Las diputadas y diputados federales integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, el siguiente: punto de acuerdo para establecer el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, bajo las siguientes
Consideraciones
Nuestro país tiene una larga tradición en materia de protección a la infancia; este Poder Legislativo, ha tenido una participación activa en la expedición de un cuerpo normativo que garantice el ejercicio de sus derechos, entre ellos la adición al artículo 4º de nuestra Constitución y que junto al artículo 3º y 123 postulan derechos relativos a la educación, a la satisfacción de sus necesidades básicas, a la salud, al sano esparcimiento para su desarrollo integral, y prohíbe el trabajo de los menores antes de la edad permitida.
Se han realizado importantes esfuerzos para garantizar y promover el ejercicio y cumplimiento de los derechos de la infancia. En 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada un año antes por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en ese mismo año, participó como precursor de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño, proporciona un conjunto de normas universalmente aceptadas para el bienestar de la infancia y otorga un marco jurídico, por el cual las sociedades pueden medir su adelanto en razón a la protección, la supervisión, el desarrollo y la participación social de la infancia.
El principio básico de los derechos de la niñez, es que la sociedad tiene la obligación de satisfacer sus necesidades fundamentales y preservar estos derechos, el Estado debe proveer la asistencia para el desarrollo de su personalidad, talento, habilidades y respeto a la dignidad de los niños.
La Convención establece además, un marco de trabajo acordado internacionalmente de normas mínimas necesarias y es responsabilidad de cada Estado parte, asegurar su aplicación, en virtud de que su poder vinculante se traduce en obligatorio cumplimiento para los Estados ratificantes.
La Convención encomienda a los órganos legislativos de cada país el adoptar las medidas relativas al mejoramiento y protección de la infancia, atendiendo, siempre, al interés superior del niño. También establece el derecho a expresar libremente su opinión y a ser escuchado en los asuntos que le afecten.
Por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento al mandato de adecuación sustancial de la legislación interna a la Convención, en mayo del año 2000 se promulgó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, normativa federal que sienta las bases para la regulación local de los derechos fundamentales y garantías de las niñas y niños en todo el territorio mexicano.
Esta ley, en su capítulo primero garantiza el derecho a la prioridad y en éste se plantea sean considerados para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, en especial el de la no discriminación y de la convivencia sin violencia.
Además, protege el derecho de participación social en favor del infante; lo hace garantizando el ejercicio de sus capacidades de opinión, análisis, crítica, presentación de propuestas que mejoren su entorno familiar, escolar, social o de cualquier otro tipo. Asimismo, le garantiza el derecho de asociación y de reunión.
La construcción y el fortalecimiento de una cultura democrática, implica la existencia, vigencia, reconocimiento y difusión de normas jurídicas que propicien el desarrollo de una ciudadanía más participativa, capaz de poner en practica los valores de la democracia, el respeto y la tolerancia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades.
En este sentido, las Comisiones de Participación Ciudadana, y de Atención a Grupos Vulnerables dentro de sus Planes de Trabajo, propician un espacio de diálogo e intercomunicación entre el Poder Legislativo y la sociedad, que permita fomentar una nueva cultura de participación ciudadana, esto es, el que la población colabore, de manera activa, en los procesos de la elaboración e instrumentación de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno.
Con ello, se busca fomentar una nueva cultura de interlocución participativa que vincule a la ciudadanía con sus representantes populares, además de contribuir al fortalecimiento de los distintos tipos de espacios de consulta con el fin de ampliar la expresión plural, reflexiva, informada y de toma de decisiones de las organizaciones y grupos de ciudadanos.
En sus programas anuales de trabajo, la Comisión de Participación Ciudadana ha propuesto eventos que la vinculen con el sector educativo en los diferentes niveles escolares para desarrollar programas de educación para la participación, como lo sería la implementación de congresos o parlamentos infantiles o la creación de espacios de participación infantil y juvenil.
Esta Comisión, realizó diversos foros regionales a nivel nacional en coordinación con organizaciones civiles y el Instituto Federal Electoral en torno a los resultados de la consulta que se hizo a la población infantil y juvenil durante el proceso electoral federal del año 2000.
Como corolario de dicho evento se realizó el Foro Nacional de Participación Cívica Juvenil e Infantil mismo que hizo partícipe a esta Honorable Cámara de Diputados del sentir que los niños y los jóvenes tienen respecto de su entorno y de sus comunidades.
Es justo reconocer el trabajo que en este tenor ha venido realizando la Dirección del Museo Legislativo de esta H. Cámara de Diputados.
Materia de trabajo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, es la niñez: sus necesidades, el respeto a sus derechos y prerrogativas y el entendimiento de su vulnerabilidad.
En su plan de trabajo para el presente año, se han propuesto y realizado diversas actividades como el de presentación, discusión y aprobación de iniciativas y puntos de acuerdo que se han venido desahogando, entre las que se inscribe la relativa a la pornografía por Internet.
Otra de sus actividades ha sido la serie de eventos que conjuntamente con la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República se han venido realizando como la presentación del manual Guía Práctica para Erradicar las Peores Formas del Trabajo Infantil, donde recibimos la valiosa participación de la OIT y la UNICEF, de igual manera conjuntamente con la Comisión de Participación Ciudadana y organizaciones de la sociedad civil se viene realizando la jornada "A una Década de la Firma de la Convención sobre los Derechos del Niño", misma que comenzó el pasado 24 de abril y que concluirá el día de hoy.
No obstante todos estos esfuerzos, en amplios sectores de la sociedad aún existe un desconocimiento de los derechos de la infancia y persisten situaciones y prácticas que limitan su respeto y cumplimiento.
Las niñas y niños sufren toda clase de abusos y vejaciones y en gran medida ven limitado su derecho a participar y opinar sobre los asuntos que les conciernen. Las niñas y los niños son también actores sociales que reclaman atención y que necesitan ser escuchados.
Ellos pueden y deben aportar sus ideas y opinar con respecto al tipo de país que estamos construyendo. Tienen el derecho incuestionable a opinar y decidir sobre su destino.
En este orden de ideas, formulamos nuestra propuesta para que el Poder Legislativo se convierta en un verdadero espacio de participación y encuentro de las niñas y niños de México, con el mundo de la política y sus instituciones.
Por lo todo lo anteriormente expuesto, se plantea a este H. pleno 1a realización de un Parlamento de las Niñas y los Niños de México, con periodicidad anual, que tendría como sede la Cámara de Diputados y la de Senadores de manera alterna.
Este Parlamento serviría también para incentivar la reflexión y la creatividad propositiva de los niños y niñas representantes de todas las entidades federativas, que sería enfocada hacia los asuntos de su comunidad y de su país.
La realización del Parlamento de los Niños, es una práctica cada vez más común en la experiencia internacional. Es el caso de Chile, España, Francia y Venezuela. En la Cumbre sobre la Deuda Social del Parlatino, los niños denuncian y deliberan sobre los problemas y fenómenos que les atañen.
El Congreso de la Unión que es el órgano por excelencia de discusión y deliberación de los grandes temas nacionales, tiene mucho que aportar con la ciudadanía más activa y consiente, que potencialmente se encuentra en los niños.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se aprueba la realización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevará coordinadamente por el Poder Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con UNICEF y el Instituto Federal Electoral.
Segundo. Este evento se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede, en forma alterna a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Tercero. Se establece como sede del Primer Parlamento, la Cámara de Diputados, a celebrarse el mes de abril del año 2003.
Cuarto. Se instruye a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Participación Ciudadana de la LVIII Legislatura de esta Cámara, para que, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, con las instancias del Gobierno Federal y con el Instituto Federal Electoral, establezcan en un plazo no mayor de 180 días, las bases y lineamientos de funcionamiento, organización, convocatoria y realización de acciones necesarias para el desarrollo del Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los treinta días del mes de abril de dos mil dos.
Diputados: Enrique Adolfo Villa Preciado, Raquel Cortés López, Laura H. Pavón Jaramillo, Alba Leonila Méndez Herrera, Librado Treviño Gutiérrez, Gumercindo Alvarez Sotelo, Esveida Bravo Martínez, Pedro Pablo Cepeda Sierra, José Abraham Cisneros Gómez, Jorge Luis García Vera, Luis Herrera Jiménez, Sergio Maldonado Aguilar, Raúl Martínez González, Lorena Martínez Rodríguez, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Beatriz Guadalupe Grande López, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Arcelia Arredondo García, Silvia Romero Suárez, Patricia Aguilar García, Teodora Elba Arrieta Pérez, Benjamín Ayala Velázquez, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Miguel Gutiérrez Hernández, María Guadalupe López Mares, Maricruz Montelongo Gordillo, José Francisco Yunes Zorrilla, Luis Herrera Jiménez, Jaime Vázquez Castillo, Esveida Bravo Martínez, Enrique Garza Tamez, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo, Mario Cruz Martínez, Benjamín Muciño Pérez, María Teresa Tapia Bahena, Tomás Ríos Bernal, Celestino Bailón Guerrero, Jaime Alcántara Silva, Rafael Ramírez Agama, Juan Carlos Regis Adame, Fernando Martínez Cué, María Mendoza Cruz, Juan Carlos Pallares Bueno, Benjamín Avila Márquez (rúbricas).
(Aprobada en votación económica. Comuníquese
a la Junta de Coordinación Política. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, PRESENTE A LA BREVEDAD POSIBLE, ANTE ESTA SOBERANIA, LA NORMATIVIDAD OPERATIVA DE LA LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO, A FIN DE QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN ACCEDER A DICHOS RECURSOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS PALLARES BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que presente a la brevedad posible, ante esta soberanía, la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del Procampo tal y como lo establece el artículo 20 de dicha ley, a fin de que los productores puedan acceder a dichos recursos.
Consideraciones
El desarrollo del campo es uno de los grandes desafíos del Gobierno mexicano, la pobreza lacerante que en él existe no puede estar siquiera puesta a discusión.
Como consecuencia de las precarias condiciones de vida en que se encuentran los hombres y mujeres del campo y de la falta de apoyos adecuados que les permitan mejorar las condiciones de la tierra para obtener mayores niveles de producción, los productores nacionales se han visto en la necesidad de abandonar sus parcelas y emigrar a las ciudades y a los Estados Unidos de América en busca de las posibilidades de desarrollo socioeconómico que les han sido negadas en su propio país.
De esta manera, la mayor parte de los pequeños productores han sido excluidos del proceso de modernización y se ven en la necesidad de incorporarse en actividades laborales distintas a las del sector agropecuario en donde obtienen ingresos muy bajos e inestables.
A raíz de la firma del TLCAN y con el propósito de apoyar a los pequeños productores para competir con los Estados Unidos y Canadá, como principales socios comerciales, en 1994 el Gobierno Federal creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
Sin embargo, esto no ha sido suficiente ya que existe un severo atraso en el sector agropecuario que no ha sido visualizado con la seriedad que lo amerita, ya que en el pasado el campo no fue otra cosa más que un mercado electoral y por ello la política agropecuaria no estuvo más que atada al criterio presidencial.
El pasado mes de diciembre, esta soberanía aprobó la Ley de Capitalización del Procampo, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia, de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios de este programa.
Para ello se estableció un Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del Procampo con el propósito de:
I. Posibilitar a los beneficiarios el acceso por anticipado a los recursos previstos en los años restantes de vigencia del Procampo, para capitalizar sus unidades de producción y desarrollar sus proyectos y acciones de modernización;
III. Proporcionar condiciones para la disponibilidad y acceso a recursos crediticios.
En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional existe inquietud por esta situación, ya que nuestro voto unánime a favor de la Ley de Capitalización fue bajo el convencimiento pleno de la necesidad de restituir el valor del sector agropecuario y de su gente, lograr un desarrollo rural integral que tenga como eje central el desarrollo de las personas, para las personas y por las personas e incrementar de manera sostenible los niveles de bienestar de la población rural.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura en la Cámara de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emita a la brevedad la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del Procampo y la presente ante la H. Cámara de Diputados y ante la H. Cámara de Senadores con el objeto de que éstas elaboren las observaciones correspondientes, de conformidad con el artículo 20 de dicha Ley, a fin de que los productores nacionales cuenten con la información necesaria para el acceso a estos recursos.
Segundo.- Que la Sagarpa informe a esta Cámara de Diputados sobre el financiamiento que será utilizado para otorgar los recursos anticipados a los productores.
Dip. Carlos Pallares Bueno (rúbrica)
(Turnada a la Mesa Directiva para que solicite la información.
Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA POLITICA Y ASIGNACION DEL FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACION SUPERIOR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Antecedentes
Es claro que la Educación es un factor estratégico para el desarrollo de las naciones. De ahí que el financiamiento gubernamental a la educación refleje directamente la importancia que un país le otorga a ésta. En este sentido, la inversión que una sociedad realiza en educación superior es un signo inequívoco de su interés por mejorar el nivel de vida de la población así como las oportunidades que esta tiene, en suma, la educación superior es una de las mejores herramientas para mejorar la distribución del ingreso.
En distintas reuniones, foros y seminarios, organizados en todo el país se ha debatido de manera amplia el método inercial de financiamiento de la educación superior pública en México.
Todos sabemos que de acuerdo a nuestro marco legal vigente la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión es quien recibe cada año el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para su análisis discusión y aprobación, por lo que considero pertinente empezar a trabajar en la construcción de un nuevo esquema de financiamiento basado en el desempeño institucional que además sea simple, multivariado y de aplicación gradual, y así de esta manera, poder adecuar los montos presupuestales que en la actualidad se asignan de manera mecánica y discrecional.
De la misma manera, la Ley de Coordinación de la Educación Superior, en su Capítulo III sobre "La asignación de recursos", establece que el financiamiento a las instituciones de educación superior tomará en cuenta las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de estas instituciones. Además, se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y en consideración a la participación de cada institución en el desarrollo de la educación nacional, con base en sus esquemas de planeación, superación académica y mejoramiento administrativo.
En virtud de que existe la necesidad y la inquietud por parte del sector educativo a nivel superior y por ende de esta H. Cámara de Diputados para modificar los modelos de asignación del financiamiento a la educación superior publica y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe un nuevo esquema de financiamiento público de las Instituciones de Educación Pública Superior del país, el cual se discuta con los actores educativos involucrados y sirva como base para la distribución de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2003.
Segundo.- Las bases de transparencia y equidad que definan el nuevo esquema, deberán articularse con base en los siguientes criterios:
b) Se introduzcan la eficiencia y calidad, como criterios centrales de asignación de recursos.
c) Se incorpore en las formulas de financiamiento a la investigación un indicador relacionado con el número de programas de posgrado incorporados en el padrón de Conacyt.
d) En el mismo sentido y dada la reciente aprobación de un padrón nacional de programas de posgrado, se incluyan en estos programas los factores de calidad en las tres categorías existentes (especialidad, maestrías y doctorados).
(Turnada a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública,
y de Educación Pública y Servicios Educativos. Abril 30 de
2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE POLITICA AMBIENTAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, PRESENTADA EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está a favor del federalismo y de la descentralización de la Administración Pública Federal, pero siempre y cuando, estas se lleven a cabo con las condiciones y recursos necesarios para garantizar la transferencia de facultades por la gestión ambiental.
El término federalismo procede de la palabra latina "foedus", que significa "unión, liga, pacto". Desde el siglo XVII, el término se refiere a la organización de una comunidad jurídica compuesta por varios estados, donde resaltan los derechos de libre determinación y codecisión de los miembros que la integran.
En la descentralización de los servicios de gestión ambiental con la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno, en lugar de eficientar la actuación institucional y mejorar la calidad del servicio, significa un retroceso con relación a la distribución de competencias previstas en la Constitución de la República y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Un claro ejemplo con las condiciones actuales de la no viabilidad en la descentralización, es la facultad con la que cuentan los municipios para reciclar aguas residuales, situación que no se ha realizado de ninguna manera.
En otro orden de ideas, México es considerado como uno de los pocos países megadiversos a escala mundial en cuanto a su biodiversidad. Ello conduce a la reflexión sobre la necesidad de desarrollar soluciones eficaces y eficientes para conservar el medio ambiente.
Durante la última década nuestro país se ha propuesto establecer una nueva estructura organizativa a nivel federal, estatal y municipal. En este contexto, la creación de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 1994 propicia el ánimo compartido por el Partido Verde, por realizar una verdadera y eficaz conducción de la política ambiental nacional.
De todos los municipios que componen el Estado mexicano, sólo unos cuantos tienen la capacidad administrativa en materia ambiental, para poder satisfacer el cúmulo de necesidades en las que está inmersa la ciudadanía, ante la compleja y descuidada gestión ecológica. Sobre todo con el recorte presupuestal, que ha minado los recursos y participaciones a los estados y municipios, resultando en una total indefensión para combatir y resarcir el daño ambiental de sus comunidades.
Debemos primeramente propiciar el diseño, ejecución y evaluación de un programa ambiental, a través de la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, y proponer como legisladores importantes reformas legales para que todos los mexicanos puedan debatir los alcances y el impacto que tendrían las políticas públicas tanto en la preservación de los recursos naturales, como en la integración de una política sectorial incluyente.
Como legisladores propusimos la inclusión de un artículo transitorio en las recientes reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente que obliga a los estados de la Federación, a que realicen su ordenamiento ecológico de su territorio antes de poder concretar cualquier tipo de convenio de descentralización con la federación.
La descentralización es una valiosa oportunidad política para el fortalecimiento del orden constitucional republicano y sus principios democráticos que no deben faltar en un Estado social que aspira a lograr mejores equilibrios sociales y económicos, así como de un Estado de derecho orientado a proteger a los ciudadanos, otorgar igualdad jurídica a todos, establecer una clara división de poderes y estimular la labor del legislador dentro del marco constitucional.
Por ello nos reservamos el derecho de interponer cualquier recurso legal en contra de cualquier convenio realizado entre los estados que integran la Federación y el Poder Ejecutivo federal. Fomentemos la conservación de los recursos naturales, y no la intención mercantilista de subastar al mejor postor el patrimonio de los mexicanos, en franco detrimento de los intereses de la nación.
Si bien es cierto que la gestión ambiental en gran medida, ha sido manejada desde el centro, lo que ha redundado en decisiones alejadas de los problemas reales que viven los estados y municipios, y en una mínima participación de las autoridades y habitantes locales; también lo es el hecho que, en varias entidades federativas, persisten aún los cacicazgos de grupos de poder que se erigen como propietarios del acervo de todos y cada uno de los habitantes de México y el Mundo.
Concebimos la descentralización de la gestión ambiental, como la coadyuvancia que debe haber entre la Federación, los estados y los municipios, pero hasta que se dote de apoyo en materia técnica administrativa, incluyendo en ello el financiero, hasta alcanzar la autonomía operativa necesaria, antes de que el acelerado deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales sea irreversible y que los niveles inferiores de gobierno se vean rebasados por la poca capacidad en la que operan.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ejecutivo federal, para que desistan del programa de descentralización planteado para esta área de la Administración Pública, hasta en tanto no existan las condiciones económicas y técnicas para otorgar facultades a los estados y municipios del país, para hacerse cargo de diversas funciones que actualmente desempeña esa secretaría de Estado.
Segundo.- Se mandata a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, que a la letra dice: Para la firma y entrada en vigor de cualquier convenio o acuerdo a que se refiere el artículo 11 de esta ley, las entidades federativas o municipios participantes en ellos, habrán de contar con su propio programa de ordenamiento regional, particular o marino según corresponda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de abril del 2002.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas(rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
(Turnada a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION DE LOS CAMPESINOS PRESOS EN CHIAPAS, DE LA ORGANIZACION MOCRI-CNPA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo desea referirse en esta tribuna a la problemática de los campesinos detenidos en Chiapas, pertenecientes a la organización campesina MOCRI-CNPA.
La organización MOCRI-CNPA, en el mes de enero del año pasado invadió dos predios de propiedad federal, como una forma de presión para exigir apoyos a la producción y comercialización de sus productos. Cabe mencionar que la comunidad donde están las bases de MOCRI-CNPA está ubicada en un municipio de reciente creación, denominado Marqués de Comillas.
La respuesta gubernamental a esta toma de predios consistió en la negativa de llevar a cabo su regularización, y después fue ofrecerles reubicarlos en otros diferentes. Ante ello dicha organización se movilizó llevando a cabo manifestaciones en el palacio municipal de Tuxtla Gutiérrez y distintos bloqueos carreteros en varios puntos de la entidad.
Como una medida de presión extrema el 19 de junio del año pasado retuvieron en su poder a varios funcionarios de la Sagarpa en el poblado de Zamora Pico de Oro, del citado municipio, exigiendo como condición para liberarlos el cumplimiento a sus demandas de regularización de los predios invadidos y de apoyos económicos a la producción y comercialización. Sumado a lo anterior, el 25 de junio retuvieron a funcionarios del gobierno del estado y del ayuntamiento Benemérito de las Américas.
El gobierno del estado urgió a los inconformes a una salida negociada del conflicto y por la vía pacífica, pidiendo que para negociar fueran liberados los funcionarios retenidos; los miembros de la organización MOCRI-CNPA, se negaron, ya que la comisión enviada por el gobierno estatal no tenía capacidad de decisión. En el fondo el gobierno estatal difirió la solución del conflicto para llevarlo al terreno de la confrontación.
Incluso en el mismo momento de la negociación, llevaron a cabo la detención de uno de los líderes, Noé Jiménez Pablo. Al momento de su detención otro de los líderes, su hermano, Francisco Jiménez Pablo, acordaba con el secretario de Gobierno, César Chávez, la liberación de los funcionarios presos.
En ese mismo instante la fuerza pública comprendida por la policía estatal y la policía judicial del estado, tendían ya el operativo y el cerco para detener a los campesinos y rescatar a los funcionarios privados de su libertad. Esto evidencia el doble discurso y el engaño que utilizo el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía para solucionar un conflicto de esta naturaleza.
El operativo en el municipio Marqués de Comillas para rescatar a los funcionarios tuvo como característica el excesivo uso de la fuerza, la violación de los derechos humanos de los campesinos de la organización y de habitantes que nada tenían que ver en el conflicto.
Como muestra de ello están los testimonios de varios lugareños que relatan que fueron tirados al piso y se les colocaron bolsas de plástico en la cabeza, exigiéndoles que dijeran donde estaban los funcionarios detenidos y los líderes de MOCRI-CNPA. Dos personas más refirieron ser subidos en helicóptero y amenazados de que iban a ser lanzados al vacío a menos que dieran información sobre los dirigentes, muy al estilo de la guerra sucia de los setenta.
Al ser detenidos no contaron con un abogado, no se les giró orden de aprehensión previa, se les acusa de privación ilegal de la libertad cuando no perseguían el lucro o el beneficio individual al retener a los funcionarios.
Como puede verse son muchas las irregularidades en el proceso seguido a Noé Jiménez Pablo líder de MOCRI-CNPA y a los demás campesinos presos, que suman alrededor de 60.
Los campesinos de MOCRI-CNPA no tuvieron otra alternativa que ejercer una medida de presión extrema para hacerse escuchar y buscar una solución justa a sus demandas. No debemos olvidar que en el estado de Chiapas los reclamos de justicia y bienestar de los indígenas y campesinos nunca recibieron otra respuesta más que el engaño y la represión.
Es preciso señalar que existe una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que sea revisado este caso y se deslinden las responsabilidades a que haya lugar entre los funcionarios del gobierno estatal.
Los campesinos presos están en huelga de hambre exigiendo sea revisado su caso y de acuerdo a dicha revisión los que tengan derecho a ser liberados, se haga esto de manera inmediata, pidiendo se desista el gobierno estatal de cualquier proceso penal en su contra.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Solicitamos al gobierno del estado de Chiapas y a su titular, el licenciado Pablo Salazar Mendiguchía, cumpla con la recomendación número CEDH/001/2002, que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Artículo Segundo.- Solicitamos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de esta H. Cámara de Diputados, para dar seguimiento a este caso y como un garante del cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Diputados: Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Adame, José Narro Céspedes (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDADES CULTURALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LUIS GARCIA VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El diputado Jorge Luis García Vera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta un punto de acuerdo, suscrito por cuatro diputados, uno del PRD, uno del PAN y dos del PRI, integrantes de la Subcomisión de Adultos Mayores de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y otros diputados, y lo someten a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes
Consideraciones
México, igual que casi todos los países del mundo vive una transición demográfica, producto de la disminución de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida. En 1930 sumaban alrededor de medio millón las personas de 60 años y más, en la actualidad son 7 millones de personas en ese grupo de edad, cifra que irá incrementándose de manera sistemática con un potencial para duplicar su tamaño cada 20 años aproximadamente, según estudios de los especialistas en demografía.
Así, el hombre está logrando uno de sus más ansiados anhelos, incrementar su esperanza de vida, la que actualmente llega a 75 años como promedio, situación que ha de ser un éxito si las personas adultas mayores tienen una vida de calidad y la convivencia de la familia, la comunidad y la sociedad es adecuada.
Es un tema que concierne a los adultos mayores, a las familias en su vida cotidiana, a la comunidad, a la sociedad. Es un tema que tiene que ver con el porvenir de todos los mexicanos. Tiene que ver con los adultos mayores actuales, con los que pronto llegarán a serio, así como con las generaciones venideras.
De ahí que en esta Legislatura todos los grupos parlamentarios cuando diseñaron la agenda legislativa comprendieron de manera unánime el tema de la legislación en materia de los adultos mayores.
La transición demográfica tiene implicaciones muy variadas y profundas, en lo económico y social. La solución a las mismas dependerá, en gran parte, de la forma en que se aborden por las instituciones y la sociedad.
Las condiciones económicas de los adultos mayores, su actividad laboral, la vivienda, la alimentación y la salud son primordiales en su vida. Pero también es importante y necesario el esparcimiento para ocupar su tiempo libre, para enriquecer sus conocimientos.
La actividad cultural, en sus diferentes manifestaciones, como teatro, danza, pintura, canto y otras más, enriquecen la vida de las personas. De ahí la importancia que existan actividades en las cuales los adultos mayores puedan participar. Así será un aspecto para mejorar su calidad de vida.
La actividad cultural es organizada por diferentes dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales; así como por varias instituciones como el IMSS y el ISSSTE y otros más.
Se conocen las limitaciones económicas de las dependencias e instituciones que llevan a cabo actividades culturales, no obstante, es posible hacer ajuste y crear espacios dirigidos a los adultos mayores con amplia promoción hacia su participación. En otros casos podrán incorporarse a las actividades culturas ya organizadas.
La legislación sobre los adultos mayores, adquiere un lugar primordial, ha de ser el marco jurídico que regule la política pública en relación al tema del adulto mayor. Encaminado a estos fines, la Subcomisión de Adultos Mayores como parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables esta efectuando una revisión de la legislación existente y proponiendo varias iniciativas con modificaciones.
En el campo cultural, no se cuenta con una legislación que regule el desarrollo de la cultura en el país, y no se puede esperar a que ésta se promulgue.
De ahí, que de acuerdo a lo expuesto presentamos a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar a las dependencias federales, estatales y municipales ejecutoras de las actividades culturales en el país, a que organicen algunas específicamente dirigidas a los adultos mayores, comprendiendo las diferentes manifestaciones culturales.
Segundo.- Que dichas dependencias, en las actividades culturales que desarrollen en general, consideren y promuevan la participación de los adultos mayores.
Tercero.- Que el Ejecutivo federal norme en sus dependencias programas para lograr estos fines.
Cuarto.- Que los Institutos como el IMSS y ISSSTE que cuentan con espacios culturales, comprendan también actividades para los adultos mayores, en mayor medida que lo que ya están efectuando.
México Distrito Federal, 30 de abril del 2002, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputados: Jorge Luis García Vera, Raquel Cortés López, Arcelia Arredondo García, Librado Treviño Gutiérrez, Lorena Martínez Rodríguez, Silvia Romero Suárez, Jesús Cruz Gutiérrez, Ricardo Ocampo Fernández, Alba Leonila Méndez Herrera, Víctor Infante González, Cutberto Cantorán Espinosa, Olga Uriarte Rico, José Soberanis González, José Antonio García Leyva, Josefina Hinojosa Herrera, Maricela Sánchez Cortés, Jacobo Nazar Morales, Justino Hernández Hilaria, Celia Martínez Bárcenas, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Elba Arrieta Pérez, Silverio López Magallanes, Oscar Alfonso del Real Muñoz, Enrique Meléndez Pérez, Jaime Barrón Fonseca (rúricas).
(Turnada a la Comisión de Cultura. Abril 30 de
2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA DEJAR LIBRE DE INVASIONES, LAS ZONAS RESERVADAS DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAUL GARCIA VELAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LVIII Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente punto de acuerdo.
Antecedentes
La Sierra de Santa Catarina ocupa la parte más olvidada de la delegación Iztapalapa. Se encuentra al oriente de la misma, colindando con la delegación de Tláhuac y con el municipio de Chalco. Es uno de los lugares más inhóspitos de la ciudad para la vida humana, pues en su mayor parte ha sido colonizado a base de invasiones, clientela efectiva de los partidos populistas, que siempre escoge a las clases más débiles de la sociedad.
Actualmente la Sierra de Santa Catarina sufre de una deficiente dotación de servicios. De un inoperante sistema de drenaje, de una maraña de cables eléctricos que se aferran a postes de madera que palo a palo sus moradores fabrican. De un sistema de agua que llevan en pipas y se venden a sus habitantes a precios de oro, que luego los mismos llevan hasta sus hogares por serpenteantes laderas, hogares que en muchas ocasiones son tan sólo piedras sobre piedras sin ningún pegamento y que no alcanzan el metro y medio de altura a los que bien les va. Los que siguen viviendo como en la época de las cavernas: en cuevas que ellos mismos cavan o las que encuentran. De la Sierra de Santa Catarina sólo han quedado unas hectáreas de tierra que si las autoridades no ponen remedio muy pronto también engrosarán las filas de las viviendas precarias y sucias que aún existen en la capital de la República.
El Cerro de la Estrella, la otra área protegida de la delegación Iztapalapa, geológicamente es parte del "Eje Neovolcánico Transversal", actualmente es un parque nacional y reserva ecológica también.
El Huizachtépetl, es un significativo cerro en la historia de México. Sus cuevas fueron las receptoras de la deidad en múltiples formas, acompañadas siempre de la religión, el ritual y el mito. Aún en la actualidad sigue siendo un sitio envuelto por lo mítico; escenario de fenómenos paranormales y de fantásticas historias acontecidas en sus cuevas.
Desafortunadamente el inadecuado uso de suelo agrupado en asentamientos humanos mal planeados, panteón civil, extracción de materiales pétreos, basurero y pastizales inducidos han provocado el deterioro y devastación del mismo. Originalmente presentaba una vasta vegetación de huizaches (de ahí el nombre ancestral) pero en la actualidad únicamente se observa vegetación artificial de plantaciones exóticas compuesta por eucaliptos y coníferas, lo mismo (en la Sierra de Santa Catarina) ha sucedido con la fauna del lugar, quedando, si acaso sólo algunos reptiles y roedores.
Además, la gran erosión provocada por múltiples senderos de corredores y visitantes ha producido una acelerada destrucción de la delgada capa de suelo.
Estudios cartográficos del INAH han mostrado que el cerro se ha reducido en un 90 %, alcanzando apenas una superficie de 261 hectáreas debido a la mancha urbana.
No es posible tanta indiferencia de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, y lo más grave de esta situación ha sido la irresponsabilidad que ha mostrado el actual gobierno capitalino para controlar las invasiones de los llamados "paracaidistas" provocando una sobreexplotación demográfica en la zona, el encarecimiento de servicios y la contaminación de recursos naturales de estos lugares.
De seguir así esta situación, podríamos perder la zona arqueológica que conserva parte de la estructura original del templo-pirámide en donde los sacerdotes mexicas esperaban recibir señales divinas desde el cielo al apreciar las constelaciones de Orión y las Pléyades sobre el cenit.
No podemos soslayar la falta de visión que gobierno tras gobierno han tenido respecto a las importantes tradiciones que cada año se realizan con motivo de la Semana Santa en la que, no sólo turistas nacionales sino extranjeros, visitan la zona, y en la cual no se ofrecen servicios e instalaciones ni medianamente suficientes para la gran cantidad de personas que se concentran aquí.
Consideraciones
Es urgente realizar un ordenamiento ecológico en ambas elevaciones, es decir, la planeación y programación óptima del uso de suelo y manejo de los recursos naturales con el objeto de regular el desarrollo de actividades humanas y productivas de las citadas zonas preservadas, pero sobre todo la protección y conservación de los recursos naturales.
Debemos pugnar por la preservación y conservación de los vestigios arqueológicos asentados en el Cerro de la Estrella es el conocimiento de nuestro pasado glorioso, siendo menester que las autoridades competentes procuren mayor atención en el mantenimiento y difusión de esta zona arqueológica que fue habitada al menos desde hace más de 5,000 años, y que alcanzo su esplendor durante la ocupación azteca desde el siglo XIV hasta el XVI cuando en la cumbre del cerro se celebró la ceremonia del Fuego Nuevo.
Por lo antes expuesto, presento y someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta H. Cámara de Diputados solicite al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe acerca de los programas que se han implementado para la preservación de la zona arqueológica del Cerro de la Estrella.
Segundo. Que ésta honorable asamblea solicite a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal que informen acerca de los programas y políticas que han ejecutado para evitar el crecimiento irregular de la mancha urbana en la zona del Cerro de la Estrella y en la Sierra de Santa Catarina.
Tercero. Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con las autoridades del Distrito Federal, dicten medidas necesarias a fin de evitar que la zona arqueológica ubicada en el Cerro de la Estrella sufra deterioro debido a la invasión de los llamados "paracaidistas".
Cuarto. Que esta alta tribuna solicite a la Dirección General de Planificación Estratégica y Desarrollo Turístico informe acerca de las estadísticas de mercado recabadas para el establecimiento de programas de promoción de la zona.
Quinto. Que este honorable cuerpo colegiado solicite a esta misma Dirección General de Planificación Estratégica y Desarrollo Turístico promueva dentro de sus facultades, la creación de un corredor turístico en la zona del Cerro de la Estrella a fin de incentivar la creación de fuentes de empleo en beneficio de las comunidades aledañas.
Sexto. Que se dirija a la Semarnat nuestra protesta y a la PGR por la comisión de delito y del comercio ilegal del suelo que se sigue dando de áreas protegidas tanto en la Sierra de Santa Catarina como en el Cerro de la Estrella.
Dip. Raúl García Velázquez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de Reforma Agraria y del Distrito Federal. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA TENENCIA Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LA POBLACION CIVIL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 10, otorga el derecho a los mexicanos de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.
II. Desde la entrada en vigor de la carta magna y hasta 1968, se permitía el comercio de armas de fuego, situación que cambió a partir de ese mismo año con la prohibición de comercializar libremente armas.
III. Actualmente, el derecho a poseer armas de fuego para defensa personal está reglamentado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972.
IV. Derecho que, por cierto, muy pocos ejercen y los que lo hacen en su en su gran mayoría están fuera del marco jurídico, pues ocupan el arma de fuego para ejercer actividades propias de la delincuencia y el narcotráfico.
V. En México, desafortunadamente los índices delictivos y la violencia crecen día a día, baste mencionar que en el año 2000, hubo un millón 420 mil 254 delitos denunciados, independientemente de la cifra negra o de los delitos que no se notifican a la autoridad, los cuales bien podrían sumar dos o tres veces más que los denunciados.
VI. Este alarmante crecimiento de la delincuencia, de las mafias organizadas y de la penetración del narcotráfico en la esfera pública no ha sido frenado por los órganos encargados de proporcionar seguridad a los habitantes.
VII. Situación que ha creado incertidumbre e inseguridad en el pueblo mexicano y que, dicho sea de paso, ha generado un ambiente de impotencia e irritación social por la nula actuación del Gobierno Federal, toda vez que no ha cumplido con su tarea primordial de otorgar seguridad a sus habitantes.
VIII. Debido a esta omisión y ante tal ineptitud, el Gobierno Federal pretende dejar en manos de cada uno de los gobernados la impartición de la justicia, lo que nos conllevará, indudablemente, a volver a la Ley del Talión donde cada uno de nosotros rechacemos la violencia con violencia, volviendo a así al antiguo esquema de la venganza privada.
IX. Eso hará que impere la anarquía total, donde sea la violencia la que impere y no las normas jurídicas; donde el más fuerte se imponga sobre el débil, al puro estilo de la ley de la selva.
X. Además, por si fuera poco, el hecho de dejar en manos de los habitantes la seguridad pública, la cual es función exclusiva del Estado, se incrementaría visiblemente los accidentes y asesinatos por la manipulación a la que tendrían accesos lo menores.
XI. Un ejemplo claro lo tenemos en la Unión Americana, donde la posesión de armas excesivamente liberal, como la que ahora pretende asestarnos el Gobierno Federal, ha sido consecuencia de múltiples asesinatos en escuelas de ese país, los cuales son llevados a cabo por niños que no tienen la madurez suficiente para manejar un arma de fuego.
XII. En México, las cosas no serían diferentes, ya que de permitirse la pistolización, se estaría orillando a que se cometieran miles de homicidios dentro de los hogares mexicanos, pues la violencia intrafamiliar, actualmente ocupa altos índices de recurrencia. Hoy con la pistolización, quienes más sufrirían serían las mujeres y los niños, ya que de los golpes, que en ocasiones son propinados de manera salvaje, se pasaría a los asesinatos familiares.
XIII. Y hoy bonitamente el Gobierno Federal quiere que nosotros nos brindemos protección y seguridad. Cosa más lejana al pacto del cual emerge el Estado, al cual se le da la función de brindar seguridad y justicia a sus habitantes. Estas dos, seguridad y justicia son funciones primordiales del gobierno, ya que una sociedad con instituciones públicas no puede arrojar sobre los individuos la responsabilidad de defenderse a sí mismos, ya que nadie en su sano juicio y actuando de manera razonada quiere utilizar la venganza privada como forma de allegarse justicia.
XIV. ¿O acaso pretendemos manchar de sangre las manos de las personas que lo único que quieren es justicia por parte de los órganos del Estado?
XV. Por otro lado, si lo que se pretende es combatir el mercado negro de armas, este tipo de medidas resultarían contraproducentes, pues actualmente los delincuentes tienen acceso relativamente fácil a armas de cualquier calibre, tan sólo de diciembre de 2000 a mayo del 2001, se aseguraron cinco mil 770 armas de fuego y 377 mil 557 municiones, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional.
XVI. Por lo que abrir el mercado representaría romper cualquier tipo de barrera para que las mafias y la delincuencia organizada se hicieran de arsenales personales para delinquir con mayor facilidad, basta recordar que 39 por ciento de los reos federales, que se encontraban internados en 1999 en los siete reclusorios del Distrito Federal, estaban por portación ilegal de arma y portación de arma de uso exclusivo del ejército.
XVII. Si se quiere combatir realmente el mercado negro de armas, el Gobierno Federal debería poner más atención en las fronteras y aduanas del país, ya que es por ahí donde se introducen todas las armas fuego que ingresan a la nación. Esta permisividad para importar cualquier cantidad de armas es posible debido a los altos índices de corrupción en las aduanas de México.
XVIII. Sin embargo, al Gobierno Federal esta situación parece no importarle, ya que se hace de los oídos sordos a los constantes reclamos y denuncias de corrupción en las aduanas mexicanas, pero además, hoy quieren poner armas en manos de los ciudadanos, para solucionar un problema que no han sabido resolver.
XIX. Esto no los podemos permitir, ya que el pueblo mexicano se ha distinguido histórica y mundialmente por ser pacifista por ser un pueblo que dirime sus controversias a través de las instituciones y no de la violencia.
XX. De hecho, lo que la Secretaría de Seguridad Pública y la misma PGR deberían hacer es crear programas, a fin de no permitir la entrada de más armas de fuego al territorio nacional, ya que con su omisión, lo único que propician es que miles de mexicanos estén siendo asesinados con un arma de fuego que entró de manera ilegal al país por nuestras fronteras.
Por lo anteriormente expuesto hacemos la siguiente
Exposición de Motivos
Uno. Dado que el armar a la sociedad civil no trae beneficio alguno, sino por el contrario, acarrearía mayores problemas de los que se pretende solucionar;
Dos. Dado que es responsabilidad y función primordial del Estado salvaguardar la seguridad de los habitantes de México, así como la de impedir la entrada de armas al territorio nacional.
Tres. Dado que de permitir que la sociedad civil se arme, se regresará al esquema de la venganza privada y se fomentará la violencia en los hogares mexicanos.
Cuatro. Dado que la posesión de armas de manera irregular es una responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados pues de cumplir cabalmente su función el gobierno, los gobernantes no tendrían acceso a un arma de fuego.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberana el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión proponga al Ejecutivo federal instaurar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un "Programa de Retiro de Pistolas del Mercado y de la Ciudadanía" a cambio de una retribución económica de hasta 30 por ciento del valor comercial del arma de fuego, a fin de que se retiren del mercado y de los hogares mexicanos, miles de pistolas en estado de posesión irregular.
Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión autorice a la Comisión Nacional de Derechos Humanos recoger las armas de fuego que entregue la ciudadanía de manera voluntaria, sin que por este acto se finquen responsabilidades penales o administrativas.
Tercero. El pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncie porque la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República pongan un cerco de manera inmediata en las fronteras de la nación, a fin de no permitir la introducción de más armas de fuego.
Palacio Legislativo, a 30 de abril del 2002
Dip. Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública, y de la Defensa Nacional. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE DEUDORES DE BANRURAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Los abajo firmantes, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Es un hecho irrefutable que, históricamente, el campo ha representado uno de los más grandes fracasos en cuanto a implementación de políticas gubernamentales se refiere. Este sector es, sin duda alguna, uno de los más empobrecidos de nuestro México. Por ello, no es de extrañar que éste sea uno de los temas más discutidos en esta alta tribuna por generaciones de legisladores.
Así como las recurrentes sequías han dado como fruto tierras erosionadas y áridos llanos; la falta de oportunidades y garantías al bienestar han traído por consecuencia el abandono del campo, y el surgimiento de pueblos fantasmas y de condiciones de miseria entre quienes persisten en generar un patrimonio digno, producto del campo.
Reconozcamos pues, que los hombres y mujeres del campo se cuentan entre todos los mexicanos, como los más esforzados en el trabajo y los más fuertes en la adversidad; son hombres y mujeres que viven en la esperanza, por ello los escuchamos expresarse: ¡ojalá este año tengamos abundantes lluvias, ojalá este año no vaya a helar, Dios quiera y este año tengamos buenos precios!
Pues bien, no son únicamente la falta de lluvias, el hielo anticipado y los precios injustos las únicas calamidades que agobian a los agricultores. Una más es la que agobia y angustia hoy a quienes se dedican a las actividades agropecuarias, especialmente en el norte del país y de manera específica en los estados de Durango y Zacatecas.
Esta calamidad son los adeudos vencidos, que se reflejan hoy en el desastre productivo del campo en esta zona, impactando fuertemente las condiciones de vida de miles de campesinos, quienes con ilusión de mejorar su estado actual y futuro acudieron a Banrural en busca de créditos que les permitieran contar con insumos suficientes para explotar su tierra. Para obtener dichos créditos nuestros campesinos aportaron como garantía su patrimonio familiar.
Para su desgracia, la escasez de lluvias, junto a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos, arrastraron la pérdida de sus cosechas, de tal manera que les resultó imposible dar cabal cumplimiento a su compromiso de liquidar sus prestamos. Debido a ello, en el año de 1994 se reestructuraron sus adeudos a 15 años con 7 años de gracia, buscando una opción que posibilitara el pago de éstos.
Sin embargo, en 1998 cuando se presentan en la citada institución crediticia para liquidar sus adeudos, se les informa, irresponsablemente, que ya sus cuentas están saldadas puesto que el Gobierno Federal había absorbido sus adeudos mediante el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) en uso de sus facultades para apoyar a las instituciones de crédito en general, con lo cual desaparecía su deuda y todo compromiso por pagar. De esta manera, los campesinos ignorando el proceso mediante el cual, la deuda pasa a manos del Fideliq, detienen el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
Años después, es el mismo Fideliq quien notifica a los campesinos deudores que es necesaria su presencia en la agencia de cobro de su entidad correspondiente, situación que causa alarma y preocupación ya que los agricultores ignoraban la causa de la notificación, al dar por concluida su deuda según se les había notificado.
Es de esta manera que, por citar un ejemplo, la deuda reestructurada de uno de estos campesinos en 1994 ascendía a 39,523 pesos y para agosto de 2001 se incrementa hasta 127,827 pesos.
Cabe señalar que contando con la información de los primeros pagos realizados a tiempo por los campesinos y con las condiciones y esquema de pagos establecidos en el contrato de reestructuración de deuda del Fideliq, no es posible establecer con certeza cómo es que la deuda que en un inicio se encontraba en los casi 40,000 pesos, asciende hoy a casi 128,000 pesos. Como podrán suponer compañeros diputados, significa una cifra inalcanzable a cubrir por los agricultores, teniendo en cuenta su estado actual.
Se han analizado varios casos aplicando todas las hipótesis posibles atendiendo los diversos criterios de operación para reestructuración pero resultó imposible saber qué cálculos realizó Fideliq para llegar a los montos de los adeudos acumulados que pretende cobrar.
Compañeros diputados y diputadas; nuestros campesinos por encima de su marginación y pobreza levantan su dignidad humana, y expresando su voluntad de pagar, sólo piden se les dé la oportunidad de hacerlo conforme a sus posibilidades y en congruencia a la deuda adquirida, tan es así que agricultores de la Comarca Lagunera venden a 34 centavos de dólar la libra de algodón para dar salida a 60 mil pacas, esto para evitar pagar más intereses al Banco de Crédito Rural; tal como lo declara el 15 de febrero del 2002 a los medios de comunicación el Sr. Arturo Delgado Morales, presidente de la planta despepitadora Unificación Nueva Laguna;
Por esta razón y atendiendo a las reglas de operación de Fideliq que concede facultades al director General del Fideicomiso para otorgar condonaciones y en caso de restricción a sus facultades, al Subcomité de Recuperación de Cartera o al Comité Técnico, en un acto de buena voluntad y bajo el argumento de que el problema es de interés público, consideramos oportuno dar solución viable y por lo mismo justa a estas demandas que les permitan cubrir sus adeudos que claramente reconocen, y que les es imposible cubrir.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Que esta soberanía pida al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), que atienda a los campesinos de la zona llanera de Durango y de otras entidades federativas que así lo requieran:
B) Que condonen los intereses sobre tasa moratoria, intereses después del vencimiento e intereses ordinarios.
C) Que una vez establecidos los nuevos pasivos, se dé un plazo razonable para que conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fideliq, los campesinos liquiden sus adeudos.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE PEMEX, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RODRIGO CARRILLO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL 30 DE ABRIL DE 2002
En esta ocasión me dirijo a ustedes para hacer una reflexión sobre los ingresos adicionales que se han obtenido por la venta de petróleo al extranjero y para hacer una propuesta destinada a que los recursos adicionales que ingresan al erario público se destinen a paliar en alguna medida la reducción sostenida del ingreso de la mayoría de las familias mexicanas, que es uno de los resultados más visibles de las políticas de ajuste.
El valor del petróleo mexicano de exportación ha ido en aumento de manera sostenida desde febrero pasado, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, al concluir enero el precio de la mezcla mexicana de exportación se situó en 14.96 dólares, al cierre de febrero subió a 16.09 dólares, al término de marzo alcanzó 19.99 dólares por barril, y en la semana del primero al 7 de abril se ubicó en un promedio de 23.84 dólares, el precio más alto desde el 17 de septiembre de 2001, cuando se ubicó en 23.38 dólares, el 17 de abril cerró 21.77 dólares por barril, mientras que los analistas consideran que la mezcla mexicana podría terminar el año en 20 dólares por barril.
Esta situación se explica por dos factores principales, el primero es la volatilidad que mantiene el mercado ante los temores de una suspensión del suministro de petróleo del golfo Pérsico, por la perspectiva de un ataque militar estadunidense contra Irak y por un recrudecimiento del conflicto palestino-israelí; el segundo es el sostenido repunte de la economía norteamericana, cuyo efecto empezará a sentirse en México quizá desde el segundo trimestre de este año.
En este contexto el gobierno mexicano recibió un ingreso adicional de 161 millones de dólares, por la diferencia entre el ingreso real de 2,532 millones de dólares y el estimado en la Ley de Ingresos de 2,371 millones de dólares, para el periodo enero-marzo.
Estos 161 millones de dólares, que representan cerca de 1,400 millones de pesos de ingreso adicional a lo programado en las arcas federales, parece que fueron utilizados para efectuar el prepago de deuda externa por 153 millones de dólares, la situación que nos lleva a afirmar lo anterior es la aproximación que existe entre estas cifras y la falta de transparencia en los informes de la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos petroleros y su utilización.
Esta aseveración se corrobora con la forma en que nos enteramos el 9 de abril, por medio de la prensa, de la utilización de más de 8 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por parte del Ejecutivo federal, que justifica el uso de estos recursos con la sutil amenaza de que el recorte al Presupuesto de Egresos hubiera sido mayor.
Aquí es importante destacar que no se hizo llegar a esta Honorable Cámara, comunicación alguna sobre el monto de los recursos del fondo de estabilización y el destino que estos tuvieron, por lo que los diputados del Partido de la Revolución Democrática consideramos que el funcionamiento de este fondo debe ser transparente, mediante normas que den certeza de cuántos recursos tiene, cómo se utilizan y que obliguen al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía informes mensuales y anuales, así como establecer la exigencia de que un porcentaje de los recursos del fondo, se utilice en programas de desarrollo social.
En otras palabras, en el grupo parlamentario del PRD pensamos que los ingresos extraordinarios que se obtengan por la venta del petróleo, recurso natural que es propiedad de la nación, deben ser usados para beneficiar a la mayoría de los mexicanos.
También estamos seguros de que ya es tiempo de que el Ejecutivo federal utilice los instrumentos de política económica para empezar a romper nuestra dependencia de los ingresos petroleros y de la economía estadunidense, mediante el impulso al aparato productivo de nuestro país, sin hacer recortes prematuros y, muy al contrario, utilizando el gasto público para financiar a los pequeños productores agrícolas y a los micro, pequeños y medianos empresarios, porque contrasta la falta de apoyo a estos sectores con el pago puntual de los Bonos de Protección al Ahorro del IPAB, a los mismos bancos y banqueros que el Instituto se ha dedicado a "rescatar" y "sanear", ya que el gobierno del cambio, en 16 meses de ejercicio ha efectuado cinco recortes al Presupuesto de Egresos, mientras ha pagado alrededor de 21 mil millones de pesos en intereses a los poseedores de esos bonos.
A pesar de que la situación económica no lo ameritaba, se utilizaron los recursos adicionales por la venta del petróleo y se recortó el gasto público con el argumento de mantener el déficit de las finanzas públicas en los niveles que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación, actuando con premura debido a que apenas ha transcurrido el primer trimestre del año, y sin embargo, este es un argumento que no tiene sustento en la realidad ya que el mismo secretario de Hacienda aceptó hace un año que el déficit real de las finanzas públicas, considerando la deuda escondida, llegaba a 4.5%.
Como ya lo explicamos anteriormente, la nula consistencia del argumento oficial se nutre del cinismo de alegar austeridad para las grandes mayorías y para las inversiones estratégicas, mientras hay derroche para los privilegiados por el rescate bancario, que prácticamente se han vuelto parásitos al basar sus utilidades en los pagos del erario público y no en la eficiencia y la productividad, que tanto pregonan para otros, pero que no aplican en sus actividades.
De sobra conocemos las repercusiones sobre el gasto en educación, salud, vivienda y alimentación de esa política de austeridad aplicada en los últimos 20 años. Repercusiones que implican no solamente el deterioro en los ya precarios niveles de bienestar social, sino también en la capacidad competitiva del país en el mercado mundial. Pues nos preguntamos ¿qué fuerza de trabajo puede aumentar los niveles de productividad cuando se deterioran los índices de sus mínimos de bienestar?
Ya es tiempo de empezar a trabajar a favor de los mexicanos y de revertir los estragos sociales que nos han dejado 20 años de austeridad y de recortes al gasto público, recortes dirigidos sobre todo a afectar la economía de las mayorías depauperadas de nuestro país.
Aunque parezca repetitivo, solo hacemos una descripción de la realidad, ya que en enero se anunció un recorte más en contra de los sectores de menores recursos y de las clases medias de nuestro país, en este caso es la reducción del subsidio a las tarifas eléctricas, por un monto de 10 mil millones de pesos, que en el bimestre marzo-abril se empezará a aplicar, con tremendos daños a la economía familiar de millones de mexicanos.
Se redujo el subsidio a las tarifas eléctricas con el argumento de que se requieren más recursos para dar mantenimiento a las plantas de generación, de renovar el cableado de la distribución, para lograr un mejor y más eficiente servicio al cliente, así como lograr mayor confiabilidad en el servicio para reducir el número de interrupciones, estos son los deseos, la realidad son los frecuentes apagones o las bajas de voltaje, que causan un gasto más a las familias, que tienen que pagar la reparación o deben sustituir sus aparatos electrodomésticos por las descomposturas que sufren, como consecuencia de las constantes fallas en el servicio.
Por eso consideramos que en lugar de hacer prepagos al extranjero, hay que utilizar los excedentes por la venta del petróleo en el mejoramiento de los servicios a los que tenemos derechos los mexicanos, y en el caso concreto de la energía eléctrica, invertir el gasto público en el perfeccionamiento del servicio.
Compañeros diputados y compañeras diputadas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda recomendar al Ejecutivo hacer uso de sus facultades constitucionales y legales en lo relativo a las reasignaciones del gasto público, para utilizar los recursos originados por la venta de petróleo a otros países, por arriba del precio programado en la Ley de Ingresos, al restablecimiento de la partida de 10 mil millones de pesos para que se mantenga el subsidio al consumo de energía eléctrica.
Dip. Rodrigo Carrillo Pérez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LOS GOBIERNOS DE PUEBLA Y TLAXCALA, FIRMEN LOS CONVENIOS DE CONURBACION Y RATIFICACION DE SUS LIMITES TERRITORIALES, PARA CONFORMAR LA CUARTA ZONA METROPOLITANA DEL PAIS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALBERTO CANO CORTEZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito, diputado J. de la C. Alberto Cano Cortezano, miembro de la Quincuagésima Octava Legislatura de este H. Congreso de la Unión; pone a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo.
Que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala se sirvan firmar los convenios de conurbación y ratificación de sus límites territoriales para conformar la Cuarta Zona Metropolitana del País.
Es de carácter urgente definir el crecimiento adecuado de los diversos asentamientos humanos de nuestro territorio nacional, buscando en todo momento la generación de oportunidades de desarrollo sustentable, municipal, estatal y regional coordinadamente con los planes de los municipios y estados en concordancia con, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, así mismo con la concurrencia de los tres niveles de gobierno y concertada con los sectores social y privado.
Necesariamente, debemos instrumentar políticas públicas y programas eficaces reglamentarlas adecuadamente para que contribuyan a especificar correctamente el uso del suelo, la regularización de la tenencia de la tierra, ordenación del territorio en los centros de población, creación de reservas territoriales, protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico, reforestación del parque nacional La Malinche, preservación de los ríos Zahuapan y Atoyac, equipamiento e infraestructura para el desarrollo regional y urbano.
Dichos convenios de conurbación serán entre los municipios de: San Pablo del Monte, Tenancingo, Mazatecochco, José María Morelos, Papalotla de Xicohténcatl, Xicohtzinco, Zacatelco, Nativitas, Santa Catarina Ayometla, Tetlatlahuca, Tepetitla de la Ardizábal, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Zitlaltet1 de Trinidad Sánchez por el estado de Tlaxcala; Amozoc, Puebla, San Martín Texmelucan, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Nopalucan de la Granja, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula y Tlaltenango por el estado de Puebla, que juntos todos conformarían la Cuarta Zona Metropolitana del País. Por la importancia de la misma, se hace necesaria la ratificación de los límites territoriales, la cual se sustenta en el artículo único, reconociendo en todos sus términos y partes y queda definitivamente trazada la línea de límites entre las entidades federativas de Puebla y Tlaxcala por el decreto que emite el Congreso de la Unión reconocido y mandado a publicar por el titular del Ejecutivo, General Porfirio Díaz, con fecha de 15 de diciembre de 1899, mismo que se publica en los periódicos oficiales de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala los días 12 y 13 de enero de 1900 respectivamente y que aún están vigentes.
Como antecedente es importante señalar que las autoridades municipales de San Pablo del Monte y Tenancingo, iniciaron formalmente el proceso de limitación territorial, por el grave problema que presenta actualmente el centro de población de San José El Conde, ubicado exactamente en la línea divisoria entre un estado y otro, zona sur de Tlaxcala, norte de Puebla. Con irregularidades graves como la falta de servicios elementales, agua, luz, drenaje, seguridad pública, registro de credencial ante el IFE, incertidumbre jurídica, viviendas en zonas de alto riesgo, sobre ductos de Pemex y bajo torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad; todo ello aunado a la anarquía y crecimiento desordenado, pero sobre todo el principal problema de la identidad ciudadana por no saber si son de Puebla o pertenecen a Tlaxcala como lo indica el decreto de 1900.
Los trabajos formales con autoridades de ambos estados se iniciaron en el año de 1999 y que a la fecha no existe acuerdo alguno de carácter serio, a consecuencia de los mismo, vecinos del estado de Tlaxcala se han presentado en las instalaciones de este H. Congreso ante la Subcomisión de Asentamientos humanos en dos ocasiones para fundamentar con documentos probatorios su petición; éstas en el año 2001 y como acuerdo de las mismas, que dicha Comisión efectuara un recorrido en el lugar de los hechos referidos, y ésta se llevó a efecto el pasado 5 de marzo del presente año para constatar fehacientemente lo señalado anteriormente, así como también verificar las mojoneras que describe el decreto de 1900 para delimitar los territorios de un estado y otro.
Es prioritario enfatizar que por Tlaxcala se ha constituido la Comisión Especial de Municipios (Comisión Intermunicipal) para sumar esfuerzos y cooperar de manera ordenada y pacífica, tratando en todo momento de resolver y aportar elementos que coadyuven a solucionar lo ocurrido aceptando en todo momento por su naturaleza mismo como una excelente oportunidad de desarrollo y no como un conflicto.
En tal virtud, a petición propia y a solicitud de los vecinos, pedimos la intervención de esta soberanía proponiendo el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Que este Honorable Congreso de la Unión instruya y exhorte a los Ejecutivos Estatales a constituir lo necesario y a la brevedad posible la firma de los convenios de conurbación, asimismo los convenios amistosos respecto a sus límites como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los artículos 46, 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-C y 115, fracción VI, de nuestra Carta Magna; así como también al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otras secretarías de Estado que tengan competencia para el caso, los municipios señalados y demás actores involucrados para coordinar acciones de planeación y desarrollo que constituyan la Cuarta Zona Metropolitana del País para beneficio de sus habitantes.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 25 días del mes de abril de 2002.
Diputados: José Ramón Mantilla González, Víctor León Castañeda, Alfonso Vicente Díaz, Benjamín Avila Márquez, Francisco Ramírez Cabrera, Raúl García Velázquez, Adela del Carmen Graniel Campos, Miguel Barbosa Huerta, Jaime Cervantes Rivera, Jaime Alcántara Silva, Javier García González, Eréndira Cova Brindis, Sonia López Macías, Braulio Martínez, Máximo Soto Gómez, Albino Mendieta Cuapio, Salvador Escobedo Zoletto, Juan Carlos Regis Adame, Nemesio Domínguez Domínguez, Carlos Raymundo Toledo, Alberto Amador Leal (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Abril
30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CONSIDEREN DENTRO DE LA FRANJA FRONTERIZA, A 5 MUNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO DE COAHUILA: ALLENDE, VILLA UNION, MORELOS, ZARAGOZA Y NAVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CLAUDIO M. BRES GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitar que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila se incluyan dentro de la franja fronteriza.
Antecedentes
En el norte del estado de Coahuila, a una distancia de 50 kilómetros de la frontera con Estados Unidos de Norteamérica, se ubican cinco municipios conurbados que conforman la región que se denomina Cinco Manantiales y que son: Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.
En estos municipios, de acuerdo a las cifras de INEGI, habitan 289 mil 863 personas. La ciudadanía, las cámaras de comercio, Canacintra, y las autoridades se han unido desde hace mas de 16 años para demandar que dichos municipios se consideren franja fronteriza y poder así tener los beneficios fiscales que esto implica.
Como parte de estas gestiones, se consiguió que a principios del año de 1994, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara que la garita o punto de revisión aduanal, que hasta entonces se localizaba en el kilómetro 22, cambiara de ubicación al kilómetro 53 de la carretera federal número 57, en el tramo Allende-Agujita, del municipio de Allende, Coahuila.
Con este cambio la garita se ubicaría donde termina la región de los Cinco Manantiales y por lo tanto los 5 municipios antes mencionados quedarían dentro de esta franja de 53 kilómetros.
Es por ello que a partir de esta autorización las autoridades municipales y estatales insistieron en las solicitudes para que oficialmente la franja fronteriza abarque estos municipios para que los habitantes de ellos puedan tener todos los beneficios fiscales que esto implica y así mismo sus obligaciones.
La construcción de la garita concluyó en 1996 y no fue hasta 1997 cuando se realizó la apertura oficial con la revisión de los vehículos. Desde esa fecha, la garita es el ultimo punto de revisión en el estado de Coahuila para la introducción legal de mercancías extranjeras al resto del país.
Sin embargo con la instalación de esta garita en el kilómetro 53 y aún cuando en esta zona ya se incluyen los 5 municipios en mención, estos no son todavía considerados franja fronteriza y por lo tanto no cuentan con sus beneficios fiscales.
En 1996, el entonces alcalde del municipio de Allende solicitó por medio del Comité de Facilitación Aduanera la libre circulación en la ciudad de referencia y a mayor abundamiento el 17 de noviembre de ese mismo año el Ing. Faustino Ruiz Taviel de Andrade, entonces subadministrador regional de Supervisión Aduanera, hizo la misma solicitud ante la Administración Local Jurídica de Ingresos de la ciudad de Piedras Negras.
El 22 de diciembre del 2000, el gobernador del estado de Coahuila, Lic. Enrique Martínez y Martínez, en el marco de una gira de trabajo que realizó el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada por la frontera norte, le solicito el decreto presidencial mediante el que se amplíe la franja fronteriza hasta los Cinco Manantiales y con ello los municipios de Allende, Nava, Zaragoza, Morelos y Villa Unión del estado de Coahuila puedan obtener los mismos beneficios fiscales que se otorgan en la región fronteriza.
Por los antecedentes antes expuestos, consideramos que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila deben ser considerados dentro de la franja fronterizos por los siguientes motivos:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal que mediante decreto presidencial y de acuerdo a lo establecido en la Ley Aduanera determine al territorio comprendido por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila como región fronteriza.
México, DF, a 30 de abril del 2002.
Dip. Claudio M. Bres Garza (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, HACER PROPIOS LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, PROMOVIDO POR EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y LA UNESCO, E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO EN NUESTRO PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Los que suscriben diputados federales pertenecientes a la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y miembros de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento en nuestro país.
Antecedentes
Latinoamérica al igual de todas las regiones del mundo vive un período de profundas transformaciones, que se suscitan en todos los ámbitos de la vida humana: social, cultural, económico, político y científico-tecnológico.
Estos cambios son múltiples y en todos los órdenes, siendo difícil vislumbrar sus alcances definitivos. Tales cambios son: el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el acceso y difusión de la información a través del uso de la informática; el surgimiento de los bloques económicos regionales, los problemas de la distribución de la riqueza con el aumento de las diferencias entre países pobres y países ricos; los cambios en el escenario de la geopolítica mundial, con la caída del bloque socialista; el movimiento de sociedades cada vez más participativas; y el auge de gobiernos cada vez más democráticos.
Así, los países latinoamericanos afrontan nuevos retos y oportunidades ante los que deberán definir una respuesta común y consolidar su unidad; en particular en los aspectos que nos mantienen firmemente unidos como es la identidad cultural que nos caracteriza; sustentada por valores comunes que responden a una tradición cultural y orígenes compartidos. Y el camino adecuado para ello, es la educación.
Hemos de destacar, que desde el instante mismo de su fundación, en 1964, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) ha aplicado sus mejores esfuerzos al ideal de una integración regional, que tendría su concreción en la Comunidad Latinoamericana de Naciones.
En este empeño el Parlamento Latinoamericano ha unido sus esfuerzos a los de otras varias instituciones que tienen propósitos coincidentes. Así, consciente de esta situación y preocupado por incidir positivamente en ella, ha venido preparando conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, el cual se propone como objetivo: "Contribuir sustancialmente al logro de los propósitos de desarrollo e integración que animan a los pueblos de América Latina, por medio de la generación de valores y principios sólidos que faciliten y promuevan la acción individual, grupal y colectiva, en pro de dichas finalidades. Todo ello, enmarcado dentro de la concepción de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN) que se encuentra impulsando el Parlamento Latinoamericano, conjuntamente con los gobiernos de la región y diversas organizaciones nacionales e internacionales de derecho público y privado".
Después de un esfuerzo de casi dos años,
el equipo interinstitucional del Parlamento Latinoamericano-
UNESCO, con el apoyo permanente e invalorable de la Comisión
de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología, y
el concurso ocasional de consultores externos del más alto nivel,
culminaron en 1997 la elaboración del Plan, que ha tenido una revisión
y seguimiento durante las reuniones plenarias de la Comisión de
Asuntos Culturales, Educación, Ciencia y Tecnología del Parlatino.
De esta manera, en la última reunión de esta Comisión celebrada en el mes de diciembre del año 2001, los legisladores presentes hicimos el compromiso de dar promoción a este Plan en nuestros respectivos países y exhortar a nuestros gobiernos a asumir e implementar las acciones y objetivos enmarcados en el mismo.
Por medio del Plan, el Parlamento Latinoamericano y UNESCO se proponen contribuir al esfuerzo de dar una respuesta válida a los graves problemas que aquejan a las naciones latinoamericanas y a la sociedad en general. Partiendo del reconocimiento, prácticamente unánime, de que fenómenos como la pobreza, el desempleo, la corrupción, la violencia, el atropello a los derechos humanos y el deterioro progresivo del medio ambiente, más allá de causas relacionadas con factores socio-económicos, tienen orígenes profundamente enraizados en una crisis generalizada de valores éticos; y, por otra, en la convicción de que corresponde esencialmente a la educación la generación y transmisión de estos valores.
Por tanto, el Plan consiste sustancialmente en la propuesta de modificación y ajuste de los contenidos y procedimientos vigentes en los sistemas educativos de los países de América Latina, con el fin de que dichos sistemas se conviertan en agentes transmisores de valores y pautas de comportamiento que hagan de los latinoamericanos, individuos conscientes, positivos, dinámicos y constructivos en los procesos de desarrollo e integración, tanto del continente en general como de cada país en particular.
De esta manera, el Plan se propone privilegiar la introducción de los ajustes que sean necesarios, en los contenidos y en los métodos didácticos, a fin de lograr los objetivos propuestos, por lo que no tendrán efectos en el sentido de incrementar cuantitativamente, pero sí significativamente de forma cualitativa, los programas oficiales de educación existentes en los países de la región.
En este mismo sentido el Plan, no se contrapone con las líneas trazadas en el Programa Nacional de Educación 2001-2005; es decir, no va en contra de la visión de que se necesitan cambios profundos en la manera de concebir la educación, sus contenidos, sus métodos y sus propósitos.
Por último, es de resaltar, para la posible implementación y seguimiento del Plan en nuestro país, el hecho de que el Parlamento Cultural, organismo constituido pos los senadores y diputados de las Comisiones de Cultura de los poderes legislativos de los países del Mercosur y asociados, en su IV Reunión en 1998, aprobó por unanimidad una resolución mediante el cual expresa su apoyo a la ejecución del Plan y decide realizar todo tipo de acción que favorezca la cabal ejecución del mismo en sus países miembros.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior para el Congreso General, los diputados federales firmantes promovemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, a hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento en nuestro país.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2002.
Diputados: Ildefonso Zorrilla Cuevas, Eduardo Rivera Pérez (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de Educación Pública
y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, y de Cultura. Infórmese
a la delegación mexicana al Parlatino. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIO CRUZ ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, presentamos a esta sesión, la siguiente propuesta de punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia de los titulares, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la de Economía, para que informen sobre los resultados del programa.
Que con fecha del 27 de diciembre del 2000 este Congreso aprobó la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, que el 12 de marzo del 2001 se público en el Diario Oficial de la Federación y el día 6 de abril del mismo año se hizo público el Reglamento emitido por la Secretaría de Economía; para lo cual la ley señalaba 120 días naturales para empezar a implementar y operar el programa de inscripción de estas unidades.
El pasado 13 de diciembre del 2001 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar se revisará la conveniencia de ampliar dicha inscripción por un periodo de 30 días hábiles más.
Este Congreso aprobó la Ley de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, la cual señaló un plazo determinado para efectuar el procedimiento administrativo de registro a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo no en todas las entidades del país, se inicio la inscripción de vehículos de procedencia extranjera, sólo los gobiernos de Chihuahua, Durango, y Guerrero, comenzaron el 7 de abril de 2001, a realizar los trámites correspondientes.
El término establecido por la ley fue de 120 días naturales incluyendo los días no hábiles, festivos, asueto y aquellos en los cuales por cualquier motivo no se trabajara en las oficinas correspondientes para realizar dicho trámite en el término establecido, del tiempo marcado en la ley y el reglamento, los cuales fueron insuficientes.
Hasta este momento el Congreso no ha recibido ningún informe de los resultados obtenidos por la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. ¿Cuál es el parque vehicular registrado actualmente? ¿Cuántos recursos económicos se obtuvieron por cada entidad federativa? ¿En qué programas se utilizaron las ganancias económicas obtenidas? Los legisladores desconocemos esta información, ya que en el Primer Informe de Gobierno no se hace mención de los resultados aplicados al programa.
Por tal motivo y con el fin de dar respuesta a los ciudadanos y al propio Congreso de la Unión de estos resultados y el desarrollo de este programa, proponemos lo siguiente:
Unico.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda llamar a comparecer a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, y de Economía; para que informen de los resultados y avances de la aplicación del programa, que se llevó a cabo para la inscripción de los vehículos de procedencia extranjera.
Diputados: Mario Cruz Andrade, José Manuel del Río Virgen (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Abril 30 de 2002)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SEMARNAT ENTREGUE A ESTA SOBERANIA LOS ESTUDIOS Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, A LA EMPRESA RIMSA, ASI COMO LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA REVERTIR LA CONTAMINACION GENERADA EN LA ZONA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Desde hace más de 2 años, lo ejidatarios de los poblados de: San José de la Popa, Los Remotos, Santa Andrea y aledaños, todos ellos pertenecientes al municipio de Mina, Nuevo León, han advertido a las autoridades locales del grave peligro que representa para la salud, las actividades de la empresa denominada Residuos Industriales Multiquim, Sociedad Anónima de Capital Variable (RIMSA).
Dicha empresa, que inició sus actividades en 1988, se encuentra instalada en el kilómetro 84 de la carretera federal Monterrey-Monclova, en el estado de Nuevo León. RIMSA se constituyó para el manejo y control de residuos sólidos, líquidos potencialmente peligrosos y de lenta degradación, en los procesos de: almacenamiento, recolección, tratamiento y reciclaje.
Sin embargo, desde su instalación, RIMSA provocó gran descontento social, ya que llevó a cabo el despojo de tierras ejidales pertenecientes a los poblados vecinos, utilizando para ello todo tipo de engaños y amenazas, respaldados por las autoridades locales del municipio de MINA, Nuevo León.
Pero en este momento, los pobladores de Mina, Nuevo León, se enfrentan con problemas mucho más graves: la contaminación de la tierra, del agua, la muerte de su ganado y el daño irreparable a su salud, lo cual no existía antes de que se instalara la industria RIMSA, en esa área.
Los pobladores vecinos a RIMSA, ejidatarios de Espinazo, NL, soportan día con día la fetidez y el ambiente contaminante que esa empresa ha originado, ya que han aparecido cinco casos de personas que han muerto de cáncer, así como dos casos que se presentaron en 1995 de acefalia en recién nacidos cuyos padres trabajaban en la empresa RIMSA. Su ganado se encuentra en grave peligro, se estima que han muerto alrededor de 400 cabezas de ganado caprino y 700 cabezas de ganado bovino, dado que se encuentran contaminados los pozos de agua para el consumo humano y del ganado. Los vecinos responsabilizan directamente a la empresa RIMSA por estos hechos. Cabe mencionar que RIMSA admite que en un principio, incurrieron en errores, pues hubo fallas en el manejo y desecho de basura tóxica. Seria de gran utilidad tener información sobre estos hechos, en que consistieron esos malos manejos y que desechos tóxicos están implicados. Así también, tener información de cómo contrarrestaron el daño ecológico-ambiental y qué acciones tomaron para prevenir cualquier problema de salud.
Como respuesta a las demandas públicas, hechas por los ejidatarios vecinos del municipio de Mina, NL, se obtuvo un dictamen de la Delegación Estatal de la Profepa, (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y de la Secretaría de Salud a cargo de su titular el C. Jesús Zacarías Villarreal, con fecha del 22 de marzo de 2002, en el cual se resolvió que la contaminación del ejido San José de la Popa, no es atribuible a RIMSA, ya que de las 23 muestras tomadas de los ejidos Comunidad la Escondida, Tinaja, Tule y el Estanque, entre otros ubicados frente al portón de RIMSA, y procesadas en los Laboratorios de Investigaciones y Desarrollo Químico, SA de CV, que curiosamente es un laboratorio que frecuentemente le hace diferentes análisis a la Profepa, se determinó que dichas muestras no son corrosivas, tóxicas o inflamables, y por tanto, la muerte del ganado se origina por problemas ajenos a la empresa RIMSA.
Debemos destacar, que en la región de Mina, NL, se encuentra una muy importante cuenca hidráulica, la cual abastece del vital liquido a los municipios de Mina, Hidalgo, Abasolo, El Carmen, Salinas Victoria, Escobedo, Cd. San Nicolás, y la parte norte de la ciudad de Monterrey, así como la 4ª Región Militar y la 7ª Zona Militar. Con todo esto nos damos cuenta de la gravedad del problema, ya que la región de Mina, es un terreno semidesértico y permeable, con altas posibilidades de filtrado, sobre el cual la empresa RIMSA realiza sus actividades de confinamiento de desechos tóxicos a tan sólo unos cuantos metros del manto acuífero de Mina, lo que significa una gran posibilidad de contaminación irreversible.
Los ejidatarios aledaños a la empresa RIMSA, insisten en que se tomen cartas en el asunto, dados los gravísimos e irreversibles problemas de salud que ha generado este megabasurero internacional, el cual recibe diversos desechos tóxicos, como los temidos clorofenicloruros que son cancerígenos, así como otros más, provenientes principalmente de los Estados Unidos de América y de Inglaterra. Incluso los ejidatarios directamente afectados están pensando en la seria posibilidad de acudir a organismos internacionales, ya que es evidente que se está poniendo en riesgo los ecosistemas de la región de Mina, NL, y las autoridades no han atendido sus quejas.
Es necesario que el gobierno del estado de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Salud, realicen las acciones conducentes para resarcir el daño ambiental en todas las zonas donde se ubica la empresa RIMSA, SA de CV, y se establezcan las acciones conducentes para solventar la problemática que se cierne sobre la población neoleonesa, se finquen responsabilidades penales a los responsables y se indemnice a los afectados; por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a su Delegación en el estado de Nuevo León para que de inmediato informe a esta Cámara de Diputados las acciones emprendidas por la denuncia popular con número de expediente 2000/XI/191/19/37 (Delegación Nuevo León) presentada ante esa Procuraduría.
Segundo.- Se solicita al Instituto Nacional de Ecología para que a la brevedad posible, informe sobre los posibles efectos por la operación de la empresa Residuos Industriales Multiquim, Sociedad Anónima de Capital Variable (RIMSA, SA de CV), en el estado de Nuevo León.
Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requiera a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Autónoma Metropolitana, un estudio de carácter técnico sobre los posibles efectos por la operación de la empresa Residuos Industriales Multiquim, Sociedad Anónima de Capital Variable (RIMSA, SA de CV), en el estado de Nuevo León.
Cuarto.- Se exhorta al gobierno de estado de Nuevo León para que informe a esta Cámara de Diputados de las acciones que ya realizó o que realizará para resolver el problema de contaminación producida por la empresa Residuos Industriales Multiquim, Sociedad Anónima de Capital Variable (RIMSA, SA de CV), en el estado de Nuevo León.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de abril del 2002.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION A LAS MEDIDAS QUE SE DEBEN DE INSTITUIR PARA FRENAR EL CONTRABANDO DE PLATANO PROCEDENTE DE CENTROAMERICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELICIANO CALZADA PADRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
He solicitado el uso de esta alta tribuna para proponer un punto de acuerdo, en relación con las medidas que se deben de instituir para frenar el contrabando de plátano procedente de Centroamérica, que tan dramáticamente está afectando a los estados productores de este fruto del país.
Nuestro país fue el principal exportador de plátano en el mundo, con el 125% del volumen comercializado, durante el periodo de 1932 a 1938.
Durante los últimos años (1990-2000) México ha exportado en promedio 200 mil toneladas anuales, habiendo tenido una producción cercana a los 2 millones de toneladas en promedio en este periodo, esto representa un 9.5% de la producción nacional, cultivado en una superficie de 70,200 hectáreas. Esto hace que, en la actualidad, nos encontremos en la posición número 8 entre los productores de plátano en el mundo.
Los estados productores de plátano como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Colima, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Tabasco, pueden considerarse la parte medular del aparato productivo agrícola, en este subsector.
El principal estado productor de banano en el país es Chiapas con el 37.30% del volumen de la producción, ésta ha disminuido considerablemente en los últimos cinco años, debido principalmente a las plagas, como la Sigatoka negra y que los insumos para combatirlo son no solamente caros, sino que permanentemente están elevando su precio. En el resto de los estados que representan el 43.94%, la reducción de la producción ha sido una constante, por esta misma razón y ahora agravada por el contrabando proveniente de Guatemala.
En lo que respecta a Tabasco el plátano representa el 19.26% del valor total de la producción agrícola en el estado, sin embargo el volumen de la producción se ha mantenido constante en los últimos diez años, cosa que se explica, entre otros factores, por lo caro de los insumos para el cultivo de dicho producto.
Referente a la exportación del plátano, Tabasco registró la más baja durante los últimos cinco años, ya que su volumen pasó de 13 mil 400 a sólo 3 mil 687 toneladas.
El mercado nacional para los productores mexicanos de banano, se ha visto severamente afectado por el contrabando de los excedentes de plátano proveniente de Centroamérica.
La situación en general sobre la comercialización del plátano en nuestro país, es preocupante, y hace imperativo que las autoridades del ramo vigilen con severidad la frontera sur y planteen más y mejores medidas de control aduanal.
Por todo lo anterior y bajo las siguientes
Consideraciones
1º Que existen dos acuerdos comerciales suscritos con Centroamérica, el de México-Triángulo del Norte y el de México-Costa Rica. Y en ambos está excluido el plátano.
2º Que los países centroamericanos cuentan con condiciones productivas superiores a las nacionales en lo que se refiere a la tecnología y a las superficies cultivadas.
3º Que la vigilancia de la frontera con Centroamérica, ha presentado en los últimos años, serias deficiencias, propiciando el contrabando de sus excedentes de producción a muy bajos precios, en detrimento de los sectores productivos de la nación y del empleo que éstos generan.
4º Que dicho producto es parte fundamental de la economía de esas entidades.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía asumir el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intensifique las medidas tendientes a impedir y combatir el contrabando de plátano.
Diputados: Feliciano Calzada Padrón, Manuel Orozco Garza (rúbricas)
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Agricultura y Ganadería. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DE BANCOMER, ANUNCIADA POR EL GOBIERNO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.
Antecedentes
I. Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2001 y como consecuencia del fracasado rescate bancario, la banca mexicana sufrió un proceso de extranjerización que provocó entre otras cosas, que en la actualidad aproximadamente el 85% de los activos totales del sistema, se encuentren en manos del capital extranjero.
II. Mucho se ha debatido sobre las ventajas y desventajas de tener un sistema bancario totalmente extranjerizado, sin embargo, lo que es totalmente cierto es que nuestro país es la única de las 15 economías más grandes del mundo que tiene un sistema bancario extranjerizado.
También es cierto que la extranjerización del sistema bancario mexicano, obedeció más al resultado de una crisis, que a una política integral de apertura, y los problemas que esto representa para el desarrollo nacional, ya los estamos empezando a sufrir.
III. Como parte de este proceso, el 9 de abril del 2000, el Grupo Financiero Bancomer y el Grupo Financiero BBV-Probursa, iniciaron un proceso de fusión que finalizó de manera oficial el 28 de agosto de ese mismo año, con la entrada a la Bolsa Mexicana de Valores de la nueva institución "Grupo Financiero Bilbao Vizcaya-Bancomer".
IV. La operación anteriormente descrita, no incluyó la venta de un paquete accionario que el Gobierno mexicano detentaba del 20% de Bancomer, y que como resultado de la "fusión" se redujo a 12%.
V. La semana pasada y después de muchos años, el Gobierno Federal, autorizó al IPAB a que se ponga en venta el referido paquete accionario.
Considerando
I. Que el acuerdo de fusión celebrado entre el Grupo Financiero Bancomer y el Grupo BBV-Probursa, el 9 de abril del 2000, entre otras cosas establecía expresamente que derivado de la operación el grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria, asumiría desde el primer momento el absoluto control de la "nueva institución" (BBV-Bancomer).
II. Que en la actualidad el gigante español Bilbao Vizcaya Argentaria, dueño del 48% de las acciones del BBV-Bancomer, enfrenta investigaciones por evasión fiscal, así como otras operaciones que las autoridades españolas consideran ilegales.
III. Que dichas investigaciones se refieren también a la creación de "fondos" especiales en paraísos fiscales para pagar a sus ejecutivos, para hacer donativos políticos en América Latina, y probablemente la adquisición del mismo Bancomer.
IV. Que muy poco se sabe de la vertiginosa expansión de Bilbao Vizcaya en México, a través de la adquisición de varios bancos, entre ellos; Bancomer, Promex y Mercantil Probursa.
V. Que en cambio, mucho se sabe de la "poca transparencia" con la que se operó el rescate bancario en México, que provocó su extranjerización.
VI. Que aún suena ilógico que el Gobierno Federal, haya tenido muchos años para vender su participación accionaria en el Grupo BBV-Bancomer, inclusive cuando en el mercado se observaban mejores condiciones y sea ahora cuando su socio mayoritario tiene una serie de investigaciones en puerta, cuando decida vender.
VII. Que en el capital social de BBV-Bancomer, se encuentran directamente involucrados recursos públicos, es decir que el 12% que tiene actualmente el Gobierno Federal es un activo público.
VIII. Que de acuerdo a nuestra Constitución Política, es facultad de la Cámara de Diputados vigilar el uso de los recursos públicos.
IX. Que es más fácil que el Gobierno mexicano en su carácter de "accionista" de BBV-Bancomer, obtenga información de las irregularidades que se están investigando en el grupo español.
X. Que ésta situación podría involucrar a autoridades mexicanas.
Acuerdo
Unico: Por el que se propone que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a detener la venta del porcentaje accionario que posee del Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer, hasta que no se aclare la situación de esta subsidiaria en torno a las acusaciones de la que ha sido objeto su matriz española Bilbao Vizcaya Argentaria y que comparezcan ante las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública, la SHCP, la CNBV y el IPAB.
Que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados investigue sobre las operaciones de compra por parte de BBV al Banco Mercantil Probursa en 1995 y de BBV a Bancomer en 2000.
Dip. José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, y en el inciso específico donde se refiere a la
facultad de vigilar, turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL APLIQUE A LA FUNCION SOCIAL, LOS RECURSOS APROBADOS POR ESTA SOBERANIA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL 2002, EJERCIENDO DE MANERA INTEGRA EL PRESUPUESTO DESTINADO A LOS RAMOS EDUCATIVOS Y CITANDO A COMPARECER ANTE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, A LOS CC. SECRETARIOS DE EDUCACION PUBLICA Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE INFORMEN DEL MANEJO PRESUPUESTAL DE TALES RAMOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE MELENDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL LUNES 29 DE ABRIL DE 2002
El Pueblo mexicano ha enfrentado políticas restrictivas como resultado de un entorno internacional complejo. La economía mexicana ha sufrido una serie de crisis recurrentes que han limitado el crecimiento económico, y que han tenido su efecto más negativo en el gasto social.
El derecho a la educación, salud, desarrollo rural, así como los recursos para el fortalecimiento de las entidades federativas, son materia legislada en el devenir histórico de nuestra nación y se encuentran contemplados en nuestra Carta Magna. Constituyen demandas sociales urgentes con las cuales el Ejecutivo en funciones se comprometió a atender desde su campaña.
En la actuación de esta Legislatura, nos hemos abocado a fortalecer las áreas sociales, así los demuestran los dos Presupuestos de Egresos de la Federación y las distintas leyes aprobadas en la materia.
Todos, legisladores y sociedad reconocemos que el futuro y la certeza de nuestro país, depende de manera fundamental del grado de conciencia y compromiso que en el gobierno se tengan para construir oportunidades y redimensionar el nivel de vida de todos los mexicanos.
El quehacer educativo es un elemento clave para el desarrollo de las sociedades, la educación promueve la eliminación de las condiciones de pobreza, insalubridad, analfabetismo, y el logro de la dignidad del hombre. La educación es factor fundamental del desarrollo humano, y por ende, de los pueblos.
El rezago educativo se ve reflejado en los niveles de escolaridad, el índice de analfabetismo, los niveles de deserción y del aprovechamiento escolar, además de sus efectos sociales en tasas de desempleo, niveles de drogadicción y delincuencia, son indicadores que nos demuestran la imperiosa necesidad de aumentar los montos económicos destinados a estos efectos.
La política educativa, constituye el marco de referencia para que la educación promueva una formación integral de las nuevas generaciones, y que nos identifique y proyecte como factor del desarrollo. Se hace necesario -y así lo remarcamos- el hecho de invertir mayores montos económicos a este respecto.
Las diversas condiciones socioeconómicas del país y las entidades federativas, hacen necesario no perder de vista que el Gobierno Federal es y debe seguir siendo rector de las políticas de desarrollo e inversión, con un sentido de impulso económico y justicia social.
Durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, luego de una jornada intensa, fue fundamental la actitud tomada por los diputados maestros para hacer posible en el último momento una reasignación de recursos al presupuesto asignado a educación, en un sentido que pudiera cubrir, de la mejor manera posible, las necesidades y proyecciones inmediatas en este rubro.
El consenso logrado fue apoyar la función social, así se plasmó en el artículo 21 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado, el cual establece que ante una eventual disminución de los ingresos de la Federación, el Ejecutivo Federal "procurará no afectar las metas sustantivas del gasto social? optando preferentemente por los proyectos nuevos, cuya cancelación tenga el menor impacto social y económico.
A pesar de ello, el 23 de abril del presente el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el recorte al gasto, mismo que asciende a 10 mil 100 millones de pesos, resultando de esta determinación del Ejecutivo federal que la Secretaría de Educación Pública ve mermados sus recursos por mil 816 millones de pesos, que equivalen al 17.9% del total del recorte.
Ante tales acciones, los diputados abajo firmantes, vemos con preocupación que en rubros tan importantes se de un recorte presupuestal, que lejos de traer beneficio a los mexicanos y dar cumplimiento a las expectativas creadas por el Plan Nacional de Educación 2001-2006, sólo se pueden interpretar como una acción de política pública que soslaya deliberadamente, una gran responsabilidad nacional.
Una vez más, se sacrifica gasto social, y en esta mención que nos ocupa, se cae en el absurdo de afectar a la educación, renglón en que todos aquí hemos coincidido, se cimienta el futuro de la Nación. La educación debe seguir siendo el mecanismo que anuncie el progreso al tiempo que evite se sigan profundizando las diferencias sociales. No apoyarla equivale a negarnos la esperanza en una vida y futuro mejor y el no poder concretar proyectos de progreso y felicidad colectivos.
Con la medida de recortar el presupuesto de educación, el Gobierno Federal le está negando tácitamente al pueblo de México la educación que nuestro país necesita, los recursos suficientes darán una educación de calidad, con pertinencia y oportunidad, con espacios educativos dignos y acordes a los requerimientos pedagógicos y tecnológicos de estos tiempos.
Nunca un proyecto educativo, podrá cristalizar si no cuenta con la concurrencia y compromiso de las maestras y maestros de México. El hecho de que en unos ciclos escolares, todos los niños mexicanos tendrán la certeza de poder cursar la educación preescolar se debe a ellas y a ellos. Ese magisterio responsable y que está presente en todos los rincones de la Patria y en la cotidianidad de las familias y comunidades, reclama ser un magisterio bien remunerado y adecuadamente valorado; reclama tener verdadero sistema de formación, actualización, capacitación y superación profesional, como elemento fundamental para tener más y mejor educación y para ello es necesaria la inversión de más recursos.
Recursos económicos que el Ejecutivo federal, el día 23 de abril del presente año le recorta significativamente.
Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, presentó hace ya más de un año ante el Ejecutivo, un conjunto de requerimientos imprescindibles para alcanzar una educación de calidad. En ellos planteó de manera prioritaria, el imperativo de asignar recursos presupuestales crecientes en términos reales conforme lo estable la Ley General de Educación.
El Ejecutivo federal coincidió con esta necesidad y lo asumió ante los maestros, así como en el Programa Nacional de Educación 2001-2006.
En este sentido, preocupa que los ajustes al presupuesto educativo, se conviertan en nuevos obstáculos para alcanzar el 8% del PIB para el periodo 2001-2006, y que no se alcance para los trabajadores de la educación, un salario profesional justo y equitativo de acuerdo con las funciones que la sociedad les tiene encomendadas; así como que sean insuficientes los recursos para la necesaria construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa.
Compañeros y compañeras legisladores:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción 11 y 59 del Reglamento Interno del Congreso General, los suscritos Diputados, presentamos 1. a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, solicitando se tramite de Urgente y Obvia Resolución:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero: Se exhorta al Ejecutivo Federal a sujetarse a lo dispuesto en el artículo 21, fracción A, del Presupuesto de Egresos de la Federación y no realizar recorte alguno a la función social, aplicando de manera integra el presupuesto contenido en los ramos educativos.
Artículo Segundo: Se cita a la mayor brevedad a comparecer al seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a los C. secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que den cuenta de la aplicación y transparencia en el manejo de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los ramos educativos.
Salón de Sesiones, H. Cámara de Diputados, a 30 de abril de 2002
Diputados: Enrique Meléndez Pérez, JuanCallejas Arrollo, Jorge Luis García Vera, José Soberanis González, Ramón León Morales, Miguel Bortolini Castillo, Justino Hernández Hilaria, Melitón Morales Sánchez, Enriqueta Basilio Sotelo, Agustín Trujillo Iñiguez, Martha Ofelia Meza Escalante, Olga Uriarte Rico, Martha Silvia Sánchez González, José Manuel Quintanilla Rentería, José Luis González Aguilera, Reyes Antonio Silva Beltrán, Enrique Martínez Orta, José Gerardo de la Riva Pinal (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Educación Pública
y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Abril
30 de 2002.)
 
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE OAXACA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO BULMARO RITO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Oaxaca es el estado de la República Mexicana que cuenta con la mayor bioversidad, siendo el más rico en especies de plantas y animales. El territorio oaxaqueño cuenta con 23 de los 30 tipos de vegetación del país y se estima que existen en Oaxaca, más de 12 mil plantas superiores. Esto se refleja en la existencia de bosques de clima templado-frío; bosques tropicales y selvas de clima cálido-húmedo, donde destacan las 490 mil hectáreas de la selva húmeda de los Chimalapas. Debido a ello, el estado de Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional con mayor superficie arbolada y el tercer lugar en potencial maderable.
Toda esta enorme riqueza natural esta siendo seriamente amenazada por el fenómeno de los incendios forestales. Según estudio realizado por el centro de ciencias de la atmósfera de la UNAM, se pronostica que en el presente año se repetirá el fenómeno del niño, por lo que el período de lluvias en el año 2002 será muy bajo en comparación con los años anteriores.
Al respecto, las estadísticas son reveladoras de la magnitud del problema y nos indican el gran impacto que han tenido los incendios forestales en el estado de Oaxaca, en donde anualmente se afecta un promedio de 15 mil hectáreas, siendo el año de 1998 el más crítico y en el que se redujeron a cenizas 254 mil hectáreas de superficie arbolada, es decir, la mayor superficie siniestrada en todo el país; siendo la región de los Chimalapas la más afectada, entonces, con 210 mil hectáreas.
Uno de los tantos efectos nocivos del fenómeno del niño lo hemos observado en los pasados 3 meses, en los cuales hemos registrado los índices más bajos de humedad relativa de los últimos 40 años, aunado a las altas temperaturas que permiten que las condiciones sean propicias para un mayor número de incendios forestales.
La situación se agrava si a todo esto sumamos las prácticas agropecuarias de tumba-roza-quema, del ciclo primavera-verano donde las estadísticas nos indican que el 65% de los incendios son provocados por esta actividad, por lo que el daño será mucho mayor.
La situación que se presenta en Oaxaca respecto a los incendios forestales es de extrema gravedad, ya que en estos momentos ocupamos el primer lugar a nivel nacional de superficie afectada con un registro de más de 187 incendios y más de 15 mil hectáreas siniestradas. (El año pasado, a estas fechas teníamos 4,268 hectáreas siniestradas, presentándose actualmente un incremento de más de 300% con respecto al año pasado).
La contingencia que se vive en Oaxaca, requiere de la aplicación urgente de medidas de emergencia, por lo que acudimos a esta tribuna a exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales asigne mayores recursos para proteger esta gran riqueza forestal, patrimonio de los mexicanos.
Es pertinente mencionar que para las mujeres y los hombres de Oaxaca y para el gobierno del estado, ha sido una preocupación constante la gran responsabilidad que tenemos al poseer la más alta biodiversidad del país y una superficie forestal que rebasa los 5 millones de hectáreas.
Por ello, la administración estatal ha multiplicado los recursos para la prevención y combate de incendios forestales; desafortunadamente, la inversión del Gobierno Federal a través de la Semarnat no ha sido la misma y sólo han destinado 6 millones de pesos en los últimos tres años a esta imperiosa necesidad.
Por todo lo expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se exija a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incremente sustancialmente los recursos económicos destinados para prevenir y combatir los incendios que destruyen los bosques y selvas del estado de Oaxaca, así como de los demás estados boscosos, entre ellos: Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche, México, y todos aquellos que presentan una situación similar y alarmante en su ecología y medio ambiente.
Segundo.- Se solicite asimismo a la Semarnat la ubicación inmediata del helicóptero que se comprometió a enviar desde el mes de marzo pasado.
Tercero.- Se exija por esta H. Cámara a dicha Secretaría de Estado, una mayor atención para la protección de la riqueza forestal de Oaxaca, incrementando el número de brigadas comunitarias y regionales que operarán en la entidad para preservación de sus recursos naturales, primeros en importancia de biodiversidad en el país.
Cuarto.- Se requiere de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una mayor y solícita atención a la riqueza forestal del estado de Oaxaca, ya que las omisiones en las prestaciones económicas vulneran el cuidado a los bosques tropicales y selvas húmedas, recursos invaluables para toda la humanidad.
Diputados: Abel Trejo González (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Jaime A. Larrázabal Bretón (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), María Lilia Mendoza Cruz (rúbrica), Angel Meixueiro González (rúbrica), Miguel Angel Moreno Tello (rúbrica), N. Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica), V. Cándido Coheto Martínez, Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Rufino Rodríguez Cabrera, Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Rosalinda López Hernández, Gregorio Germán Urías (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Bernardo de la Garza Herrera, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), Pablo Jesús Arnaud Carreño, Bulmaro Rito Salinas, Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Abril 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA, POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A LA TERCERA ETAPA DEL RIO TIJUANA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ, EN LA SESION DEL MARTES 30 DE ABRIL DE 2002
Exposición de Motivos
Tijuana, hoy día, es la ciudad que se distingue por tener el más elevado índice de crecimiento poblacional en México. Aproximadamente un 3.6% anual. Mexicanos de todos los rincones del país, llegan a diario con la idea de buscar mejores condiciones de bienestar, que los que les ofrecen sus comunidades de origen y pretenden cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, con ese entendible propósito.
Se puede afirmar que aproximadamente cada doce años Tijuana duplica su población. Así, en 1940 no alcanzaba los 40,000 habitantes; para 1950 sobrepasó los 75,000; para 1960 tenía más de 150,000 residentes; en 1970 rebasaba los 200,000 pobladores; para 1980 contaba con más de medio millón; en el Censo de 1990 se señaló que nos aproximábamos al millón y en el 2000, el INEGI cita que existen l?350,000 tijuanenses.
En Tijuana se sabe, el crecimiento social sigue siendo superior al natural, debido a la elevada migración que presenta la entidad.
¿Cuántos residentes sumaremos, donde todos los días arriban a Tijuana, con el propósito de buscar empleo, mejores condiciones de vida y bienestar, una cifra cercana a los 500 mexicanos provenientes de todas las diferentes regiones que componen el mosaico nacional?
A la par de lo anterior, el desarrollo urbano de Tijuana exhibe lacerantes rezagos en su infraestructura, vivienda, escuelas, hospitales, centros de recreación, esparcimiento y de áreas verdes. El auge de la industria maquiladora, la industria y comercio conexos que la primera ha incitado, poco han contribuido a la creación de la infraestructura urbana y social que la misma población demanda.
Si no al contrario, como tales actividades productivas demandan grandes espacios de suelo urbano, siendo su prioridad el uso masivo de mano de obra para transformación de insumos, lejos, muy lejos están de la previsión del ciudadano de proveer un sano equilibrio ecológico.
Los gobiernos, todos, de los tres niveles, de todos los tiempos y emanados de diferentes partidos políticos, no han podido estar a la altura del reclamo ciudadano en los anteriores conceptos y menos, han previsto la necesidad fundamental de crear reservas en suelo urbano suficientes en materia de espacios verdes y para el esparcimiento, que garanticen un ambiente no tan nocivo, como el que se tiene que vivir donde hoy nos encontramos, en la sede de los poderes federales; que es la urbe más contaminada del mundo, producto de la negligencia y falta de prevención. Donde el afán de lucro, combinado con la indolencia oficial, agravian todos los días al instinto de sobreviviencia y a la salud de sus habitantes.
Las llamadas "áreas verdes" en Tijuana, no sólo escasean, sino que las que se determinó que tuviesen ese destino, en el mejor de los casos, se han abandonado por las autoridades, otras fueron invadidas y desgraciadamente las más de ellas cayeron en manos del inmoral funcionario en turno y se vendieron, sin tomar en cuenta a los moradores vecinos y por voracidad del mismo funcionario público, que sin distinción partidista, pero que en honor a la justicia, los panistas hoy día, hacen palidecer, en términos de corruptelas e impunidad al más inmoral priísta de las épocas pasadas. Igual, construyeron complicidades nefastas con algunos desarrolladores urbanos, inescrupulosos ambos, y han puesto en riesgo la salud de la presente y de las futuras generaciones.
Generalizamos los conceptos, porque de todos es sabido que esa podrida mancuerna de depredadores urbanos pulula en todos los rincones de la patria. Tijuana, se hace necesario expresarlo, para nada siente orgullo por haber ascendido del cuarto al tercer lugar dentro de las ciudades con mayor índice de contaminación ambiental, dentro del espectro de la geografía en la República Mexicana.
Dadas las agrestes y caprichosas condiciones orográficas de la geografía urbana de Tijuana, la conforma a ésta una cadena topográfica paralela de cerros y cañones, todos confluentes al eje que forma el cauce del llamado río Tijuana. Mismo que para efectos ilustrativos la vox populi e incluso las propias autoridades han dividido su curso y obras de canalización en tres grandes sectores o superficies longitudinales, que se citan como las tres "etapas del río Tijuana".
Todas se refieren al área que demarcaba el cauce federal, que delimitaba tales polígonos; el primero desde la línea divisoria con los Estados Unidos de Norteamérica hasta el cruce de dicho cauce por la vía del ferrocarril. La segunda etapa se inicia en dicha vía y termina en el cruce del eje vial Lázaro Cárdenas y la tercera parte del anterior eje y finaliza en la cortina de la presa Gral. Abelardo L. Rodríguez.
La primera etapa de la zona del río Tijuana ha concentrado, para orgullo y disfrute de los tijuanenses, hermanos de la República que nos visitan y turistas del exterior, la más moderna urbanización, las mejores edificaciones en oficinas de gobierno, centros comerciales, hoteles, bancos y de viviendas media y de lujo. La segunda etapa, que contrasta radicalmente con la anterior, ha permanecido siendo una zona muy precaria, que concentra a varios miles de asentamientos irregulares e invasiones, dado que dicha superficie no ha sido desincorporada del régimen de la propiedad del dominio público de la Federación y las invasiones, tan temidas por la autoridad, por su falta de previsión, exhiben en dicha superficie, la anarquía urbana en su máxima expresión. Pero este tema conforma un capítulo aparte, pero no por ello menos importante al interés primordial tratado en este punto de acuerdo.
La tercera etapa del río Tijuana, elemento crucial de esta exposición, por distinguirse como la depresión topográfica más baja de la Ciudad (con respecto al nivel del mar), luego de las dos anteriores "etapas" del cauce del río Tijuana y por estar franqueada por los cerros más elevados de la ciudad y sobre todo dada la predominancia de la incidencia de los vientos dominantes de la costa (llamados vientos Alisios), es precisamente esta zona, la que mayor concentración de emisiones contaminantes o de gases tóxicos alberga o almacena.
Considerando, que de acuerdo diversos estudios profesionales, tales emisiones no sólo son las producidas por los vehículos automotores, fábricas, estufas, calderas, calentadores de agua, u hornos de los tijuanenses, sino que está probado que en su mayoría, tales emisiones tóxicas nos son enviadas permanentemente desde allende la frontera y que las refinerías del condado de Los Angeles, situadas a casi 200 kilómetros al Norte de la Ciudad; en Long Beach y San Pedro en el estado de California, contribuyen al envenenamiento del aire o del ambiente en Tijuana, Baja California.
Por eso es que precisamente en la tercera etapa del río Tijuana, es a donde debemos de construir el "gran pulmón de la ciudad". Porque la superficie de éste polígono, originalmente de 440 hectáreas de propiedad gubernamental y por ende del "dominio público de la Federación", restándole las áreas relativas al encauzamiento del citado río Tijuana y de las tres vialidades primarias que ya la cruzan en ese tramo, apenas y cubriría una cuarta parte de las urgentes y por demás necesarias superficies de árboles que se requiere sembrar y cultivar, para nulificar, metabolizando o purificando las emisiones tóxicas ahí concentradas.
Si tomamos en cuenta los parámetros recomendados por la Organización de las Naciones Unidas, para las zonas urbanas que oscilan entre los 7 y los 13 metros cuadrados de áreas arboladas por habitante y sabiendo, por datos del municipio, publicados en el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana 1995-1998, nos indican que vergonzosamente apenas tenemos un raquítico 0.26 de metro cuadrado de áreas verdes per capita.
La tercera etapa debe ser totalmente dedicada al sembrado de árboles, por su adecuada localización, nivel topográfico, tamaño y porque es la única y la última oportunidad que Tijuana tiene para ofrecer a la presente y a las futuras generaciones el poder contar con un "pulmón" o bosque urbano, que sea un apoyo ecológico sustentable, ante su acelerado crecimiento, anárquico desarrollo y escasa, muy escasa forestación.
Desde hace muchos trienios y sexenios varias autoridades se venían preocupando por lo narrado en los párrafos anteriores. A finales de los cincuentas la administración municipal de Tijuana señaló a la tercera etapa del río Tijuana como la sede o lugar permanente de los Jardines Públicos Municipales Eva Sámano de López Mateos.
Algunas extensiones de dicha superficie fueron dedicadas a zonas boscosas y canchas deportivas, para el solaz y sano esparcimiento de las familias tijuanenses. Hoy día, la indolente actitud y la voracidad de los gobernantes e inmobiliarios locales, han desarrollado un proyecto mercantilista y por ello han destruido las canchas y derribado los árboles de cuarenta años.
Hace veinte años el Gobierno de la República, desalojó la totalidad de los asentamientos irregulares e invasiones en esa 3ª etapa del río Tijuana. Cercó la poligonal de la propiedad federal y construyó un vivero que llegó a contar con cuatrocientos mil árboles de dos a cuatro años de edad, al que se bautizó como Parque José María Morelos y Pavón. La codicia del panista, de poder vender más lotes en el proyecto de marras, hizo que el citado vivero también sucumbiera a la maquinaria pesada y ahora la canalización de concreto ocupa irremisiblemente su lugar.
El 30 de noviembre de 1984 los gobiernos Federal, del estado de Baja California y del municipio de Tijuana firmaron un acuerdo para dar las bases jurídicas que establecieron el primer Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Tijuana, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en esa fecha, luego de que fuera aprobado formalmente por el Congreso local, que señalaba expresa y específicamente que las 440 hectáreas de la tercera etapa del río Tijuana eran consideradas como reserva ecológica urbana.
Cabe mencionar que el citado acuerdo de 1984, aún no ha sido revocado ni derogado por dichas tres entidades gubernamentales y sí en cambio, ha sido violado sin respetar los principios fundamentales del derecho y de la ley. Pero lo más grave, es que igual han procedido las autoridades panistas de hoy, en el sentido de que la opinión del ciudadano tijuanense no les ha merecido el más mínimo respeto, en flagrante violación al ordenamiento establecido en el artículo 26 constitucional.
A fines de 1997 y a principios de 1998, diversas organizaciones ciudadanas como "Primero es Tijuana, AC" y el "Frente de Defensa del Bosque del Río Tijuana, AC", se dieron a la tarea, con el único recurso de su voluntad ciudadana, de obtener 87,000 documentos firmados por igual número de ciudadanos mayores de edad, que contenían su nombre, domicilio, un número de documento oficial con fotografía y su firma, para solicitarle al Presidente Ernesto Zedillo, que preservara la superficie en cuestión como originalmente ya lo había comprometido el Presidente Miguel de la Madrid. Cabe hacer notar, que tales organizaciones civiles no lograron ni siquiera obtener del Ejecutivo federal, el correspondiente "acuse de recibo". De ahí, que en algún lugar almacenadas en los sótanos de este recinto de legislativo de San Lázaro, puesto que de Los Pinos fueron enviadas para acá, dichas solicitudes de tal gesta social, si no es que ya las tiraron a la basura o quemaron, como pasó con las paquetes electorales de los impugnados comicios de 1988, que hasta hoy sólo han cosechado el desdén oficial.
Aquel acuerdo del Presidente de la Madrid, fue ratificado y reglamentado posteriormente mediante un convenio celebrado entre la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Ganadería con el gobierno del estado de Baja California el 4 de noviembre de 1987, donde éste recibía en comodato las 440 hectáreas que se vienen citando, para el uso exclusivo de reserva ecológica urbana y desde ese momento se le llamó como: "Parque José María Morelos y Pavón".
En esas épocas, diferentes grupos ciudadanos de todos los estratos sociales, se dieron a la tarea de iniciar el Parque Morelos y se logró crear con un pequeño bosque un hermoso "pulmón" de apenas 24 hectáreas que cuenta ya con algunos elementos de infraestructura social, como son juegos infantiles, un paseíllo con figuras de la época precolonial, una concha acústica, andadores, bancas, alumbrado, baños y en gestiones posteriores hasta se construyó un trenecito para niños, entre otros atractivos. Que en su conjunto eran disfrutados principalmente por familias tijuanenses de bajos recursos. Subrayo el término "eran", porque desde la gestión gerencial de Ernesto Ruffo se instauró un cobro inaudito, para ingresar a un parque público.
Pero esa, la primera expresión de estulticia, quizá por venganza, dio pauta para que la irresponsabilidad se hicieran presentes en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Ruffo Appel. Pues a sólo 18 días de dejar el cargo el primero, el 11 de noviembre de 1994, emitió un decreto de donación y desincorporación, de unas treinta y ocho hectáreas en la segunda y tercera etapas del río Tijuana, para que el gobierno protagonizado por Ruffo las pudiera comercializar y así pudiera afrontar el enorme pasivo, cuyo monto superior a los cien millones de dólares, concertado con la banca privada y sin la previa sanción aprobatoria del Congreso local, no ha tenido parangón en la historia hacendaria y oficial bajacaliforniana.
Sospechoso resultó el saber que Salinas de Gortari hacía apenas quince días, había emitido un decreto similar, donde incorporaba tales predios a la propiedad del dominio de la Federación, cuando es sabido que se ostentan con tal condición jurídica desde el año de 1921. Y más sospechoso aún, resultó saber que el gobierno de Ruffo elaboró un mercantilista, o mejor sea dicho, un proyecto especulativo de un insensato, por desequilibrado desarrollo urbano, sin tener el más mínimo recato en términos de un análisis sobre el impacto ambiental y que entre otros usos de tipo comercial y de servicios, pretende que en una superficie de tan sólo 85 hectáreas, construir diez mil viviendas de interés medio, no sólo a sabiendas de que se trata de la zona más contaminada de la ciudad, sino con el conocimiento de que está localizada en la ruta inmediata posterior a la cortina de la presa Gral. Abelardo L. Rodríguez y el enorme peligro latente que entraña que dicha cortina de tal Presa, esté situada sobre la falla geológica llamada "La Nación-San Ysidro", vertiente ésta de la famosa falla geológica de San Andrés. Precisamente al finalizar la gestión ruffista, manos criminales pretendieron dinamitar dicha cortina, cuando el embalse se encontraba a su máxima capacidad volumétrica, pero por la intervención oportuna del Ejército Federal, se pudo evitar una tragedia de inconmensurables proporciones.
No obstante la contundencia de los argumentos anteriores, las diversas administraciones de los tres niveles de gobierno, que habían declarado a la multicitada zona como una reserva ecológica urbana, hoy se muestran sordas al reclamo popular en que ya por miles le han solicitado, primero, al gobernador del estado el difunto Héctor Terán, que reconsiderara la actitud del gobierno para despojar a los tijuanenses de esa potencial oportunidad de contar con el bosque de la ciudad.
El gobernador sustituto, González Alcocer, igual hizo caso omiso del reclamo popular y siguió patrocinando el infame papel, que no le corresponde a la autoridad, al convertirse en desarrollador de los predios de la tercera etapa de río Tijuana al través de diversas instancias de gobierno, amparado desde el frugal contexto de que era la obra máxima y póstuma del fallecido gobernador Terán.
No sólo era la perversa posibilidad de adueñarse de los predios otrora del dominio de la Federación, mismos que mediante decreto del 27 de enero de 1998, fueron donados por el Presidente Zedillo. Como es el caso en que el arquitecto Arsenio Otañez, que de ocupar el cargo en la gestión del gobernador Ruffo, como director de la paraestatal Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana, SA de CV (Produtsa), entidad ésta, que al través del "Fideicomiso Río Tijuana, Tercera Etapa", administra tal patrimonio. En Tijuana nadie se explica cómo el reputado ex director Otañez, es actualmente propietario o "prestanombres" de una vasta superficie de varias hectáreas de esos predios, cuyo precio comercial es de muchos millones de dólares.
Del embeleque proyecto, cabe destacar, que si bien, en el decreto del Presidente Salinas si se le autoriza al gobierno de Baja California, de manera expresa la posibilidad de comercializar los predios para sufragar la inversión de una innecesaria obra, a la fecha ya concluida, para canalizar y revestir de concreto el cauce del río Tijuana en su "3ª etapa".
Por estudios técnicos de la antigua Secretaría de Recursos Hidráulicos, se determinó que en esa sección del cauce, no se debería de revestir el lecho de concreto hidráulico, para permitir que los ciclos de estiaje optimizaran el nivel de los mantos freáticos, habida cuenta que "aguas abajo", existen en explotación más de 30 pozos, de donde es extraído el vital líquido, para abastecer varias colonias populares de Tijuana antes de que los veneros subterráneos crucen la frontera con los EU y se pierdan irremisiblemente en el océano Pacífico. Pero la ambición de las autoridades panistas desoyeron tales recomendaciones y obraron con un criterio mercantilista, para tener más terrenos qué vender en el mejor de los casos, o en el peor, sustraer los activos del Estado, como ya se dijo, para beneficio personal.
Sin embargo, el colmo de la deshonestidad de los funcionarios de las gestiones panistas, se hace presente merced al decreto de donación del Presidente Ernesto Zedillo, del 27 de enero de 1998, ordenamiento mismo que en ninguna parte de su texto, permite al gobierno estatal el pretexto para que de las 350 hectáreas que comprende el volumen de donación, pueda ninguna porción de las mismas ser comercializada o vendida o transmitida la propiedad a terceros, o cualquier otra noción jurídica que pudiese implicar que el estado de Baja California tuviere el derecho legítimo de enajenar la nuda propiedad donada por la Federación.
No obstante lo anterior, las autoridades estatales se dieron el lujo de desviar la atención que pudiese haber provocado que el patrimonio en cuestión, fuese debidamente diligenciado por el Congreso del Estado en concordancia a la legislación local, pues los legisladores locales no tuvieron conocimiento de la incorporación oficial de tal patrimonio al activo del gobierno y menos aprobaron la pertinente desincorporación del dominio público del estado, para que dichas donaciones fuesen incorporadas al dominio privado del estado, para poder ser vendidas.
Este hecho entraña la violación al Estado de derecho de manera grave e imperdonable, que no sólo hace merecedores de graves sanciones penales a quienes resulten responsables de semejante fraude y despojo monumental, sino que a la par, de ser estricto el cumplimiento de la ley, todas las ventas hasta ahora realizadas en las 2ª y 3ª etapas de río Tijuana, por las diversas entidades paraestatales, de acuerdo con la ley; son nulas de pleno derecho.
Al mismo tiempo está comprobado de manera fehaciente, que el sustituto gobernador González Alcocer y su secretario general de Gobierno, CP Jorge Ramos, cuando fungían como asesor jurídico y director general de Produtsa, respectivamente, se perpetraron de manera importante, las trascendentales ventas a empresas ligadas al lavado de narcodólares, lo cual está ampliamente documentado, en medios de comunicación nacionales y locales.
No menos inmoral resulta ser también que el ex gobernador Ernesto Ruffo, intentó desde su gestión, hipotecar los predios objeto de las referidas donaciones, con el mayoriteo de la fracción panista en turno y a sus órdenes, aún en el periodo de extinto Héctor Terán, que fue cuando comprometieron la propiedad con un banco japonés, para un empréstito del orden de los 300 millones de dólares, crédito éste en que el famoso Ruffo Appel, se dice obtendrá por sus servicios personales de corredor, algo así como la friolera de 18 millones de dólares.
Esta es la estatura moral de nuestros próceres panistas en Baja California, y de tal grado su codicia, que recientemente el gobernador Elorduy, a fin de evitar el estallido de un escándalo de mayor proporción, canceló a los prestanombres de Ruffo, un cuantioso contrato, ya otorgado, para construir una planta hidroeléctrica, del orden superior a los 20 millones de dólares, desde luego que con cargo al empréstito japonés de marras. Se canceló el contrato, sí, pero no se efectuó denuncia alguna, como ya es una costumbre en las gestiones panistas y como corresponde a la obligación fundamental del funcionario.
Pues toca ahora al Presidente de la República, que primero analice el engaño fraguado desde las anteriores administraciones y de inmediato revocar los decretos de los presidentes Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León, de fechas 11 de noviembre de 1994 y 27 de enero de 1998, respectivamente, simple y sencillamente, porque en ninguno de los casos se acató a la letra el texto de ambos decretos de enajenación a título gratuito y sí en cambio, se violentó el Estado de derecho, incurriendo en infinidad de malversaciones que han cometido las diversas administraciones del gobierno estatal de Baja California y, se proceda conforme a derecho, contra quién o quiénes corresponda, por los ilícitos que pudiesen resultar de llevarse a cabo una investigación judicial, honesta e intachable.
A partir del ignominioso acuerdo entre el Presidente Carlos Salinas y el gobernador Ernesto Ruffo, el cual luego fue igual continuado por el Presidente Zedillo y el gobernador Terán, y después por el sustituto González Alcocer, que lo adoptara como su propio programa de gobierno, diferentes grupos ciudadanos se han organizado debidamente en torno a esta lucha social e igual han interpuesto algunos recursos administrativos de revocación a los decretos de los presidentes Salinas y Zedillo, aduciendo que se trata de eliminar como se dijo, la última oportunidad que tiene el tijuanense para proveer un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y sustentable.
Si bien la consulta ciudadana es la solución a la actitud indolente y sorda de las autoridades y que cubre los vacíos de diálogo, que pusiesen ser solventados por las figuras del plebiscito, se hace menester mencionar, que desde los primeros meses de la gestión que inició el extinto gobernador Terán en 1995, ya se tenía aprobada en comisiones la Ley de Participación Ciudadana, misma que la fracción panista en el Congreso, que es mayoría desde 1989, mantuvo "congelada" dicha ley y no fue hasta el penúltimo mes de la aciaga gestión de González Alcocer, cuando se publicó el decreto que la hace posible.
Precisamente bajo este nuevo contexto legal, en estos momentos ya se está organizando la sociedad civil tijuanense, a fin de llevar a cabo una amplia consulta ciudadana, que obligue a las autoridades locales, a rescatar la mayor superficie posible de los predios donados por la Federación en la multicitada tercera etapa del río Tijuana, lucha ésta que requiere de la simpatía y apoyo de esta representación nacional, ya que en éste caso, una vez que se hayan realizado las investigaciones y consultas pertinentes, y se hayan emitido los dictámenes que procedan, las acciones ciudadanas tendrán un peso real que igual servirá de estímulo, precisamente, al ánimo que se requiere para enriquecer la voluntad ciudadana.
Lo más importante y urgente sin embargo, hoy por hoy, es proteger del hurto y de la especulación el ya considerado patrimonio de los tijuanenses, como ya nos lo habían ofrecido los presidentes López Mateos, Echeverría, López Portillo y sobre todos ellos, de la Madrid, cuando hicieron público su beneplácito porque la tercera etapa del río Tijuana, fuese la reserva ecológica urbana que albergaría el bosque de la ciudad y no fuera una fuente de enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, como son los penosos casos que se mencionan en esta exposición de motivos.
Éste es el caso que nos preocupa hoy, y que pretendemos retome esta Cámara de Diputados la estafeta de la lucha social de cientos de miles de tijuanenses, a los que la anterior LVII Legislatura atendió y determinó que las Comisiones de Asuntos Fronterizos y la de Ecología, hicieran las consultas necesarias y elaboraran los dictámenes pertinentes, relativos a otro punto de acuerdo que presentara la diputada Mercedes Maciel, del Partido del Trabajo, y que quedaron pendientes de resolución, porque tales comisiones, por razones que desconozco, nunca bajaron sus dictámenes, a ser sometidas al voto de dicha LVII Legislatura que nos precedió.
Así pues, se hace necesario que esta LVIII Legislatura continúe con los trabajos iniciados no hace mucho, por la iniciativa de la ex diputada Maciel, mismos esfuerzos que deben obrar en las Comisiones que cité, de manera tal que podamos aprovechar aquellas conclusiones, a fin de poder dar una respuesta más expedita la población tijuanense, aún con la lógica e infundada oposición que la fracción del PAN habrá, sin duda alguna, de interponer, para entorpecer, como ya lo hizo en la anterior LVII Legislatura, que la verdad saliera a flote, que la justicia se hiciera.
Compañeras y compañeros diputados:
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su superior consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Honorable Cámara de Diputados se solidariza mayoritariamente con la ciudadanía tijuanense, en la petición que se hace al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que primero, revoque los decretos del nueve de noviembre de 1994 y el del treinta de diciembre de 1997, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de noviembre de 1994 y el veintisiete de enero de 1998, respectivamente, y decrete que todos los predios que integran la tercera etapa del río Tijuana, en el municipio de Tijuana de Zaragoza del estado de Baja California, en sus 440 (cuatrocientas cuarenta) hectáreas se conviertan realmente en una reserva ecológica urbana y permanezcan con la calidad jurídica de ser inalienables, imprescriptibles e inenajenables, a fin de que sea la propia la ciudadanía a través del ayuntamiento de Tijuana, previa la aprobación del cabildo, la que se organice y construya en la superficie lograda merced a las obras de canalización, el "bosque del río Tijuana", el que se denominará parque "José María Morelos y Pavón".
Segundo.- Que las Comisiones de Ecología y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, después de consensar entre sus miembros, hagan una propuesta concreta a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año dos mil tres, se asigne una partida presupuestal para cubrir los créditos adquiridos por el gobierno del Estado de Baja California, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, para realizar los trabajos y obras relativas a la canalización y vialidades primarias, conocidas como: Benton, San Martín y Bolívar, en el tramo conocido como la tercera etapa de río Tijuana, en el municipio de Tijuana de Zaragoza en el estado de Baja California.
Tercero.- Que de manera conjunta, las Comisiones de Asuntos Fronterizos, de Relaciones Exteriores y de Ecología, busquen el apoyo de la Secretaria de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se lleven a cabo los estudios, análisis y evaluaciones, que permitan de manera seria, profesional, técnicamente adecuada y socialmente conveniente y aceptable, determinar los niveles de contaminación que según se dice, nos son enviados desde el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, a la región noroeste de la República Mexicana, específicamente en la cuenca urbana del río Tijuana, así como evaluar los niveles de concentraciones de emisiones tóxicas que se presentan en la tercera etapa del río Tijuana, a fin de determinar la diferencia entre las que se producen dentro de los límites del territorio nacional y las que se suman a éstas desde el exterior, y según sea el caso, llevar a cabo las gestiones o reclamaciones oficiales conducentes.
Cuarto.- Que las Comisiones de Protección Civil, de Seguridad Nacional, de Ecología y la de Salud, lleven a cabo la investigación necesaria y suficiente a fin de poder emitir un dictamen acucioso, que permita determinar la existencia de riesgos a fin de prevenir y evitar el peligro que entrañaría, que en la tercera etapa del río Tijuana se construyan miles de viviendas y un hospital de especialidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que según opiniones de peritos en la materia, señalan que la cortina de la presa Gral. Abelardo L. Rodríguez, está construida sobre la falla teutónica llamada "La Nación-San Ysidro", vertiente de la otra de mayor envergadura y de un peligro latente muy superior, llamada falla de "San Andrés" y que aunado a ello, en este punto es donde más concentraciones tóxicas se advierten en la ciudad de Tijuana.
Quinto.- Que se solicite que las Comisiones de Justicia y de Puntos Constitucionales, en conjunto hagan una consulta formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la controversia constitucional que se suscita en todos los casos en que el Ejecutivo federal emita un decreto de desincorporación del dominio público de un bien inmueble y lo incorpore al dominio privado de la Federación, a fin de enajenarlo a título gratuito en favor de algún estado o municipio, sin ser la causal de tal evento ninguna de las que prevé la Ley General de Bienes Nacionales y que sólo son tres, a saber; "...para obras y servicios públicos" "...para asistencia social"; "?para fines educativos". Y si procede, aplicar la reversión de la propiedad de los bienes donados, si es el caso en que, la entidad federativa beneficiada de la misma, transfiere la misma a terceros particulares, que como atañe a este punto de acuerdo, tal entidad federativa le enajena tal bien a una entidad privada, presuntamente dedicada al delito del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y que del dictamen que se haga, se dé cuenta a esta representación nacional y a la Procuraduría General de la República, para que se proceda conforme a derecho.
Sexto.- Que esta representación nacional, a través de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, instruya al órgano Superior de la Federación del Congreso de la Unión, a fin de que lleve a cabo de inmediato una auditoría legal, jurídica, financiera y contable en las entidades paraestatales; Promotora de Desarrollo Urbano, SA de CV, y Fideicomiso Río Tijuana Tercera Etapa, que han administrado el patrimonio donado por la Federación, que nos determine fehacientemente si se han cumplido al pie de la letra los objetivos primarios de los decretos de donación que se citan en el artículo primero, que le dé luz a esta representación nacional sobre el monto y destino de las utilidades de tales paraestatales en sus negocios inmobiliarios para que, igual, sean consideradas como aportaciones del Gobierno Federal al del estado de Baja California y, dado el caso, de que se hayan violentado el Estado de derecho e incurrido en ilícitos de carácter penal o administrativos por parte de funcionarios públicos de anteriores o de actuales administraciones federal o estatales en el gobierno de Baja California, proceda sin dilación directamente a presentar las denuncias correspondientes contra quienes puedan resultar responsables, ante la Procuraduría General de la República e igualmente ante la Secretaría de la Contraloría Federal y Desarrollo Administrativo, y nos dé tanto y razón oportunas del desenvolvimiento del proceso jurídico que se lleve a cabo, en cada una de sus etapas procedimentales.
Artículo Transitorio.- Que el Ejecutivo Federal por solicitud expresa de esta representación nacional suspenda toda acción, con carácter temporal, que pudiese contravenir el presente "punto de acuerdo". De tal forma que una vez que se cuente con la información y dictámenes de las diferentes Comisiones que se indica que participen en el presente "punto de acuerdo", sea el propio Ejecutivo Federal, el que tome las medidas legales a que haya lugar y las que te dicte su buen juicio, que redunden en beneficio de la población tijuanense de hoy y del futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 30 días de abril de 2002.
Dip. Jaime C. Martínez Veloz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el punto de acuerdo de carácter general y cada artículo del punto de acuerdo específico a la Comisión respectiva que está señalada en el propio texto. Abril 30 de 2002.)