CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Como es de su conocimiento, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que actúa en este Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura de H. Congreso de la Unión, está funcionando con un integrante menos en razón de la ausencia temporal de su Presidenta, por lo que resulta necesario elegir al miembro que complete su integración durante el tiempo en que persista dicha separación transitoria.
En consecuencia, dado que el actual vicepresidente asume la presidencia de las sesiones, procede designar a quien ocupe el cargo de la vicepresidencia para las eventuales sustituciones que pudieran ocurrir, cuidando del necesario equilibrio que como criterio orientador conduce la integración de los órganos de dirección del Congreso.
Por lo anterior, los coordinadores parlamentarios de los grupos partidistas que formamos parte de esta Comisión Permanente, nos permitimos someter a la aprobación del H. Pleno el presente Acuerdo, en los términos de las siguientes consideraciones y fundamentos:
PRIMERO: La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO: Para su funcionamiento, la Comisión Permanente debe contar con un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios.
TERCERO: El vicepresidente, Dip. José Guillermo Anaya Llamas, se desempeña en funciones de Presidente de la Mesa Directiva, en razón de la ausencia del Presidente.
CUARTO: En consecuencia, es necesario completar los cargos en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma, tomando en cuenta la posibilidad de que alguno de los secretarios actuales se elija como vicepresidente, en cuyo caso también procedería la elección de un nuevo secretario que cubra la ausencia durante el tiempo que corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 78 Constitucional, 116, 117, 118, 119, 120 y 123 de la Ley Orgánica y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General los abajo firmantes se permiten proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: La Comisión Permanente que funciona durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura cubrirá, en esta fecha, una vicepresidencia con el objeto de garantizar su adecuado funcionamiento y la participación coresponsable y equilibrada entre los legisladores que integran su Mesa Directiva. En consecuencia, se procederá a la elección de los cargos necesarios mediante cédula, en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para fungir en tanto persistan las condiciones que lo motivan.
Salón Legisladores de la República, a los 23 días del mes de enero del año 2002.
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), PRI; Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), PRI; Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica), PAN; Sen. Diego Fernández de Cevallos, PAN; Dip. Miloslava García Suárez (rúbrica), PRD; Sen. Armando Chavarría Barrera, PRD; Dip. Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), PVEM; Sen. Gloria Lavara Mejía, PVEM; Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), PT.
(Sin que motive debate, en votación económica,
se aprobó. Se eligió, mediante cédula, al diputado
Manuel Medellín Milán como vicepresidente con 34 votos a
favor, y al diputado Roberto Ruiz Angeles como secretario, con 33 votos
a favor. Enero 30 de 2002.)
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, los diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
Como consecuencia de un crecimiento económico lento y deficiente, inestable y excluyente, nuestro país enfrenta el compromiso de una deuda social acumulada de rezagos y desigualdad. Concretamente, el país necesita generar un mayor ingreso fiscal para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad.
Lo anterior, ha sido el argumento principal en el que durante años se han basado las diversas reformas a las disposiciones fiscales de nuestro país, de tal forma, que el sistema tributario mexicano poco a poco se ha agotado, fundamentalmente porque al no generar los recursos suficientes, la política tributaria, en general, ha tendido a depredar las fuentes de ingresos que se tuvieran a la mano, independientemente de las consecuencias económicas de esto.
Muestra de ello fue la propuesta del Ejecutivo para homologar, en una época de crisis, la tasa del 15% del Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos, muchos fueron los sectores inconformes, los discursos en contra, la preocupación de la población por ver retribuido en bienes y servicios públicos su esfuerzo tributario, pero finalmente, esta soberanía se pronunció por mantener la tasa cero en estos productos.
Sin embargo, paradójicamente, la falta de compromiso y oficio político de muchos de los legisladores, ha provocado que hoy nos encontremos ante la posibilidad de que las entidades federativas puedan aplicar un impuesto del 3% a alimentos y medicinas, entre otras cosas, tal y como lo establece la fracción X del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002.
Hay que preguntarnos, ¿dónde ha quedado el compromiso con la sociedad para asegurar que estos productos de necesidad básica quedaran sin gravamen? ¿Cuál será el beneficio que la población obtendrá por contribuir con un impuesto de este tipo?
En el caso de la propuesta del Ejecutivo, la homologación de la tasa del IVA se iba a ver compensada a través de programas sociales que solventarían los problemas de los sectores más desprotegidos. Sin embargo, si bien es cierto que la tasa máxima que se faculta a los estados imponer es mucho menor a la del IVA, aún no existen los mecanismos necesarios que transparenten y aseguren la mejor distribución de los recursos a los estados, para generar más y mejores programas sociales.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México todo esto es preocupante, ya que los esquemas de participación estatal aún son deficientes, como el uso de los recursos distribuidos a través del Ramo 33, que son poco conocidos y por lo mismo, muy probablemente usados ineficientemente.
Sabemos que aunque haya voluntad por parte de algunas de las nuevas generaciones de gobernantes y funcionarios públicos, aún hay quienes no aceptan la necesidad actual de generar una recaudación justa y equitativa, así como la aplicación de presupuestos que generen desarrollo, bienestar social e infraestructura en todas las regiones sin condición partidista.
A pesar de lo anterior, reconocemos que es necesario dotar de facultades a los estados a fin de aumentar su competencia en el ámbito tributario, de tal manera que el propio cobro de impuestos sea un incentivo para aumentar la eficiencia recaudatoria y la equidad.
Sin embargo, hay que hacerlo bien y paulatinamente, sin lastimar a los sectores más desprotegidos y sin dar falsas facultades a los estados, pues aunque el paquete tributario aprobado por esta soberanía, parece responder a las demandas de descentralización fiscal, la aplicación de este nuevo impuesto del 3% al consumo en las entidades podría resultar casi imposible, ya que no hubo una reducción de los impuestos federales y prácticamente fue nulo el aumento en los salarios.
Se requiere un verdadero federalismo fiscal, en donde se observe un compromiso mutuo entre Entidad y Federación, entre ciudadanos y gobernantes.
Cuando se habla de teoría y administración tributaria, y de equidad impositiva, se sostiene que lo mejor y más beneficioso para la economía es la extensión del IVA a todas las actividades para incrementar la eficiencia recaudatoria. Pero esta meta se desvanece cuando la economía atraviesa por momentos de recesión, ya que la extensión del IVA deja de ser un tema exclusivamente de administración tributaria y pasa a ser una cuestión de supervivencia económica.
Mientras no se resuelva el problema del poco poder adquisitivo de la mayoría de la población (bajos salarios y aumentos mínimos), así como la necesidad de recuperación del mercado interno, no es viable un impuesto, cualquiera que sea éste, a productos que son de gran importancia en el consumo popular.
Existen estudios donde se comprueba los efectos regresivos del IVA en nuestro país; de la población total, el 10% más pobre paga aproximadamente 11.5% de su ingreso total en IVA, mientras que el 10% más rico paga el 6.5%. De tal manera que, una tasa aunque sea del 3%, a medicinas y alimentos podría deprimir aún más la demanda interna si se considera además que cerca del 36% del gasto familiar se gasta en alimentos y aproximadamente el 6% en medicamentos y servicios relacionados con salud.
El Partido Verde Ecologista de México, considera que con esta medida proliferaría aún más el mercado informal, impactando directamente a la industria, y por lo tanto, a los trabajadores mexicanos que laboran en ella.
Existe también el problema de la calidad de los servicios de salud pública. Sabemos, que éstos no son suficientes y su calidad deja mucho que desear como para satisfacer la demanda de los mexicanos. Los ciudadanos no deben pagar un impuesto mayor si no observan resultados que les proporcionen un bienestar social. En los últimos años hemos visto que la capacidad del sector salud se ha visto rebasada por las necesidades de una sociedad en constante crecimiento y transformación.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el sector público realiza aproximadamente el 50 por ciento del consumo total de medicinas, ya que las instituciones de seguridad social, la Secretaría de Salud y los estados surten medicinas a más de 83 millones de personas, por lo que la posibilidad de imponer un gravamen a estos productos, dificultaría aún más que el Estado pudiera proveer adecuada y oportunamente de medicamentos a la población.
Por lo antes expuesto, consideramos inequitativo que sólo se mantenga el beneficio de la no aplicación del impuesto estatal del 3% al consumo, a aquellos productos y servicios que se encuentran actualmente exentos del pago del IVA.
Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México propone que se excluyan de la aplicación de este impuesto estatal a los productos que actualmente están gravados con tasa del 0% en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Si bien, la facultad que otorga a las entidades federativas aplicar un impuesto del 3% como máximo al consumo, representa un avance hacia el federalismo fiscal, no aceptamos que esto se haga a costa de las necesidades básicas de los mexicanos.
México requiere una reforma fiscal que permita desarrollar un verdadero federalismo, a través del fortalecimiento de los niveles estatal y municipal, las reformas deben entenderse como un proceso cuyo propósito fundamental es redimensionar el tamaño del Estado en forma descentralizada para fortalecerlo en apoyo de la equidad.
Es necesario y es tiempo de terminar con la habitual práctica de que cada vez que el gobierno tenga necesidad de aumentar la carga fiscal, trate de sacar dinero de donde no lo hay en vez de hurgar donde existe en enormes cantidades para usarlo hasta para el derroche.
Aquellos que tanto dicen defender el impuesto a alimentos y medicinas, no pueden dejar de estar de acuerdo con nosotros.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforma la fracción X, inciso e), numeral 1, del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002.
ARTICULO UNICO.- se reforma la fracción X, inciso e), numeral 1, del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, para quedar como sigue:
Artículo Séptimo. Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se estará a lo siguiente:
............
X. Las entidades federativas podrán establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general, sin que se considere como un incumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni como violación al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre que dicho impuesto reúna las siguientes características:
a) a d) ...........
.............
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de enero de 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Enero 30 de 2002.)
DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUADALUPE LOPEZ MARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
La suscrita, diputada federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
Con el fin de proteger los ingresos de los trabajadores, el Congreso incorporó a la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo Federal el 4 de abril del 2001 algunos conceptos por los cuales los trabajadores quedarían exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta, de tal forma que éstos permanecieran tal y como se encontraban en la ley vigente hasta ese año. En consecuencia, los trabajadores no sufrirían afectación alguna a sus ingresos.
Esta disposición estableció un trato equitativo a todos los trabajadores del país, limitando la exención por las gratificaciones que recibieran los trabajadores a 30 días de salario mínimo, mientras que la exención por primas vacacionales y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se mantuvo en 15 días de salario mínimo, siempre y cuando dichas bonificaciones se entregaran de forma general.
No obstante, en la Nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta se incluyó, en el artículo 109, fracción XI, párrafo segundo, una exención anteriormente inexistente, la cual permitirá a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas no causar el impuesto por las gratificaciones que reciban con una periodicidad distinta a la mensual en cualquier momento del año calendario, siempre y cuando éstas sean de carácter general, incluyendo entre otras el aguinaldo y la prima vacacional. Esta modificación realizada durante el proceso legislativo contradice a los acuerdos parlamentarios que, por consenso y con el voto de todos los partidos representados en la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, hicieron posible las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Esta disposición ha sido interpretada por la opinión pública como si el Congreso otorgara a los servidores públicos, a la burocracia o a los funcionarios, un privilegio que no está otorgado a todos los contribuyentes. Ese ciertamente no es el propósito del Congreso de la Unión.
El segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no guarda plenamente el principio de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución.
El principio de equidad en materia tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa.
En este sentido, consideramos que el otorgar este tipo de beneficios a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas es injusto, toda vez que hace una diferenciación entre éstos y los demás trabajadores, sin que exista una causa que justifique esta distinción. Por lo anterior, nosotros como legisladores no podemos crear categorías o clasificaciones de contribuyentes cuando éstas sean caprichosas, arbitrarias o creadas para incidir únicamente sobre determinadas clases o universalidades de causantes.
Por si esto fuera poco, la adición en comento genera un incentivo perverso para la administración federal y la de los gobiernos estatales, toda vez que en los términos actuales resulta conveniente reducir los sueldos y salarios de trabajadores y, en contraparte, otorgarles una gratificación que bajo cierta temporalidad les permita incrementar sus ingresos reales sin tener que imponerles la carga impositiva que bajo el régimen general de ley les correspondería. Esto no sólo podría disminuir la recaudación del fisco federal, sino también iría en contra de los esfuerzos por acercar los ingresos totales del trabajador con su base gravable, o lo que es igual, que cada cual pague de acuerdo a su capacidad contributiva real.
Por lo anterior, se propone eliminar el segundo párrafo de la fracción XI del artículo109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de tal forma que se eliminen los privilegios que gozan los funcionarios públicos frente al resto de los trabajadores mexicanos.
Es importante subrayar que en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con el mantenimiento de un ejercicio público que sea transparente y que responda a las demandas planteadas por la ciudadanía. Un régimen democrático como el nuestro exige que el poder público, precisamente por su carácter de público, fluya de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia el Estado y no de forma inversa. Difícilmente se podrá cumplir este objetivo mientras los funcionarios públicos cuenten con privilegios que le son negados al resto de la población.
No hay que olvidar que nosotros estamos, a fin de cuentas, al servicio de la ciudadanía y, por tal motivo, debemos reprobar enfáticamente cualquier mecanismo que coloque el interés de un grupo por encima del nacional. Hay que dejar atrás las prácticas nocivas que permiten, por vías legales, que los servidores públicos tengan un trato fiscal preferencial por el simple hecho de trabajar para el aparato estatal.
Además, al llevar a cabo los cambios que se proponen el día de hoy, se dará un paso más en el cumplimiento del espíritu de las modificaciones hechas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en diciembre pasado. No hay que olvidar que uno de los objetivos primordiales fue simplificar el régimen fiscal de tal forma que fuera más justo para todos los mexicanos. El tratamiento diferencial entre los servidores públicos y el resto de los trabajadores contradice este objetivo básico y, por tal motivo, no encuentra sustento argumentativo alguno ante un ejercicio legislativo que debe basarse en criterios de racionalidad.
Por lo antes expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Unico. Se reforma la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 109. No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
...............
XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.
Transitorios
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dip. Felipe Calderón Hinojosa, Dip. María Guadalupe López Mares, Sen. Francisco Fraile García, Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Sen. Juan José Rodríguez Prats, Dip. Abelardo Escobar Prieto, Sen. Gerardo Buganza Salmerón, Dip. Oscar Ochoa Patrón, Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo, Dip. Micaela Aguilar González, Dip. Jaime Salazar Silva, Sen. Gildardo Gómez Verónica, Sen. Jorge Nordhausen González (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Enero 30 de 2002.)
DE REFORMAS AL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
Con el permiso de la presidencia, la suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Para que las leyes puedan ser cumplidas se necesita que sean claras y que no dejen márgenes amplios de discrecionalidad en materia económica a las autoridades.
Por otra parte, la legislación fiscal no cumple con los requisitos de jerarquía de normas que se cubren en general en los otros campos. El Código Fiscal, que establece los principios generales de la materia, se aplica sólo supletoriamente cuando las múltiples leyes especiales no están completas y, en caso de que se contradigan, prevalece la norma especial. La Miscelánea Fiscal, elaborada cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supuestamente debe sólo interpretar las normas legales, pero casi siempre ha ido más allá de la ley.
La claridad de las leyes se relaciona íntimamente con el control de las autoridades y la arbitrariedad. Pero otro aspecto fundamental para el cumplimiento de todo ordenamiento jurídico se relaciona con que los ciudadanos perciban las leyes como justas.
Este último elemento, necesario para la observancia de la ley, la obediencia basada no sólo en un cálculo racional, sino en ciertas consideraciones normativas, en especial de justicia.
La efectividad del derecho depende tanto de la existencia de sanciones creíbles como de que los ciudadanos consideren que las leyes son "justas", en el sentido de que se aplican a todos por igual, y "razonables", es decir, que están diseñadas correctamente para lograr su objetivo.
En lo que se podría denominar la teoría del derecho económico, convencionalmente se piensa que el cumplimiento de las leyes se logra mediante elevadas penas o con una vigilancia muy estricta.
Hay que reconocer por otra parte que, en materia fiscal, siempre hay "lagunas" en la ley y circunstancias imprevistas que permiten la violación de las disposiciones. De ahí que el orden social, de hecho, no esté sustentado sólo en la amenaza de sanciones, sino también en normas de cooperación, el altruismo, el sentido del deber o de justicia y en la reputación de las autoridades, es decir, si éstas cumplen o no con aquello que se comprometen a realizar a cambio de la observancia de las disposiciones.
Hasta la fecha no existen las condiciones políticas y sociales para que se dé el cumplimiento voluntario.
El marco institucional prevaleciente impide, en la práctica, que un importante sector de la población tenga acceso a la seguridad jurídica, al tiempo que tolera que ciertos grupos se coloquen abiertamente por encima de las leyes.
De esta manera, por un lado, los costos y los beneficios del derecho no se distribuyen en forma equitativa y, por el otro, el que unos incumplan sin enfrentar castigos representa un incentivo para que los demás también lo hagan. Lo grave de esta situación consiste en que es principalmente el gobierno el que desobedece las leyes. Al no sujetarse a los términos del pacto social -los cuales las autoridades supuestamente se comprometen a cumplir- éstas minan tanto su propia reputación como la de las leyes, fomentando así la anarquía social.
En la pasada discusión del paquete económico que tendrá vigencia en el presente año, cada una de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados actuamos como dictan nuestros principios, anteponiendo siempre el beneficio de los ciudadanos y buscando en todo momento la equidad y la justicia.
El tiempo fue un factor que ciertamente actuó en contra, pero no fue por negligencia o inmovilidad, el diálogo y la búsqueda de consensos imperó en todo momento y cumplimos con responsabilidad de acuerdo a los plazos que establece la Ley. Es por ello que carecen de argumento las acusaciones por parte del sector empresarial, quienes han gozado de privilegios fiscales durante mucho tiempo y hoy les corresponde aportar más al desarrollo nacional.
Sin embargo, y dada la complejidad de las leyes que aprobamos y ante la imperativa necesidad de dotar de mayores recursos al Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones, sobre todo en el área de política social e infraestructura productiva, el Congreso de la Unión diseñó un paquete fiscal que, estamos seguros, sienta las bases para una ulterior reforma fiscal integral.
No obstante los esfuerzos realizados, en el ánimo de la ciudadanía persiste la inconformidad derivada de las resoluciones de modificaciones a la miscelánea fiscal para el 2000, que se aplicarán en el 2002, por lo que se hace urgente que la facultad de interpretación que le otorga el Código Fiscal de la Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revise, y en la emisión de reglas de carácter general tenga mayor participación la Cámara de Diputados, pues son éstos quienes al seno de las comisiones analizan, discuten, proponen y aprueban las iniciativas, son quienes interpretan la realidad social para dar certeza jurídica a los ciudadanos y a través de las leyes buscan equidad, justicia, eficiencia, neutralidad, sencillez administrativa y diseño eficiente de la política impositiva.
Fundado en lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se reforma el inciso g), de la fracción I del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para quedar de la siguiente manera:
Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:
a) a f) ...............
g).- Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales conjuntamente con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de enero de 2002.
Dip. Miroslava García Suárez (rubrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Enero 30 de 2002.)
DE DECRETO PARA CONVOCAR A LA H. CAMARA DE SENADORES A UN PERIODO EXTRAORDINARIO PARA OCUPARSE DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL, PRESENTADA POR EL SENADOR JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, numeral 4, y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 28 y 182 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
Decreta
Primero.- Se convoca a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a un periodo de sesiones extraordinarias a celebrarse durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, con objeto de ocuparse del siguiente tema:
1).- Minuta con proyecto de decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos en el año 2002.
Segundo.- La sesión de la H. Cámara de Senadores, para la apertura del periodo extraordinario de sesiones al que se convoca, iniciara el día 7 de febrero del 2002, a las 11:00 horas y la correspondiente a la clausura se verificará una vez que dicha Cámara determine que ha sido tratado el tema para el cual fue convocada.
Dentro del periodo de sesiones extraordinarias materia del presente decreto, la Cámara de Senadores será convocada en las fechas que resulte necesario para el cumplimiento del objeto establecido en este decreto.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 30 de enero de 2002.
Sen. Cecilia Romero Castillo (rúbrica), PAN; Dip. J. Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), PAN; Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica), PAN; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), PAN; Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo (rúbrica), PAN; Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), PAN.
(Turnada a la Primera Comisión con opinión
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Senadores. Enero 30 de 2002.)
México, DF, 30 de enero de 2002.
C. Presidenta de la H. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión
Presente
Los suscritos legisladores, con fundamento en lo dispuesto por el título "De las iniciativas de leyes", artículos del 55 al 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos muy respetuosamente lo siguiente:
Se rectifique el turno dado a la proposición con punto de acuerdo presentado el día 16 de enero en curso por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, acerca de "?la urgencia de solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de un criterio de observancia general, en relación a la causación en tasa cero del servicio o suministro de agua potable para uso doméstico".
Lo anterior, debido a que el turno otorgado a la Comisión ordinaria de Hacienda de la Cámara de Diputados, no permitiría tomar con la debida oportunidad el acuerdo correspondiente, en virtud de que los organismos operadores del servicio o suministro del agua potable para uso doméstico, se encuentran en espera de la definición de tal asunto para la facturación de inicio de año, por lo que la discusión de este tema resulta urgente y esta soberanía se debe abocar a través de la Comisión Tercera de la Permanente, a su definición.
Por los motivos y fundamentos anteriores solicitamos:
Unico.- Se rectifique el turno dado al punto de acuerdo presentado el 16 del presente mes por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, en torno al Impuesto al Valor Agregado en agua potable para uso doméstico, y se remita a la Comisión Tercera de la presente Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Atentamente: Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica), PRI; Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica), PAN; Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), PRI; Sen. Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), PRI; Sen. José Natividad González Parás (rúbrica), PRI; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), PVEM; Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), PVEM; Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica), PRD; Dip. Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), PAN.
(Se reasigna el turno a la Tercera Comisión. Enero
30 de 2002.)
CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente
Presentes
Considerando que la energía eléctrica es un servicio fundamental para el desarrollo económico y que sin el fluido ningún desarrollo es posible;
Considerando que la dinámica del desarrollo nacional exige disponer en términos adecuados, de la energía eléctrica indispensable para impulsar el bienestar y progreso de la nación;
Considerando que el país necesita de una reforma energética analizada en el Congreso y consensada entre todas las expresiones políticas que en él concurren, de manera que se integre una verdadera política de Estado en la materia;
Considerando que los incrementos de las tarifas en el sector eléctrico dispuestas por el gobierno federal, en uso de sus facultades exclusivas, deben sin embargo ser antecedidas por una información satisfactoria del estado financiero de las paraestatales encargadas del sector, cuya falta hace del anuncio gubernamental una decisión sin legitimidad y un propósito injustificado;
Considerando que todo incremento de las tarifas por consumo de energía eléctrica repercuten en la economía de las clases más desfavorecidas, aún cuando se presenten como reducción o supresión de subsidios a las familias, que son las partes más sensibles y débiles de la organización social, por lo que nos oponemos a ello en virtud de que resultarían altamente lesivas a sus intereses;
Considerando que en diciembre último, el Congreso autorizó al Ejecutivo recursos suficientes para atender con racionalidad el gasto público, resultando que este anuncio tarifario exhibe la voracidad recaudatoria del Ejecutivo federal en detrimento de la economía popular y descubre que en realidad el Presidente de la República propone y dispone y luego todos los demás ponen.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 78, fracción III, y 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 4, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, a nombre de los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito proponer, rogando se le dé el trámite de urgente resolución, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita la comparecencia de los secretarios de Energía, Ing. Ernesto Martens Rebolledo, y de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, así como de los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, Ing. Alfredo Elías Ayub y Lic. Alfonso Caso Aguilar, respectivamente, con el objeto de que expliquen ante las comisiones de esta Comisión Permanente y las ordinarias de cada Cámara que correspondan, las razones que fundan las medidas relacionadas con el alza tarifaria a consumos de energía eléctrica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2002.
Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica), Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica).
(En votación económica se consideró
de urgente resolución, y por unanimidad se aceptó. Enero
30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INCREMENTO DE LAS TARIFAS ELECTRICAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre el aumento de precios al sector eléctrico, al tenor de las siguientes consideraciones:
2.- Los requerimientos de demanda del sector eléctrico son cada vez crecientes, ante ello la ampliación y modernización de dicha industria es un requisito indispensable para el desarrollo económico del país. El comportamiento de la demanda de energía eléctrica está determinado por factores tales como: el crecimiento económico y demográfico, las condiciones climáticas y geográficas, la estructura y los niveles tarifarios, así como las innovaciones tecnológicas.
3.- Las tarifas, como sabemos, se agrupan en cinco sectores: residencial, comercial, servicios, industrial y agrícola, las mismas se determinan en base a dos criterios: el primero consiste en aplicar una política de precios administrados a las tarifas residenciales, agrícolas y de servicios, la encargada de establecer dichas tarifas es la Secretaría de Hacienda, quien determina el precio al público en función de las políticas y metas macroeconómicas. El segundo criterio para determinar las tarifas industriales y de grandes comercios se basa en la metodología de costos marginales de largo plazo; que emplea una fórmula de ajuste mensual de promedio ponderado en la variación del índice nacional de precios productor (INPC) de tres subramas (productos metálicos, maquinaria y equipo, industrias metálicas básicas y otras industrias manufactureras); y para el sector industrial se aplica una fórmula de ajuste mensual por variación de los precios de los combustibles y del INPC.
4.- La estructura de la demanda de energía eléctrica por tipo de consumidor final muestra que el principal consumidor es el sector industrial, cuyo porcentaje de participación en el total de las ventas pasó de 54.7 por ciento en 1970 a 60.7 por ciento en el año 2000. Así también, el sector residencial o doméstico aumentó su demanda, la cual pasó de 16.6 por ciento en 1970 a 23.0 por ciento en el 2000.
5.- La participación del consumo doméstico en la demanda de energía eléctrica muestra la importancia de este tipo de consumidores, a quienes hay que dotar de servicios cada vez más amplios, en particular de aquellos sectores que carecen de los servicios mínimos para sobrevivir.
6.- La noticia sobre el aumento de precios en luz, gasolina y diesel dada a conocer el lunes 28 del presente año a través de los medios impresos indicó que con base a un documento elaborado por la Secretaría de Energía se establecía una estrategia para realizar aumentos a partir del viernes 1 de febrero, aprovechando el puente vacacional del 5 de febrero (día de la Promulgación de la Constitución de 1917). Generalmente esta ha sido una estrategia recurrente en las autoridades cada vez que quieren realizar ajustes en los bienes y servicios públicos.
7.- Dicho documento obedece a la necesidad de contar con mayores recursos públicos para el sector energético frente a serios problemas de escasez de los mismos, con la finalidad de mantener la infraestructura y construir nuevas plantas generadoras de electricidad.
8.- Observamos que se recurre al mismo y desgastado argumento de antaño, ante la supuesta falta de recursos se tienen necesariamente que elevar las tarifas o disminuir los subsidios, como es el caso del sector eléctrico. Sin embargo, es un mito y una utopía suponer que reduciendo el subsidio se generaran expectativas para abrir al sector a la iniciativa privada, sólo entonces el país accederá a la libre competencia que supuestamente beneficiará a todos los consumidores de dicho sector.
9.- Las autoridades, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, no han reconocido el aumento de tarifas como tal, solamente admiten que se redujo el subsidio al consumo residencial.
10.- El consumo residencial o doméstico es un componente cada vez más importante en la demanda de energía eléctrica, si este es afectado por la política de precios altos, los sectores con menos recursos verán cada vez más reducidos sus de por sí magros recursos. Esto sin contar que para este año se otorgó al salario mínimo un aumento de dos pesos diarios.
11.- El ejemplo que aludieron fue que si un recibo asciende a 4 mil 700 pesos, tendrá un sobrecargo de 2 mil pesos, es decir, un aumento de 42.5 por ciento. Sin embargo el subsidio para un consumo de 2 mil pesos es de 170 pesos aproximadamente, la pregunta que nos hacemos ¿Cómo calculó el incremento del 42.5 por ciento?
12.- Las autoridades quieren confundir a la población haciendo creer que no aumentarán dichas tarifas, sin embargo, claramente, están dando luz verde a un aumento de tarifa de luz eléctrica.
13.- Según la explicación oficial, los que consumen al mes entre 25 hasta 149 kilowats no pagarán más de lo consumido. Sin embargo los que consumen 150 kilowats hora pagarán 32 pesos más de lo establecido en su consumo. Los 150 kilowats representan un gasto aproximado de 87 pesos al mes.
14.- Si como señalan las autoridades, se aplica un aumento de 32 pesos a los que consuman 125 kilowats hora, tendremos entonces un incremento aproximado de 109 pesos al mes.
15.- Los que consuman 750 kilowats hora, es decir, quienes paguen al mes aproximadamente 435 pesos, se les quitará el subsidio, y se aplicará un aumento de 42.5 por ciento a ese consumo. El total, sumando los 432 pesos y el incremento de 42.5 por ciento, ascenderá a 620 pesos aproximadamente.
16.- Siguiendo la lógica neoliberal, lo ideal para las autoridades es eliminar o reducir a cero el subsidio. Para estos funcionarios el subsidiar un sector prioritario como el eléctrico es un lastre, mostrándose incluso orgullosos de reducir los apoyos al mismo, cuando lo importante, es establecer mecanismos que compensen la descapitalización de la industria energética, sin afectar a las clases que menos tienen.
17.- El Partido de la Revolución Democrática rechaza tajantemente la política de disminución de subsidios en las tarifas eléctricas para uso doméstico que afecte a la población de menores ingresos.
Las declaraciones vertidas y publicadas el día de hoy en los diarios de circulación nacional por parte de un senador perredista son estrictamente a título personal.
El Partido de la Revolución Democrática en diferentes oportunidades ha reiterado la necesidad de revisar la política de subsidios para los grandes consumidores, particularmente a nivel industrial y empresarial.
Punto de Acuerdo
Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que congele el incremento anunciado de las tarifas eléctricas, hasta en tanto no se revisen, junto con el Legislativo los mecanismos y los impactos dichos aumentos sobre la población. Al mismo tiempo le solicita mayor información sobre la reestructuración de los subsidios a las tarifas con el objeto de contar con elementos que nos permitan emitir una evaluación fundada sobre la decisión de las autoridades y de esta manera se garantice la protección de los estratos de menores ingresos de la población.
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Tercera Comisión. Enero 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL DE ACAPULCO, PRESENTADA POR LA SENADORA SARA CASTELLANOS CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
Subo a esta tribuna a denunciar los siguientes hechos que tienen que ver con la depredación ecológica de Acapulco.
La primera denuncia tiene que ver con la isla de La Roqueta que, como ustedes saben, constituye una de las principales atracciones turísticas debido a que ha conservado su belleza natural, sobre todo la biodiversidad marina de sus arrecifes y que es motivo de la visita de turistas que gustan del buceo. El 70% de los extranjeros que visitan Acapulco lo hacen para la práctica del buceo, para admirar los ripios (arboles de coral) y el coral negro, único sitio de Guerrero donde existe.
Recientemente y en contravención de las normas en la materia le fue concedida a un comerciante ambulante la concesión DGZF-015/00 para uso comercial de la zona marítima terrestre de la isla.
Dicho comerciante, representando a un grupo de ambulantes, se ha instalado en el acceso de entrada al muelle de la isla, -recién arreglado gracias a la participación del grupo Asociación de Protección Ecológica de la Isla de la Roqueta AC- en agravio del tránsito y la seguridad de los paseantes, en detrimento de la imagen y ocultando el módulo de información turística. Para instalarse, los ambulantes, derribaron árboles, destruyendo un jardín con cactáceas representativas de la flora de la isla (especies endémicas).
Lo grave, no es la acción irresponsable de un grupo de comerciantes informales, lo grave es que ésta se produzca bajo el amparo de una concesión federal violatoria de las más elementales normas jurídicas que establecen entre otras las siguientes disposiciones:
Cito textualmente el acuerdo de coordinación inscrito en el decreto presidencial de reserva ecológica de la isla, que data de 1982:
La concesión se otorgó sin tomar en cuenta los lineamientos para su trámite y autorización ya que no cuenta con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, debido a que se ubica sobre un muelle, tampoco de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Acapulco.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Plan de Desarrollo Urbano clasifica a la isla de La Roqueta con un uso de suelo apto para su conservación y protección de flora y fauna (fragilidad máxima). Con restricciones para toda índole de construcciones salvo las que se hayan de realizar para el objetivo ecoturístico.
En el formato para obtener la concesión de zona marítimo terrestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación del lunes 21 de febrero del 2000 no se encuentra tipificada la actividad comercial de "venta de artículos de playa".
En el pleno del Senado denuncié la actitud del secretario de la Semarnat, Víctor Lichtinger, por el anuncio que hizo en el sentido de descentralizar a estados y municipios facultades con relación a las concesiones de las zonas marítimo terrestres, con el argumento de que no se puede decidir estos asuntos desde la ciudad de México.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa eso fue precisamente lo que no sucedió. Nunca se tomó en cuenta al Subcomité de Concertación de la Zona Marítimo Terrestre, órgano superior de opinión y consulta para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos. En dicho comité participan autoridades federales, estatales y municipales, así como organizaciones ambientalistas y es presidido por el presidente municipal y el delegado de la Semarnat.
Por otro lado. La zona federal de la Laguna de Coyuca de Benítez ha sido objeto de invasiones constantes que amenazan su ya precaria situación de equilibrio ambiental.
Como ustedes saben la Barra de Coyuca, dónde se juntan el mar y la laguna, adelante de Pie de la Cuesta, es un criadero natural de aves acuáticas, así como nutrias, pelícano café, iguana, tortuga marítima en peligro de extinción de acuerdo con el listado de la (norma oficial mexicana) NOM. 059 ECOL. 1994.
Actualmente han invadido la zona federal dos grupos de precaristas, amenazando con detonar un asentamiento irregular que puede superar fácilmente a las 2,000 familias si no se le pone remedio.
Ante la falta de intervención de las autoridades, este asentamiento se ha venido convirtiendo de provisional en permanente y empieza a generalizarse la venta ilegal de terrenos.
La invasión por líderes profesionales se ha convertido en un jugoso negocio a partir del fraccionamiento ilegal de terrenos.
Llama la atención que el nuevo Gobierno Federal no haya tomado ninguna previsión en este asunto, como tampoco en las condiciones que le originan.
Acapulco crece a un ritmo de 250 a 300 has. al año. Como no existe ninguna planificación del desarrollo urbano, el 65 por ciento del crecimiento se realiza invadiendo zonas federales. Es decir, cada año se invaden alrededor de 200 hectáreas entre cuencas, el parque nacional "Del Veladero" que ha perdido más de 1,000 has., márgenes de ríos, manglares, playas, y hasta zonas de humedales (sitio de anidación de patos migratorios).
Las autoridades responsables de estas áreas son la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat, quienes tradicionalmente, en lugar de buscar la manera de prevenir y planificar, participan en una basta red de corrupción con las clientelas de los invasores profesionales.
Por lo anteriormente expuesto solicito al señor presidente turne a comisiones la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Primero. Solicítese la intervención urgente del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, para que en ejercicio de sus atribuciones atienda la denuncia en el sentido que la concesión DGZF-015/00 otorgada a Hipólito Santamaría Arévalo, no cumple los requisitos legales, y en consecuencia se proceda a su revocación.
Segundo. Se atienda la problemática relacionada con la invasión de precaristas en la zona denominada Barra de Coyuca, con el fin de que se desaloje la zona federal y por lo tanto se preserve su entorno ambiental. Además, se establezcan medidas adecuadas para la protección de las zonas federales de Acapulco bajo la jurisdicción de la Semarnat.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 30 de enero del año 2002.
Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Senadora de la República
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores. Enero 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS ACTOS DE CORRUPCION EN LA DELEGACION DE ZACATECAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta a la consideración del pleno de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
El agua es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida en la tierra. Es un componente vital para los seres vivos y no podemos olvidar que buena parte del mundo está cubierta por este líquido y que las "batallas" por los mantos acuíferos del mundo no es algo tan descabellado en el mundo global. Por ello, es indispensable darle un uso racional y eficiente sobre todo para el consumo humano y las distintas actividades productivas en las que se utiliza como insumo básico.
Pero las conductas delictivas y de corrupción no son sólo privativas de la delegación de la Conagua del Valle de México. Desafortunadamente tenemos que afirmar que también en la delegación del estado de Zacatecas se dan conductas poco éticas entre sus funcionarios.
Por ejemplo, tenemos conocimiento de la venta de concesiones para perforar pozos nuevos para riego agrícola, de forma irregular hasta en montos que llegan a los 100 mil pesos. Además de manera ilícita, se cobran cuotas por metro cúbico que no están acordes a la reglamentación vigente y que violan los preceptos que para tal efecto dispone la Semarnat.
Asimismo se hace una mala utilización de los mantos acuíferos de la entidad, lo que pone en peligro la conservación de los mismos y altera de manera negativa el entorno ecológico de las zonas donde están asentados.
Vemos entonces, que hay ejemplos claros de que la función pública se está utilizando para el beneficio de particulares y de los funcionarios de esta dependencia, por lo que creemos necesario que se emprendan acciones claras para terminar con la corrupción imperante dentro de la Comisión Nacional del Agua, en este caso en la delegación regional del estado de Zacatecas.
Así hemos sido testigos de millonarios fraudes en contra de distintas empresas y dependencias públicas. Hemos presenciado y sufrimos los costos de pagar cuantiosos rescates a empresas que al amparo del poder público viven del dinero de los contribuyentes. Ahí está el Fobaproa-IPAB como el mayor ejemplo de la corrupción en las esferas públicas y privadas de la vida nacional.
Para el caso que nos ocupa, hemos visto y recibido denuncias sobre actos de corrupción en la Semarnat y en la institución que depende de ella, la Comisión Nacional del Agua. Incluso en días pasados, las oficinas de esta dependencia en la sede regional del Valle de México fueron tomadas por la Policía Federal Preventiva para allegarse de archivos y pruebas que comprueben las acusaciones que penden sobre distintos funcionarios de la presente administración, así como de administraciones anteriores.
De hecho fueron cesados y detenidos 30 funcionarios acusados de extorsión, cohecho y venta irregular de grandes cantidades de agua. Entre los detenidos figura el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua para el Valle de México, Humberto Whaibe Arredondo.
El uso y explotación de este recurso natural debe llevarse a cabo de la manera más transparente posible y siempre bajo el marco legal de las leyes y normas que rigen en esta materia, así como también se requiere que las dependencias que tienen dentro de sus facultades proteger este recurso, vigilar su correcta utilización, e incluso cobrar por la utilización de pozos ya existentes o crear nuevos, deben tener criterios de beneficio social sin perder de vista el allegarse de recursos para conservar la infraestructura física que permite trasladar el vital líquido a zonas del país donde es escaso.
De esta forma, la dependencia federal encargada de proteger los mantos acuíferos de nuestra nación es la Semarnat, que conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua realiza esta función y ésta última es la que directamente se encarga de otorgar concesión para perforar pozos, administrar los existentes, cobrar por el suministro de este líquido.
Desafortunadamente en nuestro país, al haber tenido un régimen autoritario y vertical donde la función pública se confundía en muchas ocasiones con el beneficio personal, se desarrolló una cultura de corrupción y mala utilización de los recursos públicos, que hasta el día de hoy sigue presente y no se ha erradicado.
Por las consideraciones antes expuestas proponemos a esta H. Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- Que la H. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, investigue los posibles actos de corrupción y desvío de fondos públicos en la delegación del estado de Zacatecas, de la Comisión Nacional de Agua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta días del mes de enero de dos mil dos.
Atentamente
Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Enero 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPUNIDAD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
Honorable Asamblea:
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
La discrecionalidad en la aplicación de la Ley y la justicia selectiva, forman parte de los saldos más obscuros de un régimen político que no ha quedado del todo atrás.
El problema deja de ser abstracto y se coloca en lo concreto, cuando el influyentismo, la posición política o los chantajes, hacen que haya quienes son castigados por delinquir y quienes pueden transgredir la ley y conservan su libertad en franca ofensa a la sociedad; y deja también de ser abstracto cuando la ofensa se traduce en descalabros económicos para el país.
La oferta de cambio y la verdadera transición consiste precisamente en el cambio de las viejas estructuras jurídicas y en el respeto irrestricto a la ley, incluyendo su aplicación por parte de quien corresponde hacerlo.
A un año de este gobierno, no hay acciones concretas contra la corrupción y contra la impunidad.
El problema es que hay muchos agravios a la sociedad en estas materias y el desencanto de la gente puede hacernos retroceder mucho, por la irresponsable pasividad de quien se comprometió a cambiar las cosas y tal parece que sólo administra.
II. Las expectativas de que ahora las cosas serían distintas, formaron parte de la oferta política de quien por primera vez en 70 años derrotó al partido político que gobernó hasta entonces.
Sin embargo el balance hasta ahora no puede calificarse de positivo.
Si aumentó o no la corrupción y la impunidad, no es tema de este análisis.
Lo que si podemos decir es que en este lapso no ha habido una sola acción real, contundente y sobre todo con resultados, contra la impunidad de los crímenes que se cometieron en los anteriores sexenios y tampoco se conoce ninguna medida contra la corrupción de funcionarios de este gobierno, a pesar de los casos comprobados como el de las toallas de la casa presidencial.
III. ¿Será que después de exhaustivas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que la corrupción generalizada y evidente que se visualizaba y por la cual la gente se hartó, era sólo un mito?
¿Qué se hace, entonces con el agresivo discurso de campaña de quien finalmente ganó la elección del 2 de julio de 2000?
Que los anteriores gobiernos no hicieran nada o casi nada y sólo por consigna para perseguir y castigar a quienes delinquían con protección o desde la esfera pública, francamente no sorprende a nadie, dadas las complicidades que se tejieron en la descomposición de aquel proyecto político.
Lo que si sorprende es que hasta ahora, en este terreno sólo hay "mucho ruido y pocas, muy pocas nueces".
IV. En esta situación ubicamos el sonado caso de desviación de recursos en Pemex, el cual huele a un acto publicitario más de este gobierno de mucho impacto y muy pocos resultados.
En el cual se percibe un afán por interferir en el proceso interno de elección de la dirigencia de un partido político, al más rancio estilo del régimen anterior.
Otro caso de espejismo, está representado por el asunto de la Comisión Nacional del Agua, donde de manera inconstitucional se montó un operativo con participación de la Policía Federal Preventiva, sólo para iniciar unas auditorías y solicitar la renuncia de algunos funcionarios, es decir sin pruebas de conductas y responsabilidades, pues ni siquiera se fue capaz de despedir de forma justificada a quien cometió actos de corrupción.
V. Ante esto, se nos impone estar muy al pendiente de los resultados de estas investigaciones, pues de ellos va a depender la seriedad de lo anunciado con tanta publicidad hasta ahora y la confianza que se puede tener por parte de la ciudadanía en este gobierno.
Esperamos que no se trate de una presión política o el llamado desesperado de quien gobierna a negociaciones al margen de la ley, a cambio de que le aprueben sus proyectos particulares, como la mal llamada "apertura de la industria eléctrica", o la privatización energética.
Tampoco esperamos que estemos ante una venganza y como tal de una representación facciosa de algo que no es justicia y que si, en cambio, descompone el momento político que vive el país.
En gran problema están quienes anunciaron el caso Pemex si no llegan hasta las últimas consecuencias, pues sólo seguirán generando descrédito.
Seguimos esperando que se inicie en serio una verdadera lucha contra la impunidad y contra la corrupción; si no hay deslinde del pasado, no hay futuro democrático para el país.
México no se merece una guerra de chantajes, pues en ese caso todos los resultados serán negativos para nuestras instituciones.
Más allá de los alardes publicitarios, Fox tiene que hacer del combate a la impunidad y a la corrupción, un compromiso con resultados.
Queremos informarle que hay mucho que investigar y castigar:
El crimen del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la guerra sucia de los setenta, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, los fraudes por los fideicomisos de Banca Unión y por el Fobaproa, el dinero desviado al equipo de transición del entonces Presidente electo Fox; y desde luego el financiamiento nacional e internacional de las campañas políticas del año 2000 incluyendo la del actual mandatario y las elecciones locales del año pasado.
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se pronuncia para que el Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, adopte todas las medidas necesarias y suficientes para combatir la impunidad que ha padecido el país en los últimos decenios.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de enero de 2002.
Atentamente
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Enero 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA VISITA QUE REALIZARA EL PRESIDENTE VICENTE FOX A LA REPUBLICA DE CUBA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA DEL SOCORRO NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
I. Recientemente las relaciones entre los gobiernos de México y Cuba, han cumplido 100 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida.
Son éstas, una de las relaciones más añejas por su continuidad y son también una relación con resultados benéficos para los pueblos y gobiernos de ambos países.
Un especial sentimiento embarga a los mexicanos cuando se trata algún tema relacionado con Cuba, y lo mismo sucede con ellos por cuanto se refiere a México y a los mexicanos.
Esto se ha tejido por mucho tiempo y trasciende las posiciones individuales que desde la subjetividad o la abstracción intelectual se puedan tener.
II. Cuando Cuba defiende su soberanía, en realidad defiende la capacidad de regirse, que debe tener cualquier país.
Su lucha, entendemos, también es nuestra lucha.
Por eso cuando en el concierto internacional defendemos activamente las posición de Cuba, en realidad estamos abogando también por México.
Es por ello que el asunto trasciende lo puramente declarativo, y se coloca como una cuestión estratégica para Cuba desde luego, pero también para México.
Cuando no se apoya a aquel país, peligrosamente se coloca en posición vulnerable nuestra capacidad de autodeterminación.
Esa es la importancia que tiene para el país la relación con esa nación.
III. La política internacional de México, se construye a partir de circunstancias históricas por las que ha atravesado el país.
México no puede sustraerse de esta realidad, pues hacerlo puede resultar muy peligroso.
A lo largo de nuestra historia, particularmente en el siglo XIX, México fue un país agredido, no agresor, por parte de las potencias internacionales y de manera muy significativa por los Estados Unidos.
Las agresiones de los Estados Unidos, le significaron al país la pérdida de más de la mitad de su territorio.
No pretendemos regodearnos en esa tragedia histórica, pero si resaltar el porqué de la construcción de una política internacional mexicana, que poco o nada tiene que ver con la de las potencias y que se identifica más con la equidad en el entorno internacional para las naciones.
Esa política internacional no nació en un día, ni puede ser enterrada en un día, y menos si la política internacional de la gran potencia en un mundo unipolar, sigue buscando, los mismos objetivos de siempre.
La ecología, la lucha contra el narcotráfico, los derechos humanos, el combate al terrorismo, son temas que a pesar de su nobleza, son utilizados por la gran potencia, para intervenir en las decisiones de los países a favor de sus intereses específicos.
Por ello, las autoridades de México deben defender con ahínco el primer derecho, el más importante, que tiene el pueblo de un país: su existencia y libre determinación.
Es un asunto prioritario para México, la buena relación con las causas cubanas, porque son nuestras causas, pues ellos han demostrado que se puede vivir con dignidad y alcanzar niveles superiores de vida, sin seguir los modelos económicos impuestos por organismos financieros internacionales, subordinados a los Estados Unidos.
IV. En el sexenio anterior experimentamos el mayor enfriamiento en la historia de las relaciones con Cuba.
La ambigüedad de Zedillo, lo llevó a no hacer una sola visita de Estado a la isla y al mismo tiempo mantener un discurso del agrado de los enemigos del pueblo cubano.
La responsabilidad de Zedillo, forma parte también del negativo balance de su gestión.
En ese lapso por cierto, el partido al que pertenece Zedillo, no alzó la voz contra ese desdén que pudo dañar enormemente nuestra posición en el entorno internacional.
V. En este sexenio la tentación por agradar a la potencia, ha estado presente.
Nuestro canciller ha resultado en un fallido amigo de los intereses de aquel país.
El Congreso ciertamente ha frenado la animosidad de Castañeda, sin embargo queda para la historia la promoción que hizo a favor del voto de censura en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y sus nada inteligentes declaraciones derivadas de ese evento.
También en este sexenio se acuñó el término de "modernización", de nuestra política internacional para justificar que con matices puede haber intervencionismo: "nomás tantito"; discurso por cierto, con el cual se hizo campaña y se consiguió un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Otro saldo en materia internacional de este gobierno son los resultados que han tenido los viajes internacionales del Presidente Fox, mismos que han derivado en una consecución de despropósitos y banalidades, que no pretendo repetir en esta exposición, pero que todos conocemos ampliamente.
VI. Por ello, no está de más que esta Comisión Permanente se dirija al Ejecutivo federal a propósito de su próxima visita a Cuba a realizarse los días 3 y 4 de febrero del año en curso, antes de que se den hechos consumados, para recordarle la importancia de nuestra relación con el pueblo y el gobierno cubano, relación que hay que cuidar y cultivar activamente, y evitar cualquier falta de respeto y pretensión de intervencionismo verbal, contrario a los principios constitucionales de nuestra política internacional.
Tampoco está de más, exhortarlo a que, tal y como lo ha hecho en reiteradas ocasiones el Congreso de la Unión, condene, por inhumano, inútil y porque constituye una agresión, el bloqueo económico ordenado por los Estados Unidos hacia aquél país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que en su próxima visita a la República de Cuba, fortalezca las relaciones con el pueblo y gobierno de aquel país, y para que respete irrestrictamente el principio constitucional de no intervención y de libre determinación de los pueblos.
Asimismo, se le exhorta para que condene el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos de América, desde hace más de cuatro décadas en contra de Cuba.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de enero de 2002.
Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Enero 30 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL DESPIDO DE TRABAJADORES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA DEL SOCORRO NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2002
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo sobre el despido de trabajadores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. El rostro que hoy tiene nuestro país no es el de un México próspero o "a la vanguardia". Por el continuismo de políticas económicas lesivas al bienestar y a los intereses de la mayoría del pueblo mexicano, la nación sigue sumiéndose en el tobogán del deterioro y los rezagos sociales.
Esto es así no sólo por la ausencia de una política de fomento productivo a favor de la población de menores recursos y oportunidades, sino debido a una política de contracción salarial que mantiene las remuneraciones de los trabajadores a la baja. La caída del salario mínimo es del 74 por ciento respecto a 1977, el último incremento a esta remuneración apenas alcanzará a mantener el nivel que tenía el año pasado y hoy menos de la mitad de los asalariados recibe una remuneración suficiente para adquirir la canasta mínima alimentaria. No se puede hablar en absoluto de una política social distributiva mientras no se considere al poder adquisitivo de los salarios como un indicador clave del bienestar social.
En el caso del empleo, los resultados han sido desastrosos. Contrariamente a lo ofrecido por el candidato Fox, el nulo crecimiento del producto interno bruto y la falta de una política de fomento al mercado interno y al aparato productivo dieron como resultado la pérdida de empleos en el sector formal. No sólo dejaron de generarse los empleos para cubrir la incorporación de jóvenes a la población económicamente activa, sino que, además, se perdieron más de 382 mil empleos: casi 32 mil al mes; más de mil diarios; 44 por cada hora del gobierno de Vicente Fox. Adicionalmente, durante 2001 se perdieron el 70 por ciento de los empleos generados en 2000. Y éstas son cifras oficiales. Si atendemos a otras fuentes, los datos son aún más alarmantes: según información publicada por la Universidad Obrera de México (Max Ortega, en Trabajadores enLínea, No. 27, nov-dic, 2001) en el primer año de este gobierno se perdieron 611 mil empleos, de los cuales cerca del 70% eran empleos "permanentes"; es decir, empleos estables y seguros. Si consideramos que cada hogar mexicano está formado por al menos cuatro personas, podemos vislumbrar la dimensión social de la realidad laboral de nuestro país.
2. Pero esto no es todo. Esta situación se ve agravada por una política laboral de simulación de las relaciones de trabajo en el sector público. Los trabajadores al servicio del Estado, por el control jurídico y sindical a que están sometidos, se encuentran en una situación de franca desventaja para discutir y definir sus condiciones de trabajo. La contratación y el despido se adecuan a las condiciones presupuestales, disponiéndose libremente del volumen y las condiciones de contratación de la mano de obra, destruyendo, por distintas vías, la estabilidad laboral. Parte de esta ofensiva antisindical la constituyen modelos de simulación, como los contratos por "honorarios" que disfrazan y eluden responsabilidades del Estado hacia sus trabajadores.
Desde 1983, la política laboral del gobierno hacia los servidores públicos ha reducido al máximo la nómina de trabajadores sindicalizados, sus ingresos y prestaciones, muy a tono con los dictados neoliberales. Entre 1995 y 2001, las dependencias de la administración pública federal redujeron su plantilla en más de 270 mil trabajadores, bajo el supuesto de que la solución a los problemas del servicio público es la misma que puede aplicarse a una empresa cualquiera.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se ha pronunciado por una reforma laboral y administrativa, de amplia consulta y consenso con los trabajadores al servicio del Estado, que establezca el servicio civil de carrera, permita revalorar el trabajo burocrático e incorpore criterios justos de ingreso, promoción y permanencia del servidor público, así como que dé plena vigencia a sus derechos individuales y colectivos.
3. Son precisamente estos derechos los que se han lesionado en el caso que presentamos a esta alta tribuna.
En noviembre del año pasado la Reunión de Administradores Locales de Recaudación resolvió reestructurar las unidades de las Circunscripciones Regionales Hacendarias, cambiando los cargos de notificadores, ejecutores y verificadores por el de "abogado tributario" y "actuario fiscal", motivando que el personal adscrito a dichas áreas fuera despedido sin respeto a sus derechos.
Pese a que se cumplen los requisitos para probar la existencia de una relación laboral con el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a que algunos de estos trabajadores llevan una antigüedad ininterrumpida de hasta 19 años, dicho personal es contratado temporalmente bajo el régimen de honorarios libres asimilados a sueldos.
Durante su labor en las Circunscripciones Regionales Hacendarias, a estos trabajadores nunca se les reconoció su antigüedad, tampoco tenían derecho a un empleo estable ni al pago de prestaciones tan esenciales como vacaciones y aguinaldo, servicio médico, seguridad social. Además, sufrían retrasos en sus pagos de hasta mes y medio, así como maltratos y abusos de parte de sus superiores en el centro de trabajo negándoseles su calidad de trabajadores y servidores públicos.
Ante esta ofensiva y para hacer valer sus derechos, doscientos cincuenta trabajadores adscritos a las administraciones locales de Guadalajara, zonas Centro y Sur, y Zapopan formaron la Comisión de Trabajadores Notificadores, Verificadores y Ejecutores Fiscales Despedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En lugar de diálogo y alternativas de solución, han tenido como respuesta el hostigamiento y la amenaza. Peor aún, el Servicio de Administración Tributaria publicó una convocatoria para ocupar las vacantes de actuario fiscal y abogado tributario con una serie de candados laborales que marginaron la posibilidad de recontratar a los despedidos.
Las demandas de estos trabajadores son elementales: en primer lugar, su reinstalación en puestos de base con las mínimas prestaciones de ley y, de ahí, el reconocimiento de su antigüedad en la Secretaría, el establecimiento de un salario profesional y el pago del aguinaldo correspondiente a 2001, así como el reconocimiento de su derecho a la contratación colectiva y a su libertad de asociación.
El respeto a los derechos de los trabajadores constituye un principio irrenunciable que bajo ninguna circunstancia puede trasgredirse. Las diversas formas de simulación y violación de las normas laborales han creado prácticamente un mercado negro en el sector público, en el que se discrimina a los trabajadores y se eluden relaciones de trabajo. Es inaceptable que se hable de un país en transición democrática mientras prevalezcan situaciones laborales injustas y discriminatorias, máxime cuando son provocadas por el propio gobierno federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las autoridades laborales competentes su intervención para que sean resueltas, conforme a derecho, las demandas de la Comisión de Trabajadores Notificadores, Verificadores y Ejecutores Fiscales Despedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Segundo. Asimismo, exhorta al Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a atender las peticiones de dichos trabajadores y resolverlas favorablemente, mediante el diálogo y conforme a la legislación vigente.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Enero 30, 2002.
Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
(rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Enero 30 de 2002.)
A su décima reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el jueves 31 de enero de 2002, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
3. Expedientes turnados.
4. Dictámenes a discusión.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación,
en su caso, de dictámenes.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión-desayuno, el jueves 31 de enero, a las 9:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de la Secretaría de Servicios Parlamentarios
sobre el resultado del proceso de selección de dos directores de
proyecto y cuatro investigadores "A", que llevó a cabo el Jurado
Calificador, para conformar el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias.
4. Informe sobre la visita de trabajo al Servicio de
Investigación del Congreso estadounidense.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL H. CONGRESO DE LA UNION
A su reunión ordinaria de trabajo, el jueves 31 de enero, a las 11 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Heidi Storsberg Montes
Presidenta
DE LA COMISION DE MARINA
A participar en las mesas de trabajo para el Análisis y discusión de la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Transportes y Marina, que tendrán lugar en Ciudad del Carmen, Campeche los días 29, 30 y 31 de enero de 2002, teniendo como sede el Hotel Holiday Inn de dicha ciudad.
Mesas de Trabajo
Análisis y discusión de la ley por la que se modifican, reforman y adicionan diversas disposiciones de la vigente Ley de Navegación
Jueves 31 de enero de 2002. Hotel sede
MESA 20: Flota Petrolera
Moderador: Dip. Gustavo Adolfo González Balderas
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A la gira de trabajo de la Subcomisión de Infraestructura Carretera al estado de Coahuila, el viernes 1 de febrero de 2002.
Agenda
9:00 Reunión con el señor gobernador del estado de Coahuila, Lic. Enrique Martínez y Martínez, aeropuerto de Saltillo, hangar de gobierno.
10:30 Llegada al hotel Camino Real.- Av. Fundadores 2000, salón Laureles.
10:40 Bienvenida a la reunión con directores generales de centros SCT de la región noreste del país por parte del director del centro SCT Coahuila.
11:00 Exposición de las acciones de infraestructura
carretera, por parte del director del centro SCT Durango.
11:20 Sesión de preguntas y respuestas.
11:30 Exposición de las acciones de infraestructura
carretera, por parte del director del centro SCT Chihuahua.
11:50 Sesión de preguntas y respuestas.
12:00 Exposición de las acciones de infraestructura
carretera por parte del director del centro SCT Tamaulipas.
12:20 Sesión de preguntas y respuestas.
12:30 Exposición de las acciones de infraestructura
carretera por parte del director del centro SCT Nuevo León.
12:50 Sesión de preguntas y respuestas.
13:00 Exposición de las acciones de infraestructura
carretera por parte del director del centro SCT Coahuila.
13:20 Sesión de preguntas y respuestas.
13:30 Audiovisual Construcción de pavimentos
antiderrapantes en el estado de Coahuila.
14:00 Audiovisual Estabilización de caminos
rurales en el estado de Coahuila.
14:30 Conclusiones y clausura por parte del Lic. Juan Manuel Duarte Dávila, Presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión plenaria, el miércoles 6 de febrero, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Análisis, discusión y aprobación,
en su caso, del proyecto de programa de trabajo.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su reunión de trabajo a la que asistirá el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Economía, el miércoles 6 de febrero, a las 14 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Presentación al Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista,
secretario de Economía, del Proyecto General de Políticas
Públicas para el Mundo Cooperativo.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Herbert Taylor Arthur
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, el miércoles 6 de febrero, a las 14:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados.
5. Informe de los trabajos para la revisión integral
de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
6. Presentación de anteproyectos de dictámenes.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 7 de febrero, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
II.- Avances del grupo especial de trabajo de Renave, y Gas Natural y LP.
III.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secofi, (ahora Secretaría de Economía) para que permita la importación de cualquier auto que por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor seguridad. Presentada el 14 de noviembre de 2000 por la Dip. Esveida Bravo Martínez.
IV.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a puntos de acuerdo relacionados con el aguacate mexicano.
V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se revise el TLC en materia agropecuaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, se dé apoyo a los productores de maíz y al campo. Presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Manuel Martínez Nava.
VI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 15 de agosto de 2001.
VII- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada por la Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 26 de abril del 2001.
VIII.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la comunicación del H. Congreso del estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el Proyecto de Norma Oficial denominada "La Leche de Vaca, su Denominación, Especificaciones, Formación Comercial y Métodos de Prueba".
IX.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para incorporar dentro del decreto presupuestal de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2001, una partida para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el préstamo que se otorga al Consejo Nacional de Productores de Frijol y del punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, al producto frijol en el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.
X.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de octubre de 2001.
XI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía, de Agricultura y Ganadería; así como de Hacienda y Crédito Público, establezcan criterios para otorgar subsidios al sector agropecuario.
XII.- Análisis y discusión de la iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 34-A, 34-B y 34-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XIII.- Informe de actividades de las Subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores, así como informe de actividades del secretariado técnico.
XIV.- Asuntos generales.