativa internacional es una responsabilidad común de la sociedad global. Los inspectores requieren tiempo y espacio para continuar con su trabajo, y así poder entregar dictámenes veraces que permitan decidir a los miembros del Consejo de Seguridad sobre cuáles deben ser los siguientes pasos. Sólo de esta forma puede preservarse y consolidarse la credibilidad del máximo organismo multilateral que ha creado la humanidad.
La posición de México frente al caso de Irak debe ser inequívoca. Nuestra participación en el Consejo de Seguridad debe pugnar por una decisión justa y acorde a las normas internacionales: México no debe votar a favor de una resolución que dé luz verde para iniciar una acción militar en contra de Irak mientras existan alternativas pacíficas.
El respeto a lo señalado en la Carta de Naciones Unidas no está sujeto a concesiones. Esa es la única forma de aplicar el derecho internacional.
Es claro que hoy la comunidad internacional enfrenta un parteaguas definitivo. Erosionar los frágiles equilibrios del mundo contemporáneo, violentando la Carta de la ONU, implica abrir los espacios para el advenimiento de mayores riesgos para la estabilidad global. Por ello, consideramos que es vital darle más tiempo a los mecanismos previstos por la resolución 1441, fortaleciendo el trabajo de los inspectores que ha mostrado estar lejos de haber agotado sus alcances.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la alta consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. México debe cuidar que el principio de la solución pacífica de las controversias sea la base de todo acercamiento a esta crítica coyuntura. Más aún, ante la presentación de nuevas alternativas viables en el Consejo de Seguridad que evitarían desatar una guerra. Nuestro país no debe caer en percepciones simplistas que aconsejan decisiones precipitadas. Nuestra firme convicción en la fuerza de los organismos multilaterales debe sustentar el repudio a cualquier acción unilateral que atente contra principios mundialmente consensuados.
Es indispensable conservar la unidad del Consejo de Seguridad. La ruptura en este organismo significaría un retroceso para la humanidad.
Sen. Esteban Miguel Angeles Cerón (rúbrica)
(Turnada a la Segunda Comisión. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, FRENTE A LA POSTURA DE MEXICO ANTE LA CRISIS DE IRAK, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TARCISIO NAVARRETE MONTES DE OCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
Los que suscriben, diputados federales y senadores de la República, miembros del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Como es bien sabido, en los actuales momentos el mundo entero presta particular atención a los hechos, acciones y resoluciones que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están realizando y considerando en torno a Irak. El espectro de la guerra se cierne sobre la humanidad.
Frente a tal escenario internacional, nuestro país juega un papel decisivo por tener un asiento con derecho a voto en este organismo de la ONU. En tal sentido, estimamos pertinente pronunciarnos para que México busque desempeñar un rol constructivo para lograr que el Consejo de Seguridad tenga éxito en su resolución que pide el desarme de Irak. El proceso de elaboración y negociación de una segunda resolución acaba de empezar, por el que debemos darle oportunidad y el tiempo necesario para que el Consejo de Seguridad cumpla cabalmente su papel y esperar que los inspectores rindan su nuevo informe.
En política exterior, como en otros ámbitos, adoptar grandes decisiones implica riesgos y oportunidades; hoy estamos ante la oportunidad de contribuir para la defensa del derecho internacional y confiamos en que la posición de nuestro país en el Consejo de Seguridad, será definida por nuestros intereses nacionales, así como la búsqueda de la armonía internacional y la participación responsable de los miembros de la sociedad de naciones.
En la medida en que todas las naciones y otros grupos de individuos no gubernamentales participen activamente en los asuntos mundiales, éstos irán adquiriendo mayor dimensión democrática, diversa y plural, dejando de ser coto exclusivo de una o pocas potencias. Por ello hay que fortalecer los foros multilaterales normados por el derecho internacional, así como las acciones adoptadas por la mayoría de naciones, a fin de contrarrestar posiciones unilaterales o hegemónicas. Por vocación histórica México se ha opuesto a la proliferación de armas de destrucción masiva, y debemos recordar que la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad ha declarado que Irak se debe desarmar.
México continuará promoviendo dicho desarme. En este contexto es urgente que Irak cumpla con las demandas de los inspectores referentes al desmantelamiento inmediato de los misiles prohibidos.
En el Consejo de Seguridad, México fortalece los principios de solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de las naciones, así como la búsqueda de la paz y la seguridad colectivas. La misión de las Naciones Unidas es insustituible y en esta coyuntura debemos actuar para que salga fortalecida.
En tan delicado contexto internacional en el que están en juego la paz y la seguridad mundiales, es fundamental que todos los mexicanos y los actores políticos nacionales estemos al lado de México, apoyemos al responsable de la política exterior que por mandato constitucional es el titular del Poder Ejecutivo. En el frente externo es necesaria la unidad nacional evitando la fragmentación y división política e ideológica, propia de la política interna.
Ciertamente, la administración del Presidente Fox se encuentra ante una delicada responsabilidad frente a los hechos mundiales que están ocurriendo y el debate internacional que han generado. Por ello, nos congratula que recientemente se hayan dado en lo interno expresiones de apoyo solidario de diversos actores comprometidos con México.
Hacemos votos para que prevalezca la política, el diálogo y entendimiento entre las naciones, buscando en todo caso la paz y la seguridad colectivas. Asimismo nos adherimos a los esfuerzos en la lucha mundial contra el terrorismo, los fundamentalismos, las tiranías, y rechazamos cualquier otra forma de intolerancia entre las naciones que amenazan y ponen en peligro la paz mundial.
No dejamos de demandar al régimen de Irak para que cumpla cabalmente con las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la 1441. Se le exhorta resueltamente teniendo en cuenta que es un mandato de la ONU que ha sido reiterado. Deseamos de igual manera que se mantenga un compromiso con la paz y nadie puede escatimar apoyos a este propósito.
Insistimos en que frente a hechos que amenazan y ponen en peligro la seguridad y la paz internacionales, México debe permanecer unido y solidario con la posición a favor del desarme y el respeto a las resoluciones de los organismos multilaterales.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales y senadores de la República, miembros del grupo parlamentario del PAN, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al C. Presidente de la República, con relación a la postura que adopte México ante la crisis internacional para que el Consejo de Seguridad logre el desarme de Irak, así como por el voto que sobre el particular emita en este órgano de las Naciones Unidas nuestro país, con apego a lo que establece nuestra Constitución Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de febrero de 2003.
Dip. Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica), Dip. Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), Dip. Alonso Ulloa Vélez (rúbrica), Dip. Francisco Guadarrama López (rúbrica), Dip. José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), Sen. Gilberto Morgan Alvarez (rúbrica), Mónica Leticia Serrano Peña (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez (rúbrica).
(Turnada a la Segunda Comisión. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION QUE PRACTIQUE UNA AUDITORIA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE QUERETARO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAUL MARTINEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
El suscrito, Raúl Martínez González diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo en el cual se propone que el Auditor Superior de la Federación realice una auditoría inmediata a la Universidad Autónoma de Querétaro, con relación a los recursos públicos federales que le son otorgados a través del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El principio de autonomía universitaria contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido recientemente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este máximo tribunal constitucional de nuestro país ha considerado que esta cualidad que la Carta Magna les otorga no debe ser considerada como una excepción al imperio de la ley o a su aplicación.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó:
"La autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad, en excepción del orden jurídico pues, como se señaló en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación Pública de la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa que propuso la reforma aludida ?...la autonomía jamás podrá ser interpretadao concebida como fórmula de endeudamiento, que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Confirma el principio constitucional de igualdad de los mexicanos ante la ley. Contra el pueblo, contra México, no caben fueros ni privilegios... tiene aplicación el precepto de que no hay libertad sin ley, y que es el Estado en uso pleno de la soberanía popular, el que otorga, y en su caso limita o restringe, el uso de tales facultades. No cabe otro Estado dentro del Estado mexicano. No existe en el orden jurídico nada sobre, ni más allá, del régimen constitucional. El ser universitario no implica una prerrogativa superior a los derechos del común de los ciudadanos, ni le excluye de los ordenamientos jurídicos que considera a todo hombre igual frente a sus semejantes, frente a las autoridades y frente a la ley...? de lo que deriva que la autonomía de las universidades no las exime de sujetarse a la ley y al orden jurídico mexicano dentro del cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la Ley Suprema, por lo que, como se señala en el artículo 78, la libertad de administración de su patrimonio es con sujeción a la Constitución federal y al régimen legal aplicable."
Por otra parte y en cuanto ve a los recursos públicos la misma autoridad jurisdiccional mencionó:
"Es incontrovertible, por tanto, que los subsidios federales que reciben las universidades públicas se otorgan con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y forman parte, por tanto, de la Cuenta Pública, cuya remisión se encomienda en el artículo 74, fracción IV, de la Carta Magna a la Cámara de Diputados que se auxilia a través del órgano especializado para ello que es la Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente Auditoría Superior de la Federación, sin que obste a lo anterior elque la Secretaría de Educación Pública sea responsable de que los subsidios que reciben las universidades públicas se utilicen para los fines conducentes y que, con base en ello, la universidad quejosa haya celebrado el convenio relativo con la Secretaría deEducación Pública, a quien rinde informes sobre el uso de los recursos económicos relativos, pues ello es con independencia y sin detrimento de la facultad que constitucionalmente se otorga a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para revisar la Cuenta Pública."
Definida la autonomía universitaria y establecida la obligatoriedad de las universidades públicas de rendir cuentas y ser fiscalizadas, resulta ineludible la obligación de supervisar que efectivamente se hayan destinado los recursos públicos al fin para el cual fueron otorgados y no se haya hecho un uso inadecuado o se haya incurrido en desvío de los fondos relativos.
A partir de las declaraciones públicas de las autoridades del estado de Querétaro de haber entregado a la Universidad Autónoma de Querétaro una cantidad de recursos superior a la que ésta reconoce también de manera pública, resulta imperante que la autoridad competente revise la entrega efectiva de los recursos públicos así como la aplicación adecuada de los mismos, y realice, con carácter urgente y de inmediato, la revisión exhaustiva de los fondos que maneja dicha universidad.
Lo anterior toda vez que la Universidad Autónoma de Querétaro, reporta en sus informes aportaciones menores a las otorgadas por la Federación a través del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, cuando los montos reales recibidos por ésta son superiores en más de dos veces a lo reclamado por la universidad para dar cumplimiento a los compromisos que aduce no completar.
Este argumento está sirviendo a la universidad para amenazar con entrar en proceso de huelga de maestros por el mencionado faltante de presupuesto, cuando esta no es la realidad, siendo ésta la razón de que se investigue dónde quedaron esos recursos que le han sido asignados en su oportunidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicite al Auditor Superior de la Federación que practique una auditoría urgente e inmediata a la Universidad Autónoma de Querétaro de los recursos públicos federales que le son otorgados a través del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, así como de la aplicación de las disposiciones legales relativas a los mismos, para que en su caso, se finquen las responsabilidades legales a que haya lugar.
Segundo. De igual forma solicítese a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del estado de Querétaro, para que en el marco de sus respectivas atribuciones legales, investiguen esta situación, y que se haya cumplido con el ordenamiento y la normatividad vigente aplicable, para que en su caso, se finquen las responsabilidades legales a que haya lugar.
El presente punto de acuerdo se solicita sea turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados, para que a la vez haga la petición formal al Auditor Superior de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero del año 2003.
Dip. Raúl Martínez González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE COMPAREZCA EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES RESPECTO AL PROGRAMA "HABITAT", PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, a fin de citar a los ciudadanos doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y al licenciado Pedro Borda Hartman, director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), a fin de que expliquen el diseño, objetivos, metas, cobertura y características del programa "Hábitat", al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con información divulgada en los medios de comunicación, a partir del próximo mes de abril la Sedesol comenzará la operación del programa "Hábitat", incluyendo dentro de sus modalidades de operación la entrega de apoyos en efectivo a personas adultas mayores.
A pesar de que las Reglas de Operación de éste, como las de otros programas adscritos a la Sedesol, no se han dado a conocer, la información disponible permite conocer las características de estos apoyos.
La información de los medios, corroborada hasta ahora por autoridades de la Sedesol y el director general del Inapam, coincide en que el Gobierno Federal entregará mensualmente 750 pesos a personas mayores de 60 años que habiten en "bolsones de pobreza urbana" previamente seleccionados por la dependencia, siempre y cuando los destinatarios del programa sepan leer y escribir, se comprometan a colaborar en tareas comunitarias, tengan su credencial del Inapam y preferentemente se encarguen de la manutención de otras personas.
Este programa beneficiaría a unos 200 mil hogares. Su presupuesto sería de mil millones de pesos (aunque no todos estos recursos se destinarían al apoyo de adultos mayores).
En el debate de los medios, el titular del Inapam refutó las acusaciones de que "Hábitat" sea un programa populista, pues -según publicó Reforma el 19 de febrero- "los programas del Gobierno Federal no son asistencialistas". O sea que, para el señor Borda, la pureza de los programas sociales federales es de origen.
2. De inmediato surgieron comentarios sobre este programa en tomo a tres tópicos. Primero, que imitaba el Programa de Apoyos para Adultos Mayores instrumentado por el Gobierno del Distrito Federal.
El "Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito Federal" es un componente central de la política integral de protección social a este sector de la población, que se fundamenta en los ordenamientos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como en la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Actualmente, el apoyo que se entrega, sin condiciones, a mayores de 70 años es de 668 pesos mensuales y tiene a 325 mil beneficiarios. El programa tiene un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos.
El hecho de que el Gobierno Federal entregue apoyos a los adultos mayores hizo parecer que se imitaba una política perredista. Pero no es así. La entrega de apoyos en el DF no está sujeta a condicionamientos que seguramente serían difíciles de cumplir para un amplio sector de la población a la que supuestamente va dirigida ni exige el cumplimiento de un trabajo. Los adultos mayores ya dieron su parte para la construcción de gran parte de lo que nos rodea. Es justo corresponder a su legado.
En segundo lugar, se cuestionó que un programa de apoyos de este tipo posee carácter electorero. Efectivamente, la aceptación de la política social del Gobierno de la Ciudad de México ha constituido un tema en la agenda electoral: en especial en el vecino estado de México, forma parte de los ofrecimientos de campaña de diversos candidatos.
Para nuestro grupo parlamentario, es claro que el Gobierno Federal no quiere quedarse atrás y, con este programa, busca atender un sector al que no se han dirigido hasta el momento la atención ni los apoyos que se merece. En 2003, el Inapam tendrá un presupuesto de 190 millones de pesos; este dinero equivale a una erogación de 27 pesos por adulto mayor. Además, los beneficiarios del Inapam sólo son 4.4 millones, poco más de 60 por ciento de los 7 millones de mayores de 60 años que registró el Censo de 2000.
Finalmente, se ha argumentado que este programa estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que así lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, ni en el proyecto ni en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se habla específicamente de una modalidad de "Hábitat" destinada a los adultos mayores. En el Tomo II del Presupuesto de 2003, Estrategia Programática del Ramo 20 Desarrollo Social, página 11, se dice:
"La característica sobresaliente de este programa es la ejecución de un paquete de intervenciones dirigidas simultáneamente a transformar el espacio urbano, atender el hábitat popular y a encarar el problema de la pobreza en las ciudades."
El Presupuesto habla de modalidades, pero no cita una línea de apoyo para las personas adultas mayores, como sí lo hace en el caso de mujeres jefas de familia. En las páginas 12 a 17 del Anexo de Análisis Programático establece montos de 5 millones de pesos para ejercerse por cada delegación de la Sedesol en las 31 entidades federativas y 771 millones para el programa "Hábitat", con la clave 1S048.
Resulta preocupante que el Ejecutivo modifique discrecionalmente el uso de los recursos públicos aprobados por esta soberanía y cargue indebidamente en la Cámara de Diputados la responsabilidad de sus proyectos e intenciones.
3. Por lo que se sabe de la modalidad de "Hábitat"`destinada a los adultos mayores, será un pésimo instrumento para promover la justicia social. El programa es triplemente excluyente. Primero: sólo atenderá algunos focos de pobreza urbana; segundo: deja fuera a 40 por ciento de la población adulta mayor no afiliada al Inapam; y tercero: desatenderá a más de 2 millones de mayores de 60 años que no saben leer ni escribir, 30 por ciento del total, según datos censales, y seguramente los más pobres entre los adultos mayores.
La seguridad económica de los adultos mayores es un problema social de primer orden, no sólo por razones éticas y de solidaridad sino porque concierne a un número creciente de personas. La seguridad social cubre sólo a 30 por ciento de los adultos mayores y depende de una relación laboral formal previa. Ni las familias ni el mercado pueden enfrentar exitosamente la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar de sus últimos años de vida.
El Partido de la Revolución Democrática ha postulado que las políticas universalistas instrumentadas por instituciones públicas tienen una eficacia social mayor que las políticas de mercado complementadas con políticas asistenciales.
El derecho a la pensión universal ciudadana significa que todo ciudadano y ciudadana de determinada edad deben recibir una pensión, hayan hecho o no aportaciones a un fondo de pensiones. Este derecho se sustenta en que, con poquísimas excepciones, toda la gente ha contribuido a la sociedad, independientemente de haber tenido una relación laboral formal. Es de elemental justicia que la sociedad les proporcione cierta seguridad económica durante su vejez. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ha propuesto elevar a rango constitucional este derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante las Comisiones de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de los ciudadanos doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social, y al licenciado Pedro Borda Hartman, director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de que expliquen el diseño, objetivos, metas, cobertura y características del programa "Hábitat", especialmente en lo referido a apoyos para personas adultas mayores.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2003.
Diputados: Raquel Cortés López, Ramón León Morales (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES COMPETENTES A ESTABLECER EL PROGRAMA DE RECICLAJE Y AUTOFINANCIAMIENTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, YUCATAN, PRESENTADA POR EL SENADOR ORLANDO PAREDES LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
El pasado sábado 22 de febrero, los regidores del PRI en el cabildo de Mérida, presentaron a la CP Ana Rosa Payán Cervera, primera edil de la capital yucateca, una propuesta para el manejo de los residuos sólidos municipales en la que desarrollan una alternativa para el autofinanciamiento del servicio municipal que actualmente se cobra a los emeritenses.
Como referencia, en la ciudad de Mérida se cobra el servicio de recolección de basura, en promedio 30.00 pesos por vivienda, lo que en muchos casos represento un gasto importante para las familias del municipio, además, se destinan alrededor de 25 millones de pesos anuales del Ramo 33, para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales, por lo que se dejan de atender otras necesidades de inminente prioridad para seguir enterrando la basura en los rellenos sanitarios.
Por esta razón, el ingeniero Ignacio Mendicuti Priego, la licenciada Ingrid Priego Cárdenas y la licenciada Gabriela Santinelli Recio, decidieron llevar a cabo el desarrollo de esta alternativa que hoy quiero comentar en esta tribuna, porque además del beneficio que representaría para las familias de la ciudad de Mérida dejar de desembolsar esos 30 pesos que en promedio pagan por el servicio de recolección, se plantea una serie de beneficios adicionales de los que quisiera hablarles para pedirles su respaldo en el impulso de este proyecto.
En el año de 1988 Estados Unidos ahorró en electricidad, tan sólo con el reciclaje de latas de aluminio, más de once mil millones de kilovatios-hora, electricidad suficiente para abastecer a los hogares de la ciudad de Nueva York durante medio año.
Por cada tonelada de papel y cartón reciclado se dejan de cortar 17 árboles o se dejan de usar dos toneladas y media de madera, lo que representa también un ahorro de 27 mil litros de agua y más de 4 mil kilovatios hora de energía.
Que cada botella de vidrio reciclado permite ahorrar la energía consumido por un foco de 100 watts durante 4 horas por la reducción en energía eléctrica durante su proceso de producción.
Pues estos datos son resultado de la investigación para el desarrollo y sustento de esta propuesta que les menciono, nos hacen pensar que tenemos en nuestras manos una solución alterna para el grave problema de abasto en materia de energía eléctrica en el país, que además podría coadyuvar para el fortalecimiento y crecimiento de la industria que produce materias primas en México, lo que significaría un detonante para nuestra economía.
Esta reflexión la hacemos partiendo de la idea de lograr la reducción en los costos de la materia prima, así como de los insumos básicos de las industrias en el país, toda vez que si recuperamos los deshechos para volver a procesarlos y obtener nuevos insumos derivados del reciclaje, esto supone una reducción en los costos de producción además de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país para la conservación de nuestro entorno.
Como ejemplo, la producción de aluminio a partir del material reciclado logra un ahorro del 95% de energía, El proceso de fundición es simple y no presenta ningún tipo de dificultad. Las diferencias de calidad en el material clasificado sólo afectan al precio y su aplicación y no al producto final. El aluminio es una materia prima tan versátil que permite convertir botes usados en nuevas piezas de automóvil, persianas o nuevos envases.
El 95 % de los plásticos son reciclables, pero casi el 66% de ellos son desechados inmediatamente después de abrir el producto. Por lo que ante la falta de una adecuada cultura del reciclaje y el mal manejo de los residuos municipales se genera un problema serio de contaminación y gastos de recursos, cuando podría ser la solución de muchos otros problemas que urge se atiendan en nuestro país.
Además uno de los planteamientos que también se contemplan en esta propuesta, es la producción de composta a partir del material orgánico de deshecho, producto que podría destinarse al campo mexicano para mejorar las tierras de cultivo. Esta acción representaría una ayuda concreta para la producción del campo, pues los nutrientes naturales que contiene el abono orgánico que resulta de la composta, son mucho más abundantes, de más rápida absorción y de mayor aprovechamiento.
Con la puesta en marcha de esta propuesta, también encontramos la posibilidad de apoyar a los campesinos de México, pues además de enriquecer las tierras de cultivo y dejar de dañar las extensiones de tierra que sacrificamos para la instalación de rellenos sanitarios, esta ayuda representa la reducción en los gastos de fertilizantes y agroquímicos ya que como les mencionaba, la composta o abono orgánico contiene nutrientes mucho más fáciles de asimilar por las plantas y sin el riesgo que representa el uso de los químicos porque se trata de un producto natural.
Ahora bien, si logramos que este proyecto se lleve a cabo, desde luego pidiendo que sea Mérida la ciudad piloto para el inicio, podríamos crear conciencia con campañas de difusión para otras entidades de la República, quizá me atrevo a sugerir que simultáneamente se lleve a cabo en las pocas entidades que cobran el servicio de recolección de basura, para lograr en primera instancia ayudar a la ciudadanía al liberarlos de este gasto que puede ser autofinanciable con la comercialización de los productos reciclables que se recuperen, para después extenderlo a otras ciudades del país que podrían reducir sus gastos en el tratamiento y disposición final de sus residuos sólidos.
Desde luego un problema mayúsculo al que pocas veces ponemos la atención necesaria, es sin lugar a dudas el poder reducir notablemente la contaminación a nuestro medio ambiente y entre esa reducción de contaminantes, valdría la pena recordar la cantidad de filtraciones que generan los rellenos sanitarios y que van a parar directamente a los mantos freáticos. Por esto, al reducir considerablemente la cantidad de deshechos que llegarían a los rellenos sanitarios, combatimos este problema que de no atenderse de inmediato quizá luego sea muy tarde para revertir los daños causados al medio ambiente.
Por todo esto que les menciono, quiero destacar la importancia y alcances de este proyecto, que representan en este momento atender de manera inmediata varios problemas del orden nacional, como serían:
El apoyo al campo, con la producción de composta para el mejoramiento de las tierras de cultivo.
La reducción en el consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, en la enorme demanda que tiene la paraestatal.
El mejor aprovechamiento de los recursos que se destinan para el tratamiento de los deshechos urbanos como sería el rubro del Ramo 33, que por insólito que parezca se utiliza para este fin aun cuando se supone que esta partida presupuestal está destinada al combate a la pobreza.
El fomento al empleo al impulsar una industria que por su expansión generaría nuevos empleos que tanta falta le hace a las familias mexicanas.
Para lograr esto se contemplan cuatro puntos medulares para su funcionamiento y puesta en marcha, que son:
La creación de un fideicomiso integrado por las grandes empresas, que han demostrado a través de los años su interés en el desarrollo de este tipo de iniciativas en beneficio de nuestra sociedad.
Otro de los puntos sería la puesta en marcha de las plantas de disposición final que se requieren tanto para la separación de los desechos, como para el acopio de éstos y las plantas de producción de composta que se servirían para la producción del abono orgánico.
Se pide también la participación ciudadana para la separación de los deshechos, aunque desde luego en el caso de Mérida sería mucho más fácil involucrar a la ciudadanía, pues el primer beneficio directo o estímulo para participar sería dejar de pagar el servicio de recolección, ya que en el caso de las familias que opten por no hacerlo, se les seguiría cobrando esta mensualidad, ingresos que se destinarán a la contratación de los pepenadores que trabajarían en las plantas de separación, acopio y producción de composta.
Por último se contempla una campaña de difusión para crear conciencia entre los ciudadanos de los beneficios que implica la cultura del reciclaje.
Definitivamente estoy convencido de la visión social y los alcances de esta propuesta, que por su naturaleza e impacto en beneficio de todos, considero urgente, compañeros y compañeras de la Comisión Permanente, hacerlos partícipes de ésta y pedirles su respaldo, por lo que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Educación Pública; Comisión Federal de Electricidad; y Comisión Nacional del Agua, para que con la participación económica e infraestructura de todas estas dependencias, se implemente el programa de reciclaje y autofinanciamiento para el manejo y disposición final de residuos sólidos municipales, primeramente en el municipio de Mérida, Yucatán, como piloto y posteriormente en el resto de los municipios del país.
México, DF, a 26 de febrero de 2003.
Sen. Orlando Paredes Lara (rúbrica)
(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 26 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE AGILICE EL PAGO A EJIDATARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA CAJON DE PEÑA, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 2003
Para fortuna de los jaliscienses, especialmente de los habitantes de Tomatlán y, especialmente de un numeroso grupo de productores agrícolas de la zona costera norte del estado de Jalisco, el Poder Ejecutivo federal construyó a principios de los años 90 la presa denominada "Cajón de Peñas", que es una de las más grandes e importantes de Jalisco y de la región occidental del país.
Para realizar la construcción del citado embalse, el Ejecutivo federal expropió un importante número de hectáreas de régimen ejidal, aproximadamente mil, correspondientes al ejido Nuevo Santiago, enclavado dentro de los límites del municipio de Tomatlán en el estado de Jalisco, mediante decreto expropiatorio de fecha 11 de marzo de 1991, a favor de la entonces denominada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Desde la fecha de la expropiación en el año 1991, transcurrieron casi 5 años de gestión administrativa infructuosa, que incluye un centenar de visitas en la directiva ejidal a un número muy grande de oficinas gubernamentales federales tanto en la capital jalisciense como en la Ciudad de México, con el consecuente desgaste físico y la erogación de sumas cuantiosas de recursos económicos a cargo de los campesinos, con costosos traslados desde Nuevo Santiago en Tomatlán, que está a más de 5 horas de camino a Guadalajara y en ocasiones obligados a trasladarse hasta esta Ciudad capital, ninguna instancia federal resolvió nada a favor de ellos. Fue en el año de 1997 que, con el argumento de necesitar fundamentar la acción de pago a los ejidatarios afectados, la entonces denominada Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, solicitó a la mesa directiva del ejido Nuevo Santiago, que procediera a presentar demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Guadalajara, como requisito indispensable a fin de que la Tesorería General de la Federación pudiera entregar el pago correspondiente a las hectáreas afectadas, con la promesa de allanarse a ella y emitir de inmediato el documento de pago a favor de los ejidatarios.
Pero todo fue un engaño, el Poder Ejecutivo federal decidió alargar el trámite en forma injusta, producto de su influencia y de la complacencia de autoridades judiciales agrarias, encontrando diversas formas de continuar evadiendo el pago, inventando pretextos fútiles para dilatar el proceso y ocasionar gastos millonarios a los campesinos, que llevan ya más de 10 años en busca de obtener la compensación que les corresponde por la afectación que recibieron, y casi 6 años de batallar en un proceso legal muy desigual, 6 años de enfrentar la influencia del gobierno que se niega a pagar lo que debe y que no le importa que el procedimiento dure muchos años más y sea cada vez más costoso para los campesinos, que continúan pagando gastos elevados en honorarios de abogados, peritajes, documentos certificados, traslados diversos, entre otros, y para los que cuando llegue el pago de lo que merecen, será de un valor muy menoscabado en relación con los bienes que poseían.
Finalmente, la lucha de los campesinos en busca de justicia tuvo un primer fruto, pues el Tribunal Unitario del Decimocuarto Distrito emitió resolución el 5 de abril del año pasado, en el expediente 489/97, y determinó una sentencia que condenó al Poder Ejecutivo federal a través de la Sagarpa al pago inmediato de la indemnización correspondiente a las hectáreas afectadas a los ejidatarios de Nuevo Santiago, en Tomatlán, Jalisco.
Pero el vía crucis de los campesinos no termina aún, no obstante la promesa que hiciera la Sagarpa, de liquidar el pago en cuanto resultara sentencia condenatoria y evitar recurrirla, esto fue de nuevo una promesa incumplida, fue un engaño más. Más aún, la Sagarpa ha obstaculizado sistemáticamente, por casi un año, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario, con recursos denostables como la ausencia premeditada en audiencias judiciales para fijar nueva fecha, misma que en contubernio con la autoridad agraria se determina siempre a mucha distancia para dilatar aún más el proceso de ejecución, además de incumplir, premeditadamente también, con la presentación de documentos oficiales, como peritajes y avalúos, para dilatar más la celebración de la audiencia y seguir complicando el proceso.
La situación es muy clara, la Sagarpa se niega por mero capricho a pagar a los campesinos afectados, y se propone alargar el proceso con artimañas legaloides y la complicidad de autoridades agrarias para, en su caso quizá, cumplir y pagar pesos a valor de corcholatas en al menos 5 o 6 años más.
Por ello, se solicita la intervención inmediata del Poder Legislativo a favor de los campesinos de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, quienes en su único reclamo exigen justicia, es decir, que cese ya el imperio legal del más fuerte sobre el más débil. La exigencia de los campesinos es muy clara y es muy justa, que el Poder Ejecutivo federal cumpla ya con su responsabilidad de pagarles por lo afectado.
Por los motivos antes expuestos, se solicita que intervenga esta Comisión Permanente y requiera de inmediato al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación, la Sagarpa, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial del caso, cite a comparecer a los funcionarios involucrados y exhorte a liquidar de inmediato a los campesinos de Nuevo Santiago de Tomatlán, Jalisco.
Ante hechos como éste, no podemos quedarnos callados y dejar en la desesperación a campesinos que son pisoteados por el único reclamo de exigir lo que se les expropió dejándolos en el desamparo, sin tierras y sin pago.
Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, la información oficial relativa a la dilación y el pago correspondiente a ejidatarios del ejido de Nuevo Santiago en Tomatlán, Jalisco, afectados por la expropiación de tierras para la construcción de la presa Cajón de Peñas, citando a comparecer a los funcionarios de las dependencias federales involucradas en el proceso, exhortando a liquidar de inmediato el pago que se adeuda a los ejidatarios afectados.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a los 26 días del mes febrero de 2003.
Dip. Salvador Cosío Gaona (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 26 de 2003.)
México, DF, a 18 de febrero de 2003.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito remitir al Pleno de esta Comisión Permanente un breve informe relativo al Tercer Foro Parlamentario Mundial, que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de enero, en el marco del Foro Social Mundial, realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, al cual asistimos un grupo de legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.
Se hace llegar también, para conocimiento y consideración de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, la declaración final de los parlamentarios aprobada en el citado evento.
Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente
Sen. Leticia Burgos Ochoa (rúbrica)
Presidenta
Informe sobre la participación de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República en el Tercer Foro Parlamentario Mundial
La puesta en marcha de la Red Parlamentaria Internacional (RPI), además de establecer contactos solidarios con los movimientos sociales y de ciudadanos, ha constituido y constituye uno de los principales objetivos adoptados en los encuentros del Foro Parlamentario Mundial.
Así, con motivo del Foro Social Mundial llevado a cabo en Porto Alegre, Brasil, del pasado 23 al 28 de enero, se reunió el Tercer Foro Parlamentario Mundial, al cual asistió una comisión de parlamentarios mexicanos, formada por la senadora Leticia Burgos Ochoa, el senador José Francisco Fernández de Cevallos Urueta, el senador Miguel Angel Navarro Quintero y el senador Marcos Carlos Cruz Martínez, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República.
En ocasión del Foro Parlamentario, en su tercera edición desde Porto Alegre, Brasil, pueden destacarse los siguientes acuerdos:
Se planteó una nueva configuración del sistema financiero y comercial del mundo; la democratización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; se presentaron alternativas al Area de Libre Comercio de las Américas; se lanzó un no rotundo a la guerra y una condena a EU por el terrorismo mundial que despliega; se defendió el medio ambiente, así como los derechos humanos, además de la propiedad intelectual ante las empresas transnacionales; y se reclamó una nueva cultura del reconocimiento a la diversidad y a la diferencia y la equidad de género.
En el caso de la delegación mexicana, se propuso y se acordó promover los siguientes acuerdos:
1. Que la Red Parlamentaria Internacional, en coordinación con legisladores de los diversos partidos políticos en el Senado de la República Mexicana, invitara a promover una iniciativa política de parlamentarios, en el marco de la Cumbre de los Jefes de Estado de la OMC, por realizarse en septiembre próximo.
2. El Foro Parlamentario Mundial expresó su apoyo incondicional a las demandas del movimiento campesino de México, que plantea al gobierno mexicano la renegociación y revisión del apartado agropecuario del TLC con Estados Unidos y Canadá.
Por tercera vez consecutiva, el Foro Parlamentario Mundial (FPM) se ha reunido en Porto Alegre, del 22 al 24 de enero de 2003, en el seno del Foro Social Mundial. Esta reunión se ha celebrado días después del acceso a la Presidencia de la República Federativa de Brasil de Luis Inacio "Lula" da Silva, protagonista de los Foros anteriores. El triunfo de Lula representa para millones de mujeres y de hombres de Brasil, de América Latina y del mundo una esperanza. Que vea el día una nueva forma de gobierno y de desarrollo económico y social basado en la inclusión social.
La puesta en marcha de la RPI, además de establecer contactos solidarios con los movimientos sociales y de ciudadanos, constituye uno de los principales objetivos adoptados en los encuentros anteriores del FPM. El primer FPM, en enero 2001, definió las bases y las perspectivas. El segundo, en febrero 2002, precisó sus modalidades de estructuración (en torno de los polos regionales, cuya coordinación debe asegurar su dimensión internacional y su funcionamiento, con la creación de listas electrónicas mundiales y regionales).
Los temas retenidos en la declaración de referencia del primer FPM, y completados por el segundo FPM, han suscitado numerosas intervenciones e iniciativas de miembros de la Red en sus Parlamentos nacionales o regionales (por una tasa tipo Tobin, en favor de la paz). Estos han aportado su apoyo a los procedimientos de los foros sociales, respetando la Declaración de Principios del FSM, y han participado en sus encuentros mundiales, regionales o temáticos.
A lo largo de 2002, la Red comenzó a intervenir de manera más colectiva con la declaración preparada con ocasión de la Cumbre de Johannesburgo ("Río +10") y la campaña contra la OMC sobre los servicios públicos (en el marco de la AGCS actualmente en negociación). Los polos regionales de la RPI comenzaron a formarse, sobre todo en Europa.
Sin embargo, el desarrollo de la Red Parlamentaria sigue siendo muy desigual, dependiendo de las regiones y países. Es importante hoy día extenderla y reforzar su capacidad de acción, con la prolongación de la Declaración Final del primer FPM (del 28 de enero de 2001). En este sentido, habrá que poner en marcha coordinaciones nacionales de la RPI, con el objetivo de permitir a los diputados nacionales o regionales de los diferentes países aunar sus esfuerzos en el seno de los polos regionales de la RPI.
La Red Parlamentaria Internacional se movilizará, en 2003, tanto en el plano legislativo como mediante campañas emprendidas por los movimientos sociales y de ciudadanos.
Contra la guerra. Es la primera urgencia. Actuar sin plazo para evitar la guerra en Irak y poner fin a la ocupación militar israelí en territorios palestinos.
Los parlamentarios de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deben exigir a los gobiernos que se opongan a la guerra y que rechacen el concepto de "guerra preventiva". En este caso, hay que recurrir al "veto por la paz" por parte de los países que se benefician del derecho de veto en el seno del Consejo ONU. Debemos manifestar de forma clara nuestro rechazo a cualquier ataque que constituya una amenaza para la paz y que elimine la credibilidad que la ONU necesita para hacer frente a sus misiones. Apelamos a Naciones Unidas para que tome todas las iniciativas en favor de la paz. Los inspectores de la ONU deben disponer del tiempo necesario en su misión.
Nos oponemos al nuevo orden militar mundial que Washington quiere imponer y a su doctrina de " guerra preventiva", cuyos efectos ya se hacen sentir, directa e indirectamente, desde América Latina hasta Oriente Medio (Palestina...), Europa (Chechenia...), Africa (Costa de Marfil...) y Asia (Filipinas...). La RPI actuará en concordancia con el nuevo movimiento antiguerra que se forma a escala internacional, con ocasión de las movilizaciones previstas para el 15 de febrero de 2003. La RPI propone que una serie de delegaciones parlamentarias se desplace a Irak, durante las próximas semanas, sobre la base de una oposición radical a la guerra, de solidaridad con el pueblo iraquí (víctima de la dictadura de Saddam Hussein), del embargo económico y de las amenazas militares de Washington. Pedirá también ser recibido por el Consejo de Seguridad de la ONU para expresarle su oposición a la guerra y se entrevistará, con ocasión de este viaje, con los miembros del Congreso de Estados Unidos, así como con el movimiento antiguerra americano para manifestarle su apoyo.
La RPI se propone asimismo asegurar una presencia en Palestina para la protección de la población civil. Expresa su apoyo a todas las fuerzas y a todos los movimientos que en Israel y en Oriente Medio actúan por una paz justa y duradera.
Cancún. La Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre de 2003, constituye un reto para todos los movimientos de resistencia a la mundialización liberal.
El compromiso adquirido en Doha de revisar los acuerdos TRIPs sobre la propiedad intelectual, de manera que nada de este acuerdo pueda impedir a los países en desarrollo llevar a cabo políticas de salud pública debe ser respetado. Es una condición para la puesta en marcha de un nuevo ciclo comercial. Es inaceptable que las poblaciones pobres no puedan tener acceso a los medicamentos en nombre de los derechos de propiedad y de los imperativos de beneficios.
La RPI deberá ampliar la lucha emprendida desde otoño 2002 contra el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (AGCS) y en defensa de los servicios públicos (la petición se inició en Europa y ya ha recogido 215 firmas de parlamentarios). La fecha límite para el envío de ofertas de liberalización es el 31 de marzo de 2003, este mes será una etapa importante en esta movilización que finalizará en septiembre.
La Conferencia de Cancún será para nosotros la ocasión de reafirmar que el derecho comercial debe estar subordinado a las exigencias sociales y ecológicas, que los acuerdos sobre el derecho del trabajo y la defensa del medio ambiente deben imponerse a la OMC, que el sistema comercial y el sistema financiero internacional deben ser profundamente reformados para ser democráticos. Los bienes comunes (como el agua) no deben ser tratados como mercancías. Resulta escandaloso que las poblaciones pobres se vean privadas del acceso a los medicamentos en nombre de imperativos de beneficio. Reiteramos nuestro rechazo a la negociación, en el seno de la OMC, de un acuerdo multilateral sobre la inversión en provecho de las transnacionales. La OMC y las instituciones financieras internacionales no deben hacer la ley.
La RPI, en coordinación con legisladores de los diversos partidos políticos en el Senado de la República Mexicana invitan a promover una iniciativa política de parlamentarios, previo a la Cumbre de los Jefes de Estado de la OMC a realizarse en el mes de septiembre próximo.
Después de Johannesburgo. La Cumbre sobre el Desarrollo duradero ("Río + 10") en Johannesburgo, finales de agosto-principios de septiembre de 2002, fue un fracaso patente. La ratificación de los acuerdos de Kyoto, aunque limitados, no ha sido lograda. Nuevas catástrofes medioambientales y sociales, como las ocurridas en el sector del transporte marítimo de sustancias peligrosas se han vuelto a producir. El llamamiento internacional iniciado por la RPI y firmado en su momento por 233 parlamentarios de numerosos países sigue siendo de actualidad. Por consiguiente, la RPI difundirá de nuevo ampliamente este llamamiento ("Después de Johannesburgo, la urgencia sigue siendo salvar la tierra") y relanzará la recogida de firmas para preparar nuevas acciones en este campo.
Tasación de los movimientos de capitales. Frente a las necesidades de financiación del desarrollo y a la necesidad de apoyar el acceso de todas y todos a los bienes públicos mundiales, la RPI ampliará sus campañas a favor de la redistribución de la riqueza a escala mundial, en particular en favor de una tasa tipo Tobin sobre las transacciones financieras internacionales. Esta tasa supondría un control político y democrático de los mercados financieros y contribuiría a la lucha contra la especulación monetaria. La RPI ayudará a coordinar las campañas llevadas a cabo en los parlamentos, concretamente a favor de un tratado internacional que establezca una tasa sobre el mercado de divisas en provecho de los fondos de Naciones Unidas.
Transparencia en las negociaciones, condiciones de la democracia. Con la mundialización liberal, la democracia está siendo vaciada de contenido. La negociación secreta de acuerdos de los cuales depende el futuro de las poblaciones es la regla común. Los miembros de la RPI intervendrán en sus países para exigir que los documentos discutidos en el marco de esas negociaciones, que las deliberaciones en curso y que las posturas defendidas por cada gobierno sean públicas. La transparencia no es más que una de las condiciones indispensables para el real ejercicio de la democracia pero se trata de una de las condiciones esenciales.
Los parlamentarios de los países del norte deben hacer un llamamiento a sus gobiernos sobre las políticas que llevan a cabo con respecto a esos países (incluido en el seno del FMI) y preguntar públicamente cómo apoyar la puesta en marcha de programas para combatir el hambre a escala mundial.
Los parlamentos deben tener la oportunidad de hacer su papel de legisladores, de control del ejecutivo y de las políticas presupuestarias, y expresar la vida política del país. Deben estar abiertos a los movimientos de la sociedad y a sus aspiraciones.
Solidaridad. Reafirmamos nuestro rechazo al actual proyecto de la ALCA que supondría una subordinación económica de América Latina a EEUU. Pedimos otro tipo de integración democrática y económica regional. La RPI deberá seguir atentamente las negociaciones en curso con el fin de impedir todo acuerdo desigual.
Reafirmamos nuestro apoyo a una solución política al conflicto de Colombia mediante la promoción de la justicia social y sin ninguna intervención militar extranjera.
El FPM expresa su apoyo y su solidaridad a los campesinos de Bolivia, condena la sangrienta represión llevada a cabo contra ellos en días recientes y exige una solución pacífica y favorable a sus legitimas reivindicaciones.
El FPM expresa su total apoyo a la voluntad e inalienable derecho de independencia, soberanía hay autodeterminación del pueblo cubano, de elegir y regir su propio destino.
Exigimos el levantamiento sin condiciones del embargo de Estados Unidos contra Cuba así como de las Leyes Torricelli, Helms-Burton y de "Ajuste Cubano" y de sus decretos de aplicación.
El FPM expresa su apoyo incondicional a las demandas del movimiento campesino de México que plantea al gobierno mexicano la renegociación y revisión del apartado agropecuario del TLC con Estados Unidos y Canadá.
En el marco de las Naciones Unidas, pedimos la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre la autodeterminación y la independencia del pueblo saharauí mediante la realización de un referéndum.
En el marco de su compromiso contra la guerra y la mundialización desigual, los miembros de la RPI participarán en las grandes movilizaciones previstas en 2003 por los movimientos sociales y de ciudadanos, así como en las que se celebrarán con ocasión de la Cumbre del G8, en junio, en Evian (Francia).
Un debate sobre las relaciones entre los partidos políticos y los movimientos sociales y de ciudadanos es necesario. Aportamos como elemento a este debate la contribución del grupo de trabajo que trató esta cuestión durante nuestro foro.
La RPI preparará de forma activa el próximo FPM, en la India, que deberá presentar un balance de las actuaciones llevadas a cabo en 2003, preparar iniciativas para el 2004 y permitir auténticos intercambios políticos.
(Texto original en francés y español)
1. Las recientes declaraciones de Eduardo Fernández, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el caso Amigos de Fox ha reabierto uno de los expedientes más importantes de la agenda política, de cuyo desenlace depende el futuro de nuestra democracia. Según este ex funcionario zedillista, el gobierno de Vicente Fox lleva a cabo un operativo de Estado para encubrir, "a como dé lugar, al Presidente" y destruir las evidencias de cómo en la campaña panista de 2000 se manejó "mucho dinero del extranjero".
De manera inusitada en una amplia entrevista en el programa de Joaquín López Dóriga, Eduardo Fernández afirmó que parte de ese operativo consiste en tortura psicológica a supervisores de la CNBV que saben cómo se urdió "la red de lavado de dinero operada por Lino Korrodi"; así como el cateo de casas y oficinas de la Comisión por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, en busca de los documentos que detallan las transferencias para destruirlas.
Entre las muchas cosas que dijo resalta el hecho de que el IFE recibe de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales, información seleccionada previamente. Así, según su dicho, el 17 de febrero pasado el ex supervisor bancario José Camargo, con más de 30 años de antigüedad en la Comisión, declaró que hubo lavado de dinero en la campaña y señaló que sus comparecencias ante el Ministerio Público "fueron sustraídas" del expediente. Y aunque Camargo confirmó que hubo lavado de dinero se siguió "por parte del gobierno de Fox la misma estrategia de silenciar a como dé lugar a los testigos de un crimen de Estado y encubrir al Presidente".
Estas afirmaciones provienen de quien en el año 2000 ocupó un lugar privilegiado en el sistema financiero mexicano, y que por ello mismo pudo observar los movimientos bancarios de los Amigos de Fox.
2. Al respecto conviene recordar que el PRD presentó en la víspera de las elecciones de 2000 una queja ante el IFE por un presunto financiamiento privado a la campaña de Vicente Fox. El origen de la denuncia fue la evidencia difundida en la prensa nacional de que agencias gubernamentales de Estados Unidos realizaban una investigación por presuntas irregularidades en transferencias bancarias cercanas a los 30 millones de dólares a nombre de Cristóbal Fox Quesada, de las que se sospechaba podrían haber sido utilizadas para la campaña electoral de su hermano Vicente. De acuerdo con lo difundido en la investigación se descubrió que la empresa Vegetales Frescos podría haber sido utilizada como fachada para la realización de presuntas transferencias relacionadas con la recaudación "de fondos ajenos a tratos comerciales y muy cercanos a financiamiento político, dada la relación con su hermano Vicente Fox".
En aquel entonces se supo que también el First National Bank documentó ante la PGR que otro miembro de la familia Fox Quesada, Juan Pablo, utilizó las cuentas de cheques 1003596 y 145556, la primera a su nombre y la segunda bajo la razón social de Vegetales Frescos, para triangular dinero procedente de México y Estados Unidos a compañías con las cuales tenían relaciones "extrañas", porque están dedicadas la refrigeración y a la curtiduría e incluso casas de consultoría internacional, cuando el guanajuatense se dijo presidente de una empresa dedicada a la explotación de recursos "renovables y no renovables en forma individual o colectiva tales como la agricultura, la silvicultura, piscicultura y la ganadería". El adeudo en disputa por el First National Bank y Juan Pablo Fox era de 100 mil dólares, que no habían sido cubiertos. Sin embargo los abogados de la institución confirmaron que habían existido triangulaciones de capital que superaron los 200 mil dólares y cuyo destino fueron empresas con giro comercial distinto a lo que estaba destinado el financiamiento otorgado.
En junio de 2000 el PRD presentó la denuncia correspondiente ante el IFE y durante ese mismo mes el PRI presentó otra en la que estaban involucrados Lino Korrodi, secretario de finanzas de la campaña de Fox, Carlota Robinson, Valeria Korrodi y los amigos de Fox. Como se recordará ambas quejas fueron desechadas. En el caso de la del PRD se señaló que no existían indicios suficientes de que se hubiese violado alguna disposición del Cofipe relacionada con el régimen de financiamiento de los partidos y coaliciones. El IFE consideró la relación entre el banco extranjero, la empresa Vegetales Frescos y Juan Pablo Fox, como de naturaleza estrictamente privada.
3. El Tribunal Federal Electoral reabrió el caso al revocar la negativa de investigación por parte del IFE y al ordenar la remisión del expediente a la Comisión Fiscalizadora del instituto hasta agotar todas las líneas de investigación. Fue una decisión histórica porque puede ayudar a trasparentar el uso ilegal de recursos privados para las campañas electorales, los intereses y compromisos económicos y políticos que se generan a su alrededor, así como sobre el poder del dinero en la vida política del país.
El desvío de recursos públicos para el sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho político inocultable del que se benefició el partido oficial; prueba de ello es el Pemexgate, aún pendiente de resolverse. Pero la participación de recursos privados en las contiendas ha demostrado que no hubo una sola fuente de recursos disponibles, éstos van desde aportaciones millonarias en efectivo o mediante transacciones financieras fraudulentas como en el caso del Fobaproa/Cabal Peniche, los hermanos y los Amigos de Fox; utilización de infraestructura gubernamental, de recursos humanos y materiales; hasta el uso indiscriminado de los programas sociales para inducir el voto a favor de los candidatos apoyados por el gobierno en turno. Lo anterior ha provocado una profunda iniquidad en las contiendas electorales, cuyos efectos se ven reflejados en los resultados de los comicios, pervirtiendo la competencia política.
Las sucesivas reformas legales para reglamentar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos, la mayor actividad fiscalizadora del Congreso y una sociedad más crítica como es en la actualidad la mexicana, no han eliminado una de las peores herencias del régimen autoritario y corrupto: disponer ilegalmente de recursos públicos y "pasar la charola" para obtener ilegalmente recursos privados para perpetrar en el poder a un partido político o ganar a toda costa una elección.
Por ello, creemos que la transición mexicana no será posible si no se consiguen condiciones de igualdad en las contiendas electorales, se ejerce con transparencia y honestidad el presupuesto y se castiga severamente el desvío de recursos públicos, la utilización de los programas sociales para fines distintos a los aprobados por el Congreso, así como el financiamiento privado nacional y extranjero a los partidos políticos y sus candidatos. Las transformaciones políticas y jurídicas que acompañen la democratización del nuestro país en el futuro no pueden ser ajenas a estos requerimientos. Más aún cuando millones de mexicanos reclaman honestidad y rendición de cuentas, fin a la impunidad y a la corrupción que ha degradado el ejercicio público.
En estas condiciones las revelaciones de Eduardo Fernández sobre las transferencias ilegales de los Amigos de Fox y el operativo para encubrir delitos electorales que ha denunciado deben integrarse a las investigaciones que las autoridades realizan. No hay razón para que nadie encubra ningún delito, aún cuando esté en juego la credibilidad del Presidente de la República. Poner fin a la impunidad es un requisito para la verdadera democratización del país.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la decimoctava reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el jueves 27 de febrero, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la decimosexta
y de la minuta de la decimoséptima reuniones de Junta Directiva.
4. Informe sobre los siguientes temas:
a) Estado que guardan los asuntos legislativos turnados a la Comisión.
b) Comentarios sobre el informe de actividades de la Comisión para el segundo periodo del segundo año legislativo (marzo-agosto de 2002), entregado en la decimoséptima reunión de Junta Directiva.5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
A su reunión plenaria, que se efectuará el jueves 27 de febrero, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Uuc-kib Espadas Ancona
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su vigesimoquinta reunión ordinaria, que se realizará el jueves 27 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la vigesimosegunda
reunión ordinaria y de las minutas de la vigesimotercera y vigesimocuarta
reuniones ordinarias.
4. Discusión y votación del dictamen del decreto que
reforma y adiciona los artículos 40, 115, 116 y 124 constitucionales,
que presentó el diputado Alejandro Zapata Perogordo.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión-comida de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Carlos Pallares Bueno
Presidente
DE LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS
A la entrega de reconocimientos a los editores y productores de material bibliográfico y documental que cumplieron lo dispuesto en el Decreto de Depósito Legal, durante 2002, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, a las 17 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Lic. Dulce María Liahut Baldomar
Directora General
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE AMBAS CAMARAS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 4 de marzo, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria
del 19 de febrero de 2003.
4. Integración de los grupos de trabajo, para el estudio y análisis
de las iniciativas, puntos de acuerdo y minutas registradas, de la Ley
Federal del Trabajo, en ambas Cámaras.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
de la Cámara de Diputados
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión
anterior, realizada el 4 de diciembre de 2002.
4. Informe de la Comisión de Seguridad Social por el periodo
comprendido del 1 de septiembre de 2002 al 28 de febrero de 2003.
5. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes de trámite
legislativo.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 19 de marzo, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Recepción formal del dictamen donde la H. Cámara de
Senadores resolvió desechar en su totalidad la minuta que contiene
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos
73, 76, 89, 108, 110, 111 y 112 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos
73, 76, 89, 108, 110, 111 y 112 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente de la Comisión del Distrito Federal