Los diputados que suscribimos, Eduardo Andrade Sánchez, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Francisco Castro González, José María Guillén Torres, Eduardo Abraham Leines Barrera, Marcos Paulino López Mora, Jaime Mantecón Rojo, Pedro Manterola Sainz, Ranulfo Márquez Hernández, Enrique Ramos Rodríguez, Francisco Ríos Alarcón, Martha Silvia Sánchez González, Jorge Schettino Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla, Efrén Leyva Acevedo, José Elías Romero Apis, Jaime Rodríguez López, Claudio M. Bres Garza, María Elena Chapa Hernández, Rodolfo González Guzmán, Angel Meixueiro González, Juan Manuel Sepúlveda y Timoteo Martínez Pérez, en uso de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 constitucional, presentamos por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de reformas al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación,para que sea turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.
Exposición de Motivos
En diciembre del año próximo pasado el Congreso de la Unión, después de nueve meses de extensos análisis y complejas negociaciones, aprobó un conjunto de disposiciones fiscales que representan un importante incremento a la recaudación fiscal, gracias a lo cual el gobierno dispone por primera vez en muchos años de recursos adicionales que superan el 1% del producto interno bruto.
Este factor fue determinante para que las empresas dedicadas a la calificación de condiciones crediticias, otorgaran a nuestro país el grado de inversión que implica ventajas financieras importantes para México.
Esto constituyó un indiscutible avance, producto de la nueva realidad democrática que vive el país. Las fuerzas políticas alcanzaron acuerdos positivos en los que también participó el gobierno, que dieron certeza a las condiciones económicas, independientemente del mayor o menor agrado con que determinados sectores reaccionaron frente a los cambios fiscales los cuales, por cierto, no generaron desasosiego en las grandes masas de menores ingresos. Pese a ello el Presidente de la República formuló un anuncio de modificaciones a las normas aprobadas, basado en facultades que le otorga el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Las atribuciones que le confiere dicho artículo para eximir o condonar determinados impuestos tiene el propósito de atender circunstancias excepcionales y supervenientes por virtud de las cuales se haya afectado o se pueda afectar la situación de algún lugar del país o una rama de actividad.
La posibilidad de que el Ejecutivo se proponga efectuar cambios unilaterales habiendo transcurrido sólo 50 días de aplicación de las nuevas disposiciones fiscales, sin que en su momento haya ejercido el derecho de veto, puede propiciar un daño mucho mayor que el que supuestamente se quiere corregir. Esta actitud genera un ambiente de desconfianza y tensión entre Poderes de la Unión y atenta contra el equilibrio presupuestal, pues una reducción en los ingresos afectará necesariamente los egresos dispuestos por la Cámara de Diputados en detrimento de obras o programas que benefician a la sociedad.
Igualmente provocará la falta de certeza jurídica; afectará la recaudación tributaria e impactará negativamente en la imagen de seriedad económica del país en el exterior con la consecuente disminución de la inversión.
Es indispensable evitar que el uso de una facultad diseñada para otros fines pueda generar una desestabilización institucional y económica que dañaría a toda la Nación. Por esa razón proponemos la supresión de dicha facultad, así como la que le permite otorgar subsidios o estímulos fiscales que podría ser usada con el mismo propósito desquiciante, modificando el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, dictará medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Diputados: Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica), Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Enrique Ramos Rodríguez, Francisco Castro González, Edgar Consejo Flores Galván (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica), Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Marcos Paulino López Mora (rúbrica), Pedro Manterola Sainz (rúbrica), Ranulfo Márquez Hernández (rúbrica), Martha Silvia Sánchez González, Nemesio Domíngez Domínguez (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Francisco Ríos Alarcón (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), José María Guillén Torres (rúbrica), Juan Manuel Sepúlveda (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 27 de 2002.)
DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2002
Los gobiernos neoliberales han impulsado en los últimos cuatro sexenios una política económica que antepone el pago del servicio de la deuda externa y el arropamiento de los intereses de un reducido número de grupos financieros y empresariales, ocasionando con ello reiteradas crisis financieras, fuga de capitales y caídas de la producción. Se ha planteado reiteradamente reducir el costo del servicio de la deuda externa pública, estableciendo en el corto plazo nuevas renegociaciones que protejan los intereses del país.
Pero en estos momentos no es lo único que planteamos. Necesitamos normar en la Ley de Deuda Pública para que el endeudamiento externo nuevo o adicional se contrate siempre y cuando existan ventajas evidentes y se establezcan mecanismos estrictos para su canalización y que participe en ello el Congreso de la Unión. De esta manera, los recursos de deuda deberán ser dirigidos a las actividades que directa o indirectamente generen en el futuro el flujo de divisas suficiente para su amortización; asimismo, el plazo al que será contratada deberá relacionarse directamente a su propia generación de recursos con los que será liquidado.
Proponemos también reformar la Ley de Deuda Pública, para poner un tope al déficit presupuestal del sector público dependiendo de la disponibilidad de fuentes no inflacionarias para financiarlos.
La crisis de deuda externa de 1982 en México trajo como consecuencia una fuerte inestabilidad financiera reflejada en altas tasas de inflación y un tipo de cambio con ajustes abruptos frecuentes. En adición, la contratación de crédito externo estaba cerrada para el país. Esto evidenció la necesidad de desarrollar y profundizar un mercado interno de valores gubernamentales que permitiera, por un lado, hacer frente a los requerimientos financieros inmediatos del gobierno de una manera aparentemente más barata y, por otro, utilizar la política de deuda pública como un instrumento de política macroeconómica.
En 1994 se observó un escenario donde el promedio de vencimiento fue corto y la deuda próxima a madurar se concentró en unas cuantas fechas, por lo que el gobierno tuvo que tomar prestado grandes cantidades de dinero durante la segunda mitad de 1994. Al ocurrir una crisis de confianza en esas fechas, entonces sobrevino un cambio de régimen, aunque debe recordarse que la razón de deuda/PIB era menor que el promedio en los países de la OCDE.
Así, cuando el gobierno incrementó la proporción de Tesobonos (disminuyendo la de Cetes) implícitamente asumió mayor riesgo cambiario, aunque la situación de entonces lo justificara. Por esto, este mayor riesgo implica necesariamente mayores riesgos para la sociedad (por ejemplo, mayores probabilidades de elevar los impuestos para balancear el presupuesto, como de hecho sucedió en México a inicios de 1995 cuando el IVA se elevó de 10 a 15 por ciento). Entonces, no es tan claro que haya ganancias de una estrategia que busque minimizar costos.
De acuerdo a este segundo modelo, el gobierno también dolarizó la deuda inmediatamente después del asesinato de Colosio debido a que la volatilidad de tipo de cambio real (TCR) no era muy alta como se muestra en este trabajo. Esto es consistente con la teoría que sugiere que la deuda dolarizada sería preferible sólo cuando el tipo de cambio real no fluctúe sustancialmente y la correlación entre los choques al tipo de cambio real y al gasto gubernamental sea negativa. Si bien el resultado es interesante, no se resuelve tampoco el acertijo de si el manejo de la deuda en 1994 fue finalmente una causa importante en la explicación de la crisis del llamado "efecto tequila". No obstante, esta segunda prueba nos indica que el manejo de la deuda no necesariamente fue incorrecto.
La crisis financiera fue detonada por factores de naturaleza macroeconómica, asociados a la crisis de 1994 y a la política de estabilización que le siguió. Ambas condujeron a alzas impresionantes en las tasas de interés y a caídas drásticas del nivel de actividad, del ingreso personal disponible y del empleo, que deterioraron la calidad de los activos bancarios, depreciaron el valor de las garantías vinculadas a los préstamos y expandieron las carteras vencidas.
La crisis se gestó con el abuso de la política cambiaría, que sirvió de eje a la estrategia contra la inflación iniciada con los Pactos. Tal abuso condujo a una expansión del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que arrojó una proporción del PIB similar a la que precedió a la crisis de 1982. Su financiamiento reposó en los flujos de capitales externos, que sirvieron para financiar la inversión y el consumo, y por esta vía, para generar un auge crediticio, que operó como el antecedente macroeconómico de la crisis bancaria.
Por otro lado, la devaluación afectó a los bancos que, incentivados por la aparente firmeza del tipo de cambio, suministraron créditos en moneda extranjera. Asimismo, la resistencia de las autoridades a modificar a tiempo la política cambiaria desembocó en una devaluación obligada, ya no por la necesidad de mantener el poder de compra de la paridad, sino por la insolvencia en materia de reservas internacionales. De esta forma, se hizo ineludible recurrir a una política económica restrictiva, cuyos efectos sobre las tasas de interés, el ingreso personal y el nivel de actividad, fueron devastadores para la salud de las instituciones financieras.
La revisión de las causas macro y microeconómicas revela que tanto la crisis de la economía mexicana iniciada en 1994, como la financiera que le siguió, fueron producto de errores en el manejo de la política económica y en la financiera. En la primera, la principal responsabilidad reposó en la obstinación del Gobierno de proseguir combatiendo la inflación con un tipo de cambio sobrevaluado, a pesar del peligro que representaban los desequilibrios externos y la fragilidad de los flujos externos de capital. A ella se aunó la impericia mostrada en diciembre de 1994 en el manejo del tipo de cambio, misma que posibilitó que en unos cuantos días las reservas internacionales cayeran drásticamente.
Un segundo elemento que afectará la estructura y evolución futura de la deuda pública se asocia al programa de rescate bancario implementado por el gobierno a partir de 1995. Si bien es cierto que el problema de la fragilidad financiera tiene sus causas en errores y deficiencias asociadas al propio proceso de liberalización financiera y reprivatización de la banca, la crisis aceleró y profundizó su deterioro. El problema de cartera vencida e instituciones con problemas de insolvencia y capitalización se profundizó a partir de 1995. Ante esta situación y frente a la posibilidad de un colapso del sistema, el gobierno implementó un conjunto de programas tendientes a disminuir las presiones sobre las instituciones y sobre los deudores. Este programa se llevó a cabo a través del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), el cual fue creado como un fideicomiso en 1990 y cuyo patrimonio se derivaba de aportaciones por parte de las mismas instituciones financieras. A partir de la crisis de 1995, el Fobaproa crea un Programa de Capitalización Temporal (Procapte) con la finalidad de hacer frente a los problemas de insolvencia, capitalización y quiebra de las instituciones financieras.
En cuanto a los deudores, el gobierno implementa diversos programas con la finalidad de reestructurar los créditos en términos de unidades de inversión (UDIs), modificar plazos y aplicar deducciones a aquellos deudores al corriente. Estos programas se engloban en el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores (Ade) y un programa de beneficios adicionales, que en conjunto a valor presente de 1997 representaron alrededor de 45 mil millones de pesos.
Adicionalmente se instrumentaron programas de apoyo para el sector agropecuario y para las pequeñas y medianas empresas, por otros 23 mil millones de pesos. En conjunto, estos programas a valor presente representan aproximadamente 2.4% del PIB de 1996.
Con relación a las instituciones, el programa incluyó dos modalidades. La primera consistió en intervenir aquellos bancos en los cuales se detectaron manejos fraudulentos, asignándoseles un interventor para reestructurar y sanear sus operaciones y ponerlos a la venta posteriormente, o en algunos casos, liquidarlos si se determina que el banco no tiene valor como un negocio en marcha. A junio de 1999, 18 eran los bancos en esta situación, de los cuales Fobaproa asumió su cartera. De éstos, 4 han sido vendidos a terceras partes, 4 se encuentran en proceso de limpia y 10 están en liquidación. El costo de este programa se estima en aproximadamente 7 por ciento del PIB.
La segunda modalidad consistió en apoyos temporales para capitalización. En este caso, los bancos que entraron al programa se financiaron vía la emisión de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria, las cuales fueron compradas en su totalidad por Fobaproa con recursos del Banco de México. Estos bonos tienen una madurez de 10 años con cupón cero y capitalizan interés. Por su parte los bancos intentan recuperar parte de la cartera vencida y canalizan este monto hacia el Fobaproa. Al final se compensan ambos elementos. Debe destacarse que los bancos compartirán 25 a 30 por ciento de las pérdidas remanentes. Para esto último los bancos tienen la obligación de crear provisiones de respaldo para dicho porcentaje.
Estas provisiones empezaron en septiembre de 1998 y en ocasiones se han diferido. Los bancos tenían la posibilidad de liberarse del programa en los siguientes cinco años. En caso contrario, los montos no liquidados serían convertidos en acciones ordinarias que posteriormente Fobaproa se encargaría de vender. Como resultado de este programa, para junio de 1997 Fobaproa contaba con activos por un total de 363 mil millones de pesos, de los cuales el 58% provenían de bancos intervenidos y el resto del Programa de Capitalización y Compras de Cartera a Bancos Comerciales. La volatilidad y altas tasas de interés han incrementado el costo, esto debido a que los bonos pagaban una tasa de Cetes 91 días más un margen.
En abril de 1998, el gobierno envía una iniciativa al Congreso de la Unión, en la cual se propone hacer explícito el costo derivado de este programa e integrarlo a la deuda pública. Para febrero de 1998, se estima que los pasivos directos de Fobaproa y Famerval con garantía explícita o riesgo del Gobierno Federal y los pasivos directos de las instituciones intervenidas sumaban alrededor de los 552 mil millones de pesos, esto es, alrededor de 15% del PIB.
El papel del Congreso ya lo conocemos, con la entonces alianza del PRI y el PAN se transformó el Fobaproa en IPAB y la deuda generada por los pasivos se sigue pagando a través del Presupuesto de Egresos.
Otra hubiera sido la historia si el Congreso hubiera tenido una mayor participación derivada de la Ley de Deuda Pública, anticipando la actuación de la Secretaría de Hacienda en la aprobación del rescate. Es por ello que hoy resulta indispensable un mayor margen de acción por parte del Legislativo.
El artículo 73 constitucional faculta al Congreso para aprobar la deuda pública del Ejecutivo, siempre y cuando ésta se destine a inversión productiva. Hasta aquí parece que todo está bien, sin embargo la Ley General de Deuda Pública otorga facultades a la Secretaría de Hacienda para interpretar la ley y emitir reglamentación relativa al tema.
Debido a ello, en ocasiones el Legislativo no tiene idea clara sobre el endeudamiento cuando se autoriza en el presupuesto de egresos, ni tampoco para exigir claridad sobre la totalidad de los compromisos de pago adquiridos por el gobierno. Dado que Hacienda lleva a cabo la negociación de la deuda externa, tanto directa como de cartera, el Congreso no puede poner un coto a la inversión nociva, desplazante o monopolística.
Una muestra de ello es el crédito contingente que, sin autorización de las Cámaras está negociando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional por 17 mil millones de dólares. En vez de atacar las causas de otra eventual crisis financiera (el desequilibrio externo, la sobrevaluación del peso, la alta exposición al capital volátil, etcétera) el gobierno pretende de nueva cuenta protegerse sometiendo al país a la condicionalidad del Fondo.
Fundado en lo anterior, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 3, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Deuda Pública para quedar de la siguiente manera:
Artículo 3
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, así como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento, previo acuerdo con el Congreso de la Unión.
.............
Artículo 5
.............
II.- Someter a la autorización del Presidente de la República y del Congreso de la Unión las emisiones de bonos del Gobierno Federal que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo Federal lo autorice, a través de la Secretaría. Estas emisiones constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos contractuales respectivos. Sus demás características serán señaladas por la misma Secretaría al suscribir las actas de emisión o los documentos contractuales mencionados.
...........
IV.- Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, liquidación de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstitos concertados, así como la reposición de los valores que documenten obligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en las bolsas de valores extranjeras y nacionales, informando previamente al Congreso de la Unión.
............
Las entidades del sector público federal requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Congreso de la Unión para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales.
...........
...........
Artículo 7
El manejo que hagan las entidades de recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión, las que podrán coordinarse con la secretaría de Estado o el departamento administrativo al que corresponda el sector respectivo.
Artículo 8
Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán estar comprendidos en el programa financiero elaborado en los términos del capítulo III de esta ley y en el programa general de deuda y deberán informarse al Congreso de la Unión.
Transitorios
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero de 2002
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Febrero 27 de 2002.)
Los suscritos legisladores de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que el Gobierno de los Estados Unidos de América determinó en octubre pasado que las importaciones de acero dañan a los productores estadounidenses;
Que con el fin de proteger a su industria acerera, el próximo día 6 de marzo el Presidente de los Estados Unidos decidirá sobre la posible aplicación de medidas de salvaguarda contra las importaciones de dicho producto;
Que en el sector siderúrgico, Estados Unidos mantiene un superávit en su balanza comercial con México, por lo que las exportaciones mexicanas no pueden ser consideradas como causantes de daño a la industria de ese país;
Que de imponer medidas de salvaguarda a las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos dañaría el alto nivel de complementariedad alcanzado en el comercio de productos de acero entre ambos países como resultado del TLCAN y la integración entre empresas e inversiones en el sector manufacturero, principal usuario de los productos de acero de la región;
Que la industria acerera nacional está pasando por un momento difícil en sus condiciones de producción y competitividad internacional que pone en riesgo esta rama de la economía y los empleos que ello entraña.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente emite una exhortación al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica para que interceda ante el gobierno del Presidente George W. Bush para que ante la eventual decisión sobre la posible aplicación de medidas de salvaguarda contra las importaciones de acero, se excluyan las exportaciones mexicanas de conformidad con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Segundo: La Comisión Permanente exhorta igualmente a las autoridades comerciales de Estados Unidos de América a abstenerse de imponer aranceles a las importaciones de acero mexicano, y a la Comisión Internacional de Comercio de ese país a que reconsidere su recomendación de imponer medidas de salvaguarda en el caso de países con los cuales los Estados Unidos de América tiene Tratados de Libre Comercio, como es el caso de México.
Tercero: Exhortamos también al Ejecutivo federal de nuestro país y particularmente a la Secretaría de Economía para que continúe y refuerce las acciones tendientes a proteger a la industria acerera nacional y con ello preservar este sector estratégico de nuestra economía y las correspondientes fuentes de empleo que ello significa.
Cuarto: Que siendo este un asunto de primordial importancia y dado que las medidas a las que se hizo referencia están por tomarse en el curso de los próximos días, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta Mesa Directiva dé al presente el trámite de urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 27 días del mes de febrero de 2002.
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica), Sen. José Natividad González Parás (rúbrica).
(Considerada de urgente resolución y aprobada con
las modificaciones hechas por el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
Comuníquese al Ejecutivo y a las demás autoridades. Febrero
27 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2002
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes,
Consideraciones
Una de las prioridades de nuestro proyecto de nación lo constituye, sin duda alguna, la educación. A lo largo del siglo pasado, por mandato constitucional, el Estado mexicano realizó considerables esfuerzos en pro de la función educativa, no obstante lo cual aún subsisten enormes rezagos que nos obligan a mejorar permanentemente el funcionamiento del complejo sistema educativo nacional.
Es por la sensibilidad y responsabilidad política que nuestro partido ha tenido de manera permanente frente a este tema que hemos decidido traer a esta tribuna la preocupante coyuntura por la que atraviesa la educación superior en todo el país. Es una situación que se encuentra detrás de los conflictos universitarios que se han dado sucesivamente en más de 35 instituciones educativas, algunas de las cuales se vieron paralizadas por movimientos de huelga. Conflictos que no se han resuelto en lo sustancial, sino que su solución simplemente se ha postergado.
La educación superior vive hoy en día un problema estructural que le impide cumplir cabalmente con los objetivos que la sociedad le ha impuesto, y que tiene como punto medular una política salarial restrictiva que ha erosionado el nivel de vida de los trabajadores universitarios; que ha provocado un déficit cada vez mayor de los fondos para la seguridad social y que ha deteriorado las cada vez más adversas condiciones en las que se realizan actividades de investigación, docencia y difusión de la cultura. Esta problemática se expresa nítidamente en la situación por la que pasa la Universidad Autónoma Metropolitana, que hoy cumple 27 días de huelga.
La UAM fue creada en 1973 como respuesta a la creciente demanda educativa del Valle de México y recogió lo mejor de las experiencias de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Ello le permitió encarnar un nuevo proyecto educativo atento a los cambios, dinámico y con una organización flexible. Asimismo, le permitió sortear, no sin dificultades, las transformaciones operadas en el ámbito de la educación superior y el abandono gradual por parte del Estado de su responsabilidad de sostener este nivel educativo. Todo ello gracias al trabajo comprometido del personal académico y administrativo.
En la actualidad, la UAM imparte 59 licenciaturas, 10 especializaciones, 32 maestrías y 23 doctorados; es responsable de la formación profesional de más del 15% de los jóvenes que asisten a instituciones de educación superior en la Zona Metropolitana del Valle de México y muchos de sus profesores e investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En suma, la UAM es considerada una institución de excelencia con un fuerte compromiso social, equiparable en calidad académica a la Universidad Nacional.
La UAM y el conjunto del sistema universitario han padecido la política de contención salarial que ha hecho que miles de docentes e investigadores vean mermado sustancialmente su poder adquisitivo. Para dar un ejemplo del nivel de deterioro al que se ha llegado, baste mencionar que hoy en día un profesor-investigador de tiempo completo y con la categoría más alta de esa casa de estudios, con doctorado y varios años de trabajo universitario, percibe como sueldo base menos de $14 mil pesos al mes. Un salario ridículo e insultante.
Por ello, compartimos la demanda de los trabajadores de recibir un incremento salarial superior al 5.25% que ofrece la rectoría. Recordemos que se trata de un monto que se logró superar en otras instituciones académicas, como la UNAM, con 8.77%, en promedio, directo al salario, para el personal administrativo; Aguascalientes con 7.25%; Durango con 6.75%; Guadalajara con 6.75%; Morelos 7.5% y la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pactó un aumento de 6.75%, directo al salario.
Esta política de contención al ingreso, inducida por el Gobierno Federal mediante topes salariales y que ha sido denunciada por los propios rectores, ha generado en los últimos 15 años un modelo de incremento de las percepciones por vía de las becas y los estímulos al desempeño, basada en el trabajo "a destajo", el cual contraviene disposiciones legales, cuyo principio se asienta claramente en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que toda percepción producto del trabajo es salario. Cabe mencionar que en la determinación del salario cubierto con estímulos han quedado fuera los sindicatos y el SITUAM no es la excepción, lo que ha sido considerado legítimamente como un ataque a la bilateralidad.
En ese sentido, son entendibles las demandas de los trabajadores de la UAM, que buscan que las becas y estímulos otorgados en función del desempeño académico sean integrados totalmente al salario. El mecanismo de los estímulos rompe la homologación y genera una fuerte polarización y desintegración del salario, beneficiando sólo a una parte de los académicos, pues el problema no sólo es el mecanismo para otorgar los estímulos, sino los montos limitados que componen la bolsa de recursos a repartir y, sobre todo, la discrecionalidad con que se hace. En la UAM la cobertura y los montos de los estímulos han sido disminuidos discrecionalmente por el rector.
Por otra parte, desde hace más de 20 años, la política de contención salarial en México ha causado otro problema muy serio: que cada vez menos recursos sean aportados a la seguridad social de los trabajadores universitarios. Es un problema que se agrava porque al conjugarse con negociaciones contractuales ha generado una situación explosiva que se traduce en que si todos aquellos trabajadores universitarios que están en condiciones de jubilarse decidieran hacerlo el día de hoy, se necesitarían más de 120 mil millones de pesos para finiquitarlos.
Es obvio que se trata de recursos inexistentes en las propias instituciones de educación superior y que significan casi 3 veces el monto total que el Gobierno Federal presupuestó para este año, destinado a educación superior, ciencia y tecnología.
En el caso de la UAM, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el año 2002 de 2 mil 477.6 millones de pesos, el cual fue superior en 300 millones al propuesto por el Ejecutivo federal, pero es apenas suficiente para que esta institución enfrente satisfactoriamente sus necesidades de gasto corriente. Esto indica la necesidad de asignar recursos crecientes a esta universidad los próximos años.
Junto a estas cuestiones medulares, se completa el cuadro del conflicto con una serie de medidas administrativas que ha tomado la rectoría, que a los ojos de los trabajadores resultan en francas violaciones a su contrato colectivo de trabajo.
En síntesis, el sindicato exige la resolución satisfactoria del pliego petitorio motivo de la huelga, entre cuyas demandas destacan:
Por las manifestaciones de diversa índole que se han realizado, tanto en la capital del país, como en las diversas entidades de la República, resulta evidente que los esfuerzos desplegados en las universidades e instituciones de educación superior han sido insuficientes para resarcir la caída salarial del sector y para desarrollar las bases fundamentales de su modelo educativo, que es la docencia y la investigación.
El PRD considera oportuno que esta soberanía se pronuncie en torno a la solución de este conflicto, al tiempo de que se comprometa a conformar propuestas, junto con el Ejecutivo Federal, que lleven a encontrar fórmulas de financiamiento público creciente y sostenido hacia este importante y estratégico nivel educativo.
Desde nuestro punto de vista, existen condiciones para que, en el marco de la autonomía universitaria y sin poner en riesgo las actividades sustantivas de la UAM, las autoridades ofrezcan al sindicato una propuesta salarial que les permita levantar la huelga.
En las revisiones contractuales de instituciones como ésta, las parte están en libertad de acordar la asignación de los recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados, destinados a salarios y prestaciones. El Poder Legislativo fija el techo financiero, sin embargo, la negociación bilateral determina su mejor distribución. La suspensión de las negociaciones sólo agrava el conflicto.
En consideración a ese compromiso y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana para que, mediante un diálogo amplio y abierto con el SITUAM, encuentre las vías que permitan solucionar el conflicto de huelga que vive esa universidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, lleven a cabo las acciones necesarias para fortalecer el sistema nacional de educación superior, en particular las políticas de financiamiento, y coadyuven a la solución inmediata de la huelga en la UAM.
Solicito que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para su conocimiento y desahogo correspondiente.
Febrero 27 de 2002.
Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos, y a la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente. Febrero 27 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL EXPLIQUE ANTE EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, LAS RAZONES QUE TIENE PARA APLICAR EL ARTICULO 39 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN EL CASO DE LAS BEBIDAS QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS DEL AZUCAR DE CAÑA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2002
Los legisladores que firman al calce, de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Consideraciones
Recientemente el Gobierno Federal expropió 27 ingenios azucareros, con el argumento de que dichos ingenios se encontraban en una profunda crisis en la que sus dueños no podrían cubrir los adeudos contraídos con los productores, afectando aún más a una industria que ha sido pilar en la alimentación de los mexicanos.
El Gobierno Federal reconoce la crisis económica por la que esta pasando la industria azucarera, ¿entonces por que actúa de esa manera al tratar de aplicar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación?
De esta industria dependen más de dos millones de compatriotas, los cuales tienen que subsistir día con día con las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA), acuerdo que los Estados Unidos de América no han cumplido desde aproximadamente el mes de octubre del año 2000. Incumplimiento que ha estado muy unido con la gran cantidad de jarabe de maíz de fructuosa, que ha contribuido para que existan 600 mil toneladas de azúcar de excedente en los ingenios, las cuales no han sido compradas por el vecino del norte, aún cuando se establecía en el TLC, que si México tuviera excedentes por dos años consecutivos, este sería comprado.
Es obvio que es necesario liberar las 600 mil de toneladas de azúcar de excedente, así lo ha manifestado el Gobierno Federal; pero ¿cómo podemos realizarlo si las propuestas de este Congreso parecieran que no son afines a los intereses del gobierno?
Por otra parte el senador estadounidense Charles Grassely, del estado norteamericano de Iowa -el cual por cierto es el primer productor de maíz amarillo-, ha manifestado que "llegó a sus límites de paciencia y que el Secretario de Economía de México el señor Ernesto Derbez está comprometido a resolver a mediados de febrero la controversia entre ambos países con relación a la fructuosa". Es claro que el Secretario de Economía no tiene facultad en asuntos que competen al Legislativo, por lo que ante esta Comisión Permanente el pasado 20 de febrero se presentó un punto de acuerdo en el que se solicitaba investigar al Secretario de Economía por sus nexos y compromisos con dicho legislador.
La Cámara de Diputados con la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73, fracción VIII, y 74, fracción IV, aprobó el pasado 30 de diciembre el decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en el que se establece un impuesto con una tasa de 20% para todas aquellas aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse, permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña. Dicho decreto fue sancionado y publicado por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación del día primero de enero del año en curso.
En nuestro país existen únicamente dos compañías dedicadas a la producción y comercialización de fructuosa, estas son: Arancia Com Products y Almidones Mexicanos las cuales son empresas norteamericanas que basan su nivel de producción en el maíz amarillo, subsidiado por el Gobierno estadounidense, estas dos empresas serían las únicas en nuestro país que se verían favorecidas. Aunado a ello, es sabido que la fructuosa de maíz produce impactos negativos en la salud, ya que las enzimas que actúan en el proceso de digestión lo hacen de manera distinta a la glucosa, provocando afectaciones al hígado.
En días pasados el Presidente Vicente Fox Quesada, anunció que con la facultad que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, eximiría del pago que establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en su artículo segundo, fracción primera, inciso g). Lo anterior contraviene el principio de legalidad tributaria, que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional que señala que sólo el Poder Legislativo puede decretar las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, por otra parte el segundo párrafo del artículo 131 constitucional señala las excepciones a la regla, mismas que debe autorizar el Congreso de la Unión ya que la fracción f del artículo 72 de la Ley Fundamental establece que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden ser reformadas, modificadas, derogadas o abrogadas mediante el proceso legislativo que les dio origen y no mediante otro mecanismo. Por todo lo anterior si una contribución amerita ser eliminada sólo lo puede hacer el propio Congreso, mas nunca el Poder Ejecutivo, y si así lo hiciera esto sería legal pero no constitucional.
De todo lo anterior, pareciera que con la actitud demostrada por los funcionarios del gobierno del Presidente Fox, ya no existe dentro de sus responsabilidades tiempo suficiente para resolver las inquietudes del pueblo de México y de la industria azucarera, han ignorado que la caña de azúcar está presente en 15 estados; que registra una producción de cuatro millones 800 mil toneladas de azúcar y es fuente de más 2.5 millones de empleos directos e indirectos en los campos cañeros (datos de la CNIAA). No ha sido esta la única ocasión en que los funcionarios de Administración Pública Federal han mostrado desinterés en atender las solicitudes de los ciudadanos legisladores. Existen similares casos en que el Gobierno Federal prefiere actuar a espaldas del Congreso tratando de conducir al país a un escenario de conflicto entre Poderes de la Unión.
El día de ayer, el Secretario de Agricultura presentó la política nacional azucarera, la que establece 16 acciones que supuestamente darán certidumbre y rentabilidad al sector. Nosotros como legisladores queremos conocer la eficacia y viabilidad de este proyecto, queremos saber si la medida de eliminar el subsidio así como el impuesto a la fructuosa, fueron tomadas en cuenta con el sector azucarero.
Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México solicitamos la comparecencia de los secretarios de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que expliquen las políticas, los programas de apoyo, así como la información relativa a las importaciones y exportaciones de la industria azucarera, como también el cumplimiento y los términos del TLC, en esta materia, y los compromisos adquiridos por los funcionarios del gobierno de México con los legisladores norteamericanos.
Ante la urgencia de resolver un problema que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la situación económica de la industria del azúcar de la cual dependen millones de mexicanos, es primordial que esta soberanía conozca en detalle la actuación de las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política azucarera 2002-2006 que se implementará, así como las razones que les motivaron proponer al Ejecutivo federal la aplicación del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para eximir del pago del impuesto del 20% a la fructuosa.
Por ello, los legisladores que firmamos al calce solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita la presencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz; del C. Secretario de Economía, Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista; del C. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, en los términos que establecen el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 45, numeral 4º, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón Legisladores de la República, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de febrero del 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Febrero 27 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INVESTIGUEN LAS AMENAZAS QUE HAN SUFRIDO PERIODISTAS MEXICANOS Y SE PROCEDA LEGALMENTE EN CONSECUENCIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2002
A pesar de los esfuerzos que la sociedad mexicana ha realizado durante los últimos 34 años, para consolidar la plena vigencia de los derechos humanos, el cumplimiento a la Constitución Política, la legalidad y el irrestricto respeto al Estado de derecho, aún existen actores y operadores del pasado autoritario, que reclaman nuevamente su advenimiento criminal, ante la tolerancia y veces complicidad, de las autoridades correspondientes del Gobierno Federal.
Ninguna sociedad moderna, con clara visión de lo que representa la vida democrática, está exenta de los males que se incubaron en su pasado antidemocrático, de hegemonía partidista, corrupción e impunidad.
Pero ha sido esta clara visión de estas sociedades que miran hacia un presente y futuro próspero, libre y justo, lo que las motiva a impedir el regreso del crimen y la pobreza institucionalizada. En esta lucha por un mejor país, los medios democráticos y liberales, así como los periodistas han sido parte fundamental del cambio anhelado.
Sin embargo, desde hace varios años y hasta la fecha los periodistas experimentan en carne propia una de las prácticas más primitivas e indeseables del sistema político mexicano: el amedrentamiento, la amenaza y el crimen a periodistas que ejercitan en forma profesional su derecho a la libre expresión.
Varios han sido los periodistas asesinados por los patrocinadores del autoritarismo y la corrupción, sin que exista claro compromiso de los gobiernos en turno por esclarecerlos.
La sangre de los periodistas libres es altamente cara, porque para los compinches del autoritarismo y la impunidad, resulta peligroso que sus tropelías sean conocidas por la sociedad; ¿quiénes son, cuánto ganan, quiénes los encubren, por qué el gobierno abdica de su responsabilidad, qué tanto daño le hacen al país, qué debemos hacer los mexicanos para evitarlo?
Desde las amenazas, el asalto y hasta el crimen, la muerte llegó sin pedir permiso al periodista Félix Alonso Fernández García en Tamaulipas; han sido hostigados judicialmente Manuel Jesús Clouthier y Refugio Haro del periódico Noroeste; asimismo, amenazados con arma de fuego en Tijuana los reporteros del diario Frontera, Ernesto Alvarez y Gonzalo González, su agresor está libre al pagar una fianza-multa de cuatro mil pesos.
Para el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional esta etapa de pasado ignominioso parece revivir. Ahora amenazas, fuertes amenazas, le han tocado a periodistas como Eduardo Ibarra aquí en México, Jesús Blancornelas en Tijuana, Otoniel Ramírez en Sonora, José Laya y Samira en Cd. Juárez, Chihuahua, y, últimamente, hace algunos días a don Fausto Fernández Ponte, en su propia oficina en la Ciudad de México, quien después de haber publicado la verdad sobre el caso del General Gallardo, entre otros temas de gran trascendencia nacional, recibió una llamada anónima que le dijo "no sabes con quién te estás metiendo.
La lista es grande, tan sólo el director de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez, tiene documentadas 72 agresiones contra periodistas durante el primer año del gobierno actual.
Se trata como lo dijo el periodista Carlos Ramírez, de casos clásicos de intimidación a periodistas que resultan aún más aberrantes de lo que ya son, porque ocurren en un momento histórico en el cual se supone que el país dejó atrás una época autoritaria y entró en otra en la que predomina un espíritu de cambio.
Las amenazas sobre don Fausto Fernández Ponte, últimas realizadas a periodistas en el México que suponíamos había cambiado, junto con los demás amedrentamientos a otros periodistas, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, encontrando a sus responsables y procediendo en contra de ellos, llámense intelectuales o materiales.
Si el gobierno no actúa en consecuencia, estará convalidando la etapa de ajusticiamiento de periodistas democráticos que en el pasado inmediato vivimos en forma por demás aterradora.
A un año del cambio anunciado, la postura del Ejecutivo federal sobre la defensa de los derechos humanos sigue todavía pendiente. El caso de Digna Ochoa no resuelto aún, es una muestra de ello, donde la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y el del Distrito Federal no existe.
Esa misma temática priva en el resto del país, donde el hampa organizada, las cofradías políticas impunes, las nomenclaturas criminales, el narcotráfico y en sí, la delincuencia organizada, realizan su trabajo campeador, lo que tristemente demuestra que la respuesta del gobierno ante estos hechos ha quedado rebasada por la delincuencia organizada. Así la seguridad pública, la soberanía nacional y la democracia están en grave riesgo.
Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente punto de acuerdo en los términos siguientes:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Que la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicite al Gobierno Federal, investigue a la brevedad posible las amenazas que han sufrido todos los periodistas mexicanos y se proceda legalmente en consecuencia contra los autores materiales e intelectuales, además de garantizar la vida y actividad de todos los trabajadores de los medios. Asimismo, solicitamos que el Ejecutivo federal se apegue a lo que dispone el Plan Nacional de Desarrollo en materia del respeto de los derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 27 días del mes de febrero de dos mil dos.
Diputados: José Manuel del Río Virgen, Alejandro Zapata Perogordo (suscribo el punto de acuerdo aunque por consideraciones diferentes a las apuntadas), José Rodolfo Escudero Barrera, Efrén Leyva Acevedo, Juan Carlos Regis Adame (rúbricas).
(Turnada a la Primera Comisión de Trabajo. Febrero
27 de 2002.)
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 28 de febrero, a las 9 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Análisis y estudio de iniciativas y proposiciones
con punto de acuerdo turnadas a esta Comisión de Cultura por la
Presidencia de la Junta Directiva de la H. Cámara de Diputados.
5. Presentación del programa anual de trabajo
de la Comisión de Cultura de la H. Cámara de Diputados.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Manuel Correa Ceseña
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 28 de febrero, a las 9 horas, en el salón A, del restaurante Los Cristales, para presentar el informe del proceso de selección de los aspirantes a integrar el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, con la organización Consorcio para el Diálogo, AC, el jueves 28 de febrero, a las 12 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su reunión-comida, que se realizará el jueves 28 de febrero, a las 14:30 horas, en el Club de Banqueros, ubicado en avenida 16 de Septiembre, número 27, colonia Centro.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A la reunión que efectuará el jueves 28 de febrero, a las 13 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Opinión del Comité sobre el nombramiento
de los dos directores de proyecto y cuatro investigadores "A" que ocuparán
las plazas del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 28 de febrero, a las 14:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Foros Regionales de Consulta Pública para
el Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca.
3. Agenda legislativa de la Comisión.
Atentamente
Dip. Jesús Burgos Pinto
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 28 de febrero, a las 16 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Informe de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.
4. Foro Los Infantes y Adolescentes Frente a los Medios
de Comunicación Electrónica.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DEL GRUPO DE TRABAJO DE CAFETICULTURA
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 5 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Oscar Alvarado Cook
Coordinador
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO, DE COMUNICACIONES, Y DE TRANSPORTES
A la comparecencia del Lic. John McCarthy, Director General de Fonatur, y el Arq. Jorge Fernández Varela, Subsecretario de Infraestructura de la SCT, que se efectuará el martes 5 de marzo, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
Orden del Día
I. Lista de asistencia y verificación de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
III. Palabras de bienvenida a cargo del C. Presidente
de la Comisión.
IV. Exposición a cargo del Lic. John McCarthy,
Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (20 minutos).
V. Exposición a cargo del Arq. Jorge Fernández
Varela, Subsecretario de Infraestructura de la SCT (20 minutos).
VI. Sesión de preguntas y respuestas a cargo de
los ciudadanos diputados.
VII. Mensaje de clausura a cargo del C. Presidente de
Comisión.
Atentamente
Dip. Ernesto H. Rodríguez Escalona
Presidente de la Comisión de Turismo
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión con funcionarios de la Semarnat, el martes 5 de marzo, a las 11 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 5 de marzo, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura y discusión, en su caso, del plan de trabajo
de esta Comisión.
Presentación de las modificaciones al Programa
de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), por parte
del C. Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador Nacional.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco J. Cantú Torres
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 6 de marzo, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales, para presentar el informe del proceso de selección de los aspirantes a integrar el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Atentamente
Dip. José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se realizará el miércoles 6 de marzo, a las 11 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Atentamente
Dip. María Cruz Martínez Colín
Coordinadora de la Subcomisión