• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002.

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.

• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

• De la Primera Comisión, relativo a la iniciativa para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, presentada por el senador Juan José Rodríguez Prats a nombre de legisladores del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo para solicitar al presidente del Tribunal Unitario Agrario, se agilice la solución a la controversia entre los ejidatarios de Plan de los Amates, municipio de Acapulco, Guerrero, y el consorcio Tres Vidas en la Playa, SA de CV, presentada por el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, y aprobada en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.
• Con punto de acuerdo en relación a los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto trimestre del 2001, remitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; presentada por el diputado Ildefonso Guajardo Villareal, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.

 
• Con punto de acuerdo sobre el ejercicio en el rubro de servicios personales para el ejercicio fiscal del 2001, presentada por la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.
• Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Semarnat apliquen correctamente lo establecido en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.

 
• Con punto de acuerdo sobre la situación económica del ISSSTE, presentada por el senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002
• Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación intervenga ante los reclamos de la ciudadanía y los partidos políticos, pero de manera institucional, en el proceso electoral que se está desarrollando en el estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.

 
• Con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que dé cabal cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del General José Francisco Gallardo, presentada por el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, en la sesión del miércoles 13 de febrero de 2002.

• Interior del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a su reunión plenaria ordinaria, el miércoles 20 de febrero, a las 9 horas.
• De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas.
• De la Comisión de Participación Ciudadana, a su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 20 de febrero, a las 13 horas.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se turnó para su estudio y dictamen una iniciativa del Senador Juan José Rodríguez Prats, a nombre de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se convoque a la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a un Periodo Extraordinario de Sesiones a celebrarse durante el Primer Receso del Segundo Año de la Quincuagésima Octava Legislatura con objeto de ocuparse de la Minuta con Proyecto de Decreto que establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos en el año 2002.

Para dar cumplimiento al encargo conferido, con fundamento en los artículos 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores y Diputados integrantes de esta Comisión, citada al rubro, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1) Que con fecha del 4 de septiembre de 2001, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Federal, determinó que únicamente el Congreso de la Unión tiene competencia para adoptar un sistema general de pesas y medidas, en el que se incluye la medición del tiempo. Este máximo tribunal resolvió que ninguna otra autoridad federal, local o del Distrito Federal, está autorizada para regular la aplicación de horarios estacionales.

2) Que en sesión celebrada el 13 de diciembre del año en curso, los legisladores integrantes de la Comisión de Energía de la Honorable Cámara de Diputados, presentaron ante el Pleno de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una Iniciativa de "Decreto que Establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos".

3) Que en dicha sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen la iniciativa anteriormente referida.

4) Que con fecha 14 de diciembre de 2001, el Pleno de la Comisión celebró una sesión para discutir, analizar, modificar y aprobar el dictamen, mismo que fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 30 de diciembre de mismo año.

5) Posteriormente, la minuta respectiva fue remitida a la Honorable Cámara de Senadores, misma que le dio turno a comisión para los efectos de su dictaminación y, en su oportunidad, presentación ante el pleno para su discusión y aprobación en su caso.

6) Que con fecha 30 de enero de 2002 el Senador Juan José Rodríguez Prats, a nombre de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa para que se convoque a la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a un Periodo Extraordinario de Sesiones, a efecto de tratar lo relativo al asunto pendiente sobre la Minuta con Proyecto de Decreto que establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando

El Periodo Extraordinario propuesto, tiene por objeto, el estudio y, en su caso, aplicación de la Minuta con Proyecto de Decreto que establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos en el año 2002, mismo que en virtud de las complicaciones de los últimos días del periodo extraordinario del año pasado quedó pendiente.

En virtud de que la H. Cámara de Senadores recibió la Minuta, pero que ésta no se dictaminó, ni se discutió y por lo tanto se requiere de una sesión extraordinaria o una serie de sesiones, las que sean necesarias para agotar este tema y así dar certidumbre acatando la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la controversia constitucional entre el Poder Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal y cuyo resultado dejó claro que corresponde al Congreso de la Unión la facultad en materia de husos horarios, terminando así con cualquier laguna jurídica existente y permitiéndonos definir con claridad los cambios necesarios en el Sistema de Medición.

Conscientes de que el Sector Energético constituye una actividad estratégica para el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos, motivo por el cual se considera esencial la determinación sobre el asunto pendiente que se encuentra en la H. Cámara de Senadores, para otorgar, en consecuencia certidumbre sobre el Horario de Verano.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dictaminan favorablemente la presente iniciativa de decreto, con base en los antecedentes y consideraciones que han quedado expresados en el presente Dictamen, por lo que nos permitimos someter a este Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

Decreto

PRIMERO.- Se convoca a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a un Periodo de Sesiones Extraordinario a celebrarse durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, con objeto de ocuparse del siguiente tema:

Dentro del Periodo de Sesiones Extraordinarias materia del presente Decreto, la Cámara de Senadores será convocada en las fechas que resulte necesario para el cumplimiento del objeto establecido en este Decreto.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 13 de febrero de 2002.

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Presidente (rúbrica); Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; Sen. Jorge Zermeño Infante, secretario (rúbrica); Sen. Sadot Sánchez Carreño; Sen. David Jiménez González (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica); Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad; Dip. Efrén Leyva Acevedo; Sen. Fauzi Hamdan Amad (rúbrica); Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica); Dip. José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica); Sen. Rafael Melgoza Radillo; Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica en contra); Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica).

(Aprobado. En votación nominal, se emitieron treinta un votos en pro y tres en contra. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Febrero 13 de 2002.)
 
 

Este fin de semana, un grupo de legisladores federales de los diferentes partidos que actúan al interior de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, invitados por los dirigentes del ejido Plan de los Amates, del municipio de Acapulco, Guerrero, acudimos a la reunión ordinaria en la que los ejidatarios rindieron un informe del estado que guarda el trámite del expediente de restitución que se sigue ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 41, con residencia en Acapulco, Guerrero,

Con asistencia de la mayoría de los ejidatarios, sus dirigentes hicieron una exposición detallada de los pormenores por los que ha atravesado el proceso y pidieron nuestra intervención, como mejor proceda en derecho, con el objeto de que la autoridad competente dicte la resolución definitiva que ponga fin a la prolongada gestión de los ejidatarios a favor de sus intereses.

Como es del dominio público, las cuestiones litigiosas con respecto de bienes ejidales, y más cuando su valor es importante por las circunstancias de su ubicación, por ejemplo, suelen ser tardadas y sumamente onerosas.

Los campesinos en tales condiciones comprometen su patrimonio escaso, ante la expectativa de obtener una siempre lejana resolución que les ponga en posesión de lo que por derecho les corresponde.

Para dar una idea de la dilación a que venimos aludiendo, nos permitiremos hacer los siguientes señalamientos:

Lo sabemos: desde antiguo, cuando las reglas del derecho inician el tránsito de su conformación, siempre se sostuvo que justicia retardada, no es justicia, sino injusticia.

Como bien lo pudimos constatar, los ejidatarios han seguido con todo esmero el debido proceso legal y, en consecuencia, no solicitan nuestro asesoramiento sino la intervención necesaria, para que la autoridad no retrase más la resolución a que está obligada y proceda poniendo fin a la prolongada disputa, con una sentencia que, seguros como están de la justicia que les asiste, consideran les será totalmente favorable.

Nosotros nos comprometimos a traer este asunto al conocimiento de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a solicitarle una acción que inste a la autoridad competente, a proceder con la urgencia que los ejidatarios demandan.

Insistimos en que coincidía nuestra apreciación en el asunto que nos ocupa, en lo relativo a la urgencia con la que debe la autoridad del conocimiento proceder y que, en esa virtud, así lo íbamos a plantear ante este cuerpo, como tengo el honor de hacerlo, a través de un punto de acuerdo en los siguientes términos:

Con fundamento en lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo establecido por el Reglamento en vigor, a esta H. Comisión Permanente, respetuosamente pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Solicitar al H. Tribunal Agrario, que se sirva disponer que, a la brevedad posible, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 41, con residencia en Acapulco, Guerrero, dicte la resolución en el expediente número 940343/96 del poblado El Potrero o Plan de los Amates, municipio de Acapulco, Guerrero.

Palacio legislativo, a 13 de febrero de 2002.

Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica)

(Considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica. Febrero 13 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LOS INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2001, REMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLAREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

Considerando, que el deterioro en la calidad del déficit público al cierre del ejercicio fiscal del año 2001, al aumentar el gasto corriente, particularmente, servicios personales y disminuir el gasto en inversión, disminuye nuestro potencial de crecimiento económico e impacta negativamente en la generación de empleo.

Considerando, que el subejercicio en el gasto en programas sociales en un momento de recesión económica, agrava el deterioro en el nivel de vida ya de por sí erosionado por el creciente desempleo, lo cual contradice lo que ordena el artículo 134 constitucional en su primer párrafo respecto a que los recursos económicos de los que disponga el gobierno federal, se deben administrar con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Considerando, que el subejercicio en el gasto público es un veto subrepticio del Ejecutivo al presupuesto aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Los integrantes de la fracción parlamentaria de mi partido, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

"Exhortar al secretario de Hacienda, Dr. Francisco Gil Díaz, para que instruya a los ejecutores responsables del gasto en todas las dependencias del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, para que en el ejercicio del gasto aprobado por esta soberanía para el año 2002, se observe estrictamente su ejecución en cumplimiento con los objetivos previstos, especialmente evitando el subejercicio en aquellos rubros que más afectan a los sectores social y productivo".

Dip. Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL EJERCICIO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

La suscrita diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre el sobre ejercicio fiscal del 2001, al tenor de las siguientes consideraciones:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que informe de los sobreejercicios ocurridos en el rubro servicios personales del ejercicio fiscal del 2001.

Segundo. Asimismo solicita a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Auditoría Superior de la Federación que en caso de encontrar irregularidades en dichos sobre ejercicios, procedan a fincar las responsabilidades a que haya lugar.

Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LA SEMARNAT APLIQUEN CORRECTAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 198 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.

Consideraciones

Las áreas naturales protegidas de nuestro país, son el hogar de innumerables especies vegetales y animales, que constituyen una enorme riqueza con la que cuenta nuestra nación, y por tanto, proveedores de todo tipo de recursos.

Así, con esa tendencia, se hablaba de la explotación de los recursos, término que expresa dominación y rendimiento, y que lo hemos ido sustituyendo por el de aprovechamiento, término más afortunado para describir la adecuada relación que guarda la satisfacción de las necesidades humanas y su entorno ecológico. No obstante los esfuerzos por adecuar la terminología y sus aplicaciones a la realidad para concientizar a la población de los efectos del cambio climático y de la interrelación del hombre con su medio, aún hay serias partes por modificar.

Los nuevos conceptos de equilibrio ecológico y de desarrollo sustentable como los principales, han venido introduciéndose poco a poco y cada vez más en las diversas áreas de nuestras actividades cotidianas, y aunque lenta y casi desapercibidamente, en algunos casos hemos comenzado a revertir prácticas que venían produciendo un deterioro progresivo del medio ambiente.

En la comprensión del fenómeno ambiental, nos hemos percatado de la importancia de la relación de interdependencia que existe entre unas especies con otras, en especial, cuando unas se sirven de otras para su desarrollo. Si una de ellas desaparece, se altera gravemente la cadena alimenticia y el equilibrio ecológico de la zona o región, lo que lleva a que con su desplazamiento, la especie dependiente consuma depredatoriamente a las otras, como un simple mecanismo de subsistencia.

Las áreas naturales protegidas constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

Son en cierta forma unidades productivas estratégicas, generadoras de una corriente vital de beneficios sociales y patrimoniales que deben ser reconocidos y valorizados, y cuyo establecimiento y operación continua implica costos, entre los que destacaremos los siguientes:

• Costos de oportunidad de usos alternativos del territorio y de sus recursos;

 
• Costos de resarcimiento o compensación a limitaciones o cambios en los derechos de propiedad, control, uso y acceso;

 
• Costos de transacción y negociación en el establecimiento de áreas naturales protegidas y en su desarrollo institucional;

 
• Costos de manejo, administración y vigilancia;

 
• Costos derivados del largo periodo de maduración de los proyectos de utilización sustentable de los recursos de las ANP.

Las acciones gubernamentales más recientes en las ANP se han orientado a consolidar las circunstancias que permitan desarrollar actividades permanentes de conservación o, en otras palabras, manejar dichas zonas con criterios de sustentabilidad. Dada la escasez de recursos financieros, la política de conservación se ha concentrado en un número reducido de ANP, que sin embargo abarca la mayor parte de la superficie bajo estatuto de protección. A partir de esta definición de prioridades se protegen los ecosistemas más representativos del país, ya que en ellas se localiza la mayor biodiversidad de México.

Ante ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México hemos propuesto acciones encaminadas a la conservación de las áreas naturales protegidas, con el objeto de procurar un aprovechamiento sustentable e integral de las mismas.

El pasado primero de enero del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, entre las que destaca el artículo 198, que a la letra dice:

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos la presente proposición, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que no apliquen el cobro establecido en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos a los residentes permanentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas, tal y como lo establece el citado precepto legal.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reembolse el cobro realizado a los residentes permanentes de las localidades contiguas a las áreas naturales protegidas, porque dicho cobro es flagrante violación al artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero del año 2002.

Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Febrero 13 de 2002.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DEL ISSSTE, PRESENTADA POR EL SENADOR ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

Considerando

PRIMERO.- Que el 20 de julio de 2001 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, aprobó un punto de acuerdo que a la letra dice:

"Primero.- Esta honorable soberanía hace una atenta solicitud al Ejecutivo federal para que en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2002 se contemple un presupuesto suficiente para que no se vean afectadas las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los rubros del servicio médico, la vivienda, el sistema de tiendas y farmacias, el servicio de guarderías, la administración del Instituto y el sistema de pensiones.

Segundo.- Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo sea contemplado un apartado que asegure la viabilidad del Instituto en los próximos años.

Tercero.- Este honorable pleno hace un atento llamado para que se empiece a discutir en cada una de las comisiones competentes una reforma a la institución que mantenga el carácter solidario y redistributivo y que encare de forma integral el delicado asunto del régimen de pensiones y subsane el déficit de los otros seguros.

El ISSSTE es hoy una institución que requiere del compromiso firme de todas y todos los legisladores para seguir conservándolo como una institución de justicia social al servicio de los que con su esfuerzo han creado las instituciones de la República".

SEGUNDO.- Que en el recién pasado proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resultó desfavorecido en la asignación presupuestal correspondiente, en la medida en que le fue autorizado un techo de ejercicio inferior en 365 millones de pesos al propuesto en la iniciativa de decreto que enviara a la Cámara de Diputados el Ejecutivo federal. Y esto sin considerar que la iniciativa original mencionada ya restringía significativamente la capacidad de operación del Instituto para ofrecer los servicios, seguros y prestaciones a que está obligado por ley.

TERCERO.- Que esta situación presupuestal necesariamente impactará el alcance social y la calidad de los servicios médicos, asistenciales, sociales y económicos, en perjuicio de los derechohabientes del Instituto que representan el 10% de la población nacional.

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso esta Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que conscientes de las limitaciones presupuestales y financieras, se exhorte a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a poner su mejor esfuerzo para hacer un uso racional de los recursos, evitar dispendios, combatir la ineficiencia y obtener el máximo beneficio para los derechohabientes.

Segundo.- Se haga un atento llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el supuesto de que el crecimiento económico y los ingresos fiscales fuesen superiores a lo estimado, se destinen más recursos presupuestales a esta institución; y en el caso de llevar a cabo recortes al presupuesto público a lo largo del presente ejercicio, no se afecte al ISSSTE por el grave impacto social que esto conllevaría.

Sala de Comisiones, México, Distrito Federal,
a los 13 días del mes de febrero del 2002.

Sen. Elías Miguel Moreno Brizuela, Sen. Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, Sen. María del Carmen Ramírez García, Sen. Genaro Borrego Estrada, Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Dip. Alfredo Ochoa Toledo, Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal, Dip. María Miroslava García Suárez, Dip. Juan Carlos Regis Adame, Sen. José Ernesto Gil Elorduy, Sen. César Camacho Quiroz, Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño, Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbricas).

(Turnada a la Tercera Comisión. Febrero 13 de 2002.)
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE GOBERNACION INTERVENGA ANTE LOS RECLAMOS DE LA CIUDADANIA Y LOS PARTIDOS POLITICOS, PERO DE MANERA INSTITUCIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

México siempre ha intentado perfeccionar su sistema electoral, procurando con ello que las instituciones políticas y electorales se encaucen de manera independiente y que al mismo tiempo que logren la adopción de instituciones, fórmulas y organismos que, congruentes con la cada vez más evidente apertura democrática, consoliden un sistema de democracia en todas las entidades del país.

La depuración de las dificultades y el rezago que aún conserva nuestro sistema político, ha ido rebasándose para permitir que la consolidación de dichas instituciones e instancias políticas, permitan la perpetuación de la vida plena en un sistema auténticamente democrático.

Ante ese avance democrático cada vez más consolidado que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, la revisión de los procesos electorales que se realizan a lo largo y ancho de la República Mexicana deviene necesaria para que las decisiones de gobierno sean cuidadosamente revisadas, y no dirigidas unilateralmente.

Tal es el caso del proceso electoral que se realiza actualmente en el estado de Quintana Roo, en donde se renovarán el próximo 17 de febrero del año en curso, ocho ayuntamientos y 25 diputaciones locales, en el que, la Secretaría de Gobernación ha otorgado al Instituto Electoral de Quintana Roo 10 millones de pesos. Situación que nos parece por demás irregular, sin ninguna fiscalización por los órganos encargados en la materia.

La Secretaría de Gobernación debe participar de manera institucional fomentando un verdadero sistema político, que efectivamente procure la efectiva gobernabilidad para sus representados. Por ello, en este ejercicio político responsable, la dinámica de las instituciones nos impone el deber de censurar los supuestos que dañan las libertades democráticas y los mecanismos que dan viabilidad a nuestro sistema político.

La razón se impone y hace cada vez más evidente que no podemos permitir el regreso de viejas prácticas superadas, las cuales hicieron tremendo daño a las instituciones políticas del país.

La defensa del pueblo de México y de sus legítimas aspiraciones no se pueden ver frenadas por acciones que merman nuestro futuro como Nación y que desilusionan de toda noble aspiración política de los mexicanos.

No neguemos la oportunidad de demostrar la auténtica carrera política en la que los partidos políticos se han sumado sin regresar a las viejas prácticas lineales; por ello, no obstaculicen el desarrollo político del país, ni retrasen el ejercicio de las funciones democráticas con decisiones perjudiciales al futuro de México.

Por otra parte, reconocemos la labor desempeñada por la Secretaría de Gobernación en elecciones realizadas en otras entidades de nuestro país; pero, pareciera que estas actuaciones positivas sólo se circunscriben cuando existen posibilidades de triunfo para un instituto político que goza de cierta influencia en dicha Secretaría.

Por tanto, la aprobación de este acuerdo fortalecerá los legítimos intereses de la ciudadanía y conllevará a este Congreso a la responsabilidad y madurez que debemos mostrar al país.

Por ser de urgente resolución en virtud de que el proceso electoral concluirá el próximo 17 de febrero y es imperioso dotar a la nación de certidumbre jurídica y electoral, y de obvia resolución en virtud de que no podemos permitir que diversos factores empantanen los procesos electorales y perjudiquen la gobernabilidad en el estado de Quintana Roo.

Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos, es que solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y vote el presente documento por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para que se acuerde:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se mandata a la Secretaría de Gobernación para que explique a esta soberanía el origen y destino final de los 10 millones de pesos que entregó al Instituto Estatal Electoral del estado de Quintana Roo.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus facultades, intervenga en el proceso electoral del estado de Quintana Roo ante el cúmulo de reclamos por parte de la ciudadanía y los partidos políticos, pero conduciéndose siempre de manera institucional.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero del año 2002.

Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)

(Turnada a la Primera Comisión. Febrero 13 de 2002.)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE DE CABAL CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION EMITIDA POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DEL GENERAL JOSE FRANCISCO GALLARDO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2002

El día 14 de noviembre del año pasado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, recomendó nuevamente al Gobierno de nuestro país, que se liberara de forma inmediata al General José Francisco Gallardo. No fue la única llamada de atención para México, otras más le precedieron, y es que en 1996, la Comisión Interamericana emitió el informe 43/96 donde estableció "que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo a las 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable, lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra, dignidad y protección judicial del mencionado General Brigadier Francisco Gallardo Rodríguez."

Recluido en el penal de Neza Bordo, y purgando una condena de 28 años y 8 meses de prisión, sentenciado por el Consejo de Guerra, José Francisco Gallardo se convirtió en el único preso político o de conciencia que recordó a nuestro país, que las ignominias y complicidades de un sistema político no se callan ni se ocultan con detenciones arbitrarias, con violación flagrante a los derechos humanos, con incumplimientos reiterados ante la evidencia de la injusticia.

Debemos decir, que en el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo se recomendó la libertad inmediata del General Francisco Gallardo sino también, que se investigue y se sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento, además que se le pague una indemnización como reparación a las violaciones de las cuales ha sido víctima.

Determinaciones que respaldamos y exigimos su inmediato cumplimiento.

La liberación del General Gallardo, es la prueba contundente que las autoridades mexicanas actúan ineficazmente y que, aún cuando nuestro sistema judicial imparte una justicia a discreción que lo mismo condena sin elementos, que justifica y encubre la impunidad, existe una responsabilidad internacional para los Estados.

Terminó para el General Gallardo, el sueño perverso de ocho años de prisión, pero encuentra un país, no muy distinto del que dejó. Un Estado de derecho, donde el derecho es un elemento de justificación.

Ante ello, las Cortes de Justicia Internacional, surgen como la posibilidad de una eficaz impartición de justicia. Pero quedan algunas cuestiones que debemos considerar:

El proceso que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe pasar, en primera instancia por la Comisión Interamericana, y a través de ella, turnar el caso a la Corte. El asunto del General Gallardo, llegó únicamente hasta la Comisión Interamericana, y de haber sido sometido a la jurisdicción de la Corte hubiese sido el primer asunto en el que México sería el país demandado, ya que aceptó su competencia en 1998.

La función de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abre la posibilidad de recurrir en instancias supranacionales, los asuntos de un país. Por ello, nos encontramos ante la necesidad de fortalecer sus determinaciones, y dotarlas de fuerza vinculatoria. Debemos sentar las bases legislativas, que permitan el acoplamiento del sistema judicial mexicano y la participación de una justicia internacional.

Porque, aún con la evidencia de una violación grave de los derechos del individuo, existe la posibilidad de que los sistemas jurídicos entren en colisión, al ser contradictorias -por ejemplo- una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la jerarquía legislativa, la Constitución Política según lo dispone el artículo 133 está dotada de supremacía y primacía, y se encuentra por encima de cualquier ordenamiento legislativo, aún cuando, por jurisprudencia interpretativa de la Suprema Corte, se ubica a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. En tal caso, de qué forma se justificaría legalmente la revocación o modificación de una sentencia que de acuerdo a nuestra normatividad nacional, adquiere el rango de cosa juzgada o más aún, cómo justificar que una ley ha sido declarada nula como en Perú con la determinación que dictara la Corte Interamericana en el asunto denominado "La última tentación de Cristo".

Sabemos que en la aplicación del Derecho de Gentes, los estados firmantes de los tratados, se obligan a adecuar su marco normativo, para hacerlo compatible con las determinaciones a las que se han sujetado. Sin embargo, en nuestra legislación no figura aún, la competencia de las Cortes de Justicia Internacional, como parte del sistema jurídico mexicano.

No se trata de suplantación de funciones sino al contrario, de una complementación en la impartición de justicia imparcial y objetiva.

Por otra parte, debemos reconocer que las cortes de justicia, van dejando de ser organismos protocolarios y poco creíbles, se va replanteando la necesidad de dirimir las controversias internacionales de una forma lícita y pacífica, cimentando una cultura de legalidad intencional, y descartando la posibilidad de recurrir a los medios bélicos.

Varios puntos quedan pendientes en el funcionamiento de la Corte Interamericana, que seguramente se irán perfeccionando: la necesidad de contar con un organismo que provea el cumplimiento y la ejecución de resoluciones, el fortalecimiento estructural, la simplificación procesal, que permita una impartición de justicia que no separe abismalmente la comisión de la infracción y la sentencia que ordene una reparación. Pero sobre todo, la posibilidad de que no se deje a la discreción de los Estados, la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, porque es inadmisible que Canadá y Estados Unidos en Latinoamérica, sean los únicos países que no se sometan a la jurisdicción de la Corte, y resulta que un gran número de violaciones a los derechos humanos, ocurren justamente en sus territorios.

Para nuestro país la historia no termina con la demandada liberación del General Gallardo, siguen los casos del ejido de Morelia, de la ejecución y tortura de tres personas en Altamirano, Chiapas, de la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz, de la matanza de Aguas Blancas, de la detención ilegal y tortura de Reyes Penagos, Julieta Flores y Enrique Flores, así como el asesinato de Digna Ochoa.

¿Cuántos más se sumarán a la lista?

¿Hasta dónde la ineficacia del Gobierno Mexicano seguirá sumando víctimas?

¿Hasta cuándo esperaremos que las presiones internacionales sean las que descubran la cloaca de nuestro sistema político?

Compañeras y compañeros legisladores.

En el mundo se han dado de manera sistemática e ininterrumpida múltiples violaciones a los derechos humanos, en nuestro continente tan sólo recordaremos las realizadas por las dictaduras militares del Cono Sur, Chile, Argentina, Guatemala, entre otros países son muestra palpable de ello.

México no es, tampoco, la excepción; en días recientes un diario de circulación nacional El Universal a través de la publicación de una serie de fotografías nos ha confirmado lo que los mexicanos sabíamos, el 2 de octubre de 1968 se cometió un crimen de Estado en perjuicio de quienes asistieron a la realización de un mitin en la Plaza de Tlatelolco, este crimen de lesa humanidad no puede permanecer impune, el salvajismo de Estado de esa fecha no debe permanecer en el olvido, los autores intelectuales y materiales deben ser sujetos a proceso para determinar su responsabilidad.

En Europa el Tribunal Penal Internacional inició el proceso en contra de Slovodan Milosevic, acusado por cometer crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de las leyes en tiempos de guerra. Los mexicanos no debemos esperar a que los tribunales internacionales sujeten a proceso a los criminales de octubre de 1968 y junio de 1971, sino que aquí se les debe juzgar.

Con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al C. Presidente de la República que dicte las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la recomendación emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso del General José Francisco Gallardo, consistentes en el pago de los haberes caídos, el reconocimiento de su grado militar y protección para él y su familia.

Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Febrero 13 de 2002.)
 
 

CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento Interior tiene por objeto establecer:

Cualquier conflicto derivado de la interpretación del presente Reglamento Interior, será resuelto por el Comité en única instancia y la resolución que en su momento se dicte, no admitirá recurso alguno.

ARTÍCULO 4. El Centro está encargado de aportar elementos que perfeccionen las técnicas, amplíen los instrumentos de análisis y apoyen el desarrollo de las tareas parlamentarias de las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, con conocimiento de la elaboración de análisis, estudios, proyecciones, cálculos e investigaciones, así como del manejo y organización de información estadística y documental en materia de finanzas públicas y economía.

ARTÍCULO 5. Las funciones, responsabilidades y tareas que el Centro tiene asignadas, se inscriben dentro de lo dispuesto por la Ley Orgánica, del Acuerdo Parlamentario para la creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, del Estatuto, en lo que resulte aplicable, y del Acuerdo por el que se crea el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Centro, establecidas en principio en el Acuerdo Parlamentario que crea la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y posteriormente, en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, el Centro contará con las siguientes unidades administrativas:

Cada una de las Direcciones de Área, contará con el número de investigadores que permita el presupuesto asignado al Centro.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTÍCULO 7.- Al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se le han asignado las tareas y funciones siguientes:

ARTÍCULO 8.- Al Director General del Centro, le corresponden las tareas siguientes:

ARTÍCULO 16.- Los análisis a los informes trimestrales del Ejecutivo sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública, así como los referentes a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que el Centro elabora, serán entregados oportunamente a las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, así como a la Junta de Coordinación Política con conocimiento del Comité del Centro.

ARTÍCULO 17. De cada uno de los documentos que el Centro elabore, se guardarán 10 copias para el archivo que al efecto lleve el Centro, así como se enviarán en igual cantidad a la Dirección de Bibliotecas de la Cámara, a efecto de que los mismos puedan ser consultados por las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, Diputados y Público en General.

De igual forma, se enviarán 10 ejemplares a la Dirección del Archivo de la Cámara, a fin de que la misma los integre, registre, clasifique y custodie, de manera que cumpla con las atribuciones que le confiere el artículo 31 del Estatuto.

Las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Diputados, podrán acudir indistintamente al Centro o a las Direcciones de Bibliotecas o Archivo para solicitar un documento, siempre que entre la fecha de elaboración del mismo y la solicitud, no haya transcurrido un lapso superior a 6 meses.

Transcurrido ese lapso, deberán acudir a la Biblioteca o a la Dirección del Archivo de la Cámara a efecto de consultar dichos documentos.

ARTÍCULO 18. Para el archivo, custodia y consulta de los documentos que el Centro produzca, así como de los que en su caso éste adquiera o sean hechos llegar por Instituciones públicas o privadas, el Centro contará dentro de su estructura interna con un Centro de Documentación.

Dicho Centro de Documentación, adoptará las medidas pertinentes y los procesos técnicos que correspondan, a fin de coordinar el préstamo de los documentos al interior del Centro.

ARTÍCULO 19.- Los análisis puntuales que el Centro elabora a solicitud expresa de los Diputados, serán entregados oportunamente y a partir de ese momento se pondrán a disposición de todos los diputados a través del Intranet.

ARTÍCULO 20.- Los documentos que elabora el Centro, se pondrán a disposición del público en la página electrónica, salvo aquellos que por su naturaleza el Comité marque como reservados.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 21.- Todo lo relativo al reclutamiento, selección y, en su caso, designación de funcionarios que ocupen las plazas de Directores de Proyecto e Investigadores adscritos al Centro, se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de la Conferencia de fecha 16 de mayo de 2001, así como por los Lineamientos expedidos por la Junta de Apoyo Administrativo de fecha 25 de septiembre de 2001, en tanto se revisa o se aplica el Estatuto.

En todos los casos, el Comité tendrá la facultad a que hace referencia el inciso b) artículo cuarto del Acuerdo por el que se Constituye el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la LVIII Legislatura.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Reglamento Interior, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 6 días del mes de diciembre de 2001.

Diputados: Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Martín Hugo Solís Alatorre (rúbrica), José María Tejeda Vázquez, José Manuel Medellín Milàn, Jorge A. Chávez Presa (rúbrica), Florentino Castro López, Miroslava María Suárez García (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera, Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica).
 
 

A su reunión plenaria ordinaria, el miércoles 20 de febrero, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Lectura y aprobación de dictámenes.
5. Comunicación sobre el programa de trabajo para el segundo semestre del año en curso.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 20 de febrero, a las 13 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales, a la cual asistirán como invitados especiales los miembros del Consejo de la Sociedad Civil en México, con el objetivo de mantener una vinculación e intercambiar proyectos de trabajo relacionados con las organizaciones de la sociedad civil.

Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente