Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción, II; 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen y posterior discusión, la siguiente iniciativa:
Exposición de Motivos
Nuestra Carta Magna, en la fracción II del artículo 41, faculta a los partidos políticos, para que en forma equitativa tengan derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo a las formas y procedimientos que la propia ley establece, y son precisamente los artículos 42 al 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los que determinan el orden, distribución del tiempo, e imponen una serie de limitaciones y restricciones al acceso de los distintos medios de comunicación, pues ésta prerrogativa no puede ejercitarse en forma exclusiva y ventajosa para algún partido político determinado, lo cual se ha suscitado, ya que se ha dado el supuesto, de que candidatos a cargos de elección popular, revistan el carácter de concesionarios o accionistas de una persona moral que es titular del derecho de concesión para la explotación de un medio de comunicación, situación que es aprovechada para manipular a la opinión pública y evidentemente para manejar a su libre arbitrio la tendencia o preferencia electoral de los ciudadanos que pretenden ejercer su derecho al voto.
Así las cosas, con la presente iniciativa, pretendemos terminar de una vez por todas, con esta práctica que evidentemente constituye una flagrante violación a los dispuestos en la fracción II del artículo 41 de nuestra Constitución, y a lo dispuesto en los artículos 42 al 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues no debemos permitir que un partido político goce de mayores prerrogativas, y lo que es peor, que se rompa con el principio de equidad que debe prevalecer en todas las campañas electorales, pues resulta intolerante que quien detente un derecho o interés en cualquier medio de comunicación sea candidato a un puesto de elección popular, pues lógicamente al estar estrechamente ligado a los intereses de un medio de comunicación, esto lo coloca en una situación privilegiada y ventajosa que obviamente es explotada y genera una competencia ilegal y desleal frente a los demás candidatos en la contienda electoral respectiva.
Por lo expuesto, los integrantes de este grupo parlamentario no permitiremos que se continúe violentando nuestra legislación electoral y que maliciosamente se vean beneficiados aquellos que se aprovechan de su fácil, libre e indiscriminado acceso a los distintos medios de comunicación, por lo que sometemos a consideración la propuesta de adicionar una fracción a los artículos 55, 82 y 116 de nuestra Carta Magna, en las que deberá establecerse la prohibición, para que no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, aquellas personas que sean dueñas, accionistas, gerentes, directores ni miembros del consejo de administración de concesionarios de cualquier medio de comunicación, por lo que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a consideración del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de:
Decreto mediante el cual se reforman los artículos 55, 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.- Se adiciona una fracción VIII a los artículos 55 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
VIII. No ser concesionario, socio, accionista, administrador, director, empleado, gerente, miembro del consejo de administración, comisario de la persona moral concesionario de una empresa que se dedique al uso, aprovechamiento o explotación de las telecomunicaciones y a la difusión de noticias, ideas e imágenes como vehículos de información y de expresión, a no ser que renuncie a sus derechos y/o se separe de sus funciones noventa días antes del registro de su candidatura.
VIII. No ser concesionario, socio, accionista,
administrador, director, empleado, gerente, miembro del consejo de administración,
comisario de la persona moral concesionario de una empresa que se dedique
al uso, aprovechamiento o explotación de las telecomunicaciones
y a la difusión de noticias, ideas e imágenes como vehículos
de información y de expresión, a no ser que renuncie a sus
derechos y/o se separe de sus funciones noventa días antes del registro
de su candidatura.
Artículo 116. .........
La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. No podrá ser electo aquel que sea concesionario, socio, accionista, administrador, director, empleado, gerente, miembro del consejo de administración, comisario de la persona moral concesionario de una empresa que se dedique al uso, aprovechamiento o explotación de las telecomunicaciones y a la difusión de noticias, ideas e imágenes como vehículos de información y de expresión, a no ser que renuncie a sus derechos y/o se separe de sus funciones noventa días antes del registro de su candidatura.
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero del 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Febrero 13 de 2002.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002
La suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El desenvolvimiento del Estado mexicano requiere de una administración pública orientada al servicio y cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y oportunidad a los cambios estructurales que vive y demanda el país, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos y cumpla puntualmente con programas precisos y claros de rendición de cuentas.
El gobierno federal debe promover una descentralización administrativa profunda, para fortalecer el federalismo. En este sentido, es necesario evaluar las funciones que actualmente realiza la Federación y determinar cuáles podrían desempeñarse de manera más eficiente, menos costosa y con mayor pertinencia por los gobiernos estatales y municipales o con su participación, así como los organismos descentralizados y desconcentrados.
Es indispensable dar a los órganos encargados de evaluar y fiscalizar la gestión pública y el ejercicio del gasto la capacidad técnica, la independencia y credibilidad necesarias. Esto implica una reforma estructural profunda de las actuales instituciones y mecanismos de control interno y externo de la gestión pública, y adecuar el marco jurídico a las necesidades de rendición puntual de cuentas a la ciudadanía.
La iniciativa que presento comprende el compromiso inquebrantable de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrado como garantía constitucional. Es por ello que la misma pretende dar completa autonomía al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Aquí conviene recordar las palabras del Secretario de Gobernación cuando afirmó: "Se debe dar autonomía al INEGI a fin de que los datos nacionales sean los mismos para todos. Esto es reconocer que la información del gobierno varía según la ocasión; pero en lugar de hacer el esfuerzo por ponerlo al servicio de la sociedad, se le deja como está y se pide que un órgano administrativo inferior haga lo que el superior es incapaz de hacer".
A lo anterior agregamos que México debe contar con datos confiables, unificados en el ámbito nacional y que auxilien en cualquier debate.
La reforma que proponemos se ubica en el marco de la reforma a la administración pública federal la cual está organizada con base en el pacto federal. La reforma al 26 constitucional le daría autonomía al instituto. Una ley orgánica determinará su organización y funciones. Cumpliendo con los siguientes principios:
II. El ejercicio de del instituto se realiza con recursos públicos, por lo cual se dispone la rendición de cuentas como medio de evaluación de su desempeño. Se fijarán estándares de responsabilidad, honradez, eficiencia y calidad de los servicios públicos, los servicios sociales, y la producción de bienes y servicios prestados por el mismo.
Debe además presentar veracidad en su información, pues no debe tener compromiso con poder político alguno, estando en libertad de ordenar siempre sus acciones por la búsqueda de la verdad, desde el planteamiento y diseño de la metodología de sus estudios y levantamientos estadísticos, hasta el arreglo final de los resultados obtenidos y su publicación.
Nada será más útil al país y a sus ciudadanos que el conocimiento detallado, preciso y veraz de la realidad nacional, único medio para constatar los avances logrados, corregir posibles desviaciones y reorientar, en su caso, los asuntos públicos.
Asimismo, debe ser objetivo, entendida la objetividad como la búsqueda del conocimiento a partir de los datos mismos de la realidad y no de las convicciones del investigador. Ésta deberá ser la divisa de los trabajos e investigaciones del instituto.
Es evidente que los estudios sobre las condiciones sociales y económicas de la sociedad pueden diseñarse de modo que se obtengan resultados predeterminados para favorecer alguna tendencia política. Se actúa con parcialidad; es relativamente fácil aparentar rigor metodológico y dar a todo el proceso el cariz de un estudio científico. De hecho, sabemos que así se obtienen muchos de los indicadores económicos que utilizamos cotidianamente.
No es raro, al menos en las administraciones pasadas, el caso de índices que se descontinuaban, cuando sus indicadores resultaban adversos a alguna política gubernamental, o de investigaciones ya realizadas que no se publicaban o se hacía de manera parcial para ocultar información que pudiera influir en determinada coyuntura política.
Si el instituto se rige por los principios de veracidad y objetividad se obtendrán indicadores geográficos y estadísticos veraces y objetivos, que vendrán a ser, en su conjunto, el más fiel espejo para evaluar la actuación gubernamental.
Todo lo anterior se relaciona con el derecho de los ciudadanos a disponer de la información generada por el instituto y con la obligación de éste de proporcionarla y de publicarla en los términos establecidos legalmente.
Es por ello que la actual iniciativa plantea también el derecho a la información que genere el instituto. Y para evitar cualquier interferencia de los poderes establecidos, el instituto será el encargado y responsable de la publicación de todos sus trabajos.
En esta legislatura, tenemos la valiosa oportunidad de avanzar en la creación de un órgano autónomo que será de gran utilidad a las generaciones futuras, para planear y resolver sus políticas públicas y conocer mejor a su nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto
Artículo Primero.- Se añaden los párrafos séptimo y octavo al artículo 26 constitucional para quedar como sigue:
Artículo 26.-
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, los censos de población y vivienda y los programas correspondientes; los órganos responsables del proceso de planeación, los sectores sociales, los particulares y el Congreso de la Unión, contarán con la información elaborada por un organismo público autónomo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios que funcionará con independencia de los tres poderes de la Unión, según los principios de veracidad y objetividad.
Además, en atención al derecho a la información consagrada en el artículo 6 de esta Constitución, todos los ciudadanos tendrán acceso a la información generada por dicho instituto, con excepción de aquella que la ley señale específicamente como de uso restringido.
Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de febrero de 2002
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Febrero 13 de 2002.)
A su reunión plenaria ordinaria, el miércoles 20 de febrero, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
4. Lectura y aprobación de dictámenes.
5. Comunicación sobre el programa de trabajo para
el segundo semestre del año en curso.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
II.- Avances del grupo especial de trabajo de Renave, y Gas Natural y LP.
III.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secofi, (ahora Secretaría de Economía) para que permita la importación de cualquier auto que por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor seguridad. Presentada el 14 de noviembre de 2000 por la Dip. Esveida Bravo Martínez.
IV.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a puntos de acuerdo relacionados con el aguacate mexicano.
V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se revise el TLC en materia agropecuaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, se dé apoyo a los productores de maíz y al campo. Presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Manuel Martínez Nava.
VI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 15 de agosto de 2001.
VII- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada por la Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 26 de abril del 2001.
VIII.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la comunicación del H. Congreso del estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el Proyecto de Norma Oficial denominada "La Leche de Vaca, su Denominación, Especificaciones, Formación Comercial y Métodos de Prueba".
IX.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para incorporar dentro del decreto presupuestal de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2001, una partida para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el préstamo que se otorga al Consejo Nacional de Productores de Frijol y del punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, al producto frijol en el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.
X.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de octubre de 2001.
XI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía, de Agricultura y Ganadería; así como de Hacienda y Crédito Público, establezcan criterios para otorgar subsidios al sector agropecuario.
XII.- Análisis y discusión de la iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 34-A, 34-B y 34-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XIII.- Informe de actividades de las Subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores, así como informe de actividades del secretariado técnico.
XIV.- Asuntos generales.
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 20 de febrero, a las 13 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales, a la cual asistirán como invitados especiales los miembros del Consejo de la Sociedad Civil en México, con el objetivo de mantener una vinculación e intercambiar proyectos de trabajo relacionados con las organizaciones de la sociedad civil.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
Al Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia de Transporte Marítimo, que tendrá verificativo los días 22 y 23 de febrero, a partir de las 9 horas, en el World Trade Center, en Boca del Río, Veracruz.
La Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo de la Comisión de Transportes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los sectores políticos, sociales y ciudadanos en general y de conformidad con el artículo 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria del transporte marítimo, así como al público en general, a participar en el:
Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia del Transporte Marítimo
Misión: Abrir un espacio de comunicación entre la Comisión de Transportes y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones y todos aquellos trabajadores de la industria del transporte, así como el público en general para enriquecer con propuestas la reforma estructural del transporte.
Visión: Dictaminar una reforma estructural consensuada con los actores políticos y sociales del país, cuyo contenido plasme las inquietudes, necesidades y propuestas para el desarrollo del sector marítimo en México.
Objetivos
1. Conocer las distintas opiniones y propuestas del sector marítimo para enriquecer la iniciativa de la reforma estructural.
2. Recopilar la información presentada por cada uno de los sectores y la población en general.
3. Elaborar una memoria que sirva de documento base para enriquecer con propuestas la reforma estructural de transporte.
Fecha y Sede
22 y 23 de febrero, World Trade Center, Boulevard Adolfo Ruíz Cortines núm. 3497, col. Ylang Ylang, Boca del Río, Veracruz.
Registro y entrega de propuestas
Mesa 2.- Los contratos y los servicios públicos del transporte federal, contenidos en el título V. De los Contratos, y capítulos III, IV, V y VIII y título VI. De los Servicios Públicos del Transporte.
Mesa 3.- Del Sistema Nacional de Transporte Federal, contenido en los títulos VII. Tarifas, VIII. Requisa; IX. De la Construcción, Conservación y Explotación de las Vías Generales de Comunicación; X. De las Responsabilidades; XI. Verificación; XII. Accidentes y Salvamento; XIII. Infracciones y Sanciones; XIV. De la Comisión Técnica Consultiva; XV. del Sistema Nacional de Transporte Federal; XVI. de la Comisión Reguladora del Transporte Federal; XVII. Del Registro Público.
Mesa 4.- De la Operación Portuaria, título VI, capítulos VIII. De los servicios portuarios y IX. De las Administraciones Portuarias Integrales.
Mesa 5.- Ley para la Reactivación de la Marina Mercante, Disposiciones Generales, Medidas de apoyo a las líneas navieras mexicanas, medidas de apoyo a la construcción y reparación naval, términos de contratación de tripulantes mexicanos, el seguro y comercio marítimo.
Mesa 6.- Protección y Conservación Ecológica.
El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del foro.
Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a la Comisión de Transportes, sito en Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque; CP 15969, México DF; tel. conmutador: 5628-1300, extensiones 6203, 6204, 6205; fax: 6226, página web:
www.cddhcu.gob.mx/comisiones.transpor
E-mail: jmduarte@comisiondetransportes.gob.mx, jduarte@infosel.com.mx, jescudero_43@hotmail.com
Atentamente
Dip. Fed. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes (PAN)
Dip. Fed. José Rodolfo Escudero Barrera
Coordinador de la Subcomisión de Puertos y Transporte
Marítimo (PVEM)
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
Asu reunión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el miércoles 27, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior.
4. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes
de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuahutémoc Montero Esquivel
Presidente