• De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en sentido negativo, de los puntos de acuerdo remitidos por los Congresos de Durango y de Zacatecas, por los que solicitan al Congreso de la Unión, respectivamente, se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros, y se expida un nuevo ordenamiento en la materia.

 
• De la Comisión de Defensa Nacional, en sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo en relación con la tenencia y portación de armas de fuego por parte de la población civil, presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD.

 
• De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que la Cámara de Diputados solicite al Congreso del estado de México que no apruebe iniciativas en materia electoral, presentada por el diputado Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario del PAN.

• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la proposición con punto de acuerdo para que esa Comisión solicitara información a la entonces Sagar, hoy Sagarpa, sobre la Entidad Mexicana de Acreditación, presentada por la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del PRD.
• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la proposición con punto de acuerdo para que la SHCP realice transferencias presupuestales a la Sagarpa y ésta pague a los productores agrícolas de cuatro estados apoyos a la comercialización, presentada por el diputado Jesús Burgos Pinto, en nombre de diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PT y PRD.

 
• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la proposición con punto de acuerdo a fin de que la Sagarpa intervenga para que se cumplan los contratos pactados con todos los cañeros, presentada por el diputado Sergio R. Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del PAN.

 
• De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, del acuerdo remitido por el Congreso del estado de Jalisco, en el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que busque un mecanismo para estabilizar el precio del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país.
• De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la proposición con punto de acuerdo para solicitar a los secretarios de Economía y de Energía, al titular de la Comisión Reguladora de Energía y al director de Petróleos Mexicanos realicen los ajustes necesarios para congelar el precio del gas, y comparezcan el secretario de Energía y el director de Petróleos Mexicanos, con el fin de que expliquen y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio del gas licuado de petróleo, presentada por el diputado Alfredo Hernández Raigosa a nombre del grupo parlamentario del PRD.

 
• De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes, de la proposición con punto de acuerdo a fin de que quienes participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental para construir el aeropuerto en Texcoco aporten sus opiniones, resultados, conclusiones y fallos, presentada por el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del PVEM.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público, de la H. Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnado para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros, enviada por el Congreso del Estado de Durango, turnada a esta Comisión el 15 de agosto de 2001.

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el punto de acuerdo por el que solicita a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, se expida una nueva Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros, enviada por el H. Congreso del Estado de Zacatecas, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f; así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del punto de acuerdo descrito, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente, el día 15 de agosto de 2001, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del punto de acuerdo que envió el Congreso del Estado de Durango. El C. Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores".

Segundo.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente, el día 11 de diciembre de 2001, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del punto de acuerdo que envió el Congreso del Estado de Zacatecas. El C. Presidente de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".

Tercero.- Mediante oficio número CCFI/00868/2001, de fecha 12 de noviembre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión, del contenido de los mencionados puntos de acuerdo.

Considerando

Primero.- Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar los puntos de acuerdo de referencia.

Segundo.- La Ley de Inscripción de Vehículos Extranjeros, fue publicada el día 12 de marzo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y en su articulado, contemplaba, una vigencia de la misma la cual era de 120 días, contados a partir de su entrada en vigor. Ese término es fatal y ya feneció.

Tercero.- Que la única forma de modificar la ley es con la presentación de una iniciativa, misma que tendría que seguir todo el proceso legislativo establecido para su observancia, conforme lo marca la Constitución Federal.

Cuarto.- Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictamina, reconocen y coinciden en que el procedimiento para la ampliación del plazo establecido en la Ley de Inscripción Vehicular no es mediante un punto de acuerdo.

Resultando

Unico: En base a los considerandos, se desechan los puntos de acuerdo descritos en el cuerpo del presente dictamen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 20 de febrero de 2002.

Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; Jesús Mario Garza Guevara (rúbrica), secretario; Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), secretario; Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), secretario; Francisco Agundis Arias (rúbrica), secretario; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Sergio García Sepúlveda (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles (rúbrica), Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz, Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Norma Patricia Rojas Santana (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA TENENCIA Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LA POBLACION CIVIL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional les fue turnada para su estudio y dictamen por la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, en relación a la tenencia y portación de armas de fuego por parte de la población civil, presentada el día 30 de abril del año 2002 ante el Pleno de esta soberanía por el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

I.- Con fecha 30 de abril del año 2002, mediante expediente con número 2010, índice "P", Año Segundo, Sección Tercera, foja 112, de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, se turnó a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional la proposición con punto de acuerdo en relación a la tenencia y portación de armas de fuego por parte de la población civil.

II.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso el turno de la proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, para los efectos legislativos correspondientes.

III.- El grupo de trabajo responsable del análisis y estudio de la presente proposición presentó ante las Comisiones responsables del dictamen un proyecto para su discusión y, en su caso, aprobación.

IV.- Mediante oficio de fecha 13 de agosto del presente año, la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública solicitó a la Mesa Directiva de esta Cámara que la presente proposición sea dictaminada únicamente por la Comisión de Defensa Nacional.

V.- Esta Comisión, en reunión plenaria de fecha 15 de agosto del 2002 y de conformidad con los antecedentes señalados, expresa las siguientes:

Consideraciones

1.- La proposición con punto de acuerdo del C. diputado Alfredo Hernández Raigosa establece que la Cámara de Diputados proponga al Ejecutivo federal instaurar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un "Programa de Retiro de Pistolas del Mercado y de la Ciudadanía" a cambio de una retribución económica de hasta 30% del valor comercial del arma de fuego. Esto, con el fin de que se retiren del mercado y de los hogares mexicanos miles de pistolas en estado de posesión irregular.

2.- El diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita en su proposición que el Pleno de la Cámara de Diputados autorice a la Comisión Nacional de Derechos Humanos recoger las armas de fuego que entregue la ciudadanía de manera voluntaria, sin que por este acto se finquen responsabilidades penales o administrativas.

3.- Propone que esta Cámara de Diputados se pronuncie porque la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República pongan un cerco de manera inmediata en las fronteras de la nación a fin de no permitir la introducción de más armas de fuego.

4.- En las consideraciones del punto de acuerdo que se plantea se hace mención de una supuesta actuación nula del Gobierno Federal ante el crecimiento de la delincuencia, y la idea de que el mismo gobierno pretende que en nuestro país exista una posesión liberal de armas de fuego comparándonos con la Unión Americana.

5.- Sobre esta materia, es de destacarse que existe una iniciativa de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos turnada, entre otras, a esta Comisión, y que para tal efecto, la misma nombró a una Subcomisión Responsable del Estudio y Análisis del Proyecto de Dictamen sobre la iniciativa en mención. En dicho documento se busca plasmar los siguientes objetivos:

7.- Por otra parte, en la propia Ley vigente de Armas de Fuego y Explosivos (promulgada en 1972), en su artículo 5º, así corno en el documento de trabajo relativo a la iniciativa en mención, en su artículo 5º, fracción VI, enfatizan la realización de campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, portación y el uso de armas.

8.- De igual forma, la Secretaría de la Defensa Nacional ha mantenido en forma permanente campañas tendentes a reducir la posesión de armas entre la ciudadanía. Durante los años 2000, 2001 y lo que va del presente año se ha implementado la Campaña Nacional de Registro y Donación de Armas de Fuego y Municiones en la mayor parte del territorio nacional. Estas actividades se llevan a cabo con la Junta de Coordinación local del gobierno de cada Estado, así como, en ocasiones, con la colaboración económica de la iniciativa privada.

El canje de armas que hace la población civil, sin ninguna responsabilidad penal o administrativa, es voluntario y reciben a cambio despensas, entre otras modalidades. En Chiapas, por ejemplo, en los programas de canje voluntario de armas se apoyó a las comunidades con entrega de ganado, tractores, víveres y otros artículos. Las campañas de donación en el lapso señalado se han realizado en la mayor parte del territorio nacional, abarcando las jurisdicciones territoriales siguientes:

10.- En relación con los antecedentes y consideraciones antes expuestos, esta Comisión considera que es positiva la Preocupación del Diputado Alfredo Hernández Raigosa en relación con el "retiro de pistolas del mercado y de la ciudadanía", pero no solamente de las pistolas, sino todo tipo de armas de fuego, municiones, artefactos bélicos; y que, se promueva simultáneamente el registro de las armas en posesión de la ciudadanía a fin de complementar el inventario de armas en todo el país.

11.- Por lo que se refiere a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la autorización de la Cámara de Diputados, participe eventualmente en campañas para recoger armas de fuego que entregue la ciudadanía de manera voluntaria, sin que por este acto se finquen responsabilidades penales o administrativas, debemos mencionar que el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecen con toda claridad las facultades que tiene la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una posible participación de esta Comisión, sería un acto de inconstitucionalidad, por lo que para ilustrar el juicio de la Asamblea nos permitimos transcribir el texto constitucional que contiene las facultades expresas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional nos permitirnos presentar las siguientes:

Conclusiones

Primera.- Que la Secretaría de la Defensa Nacional con la experiencia, resultados obtenidos y aprovechando el despliegue de las tropas en todo el territorio nacional, continúe llevando a cabo las Campañas de Registro y Donación de Armas de Fuego y Municiones mediante el canje voluntario por despensas, vales y otros artículos sin que por este hecho se finque ninguna responsabilidad penal o civil a los voluntarios. Para lograr lo anterior se debe continuar con el apoyo decidido de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la colaboración decidida del sector privado.

Segunda.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pertenece al Ejecutivo Federal, y que además, no es de su competencia la recolección de las armas de fuego que voluntariamente entregue la ciudadanía en estas campañas.

Tercera.- Con respecto al control de nuestras fronteras, existen instancias responsables de las mismas, en cuyo caso debería estudiarse con detenimiento su labor, y, si se estima conveniente, proponer las medidas que refuercen el control fronterizo y aduanas marítimas en materia de tráfico de armas. Asimismo, sería apropiado que en el ámbito de responsabilidad del Poder Legislativo se discuta el tema y se incorpore lo necesario al marco legal aplicable.

En términos de las consideraciones y conclusiones del presente estudio, las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Unico: La Proposición con Punto de Acuerdo en relación a que la Cámara de Diputados proponga al Ejecutivo Federal instaurar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un "Programa de Retiro de Pistolas del Mercado y de la Ciudadanía", presentada por el Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se considera que no es el medio idóneo para los fines pretendidos, en tal sentido, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Diputados: Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Presidente; José Alvaro Vallarta Ceceña (rúbrica), secretario; Francisco de Jesús de Silva Ruiz (rúbrica), secretario; José Benjamín Muciño Pérez (rúbrica), secretario; Enrique Herrera y Bruquetas (rúbrica), secretario; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Gustavo C. Jesús Buenrostro Díaz, Alfonso Guillermo Bravo y Mier (rúbrica), Manuel B. Martínez Ramírez (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez, Ulises Ramírez Núñez, Javier Rodríguez Ferrusca (rúbrica), Mauricio Enrique Candiani Galaz (rúbrica), Nestor Villarreal Castro (rúbrica), Vicente Pacheco Castañeda (rúbrica), Jaime Alcántara Silva (rúbrica), Oscar Alvarado Cook (rúbrica), Oscar Alfonso del Real Muñoz (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Manuel Garza González (rúbrica), Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), Laura Pavón Jaramillo (rúbrica), Carlos Rodolfo Soto Monzón, Marcelo García Morales (rúbrica), José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), Félix Salgado Macedonio (rúbrica), Rufino Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Gustavo Riojas Santana.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO QUE NO APRUEBE INICIATIVAS EN MATERIA ELECTORAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ARMANDO ENRIQUEZ FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se solicita que esta soberanía se dirija al Congreso del Estado de México, para pedirle que no apruebe iniciativas en materia electoral; propuesta presentada por el Dip. Armando Enríquez Flores a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre de 2001.

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1.- El 11 de diciembre de 2001, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la Proposición que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2.- El 22 de agosto del presente año, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se reunió para abocarse al análisis y discusión de la Proposición en cuestión.

3.- Se menciona en la Proposición que se dictamina que el gobernador del Estado de México presentó iniciativa de ley para que por única vez para la elección del año 2003, la jornada electoral se lleve a cabo el segundo domingo de marzo de próximo año, lo cual, dice el proponente, "implica el separar la elección local de la federal, julio de 2003, es decir, convocar a la ciudadanía, con una diferencia de 3 meses y medio a dos procesos electorales, el local y federal". Con lo cual, se agrega, al gobernador "no le interesa la comprobación científica de que a mayor desgaste, hay menor participación ciudadana... Tampoco le interesa el dispendio, dada también la comprobación de menor costo en elecciones concurrentes". Con base en lo anterior se propone: "Unico. Solicitar desde esta soberanía, muy respetuosamente, a la H. Cámara de Diputados del Estado Libre y Soberano de México, no aprobar dichas iniciativas de reforma electoral en los puntos que transgreden la Constitución General de la República, la particular del Estado de México y el propio Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales".

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

I.- Esta Comisión que dictamina, en primer lugar, tiene en cuenta, lo dispuesto por la fracción IV del artículo 116 constitucional, que señala los requisitos y características elementales que deberán contener las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, con lo cual queda debidamente precisado que las leyes electorales son las que deben prever cómo deben ser los sufragios, principios rectores con los cuales se deben conducir los partidos políticos, así cómo las autoridades encargadas de la organización del proceso electoral y las autoridades jurisdiccionales encargadas de dirimir las controversias, medios de impugnación, plazos convenientes para el desahogo de las impugnaciones, financiamiento público de los partidos políticos, tipificación de delitos entre otros, con lo cual deducimos que la propuesta que nos ocupa es enteramente competencia del Congreso del Estado de México.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que toda vez que la propuesta de punto de acuerdo consiste en solicitar a la Cámara de Diputados del Estado de México no aprobar dichas iniciativas de reforma electoral y las mismas ya fueron aprobadas por el órgano legislativo correspondiente, siendo publicadas mediante el Decreto número 52, de la Legislatura del Estado, en la Gaceta del Gobierno del Estado, el día 1 de enero del presente año, por lo que la referida solicitud carece de materia, en razón de que el acto legislativo ha sido consumado.

Por las razones anteriores, la Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Resolutivo

Unico.- Se desecha la propuesta con Punto de Acuerdo, motivo de este dictamen por las consideraciones expuestas. Archívese el expediente.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, DF, a 22 de agosto de 2002.

Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública:

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretario; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos, Arturo Escobar y Vega, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ESA COMISION SOLICITARA INFORMACION A LA ENTONCES SAGAR, HOY SAGARPA, SOBRE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Petra Santos Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 17 de octubre del 2000, proposición que pretende que esta Comisión de Agricultura y Ganadería solicite información a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), sobre la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 17 de octubre del 2000, la Diputada anteriormente referida, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que pretende que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), información sobre la Entidad Mexicana de Acreditación ( EMA).

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que en México, la actualmente llamada Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene a su cargo por ley el desarrollo de la producción agropecuaria y a través de la Dirección General de Sanidad Animal la aplicación de diversas medidas sanitarias para la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales a fin de proteger la salud de éstos y de los humanos.

Que la Ley Federal de Metrología y Normalización en sus artículos 70-A, 70-B y 70-C, permite que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, delegue la facultad para verificación a un organismo no gubernamental, como lo hizo con la Entidad Mexicana de Acreditación.

Que en virtud de la petición de la Diputada Petra Santos Ortiz, esta Comisión de Agricultura y Ganadería recibió mediante oficio S/N, de fecha 23 de mayo del año próximo pasado, de la Dirección General de Concertación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, información respecto de la Entidad Mexicana de Acreditación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería consideramos emitir el siguiente:

Dictamen

Unico: En virtud de que la Comisión de Agricultura y Ganadería ha recibido la información solicitada en el Punto de Acuerdo, se considera cumplimentado el mismo.

Archívese el expediente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil dos.

Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica), Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), secretario; J. Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), secretario; Mario Cruz Andrade (rúbrica), secretario; Ramón Ponce Contreras (rúbrica), secretario; Oscar Alvarado Cook (rúbrica), José María Anaya Ochoa (rúbrica), Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández (rúbrica), Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica), José Luis González Aguilera (rúbrica), Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres (rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Silverio López Magallanes (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Martín Gerardo Morales Barragán (rúbrica), María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López (rúbrica), Petra Santos Ortiz.
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SHCP REALICE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A LA SAGARPA Y ESTA PAGUE A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE CUATRO ESTADOS APOYOS A LA COMERCIALIZACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS BURGOS PINTO, EN NOMBRE DE DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PT Y PRD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Jesús Burgos Pinto, a nombre de varios Diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, el pasado 8 de noviembre de 2001, proposición que pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice las transferencias presupuestales a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y ésta dé cumplimiento a los compromisos con los productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pagándoles los apoyos a la comercialización, correspondientes a los ciclos otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo en comento, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 8 de noviembre de 2001, el Diputado anteriormente referido, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice las transferencias necesarias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ésta dé cumplimiento a los compromisos con los productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, pagándoles los apoyos a la comercialización, correspondientes a los ciclos otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que a partir de que esta Cámara de Diputados incrementó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001 y 2002 en lo que respecta a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrícola (Aserca), en 1,300 y 830 millones de pesos, respectivamente, lo cual da certidumbre para que estos apoyos sean otorgados en tiempo y forma en los ciclos correspondientes por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Que a raíz de la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Jesús Burgos Pinto en el sentido de que faltaba por cubrir algunos apoyos en cuatro estados de la República Mexicana por parte de la Secretaría en cuestión, la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados envió oficio a la Coordinación General de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrícola para que nos informara al respecto de la falta de entrega de los apoyos para los ciclos agrícolas otoño-invierno 2000-2001 y primavera-verano 2001.

Que mediante oficio No FOO.2.038/2002, de fecha 19 de febrero de 2002, enviado por la Coordinación General de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrícola a esta Comisión de Agricultura y Ganadería en el cual detallan los movimientos financieros que se han y están realizando para cubrir efectivamente los Apoyos a la Comercialización en los cuatro estados mencionados en el punto de acuerdo.

Dictamen

Unico: Que debido a la información recibida en esta Comisión y enviada una copia al Diputado que presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, información en la cual se detallan los movimientos financieros, queda satisfactoriamente resuelta la mencionada proposición.

Archívese el expediente.

Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica), Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), secretario; J. Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), secretario; Mario Cruz Andrade (rúbrica), secretario; Ramón Ponce Contreras (rúbrica), secretario; Oscar Alvarado Cook (rúbrica), José María Anaya Ochoa (rúbrica), Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández (rúbrica), Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica), José Luis González Aguilera (rúbrica), Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres (rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Silverio López Magallanes (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Martín Gerardo Morales Barragán (rúbrica), María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López (rúbrica), Petra Santos Ortiz.
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE LA SAGARPA INTERVENGA PARA QUE SE CUMPLAN LOS CONTRATOS PACTADOS CON TODOS LOS CAÑEROS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO R. VACA BETANCOURT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Sergio R. Vaca Betancourt, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que pretende que el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación intervenga para que sean cumplidos los contratos pactados con todos los cañeros, independientemente de su filiación a cualquier organización campesina.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 25 de marzo del 2002, el Diputado Sergio R. Vaca Betancourt presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para que el titular de la Sagarpa intervenga para que sean cumplidos los contratos pactados con todos los cañeros, independientemente de su filiación a cualquier organización campesina.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 2 de abril del año 2002, la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de esta LVIII Legislatura envió oficio al C. secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el cual se le plantea el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Sergio R. Vaca Betancourt, donde se solicita su intervención para que sean cumplidos los contratos con todos los cañeros, independientemente de la filiación a cualquier tipo de organización campesina.

Con fecha 3 de abril del año en curso, se recibió oficio núm. 101-459 de la Secretaría Particular del C. secretario del ramo, por el cual se informa a esta Comisión de Agricultura y Ganadería que la oficina encargada, por parte de esa dependencia del Ejecutivo federal, de llevar a cabo el cumplimiento de los contratos con todos los cañeros, independientemente de su filiación a cualquier organización campesina, se encuentra trabajando al respecto, a fin de dar una respuesta oportuna a los cañeros y al punto de acuerdo presentado por el diputado de referencia.

Con base en las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:

Dictamen

Unico: En virtud de que el titular de la Sagarpa informó mediante comunicado que ya se está trabajando para cumplir oportunamente con los contratos con todos los cañeros, por lo que se turna dicha comunicación al proponente y de esta forma queda debidamente cumplimentada la Proposición con Punto de Acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de abril del año dos mil dos.

Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Jaime Rodríguez López (rúbrica), Presidente; Miguel Ortiz Jonguitud (rúbrica), secretario; J. Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), secretario; Mario Cruz Andrade (rúbrica), secretario; Ramón Ponce Contreras (rúbrica), secretario; Oscar Alvarado Cook (rúbrica), José María Anaya Ochoa (rúbrica), Francisco Arano Montero, Francisco Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández (rúbrica), Francisco Javier Flores Chávez (rúbrica), José Luis González Aguilera (rúbrica), Santiago Guerrero Gutiérrez (rúbrica), Arturo Herviz Reyes (rúbrica), José de Jesús Hurtado Torres (rúbrica), José Jaimes García (rúbrica), Silverio López Magallanes (rúbrica), Juan Mandujano Ramírez (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Martín Gerardo Morales Barragán (rúbrica), María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López (rúbrica), Petra Santos Ortiz.
 
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DEL ACUERDO REMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE BUSQUE UN MECANISMO PARA ESTABILIZAR EL PRECIO DEL GAS DOMESTICO EN APOYO A LAS CLASES MAS NECESITADAS DEL PAIS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen, el comunicado del Congreso del Estado de Jalisco, por el cual remite el acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal busque un mecanismo para estabilizar el precio del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas del país, presentado el 15 de mayo de 2002, que en ejercicio de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del comunicado, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el 15 de mayo de 2002, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del comunicado que presentó el Congreso del Estado de Jalisco.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados y de Senadores".

Tercero. Mediante oficio CCFI/001520/2002, con fecha 17 de mayo de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido del mencionado comunicado.

Cuarto. El comunicado solicita al Poder Ejecutivo federal la implementación de un mecanismo para estabilizar el precio del gas doméstico en apoyo a las clases más necesitadas.

Considerandos

Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar el comunicado de referencia.

Segundo. Que en septiembre de 2000, el precio del gas LP quedó liberado y se determinaría en base a las condiciones del mercado. Así, el precio de venta al consumidor final de gas LP fue determinado por empresas privadas. Sin embargo, a partir de la supresión de los precios máximos al usuario final en el mes de septiembre de 2000, se observaron incrementos en los precios al público en porcentajes que superaban ampliamente el precio de venta de Petróleos Mexicanos Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) y el crecimiento promedio de los precios de la economía del país. Este incremento excesivo en el precio del combustible, lo confirman los datos del Banco de México, ya que durante el 2000, el precio tuvo un alza del 42.9%.

Tercero. Que la Secretaría de Energía mediante oficio número 301.602/2000 de fecha 31 de agosto de 2000, dirigido a la Presidencia de la Comisión Federal de Competencia, advirtió que posiblemente los distribuidores de gas LP estaban llevando a cabo un acuerdo colusorio; determinando los precios y las zonas de distribución. Lo anterior, viola la Ley Federal de Competencia Económica, debido a que se disminuye, daña e impide la competencia y la libre concurrencia en el mercado de gas LP, esto en perjuicio del consumidor final.

Cuarto. Que la Comisión Federal de Competencia, consideró necesario intervenir con el propósito de revisar que las prácticas comerciales no atentaran contra el funcionamiento eficiente del mercado. De esta forma, inició las siguientes investigaciones:

Quinto. Que la investigación de oficio por parte de la Comisión Federal de Competencia, iniciada el 31 de octubre de 2000, sobre prácticas monopólicas absolutas consistentes en la elevación concertada del precio de venta de gas LP en diversos estados entre ellos Jalisco se encontraron indicios consistentes en acuerdos e incrementos de precios paralelos en tiempo y magnitud, que involucraban a diversas empresas distribuidoras de gas LP.

En lo referente al procedimiento de oficio sobre condiciones de competencia efectiva en el mercado de distribución de gas LP, la Comisión Federal de Competencia confirmó la inexistencia de condiciones de competencia en 20 mercados relevantes y la existencia de cinco mercados oligopólicos (Jalisco, Baja California, San Luis Río Colorado, Durango, Morelos y Baja California Sur) con un grupo de interés económico en cada uno de ellos, cuya participación de mercado es superior a 73%.

Sexto. Que ante esta situación, el Ejecutivo federal en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 28 de la propia Constitución; 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo, 5 de septiembre de 2001 y 4 de septiembre de 2002, los Decretos por los cuales se determinó que el gas LP quedaría sujeto a un precio máximo de venta a usuarios finales que fijará la Secretarla de Economía, hasta febrero de 2003.

Séptimo. Que a partir de marzo de 2001, con la intervención de la Secretaría de Economía en el mercado de gas LP a través de la fijación del precio máximo de venta a usuario final, los precios descendieron al nivel promedio de la economía nacional. Lo anterior, lo confirma la siguiente gráfica con los datos del Banco de México:

Octavo. Que los precios al consumidor final de gas LP presentan fluctuaciones mensuales, dada la correlación existente entre el mercado internacional y nacional, esto debido a que la determinación del precio del gas LP que vende Pemex Gas a los permisionarios locales, se hace en base a las cotizaciones del mercado de Mont Belvieu Texas, de acuerdo con la Resolución Número RES/068/2002 de la Comisión Reguladora de Energía.

Noveno. Que los consumidores del Estado de Jalisco con el control del precio del gas LP se han visto beneficiados, ya que desde marzo de 2001, el precio por kilogramo de gas LP tuvo un promedio de $5.42. Actualmente, el precio de este energético se encuentra por arriba de esta media, en correspondencia con las cotizaciones del mercado de Mont Belvieu.

No obstante lo anterior, el consumidor ahora tiene la plena seguridad que si los precios externos descienden, los internos lo harán, como se demostró en los pasados meses de agosto de 2001 y enero de 2002, donde los precios alcanzaron sus mínimos en el tiempo de referencia, como se muestra en la siguiente gráfica:

Décimo. Que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en los términos del marco jurídico que rige la comercialización y distribución del gas LP, está facultada y ha venido realizando acciones de verificación y vigilancia en materia de precios, servicios, condiciones de seguridad y contenido neto. Lo anterior, de conformidad con los artículos 80 y 24, fracción XIII, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y el artículo 97 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.

Décimo Primero. Que la Profeco en su informe de actividades de 2001, señala que:

Lo anterior, dada la metodología adoptada por las autoridades y evitando que Pemex Gas absorba un subsidio directo a las ventas de primera mano, como se acostumbró en el pasado al implementarse un mecanismo de suavecimiento de precios para estabilizarlos.

Resultandos

Primero. Con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se considera que la petición del Honorable Congreso del Estado de Jalisco ha sido atendida, en virtud de la publicación de fecha 4 de septiembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se determina que el gas licuado de petróleo quedará sujeto al precio máximo de venta a usuarios finales que fije la Secretaría de Economía, por lo que se tiene por cumplimentada la petición.

Segundo. Remítase el presente Dictamen al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para su atención.

Tercero. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 25 días del mes de septiembre de 2002.

Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José R. Mantilla y González de la Llave, secretario; Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), secretario; Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), secretario; Francisco Agundis Arias, secretario; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez (rúbrica), Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez, Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), María Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y DE ENERGIA, AL TITULAR DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y AL DIRECTOR DE PETROLEOS MEXICANOS REALICEN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA CONGELAR EL PRECIO DEL GAS, Y COMPAREZCAN EL SECRETARIO DE ENERGIA Y EL DIRECTOR DE PETROLEOS MEXICANOS, CON EL FIN DE QUE EXPLIQUEN Y DEN SOLUCION A LA PROBLEMATICA QUE ESTA VIVIENDO LA POBLACION DE MEXICO CON EL PRECIO DEL GAS LICUADO DE PETROLEO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a los Secretarios de Economía y de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos realicen los ajustes necesarios para congelar el precio del gas y para que comparezcan el Secretario de Energía y el Director de Petróleos Mexicanos, expliquen y den solución a la problemática que está viviendo la población de México con el precio del gas licuado de petróleo, presentada el 6 de septiembre de 2001, por el C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d, e y f, así como en el tercero transitorio, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados, el día 6 de septiembre de 2001, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Comercio y Fomento Industrial".

Tercero. La Comisión de Energía de esta H. Cámara de Diputados mediante oficio número C. E. 683/01 de fecha 3 de diciembre de 2001, solicitó a la Presidencia de la misma, la rectificación del turno, y por consiguiente, la declinación de la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Cuarto. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados mediante oficio número DGPL 58-II-0-188 de fecha 26 de febrero de 2002, modificó el turno de la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa, y acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial".

Quinto. Mediante oficio núm. CCFI/000741/2001 de fecha 15 de octubre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del contenido de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo.

Sexto. El legislador solicita lo siguiente:

Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.

Segundo. Que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar como consumidor de Gas LP para uso doméstico, esto debido a que más del 80% de los hogares mexicanos utilizan este combustible. Así, el consumo doméstico representa el 62% de la demanda total del país; donde el 66% es distribuido a través de cilindros portátiles y el otro 34% mediante el llenado de tanques estacionarios.

Tercero. Que debido a la amplia demanda de gas LP por parte del sector residencial, su precio tiene un gran impacto social. En estas circunstancias, el Gobierno Federal ha tenido especial cuidado para la determinación del precio de este combustible, y fue hasta marzo de 1994, que fijó el precio del gas LP para el usuario final.

Cuarto. Que el precio al usuario final de gas LP es fijado por las empresas gaseras que lo distribuyen a domicilio. Sin embargo, a partir de septiembre de 2000, se observaron incrementos en los precios al público en porcentajes que superaban ampliamente el precio de facturación de Pemex Gas y el crecimiento promedio de los precios de la economía del país. Lo anterior, lo confirman los datos del Banco de México, ya que durante el año 2000 el índice del gas LP tuvo una alza del 42.9%.

Quinto. Que la Comisión Federal de Competencia, consideró necesario intervenir con el propósito de revisar que las prácticas comerciales no atentaran contra el funcionamiento eficiente del mercado. De esta forma, inició las siguientes investigaciones:

Sexto. Que en referencia al antecedente sexto, numeral 1, el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 28 de la propia Constitución; 7, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación:

El 12 de marzo de 2001, el Decreto por el que se determina que el gas LP quedará sujeto al precio máximo de venta a usuarios finales que fije la Secretaría de Economía con una vigencia de seis meses;

El 5 de septiembre de 2001, el Decreto por el que se determina que el gas LP quedará sujeto al precio máximo de venta a usuarios finales que fije la Secretaría de Economía hasta el 31 de agosto de 2002; y

El 4 de septiembre de 2002, el Decreto por el que se determina que el gas LP quedará sujeto al precio máximo de venta a usuarios finales que fije la Secretaría de Economía, y concluirá su vigencia el 28 de febrero de 2003.

Séptimo. Que a partir de marzo de 2001, la Secretaría de Economía ha venido publicando mensualmente el precio máximo de venta de gas LP a usuario final por región, hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia determinaría la existencia de condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP.

Octavo. Que el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en comparación con el índice del gas LP del Banco de México, confirman la tendencia negativa de los precios del gas LP con la intervención de la Secretaría de Economía, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Noveno. Que las variaciones del precio al consumidor final de gas LP, se deben a que la determinación del precio del gas LP que vende Pemex Gas, se hace en base a las cotizaciones del mercado de Mont Belvieu, Texas, de acuerdo con la Resolución Número RES/068/2002 de la Comisión Reguladora de Energía. Lo anterior, tiene su justificación, porque es el mercado regional más importante de la zona; por su magnitud y dada la integración geográfica y económica de los mercados energéticos de México y Estados Unidos, razón por la cual es una referencia obligada para fijar el precio de venta de primera mano del gas LP en México.

Décimo. Que la Secretaría de Economía, a través de la fijación del precio máximo de venta a usuario final de gas LP, traslada las cotizaciones y variaciones del mercado de Mont Belvieu al precio del consumidor final.

De esta manera, el precio al público de gas LP tiene una parte fija que comprende los costos por el flete, margen de comercialización e impuestos y una parte variable que es el precio de venta de primera mano de Pemex Gas referenciado del mercado de Mont Belvieu.

Décimo Primero. Que esta política de precios del gas LP reconoce la integración económica de los mercados energéticos internacionales. Asimismo, esto atiende el objetivo de ampliar y fortalecer la cooperación energética internacional participando en el ordenamiento de la oferta y demanda en los mercados mundiales de energía, establecido en el Programa Sectorial Energético 2001-2006. Además, como lo señala el artículo 11 del Reglamento del Gas LP, la metodología para determinar los precios de venta de primera mano de gas LP, debe reflejar los costos de oportunidad y condiciones de competitividad respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta.

Décimo Segundo. Que en relación al antecedente sexto, numeral 3, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en su reunión ordinaria de fecha 24 de abril de 2002, dictaminó la Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, presentada por el C. Diputado Amador Rodríguez Lozano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual pretendía la apertura a la inversión extranjera en la distribución y cornercialización del gas LP. Esta Comisión desechó esta Iniciativa por considerar:

Décimo Quinto. Que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de operativos sorpresa a las plantas de distribución de gas LP, a los camiones repartidores de cilindros y a los autotanques, vigila y verifica que los distribuidores tanto de recipientes portátiles como de tanques estacionarios cumplan con las disposiciones vigentes sobre seguridad, contenido neto, exhibición de precios y entrega de comprobantes a los usuarios, a fin de dar certeza al consumidor sobre el producto que está comprando. Además, se inspecciona que los cilindros portátiles cuenten con el color, placa y logotipo de la empresa distribuidora; así como el seguimiento de la destrucción de los recipientes en mal estado.

El resultado de la verificación se hace constar en el acta circunstanciada que elaboraron la Profeco y la Secretaría de Energía para verificar el cumplimiento del Segundo Acuerdo de Concentración para la Modernización, Productividad y Seguridad de la Distribución de gas LP, que versa sobre identificación y reposición de recipientes portátiles mediante colores, troqueles y la razón social de la empresa.

Décimo Sexto. Que en referencia al antecedente sexto, numerales 2 y 5, el 19 de septiembre de 2002, compareció ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el Secretario de Energía en el marco de la Glosa del II Informe del Ejecutivo Federal, y contestó a los cuestionamientos de los legisladores de los diferentes grupos Parlamentarios. Asimismo, el Director General de Petróleos Mexicanos hará lo conducente el 9 de octubre de 2002, ante Comisiones.

Décimo Séptimo. Los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que dictaminan, reconocen y concluyen que las acciones emprendidas por la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Competencia en materia de gas LP, buscan dar certidumbre a los consumidores con la fijación de los precios máximos mensualmente y se pretende coadyuvar al ordenamiento del mercado con condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia.

Al mismo tiempo, cabe señalar que la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus atribuciones, ha venido vigilando y verificando la comercialización y distribución del gas LP, así como la destrucción y reposición de los cilindros portátiles.

Por otra parte, esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial, dio una negativa a la inversión extranjera en la comercialización y distribución del gas LP, ya que consideró que la apertura no garantizaba el desarrollo, la modernización y la competencia efectiva de la Industria.

Finalmente, el Secretario de Energía compareció, y el Director General de Petróleos Mexicanos comparecerá, ante esta Soberanía, en el marco de la Glosa del II Informe del Ejecutivo Federal.

Resultandos

Primero. Con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen se concluye que las peticiones propuestas ya fueron atendidas, por lo que se tiene cumplimentada la Proposición con Punto de Acuerdo del C. Diputado Alfredo Hernández Raigosa.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 25 días del mes de septiembre de 2002.

Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José R. Mantilla y González de la Llave, secretario; Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), secretario; Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), secretario; Francisco Agundis Arias, secretario; José Bañales Castro (rúbrica), Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame, María Luisa Domínguez Ramírez, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Jaime Hernández González, Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez, Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez, Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Norma Patricia Rojas Santana (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y DE TRANSPORTES, DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE QUIENES PARTICIPARON EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUIR EL AEROPUERTO EN TEXCOCO APORTEN SUS OPINIONES, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y FALLOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, para que las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto en el municipio de Texcoco, presenten sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para que sean éstas las que determinen la transparencia en el proceso, presentada el 25 de octubre de 2001 por el ciudadano diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 39, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 25 de octubre de 2001 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la H. Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo citada en el proemio del presente dictamen.

2. En esa misma fecha, la Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes" para su estudio y desahogo de la proposición de referencia.

3. En fecha 20 de marzo de 2001, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de esta H. Cámara de Diputados y de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República celebraron reunión de trabajo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, contando también con la presencia de representantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Colegio de Ingenieros en Aeronáutica de México y la Cámara Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, a fin de conocer el avance de los estudios realizados para la localización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

4. Con fecha 7 de agosto de 2001, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados celebraron reunión de trabajo con el Lic. Manuel Angel Núñez Soto, gobernador constitucional del estado de Hidalgo, a fin de conocer el proyecto Tizayuca para la construcción del aeropuerto alterno al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

5. Con fecha 8 de agosto de 2001, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados celebraron reunión de trabajo con el Lic. Arturo Montiel Rojas, gobernador constitucional del estado de México, a fin de conocer el proyecto Texcoco para la construcción del aeropuerto alterno al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

6. Con fecha 25 de octubre de 2001, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de esta H. Cámara de Diputados celebraron reunión de trabajo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, con el propósito de conocer los elementos que se consideraron por parte del Gobierno Federal para tomar la decisión de la ubicación del nuevo aeropuerto del Valle de México en Texcoco, estado de México.

7. En este orden de ideas, los integrantes de las Comisiones que suscriben el presente dictamen proceden al estudio de los argumentos de facto in de iure de la proposición descrita, sobre la base del siguiente:

Contenido de la Proposición

I. El Legislador proponente destaca en la exposición de motivos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una importante vía general de comunicación sobre la cual se respalda en buena medida gran parte del desarrollo del país, en donde el crecimiento de las operaciones comerciales y el aumento del número de pasajeros actualmente ya atraviesan por una crisis de saturación, que entorpece el transporte de mercancías y de pasajeros.

II. Asimismo, manifiesta que el Partido Verde Ecologista de México ha cuestionado en innumerables ocasiones la viabilidad de la construcción del proyecto de Texcoco, manifestándose en contra por el impacto a la vida silvestre, la contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como por la falta de infraestructura en la zona.

III. Agrega que si bien esto sería uno de los graves problemas que enfrentaría el proyecto de Texcoco, también existen innumerables consecuencias de tipo social y económico, que repercutirían directamente en cada uno de los habitantes de la zona metropolitana, lo que se estima en unos 20 millones de seres humanos.

IV. Por otro lado, señala que la construcción de un aeropuerto como el que se pretende establecer en la zona metropolitana producirá, sin exagerar, la autodestrucción de nuestra sociedad en la capital del país, situación provocada por beneficiar a los intereses meramente económicos, sin mediar en las particularidades sociales, como son la disponibilidad de servicios y en la calidad de los mismos.

V. Finalmente, apoya el punto de acuerdo presentado por el Partido de la Revolución Democrática, a excepción de su artículo 4º, para el que propone la siguiente redacción:

Considerandos

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, una vez analizado el contenido del punto de acuerdo turnado a estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos que, tal y como se ha descrito en los antecedentes del presente dictamen, se tiene por desahogada y atendida la proposición, en virtud de que con la comparecencia del Arq. Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, celebrada en fecha 25 de octubre de 2001, ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de esta H. Cámara de Diputados, en la cual se informó a los legisladores integrantes de las Comisiones correspondientes los criterios finales en materia técnica, operativa, financiera, ambiental, social y jurídica, que fueron considerados por parte del Gobierno Federal para la decisión final de ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el municipio de Texcoco, estado de México, todo ello apoyado por especialistas en cada una de las disciplinas involucradas en el sector aéreo de nuestro país.

Cabe destacar que en dicha comparecencia, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes enfatizó que, luego de los estudios realizados, las conclusiones generales fueron:

Resolutivos

Primero. En términos de los antecedentes y considerandos expuestos en el presente dictamen, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la H. Cámara de Diputados, correspondientes a la LVIII Legislatura, proponen a esta honorable soberanía se acuerde tener por desahogada la proposición con punto de acuerdo, para que las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto en el municipio de Texcoco, presenten sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, para que sean éstas las que determinen la transparencia en el proceso, presentada el 25 de octubre de 2001 por el ciudadano diputado José Rodolfo Escudero Barrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. En consecuencia, se ordene archivar el asunto materia del presente dictamen como totalmente concluido. Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Por la Comisión de Comunicaciones, los siguientes diputados: Jesús Orozco Alfaro (rúbrica), Presidente; Bulmaro Rito Salinas, secretario; Emilio R. Goicoechea Luna, secretario; Alonso Ulloa Vélez (rúbrica), secretario; Alejandro García Sainz Arena (rúbrica), secretario; Edilberto Jesús Buenfil Montalvo (rúbrica), Gustavo Carvajal Moreno, José Gerardo de la Riva Pinal, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Javier García González (rúbrica), Jaime Arturo Larrazábal Bretón (rúbrica), Marcos Paulino López Mora (rúbrica), Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Francisco Javier Sánchez Campuzano, Manuel Castro y del Valle, Tereso Martínez Aldana, Noé Navarrete González, Orestes Eugenio Pérez Cruz (rúbrica), Francisco Ramírez Cabrera (rúbrica), José Rivera Carranza (rúbrica), Arturo San Miguel Cantú (rúbrica), Martín Hugo Solís Alatorre (rúbrica), José Ramón Soto Reséndiz (rúbrica), Felipe Velasco Monroy, Víctor Manuel O. Camposeco (rúbrica), Bonifacio Castillo Cruz (rúbrica), Enrique Herrera y Bruquetas, Berta Alicia Simental García (rúbrica).

Por la Comisión de Transportes, los siguientes diputados: Juan Manuel Duarte Dávila (rúbrica), Presidente; Orestes Eugenio Pérez Cruz (rúbrica), secretario; Raúl Cervantes Andrade, secretario; Elías Dip Rame, secretario; José Rodolfo Escudero Barrera, secretario; Esteban Sotelo Salgado (rúbrica), Francisco Raúl Ramírez Avila (rúbrica), José Tomás Lozano y Pardinas (rúbrica), Francisco Patiño Cardona (rúbrica), Arturo Bonifacio de la Garza Tijerina, Gustavo Alonso Donis García (rúbrica), Ismael Estrada Colín (rúbrica), Edgar Consejo Flores Galván, José de Jesús Orozco Alfaro, Manuel Payán Novoa, José Soto Martínez, Jesús Adelfo Taracena Martínez, Adolfo Zamora Cruz, José Ramón Soto Reséndiz (rúbrica), Emilio Goicoechea Luna, Alonso Ulloa Vélez (rúbrica), Arturo San Miguel Cantú (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Mercedes Hernández Rojas (rúbrica), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica), Noé Navarrete González (rúbrica), Víctor Manuel Ochoa Camposeco (rúbrica).