DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE
PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE INTEGRACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO
La Mesa Directiva, con las atribuciones que le confiere el artículo 78, fracción III, de la Constitución General de la República, los artículos 116, 123, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y
CONSIDERANDO
Que para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones de trabajo, cuya composición sea propuesta por la Mesa Directiva;
Que en Sesión de la Comisión Permanente del pasado 27 de diciembre de 2002, fueron designadas las directivas y los integrantes de las tres comisiones de trabajo: de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas;
Que resulta necesario complementar la integración de las comisiones de trabajo para que muestre la proporcionalidad de este órgano de los recesos legislativos, por lo que somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta de
ACUERDO:
PRIMERO: Se incorporan como integrantes en la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, a los siguientes legisladores:
SEN. ANTONIO GARCÍA TORRES
SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SEGUNDO: Se incorpora como integrante en la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, al siguiente legislador:
SEN. FEDERICO LING ALTAMIRANO
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de enero de 2003.
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
Presidente de la Comisión Permanente
Dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica)
Vicepresidente
Dip. Bernardo Borbón Vilches (rúbrica)
Vicepresidente
Dip. Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica)
Secretaria
Dip. José Tomás Lozano Pardinas (rúbrica)
Secretario
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
Sen. Micaela Aguilar González
Secretaria
(Aprobada en votación económica. Enero 15
de 2003.)
DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2003.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
De la manera más atenta me permito solicitar a ustedes tengan a bien incluir en la sesión de la Comisión Permanente del 15 de enero del 2003, mi solicitud del permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para poder aceptar y usar la "Condecoración Especial Parlamento Centroamericano", que me otorgará el mismo Parlamento Centroamericano.
Dicha condecoración me será otorgada el próximo 22 de enero del 2003, en la sesión del Parlamento Centroamericano a realizarse en esa misma fecha en la Ciudad de México, DF; por lo anterior me permito anexar copia certificada de mi acta de nacimiento y copia simple de la comunicación oficial que expresa el deseo de conferirme la condecoración de referencia, con el fin de que se integren en el expediente correspondiente.
Agradezco de antemano su amable atención al respecto y aprovecho la oportunidad para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
PARA QUE SE CONVOQUE A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES CON LA FINALIDAD DE ABORDAR LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CAPITULO AGROPECUARIO DEL TLC, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2003
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a un periodo de sesiones extraordinarias, para abordar únicamente asuntos relacionados con la protección de la actividad agropecuaria del país por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde hace más de veinte años el campo mexicano ha padecido una apertura indiscriminada a la competencia exterior, acompañada de un abandono cada vez mayor de políticas públicas de fomento y apoyo al mismo.
Una cosa ha acompañado a la otra. Mientras más apertura, más abandono. Se trata de algo que no parece tener lógica y que, sin embargo, tiene estructura, tiene método y tiene resultados atroces para el país.
En este gobierno se ha profundizado esa misma política económica. Es la política neoliberal que ha generado más de 60 millones de pobres y que en el caso del campo ha venido extinguiendo las posibilidades de supervivencia para su población.
En estos momentos, con el cumplimiento de los plazos desregulatorios del TLC en materia agropecuaria, los riesgos se potencializan, pues lo muy poco que todavía se produce en territorio nacional, puede ser desplazado de manera irreversible por lo productos norteamericanos.
Esto no es una abstracción, ni se trata de una "defensa romántica" de lo nacional sobre lo extranjero.
Los resultados de esta realidad son pobreza y marginación, que tiende a exacerbarse aceleradamente a partir del 10 de enero del año en curso, con consecuencias concretas para el país: significa más pobreza, más tensión y más pérdida de soberanía alimentaria del país.
En México tenemos más de 29,000 ejidos y comunidades agrarias, son cinco millones de familias, que constituyen más de 25% de la población total del país.
Es un sector abandonado a las fuerzas del mercado, bajo el mayor engaño neoliberal de que precisamente el mercado determina el mejor reparto de capital.
De estos últimos veinte años a ahora, las políticas agropecuarias son erróneas, pues se han abocado sólo a apoyar a las grandes empresas con capacidad de exportación.
A todo esto, debemos añadir en el diagnóstico las barreras comerciales, la competencia desleal y las medidas proteccionistas, de Estados Unidos, nuestro principal "socio" comercial.
Desde el 10 de enero de 2003, se inició la mayor desregulación arancelaria de la que se tenga conocimiento desde la entrada en vigor del TLCAN en materia agropecuaria.
Mientras Estados Unidos significa para México casi el 80% de su comercio agropecuario, México para Estados Unidos no representa ni el 6% en este renglón. De ese tamaño es nuestra diferencia.
Los plazos que se establecieron de 10 y 15 años, para la desregulación en materia agropecuaria, no significaron realmente ninguna oportunidad para reducir la desigualdad existente, pues en el transcurso de éstos, no se puso en práctica por parte de México una política macroeconómica y sectorial que acelerara la capitalización y el progreso técnico de nuestra agricultura a un ritmo superior al de Estados Unidos. Sólo significó un aplazamiento del problema.
Actualmente en nuestro país, en los productos donde hay ventaja, no se ocupa ni el 10% de la superficie agrícola nacional y, en contrapartida, aquellos en que no se puede resistir la competencia con Estados Unidos en un régimen de libre comercio, se ocupa más del 80% de la agricultura nacional.
Por la cantidad de población que depende de la actividad agropecuaria, por la gran dependencia alimentaria del exterior que ya en la actualidad tiene nuestro país, misma que amenaza la propia soberanía nacional, el problema agropecuario es un problema de seguridad nacional.
El TLCAN, tal y como se aprobó, permite el establecimiento de salvaguardas a las actividades económicas de cada país suscribiente y la renegociación parcial del tratado y aun la denuncia del mismo.
Esto es responsabilidad del Ejecutivo federal.
Sin embargo, corresponde a todas las esferas del Estado, en sus distintos niveles y poderes, defender el interés nacional sobre el exterior.
Nuestra posición no puede ser la de actuar como legisladores; o hacemos algo ya, de manera urgente o también seremos responsables, cada quien con sus decisiones o ausencia de éstas, de las graves consecuencias sociales que se avecinan por el desplazamiento de la actividad económica primaria de nuestro país.
Por ello es urgente citar a un periodo de sesiones extraordinarias para abordar lo relativo al problema agropecuario y tomar decisiones para proteger nuestro sector agropecuario ante el cumplimiento de plazos del TLCAN en dicha materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente
Iniciativa de Decreto
Artículo Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 4, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 27, 28 y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, convoca al honorable Congreso de la Unión, a un periodo de sesiones extraordinarias a celebrarse durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, con el objeto de ocuparse del siguiente tema: expedición de decretos de reformas legales y expedición de leyes para salvaguardar la actividad agropecuaria del país, por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLC.
Artículo Segundo.- La sesión del Congreso General, para la apertura del periodo extraordinario de sesiones, iniciará el día 10 de febrero de 2003, a las 11:00 horas, y la correspondiente clausura se verificará una vez que cada Cámara determine que han sido tratados todos los temas para los cuales fue convocada.
Dentro del periodo de sesiones extraordinarias materia del presente decreto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores serán convocadas en las fechas que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto establecido en este decreto.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de enero de 2003.
Diputados: Martí Batres Guadarrama, Tomás Torres Mercado (rúbricas).
(Turnada a la Primera Comisión. Enero 15 de 2003.)
QUE ADICIONA UN PARRAFO PRIMERO AL ARTICULO 30 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, PARA QUE LOS TIEMPOS FISCALES EN RADIO Y TELEVISION SEAN DISTRIBUIDOS EN PARTES IGUALES ENTRE LOS TRES PODERES DE LA UNION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2003
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Mauro Huerta Díaz, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su dictamen y posterior discusión, la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
Una de las características del sistema político contemporáneo es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mecanismos de decisión política en el Estado. A pesar de la transición vivida en este sexenio, aún no hay condiciones para un real equilibrio de poderes y resulta complicado someter a los representantes del Ejecutivo al freno de las fuerzas restantes, por lo que resulta necesario superar la tradición corporativista, orgánica, patrimonial y absolutista del poder.
El equilibrio de poderes constitucionales descansa en la democracia, y la realización de ésta no es un sueño de nuestro tiempo, sino un hecho tangible, cierto, que se conquista y se procura a diario.
El equilibrio de los poderes es, por tanto, un baluarte insustituible de toda democracia, y exige también una intensa interlocución con la sociedad, que deberá darse en la representatividad parlamentaria, en donde los flujos de comunicación tienen que ser directos y bastantes para hacerse oír en el Estado y de esta forma conservar un cierto equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno, lo cual es quizá, el dilema para la consolidación de la democracia.
Es por ello, que no debemos olvidar que "gobernar es comunicar". Así lo ha expresado el Presidente Fox y en aras de un gobierno corresponsable con el Ejecutivo, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México presentamos hoy esta iniciativa con la finalidad de buscar un equilibrio en el uso de los tiempos fiscales entre los Poderes de la Unión.
Es evidente que los Poderes Legislativo y Judicial, también tenemos la responsabilidad de comunicarnos y transmitir desde un punto de vista imparcial y objetivo diferentes mensajes a la opinión pública, ya que tenemos el derecho por ser parte constitucional y medular del Estado mexicano y de su vida democrática. Por lo tanto, debe existir equidad de los tiempos fiscales en radio y televisión entre los tres poderes, pues cada uno mantiene la misma importancia en el desarrollo nacional.
En particular, la sociedad tiene un canal de participación política efectivo: el Congreso, pero éste deberá encontrar su principal función como dique a las decisiones del Poder Ejecutivo, que generalmente decide solo.
Sin embargo, las medidas para lograr el equilibrio de poderes engendra siempre una polémica mayor a la que podamos imaginarnos, pero lo fundamental radicará siempre en respetar y hacer respetar nuestra Constitución, hacernos escuchar con legalidad y proponer.
Cada quien debe tener perfectamente claro cuál es la tarea que le corresponde, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen atribuciones claramente especificadas en la Constitución. Por eso tenemos que ser respetuosos de ese equilibrio de poderes al que, evidentemente, el Presidente no está acostumbrado, y mantener adecuadamente informada a la ciudadanía, que en últimas fechas ha sido rehén de la mala información que difunde sólo una parte de la estructura nacional, aunado a la falta de responsabilidad de algunos medios de comunicación.
Debemos insistir en la democratización de los medios de comunicación y para ello tenemos que ir a fondo, y un tema central es el manejo gubernamental de la publicidad a través de los tiempos fiscales.
Estamos convencidos de que los tiempos fiscales en radio y televisión deben ser utilizados con responsabilidad, para informar y educar, no para destacar la imagen de un partido político o algún funcionario en particular. Los tiempos fiscales deben ser asimismo, un tiempo para el pueblo mexicano, para mostrar sus preocupaciones e ir enfocado al interés de los mismos.
No es posible que no contemos con esquemas claramente establecidos, que con independencia de los encuentros y desencuentros que pueda tener quien esté en el Ejecutivo, la institucionalidad de los mensajes emitidos se conserve.
Actualmente, la atribución del uso de los tiempos fiscales se le adjudica al Ejecutivo, dejando fuera al Estado mexicano en su conjunto, y por supuesto, a las tres esferas de gobierno que forman la Administración Pública Federal, lo que sin duda representa un exceso en el ejercicio del poder presidencial, sobre todo, de quien ha dicho que es producto de un proceso democrático y que es un sujeto del cambio.
En efecto, la precondición del manejo de medios en un gobierno no democrático es la manipulación de los hechos, la manipulación de la verdad. Desde el maquillaje sutil hasta el travestismo puro, la necesidad es disfrazar la verdad o limitarla.
Por lo que si la división de poderes es un hecho en nuestra democracia, si en la República Mexicana hay un auténtico sistema de pesos y contrapesos; si la pluralidad y transparencia y el derecho de información a través de los medios masivos de comunicación son prácticas de la vida cotidiana de la nación, entonces no debe haber ningún impedimento para que haya una repartición equitativa y justa para acceder al tiempo fiscal en los medios de comunicación del Estado.
Esto sobre todo si la política de comunicación social del gobierno de Vicente Fox tiene como base la aplicación de tres principios fundamentales que son el derecho de la sociedad a la información, el derecho social a la libre expresión y el derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas.
Un gobierno que aspira a ser democrático no puede limitar, y mucho menos coartar, la libertad de expresión. El nuevo gobierno entiende la libre expresión de las ideas como un derecho que todo mexicano tiene desde el momento mismo de su nacimiento, no como una concesión otorgada por los funcionarios públicos.
La libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia. Por ello, no coartemos el derecho a dar información que tienen los Poderes de la Unión.
Una sociedad libre no puede existir sin un uso equitativo y libre de medios de comunicación.
Un gobierno transparente es aquel que informa, rinde cuentas, escucha y está cerca de los ciudadanos. La democracia funciona mejor cuando el ciudadano tiene acceso a la información, pero sobre todo cuando la población en general tiene la posibilidad de ver, analizar y revisar lo que su gobierno hace.
La transparencia va más allá. Por este motivo, es preciso abrir todos los canales y medios que el Estado tenga disponibles para hacer que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental y su voz sea escuchada y atendida.
Por lo tanto, es nuestra convicción que no existen ciudadanos o Poderes de la Unión ni de primera ni de segunda.
Por lo que proponemos la adición de un párrafo primero al artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, a fin de que por mandato legal los tiempos fiscales en radio y televisión sean distribuidos en partes iguales entre los tres Poderes de la Unión.
Decreto mediante el cual se adiciona un párrafo primero al artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo primero al artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003.
Artículo 30.- Los ingresos tributarios por concepto de los tiempos fiscales en radio y televisión establecidos en el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica en el mismo, que fuera publicado el 10 de octubre del 2002, y los cuales han sido incorporados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2003 por un monto de 2 mil 466.2 millones de pesos, mismos que representan 18 minutos por día en la televisión y 35 minutos diarios en la radio, deberán ser distribuidos entre los tres Poderes de la Unión en partes iguales sujetando dicha distribución a lo expuesto en el decreto al que se hace referencia. La dependencia encargada de hacer cumplir este precepto será la Secretaría de Gobernación.
Las dependencias y entidades...
Transitorio
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de enero del 2003.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Nicasia Domínguez, Mauro Huerta Díaz, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Enero 15 de 2003.)
En mi carácter de diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con apoyo en el artículo 85, párrafo último, en relación con el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso de la Unión, solicito se proceda a excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que presente dictamen en relación con la iniciativa a que a continuación me refiero.
Con fecha 5 de junio de 2002, el suscrito presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto que crea la ley mediante la cual propongo que se regule el envío de remesas del extranjero a la República Mexicana.
La historia de los migrantes es una historia de lucha, de trabajo, de soportar penalidades y afrontar las vicisitudes de vivir alejados de sus raíces; en buena medida, los migrantes han sido protagonistas de una historia que mucho tiene de discriminación y abuso hacia el extranjero.
Una de las formas de discriminación y atropello que sufren nuestros paisanos, es la que se manifiesta en la manera como se organiza el servicio de envío de remesas. Las empresas dedicadas a este tipo de intermediación financiera han establecido condiciones usureras en el envío de dinero a nuestro país. El cobro llegó a ser tan elevado que hubo épocas que la comisión superó el 20% de la cantidad remitida. El abuso fue tal, que el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a intervenir, y como resultado de su gestión, impuso sanciones económicas a diversas empresas que obtuvieron un lucro exagerado con motivo del cobro de comisiones.
De acuerdo con información actualizada, en el año próximo pasado, ingresaron a nuestro país 10 mil millones de dólares. Las compañías dedicadas a servir de puente entre los emisores y los beneficiarios de los envíos, obtuvieron ganancias de alrededor de mil millones de dólares, cifra que equivale al 10 por ciento de la cantidad enviada, que sin duda significa una comisión menor en comparación con las que se venían cobrando. Sin embargo, todavía constituye una cifra altamente onerosa, la cual debe reducirse para que ese dinero se aproveche de mejor manera en las regiones donde la gente se beneficia del envío de remesas.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han recomendado la reforma de los sistemas de envío de remesas de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Con una reforma a la industria de las remesas, bajaría el costo de los envíos y mejorarían las condiciones de recepción del dinero, además de que los migrantes podrían enviar más dólares a sus lugares de origen.
De esta manera, consideramos que es urgente la intervención de las autoridades mexicanas. Se requiere una actitud de más sensibilidad y más comprometida con nuestros paisanos para frenar abusos a que son sometidos. Además, no sólo tenemos que buscar y analizar métodos alternativos de envío de dinero, al mismo tiempo que emprendemos la tarea de dar con estrategias innovadoras de transferencias de dinero, es necesario proponer mecanismos que ayuden a que se facilite la recepción de ese dinero y se aproveche mejor en los lugares de destino.
Las circunstancias de nuestros paisanos exigen que tanto el Ejecutivo federal como el Legislativo muestren capacidad creativa que afronte el problema, de modo tal que lleguen soluciones nuevas, viables y eficaces.
El día 5 de junio de 2002, nosotros hicimos una modesta contribución. Planteamos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley con el objeto de sentar las bases generales, mediante las cuales, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México regulen el envío de remesas y establezcan mecanismos y reglas claras y sencillas, a fin de que mejore y se abarate el servicio de envío de dinero proveniente de migrantes.
Nuestra iniciativa de ley propone:
-Crear un padrón nacional de las empresas que realicen el envío de remesas.
-Establecer los criterios generales que impulsen mecanismos que propicien el ahorro de las remesas.
-Que las empresas prestadoras del servicio, rindan un informe semestralmente a la SHCP, al Banco de México y a la CNBV, y éstos a su vez, dos veces al año rindan informe a las Cámaras de Diputados y de Senadores o a los gobiernos de los estados que lo soliciten.
-Que las empresas sean responsables civil, solidaria y directamente de cualquier conducta de sus empleados o trabajadores que se apoderen o retengan para sí o para un tercero el importe de los depósitos o remesas.
-Que los sobreprecios en el cobro de comisión se sancionen conforme lo establece Código Penal Federal.
En atención a que hasta el día de la fecha el asunto no ha sido dictaminado en el plazo que señala el artículo 87 del reglamento invocado, solicito de esta Comisión Permanente proceda a excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados, para que se sirva formular el dictamen que corresponda.
México, DF, a 15 de enero de 2003.
Dip. Tomás Torres Mercado (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente. Enero 15 de 2003.)
El suscrito, Antonio García Torres, senador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición como punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Hoy se cumplen tres meses de que, por mi conducto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República expresó su gran preocupación por el tema de la seguridad pública. En esta ocasión, señala una vez más que el asunto es prioridad nacional.
En esa intervención señalé casos específicos ocurridos por aquellas fechas. Manifesté que era responsabilidad del Estado lograr una eficaz prevención del delito, combatirlo y recuperar la seguridad pública, debiendo garantizar además una procuración de justicia con igualdad y sin distinciones, instaurando una administración de justicia honesta, confiable, pronta y al alcance de todos los mexicanos.
Realicé una exhortación al titular del Poder Ejecutivo para que estableciera verdaderos programas de coordinación entre los aproximadamente 340 mil policías de los tres niveles de gobierno y de las distintas dependencias.
A 92 días de esa exhortación, la situación de inseguridad que estamos viviendo es alarmante. Los ciudadanos estamos perdiendo la fe y la esperanza de que en nuestro México se recupere la tranquilidad. La realidad es que la gente vive en sus hogares, en sus comercios, en sus negocios y en las calles un clima de zozobra, de angustia por sentir la inseguridad y saber que pueden asaltarla a cualquier hora.
México se ha convertido en un país donde la impunidad para los delincuentes crece a diario y cada cual puede hacerse justicia por propia mano, violentando el Estado de derecho y la Constitución, en su artículo 17, y caminando a pasos agigantados hacia la ingobernabilidad, ante la indiferencia de las autoridades: mientras los delincuentes sigan observando que les resulta sumamente fácil y rentable delinquir y que pueden actuar en la impunidad total, seguiremos viviendo en constante intranquilidad.
Como hechos recientes en que las personas quieren hacerse justicia por propia mano, mencionaré sólo tres casos:
2. El linchamiento y muerte de Hugo Sánchez y Jesús Vergara, en la delegación Milpa Alta, en diciembre pasado, a manos del pueblo, por pretender robar la iglesia de la localidad; y
3. El linchamiento, sin llegar a privar de la vida, de un violador ayer en la delegación Alvaro Obregón.
Tampoco podemos dejar de referir los sucesos ocurridos el 13 de los corrientes en la ciudad de Tijuana, donde se consignó al comandante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud y seis agentes más por estar custodiando una bodega con casi cinco toneladas de marihuana, propiedad presumiblemente de narcos, con gran deslealtad a su institución y al país.
Las autoridades tratan de presentarnos con cifras un panorama positivo. Nos dicen en sus campañas publicitarias que la delincuencia ha disminuido y que los índices de criminalidad han bajado, pero la realidad es otra. Con tristeza, puedo decir que un estudio de la ONU establece que México ocupa el tercer lugar mundial en robos cometidos con violencia y está por encima del promedio mundial de hechos ilícitos perpetrados mediante el uso de la fuerza.
También figura en los primeros lugares el delito de secuestro comparado con el año 2001, cuando colocó el país en el segundo sitio. En lo relativo al robo de vehículos, ocupa el octavo lugar mundial y, por lo que se refiere a incidencia delictiva total, de acuerdo con la Coparmex, se tiene el nada honroso sitio número 36 a escala mundial.
El asalto a transeúntes y el secuestro exprés fueron los delitos más comunes de esta ciudad en 2002, de acuerdo con datos de la organización civil México, Unido contra la Delincuencia Organizada.
El escaso interés de las autoridades para combatir el crimen organizado ha generado que por lo menos 106 personas hayan muerto a manos de secuestradores en los últimos cuatro años, según la Coparmex.
Quiero mencionar a continuación algunos de los acontecimientos violentos recientes que han impresionado a la sociedad de este país:
2. El asesinato del diputado federal por Veracruz de nombre José María Guillén y su hermano Rafael, de los mismos apellidos, hechos sucedidos en aquel estado el 8 de los que cursan;
3. El 9 de enero de 2002, el diputado local Pánfilo Novelo Martín, su hijo y su chofer fueron asesinados en la carretera Mérida-Cancún, sin que a la fecha se hayan obtenido resultados de la indagación;
4. El homicidio del dirigente del PRI Salvador Pino Morales, acribillado en Atoyac, Guerrero, el 9 del actual;
5. El asesinato, en La Piedad, Michoacán, de la señora Martha Alicia López Castro -esposa de un diputado local suplente del estado-, ocurrido el 7 de los que cursan;
6. El secuestro de la familia del edil de Tultitlán, su ex esposa e hija, ocurrido en octubre de 2002;
7. Los homicidios ocurridos en el municipio de Ixtapaluca, México, de Fernando Díaz Benítez, subdirector de Seguridad Pública, y de Luis Ledesma López, su escolta, quien fue enterrado vivo el 19 de noviembre de 2002, y descubiertos ambos el 13 de este mes, hechos perpetrados presumiblemente por Adelfo Toledano García, candidato priísta a la diputación local;
8. Hechos de sangre están uniendo los estados de Michoacán y de Jalisco, los cuales se atribuyen a los reacomodos que realizan los cárteles de la droga: los cuatro acribillados en las cercanías de un centro comercial de Morelia, en febrero del año próximo pasado; los seis individuos ejecutados y torturados en la Plaza del Sol y en la colonia Camino Real, en Zapopan, en febrero, marzo y abril del año pasado, respectivamente; y la ejecución, en agosto, de nueve personas en Aquila, Michoacán, así como la muerte del ex alcalde y ex subdirector de la policía de ese municipio, en diciembre pasado;
9. Cuatro muertos por presuntos ajustes de cuentas en menos de 14 horas en la ciudad de Morelia, en los fraccionamientos La Paloma y Xangari, los días 9 y 10 del actual;
10. Los hechos de sangre sucedidos en el barrio de Tepito: dos sujetos acribillados el 6 de este mes y el asesinato, un día después, de otra persona; y
11. La violencia desatada en la ciudad de Monterrey, a través de diversas ejecuciones, por el ajuste entre narcotraficantes, que totalizaron 19 muertos, de tal manera que el gobernador del estado tuvo que solicitar la intervención del Presidente de la República para estar en aptitud de afrontar a los delincuentes.
Así podría seguir enumerándose un sinfín de sucesos delictuosos que han estado ocurriendo en el país, sin que la sociedad pueda observar de manera objetiva resultados satisfactorios y sin preocupación de ninguna autoridad federal, estatal o municipal para frenar tanta violencia. Al contrario, todos se echan la bolita, con argumentaciones tan falaces como éstas: "A mí no me toca conocer de la prevención de los delitos, sólo investigarlos", "Son delitos diversos del fuero en que me encuentro" o "No se solicitó la presencia policiaca para estar en posibilidad de actuar".
Quiero mencionar de manera especial el crimen cometido en céntrica casa de la capital de Tlaxcala: el pasado 17 de diciembre fue arteramente asesinada Nora Margarita Cisneros Fernández, de 64 años, hermana de nuestro compañero senador Joaquín Cisneros. El hecho ocurrió en el interior de su domicilio, sin que hasta hoy esté aclarado el homicidio; en consecuencia, el responsable o los responsables se encuentran libres. ¡Pedimos resultados inmediatos!
Es necesario recordar al Presidente de la República que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 propone entre las metas de su gobierno garantizar la seguridad pública para dar tranquilidad a la ciudadanía, así como prevenir el delito y combatir la impunidad, pues no olvidemos que en su gabinete existen una Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, cuyas funciones específicas son entre otras preservar el Estado de derecho, prevenir el delito y perseguir y detener a los delincuentes.
Por todo lo expuesto, respetuosamente se presenta como
Punto de Acuerdo
Primero. Girar comunicación al titular del Poder Ejecutivo, por conducto del secretario de Gobernación, para que informen a esta H. Comisión Permanente, el procurador general de la República y el secretario de Seguridad Pública, qué medidas han tomado en sus respectivas dependencias para frenar esta ola de violencia, que ya parece incontrolable, y si al respecto se ha diseñado algún plan especial.
Segundo. Que informen si está dándose en realidad la coordinación entre las distintas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y, en su caso, indiquen los resultados que hayan logrado en estas medidas.
Tercero. Si el Ejecutivo tiene algunas propuestas de reformas en materia de seguridad, que las envíe a la Comisión Permanente.
Sen. Antonio García Torres (rúbrica)
(Turnada a la Primera Comisión. Enero 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS DESTINEN LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS AL GASTO SOCIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2003
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que los partidos políticos nacionales donen la mitad de su presupuesto del presente año, a gastos prioritarios que ayuden a resolver las necesidades sociales.
Apoyo mi propuesta en las siguientes
Consideraciones
Todas las sociedades han creado principios y normas que ayudan a conservar un mínimo de armonía y estabilidad que propician la convivencia y el bienestar de sus miembros.
Entre los hebreos antiguos, por ejemplo, cada cincuenta años se celebraba un gran año sabático:
Más acá, cerca de nosotros, las comunidades indígenas tienen mecanismos que impiden la concentración de riqueza. Así, por ejemplo, en cada fiesta patronal se eligen mayordomos o capitanes que son los encargados de organizar y de llevar a buen término todos los detalles de la fiesta. Una de sus funciones principales es la de patrocinar los gastos que se tengan que hacer con motivo de la festividad.
Las sociedades modernas han perdido esta noción de guardar un orden y armonía, basados en principios y reglas que los trascienden.
Nuestra vida social se apoya en el principio de legalidad o Estado de derecho, en donde la Constitución, las leyes y normas que de ella derivan, son la guía y fundamento de todos los comportamientos, pero han desaparecido el concepto y las prácticas propiciadoras que ayuden a guardar la armonía social.
Sabemos de las profundas desigualdades y las marcadas injusticias que laceran la vida social de México. Las mismas estadísticas oficiales reconocen el alto grado de marginación, abandono y descuido en que subsisten amplias regiones de la nación mexicana.
En muchos casos, los partidos políticos parecen ser ajenos a la lógica de la sociedad. A mediados del año pasado se dio a conocer una encuesta cuyos resultados muestran que los mexicanos desconfían de la política. El 80% de los encuestados afirman que la cosa pública no les sirve, ya que el único medio de bienestar es el esfuerzo personal y familiar.
Buena parte de los mexicanos consideran que la política está asociada a la corrupción y también piensan que los partidos políticos merecen poca credibilidad.
Estamos en un año electoral. Nuevamente los candidatos y sus respectivos partidos acudirán a buscar la atención ciudadana en busca de apoyos que los sitúen en los estrados del ejercicio político.
En esta coyuntura, donde abundarán los discursos, la propaganda y los mensajes publicitarios de todo tipo, pensamos que hacen falta actos de congruencia entre lo que se dice y lo que se piensa.
Una de las propuestas del PRI fue que se redujera el presupuesto para campañas de los partidos políticos en el año en curso. Es ofensivo para la mayoría social que vive en condiciones difíciles, que sólo para los partidos políticos se destinen más de 5 mil millones de pesos para la elección de este año que renovará la Cámara de Diputados, es decir, lo doble de lo gastado para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales en el año 2000. Es un derroche que mancilla la pobreza en que se hallan sumidas las mayorías sociales.
Con ese dinero se pueden construir 15 hospitales generales de zona y 10 hospitales de la mujer. Es igual al presupuesto total que se destinará a la Secretaría de Economía y el 80% del presupuesto total destinado a la seguridad pública en este país.
Por eso decimos que hace falta un mínimo de congruencia; hace falta que los partidos políticos den muestras de escuchar las críticas, explícitas e implícitas de la sociedad mexicana. De otro modo, ¿con qué autoridad moral se pedirá el voto de los mexicanos para las elecciones de julio de 2003?
Nuestra propuesta consiste en que todos y cada uno de los partidos políticos, así como las agrupaciones políticas nacionales, donen la mitad de su presupuesto y lo destinen a un fondo común, el cual se ejercerá para gastos prioritarios de tipo social, como apoyo al campo, salud, educación, vivienda, desarrollo social o promoción de la mujer.
Al mismo tiempo, proponemos que dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se celebre la elección federal de 2003, los partidos políticos se hagan responsables de retirar todos los medios de propaganda como anuncios, volantes, carteles, espectaculares, o pintas en bardas. Después de la elección todo esto no es más que basura y contaminación. ¿Por qué dejar la carga entera a los ayuntamientos? ¿Por qué no asumir la corresponsabilidad de dejar limpios los espacios públicos que sirvieron para difundir ideas y propuestas?
Es tiempo de acciones que muestren un mínimo de coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace; entre lo que se propone y lo que se ejecuta. La propuesta que acabamos de realizar va en ese sentido. Es su único propósito.
Por lo aquí planteado, y con base en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, formulamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se dirija al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como a los Presidentes de cada uno de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas nacionales, con el fin de exhortarlos a que en un gesto de solidaridad, suscriban un acuerdo nacional, mediante el cual donen la mitad de sus prerrogativas para apoyar el gasto social.
Segundo.- Que en dicho acuerdo, además, se establezca el compromiso para que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la elección retiren toda la propaganda política y limpien los espacios empleados para ese fin. De no hacerlo, los trabajos de limpieza correrán a cargo de las propias prerrogativas de los partidos políticos. El IFE promoverá los convenios correspondientes con los ayuntamientos del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2003.
Dip. Tomás Torres Mercado (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados. Enero 15 de 2003.)
A la reunión de la Subcomisión de Niñas, Niños y Adolescentes, el jueves 16 de enero, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y comprobación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Avances sobre la organización de los foros
regionales La Niñez Mexicana en Situación Vulnerable.
Propuesta de recalendarización.
5. Presentación del proyecto de convocatoria de
los foros, análisis, comentarios y, en su caso, aprobación
de la misma.
6. Avances sobre el proceso legislativo de las iniciativas
y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Subcomisión.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 21 de enero, a las 10 horas, en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en el edificio F, segundo piso.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
 
DE LA TERCERA COMISION -HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- DE LA COMISION PERMANENTE
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 21 de enero, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Julio Castellanos Ramírez
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Junta Directiva, que se realizará el miércoles 22 de enero, a las 13 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo piso).
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión de la Subcomisión de Asentamientos Humanos para dar seguimiento a los trabajos con vecinos del barrio Nuevo Tultitlán, el miércoles 29 de enero, a las 12 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 29 de enero, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de los siguientes dictámenes:
Atentamente
Dip. Víctor León Castañeda
Presidente
DEL CENTRO DE CAPACITACION
A la ceremonia de clausura del Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Cuarta Generación, que se llevará a cabo el miércoles 29 de enero, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Lic. Arturo Alvarez Ruiz
Director adjunto