Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se solicita autorización para que el Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional los días 3 y 4 de febrero de 2002, a fin de realizar una Visita de Trabajo a la República de Cuba.
En el texto de la Iniciativa de Decreto enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se exponen los argumentos para justificar la visita de trabajo a Cuba.
En ese documento se hace referencia a la importancia que da México a su política exterior hacia el Caribe, donde comparte fronteras marítimas con naciones insulares cuyas características responden a diversas culturas, sistemas políticos y niveles de desarrollo y donde privilegia sus contactos diplomáticos con aquéllas con las que mantiene lazos históricos como es el caso de Cuba.
En el documento aludido se afirma que las relaciones bilaterales de nuestro país con esa Nación cumplirán en breve cien años ininterrumpidos, lo que demuestra a través del tiempo el interés mutuo de las partes por conservarlas, incrementarlas y ampliarlas en campos específicos como el económico-comercial, el financiero y el de cooperación técnica.
Respecto a los intercambios económicos, el Titular del Ejecutivo sostiene que Cuba es nuestro segundo socio comercial en el Caribe, que mantiene un superávit favorable a nuestro país, y que ocupa además el sexto lugar de inversiones en la Isla. Se añade que la visita servirá para reactivar el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones, ratificado recientemente por el Senado mexicano y que aún no se ha llenado este requisito legal por parte del gobierno cubano. Concluye que "este Acuerdo constituirá una sólida base para alentar nuevas iniciativas de inversión mexicana en esta nación". Asimismo, el Titular del Ejecutivo mexicano reiterará a su homólogo cubano el interés del gobierno mexicano para que su país se haga representar al más alto nivel en la Conferencia Internacional sobre Financiamiento del Desarrollo, que se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el próximo mes de marzo.
Mención especial ocupa en el documento enviado por el Ejecutivo, los niveles de colaboración que han alcanzado los intercambios científicos y tecnológicos. Cuba es el primer receptor de esa cooperación en la región caribeña gracias a los 179 acuerdos firmados en la materia. Añade que durante la visita se buscará precisar acciones de colaboración de beneficio compartido aprovechando entre otros asuntos, las ventajas comparativas que Cuba tiene en materia de salud.
A partir de los años setenta del pasado siglo, la cooperación entre ambas naciones en el área cultural ha sido una constante que ha fortalecido la relación bilateral; colaboración que se caracteriza por la diversidad y riqueza de intercambios. Por ello en la iniciativa de Decreto el Titular del Ejecutivo expresa su determinación de que la cultura "...siga siendo un punto de encuentro entre ambos pueblos y fundamento para la consolidación de nuevos entendimiento bilaterales..."
En el documento citado se hace referencia a que las Comisiones Mixtas creadas hasta la fecha juegan un papel importante para dar seguimiento a todos estos intercambios, principalmente los que se refieren a educación y cultura, comercio, transporte, energía, ciencia y tecnología, asuntos migratorios y consulares, pesca y agricultura.
La relación política bilateral ha sido, desde hace cuatro décadas, un proceso definido por el diálogo franco y abierto, buscando siempre que los asuntos de coyuntura o las percepciones diferentes sobre algunos tópicos internacionales o regionales no empañen la amistad y solidaridad entre sus pueblos o las afinidades alcanzadas entre sus respectivos gobiernos.
El texto de la iniciativa de Decreto parte de las primeras conversaciones sostenidas por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la toma de posesión del Presidente Vicente Fox en diciembre del 2000, en las que se comprometieron a profundizar el diálogo en múltiples asuntos de la agenda política bilateral y multilateral. Se agrega que de autorizarse esta Visita de Trabajo, se intercambiarán puntos de vista sobre los temas que ocupan la atención de la sociedad internacional como el combate al terrorismo; la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos; reformas al Sistema de las Naciones Unidas y otros temas de la nueva agenda mundial.
Los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo coincidimos en la importancia que para México tiene su relación con la República de Cuba, la cual trasciende la diplomacia tradicional y se ha ampliado actualmente a contactos parlamentarios, empresariales, de organizaciones sindicales y por parte de organizaciones No Gubernamentales.
Por ello se solicitó la comparecencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Embajador Gustavo Iruegas, para intercambiar puntos de vista y profundizar sobre algunos temas de interés en las relaciones mexico-cubanas y su impacto en la geopolítica regional.
Durante la entrevista el Embajador Iruegas reiteró los términos de la exposición de motivos y añadió que gracias a la reciente visita de los Diputados mexicanos, el Presidente Fox encontrará un ambiente óptimo. Agregó que la visita reafirmará el carácter plural de la política exterior y se retomará el diálogo iniciado con el Presidente Castro al inicio de su mandato, a la par que permitirá discutir temas de la agenda global y bilateral.
El compareciente añadió algunos otros temas de discusión como la Cumbre entre América Latina - Unión Europea a celebrarse en Madrid; la revisión de temas bilaterales como el energético y el de salud y enfatizó la condecoración del Aguila Azteca que se otorgará al cronista de la Habana Eusebio Leal, innovador del concepto de restauración arquitectónica.
Entre los legisladores que intervinieron en la sesión de preguntas, la Dip. Miroslava García Suárez solicitó que se incluyeran en la agenda los temas que los diputados habían planteado en la Habana. El Embajador Iruegas respondió que existe un avance en el sentido de haber presentado una contrapropuesta a la parte cubana.
El Senador Presidente de la Segunda Comisión de Trabajo, José Natividad González Parás recordó la larga tradición de solidaridad de nuestro país con el pueblo hermano de Cuba y señaló alguna confusión que en su momento suscitaron las declaraciones percibidas como contradictorias del Presidente Vicente Fox (primero como candidato y luego como Presidente electo) en donde en unas elogiaba al régimen del Presidente Fidel Castro y en otras hacía una severa crítica a su gobierno y expresó un deseo de conocer la posición que finalmente mantendrá el Presidente en esta visita que debe estar apegada a nuestros principios de política exterior. Asimismo señaló la conveniencia de que se conozca con mayor detalle la agenda de un programa de trabajo y recordó la posición del Senado de la República que rechazó por unanimidad el bloqueo económico a la isla de Cuba que viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los preceptos constitucionales que guían nuestras relaciones con el exterior.
El Subsecretario Iruegas comentó que la posición del Ejecutivo está definida con respecto al bloqueo: México lo rechaza como solución de controversias políticas. Abundó que esta visita no responde sólo a la invitación del Presidente Castro sino se inscribe también en el peso de la relación México-Cuba y puntualizó que por primera vez se realiza al inicio de una gestión.
Por último la Senadora Castellanos solicitó saber si se ha previsto alguna entrevista con la disidencia cubana. Contundente, el Embajador respondió que no; sin embargo, señalo que dada la capacidad de movilización política de la disidencia, ésta puede darse como sucede en las visitas de Estado en todas partes del mundo. Resaltó que de cualquier manera no sería ni la primera ni la única vez que esto suceda.
Con base en la documentación remitida por el Titular del Ejecutivo y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscriben, consideraron que es de resolverse autorizar el viaje que el Ciudadano Presidente Vicente Fox Quesada realizará a la República de Cuba los días 3 y 4 de febrero de 2002.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 3 y 4 de febrero de 2002, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Cuba.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SALA DE COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, DF, a 22 de enero de 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario (rúbrica); Dip. Alfredo Ochoa
Toledo, secretario (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica);
Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. César Camacho
Quiroz; Dip. Manuel Medellín Milán (rúbrica); Sen.
Federico Fraile García; Dip. José Alfredo Botello Montes;
Sen. Armando Chavarría Barrera (rúbrica); Dip. Guadalupe
López Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica);
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo (rúbrica); Sen. Sara Isabel
Castellanos Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García
Suárez (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO LICENCIADO MAURICIO DE MARIA CAMPOS Y CASTELLO, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MEXICO EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano Mauricio de Maria y Campos y Castelló, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano De Maria Campos y Castelló consta que nació en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1943. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su currículum vitae se establece que obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realizó la maestría en Desarrollo Económico, en la Universidad de Sussex, Gran Bretaña.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido Embajador para Proyectos Especiales y asesor de la Subsecretaría de Naciones Unidas, Africa y Medio Oriente.
Los miembros de la Comisión dictaminadora, deseamos expresar que el Embajador designado ha ocupado diversos cargos en el sector público, tales como: director general de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Industria y Comercio; director general de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; subsecretario de Fomento Industrial de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; director adjunto del Banco Mexicano Somex; representante de México y director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
En acatamiento del Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Campos y Castelló, a una reunión el día de hoy en donde se conversó sobre la política exterior mexicana hacia las naciones del continente africano, en especial la llamada Africa Subsahariana, la relación bilateral con la República de Sudáfrica y una síntesis de su programa de trabajo que presentó a esta Soberanía.
Sobre este particular, el Embajador expresó que ha tenido contacto con Africa y Sudáfrica en particular desde la época en que era estudiante de postgrado y como funcionario internacional. Se comprometió a guiar sus actividades en el marco de los principios de política exterior establecidos en la Constitución.
Planteó en su programa de trabajo que existen grandes coincidencias entre ambos países en las que se pueden hacer alianzas en foros internacionales por la coincidencia en posiciones, tales como derechos humanos, lucha contra el terrorismo, desarme, conservación del medio ambiente. Por otra parte, subrayó que las coincidencias son también estructurales: "México y Sudáfrica son naciones de desarrollo intermedio, con grandes niveles de desarrollo en ciertas regiones y sectores y al mismo tiempo, con grandes focos de pobreza y marginación". Describió la historia reciente de Sudáfrica del apartheid hasta la transición democrática así como los retos que enfrenta el gobierno para combatir la pobreza, la violencia y el Sida.
El Embajador designado hizo una breve reseña de la relación bilateral comentando que la presencia del gobierno mexicano en Sudáfrica ha sido limitada, reflejo de una concentración explicable de nuestras relaciones con América del Norte así como el desinterés en aquellas organizaciones del Tercer Mundo como el "Grupo de los 77" y el "Movimiento de los No Alineados" y completó su planteamiento afirmando que el actual Gobierno se encuentra revisando su política exterior hacia esa área con el fin de iniciar una etapa más activa y positiva.
Como antecedente del estado en que se encuentran las relaciones actualmente, el Embajador designado informó a los miembros de esta Comisión que desde el inicio de las relaciones diplomáticas la única visita de Estado que se ha concretado es la del Presidente Mandela a México; escasas y esencialmente multilaterales las de secretarios de Estado mexicanos a Sudáfrica; que las exportaciones mexicanas han sido pocas y erráticas salvo el tequila y la cerveza mexicanas, y que a partir de 1997 las exportaciones se han "petrolizado". Identificó algunos productos con grandes potencialidades de exportar para diversificar la balanza comercial bilateral. Recalcó que Sudáfrica es un país inversionista y que puede convertirse en un puente entre México y el Africa Subsahariana.
El Embajador propone una estrategia que contemple:
2) Visitas de secretarios de Estado a Sudáfrica así como de legisladores y funcionarios de otros niveles de la administración pública.
3) Promoción de visitas de delegaciones empresariales de ambas Naciones, tomando en cuenta que por sus características de desarrollo intermedio, las economías de uno y otro país en muchos sectores son competitivos entre sí, aunque hay un espacio para la complementación.
4) Alentar los intercambios científicos y técnicos con base en programas consensados y dándoles el seguimiento correspondiente.
5) Organizar al menos una vez al año, ferias, exposiciones o eventos culturales.
El Embajador enumeró los campos en los cuales se puede lograr beneficios concretos, tales como: lucha contra el Sida y avances en materia agrícola y minera. La senadora Sara Isabel Castellanos solicitó al Embajador designado sus comentarios sobre la colaboración que podría brindar Sudáfrica en materia de administración de parques nacionales y si es factible un acuerdo comercial con ese país. El Embajador designado manifestó respecto a este último asunto que primero se requiere crear los flujos de comercio necesarios y posteriormente la firma de un convenio.
Con base en la documentación remitida por la Cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe, hemos podido constatar que el ciudadano De Maria y Campos y Castelló posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente punto de
ACUERDO
UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Mauricio de Maria y Campos y Castelló, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente.- México, DF, a 22 de enero de 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario (rúbrica); Dip. Alfredo Ochoa
Toledo, secretario (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica);
Dip. Efrén Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. César Camacho
Quiroz; Dip. Manuel Medellín Milán (rúbrica); Sen.
Federico Fraile García; Dip. José Alfredo Botello Montes
(rúbrica); Sen. Armando Chavarría Barrera (rúbrica);
Dip. Guadalupe López Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz
(rúbrica); Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo (rúbrica);
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava
García Suárez (rúbrica).
Los suscritos legisladores federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea una proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:
En el proceso de análisis del paquete fiscal y presupuestario, los diputados de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reiteramos nuestro compromiso de participar en las decisiones del país, como una oposición seria y responsable, por ello entendimos que esta tarea nos imponía tres obligaciones fundamentales:
Dotar al Gobierno Federal de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades;
Establecer una carga impositiva justa que no gravitara fundamentalmente en las clases más desprotegidas y;
Asegurar la correcta distribución de los recursos asignados de forma tal que estos se apliquen en las acciones prioritarias para el desarrollo nacional.
Pero sin perder jamás de vista que todas estas acciones deben de estar dirigidas necesariamente a un propósito fundamental, una mayor justicia social.
Por ello cuando el Ejecutivo Federal planteó una propuesta de reforma fiscal que se apoyaba fundamentalmente en gravar alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, colegiaturas y libros, nuestra posición fue muy clara, no estamos de acuerdo en que en la mayor parte de los recursos fiscales se pretenda obtener a través de una fórmula que impacta más a quienes menos tienen y en esto nuestra posición fue y seguirá siendo invariable, no a la desaparición a la tasa cero en el IVA en alimentos, medicamentos, prestaciones laborales, libros y colegiaturas.
Del cumplimiento de nuestro compromiso para que los recursos fuesen asignados para los programas y acciones prioritarias para el desarrollo nacional, dan testimonio más de 36,000 millones de pesos que por disposición del Congreso serán ejercidos por estados y municipios, de un total de 80,000 millones reasignados a rubros como educación, salud, combate a la pobreza, seguridad social, desarrollo de los pueblos indígenas y apoyos al campo.
Sin embargo, todo este esfuerzo, en el que justo es reconocer coincidieron otras fracciones parlamentarias a favor de la economía popular, se ve minimizado cuando en torno a la aprobación del paquete fiscal algunos sectores de la clase empresarial y del comercio, valiéndose de la desinformación que ellos mismos han sembrado a través de una feroz campaña mediática, han asestado un grave golpe a la economía popular por medio del ocultamiento, la especulación y de una escandalosa alza de precios.
De nada sirvió que en el Congreso, después de meses de discusión, decidiera, en atención a no lastimar la economía popular, que no se gravaran con un 15% los medicamentos, a pesar de que ello implicaba la renuncia a los recursos fiscales correspondientes, sí algunos empresarios sin escrúpulos con la complacencia de las autoridades competentes, de un día para otro aumentan los precios de los medicamentos hasta en un 30% obteniendo una ganancia ilícita que sólo a ellos beneficia.
A la vista de todos los ciudadanos están las tiendas en donde de la noche a la mañana desaparecieron casi todos los aparatos electrónicos y las huellas de reetiquetación en muchos de los productos son evidentes.
Sin embargo, los ciudadanos no percibimos, ni los medios de comunicación dan noticia de que alguna autoridad haya realizado ninguna acción tendiente a evitar y mucho menos castigar estos abusos a pesar de que la Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como obligaciones la vigilancia y verificación de precios y la promoción y protección de los derechos del consumidor ante todo género de prácticas que lesionen sus intereses, denunciando ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delito y ante las autoridades competentes los que constituyan violaciones administrativas.
Vemos con preocupación que no se este llevando a cabo ninguna medida para frenar y evitar esta arbitraria alza de precios en infinidad de productos, principalmente los de primera necesidad que no fueron afectados por impuestos en perjuicio de muchos sectores sociales, pero sobre todo, de aquellos con menor capacidad de adquisición, como lo son los trabajadores, que hoy, además de sufrir el duro golpe de un incremento salarial irrisorio que no satisfizo de forma alguna sus mínimas expectativas, recibe inerme, el embate de comerciantes que se aprovechan de la confusión.
Situación esta que obliga a que se tomen medidas inmediatas para evitar que con el pretexto de las reformas en materia fiscal empresarios y comerciantes sin escrúpulos sigan dañando a la economía popular, solicitando la intervención del titular del Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor y a través de la instauración de una subcomisión que se encargue de coadyuvar con las autoridades competentes, en el seguimiento de estas acciones.
Por ello los legisladores federales firmantes, en nuestro carácter de representantes populares, y conscientes de la grave situación generada con motivo de estas prácticas abusivas, sometemos a esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor se instrumenten las medidas necesarias para evitar el alza injustificada de precios y otras prácticas especulativas en perjuicio de la economía popular.
Segundo.- Se exhorte a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados para que integre una subcomisión para dar seguimiento y coadyuvar con las autoridades correspondientes en la solución de este grave problema.
Diputados: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Manuel Medellín Milán, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Reyes Antonio Silva Beltrán, Alfredo Ochoa Toledo, Roberto Ruiz Angeles, Florentino Castro López (rúbricas)
(Turnada a la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente. Enero 23 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION POLITICA DEL ESTADO DE MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR HUGO SONDON SAAVEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
Palacio Legislativo a 23 de enero de 2002.
Acción Nacional en el estado de México a lo largo de su historia se ha caracterizado por una lucha constante en contra de la simulación, la mentira, el fraude electoral, el autoritarismo, la ineficiencia y la indefinición en los gobiernos, la demagogia y la falsa retórica, misma lucha que empezó a encontrar eco en la ciudadanía cuando en 1996, los ciudadanos haciéndola suya, acudieron a las urnas de manera decidida a marcarle un rumbo diferente al estado de México y así fue que dieron el voto a dos opciones distintas a la de siempre, al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, iniciando así, una nueva historia de participación democrática y una inevitable transición política, sin embargo hay quienes todavía no entienden esta nueva realidad y continúan aferrándose a viejas prácticas que atentan contra la estabilidad social y que irrumpen con los nuevos tiempos de diálogo y concertación.
Acción Nacional en el estado de México ha procurado en todo momento crear condiciones de diálogo y respeto, siempre buscando el consenso en beneficio de sus habitantes, pero desafortunadamente ha visto truncados sus esfuerzos, por la falta de sensibilidad de las autoridades estatales, quiénes a casi la mitad de la actual administración, se han dedicado a realizar en todo este tiempo la más inmoral Cerverización del Gobierno, por uno de sus más fieles impulsores, y practicante de estas viejas tácticas, el Sr. Arturo Montiel Rojas.
Lo anterior se motiva en lo acontecido en el Congreso local el 29 y 30 de diciembre del 2001, donde un grupo de diputados, quienes de manera permanente, desde el inicio de su gestión, se han caracterizado por ser instrumento eficaz de los intereses del gobierno priísta, por mayoría de votos le han aprobado prácticamente todo a su gobernador, como la Ley de Ingresos y Egresos del gobierno del Estado, misma que fue propuesta y aprobada por los antes citados, y que impactan de manera negativa la vida pública en la entidad.
Una muestra es la autorización que se dio al Ejecutivo para que se endeudara con 5,900 millones de pesos, que sumada a la ya existente llegará a finales de este año a un total de 32 mil millones de pesos, lo que convierte al estado de México, como la entidad más endeudada del país, situación por demás grave, pues el Gobierno del estado no ha realizado ninguna obra que la justifique.
Nunca entendieron que el entorno económico se agravaba, y era necesario buscar una mayor racionalización del gasto público, lo que implicaba austeridad, oportunidad y eficacia, por lo cual, Acción Nacional propuso que todas las partidas presupuestales estuvieran sustentadas en acciones concretas de trabajo, para así evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y la indefinición de las acciones de gobierno.
Como ejemplo claro de esta situación es el uso inapropiado del programa de inversión estatal, el cual ha sido manipulado con fines puramente políticos y no con el afán de satisfacer las necesidades de los mexiquenses.
Propusimos que la aplicación de estos recursos fueran con criterios demográficos, enfocados a la pobreza y al rezago en la infraestructura, así como la presentación de un catálogo de obras, y de esta forma, propiciar que el estado diseñará una estrategia que permitiera reducir el nivel de endeudamiento, ya que el mismo colapsa las finanzas públicas; a lo anterior como respuesta obtuvimos, que el Congreso, con excepción del grupo parlamentario de Acción Nacional, le autorizara al gobernador un mayor endeudamiento.
Con estas tácticas al más puro estilo del viejo PRI, este gobernador de marras, rejuveneciendo sus viejas prácticas, y con la ayuda de sus incondicionales testaferros en el Congreso local; utilizando el albazo, el más aberrante de los mayoriteos, y su singular autoritarismo, logró sacar adelante su supuesta reforma electoral. Más que reforma ésta representa una regresión electoral.
Y digo regresión no sólo por las incongruencias ahí plasmadas, sino también por la torpeza reflejada en la misma, que significa un retroceso en los diálogos plurales iniciados en 1996, continuados en 1998, años en que los priístas mexiquenses, coincidieron con la propuesta de Acción Nacional, en la necesidad imperiosa de realizar elecciones concurrentes con las federales, en cuya exposición de motivos se mencionaba el desgaste al que se sometía al electorado así como también el claro dispendio de recursos.
En esta misma reforma se plantea la posibilidad, que dos o más partidos postulen comúnmente a un candidato, lo que seguramente confundirá al electorado, pues algunas mezcolanzas impedirán que puedan conocer realmente las propuestas de plataformas políticas.
Acción Nacional está de acuerdo en las coaliciones de los partidos políticos pues de manera conjunta permite encontrar coincidencias en los programas legislativos y de gobierno, pues las mismas se realizan a nivel estatal o nacional; y no así las candidaturas comunes que solo vendrán á crear confusión.
Nuestro partido con anterioridad a estos sucesos convocó a las diversas fuerzas políticas y a los titulares de los poderes del estado, a la instalación de una mesa de diálogo, para la construcción de un compromiso político y el desarrollo del mismo, temas que tenían que ver con problemas torales de la vida pública, y que contenían las propias exigencias ciudadanas desde hace ya mucho tiempo, dicha convocatoria sólo fue atendida por el Partido de la Revolución Democrática, y una vez más el Gobierno del estado, respondió con su ya consabida actitud de silencio, cerrazón e intolerancia, postura que ha lastimado y lastima los intereses más sentidos del pueblo mexiquense.
Esta reforma someterá al electorado del estado de México a una campaña permanente de más de un año, entre la realización de las elecciones internas y externas empezando con las locales y continuando con las federales, toda vez que no existe legislación de precampañas, así como tampoco se dará margen para la resolución de conflictos poselectorales, pues prácticamente culmina una y empieza otra, quisiera preguntarle desde esta tribuna al Sr. Arturo Montiel ¿qué va a suceder? en el caso de que el Instituto Estatal Electoral resolviera la nulidad en alguna de sus elecciones y se tuviera que convocar un proceso extraordinario, se harán concurrentes con las federales.
Es preocupante la combinación que busco el gobernador entre la autorización de un endeudamiento y la reforma electoral, ¿será acaso que ambas van de la mano?
Que no se le olvide al Sr. Arturo Montiel que tiene pendiente una solicitud de juicio político ante esta soberanía, precisamente por su actuar intolerante, intransigente y autoritario, y que su forma de gobernar no es acorde a los nuevos tiempos de cambio y pluralidad política misma que no fue producto de la casualidad sino fue decidida por la ciudadanía en las ultimas elecciones locales y federales, que lo obliga a conducir al estado de México con una visión actualizada a las nuevas circunstancias políticas.
Desde esta tribuna hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, a no permitir este albazo por parte del gobernador y sus brazos ejecutores legislativos, para lo cual proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Recomendar al Congreso local del estado de México dé marcha atrás a esta reforma electoral que trasgrede el Estado de derecho y que niega la pluralidad política de la entidad.
Dip. Víctor Hugo Sondón Saavedra (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Enero 23 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL HOMICIDIO DE DIGNA OCHOA Y PLACIDO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:
II. Puntual y públicamente, la Cámara de Diputados condenó el brutal homicidio mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada Hortensia Aragón Castillo, aprobado por unanimidad el pasado 23 de octubre de 2001. Acuerdo del cual se derivó no sólo la condena del acto criminal, sino la exigencia de una investigación exhaustiva y expedita que lleve a procesar a los autores materiales e intelectuales, así como la necesidad de que se hagan públicos los avances de estas investigaciones, lo que a la fecha no ha sucedido.
III. Asimismo, con fecha 6 de noviembre del año próximo pasado, presenté un punto de acuerdo en el cual propuse la creación de una comisión especial pluripartidista que dé seguimiento riguroso a las investigaciones que las autoridades competentes lleven a cabo en torno al asesinato de la Lic. Digna Ochoa y Plácido. Esta propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política, sin que a la fecha haya sido presentado al Pleno de la Cámara el acuerdo correspondiente.
IV. Al igual que en mi proposición anterior, reitero que es obligación y responsabilidad de este H. Congreso de la Unión contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena legalidad. En este caso, están en juego no sólo las garantías individuales de quienes hacen de la defensa de los derechos humanos su actividad primordial, sino la credibilidad del sistema político mexicano que pareciera transitar hacia una normalidad democrática, en la que la acción institucional responda a las demandas ciudadanas en todos los rubros, particularmente en lo que se refiere a la seguridad, la impartición y la procuración de justicia. El asesinato de Digna Ochoa y la impunidad de sus autores demuestran lo contrario.
V. En este crimen y en las amenazas vertidas antes y después de él a otro miembros destacados de grupos de defensa de los derechos humanos se han visto ligadas instituciones nacionales de primer orden. El ejército, las procuradurías General de la República y del Distrito Federal, entre otras. A nadie beneficia que la duda y la sospecha se extienda sobre estas instituciones de gobierno que, hoy más que nunca, se debieran consolidar como ejemplos de eficiencia, eficacia y apego a derecho.
VI. El gobierno federal, y particularmente el presidente Vicente Fox, se comprometió a garantizar la plena colaboración y apoyo de todas las dependencias involucradas para el esclarecimiento de este lamentable caso. Hasta ahora, es una promesa mas no cumplida. El gobierno del Distrito Federal tiene, también, una deuda con la sociedad: seguimos sin conocer de avances en las investigaciones de la procuraduría capitalina.
VII. Las circunstancias que rodearon al lamentable homicidio exigen de este Congreso una postura clara, sin mayor dilación y con un mayor compromiso, por lo que:
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia designe de entre sus miembros a un Grupo Plural de Trabajo que se entreviste con las autoridades responsables de las investigaciones en torno al asesinato de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, así como que recabe la información pertinente e informe a esta Comisión Permanente sobre los avances de dichas indagaciones.
Segunda: Se haga un llamamiento al presidente Vicente Fox para que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene a las dependencias del gobierno federal que brinden su total apoyo y colaboración a las autoridades que llevan a cabo las investigaciones de este crimen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de enero de 2002.
Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados. Enero 23 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RODOLFO ESCUDERO BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Los puertos marítimos mexicanos deben ser considerados como uno de los activos más importantes de la Nación, debido principalmente a que son una de las vías más importantes para el desarrollo y prosperidad del comercio nacional, en beneficio de millones de mexicanos.
Por ello, debemos proteger a las Administraciones Portuarias Integrales, las cuales han logrado revertir el abandono e ineficacia en que se encontraban hasta hace algunos años nuestro puertos mexicanos.
En administraciones pasadas, existía una asignación ineficiente de recursos asociada principalmente a una elevada dispersión de las inversiones y con un monopolio del Gobierno federal con una administración excesivamente centralizada. Situación que provocaba que algunos puertos presentaban niveles de saturación, mientras otros estaban siendo subutilizados.
Por otra parte, el Partido Verde Ecologista de México esta consciente de las muchas incongruencias, quejas y preocupaciones de la ciudadanía mexicana que ha causado la reforma fiscal aprobada el pasado mes de diciembre. Adicionalmente, se han emitido reglas de operación y resoluciones que lejos de aclarar las imprecisiones surgidas por una legislación precipitada, ha profundizado la inseguridad jurídica del contribuyente.
A pesar de que son muchas las modificaciones que son necesarias a las leyes en materia tributaria que han sido aprobadas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone un punto de acuerdo, referente a la suspención del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el cual se señala que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transferirá de manera no onerosa el 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los Gobiernos de los Estados y el 6% de las mismas a los Municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los Estados y Municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga mas del 76% de las acciones".
El tema a que se refiere este artículo transitorio es eminentemente de carácter federal, el cual de ninguna manera debe ser considerado dentro de una estructura local o estatal, como es la intención del precepto y mucho menos en la Ley de Ingresos de la Federación.
Dentro de esta disposición, los puertos son considerados indebidamente, sin lógica jurídica y desvirtuando lo que es la materia federal, pues lo que podría ocasionar esta reglamentación, es facultar a las entidades federativas y municipios, para adquirir participación de empresas públicas federales, como lo es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Es necesario mantener, una equidad dentro de la Federación que asegure un patrimonio a toda la nación por igual y no sólo a determinados estados.
El Congreso de la Unión no puede estar operando por desvirtuar el sistema federal, un sistema que ha costado construir a lo largo de muchos años con el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.
La Ley de Ingresos tiene como objetivo fundamental, normar las reglas que rigen en materia de impuestos e ingresos para la Federación. Sin embargo, al parecer ésta no se reduce sólo al tema de recursos, ya que con esta ley se está viendo como entregar los bienes de la Federación y definitivamente no es el espíritu de la Ley de Ingresos.
También, es preciso señalar que las Administraciones de Puertos Integrales, son empresas de la administración pública que en la actualidad trabajan con cifras que les son favorables, sin embargo estas no son suficientes para todas aquellas necesidades que hoy en la actualidad requieren los puertos en esta era de globalización, para poder competir con los puertos internacionales.
La descentralización con autonomía operativa y financiera de los puertos mexicanos, se sustenta en la libertad operativa y en el esfuerzo por competir y ser eficientes, generando sus propios recursos que les permiten el crecimiento y desarrollo sostenido.
Esta es la estrategia nacional que tiene como objetivo alcanzar la calidad internacional portuaria. Los puertos del presente, deben tener una infraestructura actualizada y eficiente que den un beneficio positivo a la Nación.
No nos oponemos al beneficio que pudiese traer esto a los estados y municipios, siempre y cuando se haga de manera adecuada desde el punto de vista jurídico, económico, social y político. Como posible solución se pueden dar contratos o inversiones para activar la economía estatal o municipal y de esta manera no se tendría que despilfarrar el patrimonio nacional.
Bajo el nuevo marco legal y con la transformación a nivel internacional, actualmente existe certeza y confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros sobre las ventajas de aportar recursos al sector marítimo portuario en México. Anteriormente a la existencia de las Administraciones Portuarias Integrales, las inversiones nacionales y extranjeras estaban muy limitadas debido a la gran inseguridad financiera y jurídica propiciada por el marco legal obsoleto con el que funcionaban los servicios portuarios del país, en un franco retroceso al desarrollo de la actividad económica de todos los estados y municipios que integran la Federación.
Para dar un ejemplo de lo anterior, en el puerto de Altamira en el estado de Tamaulipas, durante 1995 se lograron inversiones privadas por un monto de $383 millones de pesos, con la Administración Portuaria Integral durante el año 2001, se lograron inversiones privadas por un total de $4,492 millones de pesos, cifra esta última, que es la mayor inversión privada en el rubro de comunicaciones y transportes. Por lo que respecta al rubro de carga en dicho puerto, se movilizan actualmente 6.6 millones de toneladas, lo que supera considerablemente las 1.9 millones de toneladas manejadas en 1994.
Estas inversiones y cifras con las que trabajan nuestros nuevos puertos mexicanos, sin duda decaerán si se establece lo propuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos en comento.
Por otra parte, es importante resaltar que si se considera otorgar un 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral a los estados y el 6% de las mismas a los municipios, la Federación se quedaría únicamente con el 50% de las acciones, ya que en principio se parte del supuesto de que como mínimo deberá contar con un 76% de las acciones. Esto traería como consecuencia que no se tendría el control necesario para la toma de decisiones y peor aun en un tema de seguridad nacional para todos los mexicanos, como lo son los puertos de México.
Señores legisladores: Es competencia federal, no estatal, ni municipal, es una medida ilógica, sin ningún sentido, la que en este artículo transitorio se ha publicado. No podemos denotar ignorancia en el Congreso. Les solicito recapacitar y solicitar la suspensión del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos, a fin de que no entre en vigor, de manera tal que el honorable Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para hacer una modificación de ley, consensada y responsable para no generar un precedente que el día de mañana no podamos detener.
Por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscriben la presente proposición, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento en lo establecido en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, por lo que toca a lo decretado en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002; postergue la aplicación del artículo 6º transitorio, hasta que el H. Congreso de la Unión precise las nuevas disposiciones en esta materia, ya que la operación de los puertos es de naturaleza y competencia federal.
Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de enero del año 2002.
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Enero 23 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO A QUE DE INICIO A LOS TRABAJOS DE LA REFORMA DEL ESTADO, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2002.
Quiero hacer uso de la palabra en esta tribuna para hacer un llamado al Poder Legislativo, aquí representado, y al resto de los poderes de la Unión, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para que asumamos una tarea pendiente que tenemos desde el 2 de julio de 2000; hago un llamado para que juntos asumamos la discusión y la elaboración de una gran Reforma del Estado que nos permita acceder pacífica y ordenadamente a un nuevo régimen político, económico y social.
En virtud de ello vengo a proponer, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
Los legisladores entendemos que el mandato del voto popular que recibimos en las elecciones federales del año 2000, expresa la voluntad y la esperanza de cambio de la mayoría de los electores. El 2 de julio la gente votó por un cambio profundo, por una nueva relación entre el poder y la sociedad; no votó por un cambio de nombres ni de colores; votó por el derecho a vivir con dignidad y votó por el derecho de participar en la edificación de un régimen más justo, más equitativo, más democrático y más próspero.
El propio presidente Vicente Fox se comprometió como presidente electo a impulsar la Reforma del Estado, cosa que no ha hecho con entera convicción. Instaló una comisión de estudios para tal efecto, con una pluralidad de políticos, diplomáticos y académicos coordinados por el Lic. Porfirio Muñoz Ledo, y asumió sus conclusiones como propias y la tarea de impulsarlas. Ya como presidente, Vicente Fox dijo, en el marco del aniversario de nuestra Constitución Política, que la misma Carta Magna habría de discutirse a profundidad, y luego insinuó olvidar su dicho, como tantos otros.
Aquí en la Cámara de Diputados, acordamos la creación de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, misma que se instaló desde el 6 de diciembre de 2000. En esta comisión se han establecido agendas mínimas de trabajo y han acudido a su seno los representantes del Poder Ejecutivo, Santiago Creel Miranda y del Poder Judicial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel.
Se ha acordado abordar la discusión en torno al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, al Poder Judicial, al federalismo, a una nueva reforma electoral, a una gran reforma de los medios de comunicación, a la reforma económica y social del Estado y al grave problema que representa la delincuencia organizada, y a la política exterior mexicana. Desde luego que no son todos los temas, pero son temas que ya fueron consensuados para ser discutidos en esta agenda mínima.
Desde hace tiempo se han generado foros desde la sociedad y desde el Poder Legislativo y Ejecutivo; pero falta concreción en los acuerdos y quizás voluntad política para iniciar una ruta crítica en busca de los grandes consensos nacionales.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hemos sido testigos de que no puede haber cambios sustantivos sin abordar esta discusión de manera amplia e incluyente. No podemos hablar de transparencia, de rendición de cuentas, de equilibrio entre poderes, de nuevo federalismo, de federalismo hacendario si no avanzamos para concitar esfuerzos, y avanzar hacia una reforma profunda del Estado.
No se pudo concretar una nueva hacienda pública puesto que no habíamos dado la discusión de este nuevo Estado; a cambio obtuvimos aproximaciones parciales de lo que cada grupo parlamentario consideró mejor para el régimen fiscal del país.
No podemos abordar la discusión de los energéticos sin antes consensuar un nuevo diseño de las relaciones sociedad-Estado que tenga amplia aceptación social.
Sin duda el reto es enorme, pero las condiciones políticas, económicas y sociales están dadas para emprender esta gran discusión que lleva, en esta última etapa, cuando menos, un año de retraso.
Por todo ello, compañeras y compañeros legisladores, y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General, vengo a presentar ante esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto para que la discusión y elaboración de propuestas e iniciativas de ley en torno a la Reforma del Estado se retome a la brevedad posible con los mecanismos parlamentarios provistos para dicho efecto en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Segundo.- Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto para que en los trabajos de discusión y elaboración de las propuestas e iniciativas para la Reforma del Estado participen en un mecanismo que ayude a generar consensos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los partidos políticos nacionales.
Dip. Miroslava García Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Enero 23
de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN TORNO A LA SOLIDARIDAD DEL H. CONGRESO DE LA UNION AL ESTADO Y AL PUEBLO ARGENTINO, PRESENTADO POR LA SENADORA SARA CASTELLANOS CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
La situación que vive Argentina es insólita, no tiene precedentes. En un breve periodo de 10 años ha pasado de ser un Estado que había resuelto sus principales problemas económicos y políticos avanzando a la modernización y democratización para convertirse repentinamente en un Estado Fracasado.
El término de "Estados Fracasados", es un concepto desarrollado en los últimos años en los circuitos académicos norteamericanos, para hablar de países pobres en donde el Estado ha perdido el control de las funciones básicas como el mantenimiento del orden público o el cobro de impuestos.
Los expertos en desarrollo han usado el término para referirse a países como Angola, Afganistán y Haití. Argentina con una renta per capita de 500 dólares al mes y con la población más educada del mundo en desarrollo parecía muy alejada de éstos. Pero su reciente debacle económica y las protestas callejeras que obligaron a la renuncia de tres presidentes en menos de un mes, ha puesto en evidencia una pérdida de capacidad del Estado de mantener el orden y ejercer la coerción legitima.
A pesar de la gravedad de la situación argentina, no ha tocado fondo. El Estado ha perdido casi toda capacidad económica, está en quiebra y no sólo no puede pagar los 145 mil millones de dólares de deuda externa, sino es incapaz de sufragar su gasto corriente. La quiebra bancaria amenaza con terminar de colapsar el sistema de pagos. Los pensionados argentinos han perdido sus fondos utilizados por el gobierno en un vano afán de pagar intereses de la deuda y los ahorradores no pueden disponer de sus recursos y están a punto de ser víctimas del despojo más grande jamas visto.
La situación argentina parece no tener otra salida mas que la debacle total en una situación denominada por el ministro de Economía argentino, Jorge Remes Lenicov, como la peor crisis del último siglo; pero, que en realidad tiene todas las características de la primera gran crisis del siglo XXI.
Veamos sí no.
La combinación del incumplimiento de pagos de la deuda externa; la paralización del comercio exterior; la devaluación; la amenaza de hiper inflación y la congelación de cuentas en los bancos es socialmente explosiva a corto plazo.
Los nuevos dueños de los bancos amenazan salir del país tal como lo anunció el presidente del Banco Santander Central Hispano en el sentido de que su permanencia en el país dependía de que el sistema financiero fuera "viable y rentable". Los nuevos dueños de los servicios públicos amenazan con lo mismo debido al decreto gubernamental que impone las tarifas en pesos libres. El nuevo impuesto a la exportación del petróleo crudo afecta a las dos empresas extranjeras Repsol, de origen español, quién compró la paraestatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- y Total Fina ELF, de origen francés.
El grupo francés, Suez, reaccionó airadamente ante la devaluación amenazando con suspender servicios de agua, energía y limpieza donde es concesionario, las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El hambre se cierne no sólo sobre los 2.5 millones de desempleados y los 14 millones de pobres de los 36 millones de habitantes, sino a la población en general. Las empresas extranjeras también controlan el comercio de productos básicos. Carrefour, firma francesa que controla el 30% del mercado de autoservicio con 387 tiendas ha sido severamente afectada por 43 meses de recesión, saqueos y destrucción de sus instalaciones. La emergencia alimentaría fue decretada por el gobierno el pasado 16 de enero.
Pero la principal e inmediata amenaza se encuentra en la huida de los bancos ante la inminente quiebra del sistema. Es el caso de los bancos españoles Santander Central Hispano (Banco Río) y BBVA Argentaria (Banco francés); y el canadiense Scotiabank quienes ante la negativa de sus casas matrices han tenido que salir a comprar dólares para respaldar sus activos al mercado libre, propiciando una mayor devaluación pero a la vez beneficiándose de la venta de reservas, hecha por el Banco Central para respaldar la nueva moneda argentina. Desde Madrid la analista de la calificadora Moody?s María Cabanyes estimó que los bancos españoles deben estudiar si les conviene seguir operando en ese país. "No hay muchos argumentos para que los bancos arrojen más dinero en sus subsidiarias argentinas", dijo.
El Fondo Monetario Internacional no es el culpable directo de la crisis pero su manejo insensible, distante, descuidado ha contribuido a detonar algunos problemas y agravar otros, volviendo prácticamente imposible la construcción de una salida.
Es evidente que la situación rebasa toda proporción hasta ahora conocida. Por lo mismo, posibilitar la salida significa ensayar medidas alternativas a las recetas tradicionales.
Exigir un presupuesto equilibrado a un Estado en quiebra es insensato, ya que simplemente el asumir sus funciones elementales implica un serio problema de financiamiento. Tampoco es suficiente otorgar una prórroga sobre el pago de amortizaciones a bonos que se están venciendo, ni siquiera la solución se encuentra en nuevos prestamos que serían engullidos en un pozo sin fondo. De poco sirve el distraído apoyo de George W. Bush condicionado a mantener abierto el mercado y la estabilidad macroeconómica.
Lo que Argentina requiere es una respuesta nueva de la comunidad internacional para encontrar una salida -nada fácil de encontrar- a su situación. En ese sentido se han pronunciado la Comisión Europea y los gobiernos de Francia y España. También los gobiernos de la región integrados en el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Así como el Banco Interamericano de Desarrollo que ha integrado una comisión de expertos de Chile, Brasil, México, España y probablemente Estados Unidos.
El presidente de México expreso su solidaridad desde el pasado 20 de diciembre y lo mismo hizo esta Comisión Permanente.
Sin embargo es necesario ser más enfáticos. Lo que sucede en Argentina no nos puede ser de ninguna manera indiferente.
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Esta Comisión Permanente hace un atento llamado al Ejecutivo Federal para que instruya al representante de México ante el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional a solicitar a Claudio Loser director para América Latina, a Anne Krueger primera subdirector gerente y a Horst Koehler director gerente del Fondo Monetario Internacional para que atiendan de manera inmediata la situación argentina, buscando las medidas adecuadas e inmediatas para impedir un colapso del sistema bancario y en general un deterioro mayor financiero, económico, político y social.
Senadora Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Senadores. Enero 23 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE DESPIDOS EN LA INDUSTRIA ELECTRICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2002
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre despidos injustificados en Comisión Federal de Electricidad, al tenor de las siguientes consideraciones:
1.El debate generado por la pretensión de privatizar el sector eléctrico nacional ha sacado a la luz pública la realidad de una industria con un enorme potencial de crecimiento. El sector eléctrico nacionalizado registra por dos décadas un crecimiento del 8% anual. La Comisión Federal de Electricidad opera con finanzas sanas, para el año 2000 operó con utilidades de 6 mil 900 millones de pesos, que por productividad se sitúa como una de las más rentables del mundo y de acuerdo a los parámetros de calidad que pregona la nueva administración el 82% de sus plantas cuenta con certificaciones ISO.
La CFE sufraga su propio gasto corriente con el ingreso por ventas, por lo que no representa una carga para el presupuesto, sin embargo desde la administración zedillista el gobierno ha restringido las asignaciones presupuestales a la CFE.
Se ha insistido en que para "eficientar" la industria hay que abrir a la inversión privada nacional y extranjera los activos de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Sin embargo, en el periodo en que predominaron las empresas eléctricas privadas surgieron conflictos por las arbitrariedades y el incumplimiento en el servicio, así como abusos por el cobro de tarifas exorbitantes. Dichas empresas concentraban su servicio en las áreas metropolitanas de mayor desarrollo y densidad, buscando mayores utilidades y rendimientos, dejando sin servicio regiones rurales y marginadas.
Desde la nacionalización de esta industria y hasta fines de la década de los 80, el financiamiento de la expansión del servicio eléctrico se realizó con recursos del Gobierno federal, créditos bilaterales, préstamos de la banca internacional y créditos de proveedores. Las restricciones presupuestales, el alto costo de su deuda y las nuevas condiciones planteadas por organismos financieros internacionales obligaron a la Comisión Federal de Electricidad a recurrir a nuevas formas de financiamiento.
En 1992, el Gobierno mexicano comenzó una política de apertura gradual a la inversión privada en la generación condicionada, pero manteniendo el control de la empresa pública, sin que el servicio y la industria tengan un repunte significativo.
Coincidimos en que México requiere fortalecer su sector eléctrico. Debemos diseñar un nuevo modelo de participación estatal, de un Estado rector y regulador de las fuerzas del mercado, que promueva la industria, el comercio y la inversión productiva, que anteponga el interés público al particular, que es la razón de todo Estado democrático y representativo.
Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la falta de recursos para la inversión y modernización no se va a solucionar abriendo la industria eléctrica a la especulación de unos cuantos inversionistas nacionales y extranjeros. La solución requiere un compromiso mayúsculo por parte del Estado para promover la reinversión, modernización y desarrollo del sector.
2. La experiencia de las privatizaciones en México y en el mundo confirma que los derechos laborales y las instituciones sindicales son subordinados, a veces violentamente, a las necesidades de obtención inmediata de ganancias de los adquirientes. En Inglaterra y Nueva Zelanda se despidió a la mitad de los trabajadores de la industria por la privatización; no se crearon nuevos empleos (excepto los de confianza) y se subcontratan servicios conexos y de mantenimiento.
En América Latina la entrega de la industria eléctrica a manos privadas ha resultado lesiva para trabajadores y usuarios. Según el argentino Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, con la entrada del sector privado a la industria eléctrica, la plantilla laboral se adelgazó a casi la mitad y los salarios se han mantenido sin cambios (a excepción de los gerenciales).
No faltan las voces que descalifican las conquistas de la clase trabajadora y la resistencia a la imposición de la privatización de la industria eléctrica.
Este antisindicalismo es congruente con la visión de México como país maquilador. Para los señores del poder y el dinero, el trabajador sólo tiene derecho a trabajar, a mal comer, a cargar con una vejez miserable y a quedarse callado. En esta óptica porfirista del trabajo y del trabajador, éste no puede aspirar a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, conforme a lo establecido en la ley, y con el único limite que el de su capacidad de organización y lucha.
La legitimidad de las conquistas y luchas de los trabajadores no está a debate ni significa un lastre para la modernización de nuestro aparato productivo. En esta lucha, los trabajadores al servicio de la Comisión Federal de Electricidad han sufrido persecución y son reprimidos por la empresa en contubernio con la dirección antidemocrática del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
A partir de marzo de 1999, se integraron en el SUTERM comisiones sindicales de seguimiento para informar sobre la privatización del sector eléctrico, que se encargaron de organizar foros en diversas partes de la República y que se integraron al Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica. Algunos de estos trabajadores integraron planillas opositoras a la dirección que por décadas ha tenido el férreo control corporativo de esta organización sindical.
Los electricistas del SUTERM han mantenido su lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada, en contra de la privatización oculta o simulada, en defensa de su materia de trabajo y en oposición al contratismo y en defensa del contrato colectivo de trabajo.
Un grupo de trabajadores electricistas han sido sujetos a un hostigamiento laboral permanente cuyo denominador común ha sido haber participado, en el proceso electoral para renovar el Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM en la planilla "Cambio y Democracia Sindical", incluido Jesús Navarrete Castellanos candidato de esta expresión a la secretaría general en el XIV Congreso del SUTERM en noviembre de 2000 que culminó con la imposición de Leonardo Rodríguez Alcaine al cargo que lleva ocupando desde hace 27 años.
Otros trabajadores han sido rescindidos de su relación laboral con CFE: Adulfo Santiago Castillo, Suzano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vásquez, Virginia Carrillo Escalona, Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y Lamberto Flores Zaragoza. La mayoría de estos trabajadores tiene más de 10 años de servicios a la empresa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por la reinstalación inmediata, conforme a derecho, de Adulfo Santiago Castillo, Suzano Rivero Hernández, Armando Manríquez Vásquez, Virginia Carrillo Escalona, Maximiliano García Gaxiola, Mariano Guadalupe López Matus y Lamberto Flores Zaragoza en la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo. Asimismo exhorta a las autoridades de la Secretaría del Trabajo, así como a la administración de dicha empresa paraestatal, a intervenir para que cese el hostigamiento laboral contra todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que, en ejercicio de sus garantías individuales y colectivas, se organicen para expresar sus puntos de vista, mejorar sus condiciones de trabajo y participar en su organización sindical de acuerdo con sus convicciones e intereses.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero 23 de 2002.
Dip. Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara de Diputados. Enero 23 de 2002.)
Reunión de trabajo que celebra la Comisión de Comunicaciones con los directores de Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, el día diecisiete de mayo de dos mil uno, en el Palacio Legislativo, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Siendo las dieciocho horas del día diecisiete de mayo de dos mil uno, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión junto con los directores de Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, celebran reunión de trabajo.
El diputado Jesús Orozco Alfaro (PRI), da comienzo a esta reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones, dando la bienvenida al licenciado Alfonso Pasquel, director general de Aeroméxico, y al licenciado Fernando Flores, director general de Mexicana de Aviación. El tema que se va a desarrollar es con relación a la situación actual y el futuro de las principales líneas aéreas; asimismo, comenta que uno de los compromisos que esta Comisión ha asumido con el Ejecutivo federal y con el arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, es el poder intercambiar puntos de vista y perspectivas respecto a los elementos fundamentales de la política aeronáutica de este país que sin duda se vincula con los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en el sentido de celebrar la venta de las principales aerolíneas hasta que se tenga conformada esta nueva política aeronáutica; por ello, también es importante la presencia de los directores generales de Aeroméxico y Mexicana de Aviación para intercambiar puntos de vista en tomo a la situación de las aerolíneas.
A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Alfonso Pasquel, director general de Aeroméxico, quien comenta que a fines de 1991 se desreguló la industria y en 1992 se produjo una guerra de precios muy severa por la entrada de nuevos participantes y porque no había una reglamentación adecuada, y es en el año de 1994 cuando la aviación estaba con una problemática muy seria y a raíz de estos acontecimientos, en 1995 se estudió la nueva Ley de Aviación Civil, la nueva Ley de Aeropuertos y para el año 2000 se estaba previendo un crecimiento en la aviación.
Acto seguido, hace uso de la palabra el licenciado Fernando Flores, quien señala que se están viviendo momentos críticos desde el punto de vista financiero, por lo tanto, es importante celebrar la venta de estas empresas, se necesitan inversiones para modernizar la flota y los sistemas, así como tener capital de trabajo, porque de lo contrario se tendrían que hacer planteamientos drásticos en flotas, es decir, dejarían de volar algunos aviones. Asimismo, solicita que se acelere la venta respectiva.
Hace uso de la palabra la diputada Alejandra Barrales Magdaleno (PRD), quien comenta que lo que se busca es la definición de una política aeronáutica, para que de esa manera los inversionistas establezcan a qué están dispuestos a comprometerse con la industria y qué tipo de inversión requiere nuestra flota
El diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI), toma la palabra y menciona que sería oportuno citar a una comparecencia formal a las autoridades correspondientes para que expliquen con claridad y precisión lo que está sucediendo en la aviación mexicana, de igual manera, pregunta qué opciones creativas se visualizan para cambiar el rumbo y la problemática que tiene la aviación actual; la segunda pregunta es con relación a sí se tiene conocimiento de una política de aviación del Estado mexicano.
Hace uso de la palabra el diputado Eddie Varón Levy (PRI), quien comenta que las aerolíneas aquí presentes deben tratar a los connacionales de una mejor manera; como segundo punto, menciona el problema que existe en el caso de que algún pariente de un connacional fallezca en el extranjero, de igual manera, manifiesta su interés porque se respeten los derechos laborales de los indocumentados mexicanos.
Asimismo, toma el uso de la palabra el licenciado Fernando Flores, director general de Mexicana de Aviación, quien señala que no se mencionó que el lapso de seis meses fuera determinante en el proceso de venta de las aerolíneas y comenta que lo que debe hacerse es disminuir la oferta para distribuir los ingresos y costos de mejor manera, se están buscando opciones de alianzas comerciales, estrategias de promociones de venta, es decir, la parte creativa para enfrentar esta situación, asimismo, apunta que con relación a los compatriotas de origen hispano que viven en Estados Unidos, que van a trabajar, la empresa tiene ciertas políticas.
A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Alfonso Pasquel, director general de Aeroméxico, quien comenta que el personal muchas veces tiene una actitud inadecuada con los pasajeros, por lo que se debe hacer énfasis en las políticas de la empresa; además menciona que lo que se busca es quién va a contribuir con la aviación mexicana, quién va a aportar y quién la va a incorporar en un tema global.
Enseguida hace uso de la palabra el diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI), quien pregunta dónde está el plan de negocios de ambos directores que contemple lo crítico de la falta de capital de trabajo, ya que una empresa debe buscar productividad y eficiencia.
De igual manera, toma el uso de la palabra el diputado Eddie Varón Levy (PRI), quien comenta que debe demandarse reciprocidad normativa en aerolíneas tanto mexicanas como extranjeras.
Toma el uso de la palabra el licenciado Fernando Flores, quien menciona que se tiene un plan de negocios a cinco años que se va adecuando cada trimestre de acuerdo con las perspectivas de crecimiento económico, se tiene un plan financiero aprobado por el Consejo el cual rige el trabajo a realizar y señala que no es un documento público pero está en la mejor disposición de comentarlo en privado con quienes tengan interés en conocerlo, de igual forma, manifiesta que se está enfrentando la emergencia financiera con habilidad, con tranquilidad, con creatividad, pero con el límite de que se acabe el flujo de efectivo, y se acaba este flujo porque no se vende lo suficiente, porque lo que se vende está a precios descontados.
El licenciado Alfonso Pasquel, hace uso de la palabra y señala que el punto importante, tanto en el área operativa como financiera, es la política que se está pidiendo, para que se puedan romper los círculos viciosos que se han tenido.
Finalmente, hace uso de la palabra el diputado Jesús Orozco Alfaro (PRI), quien agradece a ambos directores la disposición que han manifestado para reunirse con los legisladores integrantes de esta Comisión y de otras que también están interesadas en el futuro de la aviación, asimismo, reitera que desde el punto de vista del Poder Legislativo, se considera prudente el dar el espacio de seis meses o lo que suceda primero, es decir, la construcción de la política aeronáutica para poder caminar en el tramo final de la venta de las aerolíneas Aeroméxico y Mexicana de Aviación, de igual manera comenta que de acuerdo al calendario que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario compartió con la Comisión de Comunicaciones y con la de Transportes, de alguna manera esta difícil coyuntura por la que está pasando la aviación nacional, no se vincula directamente con la decisión de postergar este tiempo la venta, sino más bien es resultado de un comportamiento del mercado y de una situación económica nacional e internacional que se está viviendo, además, señala que el proceso de venta de Cintra y de las aerolíneas que la conforman, será un paso que se tendrá que dar en los próximos meses, pero primero deberá de darse a conocer esta política aeronáutica y enfatizó que se comparte la posición que expresó el doctor Aarón Dychter Poltolarek, en el sentido de dar por sentado que las aerolíneas se venderían de manera separada, porque entonces no se está cumpliendo con los compromisos asumidos entre el Ejecutivo y el Legislativo, igualmente, da por concluida la reunión, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del lugar y fecha de su inicio.
Atentamente
Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Jesús Orozco Alfaro (rúbrica)
Presidente
Dip. Bulmaro Rito Salinas (rúbrica)
Secretario
Dip. Emilio Goicoechea Luna (rúbrica)
Secretario
Dip. Alonso Ulloa Vélez (rúbrica)
Secretario
Dip. Alejandro García Sainz Arena (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES, DE LA REUNION DE TRABAJO CON EL ING. LAURO GONZALEZ MORENO, PRESIDENTE EJECUTIVO DE SATELITES MEXICANOS, CELEBRADA EL MARTES 21 DE AGOSTO DE 2001
Reunión de trabajo con el Ing. Lauro González Moreno, presidente ejecutivo de Satélites Mexicanos, celebrada el veintiuno de agosto del dos mil uno en el salón E, del restaurante Los Cristales, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Siendo el día veintiuno de agosto del dos mil uno, a las 9:00 horas, y encontrándose presentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Comunicaciones de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebran reunión de trabajo, con el ingeniero Lauro González Moreno, presidente ejecutivo de Satélites Mexicanos (Satmex).
Estando presente por parte de la Comisión de Comunicaciones: Diputado Jesús Orozco Alfaro (PRI), Presidente de la Comisión; diputado Bulmaro Rito Salinas (PRI), diputado Alonso Ulloa Vélez (PAN), diputado José Gerardo de la Riva Pinal (PRI), diputado César Horacio Duarte Jáquez (PRI), diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), diputado Marcos Paulino López Mora (PRI), diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI), diputado Manuel Castro y del Valle (PAN), diputado Francisco Ramírez Cabrera (PAN), diputado Martín Hugo Solís Alatorre (PAN), diputada Berta Alicia Simental García (PSN).
Se da inicio a la reunión de trabajo donde de acuerdo a la orden del día como primer punto esta contemplado el Presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado Jesús Orozco Alfaro (PRI), para hacer la presentación correspondiente y señalar los objetivos de la reunión y enseguida la intervención del Ing. Lauro González Moreno, presidente ejecutivo de Satélites Mexicanos (Satmex), enseguida se realizarán las intervenciones a cargo de los ciudadanos diputados y por último, se dará paso a la clausura de la reunión.
Toma la palabra el diputado Jesús Orozco Alfaro (PRI), quien explica que por motivo del asunto relativo a la apertura en materia de las comunicaciones vía satélite, se han celebrado varias reuniones haciendo un breve recuento de ellas. En primera instancia, menciona la reunión de trabajo a la que asistieron los ciudadanos diputados federales con el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Jorge Alvarez Hoth, quien mencionó las condiciones que la Secretaría estaba valorando para otorgar concesiones en materia de comunicación vía satélite. Posteriormente y para dar cumplimiento a lo acordado en la última reunión ordinaria de la Comisión de Comunicaciones se conocerá la opinión de la otra parte involucrada en el tema de la comunicación satelital, es el caso de la empresa Satélites Mexicanos.
Se le da el uso de la palabra al ingeniero Lauro González Moreno, quien en su presentación comenta que la situación que vive actualmente Satmex refleja una inequidad y para explicarlo, se enfoca a algunos aspectos importantes; dice en primer lugar, que se encuentran los sectores público, privado y social, han estado presentes a lo largo de treinta y tres años en Satmex, prestando servicios de educación, salud y seguridad, que operan en más de treinta países ofreciendo al mercado mexicano las ventajas de una buena competencia. Como segundo aspecto, dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha otorgado concesiones a operadores extranjeros de gran importancia, en condiciones de inequidad competitiva respecto a Satmex, violando sus derechos y arriesgando la viabilidad de la empresa y la infraestructura mexicana en el sector satelital, aún cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, argumenta que las concesiones son otorgadas apegadas a derecho, dice que por parte de la empresa a quien representa, tienen fundamentos para demostrar que existen imprecisiones para interpretación y aplicación de las formas en que se han llevado. Argumenta que Satmex está a favor de la libre competencia, sin embargo dice que este proyecto, en su opinión, a México sólo le beneficia si se garantizan condiciones justas para todos los involucrados, considerando a su empresa como único operador satelital mexicano.
Hizo una reseña cronológica de cómo ha sido el desarrollo de la formación de la industria satelital mexicana, comenta los inicios en las olimpiadas de 1968 con el uso del satélite "Pájaro Madrugador", en la década de los setenta, México fue de las primeras naciones que solicitó a las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se le reservara ciertos espacios para sus satélites a futuro. A principios de los ochenta se convierte en un país con los primeros satélites comerciales propios y contando con que la mayoría de ellos eran de origen militar, se creó un consorcio de Estados, representados en la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat), en donde concurrían todos los intereses de los países y se había creado una especie de monopolio que operaba satélites en el ámbito mundial, fue cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió participar en Intelsat. Se lanzaron los primeros satélites regionales: "Morelos Uno" y "Morelos Dos" y en los noventa, los de "Solidaridad Uno" y "Solidaridad Dos". En esa misma época, se otorgaron concesiones para operadores extranjeros y se comienzan a dar servicios para televisión directa al hogar como el de las empresas, Televisión Directa (DirecTV) y Cielo (Sky). A mediados de la década de los noventa, con la creación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones se establecen en México las bases para la apertura del espacio aéreo, buscando una equidad y fomentando la sana competencia. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le asigna la tarea de formular, planear y conducir las políticas de los programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, basándose en el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo que participar y vigilar las negociaciones, considerando las diferencias de los diferentes sectores en los países involucrados. Comenta que eso no ha sido respetado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al permitir actualmente, una apertura inequitativa a los empresarios de Estados Unidos de América; posteriormente, en 1997, con bases para su evolución y con fundamento en la ley, el Estado privatiza Satmex, Satélites Panamericanos (Satelital Panamerican, Panamsat) y Eléctricos Generales (General Electric, GE). En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una reforma al artículo 28, párrafo cuarto, donde se establece que la comunicación vía satélite es prioritaria para el desarrollo nacional y el Estado debe proteger su soberanía, acto que tampoco se ha respetado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Comenta el Ing. Lauro González Moreno, que a pesar de las difíciles situaciones por las que ha tenido que pasar, hoy Satmex cuenta con tres satélites operando: "Morelos Dos", "Solidaridad Dos" y "Satmex Cinco" y "Satmex Seis", que se encuentra en construcción y "Satmex" en planes de construcción. Se opera en treinta y un países generando 240 empleos directos, siendo el 100 por ciento mexicanos y, este año se cerró con ventas de 134 millones de dólares; en el año 2000 con $136,000,000.00 USD) (ciento treinta y seis millones de dólares); y en 1990 fueron $110,000,000.00 USD (ciento diez millones de dólares); alcanzando gran confianza en los mercados financieros internacionales
Comenta, que Satmex cuenta con alta tecnología y se ha convertido en una empresa exitosa en sus mercados, consolidada como líder en latinoamérica, reconocida y felicitada por algunos expertos en la materia de comunicación satelital en el mundo, por su buen desarrollo.
Por otro lado, en cuanto al tema de la comparecencia, comenta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha otorgado concesiones a operadores satelitales extranjeros bajo condiciones de divergencia competitiva respecto a Satmex; violando sus derechos y arriesgando la empresa y la infraestructura nacional, ya que entre los operadores extranjeros se encuentra la Sociedad Europea Satelital (SES), Eléctricos Generales de América (General Electric of America, GEA), que son producto de una fusión entre dos de las más grandes empresas a nivel satelital. SES, es un consorcio europeo basado en Luxemburgo, y GEA, es la empresa más grande de satélites en el mundo, tiene 28 satélites en total.
A continuación comenta que Panamsat fue una pequeña empresa privada en la industria, que decidió competirle a Intelsat, que como se dijo anteriormente era un consorcio de paraestatales; a finales de los ochenta Panamsat alcanza su éxito y es adquirida por Motores Generales (General Motors, GM). Se tiene entonces a GE, Panamsat que es subsidiaria directa de GM, siendo las dos empresas más grandes de la industria. Cielos Nuevos (News Skies), es una empresa escindida a partir del Intelsat, y es la empresa que quiere bajar una posición orbital a México, siendo que su registro posterior a México, colocándose en la posición orbital 105, y es en contra de esa empresa que los mexicanos hacen valer sus derechos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y las Cortes Internacionales.
El ingeniero Lauro González Moreno, señala que en realidad no es novedoso que distintos inversionistas hayan aceptado involucrarse a ese tipo de competencia, lo sorprendente, comenta, es que se confiaba en la regulación y la ley actual que permitiera la competencia leal, pues como se ha dicho los ingresos de Satmex provienen de mercados competitivos e internacionales, y la entrada de la SES al mercado mexicano hace grandes ventajas, creando una estructura de costas, con lo que resulta imposible competir.
Posteriormente, el ingeniero, solicita a los presentes prestar atención a las notas que se distribuyen para que observen el desglose del valor de los activos, de valor de las concesiones, y de los pasivos de la empresa, y explicó que a los extranjeros, a las nuevas empresas que están entrando a competir, tienen por su país de origen y tamaño ventajas estructurales importantes frente a Satmex, como: un menor costo de capital; mayor acceso a recursos financieros y tecnología; economías de escala en operaciones y en adquisición de satélites; pagar una cantidad mínima cerca de 300 mil dólares, por derechos relativos a sus posiciones orbitales y la posibilidad de explotar el 100 por ciento de su capacidad, ya que no se les pide espacio para reserva del Estado. Mientras que las condiciones de las concesiones en México son excesivamente favorables, pues no hay límite en el número de satélites que pueden operar en México; solamente se les pide una contraprestación económica en especie por 8 megahertz, valorados en aproximadamente $300,000.00 USD (trescientos mil dólares) anuales o $3,000,000,000.00 USD (tres millones de dólares) totales en los diez años de la concesión, no dan ninguna reserva al Estado, no se les solicita ninguna inversión en el país. Con ello es donde demuestra la inequidad que apelan.
Comenta que resulta claro y congruente que, mientras la ley no hace distinción entre operadores nacionales y extranjeros en materia de reserva del Estado, por lo que la distinción que el reglamento exima a los operadores extranjeros de este impuesto, ya que la reserva, debería ser vista como un impuesto tomado en cuenta en la licitación, pero siendo exclusivamente al operador nacional, lo hace un acto segregacionista. Y con un punto de vista de interés al Estado, debía ser un impuesto que debe cobrarse también a las empresas grandes, sobre todo porque se tiene, en el país, una gran necesidad de capacidad satelital, más aún si es gratuita. Expresa la opinión de Satmex, diciendo que a los mismos derechos corresponderán las mismas contraprestaciones, pero si lo demostrado anteriormente no fuera causa suficiente para manifestar desigualdad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó las concesiones violando así los derechos de Satmex.
El ingeniero menciona que existe legislación y reglamentación, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y su reglamento, el tratado con Estados Unidos en materia satelital y su protocolo en materia de servicios fijos, así como bases de licitación, entre otras, donde se expresa el deseo por las autoridades de que México debe cumplir con sus compromisos de apertura, aplicando las leyes sin distorsionar al operador nacional, ni cobrando contraprestaciones por las nuevas concesiones. Existe un acuerdo de reciprocidad, donde dice que México debe otorgar a los operadores mexicanos las mismas facilidades que Estados Unidos otorgó a Satmex, teniendo en cuenta las diferencias en cada uno de los mercados, pues allá hay 70 satélites comerciales y aquí hay 3. Dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede solicitar a los operadores extranjeros, reserva de Estado, ni tampoco puede fijarles una contraprestación por derecho de aterrizaje, según el artículo 61 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Para aclarar el tema de que Satmex esta de acuerdo con la libre competencia, comenta que solo beneficiará a México si se garantizan condiciones justas y equitativas para todos los participantes. Esto pone en riesgo la vialidad económica de Satmex y de toda la industria satelital mexicana, por la utilización de los activos y las ventajas que se les da a las concesiones, pues los operadores extranjeros podrán operar en México con costos menores a los que en la empresa se manejan y difícilmente se igualarían, e impediría financiar su crecimiento quedando desplazado del mercado a muy corto plazo, por tanto las comunicaciones satelitales del país como seguridad nacional, educación entre otras, dependerían de los operadores del extranjero. Menciona que Satmex no se opone a la apertura ni a la competencia, puesto que esta acostumbrada a ella desde sus inicios, solo pide equidad, mismos derechos y obligaciones pero bajo las leyes y reglamentos mexicanos, siendo la reciprocidad racional y en beneficio del país.
El ingeniero Lauro González Moreno, concluye su exposición diciendo que los operadores extranjeros, deben contemplar bases de equidad competitiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben dar revisión al monto de las contraprestaciones solicitadas por el extranjero, y lo ajusten a manera de que pueda ser comparable al pago de Satmex por sus concesiones. Comenta que es necesario que la autoridad presente una política de desarrollo de comunicaciones satelitales, que asegure la aplicación de criterios consistentes y es cuando el Poder Legislativo tiene la posibilidad de influir y apoyar a todos los participantes de la industria en forma concisa, pues el ingeniero comenta que hasta el momento no se cuenta con una política de desarrollo de comunicación satelital, pues ni el mismo Plan Nacional de Desarrollo toca el tema de la industria satelital.
A continuación el diputado Jesús Alfaro Orozco (PRI), agradeció la presentación del presidente de Satmex y le dio el uso de la palabra al diputado José Gerardo de la Riva Pinal (PRI), quien comenta que los satélites de México son de gran importancia por el servicio social que prestan, independientemente de los negocios que producen, así que demostrando su preocupación realiza algunas interrogantes: ¿qué hacen con la basura espacial? y comenta que es cierto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la obligación de cumplir y aplicar la ley, y si no lo cumple pregunta si existen medios jurídicos para que lo cumplan, en ese sentido, ¿qué es lo que hace la empresa Satmex para que se realicen esas acciones?
Acto seguido el diputado Marcos Paulino López Mora (PRI), hace uso de la palabra, recordando la visita del subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien en esa ocasión comentaba de la inconformidad de Satmex, pero no estaba de acuerdo, puesto que fue la primera empresa que propuso el intercambio entre el Gobierno federal y el Gobierno de los Estados Unidos y que los problemas económicos por los que atravesaba su empresa se oponían a la autorización ya dada por el Ejecutivo Federal y de forma legal. La pregunta que expresa el diputado es: ¿qué hay de cierto en lo que dice el subsecretario de Comunicaciones que, por falta de recursos en la empresa, se debe su oposición a que empresas norteamericanas entren a operar al país?.
El diputado Francisco Ramírez Cabrera (PAN), quien comenta lo que dijo el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto a los problemas de Satmex y no concuerda con los documentos que el ingeniero Lauro González Moreno entregó, así que se compromete a estudiarlos así como lo que dice la Secretaría y así en unos días le enviará su posición al respecto.
El diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón (PRI), toma el uso de la palabra, estando de acuerdo y comprometiéndose al mismo motivo que el diputado Francisco Ramírez Cabrera (PAN), diciéndoles que poco iba a poder solucionar el Legislativo en una controversia de origen particular con el Ejecutivo federal, pero que esperan lleguen a una pronta y buena solución ante los tribunales correspondientes.
A continuación el diputado Alonso Ulloa Vélez (PAN), toma la palabra y se compromete de la misma manera, en la revisión de los documentos entregados, para que en lo futuro dé una respuesta a lo expuesto por el ingeniero Lauro González Moreno.
Para dar respuesta a las intervenciones de los diputados, se le da el uso de la palabra al presidente de Satélites Mexicanos, el ingeniero Lauro González Moreno, quien dice que su presencia en el Palacio Legislativo no busca una respuesta de autoridad, pero quiere exponer a los representantes de los ciudadanos mexicanos y que los intereses del Gobierno federal en la empresa y los de cada ciudadano no sean arrollados por una práctica que puede ser más benéfica para el país. Y más allá de una controversia de opiniones, lo que busca Satemex son diálogos para asegurar que todos sus derechos sean respetados, con el mayor y más estricto apego al Estado de derecho
Menciona que la situación económica en la empresa no es grave, y como evidencia, menciona que expertos financieros en la industria satelital, han dado el voto de confianza. Comenta que la empresa no esta inconforme con la competencia, lo que se busca es congruencia con el protocolo y el tratado para que beneficie al país y no a la empresa.
En relación a la pregunta del porque los satélites tienen una durabilidad de 15 años y si son basura, dice que es el combustible lo que se agota a lo largo de 15 o 20 años, utilizando los últimos gases para sacarlo del estacionamiento de la posición orbital y dejar que las fuerzas gravitacionales y el impulso último del gas, permite que el satélite salga disparado hacia el espacio. En el caso del "Solidaridad Uno", al no contar con su comando, y no tener suficiente combustible para accionar sus motores, se quedó ahí el satélite, adiciona que en ocasiones los satélites llegan a quedar en las posiciones orbitales y se tiene que operar con mas cuidado.
Posteriormente, el diputado Jesús Alfaro Orozco (PRI) da por concluida la sesión de trabajo, reconociendo la disposición de los directivos de Satélites Mexicanos para compartir la información, agradeció al ingeniero Lauro González Moreno por sus exposiciones y la asistencia y comentarios de los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones, da por concluida la reunión siendo las 11:30 horas del veintiuno de agosto del dos mil uno.
Atentamente
Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones
Dip. Jesús Orozco Alfaro (rúbrica)
Presidente
Dip. Bulmaro Rito Salinas (rúbrica)
Secretario
Dip. Emilio Goicoechea Luna (rúbrica)
Secretario
Dip. Alonso Ulloa Vélez (rúbrica)
Secretario
Dip. Alejandro García Sainz Arena (rúbrica)
Secretario
A la reunión de su Mesa Directiva, el jueves 24 de enero, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
Al primer foro de legislación ambiental, "Las organizaciones ambientalistas proponen a los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, sobre legislación ambiental", que organizan los grupos parlamentarios del PVEM en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los días 24 y 25 de enero, a partir de las 10 horas, en el salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Mayores informes e inscripciones a los teléfonos
5659 8242, 5659 8272 y 5658 7172. E-mail: medioambiente@pvem.inbox.mx,
Magali Cortez.
DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
A la ceremonia de clausura del Diplomado de Derecho Parlamentario, Tercera Generación, que se llevará a cabo el lunes 28 de enero, a las 17:30 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Lic. Enrique Lozano Botello
Director General
DE LA COMISION DE MARINA
A participar en las mesas de trabajo para el Análisis y discusión de la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Transportes y Marina, que tendrán lugar en Ciudad del Carmen, Campeche los días 29, 30 y 31 de enero de 2002, teniendo como sede el Hotel Holiday Inn de dicha ciudad.
Mesas de Trabajo
Análisis y discusión de la ley por la que se modifican, reforman y adicionan diversas disposiciones de la vigente Ley de Navegación
Martes 29 de enero de 2002. Aula Magna de la Universidad Autónoma del Carmen.
8:30 a 9:30 horas: Presentación del presidium, palabras de bienvenida y ceremonia de inauguración.
9:30 a 15:00 horas: Hotel Holiday Inn
MESA 2: Modificaciones al Título Tercero,
Capítulo I, "Régimen de Navegación", en los artículos
37 y 38 de la iniciativa que se presenta.
Moderador: Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
MESA 3: Arribo y despacho de embarcaciones.
Moderador: Dip. Ricardo Augusto Ocampo Fernández
MESA 4: Modificación a las disposiciones
contenidas en el Título Tercero, Capítulo III "Pilotaje".
Moderador: Dip. José Rodolfo Escudero Barrera
MESA 5: Modificación y adición de
los preceptos consignados en el Título Tercero, Capítulo
VI "Inspección Naval".
Moderador: Dip. Julio César Lizárraga
López
17:00 a 20:00 horas
MESA 7: Modificación al Título Quinto,
"De los contratos de Explotación de Embarcaciones", por el de "De
los contratos de Utilización de Embarcaciones", que agrega un capítulo
dedicado expresamente al contrato de "Arrendamiento o Locación"
e incorpora el Capítulo VI, denominado "Del Contrato de Seguro Marítimo".
Moderador: Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez
MESA 8: Señalamiento marítimo y ayudas
a la navegación"
Moderador: Dip. José Tomás Lozano y
Pardinas
MESA 9: La división en el Título
Sexto, de Capítulo III "Salvamento", por dos Capítulos: Capítulo
III, "Salvamento de Embarcaciones" y Capítulo IV, "De la Búsqueda
y Rescate de las Personas en Peligro en el Mar y de su Salvamento".
Moderador: Dip. Gral. Alvaro Vallarta Ceceña
Miércoles 30 de enero de 2002. Hotel Holiday Inn
MESA 11: El Capítulo IV, "Amarre, Abandono
y Desguace de Embarcaciones", del Título Cuarto.
Moderador: Dip. Julio César Lizárraga
López
MESA 12: Modificaciones en el Título Sexto,
al Capítulo IV, Hundimiento y Remoción", por el Capítulo
V, "De los Naufragios y de los Restos Náufragos".
Moderador: Dip. Vicente Pacheco Castañeda
MESA 13: Enmiendas al Título Sexto, Capítulo
I, "Abordaje o Colisión".
Moderador: Dip. José Tomás Lozano y
Pardinas
MESA 14: Propuestas para incluir en la iniciativa
de ley el dragado, las compraventas marítimas, el contrato de transporte
multimodal de mercancías y la fortuna de mar, entre otros.
Moderador: Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez
MESA 16: En el Título Segundo las propuestas
relativas al Capítulo I, "Abanderamiento y Matrícula de Embarcaciones".
Moderador: Dip. José Tomás Lozano y
Pardinas
MESA 17: Las propuestas hechas en el Título
Segundo sobre los Capítulos III y IV, "Empresas Navieras" y "Agentes
Navieros".
Moderador: Dip. José Rodolfo Escudero Barrera
MESA 18: Las enmiendas del Título Segundo
relativas al Capítulo V, "Tripulación".
Moderador: Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
MESA 20: Flota Petrolera
Moderador: Dip. Gustavo Adolfo González Balderas
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el miércoles 30 de enero, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión "Asistencia Médica", el miércoles 30 de enero, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 30 de enero, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas
de las reuniones anteriores, realizadas el 29 de noviembre y el 4 de diciembre
de 2001.
4. Intervención del Lic. Benjamín González
Roaro, director general del ISSSTE.
5. Espacio para preguntas de los CC. diputados y respuestas
de los funcionarios del ISSSTE.
6. Asuntos pendientes de trámite legislativo.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décimo segunda reunión de trabajo de la Primera Subcomisión "Administración de Salud", el miércoles 30 de enero, a las 10:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su reunión de trabajo, el miércoles 30 de enero, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la vigésima reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el miércoles 30 de enero, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas
de las sesiones anteriores.
4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 30 de enero, a las 14 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Adquisición de libros.
5. Presentación de propuesta del plan de trabajo
de la Comisión para el año 2002.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A su decimo séptima sesión plenaria de trabajo, el miércoles 30 de enero, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas
de las sesiones anteriores.
4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 30 de enero, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación de propuesta del plan de trabajo
de la Comisión para el año 2002.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria mensual, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación,
en su caso, de dictámenes.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A su reunión-desayuno, el jueves 31 de enero, a las 9:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de la Secretaría de Servicios Parlamentarios
sobre el resultado del proceso de selección de dos directores de
proyecto y cuatro investigadores "A", que llevó a cabo el Jurado
Calificador, para conformar el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias.
4. Informe sobre la visita de trabajo al Servicio de
Investigación del Congreso estadounidense.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Carreras López
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
II.- Avances del grupo especial de trabajo de Renave, y Gas Natural y LP.
III.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secofi, (ahora Secretaría de Economía) para que permita la importación de cualquier auto que por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor seguridad. Presentada el 14 de noviembre de 2000 por la Dip. Esveida Bravo Martínez.
IV.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a puntos de acuerdo relacionados con el aguacate mexicano.
V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se revise el TLC en materia agropecuaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, se dé apoyo a los productores de maíz y al campo. Presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Manuel Martínez Nava.
VI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 15 de agosto de 2001.
VII- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada por la Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 26 de abril del 2001.
VIII.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la comunicación del H. Congreso del estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el Proyecto de Norma Oficial denominada "La Leche de Vaca, su Denominación, Especificaciones, Formación Comercial y Métodos de Prueba".
IX.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo para incorporar dentro del decreto presupuestal de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2001, una partida para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el préstamo que se otorga al Consejo Nacional de Productores de Frijol y del punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, al producto frijol en el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales.
X.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo sobre el impacto del TLCAN en la venta de productos farmacéuticos al sector público, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de octubre de 2001.
XI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía, de Agricultura y Ganadería; así como de Hacienda y Crédito Público, establezcan criterios para otorgar subsidios al sector agropecuario.
XII.- Análisis y discusión de la iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 34-A, 34-B y 34-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XIII.- Informe de actividades de las Subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores, así como informe de actividades del secretariado técnico.
XIV.- Asuntos generales.