• De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de Comercio (firma electrónica).

 
• De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación.

• Voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el proyecto de dictamen que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para establecer que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto.

• De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
• De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.
• De la Comisión de Gobernacion y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reformas y adiciones al Código de Comercio en materia de firma electrónica, presentada el 15 de mayo de 2002 por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que, en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados el día 15 de mayo de 2002, los CC. secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la mencionada iniciativa. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial".

Segundo. Mediante oficio número CCFI/001520/2001, de fecha 17 de mayo de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la comisión del contenido de la mencionada iniciativa.

Tercero. La iniciativa establece que en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2000 se sentaron las bases para la regulación de las transacciones electrónicas en nuestro país; sin embargo, existen todavía algunos aspectos que quedaron pendientes y que deben ser resueltos a la brevedad posible.

Cuarto. La iniciativa establece que la elaboración de la legislación sobre la firma electrónica es decisiva para regular operaciones que ya se están dando en la práctica y para instrumentar mecanismos indispensables ya ordenados por las leyes, tales como el comercio electrónico, las facturas, la norma oficial de conservación, el padrón de proveedores del Gobierno Federal, el negocio, la red de comunicaciones, Tramitanet (trámites administrativos por medios electrónicos) y declaración de impuestos.

Quinto. El día 24 de septiembre de 2002, la Comisión de Hacienda y Crédito Público envió a la Mesa Directiva de esta H. Cámara el oficio mediante el cual declina la iniciativa motivo del presente dictamen, por lo que, a partir de ese momento, esta Comisión es la única competente para conocer de este asunto.

Considerando

Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segundo. Que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial trabajó durante casi un año en la elaboración de esta iniciativa, con la participación de los especialistas en el tema, las cámaras e incluso el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran el doctor Raymundo Peralta, del Banco de México; el doctor Vicente Guerrero Rojo, administrador general de Tecnología de la Información del SAT; el actuario Alejandro Sibaja, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el licenciado Luis Manuel Mejan Carrer, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el matemático Ignacio Mendivil Gutiérrez, de Seguridata; la licenciada Adriana Montejano González, del Centro de la OCDE para México y América Latina; el ingeniero Luis Enrique Galavis, de la Canaco Ciudad de México; el ingeniero Oscar Robles Garay, el licenciado Arturo Azuara Flores y la licenciada Adriana Ibarra, de Nic México; el licenciado Daniel Olvera Pomar, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática; el licenciado José Antonio Franco Oropeza, del Bancomext; el licenciado José María Abascal Zamora, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Organización de las Naciones Unidas; la licenciada Adriana Landa Zamudio, de la Secretaría de Economía; la licenciada Emma Riestra, de Cx Networks; el ingeniero Fernando Rojas Castañeda, de Alestra; el licenciado Alfredo Reyes Krafft, de BBVA Bancomer; la licenciada Flor María Cuéllar Meléndrez, del gobierno de Guanajuato; la licenciada Graciela Gutiérrez Garza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática e IBM, la doctora Natalia Volkow Fernández y la licenciada Guillermina González Durán, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; la licenciada Silvia Barredo Prieto y el licenciado Ernesto Velásquez Zendejas, de Alestra; el licenciado Ricardo Zermeño González, de Select-IDC; la licenciada Jannet León Rojas, de la Asociación Mexicana para el Comercio Electrónico; el licenciado Joel Gómez Treviño, de la Academia Mexicana de Derecho Informático; el licenciado José Niño de la Selva, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y notario 77 de la Ciudad de México; la licenciada Ligia González Lozano, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática e IBM; el licenciado Luis Manuel Ramírez Perches, de la Cámara de Comercio de Guadalajara; el licenciado Luis Vera Vallejo, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AC (AMITI), y de la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, AC (AMIPCI), así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC (Anade); el licenciado Philippe Bienvenu Martín del Campo, de la Asociación de Banqueros de México y del Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico; el licenciado Rafael Domínguez García, de Cecoban; el licenciado Hugo Murillo Zermeño y el licenciado Salomón Vargas García, del Colegio de Corredores Públicos y corredores públicos números 23 y 35, respectivamente; el licenciado José Luis Ayala M., de Acerita; el licenciado Ramón López Castro, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; el ingeniero Reynaldo Treviño Cisneros, de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia; el licenciado Jorge Navarro Isla, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; el licenciado Roberto Domínguez Jaime, de Hewlett Packard; el licenciado Sergio de Alva Rodríguez, de la AMPII y de Goodrich, Riquelme y Asociados; el licenciado Sergio Rodríguez, de Backer & Mckenzie; el licenciado Jesús Orta Martínez, de la Secretaría de Economía; el maestro Noe A. Riande Juárez, del Tribunal Superior de Justicia; el licenciado Cristos Velasco San Martín, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática; el doctor Manuel Galán Medina y el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, del Banco de México; el licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, de la Procuraduría Fiscal de la Federación; el ingeniero Horacio Tinoco Fernández de CAAAREM; y la licenciada Alejandra Latapí Renner, del Consejo Coordinador Empresarial.

Tercero. Que para la elaboración de esta iniciativa se tomaron las siguientes consideraciones:

Quinto. Que esta iniciativa ha sido armonizada con las normas internacionales vigentes y, al mismo tiempo, con el orden jurídico nacional, a efecto de que nuestro país cuente con una legislación que permita a los particulares interactuar con otros países, dada la nueva realidad de la economía globalizada en que vivimos, pero que, al mismo tiempo, genera mayor seguridad jurídica en los acuerdos y contrataciones comerciales.

Sexto. Que esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial analizó la posibilidad de crear una nueva ley en materia de firma electrónica, que tendría un carácter de aplicación general; sin embargo, se consideró que, constitucionalmente, esta unidad legislativa no tiene las facultades necesarias para formular un ordenamiento legal con esas características, aunado a que generar nuevos ordenamientos genera confusión en la comunidad, por lo que se optó por reformar y adicionar el Código de Comercio, complementando las reformas comprendidas en el decreto del 29 de mayo de 2000 para actualizar el México de hoy.

Séptimo. Que, dentro de una de las reuniones con los expertos, los participantes advirtieron un problema de definición: establecer si los bancos prestarían servicios de certificación y bajo qué reglas. Debido a lo importante de esta definición y toda vez que en el momento no se contaba con los elementos necesarios para tomar una determinación, se propuso en la iniciativa el siguiente texto:

Octavo. Que el día 8 de mayo de 2002, fue presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información. Esta iniciativa puede ser dividida en tres partes, una que se refiere al comercio electrónico en general, otra a la firma electrónica y una tercera que se refiere a las sociedades de la información. Si bien esta iniciativa fue elaborada únicamente por el diputado promovente, tomando como base la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico de España, denota un esfuerzo notable por adoptar sus disposiciones al sistema jurídico mexicano.

Después de haber realizado una extensa revisión de esta iniciativa, los miembros de esta Comisión consideraron que, por lo que se refiere a la parte de comercio electrónico, éste ya se encuentra regulado en el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2000. Por lo que se refiere a las disposiciones en materia de firma electrónica, éstas ya se encuentran incorporadas en su generalidad en este proyecto de dictamen; sin embargo, se incorporaron algunas figuras, dada su alta aportación al comercio electrónico, de ahí que la iniciativa trabajada por los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial haya quedado enriquecida por los planteamientos de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Y por lo que hace a los servicios de las sociedades de la información, y toda vez que se considera un tema de vital importancia para nuestro país y que las propuestas que hace el diputado Barbosa Huerta ya fueron presentadas ante todos los expertos que colaboran en esta Comisión, quienes consideraron que éstas debían ser estudiadas a fondo, serán revisadas a fin de hacerles algunas adecuaciones para eventualmente aprobarlas.

Esta iniciativa y la que se dictamina tienen algunas similitudes. Entre las más importantes se encuentran la equiparación, en cuanto a su validez, de la firma electrónica y la autógrafa; el establecimiento de un "organismo de control", que en ambas propuestas es la Secretaría de Economía; y la regulación de las entidades de certificación, que serán las que almacenen, verifiquen y registren la creación de las firmas electrónicas, el grado de responsabilidad de estas entidades y su obligación de ser acreditadas por el "organismo de control".

Noveno. Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta unidad dictaminadora somete ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica.

Unico: Se reforman los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114. Se adicionan los artículos 89 bis, 90 bis, 91 bis, 93 bis. Se adicionan los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto al Título Segundo, denominado "Del Comercio Electrónico", correspondiente al Libro Segundo, todos del Código de Comercio, para quedar de la siguiente manera:

Título Segundo
Del Comercio Electrónico

Capítulo I
De los Mensajes de Datos

Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Las actividades reguladas por este Título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa.

En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones:

Artículo 90. Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado:

Artículo 91. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el momento de recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue:

Artículo 91 bis. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario.

Artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de mensajes de datos, se estará a lo siguiente:

Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que éste sea atribuible a dichas partes.

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige.

Artículo 93 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos:

Artículo 94. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo:

Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que el nuevo mensaje de datos era un duplicado.

Capítulo II
De las Firmas

Artículo 96. Las disposiciones del presente Código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica.

Artículo 97. Cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos.

La firma electrónica se considerara avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos:

Artículo 98. Los prestadores de servicios de certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no los requerimientos dispuestos en las fracciones I a IV del artículo 97.

La determinación que se haga, con arreglo al párrafo anterior, deberá ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos.

Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas del derecho internacional privado.

Artículo 99. El firmante deberá:

Artículo 100. Podrán ser prestadores de servicios de certificación, previa acreditación ante la Secretaría:

Artículo 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior contendrán en su objeto social las actividades siguientes:

Artículo 104. Los prestadores de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones:

I. Comprobar, por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante;

Artículo 106. Para la prestación de servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras.

Artículo 107. Serán responsabilidad del destinatario y de la parte que confía, en su caso, las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de que no hayan tomado medidas razonables para:

Artículo 111. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.

Artículo 112. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley. Incluso, en los procedimientos instaurados se podrá solicitar a los órganos competentes la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.

Artículo 113. En el caso de que un prestador de servicios de certificación sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su ejercicio, el registro y los certificados que haya expedido pasarán, para su administración, a otro prestador de servicios de certificación que para tal efecto señale la Secretaría mediante reglas generales.

Capítulo IV
Reconocimiento de Certificados y Firmas Electrónicas Extranjeros

Artículo 114. Para determinar si un certificado o una firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos:

Toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que una firma electrónica creada o utilizada en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente.

A efectos de determinar si un certificado o una firma electrónica presentan un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores, se tomarán en consideración las normas internacionales reconocidas por México y cualquier otro medio de convicción pertinente.

Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable.

Transitorios

Primero. El presente decreto comenzará su vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Economía emitirá las reglas generales a que se refieren las presentes disposiciones.

Tercero. En lo que se refiere al artículo 102, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las reglas generales a que se refiere el artículo anterior, el plazo de 45 días a que se refiere el mismo, será de 90 días.

Cuarto. Por lo que se refiere al artículo 106, el Banco de México, en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad registradora central, registradora y certificadora, de las instituciones financieras y de las empresas mencionadas que presten servicios de certificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 30 de octubre de 2002.

Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame (rúbrica), María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, DE CULTURA, DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Una de las mayores aspiraciones de la sociedad mexicana del nuevo milenio es, sin duda, la de lograr una educación pública de calidad para todas y todos los mexicanos durante toda la vida, en los términos señalados por el artículo tercero constitucional. Los partidos políticos son fieles portavoces de esta demanda social, fenómeno que se constata en las plataformas políticas con las que compiten por ganar el voto popular. Asimismo, los legisladores queremos ser congruentes con la representación ciudadana, la cual año con año se expresa en múltiples y diversas manifestaciones a las puestas de este Palacio Legislativo, con un reclamo común: elevar los recursos que la federación destina a la educación pública. Maestros, padres de familia, estudiantes, sindicatos, investigadores y todos aquellos actores del proceso educativo coinciden en ello.

La recesión económica definitivamente no debe causar recorte en el presupuesto educativo. Por el contrario, creemos que los tiempos de crisis, son tiempos de invertir más en educación, pues sólo así estaremos mejor preparados para superarla. En efecto, el ambicioso proyecto educativo en el que hemos convenido las mexicanas y los mexicanos, requiere imprescindiblemente de acrecentar los montos de los ramos que conforman el presupuesto destinado a la educación.

Por eso, con el propósito de dar respuesta positiva a esta sentida demanda de la sociedad mexicana, y con fundamento en los numerales 1º y 3º del artículo 39, así como en los artículos 44, 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Soberanía el presente dictamen, fundamentado en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha del 14 de septiembre de 2000, la Dip. Hortensia Aragón Castillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación con objeto de alcanzar un presupuesto federal destinado a la educación equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto de México para el año 2006.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la entonces Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública, fecha previa al acuerdo para la reforma a la Ley General de Congreso de la Unión del 29 de septiembre de 2000, por la cual pasaron a formarse las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; Cultura; y Ciencia y Tecnología.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se instaló el 19 de octubre de 2000 y el día 30 del mismo realizó una reunión plenaria en la que creó subcomisiones para el análisis de los asuntos turnados y la elaboración de anteproyectos de dictamen, entre los cuales, se encontró esta iniciativa.

4. Las comisiones a las que fue turnada la iniciativa ha recibido dos excitativas: la primera, con fecha del 14 de diciembre de 2000, presentada por el Dip. Ramón León Morales, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la segunda, con fecha del 20 de septiembre de 2001, presentada por el Dip. Manuel Duarte Ramírez, del mismo Grupo Parlamentario. Con motivo de la segunda excitativa, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta para el día 4 de octubre de 2001.

CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos remite al artículo tercero constitucional como el sustento sobre el que el Estado ha creado las instituciones que permiten dar cumplimiento a la garantía de la educación. No obstante, se ha conducido al sistema educativo a una situación delicada que le ha impedido abatir sus rezagos en los distintos niveles y modalidades, y que se agudizan en las entidades más pobres del país. La comparación con países desarrollados evidencia la enorme disparidad competitiva que tenemos en desventaja con éstos.

Considera que el crecimiento de la matrícula al que hacen referencia los informes de gobierno, "no refleja el fenómeno de la constante expulsión de miles de educandos, de un nivel a otro, ni reconoce que sólo una parte muy pequeña de la población tienen acceso a la educación superior. Tampoco registra los problemas de calidad y pertinencia de la educación".

Señala la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, el cual, desde 1982, ha perdido el 57.7 por ciento, por lo que, más de la mitad de ellos tienen que trabajar en una segunda plaza o en otra actividad que les permita completar un ingreso para el sustento familiar. Destaca el dato de que el 25 por ciento de los profesores son interinos. Hay que considerar también que las condiciones en las que se tiene que realizar su ejercicio docente son, en muchas ocasiones, inadecuadas para la enseñanza. "Estas condiciones -dice la exposición de motivos-, repercuten en su desempeño profesional y en la calidad de la enseñanza que imparten".

Asevera que, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo de la administración anterior se caracterizó a la educación como la más alta prioridad, "ello no se vio reflejado en las finanzas públicas? La baja presupuestal durante el gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de los rezagos y el cumplimiento de las metas".

Atribuye la huelga estudiantil de la UNAM a "la escasez de recursos en que se debaten las instituciones públicas de educación superior, pues asegura que hay "algunos estudios especializados" han demostrado que hay disminuciones en el gasto de educación media superior y superior de 1994 a 1998.

Los problemas señalados anteriormente, están relacionados, argumenta, con el financiamiento educativo. Por lo que demanda al Estado a asumir un compromiso creciente con el sostenimiento de la tarea educativa, con independencia de la inversión estatal y municipal que se realice en los próximos años.

Cita el compromiso de campaña del Presidente Vicente Fox Quesada ante el Comité Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando dijo:

Reconocer las dificultades presupuestales que conllevaría su aprobación, pero apela a "reorientar varios renglones de la política económica y presupuestal", tales como: el pago de la deuda pública interna y externa; el financiamiento de la deuda contraída por el IPAB; "la estrategia de rescate a empresas privadas que han asumido actividades públicas; el gasto superfluo e innecesario en varias dependencias de gobierno; y una política fiscal regresiva". Recursos que, se deduce, serían, en unos casos, presupuestados como gasto público programable en los ramos destinados a educación, en lugar de destinarse al gasto público no programable; otros recursos provendrían de la resignación de recursos dentro del propio gasto programable; y, otros más, serían resultado de una reforma fiscal que generara mayores ingresos.

Propone que, de manera complementaria, la Cámara de Diputados aprobaría anualmente "los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos, en consulta con los sectores involucrados".

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA

La fracción 25 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al H. Congreso de la Unión a "dictaminar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público?", fundamento por el cual esta iniciativa se encuentra plenamente sustentada por nuestra Carta Magna, en cuanto a que esta Soberanía pueda demandar al Ejecutivo los recursos que considere necesarios para brindar los servicios educativos que requiere el país.

En la referencia que hace la exposición de motivos al Plan Nacional de Desarrollo de sexenio pasado, hay que considerar también que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se postula a la educación "como columna vertebral del desarrollo", por lo que, asegura, se impulsará una "revolución educativa" que permita a México elevar su competitividad ante el mundo, "así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida", proyecto que también crea expectativas de que se asignen recursos significativamente crecientes a los ramos educativos presupuestales.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el numeral XIV del artículo 31, señala que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde: "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional". Así, reconocemos que es facultad del Ejecutivo presentar el Proyecto de Propuesto de Egresos de la Federación ante esta Soberanía, pero tiene la responsabilidad de considerar la atención a las necesidades educativas de la nación, en congruencia con el alto valor que se le ha dado a la educación como política del desarrollo nacional, por lo que el tratamiento presupuestal debe ser congruente con esta prioridad.

Asimismo, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, en conformidad con lo que determina el artículo 6º de la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación, quedando explícito en esta mismo ley, por lo que determina en el artículo 15, según el cual, "el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar, durante el periodo de un año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen".

La iniciativa hace referencia a la recomendación que hace la UNESCO para que los países en vías de desarrollo destinen a la educación recursos crecientes. Cabe señalar que México signó con la UNESCO el compromiso de destinar a la educación, según se constata en el documento titulado PROYECTO principal de Educación en América Latina y El Caribe, el cual recoge el trabajo de conferencias de países miembros de la UNESCO entre 1979 y 1981, y entre los requisitos para el logro de sus objetivos señala: "Destinar a la educación presupuestos que lleguen a constituir gradualmente hasta el 7 u 8% del Producto Nacional Bruto".

Precisamente, entre los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO de Dakar, en la Declaración de Recife de los Países del Grupo E - 9, aprobada entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2000, en la reunión de ministros de educación y representantes de este grupo, del cual México forma parte, éstos consignaron el siguiente compromiso: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentado las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA TODOS y a que participen en ella".

Además, la aprobación de la iniciativa contribuiría, efectivamente, a establecer un marco legal que favoreciera el cumplimiento de las expectativas creadas durante su campaña por el presidente Vicente Fox Quesada, tal como se comprometió ante los maestros del país en la ocasión en que señala la exposición de motivos. Habría que agregar que en esa ocasión, el entonces candidato Vicente Fox Quesada, dijo lo siguiente: "?es un compromiso firme, que adquiero delante de todos ustedes, de hacer de la educación la columna vertebral del proyecto de gobierno que está por empezar? a la que se le asigne todo el presupuesto necesario, tenga lo que tenga que hacerse. Habremos de asegurar este avance del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto a través de una reforma fiscal integral, que, sin aumentar las tasas impositivas, aumento el ingreso del Estado? Y ratifico mi compromiso de conectar todo el ingreso del petróleo y de PEMEX directamente al sistema de educación pública nacional, laica y gratuita? Todo recursos adicional por la vía de reforma fiscal, por la vía del ahorro al interior del gobierno, por la vía del ingreso del petróleo o de PEMEX, lo vamos a conectar directamente al sistema de educación pública nacional". Declaraciones como la citada, no cabe duda, constituyen un bono de confianza que hacen creer factible la instrumentalización de medidas fiscales, administrativas y presupuestales que permitan dar cumplimiento a la reforma propuesta por esta iniciativa.

Los periodos temporales propuestos por la iniciativa para ir incrementado anualmente recursos equivalentes a un punto porcentual de PIB, resultan desfasados por la evidente razón de que se trató de una propuesta previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001. No obstante, proponemos resolver este problema, dejando abierta la reforma para que se cumpla en un periodo de tiempo no limitativo.

La iniciativa no considera los aspectos condicionantes de la Ley de Ingresos -con el principio de anualidad y las variables eventuales contingentes que le caracterizan- , para que efectivamente sea factible un egreso por un monto como el requerido. Tampoco considera que el proyecto de presupuesto que recibe la Cámara de Diputados, además de estar acotado por ingresos estimados limitados, responde a un conjunto de compromisos que en cada ramo es necesario cumplir, por lo que muy difícilmente permite reasignar recursos de un ramo a otro. La realidad es que el Poder Legislativo no puede disponer a su antojo de los recursos propuestos por el Ejecutivo para signarlos a su libre criterio.

Sin embargo, esta es una situación presente, que no obsta para que en el mediano o largo plazo pueda resolverse este inconveniente, por lo que la iniciativa no pierda la fuerza de su propuesta, aun cuando la coyuntura actual no favorezca en este momento su cumplimiento. Dicho de otro modo, el principio de la federación destine recursos a la educación que sean equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto del país es suscribible, es necesario y es imperativo, por lo que debe quedar explícito en la ley. Y será responsabilidad del Ejecutivo de la Federación, planear e instrumentar las medidas conducentes que permitan su cumplimiento.

Por las razones enumeradas anteriormente, estas comisiones someten a la consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica); Jorge Luis García Vera, secretario (rúbrica); Alonso Vicente Díaz, secretario; Oscar Ochoa Patrón, secretario; Miguel Bortolini Castillo, secretario (rúbrica); Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo (rúbrica); Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica); José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); José Ramírez Gamero (rúbrica); Gerardo Sosa Castelán; Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Luis Artemio Aldana Burgos; Silvia Alvarez Bruneliere; José Carlos Luna Salas; Héctor Méndez Alarcón; Eduardo Rivera Pérez; Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez; José María Tejeda Vázquez; Fernando Ugalde Cardona; María Isabel Velasco Ramos; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Ramón León Morales (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica); José del Carmen Soberanis González (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica); Bertha Alicia Simental García.

Comisión de Cultura; Diputados: José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Cutberto Cantoran Espinoza (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Oscar Romero Maldonado; Elías Martínez Rufino (rúbrica); Juan Alcocer Flores (rúbrica); Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica); Celestino Bailón Guerrero (rúbrica); Rafael Barrón Romero (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy (rúbrica); Florentino Castro López (rúbrica); María Elena Chapa Hernández (rúbrica); Manuel Duarte Ramírez (rúbrica); Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez (rúbrica); Concepción González Molina (rúbrica); Justino Hernández Hilaria (rúbrica); Jorge Alberto Lara Rivera; Esther López Cruz (rúbrica); Gregorio Arturo Meza de la Rosa; Rodrigo David Mireles Pérez; Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); Luis Gerardo Rubio Valdés; Verónica Sada Pérez; Luis Fernando Sánchez Nava; Mario Sandoval Silvera; Bertha Alicia Simental García (rúbrica); Alfonso Vicente Díaz; Joel Vilche Mares; Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica).

Comisión de Ciencia y Tecnología; Diputados: Silvia Alvarez Bruneliere, PAN; Aarón Irízar López (rúbrica), PRI; Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), PRI; Luis Aldana Burgos (rúbrica), PAN; Francisco Patiño Cardona (rúbrica), PRD; José Marcos Aguilar Moreno, PAN; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), PRD; Jorge Carlos Berlín Montero (rúbrica), PRI; Diego Cobo Terrazas (rúbrica), PVEM; Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), PRI; Armando Enríquez Flores, PAN; Sergio García Sepúlveda, PAN; Silverio López Magallanes (rúbrica), PRI; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica), PAS; José Carlos Luna Salas, PAN; Oscar R. Maldonado Domínguez, PAN; Humberto Mayans Canabal (rúbrica), PRD; Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica), PRI; Enrique Meléndez Pérez (rúbrica), PAN; Gerardo Morales Barragán, PAN; María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), PRI; José Rivera Carranza, PAN; Luis Gerardo Rubio Valdez (rúbrica), PRI; Jorge Schettino Pérez (rúbrica), PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; José María Tejeda Vázquez, PAN; Fernando Ugalde Cardona, PAN; Armín José Valdés Torres (rúbrica), PRI.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Diputados: Luis Alberto Pazos de la Torre, Guillermo Hopkins Gámez (rúbrica), Abel Trejo González (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Jaime Alcántara Silva (rúbrica), José Carlos Borunda Zaragoza, Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Abel Ignacio Cuevas Melo, Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), Abelardo Prieto Escobar, Vìctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), Marcelo García Morales (rúbrica), Miroslava García Suárez (rúbrica), Raúl Homero González Villalba (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Julián Hernández Santillán, Fernando Herrera Avila, Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), César Alejandro Monraz Sustaita, José María Eugenio Núñez Murillo, David Penchyna Grub (rúbrica), Marcos Pérez Esquer, Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), Jaime Salazar Silva, Gregorio Urías Germán (rúbrica), Simón Iván Villar Martínez (rúbrica).

VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA ESTABLECER QUE EL MONTO ANUAL QUE EL ESTADO DESTINE AL GASTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS NO PODRÁ SER MENOR AL OCHO POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

25 DE NOVIEMBRE DE 2002

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que Reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de Septiembre del año 2000 por la Diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para establecer que el monto anual que la Federación destine al gasto en educación pública no podrá ser menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto:

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente

VOTO PARTICULAR

De conformidad con los siguientes antecedentes:

CONSIDERANDOS

1.- En términos generales la iniciativa del PRD tiene un objetivo loable, que busca un incremento muy considerable en el gasto federal en educación. No obstante, consideramos que el dictamen correspondiente es perfectible en términos de considerar la participación de la sociedad civil en el gasto educativo y, que para dar cumplimiento a la disposición de alcanzar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, se requiere considerar el incremento gradual tanto de los ingresos como los egresos del Estado.

2.- La Ley General de Educación reglamentaria del artículo tercero constitucional y con aplicación en todo el sistema educativo nacional, tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los principios sociales, educativos y democráticos; lo que significa que es una ley marco de la actuación de los tres ámbitos de gobierno en el ámbito educativo, cuyo fin es inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes.

Asimismo esta ley da cabida a reglamentar la participación de la sociedad civil con el fin de apoyar la función educativa del Estado, en tanto promover y atender todos los niveles, tipos y modalidades educativas.

3.- Particularmente en el aspecto del financiamiento de la educación puede afirmarse que, en el marco de la federalización, es una tarea concurrente que deben realizar el gobierno federal y los gobiernos de cada entidad federativa, pero que el artículo 25 es claro, al señalar que deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables.

El artículo 27 establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, por lo que señala que en todo tiempo procurarán las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Asimismo, para apoyar la equidad educativa, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, en el marco de la celebración de convenios en los que se acuerden las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

En este sentido, la Ley General de Educación considera el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, como procurar más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal proponer el monto presupuestario para el rubro educativo por ser el responsable de determinar los criterios de política económica que sustentan el ejercicio de gasto de cada año fiscal. Motivo por el cual envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto y ésta, de acuerdo al artículo 74 constitucional, fracción IV, tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

4.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), principal organismo internacional en materia de educación tiene como uno de sus propósitos aumentar la disponibilidad de recursos para educación, por lo que para implementar reformas educativas eficaces plantea llegar a consensos sociales en cada país sobre el financiamiento de la educación por parte del sector público y privado.

Después de la reunión técnica sobre el tema de movilización de recursos externos para el financiamiento de la educación (1988), la UNESCO preparó la publicación "El Financiamiento de la Educación en período de Austeridad Presupuestaria" (1990), que entre otros aspectos sirvió para realizar un documento conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para establecer la estrategia que hasta la fecha se sigue para el desarrollo y la cooperación internacional en el sector educación, de la cual se desprende el estudio "Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad" (1992). En dicho trabajo se estimó el costo y financiamiento de la estrategia y sugiere que el esfuerzo debe aumentar en 50 por ciento para asegurar que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad, incluyendo una contribución media del sector público de 6.5 por ciento del PIB. Esta propuesta fue presentada por UNESCO en la Séptima Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (1996) como uno de los desafíos de la educación.

Para 1997, diversos estudios muestran que los países de la región dedican, en promedio, un 7% de su PIB con la concurrencia de la sociedad civil en educación y la formación de recursos humanos, de los cuales un 4.5% es financiado con recursos públicos.

En este sentido, la recomendación de la UNESCO es clara respecto a una mayor inversión en educación considerando a todos los sectores de la sociedad que permita más recursos prioritariamente a la inversión e innovación educativas.

Conclusiones

1. En este orden de ideas, los que suscribimos este voto particular consideramos que el dictamen de la iniciativa del PRD, no es una propuesta acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales, ni a la capacidad presupuestal del gobierno en el plazo temporal propuesto, ni tampoco por la composición de los recursos que se canalicen al gasto educativo; puesto que las recomendaciones señalan que será conjuntamente con recursos públicos y con el apoyo de la sociedad civil, a través de los cuales se alcanzará dicha meta.

2. Lograr una educación que sirva como medio de desarrollo personal, social y nacional no radica en fijar metas cuantitativas, sino los medios que permitirán colocarla en efectivo vehículo de desarrollo; lo cual, conlleva a destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, así como en las reformas necesarias para diversificar las fuentes de financiamiento y conseguir que la eficiencia de ese gasto se traduzca en calidad y equidad educativa.

3. El dictamen no considera que para dar cabal cumplimiento de destinar al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para los sectores de educación y ciencia y tecnología para el año 2006, se requiere contemplar un incremento gradual anual tanto en los ingresos como en los egresos del erario público.

Resolución

Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de una educación de calidad, de una educación integral, de una educación que forme personas conscientes, capaces y comprometidas con su Nación. Ello sólo será posible a través de múltiples acciones, entre ellas de asignarle mayores recursos, pero de recursos que efectivamente introduzcan cambios sustanciales en la calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo nacional.

Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más prospera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la Ley. Por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional, como la de movilizar mayores recursos públicos, hasta alcanzar gradualmente por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, en concurrencia con otros sectores, que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país.

Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de esta medida, siempre y cuando vaya acompañada de una planeación estratégica que termine con los rezagos, produzca educandos, educadores, académicos e investigadores de excelencia.

Estamos a favor de esta medida, siempre y cuando actuemos con sensatez y responsabilidad sobre la integralidad del gasto público y no descuidemos otras áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país. Asumimos esta postura conscientes y en concordancia con la responsabilidad y compromiso que tenemos con el pueblo de México, de manejar transparente, justa y eficientemente el origen y destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.

Estamos a favor de esta medida siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en la demagogia de asentar montos sin el respaldo correspondiente. Siempre y cuando actuemos con apego a lo que nuestra Constitución mandata, así como lo que prevé la legislación secundaria y en específico, el artículo de la Ley General de Educación que hoy nos ocupa.

El artículo 25 de la ley vigente es muy claro en señalar que tanto el gobierno federal como las entidades federativas "con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos".

A los legisladores de Acción Nacional nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación, no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos, y peor aún que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente muy dañino para la tarea legislativa del Congreso, en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país. Pues aunque se nos presentara un proyecto de presupuesto, éste ya vendría atado; y más peligroso aún, sin el marco de referencia económico a partir del cual se estiman los ingresos de que dispone el Estado.

No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilia del apoyo de la sociedad. Difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo. Hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental.

Por lo tanto, no sólo debemos permitir, sino alentar la participación de la sociedad civil, ya que la educación es deber del Estado pero nunca monopolio suyo.

El mismo proyecto de dictamen, del cual hacemos este voto particular, menciona en la sección de "Valoración de la iniciativa" que en los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO en Dakar, México signó un compromiso que a la letra dice: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA TODOS y a que participen en ella".

Claramente se expone que la educación es una tarea de todos. Donde la acción gubernamental es necesaria pero no suficiente y por ello es fundamental la participación de los demás sectores de la sociedad.

Acción Nacional desea dejar constancia de su participación activa y a favor de establecer gradualmente un monto mínimo del 8% del PIB en educación para el 2006, firmemente comprometido en que ésta se convierta en la columna vertebral del desarrollo del país pero no en los términos que establece el dictamen.

Por todo lo anterior proponemos la siguiente redacción sobre el dictamen a discusión.

Artículo 25

Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- y la sociedad civil destinen al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos de ingresos y egresos del Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, de manera concurrente con la sociedad civil, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que considera la presente reforma.

Diputados: Alfonso Vicente Díaz, Oscar Ochoa Patrón, Silvia Álvarez Bruneliére, Celita Alamilla Padrón, José Carlos Luna Salas (rúbricas).

De la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Jose Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoracion que le confiere el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado José Luis Romero Hicks, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 13 noviembre de 2002.

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica, abstención), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 
 
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho país.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 13 noviembre de 2002.

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 31 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Adolfo Alberto Gutiérrez Félix, Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, Graciela Torres González, José Heriberto Lugo Guajardo, Francis Michaelle Soto Macías, Gerardo Villarreal Rivas, Emma Lorena Solano Noriega, Benjamín Antonio Ayala Morales, Julio César Sánchez Rojas, Diana Citlalli Granados Díaz, Guillermo Meléndez Castro, Suzanne Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, Martha Graciela Pineda Trejo y Julio César García Aguilar, para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de noviembre de 2002, se turnó a la Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Adolfo Alberto Gutiérrez Félix, para que pueda prestar sus servicios como asistente en la Sección Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, para que pueda prestar sus servicios como asistente de embarques en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Graciela Torres González, para que pueda prestar sus servicios como oficinista comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano José Heriberto Lugo Guajardo, para que pueda prestar sus servicios como empleado de oficina del Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Francis Michaelle Soto Macías, para que pueda prestar sus servicios como operadora telefónica en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Gerardo Villarreal Rivas, para que pueda prestar sus servicios como empleado de oficina del Departamento de Sistemas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Emma Lorena Solano Noriega, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Benjamín Antonio Ayala Morales, para que pueda prestar sus servicios como empleado de la Sección de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Julio César Sánchez Rojas, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de correo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Diana Citlalli Granados Díaz, para que pueda prestar sus servicios como asistente consular en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Undécimo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Guillermo Meléndez Castro, para que pueda prestar sus servicios como encargado de mantenimiento en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Duodécimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Suzanne Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, para que pueda prestar sus servicios como asistente administrativa en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Martha Graciela Pineda Trejo, para que pueda prestar sus servicios como empleada de oficina del Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Julio César García Aguilar, para que pueda prestar sus servicios como asistente de Visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 noviembre de 2002.

Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).