• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Cinematografía.

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

Noviembre 29, 2002.

HONORABLE ASAMBLEA

El pasado día 4 de noviembre del año en curso el Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta H. Cámara de Diputados una Iniciativa de "Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos".

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Iniciativa de Decreto fue turnada el día 7 del mismo mes a consideración de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, discusión y dictamen.

De igual forma, esta Comisión en la elaboración del presente Dictamen consideró las siguientes iniciativas presentadas por los legisladores:

DICTAMEN

DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS

En la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal señala que los derechos constituyen mecanismos de carácter económicos que utiliza el Estado para salvaguardar el interés general, al fijar los montos de los derechos que usuarios específicos de la población pagan al mismo, por los servicios que éste presta en sus funciones de derecho público, así como por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.

Algunas de las reformas y adiciones que en esta ocasión se proponen están orientadas a promover y fomentar la correcta conservación de los bienes de dominio público de la Nación, a promover un desarrollo sustentable de los recursos naturales, así como el mejoramiento y racionalización de los servicios públicos que presta la Federación.

De igual importancia es la introducción de nuevos derechos y el ajuste o cancelación de otros, orientados a mantener los costos reales que implican la prestación de los servicios y el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Federación, siempre guardando la congruencia pertinente con la situación económica prevaleciente en la Nación.

Asimismo, se incluyen reformas orientadas a promover la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de mantener una relación directa entre el mantenimiento sustentable de las áreas con la cuota determinada; para esto, se propone un esquema de destinos específicos, de tal manera que el flujo de recursos generados por dichas áreas, se aplique de manera general a todas, y no únicamente a las que los generen, lo que permitirá una conservación unitaria de estos bienes de dominio público de la Nación.

Es de destacar el planteamiento de destinos específicos que se proponen en esta ocasión, ya que van encaminados al mejoramiento por una parte, de la prestación de los servicios públicos, mediante el fomento de proyectos tendientes al perfeccionamiento de los mismos, como por ejemplo el destino de los recursos recaudados por la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, los cuales se considera contribuirán de manera directa al fortalecimiento de la inspección y vigilancia sanitaria y fitosanitaria y, por la otra, a la racionalización del uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, destacando aquellos bienes a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos adscritos.

Por último, la Iniciativa de Ley contiene disposiciones que tienen por objeto otorgar una mayor certeza jurídica y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tal es el caso de los derechos que cobra el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

En lo que respecta al propósito de las Iniciativas que diversos Senadores y Diputados Federales han presentado en el curso del presente año y que son objeto de análisis en el presente Dictamen, vale la pena señalar lo siguiente:

De igual modo, se propone eliminar el subsidio que actualmente tienen la industria de la minería y de la celulosa y el papel, por el consumo de agua en sus procesos de producción, por la falta o insuficiencia de aplicación de tecnologías eco-eficientes que permitan un manejo sustentable del agua.

Finalmente, señala la necesidad de eliminar la exención del pago del derecho a que están obligadas a realizar las aeronaves fumigadoras, por el impacto ambiental y de salud que los fumigantes ocasionan.

Igualmente se propone que el pago de vista insular contemplado en el artículo 19-H no incluya las islas ubicadas dentro de áreas naturales protegidas, dado que el artículo 198-A, es más general y contempla el pago de derechos por pernocta en las mencionadas áreas.

Señala también que la actividad de avistamiento de la ballena gris debe ser respaldada por la Federación, a fin de que sea una verdadera alternativa de empleo digno y pueda consolidarse como una actividad económica plena. Por ello, se debe reducir el monto del derecho a que hace referencia el artículo 239-B para que la cuota sea de 10.00 pesos por persona por viaje, en lugar de que el operador tenga que cubrir 1 020 pesos por asiento por temporada.

En consideración a esta situación y en un propósito recíproco de equidad, se propone adicionar una fracción II al citado artículo para que el turista de nacionalidad estadounidense pague la cuota de un mil pesos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Esta Dictaminadora considera importante destacar la importancia que en la recaudación registra el concepto de derechos distintos a los provenientes de los hidrocarburos. De acuerdo a la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2003, se espera obtener 13 mil 853 millones de pesos, de los cuales el 54% de deriva por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y el resto por los servicios que presta el Estado en funciones de derecho público.

Cabe indicar que, respecto a la estimación contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio de 2002, por 15 mil 189 millones de pesos, se prevé una diferencia menor en un 9%, lo cual es resultado principalmente de una menor recaudación por concepto del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público.

De acuerdo a lo anterior, tanto el Ejecutivo Federal como los legisladores plantean diversos cambios y adiciones a la Ley Federal de Derechos con el propósito de simplificar su pago y otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, promover el aprovechamiento sustentable de los bienes de dominio público de la Nación, así como adecuar las disposiciones fiscales al entorno económico. Dentro de estas propuestas, la Comisión que Dictamina considera conveniente hacer los señalamientos siguientes:

A) Medidas de simplificación y seguridad jurídica.

La que Dictamina, considera de relevancia exentar a las personas con la calidad migratoria de refugiados de los derechos generados por servicios migratorios, toda vez que respeta tanto los tratados internacionales sobre este tópico, así como los derechos inherentes de la persona que solicita ayuda a la Nación por conflictos internos en su país de origen. (artículo 18-B)

Al respecto, considera que no es procedente la propuesta de adicionar una fracción II, al artículo 8 de la Ley en comento, ya que el objeto de la contribución no es el de resolver problemas de carácter consular con los Estados Unidos de Norteamérica, además de que implicaría un flagrante trato discriminatorio entre turistas de diversa nacionalidad.

Dentro del marco sustantivo vigente, se coincide en la necesidad de delimitar los casos de exención de los derechos por el servicio de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, cuando sean actos administrativos de carácter general e interés público, siempre que la publicación de dicho acto sea ordenada con fundamento en las disposiciones jurídicas que regulen la emisión del mismo. Cabe destacar la importancia de otorgar una exención adicional a los organismos públicos autónomos ya que emiten ciertos actos sujetos a publicación en el Diario Oficial, los cuales cumplen con los requisitos a que se refiere este párrafo. (artículo 19-B)

También se estima conveniente precisar que cuando se realicen visitas turísticas a islas decretadas como Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación, únicamente se estará obligado al pago de derechos que se señalan en el artículo 198 de la Ley, y no así a los contemplados en el artículo 19-H, fracción III del propio ordenamiento. En este sentido, esta Dictaminadora considera conveniente incluir esta precisión a las visitas realizadas con fines de investigación científica a los territorios insulares decretados Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación, a que se refiere la fracción V del propio artículo; lo anterior, con el propósito de hacer acorde las disposiciones en materia de derechos con la propuesta de Iniciativa del Poder Ejecutivo.

Por cuanto a la propuesta de que las embarcaciones pesqueras de 20 a 200 toneladas de arqueo bruto, únicamente paguen derechos cuando se otorgue el despacho vía pesca y no cuando se dediquen a actividades distintas, esta Dictaminadora estima que la recomendación requiere de mayores elementos para cuantificar los beneficios sociales, así como identificar a sus beneficiarios, con el fin de sustentar su aplicación.

Además, la aplicación de la adición propuesta al artículo 170, podría causar la inconformidad de los usuarios con embarcaciones de entre las 30 y 200 unidades de arqueo bruto dedicadas a actividades distintas a las pesqueras, aduciendo un trato inequitativo de la autoridad federal.

De una revisión realizada por esta Comisión de Hacienda con las demás Comisiones de la H. Cámara de Diputados, se encontró que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, de la que México forma parte y, en lo particular, en su apéndice I prohíbe el comercio de ciertas especies, sin embargo, la fracción II, Apartado B del artículo 194-F de la Ley Federal de Derechos vigente, permite el cobro de derechos por la recepción y trámite de la solicitud de certificados o autorizaciones relacionados con la exportación, importación o reexportación de ejemplares, productos y subproductos de especies silvestres incluyendo las contenidas en los listados de los apéndices I, II y III de la citada Convención, por lo que esta Dictaminadora considera conveniente suprimir la referencia del citado apéndice I, para evitar discrepancias jurídicas que creen incertidumbre para el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En los antecedentes de este Dictamen, se mencionó que los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano se incluyen con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios de dichos servicios. Del análisis a las disposiciones de esta materia incluidas en la iniciativa de ley, esta Comisión manifiesta su conformidad con las mismas, sin embargo, desea precisar que dichos derechos son independientes a aquellos precios y tarifas que se cobran por la prestación de servicios en aeropuertos. (artículos 150, 150-A, 150-B, 150-C y 151)

Adicionalmente, esta Dictaminadora está de acuerdo en incluir la propuesta en materia de aguas nacionales, consistente en que los contribuyentes que cuenten con varios aprovechamientos de agua en sus instalaciones, presenten una sola declaración por todos los aprovechamientos, medida pertinente para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (artículo 226)

En virtud de que se ha prestado a confusión la redacción del primer párrafo del artículo 238 relativo al aprovechamiento de ejemplares de fauna silvestre en predios federales y zonas federales, y en predios privados, ahora se señala que pagarán este derecho extractivo, los que no cumplan con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.

En relación con la propuesta de modificar el artículo 238-B que presentan varios Diputados y Senadores, es de mencionarse que la misma se atiende y resulta coincidente con la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el sentido de que su cobro sea por persona, por día, en la temporada conforme a la cuota de $10.00.

Por lo anterior, el derogar este artículo, como otros legisladores proponen no permitiría contar con los recursos necesarios para el debido control de las acciones tendientes a proteger a dichas poblaciones marinas, precisándose que en caso de que la observaciones de ballenas se lleve a cabo en un área natural protegida, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 198 que ahora también se está proponiendo reformar.

B) Promover el aprovechamiento sustentable de los bienes de dominio público de la Nación.

La que Dictamina, considera conveniente señalar que de las actividades de las cuales la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, obtiene los derechos por la inspección, control y vigilancia en la entrada y salida de vegetales, animales y productos derivados de los mismos, parte de éstos se canalicen preponderantemente al combate y erradicación de contingencias fitozoosanitarias que viene realizando el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para quedar en los términos siguientes:

La que Dictamina estima pertinente modificar las cuotas del artículo 191-A relativas al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para pesca o actividades acuícolas, con el propósito de fomentar ésta última actividad, en virtud de que en los últimos años ha venido experimentando serios problemas. En este mismo sentido, se está proponiendo aumentar el cobro de certificados de sanidad acuícola a la importación de especies, con la finalidad de promover su cultivo en el país.

De esta forma, las fracción IV, V, VI y IX del citado artículo quedarían en los siguientes términos:

No obstante ello y después de realizar diversas consultas, esta Comisión considera necesario en atención al sector al que va orientada esta política de racionalización, el cobrar únicamente el agua que exceda de los volúmenes concesionados y comenzar por cobrar únicamente 10 centavos en lugar del peso que se propone en la Iniciativa del Ejecutivo Federal, como sigue:

Por otro lado, considerando que la masa forestal presta servicios significativos a los cuerpos de agua, entre los que, por ejemplo, se incluyen el aumentar la captación del líquido y la purificación del mismo, y el evitar el azolve de presas y lagos, esta Dictaminadora considera conveniente la propuesta que hace algunos legisladores en el sentido de que una parte de los recursos que se obtienen por concepto de uso de agua, se oriente a actividades de conservación de recursos naturales.

Cabe hacer notar, al respecto, que entre los principales beneficiarios de los servicios ambientales que presta el bloque al agua están los municipios del país. No obstante dado el rezago que existe en infraestructura hidráulica municipal, así como de algunos organismos operadores de agua, se considera pertinente que, en tanto esta problemática no se supere, los recursos para la conservación de recursos forestales provengan de los demás usuarios, sin incrementar sus tarifas, por lo que se propone modificar el artículo 223, en su Apartado A, adicionando un último párrafo, para quedar en los siguientes términos:

En materia de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, esta Dictaminadora considera procedente el incluir cuotas fijas por cada Kilohertz o Megahertz concesionado, acordes con el valor de mercado de cada tipo de banda de frecuencia y el ancho de banda asignado, así como el área de cobertura de las mismas, que conjuntamente con el criterio de fijar las cuotas de los derechos en función del tipo de bandas de frecuencias y no de los servicios en las que se utilicen, permitirá a los concesionarios y permisionarios hacer un uso más eficiente de este recurso. (artículos 244-B y 244-C)

En este sentido, con el objeto de racionalizar el uso del espectro radioeléctrico, esta Dictaminadora estima conveniente establecer cobros por todas las bandas de frecuencia concesionadas, asignadas o permisionadas, incluyendo las que estén ociosas y no únicamente las que se encuentren en uso, por lo que se incluye en este Dictamen la siguiente modificación al artículo 244-A de la propuesta de Ley presentada por el Ejecutivo:

Asimismo, esta Dictaminadora estima prudente la incorporación de diversos conceptos de exención en materia de uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación; sin embargo, por el momento no esta de acuerdo en otorgar la exención a las instituciones de crédito que presten el servicio de recaudación de impuestos aduanales, así como el servicio de cajeros automáticos dentro de los inmuebles del gobierno federal, por lo que la reforma del artículo 232 quedaría de la siguiente manera:

Por cuanto a las acciones para ajustar las cuotas de los derechos al costo de los servicios, esta Dictaminadora habiendo analizado diversas propuestas en la materia, considera que resulta conveniente incrementar el derecho que se cobra a los turistas, conocido como el derecho de no inmigrante DNI, y derivado de este ajuste, otorgar un 10% de la recaudación obtenida a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a fin de dotarla de mayores recursos para la preservación de las áreas naturales protegidas por lo que se propone la modificación a los artículos respectivos:

Por otro lado, legisladores miembros de las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al contenido de la Ley Federal de Cinematografía y después de tener varias reuniones de trabajo con los sectores relacionados con la producción cinematográfica, convinieron en la necesidad de impulsar la producción de películas nacionales de calidad, que fortalezcan y difundan en el propio país y en lo internacional, los valores y la cultura nacionales. De esta forma, se está proponiendo que de los derechos que se cobran por los trámites, estudios, así como por los servicios de clasificación y autorización de exhibición de películas, una parte se canalice al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, FIDECINE, y la otra, al Instituto Mexicano de Cinematografía, haciendo una realidad lo contenido en la Ley Federal de Cinematografía en sus artículos 33 y 34. De esta forma, el artículo 19-C quedaría como sigue:

De igual forma se estima necesario actualizar las cuotas que se cobran por los servicios que presta la Secretaría de Salud, lo que equivaldría a una mejor orientación y minimización de riesgos en esta materia de interés público. Cabe aclarar que esta actualización tiene como origen la recuperación de los costos de los servicios que se prestan, así como la pretensión de igualar los niveles de las cuotas que por estos servicios se proporcionan en otros países, que aún cuando se presentan incrementos, todavía se ven inferiores a los costos reales.

En este sentido el registro de medicamentos alopáticos representa un poderoso instrumento para prevenir riesgos a la salud, a la vez que ha sido usado para eludir prácticas de control internacional de medicamentos. En virtud de lo anterior, la que Dictamina considera procedente elevar la cuota del registro de los $11,302 que contempla la propuesta del Ejecutivo a $25,000. Cabe señalar que el registro en comento aún con el incremento, es inferior en comparación a lo que cuesta en Estados Unidos y Europa, por lo que se propone la siguiente reforma:

Esta Comisión Dictaminadora, después de haber analizado las propuestas que en materia de la Secretaría de Energía se incluyen en la iniciativa, considera pertinente la reforma propuesta a los derechos que se pagan por los permisos de energía eléctrica, ya que las cuotas vigentes no reflejan los costos reales involucrados en el análisis técnico que implica el otorgamiento de permisos, para esto, el esquema de rangos incluidos en la iniciativa harán mas acorde las cuotas con la capacidad de generación de energía eléctrica que tenga cada contribuyente.

Adicionalmente y considerando los beneficios de la utilización de modalidades de cogeneración o fuentes de energía renovables, la que Dictamina considera procedente fijar cuotas menores a las establecidas para otras modalidades de generación, así como a las propuestas originalmente por el Ejecutivo Federal, con el fin de incentivar su utilización, por tratarse de fuentes de energía limpia y representar un menor costo para la autoridad. De esta forma, la fracción I del artículo 56, quedaría como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3°, segundo, tercero y quinto párrafos; 5°, fracción VII; 6°, fracción III; 8°, fracciones I y VII, incisos a) y b); 18-A; 19-1; 19-B; 19-C, fracción I, primer párrafo; 20, último párrafo; 56; 57, fracciones II, III, V, VI, VII, VIII y IX; 85, último párrafo; 86-A, fracciones V y VI; 103, fracción VIII; 124, primer párrafo; 135, primer párrafo y fracciones I y IV; 141-A, fracción V, primer párrafo; 150, segundo párrafo; 150-A, fracciones I, inciso a), II, tabla de clasificación de aeropuertos, III, penúltimo y último párrafos, IV, tabla de clasificación por peso de aeronave y último párrafo, y VI; 150-B, fracción II; 150-C, fracción II y último párrafo; 151; 167; 170-A, primer párrafo y fracción VII; 170-D; 172-H, fracción I; 172-M; 186, primer párrafo, fracciones XVI, XIX, incisos a) y b) y XX, incisos a) y b); 191-A, fracciones IV, V, VI y IX; 191-B fracción III; 191-C; 192, primer párrafo y fracciones I, II y III; 192-C, fracción I; 194-F, apartado B, fracción II;194-U; 195-A, fracciones I, incisos a) y b), II, III y IV; 195-C, fracción III, incisos a) y b); 195-E, fracciones V y X; 195-F, fracciones I, II, III, IV y VIII; 195-G, fracciones I, incisos a), c) y d), II, incisos a) y b), III, incisos a) y b) y IV, incisos a) y b); 195-I, fracciones I, II, III, incisos a), b) y c), IV, incisos a) y b), V y VII; 195-J, fracción I; 195-L-1, fracciones I, incisos a) y b) y III, inciso b); 195-L-2; 195-L-4; 198; 198-A; 213; 214, segundo párrafo; 215; 224, fracción IV; 226, último párrafo; 231, Zona 5, Estado de Oaxaca y Zona 7, Estados de Oaxaca y Tamaulipas; 231-A, primero y segundo párrafos; 232, último párrafo; 232-C, último párrafo; 236-B; 238, fracciones VI y XII y tercer párrafo; 238-A, primero y actual último párrafos; 238-B; 240, fracción IV; 244-A, fracciones I, III, primer párrafo, IV, primer párrafo y V; 288. Se ADICIONAN los artículos 3°, con un último párrafo; 5°, fracción VII, con un segundo párrafo; 18-B; 19-C, fracción I con un último párrafo y con una fracción IV; 19-H, con un último párrafo; 59; 60; 86-H; 150, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos; 158, con una fracción V; 168-B; 168-C; 186, con una fracción XXVII; 187, Apartado A, con un último párrafo; 191, con un último párrafo; 194-F-1, con una fracción IV; 194-V; 195-K-2; 195-K-3; 195-K-4; 195-K-5; 195-K-6; 195-K-7; 195-K-8; 195-K-9; 195-K-10; 195-K-11; 195-K-12; 195-T, Apartados B, con las fracciones III y IV y último párrafo, C, fracciones V y VI y último párrafo, F, fracciones IV y V y último párrafo; 195-X, con las fracciones VIII y IX; 196, con un último párrafo; 197-A, con un último párrafo; 223, Apartado A, con un último párrafo, Apartado B, fracción I, con un último párrafo y Apartado C; 232-A, con un último párrafo; 232-D-1; 232-D-2; 238, con un último párrafo; 238-A, con un último párrafo; 238-C; 244, con un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y último párrafos; 244-B; 244-C; 253-A. Se DEROGAN los artículos 4°, séptimo párrafo; 150-A, fracción VII, segundo párrafo; 150-B, fracción III, segundo párrafo; 194-C, fracción V y antepenúltimo y penúltimo párrafos; 194-F-1, fracción I, inciso d); 194-N-2, fracción I; 194-S; 214, último párrafo; 216; 238, fracción XIII; 239, cuarto párrafo; 240, fracción VII de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 3º.

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior o cuando se trate de servicios que sean de utilización obligatoria.

Cuando no se compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la prestación del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación no se proporcionará.

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, así como de la administración de los bienes del dominio público de la Nación que regula esta Ley, serán responsables de la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los derechos previstos en la misma. La omisión total o parcial en el cobro y entero de los derechos, afectará el presupuesto de la dependencia o entidad en un equivalente a dos veces el valor de la omisión efectuada, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en otras Leyes para los citados servidores públicos.

En el supuesto de que el contribuyente no haga la presentación de los comprobantes de pago en los plazos que señala esta Ley, la dependencia prestadora del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, dejará de proporcionarlos.

Artículo 4º. ...

(Se deroga séptimo párrafo).

Artículo 5º. ...

Artículo 6º.

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por las recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8º de la presente Ley, se destinarán en un 45% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, en un 45% al Consejo de Promoción Turistica de México para la promoción turistica del país y en un 10% a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas para la conservación de las áreas naturales protegidas.

Artículo 18-B. No pagarán los derechos a que se refiere esta Sección, los extranjeros que tengan la característica de refugiado, con base en la legislación nacional y en los tratados internacionales donde México es parte.

Artículo 19-1. Por la expedición de la constancia de registro a distribuidores de publicaciones editadas e impresas en el extranjero, se pagarán derechos conforme a la cuota de $4,245.00

Artículo 19-B. No se pagará el derecho de publicaciones a que se refiere el artículo anterior, cuando sean ordenadas por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los Organismos Públicos Autónomos cuando obedezcan a actos administrativos de carácter general e interés público, siempre que la publicación del acto en el Diario Oficial de la Federación, sea ordenada con fundamento en las disposiciones jurídicas que regulen la emisión del propio acto.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Organismos Públicos Autónomos y, en su caso, los gobiernos de las entidades federativas, pagarán los derechos correspondientes cuando se trate de publicaciones de convocatorias para licitaciones públicas, edictos y cédulas de notificación, así como de los documentos cuya inserción ordenen en la sección de avisos del Diario Oficial de la Federación o de aquellos que no cumplan las características señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 19-C. ...........

Para los efectos de las fracciones III y V a que se refiere este artículo, no se pagarán estos derechos cuando se trate de visita a territorios insulares decretados como áreas naturales protegidas, debiéndose pagar el derecho señalado en el artículo 198 de esta Ley.

Artículo 20.

Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2do. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con excepción de los servicios que sean prestados en el territorio nacional.

Artículo 56. Se pagará el derecho de permiso de energía eléctrica, por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o modificación del título de permiso, con base en la capacidad de generación de energía eléctrica solicitada, de conformidad con las siguientes cuotas:

Cuando por causas no imputables a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no sea posible prestar los servicios, se pagará la totalidad de los derechos que correspondan a los servicios solicitados.

Artículo 86-A.

Artículo 103. ...

VIII. De cualquier otro documento o acto relativo a operaciones de concesionarios o permisionarios, cuando las disposiciones en materia de telecomunicaciones exijan dicha formalidad $2,041.50

Artículo 124. Por el otorgamiento de concesiones para establecer estaciones de radiodifusión sonora, así como por sus modificaciones, se pagará el derecho por cada concesión de radiodifusión sonora, conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 135. Por la inspección previa al inicio de operaciones a estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, así como de servicios que se proporcionen por subportadoras de radiodifusión sonora y de televisión, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

El pago por los servicios a la navegación aérea, habrá de aplicarse a todos los vuelos realizados en el espacio aéreo mexicano por aeronaves mexicanas y extranjeras, que comprenden:

Para los efectos de los artículos 150-A, 150-B y 151 de esta Ley, los usuarios que utilicen los servicios de navegación aérea, deberán efectuar sus pagos en la cuenta que la Tesorería de la Federación autorice a SENEAM, presentando su Declaración General de Pago de Derechos, con el comprobante bancario de depósito, para que les imprima el sello de pagado.

Asimismo, el usuario deberá presentar a SENEAM dentro de los cinco días siguientes de efectuado el pago, el comprobante del mismo y de las operaciones por las cuales se paga el derecho, para que SENEAM verifique los conceptos pagados y en el supuesto de que existieran diferencias no autodeterminadas y no pagadas, serán dadas a conocer al usuario para que éstas sean aclaradas.

SENEAM verificará la información entregada por el usuario y será dada a conocer al mismo en forma mensual, respecto de diferencias no autodeterminadas y no pagadas de meses anteriores al mes de que se trate. Una vez aclaradas y en el caso de que el contribuyente tuviera diferencias a cargo, el pago deberá realizarlo dentro de los tres días siguientes de la aclaración, debiendo enterar dicho pago con los accesorios que procedan conforme al Código Fiscal de la Federación. Si el contribuyente tuviera saldo a favor, dicho saldo podrá compensarse contra el pago de derechos correspondiente al mes inmediato posterior a dicha aclaración.

En el caso de incumplimiento en el pago del derecho, SENEAM comunicará al Servicio de Administración Tributaria para que realice el requerimiento del pago del derecho que corresponda y, en su caso, informará de estos hechos a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta proceda conforme a derecho.

La persona física o moral, nacional o extranjera, que no dé el aviso a SENEAM para sujetarse a lo dispuesto por las fracciones I o II de este artículo, en un término de treinta días al inicio de cada ejercicio fiscal, deberá sujetarse a lo dispuesto en la fracción II del mismo.

Una vez que el usuario haya manifestado a SENEAM el régimen elegido, no podrá cambiar al otro régimen, sino hasta el inicio del ejercicio fiscal siguiente.

Artículo 150-A. ...

Artículo 150-B. ...

Artículo 150-C. ...

Artículo 151. Los usuarios que requieran la utilización de los servicios adicionales que presta SENEAM, deberán pagar el derecho que corresponda, conforme a lo siguiente:

Para determinar el monto de los derechos a que se refieren los Apartados A y B de este artículo, SENEAM dará a conocer al usuario dentro de los tres primeros días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, los mensajes y consultas adicionales que hubieren generado los usuarios en dicho mes.

Los usuarios que tengan autorizado por SENEAM la prestación de los servicios establecidos en los Apartados A, B y E de este artículo, calcularán y enterarán el derecho, desglosando los conceptos mediante pagos mensuales dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquel en que reciba los servicios por los que se paga el derecho.

Para tener acceso a los sistemas establecidos en los Apartados A, B y E de este artículo, el equipo que utilice el usuario deberá contar con la aprobación previa y por escrito de SENEAM y con el enlace necesario.

No se pagarán los derechos a que se refiere el Apartado C de este artículo, cuando la información se proporcione a las instituciones de enseñanza educativa sin fines de lucro, para investigación.

Artículo 158. ...

Artículo 168-B. Por otorgar permisos, o la renovación de éstos, para la explotación de embarcaciones en servicio de navegación interior y de cabotaje, se pagará anualmente el derecho de servicio de navegación interior y de cabotaje, por cada embarcación conforme a las cuotas siguientes:

Tratándose de:

Artículo 172-H. ...

Artículo 186. Se pagarán derechos por los servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, conforme a las siguientes cuotas:

A.

No se pagará el derecho establecido en la fracción I, de este Apartado, tratándose de la inscripción en el Registro Agrario Nacional de las resoluciones que dicten los Tribunales Agrarios, cuando las mismas se refieran a alguna acción agraria de las que se encuentran contempladas dentro del rezago agrario, en términos del Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 y de la Ley Agraria.

Artículo 191. ...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, que no estén destinados a las entidades federativas en términos del párrafo anterior, se destinarán a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para el fortalecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control a que se refiere este artículo.

Artículo 191-A.

Artículo 192. Por la prórroga de títulos de asignación o concesión, o de permisos o autorizaciones que se indican, incluyendo su posterior inscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua en el Registro Público de Derechos de Agua, se pagará el derecho de servicios relacionados con el agua, conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 194-F. ...

Artículo 194-N-2. ...

Artículo 194-U. Por el otorgamiento de actas, constancias, registros de verificación o certificación, que efectúe la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 194-V. Por el dictamen técnico para determinar los daños o perjuicios ocasionados por la infracción a disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 195-K-4. Por la validación de la calidad sanitaria del agua del área de producción de moluscos bivalvos y de las especies que se cultivan o cosechan, se pagarán derechos conforme a la cuota de $7,275.00

Artículo 195-K-5. Por la acreditación de laboratorio de bacteriología y biotoxinas marinas en apoyo al Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, se pagarán derechos conforme a la cuota de $7,210.00

Artículo 195-K-6. Por la acreditación de plantas de empacado al Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, se pagarán derechos conforme a la cuota de $8,300.00

Artículo 195-K-7. Por el certificado de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana, se pagarán derechos conforme a la cuota de $1,617.00

Artículo 195-K-8. Por la expedición de licencias sanitarias para servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas; para establecimientos que fabrican sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como para los que formulen, mezclen o envasen plaguicidas y nutrientes vegetales, se pagarán las siguientes cuotas:

Artículo 195-K-10. Por la expedición y modificación de permiso de responsable de la operación y funcionamiento de establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 195-L-1. ...

Artículo 195-L-4. El 60 por ciento de los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se destinarán a la Secretaría de Salud, para el mantenimiento, conservación y operación de dichos servicios.

Artículo 195-T.

Artículo 195-X. ...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la Comisión Nacional Forestal para los programas de restauración forestal con especies nativas.

Artículo 197-A. ...

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la Comisión Nacional Forestal para los programas de restauración forestal con especies nativas.

Artículo 198. Por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos e insulares de dominio público existentes dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, se pagarán derechos conforme a lo siguiente:

La Tesorería de la Federación reintegrará los recursos por este derecho obtenido, dentro del mes inmediato posterior a su recaudación, destinándose a las áreas naturales protegidas para que le den el uso que se establece en el presente artículo.

Artículo 198-A. Por el goce o aprovechamiento no extractivo de elementos naturales y escénicos que se realiza dentro de las Áreas Naturales Protegidas terrestres, se pagarán derechos conforme a lo siguiente:

En caso de que en un área natural protegida se realice cualquiera de las actividades establecidas en el presente artículo o en el artículo 198 de esta Ley, únicamente se pagará el derecho establecido en este último artículo.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, no exime a los obligados del mismo del cumplimiento de las obligaciones que pudieran adquirir con los propietarios o legítimos poseedores de los terrenos que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas antes mencionadas.

Artículo 213. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos determinará el derecho por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 5% sobre los ingresos por la venta de bienes y servicios que obtenga por el uso de las carreteras y puentes federales, conforme a sus estados financieros dictaminados y que presente ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Para la determinación de la base del derecho a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán los ingresos provenientes de los bienes que se encuentren fideicomitidos.

El derecho a que se refiere este artículo, se causará en el momento en que se cobren o sean exigibles los pagos a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos o se expida el comprobante que ampare la venta de bienes o servicios a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, lo que suceda primero.

El derecho del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal.

Artículo 214.

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 5% a los ingresos por la venta de bienes y servicios obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectivamente realizados en los meses anteriores de dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar.

(Se deroga último párrafo).

Artículo 215. Al monto total del derecho que resulte por el ejercicio de que se trate en los términos del artículo 213, se le restará el monto total de los pagos provisionales enterados durante el ejercicio. La diferencia que resulte a su cargo se enterará conjuntamente con la declaración anual del derecho del mismo ejercicio. Cuando resulte saldo a favor, dicho saldo podrá compensarse contra los pagos provisionales del derecho que resulte a su cargo en el ejercicio siguiente, posteriores a la presentación de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

Artículo 216. (Se deroga)

Artículo 223.

Para los efectos de este artículo el contribuyente deberá presentar una declaración por todos los aprovechamientos con que cuente en sus instalaciones, sean de aguas superficiales o provenientes del subsuelo, en anexo libre declarará y reportará a la Comisión Nacional del Agua sus aprovechamientos, debiendo incluir: nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes, número de Títulos de Concesión; incluyendo por cada aprovechamiento zona de disponibilidad, volumen declarado, tarifa aplicada y monto pagado.

Artículo 231.

ZONA 5.

Estado de Oaxaca: Fresnillo de Trujano, Guelatao de Juárez, Huautla de Jiménez, Nejapa de Madero, Salina Cruz, San Andrés Sinaxtla, San Antonino Castillo Velasco, San Antonio Nanahuatipam, San Baltazar Chichicapan, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Jerónimo Taviche, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San Juan Achiutla, San Juan Atepec, San Juan Bautista Atlatlahuca, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan del Río (Albarrada), San Juan Lachigalla, San Juan de los Cués, San Juan Ñumi, San Juan Tepeuxila, San Juan Yae, San Luis Amatlán, San Martín Zacatepec, San Mateo Etlatongo, San Mateo Nejapam, San Miguel Achiutla, San Miguel Aloapam, San Miguel Amatitlán, San Miguel Chicahua, San Miguel del Río, San Miguel Huautla, Villa Sola de Vega, San Miguel Tlacotepec, San Pedro Cajonos, San Pedro Mártir Yucuxaco, San Pedro Molinos, San Pedro Quiatoni, San Pedro Taviche, San Pedro Totolapam, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Simón Zahuatlán, Santa Ana Tavela, Santa Ana Yareni, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Zapoquila, Santa Cruz de Bravo, Santa Cruz Itundujia, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Tayata, Santa Gertrudis, Santa María Jaltianguis, Santa María Nativitas, Santa María Nduayaco, Santa María Papalo, Santa María Petapa, Santa María Tecomavaca, Santa María Yavesia, Santa María Zoquitlán, Santiago Ayuquililla, Santiago Comaltepec, Santiago Chazumba, Santiago Huauclilla, Santiago Matatlán, Santiago Miltepec, Santiago Nuyoo, Santiago Xiacui, Nuevo Zoquiapam, Santo Domingo Petapa, Santos Reyes Yucuna, Sitio de Xitlapehua, Tecocuilco de Marcos Pérez, Yaxe y Zapotitlán Palmas.

ZONA 7.

Estado de Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Asunción Nochixtlán, Ayotzintepec, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chahuites, Chalcatongo de Hidalgo, Espinal El, Guevea de Humbolt, Huautepec, Magdalena Zahuatlán, Matías Romero, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Nuevo Soyaltepec, Santiago Niltepec, Reforma de Pineda, San Andrés Nuxiño, San Andrés Teotilalpam, San Andrés Tepetlapa, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Felipe Usila, San Francisco Chapulapa, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Coatzospan, San Juan Guichicovi, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Chiquihuitlán, San Juan Lachao, San Juan Mazatlán, San Juan Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Ojitlán, San Mateo del Mar, San Mateo Sindihui, San Miguel Ahuehuetitlán, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Santa Flor, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huilotepec, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Juchatengo, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Sochiapam, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Teozacoalco, San Pedro Teutila, San Sebastián Teitipac, San Simón Almolongas, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Tayata, Santa Cruz Acatepec, Santa Cruz Xitla, Santa María La Asunción, Santa María Chilchotla, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jacatepec, Santa María Teopoxco, Santa María Tlalixtac, Santa María Xadani, Santiago Ixcuintepec, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Villa Tejupam de la Unión, Santiago Jocotepec, Santiago Texcalcingo, Santo Domingo Nuxaa, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Xagacia, Santo Domingo Zanatepec, Santo Tomás Ocotepec, Santo Tomás Tamazulapam, Villa de Tamazulapam del Progreso, Teotongo, Unión Hidalgo, Valle Nacional San Juan Bautista, Yutanduchi de Guerrero y Zaragoza Santa Inés de.

Estado de Tamaulipas: Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mante El, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampos, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Tula, excepto los municipios comprendidos en las zonas 6, 8 y 9.

Artículo 231-A. Los ingresos que se obtengan de las empresas públicas o privadas a que se refiere el apartado B, fracción I del artículo 223 de esta Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se refiere el párrafo anterior se destinarán a la Comisión Nacional del Agua, para la realización de los programas que al efecto establezca dicha Comisión, en una cantidad equivalente de hasta por el monto de los derechos cubiertos por las personas antes mencionadas, en el ejercicio de que se trate.

Artículo 232. ...

Para los efectos de este artículo, no se estará obligado al pago de los derechos tratándose de los siguientes casos:

No pagarán los derechos a que se refiere este artículo, los permisionarios de servicios portuarios de pilotaje en puerto.

Artículo 232-C.

En el caso de las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas concesionados o permisionados, que se encuentren en su estado natural, es decir que no han sufrido modificación alguna o alteraciones como consecuencia de trabajos realizados por el hombre, que por ende conserve su propia morfología y vegetación natural, colindantes con terrenos de breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje, electricidad, pagarán el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles de conformidad con la cuota establecida en la Zona I, a que se refiere el presente artículo y el 232-D de esta Ley. Cuando se trate de predios que hayan sido desmontados, lotificados y en los cuales se hayan realizado determinadas obras de equipamiento y que aun así no cuenten con los servicios y características señaladas anteriormente, pagarán los derechos de conformidad con la cuota establecida en la zona en que se encuentren asentados.

Artículo 232-D-1. Están obligadas a pagar el derecho por extracción de materiales pétreos, las personas físicas y morales que los extraigan de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o de cualquier otro depósito de aguas marítimas, conforme a la cuota que resulte por metro cúbico:

A cuenta del derecho, se realizarán pagos provisionales mensuales, mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los diez días previos al mes en el que se efectúe la extracción, considerando el volumen de material que se tenga programado extraer durante ese periodo.

Al monto total del derecho que resulte por el ejercicio de que se trate en los términos de este artículo, se le restará el monto total de los pagos provisionales enterados durante el ejercicio. La diferencia que resulte a su cargo se enterará conjuntamente con la declaración anual del derecho del mismo ejercicio. Cuando resulte saldo a favor, dicho saldo podrá compensarse contra los pagos provisionales del derecho que resulte a su cargo en el ejercicio siguiente, posteriores a la presentación de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior.

Las personas físicas y morales que extraigan materiales pétreos, estarán obligados a llevar un registro diario de los volúmenes extraídos en el formato que para tal efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicho registro deberá conservarse en términos de lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los programas de censo, delimitación, mesas de regularización y rezago histórico en el otorgamiento de concesiones de la zona federal marítimo terrestre.

Artículo 232-D-2. Las personas físicas o morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas, para pernoctar dentro de los mismos en remolques o semirremolques tipo vivienda, pagarán por día, por cada remolque o semiremolque, una cuota de $150.00

No se pagará el derecho a que se refiere esta fracción, por aquellos remolques y semirremolques tipo vivienda que hagan uso de sitios concesionados para tal fin.

Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los programas de censo, delimitación, mesas de regularización y rezago histórico en el otorgamiento de concesiones de la zona federal marítimo terrestre.

Artículo 236-B. Tratándose del derecho a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 232 de esta Ley, la Comisión Nacional del Agua está facultada para ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 192-E de esta Ley.

Artículo 238. Por el aprovechamiento de ejemplares de fauna silvestre en predios federales y zonas federales, y en predios privados que no cumplan con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, se pagará el derecho de aprovechamiento extractivo por ejemplar, o en su caso, por lote conforme a las siguientes cuotas:

No se estará obligado al pago del derecho a que se refiere este artículo, cuando la captura de dichas especies se haga con la autorización de la autoridad competente, para la investigación científica o para preservar las especies.

Artículo 238-A. Cuando el aprovechamiento de una especie esté vedada por las disposiciones en vigor, se pagará el derecho de aprovechamiento conforme a las cuotas que a continuación se señalan según el riesgo de extinción de la especie, independientemente de las sanciones que procedan.

No se estará obligado al pago del derecho a que se refiere este artículo, cuando la captura de dichas especies se haga con la autorización de la autoridad competente para preservar las especies.

Los ingresos recaudados por el derecho a que se refiere este artículo, se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la inspección y vigilancia de las actividades que amenazan a dichas especies.

Artículo 238-B. Por el aprovechamiento no extractivo de ballenas en zonas federales originado por el desarrollo de actividades de observación y acercamiento, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona, por día, en la temporada conforme a la cuota de $25.00

El pago del derecho deberá efectuarse por el titular del permiso para la prestación de servicios de observación de ballenas.

En el caso de que la observación de ballenas se lleve a cabo en un área natural protegida, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 de esta Ley, tanto en la cuota como en el destino de los recursos.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, se destinarán al Instituto Nacional de Ecología para el desarrollo de las actividades de investigación y monitoreo de las poblaciones de los mamíferos marinos, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para la inspección y vigilancia de las poblaciones de ballenas.

La temporada a que se refiere este artículo, será establecida mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, deberá realizarse mediante declaración que se presentará ante las instituciones de crédito autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los diez días posteriores a la terminación de la temporada.

Artículo 238-C. Por el aprovechamiento no extractivo de tortugas terrestres, dulceacuícolas y marinas, originado por el desarrollo de las actividades de observación en centros para la protección y conservación de las tortugas propiedad de la Nación, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona, por día, conforme a la siguiente cuota $30.00

Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 10 años y los discapacitados, así como grupos escolares de escuelas oficiales.

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, los residentes permanentes de las localidades contiguas a los centros para la protección y conservación de las tortugas, siempre y cuando cuenten con la certificación de esta calidad, otorgada por la autoridad responsable previa presentación de la documentación correspondiente, y realicen actividades recreativas sin fines de lucro.

En el supuesto de que el aprovechamiento no extractivo a que se refiere este artículo, se lleve a cabo en un área natural protegida, no se pagará este derecho, debiéndose enterar únicamente el derecho establecido en el artículo 198 de esta Ley.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se refiere este artículo, se destinarán a los centros tortugueros que se encuentren bajo el manejo y administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para programas de conservación, mantenimiento y operación de dichos centros.

Artículo 239. ...

(Se deroga cuarto párrafo).

Artículo 240. ...

El área básica de servicio comprende a la zona geográfica especificada en los títulos de concesión correspondientes.

Para las concesiones que tengan un área de cobertura diferente a la señalada en la tabla anterior, se pagarán cuotas de acuerdo con la tabla siguiente:

Entidad Federativa Cuota por cada megahertz concesionado permisionado

Aguascalientes $1,554.51
Baja California $6,668.10
Baja California Sur $898.77
Campeche $857.34
Coahuila $3,202.23
Colima $825.61
Chiapas $2,183.94
Chihuahua $6,313.10
Distrito Federal $23,285.47
Durango $1,785.88
Guanajuato $5,123.25
Guerrero $1,711.62
Hidalgo $1,361.84
Jalisco $10,163.61
Estado de México $19,861.46
Michoacán $3,525.72
Morelos $1,826.17
Nayarit $1,008.15
Nuevo León $9,430.25
Oaxaca $1,619.89
Puebla $4,595.90
Querétaro $1,467.36
Quintana Roo $1,861.80
Sinaloa $4,723.84
San Luis Potosí $2,194.92
Sonora $5,328.62
Tabasco $1,577.88
Tamaulipas $4,598.47
Tlaxcala $871.48
Veracruz $9,112.09
Yucatán $1,298.57
Zacatecas $1,099.81

En los casos en que el área de cobertura no abarque la totalidad del territorio de una entidad federativa, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de conformidad con la tabla anterior corresponda a la entidad federativa en la que se ubique la concesión, por la proporción que represente la población total del área en la que se ubique la concesión entre la población total de la entidad federativa. Para estos cálculos se deberán utilizar la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente de población provenientes de los conteos de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o en su defecto provenientes del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto.

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión o permiso cubra más de una entidad federativa, se deberá realizar para cada entidad federativa, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas procedentes que correspondan.

En el caso de que para una misma región se puedan calcular el monto del derecho a pagar con cualquiera de las dos tablas que se incluyen en este artículo y de cada tabla se obtenga un monto a pagar diferente, el monto del derecho a pagar será el que resulte menor.

La cuota del derecho a pagar a que se refiere este artículo, será por cada megahertz concesionado, permisionado o asignado, según la tabla que corresponda.

Artículo 244-A. ...

Tabla A

I. Rango de frecuencias en Megahertz

De 431.3 MHz a 433 MHz
De 438.3 MHz a 450 MHz
De 475 MHz a 476.2 MHz

De 485 MHz a 495.8 MHz
De 806 MHz a 821 MHz
De 824 MHz a 849 MHz

De 851 MHz a 866 MHz
De 869 MHz a 891 MHz
De 891.5 MHz a 894 MHz

De 896 MHz a 901 MHz
De 935 MHz a 940 MHz

De 1850 MHz a 1910 MHz
De 1930 MHz a 1990 MHz

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión o permiso cubra más de una región de las que se señalan en la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, se realizará sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 244-C. Los concesionarios y permisionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los rangos de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que operen y por cada kilohertz concesionado o permisionado, de conformidad con la tabla B, como sigue:

Tabla A

II. Rango de frecuencias en Megahertz

De 30 MHz a 35 MHz
De 40 MHz a 45 MHz

De 901 MHz a 902 MHz
De 929 MHz a 932 MHz
De 940 MHz a 941 MHz

Para las concesiones y permisos cuya área de cobertura sea menor que el área de la región en la que se ubique de acuerdo con la tabla B, la cuota del derecho que se deberá pagar será la que se obtenga de multiplicar la cuota que de conformidad con la tabla mencionada corresponda a la región en la que se ubique la concesión o permiso, por la proporción que represente la población total del área concesionada o permisionada entre la población total del área en la que se ubique según la tabla B. Para estos cálculos se deberá utilizar la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población provenientes de los conteos de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, o en su defecto provenientes del último Censo General de Población y Vivienda publicado por dicho Instituto.

Para los casos en que el área de cobertura de una concesión o permiso cubra más de una región de las que se señalan en la tabla B, se deberá realizar para cada región, en su caso, las operaciones descritas en el párrafo anterior y el monto del derecho a pagar será la suma de las cuotas que correspondan.

El pago del derecho a que se refiere este artículo, se realizará sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 253-A. El 35 por ciento de los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo, se destinarán a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para el Sistema de Información Integral en Materia de Telecomunicaciones y para el fortalecimiento de la red nacional de monitoreo.

Artículo 288. Están obligados al pago del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, las personas que tengan acceso a las mismas conforme a las siguientes cuotas:

Áreas tipo AA:

El monto recaudado por este derecho, se destinará al Instituto Nacional de Antropología e Historia para la investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras del mismo.

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes que accedan a los monumentos y zonas arqueológicas los domingos y días festivos.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2003, con excepción del Apartado C, del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, el cual entrará en vigor a partir del 1o. de octubre de 2003.

Segundo. Durante el año de 2003, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

Cuando la Comisión Nacional del Agua, con anterioridad al 1o. de enero de 1997, haya autorizado al contribuyente un programa de ejecución de obras para el control de la calidad de sus descargas y haya cumplido con sus avances programados para reducir el grado de contaminación, dentro de los límites permisibles, el contribuyente podrá considerar como plazo para el cumplimiento de sus programas las fechas que se establecen en la Tabla contenida en el presente artículo. En el caso de que no cumplan con los avances del programa de acciones autorizado por la Comisión Nacional del Agua, estarán a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos. Los contribuyentes que no cumplan con los avances programados para reducir el grado de contaminación dentro de los límites permisibles, y no hubieren considerado como plazo para el cumplimiento de sus programas las fechas que se establecen en la Tabla contenida en el presente artículo, deberán efectuar a partir de ese momento el pago del derecho respectivo.

Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de esta fracción, no será aplicable a favor de los contribuyentes que hayan establecido compromisos para realizar acciones para el control de la calidad de sus descargas, con los Consejos de Cuenca correspondientes, por lo que deberán cumplir con el programa de acciones asumido ante dichas instancias, para hacerse acreedores al beneficio del no pago del derecho, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

Para los efectos del artículo 278-B de la Ley Federal de Derechos, los usuarios que hayan presentado programa de acciones para mejorar sus descargas de aguas residuales, podrán cumplir con la calidad establecida en la citada Ley, conforme al ejercicio fiscal en que se fijó la calidad de tipo de cuerpo receptor.

Tratándose del descuento en el pago del derecho a que se refiere el artículo 282-C de la Ley Federal de Derechos, los contribuyentes deberán cumplir con la calidad de acuerdo con el cuerpo receptor que se establezca en el artículo 278-B de la citada Ley, así como con la calidad inmediata superior a que se refiere la Tabla IV del artículo 282-C de la propia Ley.

Los usuarios que tengan fijadas condiciones particulares de descarga que sean vigentes y las estén cumpliendo, no pagarán el derecho a que se refiere el Capítulo XIV, Título II de la Ley Federal de Derechos y le seguirán siendo aplicables hasta su vencimiento o revocación en términos de Ley.

Tercero. Los concesionarios que hayan obtenido frecuencias o bandas de frecuencias mediante licitación pública antes del 1o. de enero de 2003, no pagarán los derechos por el uso del espectro a que se refiere el Capítulo XI, del Título II de la Ley Federal de Derechos, correspondiente a las frecuencias o bandas de frecuencias que hubieren licitado y que por ellas se hubiese pagado la totalidad del monto económico a que se refiere el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior únicamente aplicará durante el periodo de vigencia de la concesión originalmente otorgada, sin considerar las renovaciones o prórrogas que, en su caso, otorgue la autoridad competente a partir del 1o. de enero de 2003, con excepción de aquellos cuyo título de concesión establezca expresamente la obligación de pagar derechos por el uso, goce o aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Cuarto. Los derechos establecidos en los artículos 244-B y 244-C de la Ley Federal de Derechos, únicamente se aplicarán a las nuevas concesiones que se otorguen a partir del 1o. de enero de 2003; a las bandas de frecuencia en las que se autorice después del 1o. de enero de 2003 proporcionar nuevos servicios; así como a las concesiones y permisos que se prorroguen o renueven, después de esa fecha.

Los concesionarios y permisionarios de las bandas de frecuencia ubicadas en los rangos señalados en los artículos 244-B y 244-C de la Ley Federal de Derechos, deberán cubrir las obligaciones fiscales contenidas en sus respectivos títulos de concesión o permisos, así como los derechos correspondientes.

Los concesionarios y permisionarios que cubran las cuotas señaladas en los artículos 244-B y 244-C de la Ley Federal de Derechos, no estarán obligados al pago de otros derechos por el uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico establecidos en la Sección Única del Capítulo XI del Título II de la mencionada Ley, por las mismas bandas gravadas en los artículos antes citados.

Quinto. Se condonan los derechos generados durante el ejercicio fiscal de 2002, relativos al aprovechamiento no extractivo de ballenas en zonas federales, originado por el desarrollo de actividades de observación y acercamiento de ballenas a que se refiere el artículo 238-B del Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002.

Lo dispuesto en este artículo, no dará lugar a devolución alguna. Los derechos que se causen a partir del 1o. de enero de 2003 por la aplicación del artículo 238-B de la Ley Federal de Derechos se pagarán conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo antes mencionado.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción VI del artículo 34 de la Ley Federal de Cinematografía para quedar en los siguientes términos:

Artículo 34.-

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2003.

Sala de Comisiones del Palacio Legislativo, San Lázaro, Distrito Federal a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil.

Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, PRI (rúbrica); Francisco Agundis Arias, PVEM (rúbrica); Manuel Añorve Baños, PRI (rúbrica); Miguel Arizpe Jiménez, PRI (rúbrica); Florentino Castro López, PRI (rúbrica); Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI (rúbrica); Enrique Octavio de la Madrid Cordero, PRI (rúbrica); Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN (rúbrica); Abelardo Escobar Prieto, PAN (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI (rúbrica); Francisco Javier García Cabeza de Vaca, PAN (rúbrica); Julián Hernández Santillán, PAN (rúbrica); Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN (rúbrica); Guillermo Hopkins Gámez, PRI (rúbrica); Oscar Guillermo Levín Coppel, PRI (rúbrica); Rosalinda López Hernández, PRD (rúbrica); José Antonio Magallanes Rodríguez, PRD; José Manuel Minjares Jiménez, PAN (rúbrica); César Alejandro Monraz Sustaita, PAN (rúbrica); Humberto Muñoz Vargas, PAN (rúbrica); José Narro Céspedes, PT (rúbrica); Luis Alberto Pazos de la Torre, PAN (rúbrica); Francisco Raúl Ramírez Avila, PAN (rúbrica); Gustavo Riojas Santana, PSN (rúbrica); Salvador Rocha Díaz, PRI (rúbrica); Arturo San Miguel Cantú, PAN (rúbrica); Reyes Antonio Silva Beltrán, PRI (rúbrica); José Luis Ugalde Montes, PRI; Emilio Ulloa Pérez, PRD; José Francisco Yunes Zorrilla, PRI (rúbrica); Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

Noviembre 29, 2002.

HONORABLE ASAMBLEA

El pasado 7 de noviembre del año en curso el Ejecutivo Federal con fundamento en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante esta H. Cámara de Diputados la "Iniciativa de Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales 2003", la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Cabe indicar que dentro de esta Iniciativa, en su Artículo Décimo Primero se aborda lo relativo a las reformas, adiciones y derogaciones que propone en materia de la Ley Aduanera. Al respecto y conforme al esquema propuesto por la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el desahogo de los asuntos en materia fiscal para el ejercicio 2003, se convino en dictaminarlos de forma separada, siendo el asunto aduanero el motivo del presente Dictamen.

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Alejandro Monráz Sustaita, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Rosalinda López Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron el pasado 21 de noviembre la Iniciativa de "Decreto por el que Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera", misma que también fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Ahora bien, esta Comisión que suscribe con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de las Iniciativas antes señaladas, de conformidad con los resultados que le presentó el grupo de trabajo creado ex-profeso para su estudio, el cual se reunió en diversas ocasiones con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, así como con miembros de los sectores involucrados en las operaciones de comercio exterior.

De igual forma, el grupo de legisladores que presentan su iniciativa arriba señalada sostuvieron en los meses previos a esta fecha, diversas reuniones de trabajo con representantes de la industria maquiladora, del sector exportador nacional, así como con autoridades aduanales ubicados en la frontera Norte del país, motivándoles a proponer las reformas a la Ley Aduanera que ahora se proceden a analizar.

Conforme a los resultados del grupo de trabajo y de las deliberaciones y el análisis de los miembros de esta Comisión de Hacienda reunidos en pleno, se presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS

La Iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal en materia aduanera tiene como propósito fundamental realizar ciertas adecuaciones al marco legal para fortalecer la seguridad nacional y el control en la aduana, para apoyar a la competencia en el mercado de bienes, así como para alcanzar mayores niveles de certeza jurídica y la simplificación administrativa, a través del uso más extendido de los medios electrónicos actualmente disponibles.

De esta forma y como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2001, la seguridad de los países se ha reforzado para evitar actos de terrorismo. En tal virtud, México ha estado adquiriendo diversos compromisos para implementar medidas conjuntas tendientes a reforzar su seguridad, por lo cual ahora se propone establecer como obligación de las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias, que prestan el servicio internacional de transporte de pasajeros, el efectuar la transmisión electrónica a las autoridades aduaneras, de los principales datos de los pasajeros y tripulación, antes de que el medio de transporte arribe a territorio nacional.

Por otro lado, se está buscando fortalecer el control de las operaciones de comercio exterior, por medio de que los recintos fiscalizados cuenten con equipos de circuito cerrado de video que permita la vigilancia efectiva de las mercancías que almacenan.

También se está proponiendo facultar a la Secretaría de Hacienda para practicar el embargo precautorio conforme al Código Fiscal de la Federación, cuando las personas a la entrada o salida del territorio nacional omitan declarar a las autoridades aduaneras las cantidades en efectivo u otro medio de pago superiores a los 10 mil dólares.

En apoyo de lograr mayores niveles de competitividad, se considera conveniente que los particulares puedan ser autorizados por Aduanas para establecer recintos fiscalizados estratégicos en las terminales ferroviarias, aéreas y multimodales. Asimismo, se propone que estas mercancías puedan ser transportadas hasta su destino final utilizando diversos medios de transporte, a fin de reducir los tiempos de entrega.

En cuanto a medidas de mayor certeza jurídica, el Ejecutivo Federal propone precisar que el plazo para otorgar el almacenamiento gratuito de las mercancías en los recintos fiscalizados se computa en días naturales. Del mismo modo propone aclarar que los titulares de estos recintos tienen las mismas obligaciones y derechos, independientemente de que hubieren obtenido concesión o autorización conforme a la Ley Aduanera.

Conforme a los nuevos supuestos para otorgar autorizaciones o concesiones, se está proponiendo que las causales de revocación de las concesiones o de cancelación de las autorizaciones, son aplicables a todas las concesiones y autorizaciones que están previstas en dicho ordenamiento jurídico, lo que permite dar un trato equitativo.

También se está proponiendo que cuando los medios de transporte ocasionen daños en los recintos fiscales, Aduanas pueda retener el medio de transporte, en lugar de considerar dicha circunstancia como causa bastante para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera.

Finalmente, dentro de lo más destacado de los cambios que propone el Ejecutivo Federal, y con el objeto de dotar de mayores oportunidades de defensa a los agentes aduanales sujetos a un procedimiento de suspensión o de cancelación de la patente aduanal, se establece un periodo de alegatos para que puedan manifestar lo que a su derecho convenga. Además, se está proponiendo precisar que una vez transcurridos los plazos para que las autoridades aduaneras emitan resolución que pone fin al procedimiento, sin que ésta se haya emitido, se considerará concluido el procedimiento, restituyendo de inmediato en sus derechos y obligaciones al agente aduanal de que se trate.

Por su parte, la Iniciativa de "Decreto el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Aduanera" que presentaron Diputados representantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática tiene por objeto fortalecer los niveles de competitividad de la industria manufacturera establecida en México, principalmente de aquella cuyas operaciones se orientan hacia los mercados internacionales, abatiendo los costos de logística y elevando la eficiencia en las operaciones aduanales.

En efecto, buscar la mayor competitividad hace necesaria la adopción de políticas novedosas que le permitan a nuestro país, no sólo preservar su nivel actual de producción, sino además atraer nuevos proyectos e inversiones que impliquen generación de empleos, transferencia de tecnología y desarrollo de capital humano. De esta forma, el objetivo específico de las reformas contempladas en la Iniciativa en comento, es el de otorgar condiciones de competitividad respecto a las operaciones de comercio exterior y aduanal de la industria maquiladora, lo cual provocará que México se ubique en el panorama internacional como un país que ofrece ventajas atractivas que le permitan constituirse como un polo de desarrollo en Latinoamérica, aprovechando desde luego su situación geográfica, pero además su infraestructura, mano de obra calificada, así como la red de tratados de libre comercio que permiten a las industrias y comerciantes acceder a más de 32 economías en el mundo.

Adicionalmente, para mantener una alta competitividad en materia de comercio exterior, se debe considerar la disponibilidad oportuna del producto, lo cual implica contar con sistemas de entrega eficientes, flexibles y confiables, a fin de evitar los "accidentes" en la logística; que la capacidad de producción pueda responder a picos en la demanda; la imposibilidad de almacenar inventarios, de acuerdo a las prácticas administrativas actuales, hacen necesario que las empresas estén preparadas para producir y entregar pedidos programados con poco tiempo de anticipación; la calidad de clase mundial de los productos manufacturados; los precios que para efectos de competitividad debe considerar el costo del producto puesto en el mercado de consumo después de los impuestos.

La iniciativa considera que la falta de criterios claros y transparentes han generado una tremenda incertidumbre y desplazamiento de los procesos de planeación de las empresas orientadas a los mercados internacionales, por lo que su intención es contribuir en la solución de fondo dirigida a la construcción de un entorno jurídico y operativo que infiera certidumbre y confianza para la industria; la generación de mecanismos legales que permitan la creación, el desarrollo y consolidación del comercio y la industria.

La presente iniciativa pretende que la comunidad aduanera y de comercio exterior cuente con un aparato burocrático que se adecue a la realidad global en el flujo de mercancías, con un sistema aduanero más eficiente y rápido, considerando que la legislación en materia de comercio exterior y aduanal en general, debe estar soportado por los principios de buena fe y responsabilidad de todas las personas que en él intervienen y, que la actuación del Estado en las actividades aduaneras, debe estar basada en los principios generales de derecho, enmarcados en la Constitución.

De esta forma, las reformas a la Ley Aduanera y de la Ley de Comercio Exterior propuestas están orientadas a elevar la competitividad de las empresas manufactureras, las maquiladoras de exportación y aquellas con programas de exportación, a la vez que busca reducir la tramitología aduanal en torno a la simplificación administrativa en la elaboración de los documentos aduanales; eficientizar el tiempo de cruce de las mercancías sin desatender la fiscalización; y, asignar derechos y beneficios en su justa medida.

Para este fin, la Iniciativa de los legisladores determina las materias que imprescindiblemente deben permanecer en la ley o las que pueden establecerse en reglamento. Numerosos artículos de la Iniciativa trasladan al reglamento y a las Reglas de Carácter General emitidas por el Ejecutivo, la definición de cuestiones operativas que requieren de un manejo flexible. Es muy importante que las disposiciones reglamentarias en materia aduanera sean más estables.

Finalmente, la iniciativa corrige algunos errores e inconsistencias en reformas realizadas previamente.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

En cuanto a la propuesta de diversos legisladores de adicionar al artículo 2 de la Ley Aduanera, el concepto de mermas y desperdicios que actualmente esta en el Reglamento de la Ley Aduanera, incorporando dentro del concepto de desperdicios a las mercancías rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables y aquellas que no pueden ser utilizadas para el fin para el que fueron importadas temporalmente, así como también a los envases y materiales de empaque que se hubieren importado como un todo, mediante dos nuevas fracciones, esta Dictaminadora coincide con su inclusión.

Al respecto, es importante destacar que esta Legislatura, considerando la conveniencia de continuar modernizando el sistema aduanero mexicano, así como promover la inversión en proyectos que otorguen ventajas competitivas al país, analizó la posibilidad de incorporar una reforma que permita que el Servicio de Administración Tributaria habilite inmuebles para que en ellos se establezcan empresas que lleven a cabo operaciones de importación y exportación de mercancías, así como procesos de elaboración, transformación, reparación y comercialización respecto de las mismas, sujeto a beneficios en materia de impuestos, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y facilidades administrativas, proporcionando una alternativa atractiva para las empresas que llevan a cabo dichas actividades.

Por lo antes expuesto, se está proponiendo, después de analizar diversos estudios y propuestas sobre este mismo tema, la creación de un nuevo régimen aduanero que se desarrolle dentro de zonas cuyas características permitan considerarlas como "recintos fiscalizados estratégicos", sin detrimento del control de la autoridad aduanera, propiciando con ello el crecimiento de importantes complejos industriales, comerciales y de servicios orientados a la actividad del comercio exterior, y en los que se cuente con mecanismos ágiles que permitan una mayor producción industrial, generando de esta manera una mayor derrama económica, empleos, además de incrementar la recaudación.

De esta forma, el nuevo régimen aduanero denominado de "recinto fiscal estratégico" queda debidamente contemplado con las reformas que se están proponiendo realizar en este artículo y en el 90, así como la adición de cuatro nuevos artículos 135-A,135-B, 135-C, 1 y 36-D, los cuales más adelante se comentan:

Se considera conveniente el reformar el artículo 4 de la Ley Aduanera para precisar que la autoridad aduanera debe establecer los lineamientos de control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, que deben cumplirse, así como el adicionar la obligación de contar con sistemas automatizados de control de las entradas y salidas de dichos recintos, tanto de las personas, las mercancías y de los medios de transporte.

Con relación a la propuesta que hace el Ejecutivo Federal en el artículo 5o. de la Ley Aduanera relativo a la actualización de multas y cantidades en moneda nacional, la que Dictamina considera conveniente precisar que la misma entrará en vigor en la fecha que entren en vigor las modificaciones al artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, situación que se contempla en el Artículo Primero Transitorio, fracción I.

De otra parte, esta Comisión estimó necesario modificar el proyecto propuesto por el Ejecutivo para el primer párrafo del artículo 7, considerando que la transmisión de la información debe ser realizada por medios electrónicos y que será el Servicio de Administración Tributaria -SAT- el responsable de establecer las reglas para el efecto. De esta forma, el citado artículo 7, quedaría como sigue:

En este contexto, se crea un nuevo artículo 14-D que trata sobre la autorización para administrar inmuebles que adquieran el carácter de recinto fiscalizado estratégico, supuesto que se relaciona con los artículos 135-A, 135-B, 135-C y 135-D de la Ley Aduanera. Este artículo 14-D entrará en vigor en 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con relación a los requisitos que deben de cumplir quienes obtengan una concesión, se consideró conveniente adecuar el artículo 15 de la Ley Aduanera conforme a las propuestas del Ejecutivo Federal y de las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo, con el fin de precisar las responsabilidades que tendrán los particulares en el manejo de mercancías en los recintos fiscalizados. Asimismo, se toman las propuestas que hacen los legisladores respecto de las fracciones II y VIII, encaminadas a establecer medias de control para la seguridad y vigilancia de las mercancías

De igual forma, se consideró conveniente modificar el segundo párrafo de la fracción VI relativo a precisar ciertos aspectos de procedimiento en los casos de transferencia y desconsolidación de las mercancías, para quedar como sigue:

Por otro lado, también se propone la reforma al artículo 16-B de la Ley en comento, con el propósito de que únicamente se pague el aprovechamiento por las operaciones que se realicen dentro del plazo que la Ley autoriza para la importación temporal de los remolques, semirremolques y portacontenedores.

Ahora bien, con el propósito de controlar las mercancías que ingresan al país, se adicionan dos fracciones al artículo 20 de la Ley Aduanera para establecer la obligación de transmitir electrónicamente la información de la mercancía que vaya a arribar al país.

Por cuanto a las obligaciones de personas con concesión para almacenar mercancías en depósito, esta Comisión estima importante mencionar que incorpora a la propuesta del Ejecutivo Federal, las reformas que sobre la fracción V hacen diversos Diputados, con el fin de dar mayor seguridad y certeza jurídica a los involucrados en estos procedimientos y así disminuir costos operativos. De esta forma, el artículo en comento quedaría como sigue:

Asimismo, se considera procedente su modificación para precisar que el fisco federal no sólo responde de las mercancías extraviadas, sino también de las destruidas o que queden inutilizables por causas imputables a la autoridad aduanera. De igual forma, se precisa que los recintos fiscalizados responderán de las obligaciones fiscales respecto de las mercancías que hubieran entregado sin cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera, por lo que el artículo 28 quedaría de la siguiente forma:

En adición al artículo 32, esta Dictaminadora propone que las mercancías explosivas, inflamables, contaminantes o corrosivas, así como perecederos o de fácil descomposición y animales vivos, sean retiradas en tres días, cuando hayan causado abandono, ya que se trata de mercancías de especial naturaleza.

Por cuanto a los documentos que se deben acompañar a los pedimentos de importación y de exportación, esta Comisión no consideró necesaria la propuesta de modificación que hace el Ejecutivo para el inciso b) de la fracción I, del citado artículo y la cual fue sujeta de adecuación en diciembre del año pasado. Sin embargo, hace suyos los planteamientos que sobre simplificación administrativa y reducción de trámites propone la iniciativa de los legisladores, ya que ello permitirá apoyar el flujo de las operaciones de comercio exterior a menores costos.

De esta forma, el artículo 36, se modifica en su fracción I y se adiciona un último párrafo para quedar en los siguientes términos:

Esta Dictaminadora considera conveniente adicionar al Consejo de Clasificación Arancelaria a las cámaras y asociaciones industriales, así como que se establezca mediante reglas su conformación y normas de operación, señalando que la autoridad podrá apoyarse en sus dictámenes técnicos, cuando emita una resolución con apoyo en los mismos. Este dictamen deberá publicarse como un criterio de clasificación arancelaria dentro de los 30 días siguientes a aquel a que la autoridad hubiere emitido la resolución. Al respecto, se está proponiendo que esta modificación al artículo 48, entre en vigor el 1º de abril de 2003.

Por otro lado, la que Dictamina considera adecuada la adición a la fracción I del artículo 56 de la Ley Aduanera, para que el Servicio de Administración Tributaria autorice instalaciones especiales para llevar a cabo operaciones adicionales al almacenaje, manejo y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos fiscalizados, con el objeto de que se cumplan regulaciones y restricciones no arancelarias distintas de las emitidas en materia de sanidad animal, vegetal, salud pública medio ambiente y seguridad nacional.

También se considera conveniente modificar el artículo 59 de la Ley en comento, con el objeto de establecer que la obligación de llevar el control de inventarios debe estar a disposición de la autoridad aduanera y que deba llevarse en forma automatizada. Asimismo, resulta procedente adicionar dos obligaciones más con la finalidad de que los importadores se inscriban en el Padrón General de Importadores, y en su caso, en el Padrón de Sectores Específicos.

Por otro lado, se conviene en modificar el artículo 89 de la Ley Aduanera, estableciendo que podrá modificarse hasta en tres ocasiones el pedimento una vez activado el mecanismo de selección automatizado. Asimismo, se considera conveniente señalar que tratándose de los conceptos que no pueden ser modificados, se incluya a la clasificación arancelaria. Por último se considera conveniente especificar que los datos contenidos en el pedimento se corregirán mediante requerimiento de la autoridad aduanera.

Esta Legislatura considerando la conveniencia de continuar modernizando el sistema aduanero en México, así como promover la inversión en proyectos que otorguen ventajas competitivas a nuestro país analizó la posibilidad de incorporar un reforma que permita que el Servicio de Administración Tributaria habilite inmuebles para que en ellos se establezcan empresas que lleven a cabo operaciones de importación y exportación de mercancías, así como procesos de elaboración, transformación, reparación y comercialización respecto de las mismas, sujeto a beneficios en materia de impuestos, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y facilidades administrativas, proporcionando una alternativa atractiva para las empresas que llevan a cabo dichas actividades.

Por lo antes expuesto se propone la creación de un nuevo régimen aduanero que se desarrolle dentro de zonas cuyas características permitan considerarlas como zonas estratégicas, sin detrimento del control de la autoridad aduanera, propiciando con ello el crecimiento de importantes complejos industriales, comerciales y de servicios orientados a la actividad del comercio exterior, y en los que se cuente con mecanismos ágiles que permitan una mayor producción industrial, generando así derrama económica, empleos, además de incrementa la recaudación de impuestos.

La figura del "recinto fiscal estratégico", generaran nuevas inversiones nacionales y extranjeras, ya que los mismos estarían diseñados evidentemente para manejar, almacenar y custodiar mercancías, así como de realizar operaciones adicionales de esta manera esta Soberanía preocupada por otorgar mayor competitividad a las empresas mexicanas y extranjeras ha encontrado en este nuevo régimen aduanero un esquema más ágil y novedoso en el mundo. De aprobarse esta reforma, se estaría impulsando la captación de la inversión nacional y extranjera en el país, para quedar como sigue:

Con el objeto de establecer que el registro del despacho de mercancías de empresas que operen bajo el esquema de revisión en origen se estima acertada la propuesta de modificación al artículo 100, para establecer que el mencionado registro se deberá renovar anualmente mediante la presentación de un aviso. Adicionalmente, se establece que la renovación no podrá ser otorgada cuando el importador previamente haya sido suspendido hasta en tres ocasiones.

Uno de los cambios más relevantes del presente Dictamen, es aquel que consiste en el reconocimiento de la figura de empresas certificadas por su nivel de confiabilidad en sus operaciones de comercio exterior, por lo cual se propone la adición de los artículos 100-A y 100-B para establecer los requisitos y beneficios a los que deban sujetarse dichas empresas.

Asimismo, se modifica el artículo 101-A, para establecer la posibilidad del cambio de régimen de importación temporal a definitiva, bajo determinados supuestos.

Esta Dictaminadora considera conveniente adicionar un párrafo al artículo 103, para prever el supuesto de retorno de mercancías en el caso de que sean rechazadas en el extranjero, otorgándose a las maquiladoras o a las empresas con programa de exportación, la facilidad de importación definitiva.

Por otro lado, se estima atinada la propuesta que presentan los legisladores en cuanto a reformar la fracción III, del artículo 108 de la Ley Aduanera para adecuar los plazos para la importación temporal que efectúen las maquiladoras y Pitex, en el caso del programa de maquila o de exportación, estableciéndose que éste será el de la vigencia que se señala en su programa, en vez de los cinco años o de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la renta, tratándose de maquinaria y equipo.

Por cuanto al artículo 109, la propuesta de eliminar el pago de una cantidad equivalente a recargos y establecer el supuesto de la transferencia de desperdicios, se considera procedente.

Derivado de la creación de la figura de "recinto fiscalizado estratégico", se propone adicionar el artículo 135-A, a través del cual se señalan los requisitos para que los particulares que tengan el uso de inmuebles colindantes a un recinto fiscal o portuario, o dentro de este último, puedan solicitar al SAT la habilitación de dichos inmuebles, la introducción de mercancías bajo el citado régimen. Asimismo, se indican las condiciones que deberán acreditar las personas para acceder a la autorización del mismo, comprometiéndose al cumplimiento de las reglas que al efecto dicte el Servicio de Administración Tributaria. De esta manera, el artículo propuesto quedaría como sigue:

Por lo que respecta al artículo 144, que en lo sustantivo se refiere a las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia aduanera, las reformas que se están proponiendo realizar van más allá de lo originalmente considerado por el Ejecutivo Federal, toda vez que esta Dictaminadora está haciendo suyo las propuestas que también contempla la iniciativa de diversos Diputados.

En efecto, además de que se modifican las fracciones VIII, IX, XI, XXVI, y XXX, se está proponiendo crear una nueva fracción XXXI, corriéndose su numeración hasta la fracción XXXII, enfocada a permitir a las autoridades Hacendarias el promover la enajenación para la exportación de las mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal, mediante licitaciones internacionales, con lo cual no sólo se supera un problema propio de la autoridad, sino que también se elimina una contingencia para el productor nacional, por lo que el citado artículo quedaría como sigue:

Por cuanto al destino de las mercancías que pasan a ser propiedad del fisco federal, el Ejecutivo propone reformas en sus fracciones I y III del artículo 145 para que en el primer caso, la diferencia resultante se pueda invertir en Cetes, a fin de contar con un respaldo financiero en caso de que se dicte alguna resolución contraria al interés federal; en el segundo caso, el propósito de la reforma es el de sustituir la palabra "tendrán" por la de "podrán", con lo cual se le da a la autoridad un mayor grado de flexibilidad a la que hoy día tiene. Además, se propone que el fisco tenga la capacidad de decidir si destruye o no la mercancía, situación que hoy no puede hacer, lo que en muchas ocasiones afecta al mercado nacional o al propio patrimonio de la Nación. De esta forma, el artículo 145 quedaría de la forma que sigue:

Bajo este mismo tenor y a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica a las partes, considera oportuno realizar algunos ajustes a su fracción II, para precisar el supuesto de embargo en el caso normas oficiales mexicanas de información comercial, para quedar en los términos siguientes:

Se coincide con la propuesta de modificar el artículo 157 de la Ley Aduanera, para simplificar el procedimiento de resarcimiento, al sustituir el avalúo de las mercancías, por la actualización del monto determinado en el acta de inicio del Procedimiento Administrativo.

En materia del ejercicio de las facultades de comprobación, la propuesta del Ejecutivo Federal se ve enriquecida con algunas precisiones y adiciones que realiza la que Dictamina, en función de las conclusiones a que llegó el grupo de trabajo al analizar conjuntamente diversas iniciativas.

En tal virtud, se reestructura en su totalidad el citado artículo para contemplar como causales de retención de las mercancías o, en su caso, de los medios de transporte, el que no se presente el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía, o bien en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado y no se acredite el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial.

Por otro lado, la que Dictamina coincide en la adición al artículo 159 en comento en el sentido de señalar como requisito para obtener la patente aduanal, que el aspirante en caso de haber sido apoderado aduanal, su autorización no hubiera sido cancelada.

Por otro lado, vale la pena mencionar que esta Dictaminadora consideró pertinente realizar modificaciones a la propuesta de reformas al artículo 160 fracción VI en su segundo párrafo, del Ejecutivo Federal, toda vez que las reformas realizadas el año de 2001 a esta disposición han motivado la promoción de juicios, en muchos casos contrarios a la autoridad aduanera. Además, no se considera adecuado limitar a cinco mandatarios por cada agente aduanal, con independencia de las aduanas en las cuales se encuentre autorizado para actuar. En este mismo numeral se está previendo en su fracción VII, y en consonancia con la reforma al artículo 38, la utilización de la firma electrónica avanzada a los agentes y apoderados aduanales, así como a sus mandatarios. Por tal motivo, el artículo en comento quedaría de forma que sigue:

En materia de infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentación y declaraciones, se estima conveniente apoyar, en adición a los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal, para que la información sea proporcionada por medios electrónicos, sea por cada pasajero, tripulante y medio de transporte, tal y como se indica en la fracción VIII de este ordenamiento, en el cual también se distingue entre pasajero o mercancías, para quedar en los siguientes términos:

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA

ARTICULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, primero y segundo párrafos; 4, primer párrafo; 5, primer párrafo; 7; 14, último párrafo; 14-A, primero y segundo párrafos; 14-B, primer párrafo; 15, primer párrafo, fracciones II, III, V, en su segundo párrafo, VI, en su segundo párrafo y último párrafo del artículo;16-B, último párrafo; 26, primer párrafo y fracción V; 28, primero y tercer párrafos; 36, fracción I, segundo párrafo; 38, primero y segundo párrafos; 48, primer párrafo; 59, fracciones I, primer párrafo y IV; 89, segundo párrafo y la fracción II; 100, segundo y quinto párrafos; 108, fracción III; 109, segundo párrafo; 144, fracciones VIII, IX, XI, XXVI y XXX; 144-A, primer párrafo; 145, fracciones I, en su primer párrafo, II, III y tercer párrafo del artículo; 151, fracción II; 157; 158; 159, fracción II; 160, fracción VI, en su segundo párrafo y VII; 178, fracción III; 181, primer párrafo; 184, fracciones I y IX; 185, primer párrafo y fracciones I y VIII; 185-A; 185-B; 186, fracciones VII, XIV y XX; 187, fracciones I, VI y XII; 194; se ADICIONAN los artículos 2, con las fracciones XI y XII; 4, fracción II, con un inciso e); 14-C; 14-D; 15, con una fracción VIII; 20, con las fracciones VII y VIII; 29, fracción II, inciso b) con un segundo párrafo; 32, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente; 36, con un segundo y último párrafos al artículo, pasando los actuales segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos a ser tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos, respectivamente; 56, fracción I, con un último párrafo; 89, con un séptimo párrafo; 90, con un Apartado F; 98, con una fracción VI y un último párrafo al artículo; 100-A; 100-B; 101-A; 103, con un quinto párrafo; 109, con un cuarto párrafo; Capítulo VII, denominado "Recinto Fiscalizado Estratégico" al Título IV con los artículos 135-A; 135-B; 135,-C y 135-D; 144, con las fracciones XXXI y XXXII; 144-A, con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero, cuarto y quinto párrafos, a ser cuarto, quinto y sexto párrafos, respectivamente; 145, con una fracción IV; 162, con una fracción XII; 177, con una fracción III; 180-A; 184, con las fracciones XVII y XVIII; 185, con la fracción XIV; 186, con las fracciones XXI, XXII y XXIII; 187, con las fracciones XIII, XIV y XV y con un último párrafo; 201; y se DEROGA el artículo 151, último párrafo de la Ley Aduanera, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 2.

Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta Ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. Las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.

ARTICULO 4. Las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán obligadas a:

ARTICULO 7. Las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que efectúen el transporte internacional de pasajeros, deberán transmitir electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte, en los términos y con la oportunidad que señale el Servicio Administración Tributaria mediante reglas.

Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de carga que transporten mercancías explosivas y armas de fuego, deberán dar aviso a las autoridades aduaneras por lo menos con veinticuatro horas de anticipación al arribo al territorio nacional de dichas mercancías. En estos casos, las autoridades aduaneras deberán informar a las autoridades militares de tal circunstancia, con el objeto de que estas últimas determinen las medidas de seguridad que, en su caso, procedan durante el tiempo en que dichas mercancías se encuentren en el país.

ARTICULO 14. ...

Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalaciones y adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a la prestación de los servicios de que se trate, pasarán en el estado en que se encuentren a ser propiedad del Gobierno Federal, sin el pago de contraprestación alguna para el concesionario.

ARTICULO 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios se denominará recinto fiscalizado.

Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de manejo y almacenaje de mercancías, así como la de sus accionistas y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, y anexar a su solicitud, copia de la documentación con la que acrediten el legal uso o goce del inmueble en el que se prestarán los servicios, el programa de inversión y demás documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para acreditar que el solicitante cumple las condiciones requeridas.

...

ARTICULO 14-B. Los particulares que obtengan la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en los recintos fiscalizados, conforme a los artículos anteriores, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y mantener los medios de control que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, así como efectuar el pago del aprovechamiento a que se refiere la fracción VII, del artículo 15 de esta Ley, el cual deberá enterarse independientemente del aprovechamiento o derecho al que, en su caso, estén obligados a pagar por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles del dominio público.

ARTICULO 14-C. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a las personas morales constituidas conforme a la legislación mexicana para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías en el recinto fiscal. Las empresas que deseen prestar estos servicios deberán solicitar la autorización y cumplir los requisitos y condiciones que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Las empresas autorizadas deberán cumplir con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior.

ARTICULO 14-D. Las personas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro o colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario ó aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su administración. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico.

Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. A la solicitud deberán anexar el programa de inversión, la documentación con la que acredite el legal uso o goce del inmueble, que el inmueble cumple con requisitos de seguridad, control, vías de acceso y demás condiciones que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble.

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo, serán responsables de administrar, supervisar y controlar dicho recinto fiscalizado, cumpliendo con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior, sin perjuicio del ejercicio de facultades de la autoridad aduanera; poner a disposición de las autoridades aduaneras las instalaciones previamente aprobadas por dichas autoridades para las funciones propias del despacho de mercancías, y las demás que deriven de esta Ley, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones; adquirir, instalar y poner a disposición de las autoridades aduaneras el equipo que se requiera para agilizar el despacho aduanero y los sistemas automatizados para el control de las mercancías, personas y vehículos que ingresen o se retiren del recinto fiscalizado.

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo, no estarán sujetas al pago del aprovechamiento a que se refiere el artículo 15, fracción VII de esta Ley.

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta Ley, a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o incurran en alguna causal de cancelación establecida en esta Ley o en la autorización, tomando las medidas necesarias en relación con la operación de los particulares que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico.

ARTICULO 15. Los particulares que obtengan concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, deberán cumplir con los lineamentos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior, así como con lo siguiente:

ARTICULO 16-B. ...

Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo, estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas, mensualmente, en los primeros doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, un aprovechamiento de $100.00 por la prevalidación del pedimento para la importación temporal de cada remolque, semirremolque y portacontenedor, misma que amparará su legal estancia por el plazo que establece el artículo 106, fracción I de esta Ley. El aprovechamiento será aportado a un fideicomiso público para el programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.

ARTICULO 20. ...

Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías extraviadas y ante los interesados por el valor que tenían dichas mercancías al momento de su deposito ante la aduana. Asimismo, responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de mercancías de comercio exterior, así como por el valor de dichas mercancías, tratándose de mercancías embargadas o que hubieran causado abandono.

ARTICULO 29.-

Tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos, el plazo para retirar las mercancías a que se refiere el párrafo anterior será de tres días.

ARTICULO 36. ...

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

ARTICULO 38. El despacho de las mercancías deberá efectuarse mediante el empleo de un sistema electrónico con grabación simultánea en medios magnéticos, en los términos que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas. Las operaciones grabadas en los medios magnéticos en los que aparezca la firma electrónica avanzada y el código de validación generado por la aduana, se considerará que fueron efectuados por el agente aduanal, por el mandatario autorizado o por el apoderado aduanal a quien corresponda dicha firma, salvo prueba en contrario.

El empleo de la firma electrónica avanzada que corresponda a cada uno de los agentes aduanales, mandatarios autorizados y apoderados aduanales, equivaldrá a la firma autógrafa de éstos.

ARTICULO 48. Para resolver las consultas que presenten los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, las autoridades aduaneras escucharán previamente la opinión del Consejo de Clasificación Arancelaria, el cual estará integrado por la autoridad aduanera y los peritos que propongan las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas la conformación y las normas de operación del Consejo. Los dictámenes técnicos emitidos por el Consejo y respecto de los cuales el Servicio de Administración Tributaria se apoye para emitir sus resoluciones, deberán publicarse como criterios de clasificación arancelaria dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la autoridad hubiere emitido la resolución.

ARTICULO 56. ...

ARTICULO 89. ...

Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedimento el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Una vez activado dicho mecanismo, solo se podrá efectuar la rectificación de los datos declarados en el pedimento hasta en tres ocasiones, cuando de dicha rectificación se origine un saldo a favor o bien no exista saldo alguno, asimismo cuando existan gravámenes a pagar, siempre que en cualquiera de estos supuestos no se modifique alguno de los conceptos siguientes:

ARTICULO 90.

F. Recinto fiscalizado estratégico.

ARTICULO 98. ...

La inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas deberá ser renovada anualmente por los importadores, mediante la presentación de un aviso dentro de los 30 días anteriores a que venza la vigencia de su registro, siempre que se acredite que continúan cumpliendo con los requisitos señalados en este artículo.

En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción, cuando al importador se le hubiere suspendido previamente del registro de empresas para el procedimiento de revisión en origen de mercancías en tres ocasiones.

ARTICULO 100-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la inscripción en el registro de empresas certificadas, a las personas morales que cumplan con los siguientes requisitos:

La inscripción en el registro de empresas certificadas deberá ser renovada anualmente por las empresas, dentro de los 30 días anteriores a que venza el plazo de vigencia de su registro, mediante la presentación de una solicitud, siempre que se acredite que continúan cumpliendo con los requisitos señalados para su inscripción. La resolución deberá emitirse en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que la misma es favorable.

En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción, cuando a la empresa le hubiera sido cancelada su autorización para estar inscrita en el registro de empresas certificadas, dentro de los cinco años anteriores.

ARTICULO 100-B. Las personas morales inscritas en el registro de empresas certificadas a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, tendrán derecho a las siguientes facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías:

No podrán ser regularizadas las mercancías en los siguientes casos:

Las maquiladoras o empresas con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía que hubieran retornado al extranjero los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, podrán retornar dichos productos a territorio nacional cuando hayan sido rechazados por las razones señaladas en este artículo, al amparo de su programa. En este caso, únicamente se pagará el impuesto general de importación que corresponda al valor de las materias primas o mercancías extranjeras que originalmente fueron importadas temporalmente al amparo del programa, de acuerdo con los porcentajes de incorporación en el producto que fue retornado, cuando se efectúe el cambio de régimen a la importación definitiva. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas las mercancías que pueden sujetarse a lo dispuesto en este párrafo y los requisitos de control.

ARTICULO 108.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán convertir la importación temporal en definitiva, siempre que paguen las cuotas compensatorias vigentes al momento del cambio de régimen, el impuesto general de importación actualizado en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el cambio de régimen.

...

Para los efectos del párrafo anterior, las empresas con programas de maquila o de exportación, podrán transferir los desperdicios de las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación, que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación por el desperdicio o material obsoleto a nombre de la persona que realice la transferencia, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria.

Capítulo VII

Recinto Fiscalizado Estratégico

ARTICULO 135-A. Las personas que tengan el uso o goce de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico habilitado en los términos del artículo 14-D de esta Ley, podrán solicitar la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. No podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo, las personas que cuenten con la autorización para administrar el recinto fiscalizado estratégico.

Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo, se deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cumplir con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble.

Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo, deberán adoptar las medidas necesarias y cumplir con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior y deberán contar con los sistemas que permitan el enlace y la transmisión automatizada de la información relativa a las mercancías. La transmisión de la información se deberá efectuar en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Quienes obtengan la autorización a que se refiere este artículo, deberán cumplir con las obligaciones y tendrán las mismas responsabilidades que las previstas en los artículos 15, 26 y demás relativos de esta Ley para quienes cuenten con autorización o concesión para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías en depósito ante la aduana. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas podrá otorgar las facilidades necesarias.

El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta Ley, a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley o la autorización o incurran en alguna causal de cancelación establecida en esta Ley o en la autorización.

ARTICULO 135-B. El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación y se sujetará a lo siguiente:

A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o nacionalizadas queden bajo este régimen, se entenderán exportadas definitivamente.

ARTICULO 135-C. Las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán permanecer en los recintos fiscalizados por un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en los siguientes casos, en los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para su depreciación:

Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un inmueble ubicados dentro del recinto fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto, o a otro recinto fiscalizado habilitado en los términos del artículo 14-D de esta Ley, siempre que se cumplan con las formalidades que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación.

Las personas que hayan obtenido la autorización a que se refiere el artículo 135-A de esta Ley, responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías que sean retirada del recinto fiscalizado sin cumplir con las obligaciones y formalidades que para tales se requieran o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de las mercancías. Dicha responsabilidad comprenderá el pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que en su caso se causen, y sus accesorios, así como las multas aplicables. Las personas que hayan obtenido la autorización a que se refiere el artículo 14-D de esta Ley, serán responsables solidarios en los mismos términos y condiciones.

ARTICULO 144.

La autoridad aduanera, podrá levantar provisionalmente la suspensión a que se refiere el párrafo anterior, cuando la suspensión afecte la operación aduanera o de comercio exterior del país, hasta en tanto se adopten las medidas necesarias para resolver dicha situación.

ARTICULO 145.

ARTICULO 151. ...

ARTICULO 157. Tratándose de mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, de animales vivos o de automóviles y camiones, que sean objeto de embargo precautorio y que dentro de los diez días siguientes a su embargo, o de los cuarenta y cinco tratándose de automóviles y camiones no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país, el Servicio de Administración Tributaria podrá proceder a su destrucción, donación, asignación o venta, cuyo producto se invertirá en Certificados de la Tesorería de la Federación a fin de que al dictarse la resolución correspondiente, se disponga la aplicación del producto y rendimientos citados, conforme proceda. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley cuando, dentro de los diez días siguientes a su embargo, no se hubieran desvirtuado los supuestos que hayan dado lugar al embargo precautorio o no se hubiera acreditado que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley.

Cuando la resolución definitiva ordene la devolución de las mercancías y la autoridad aduanera haya comunicado al particular que existe imposibilidad para devolver las mismas, el particular podrá optar por solicitar la entrega de un bien sustituto con valor similar, salvo que se trate de mercancías perecederas, de fácil descomposición, de animales vivos o de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley, o el valor del bien, actualizado conforme lo establece el párrafo siguiente.

En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria haya procedido a la destrucción, donación, asignación o venta de la mercancía, la resolución definitiva que ordene la devolución de la misma, considerará el valor determinado en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo practicado por la autoridad aduanera competente con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera, actualizándolo en los términos establecidos en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación hasta que se dicte la resolución que autoriza el pago.

El particular que obtenga una resolución administrativa o judicial firme, que ordene la devolución o el pago del valor de la mercancía o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del valor de la mercancía, dentro del plazo de dos años, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 151, fracciones VI y VII de esta Ley, la resolución definitiva que ordene la devolución del valor de las mercancías, considerará el valor declarado en el pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que corresponda conforme al giro de actividades del interesado.

ARTICULO 158. Las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte, en los siguientes casos:

Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante, harán constar la fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de quince días, para que presente la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) de esta Ley, o de treinta días para que dé cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal por el medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de retención.

ARTICULO 159. ...

ARTICULO 181. Se impondrá una multa de $15,000.00 a $30,000.00 a quien cometa la infracción a que se refieren los artículos 180 y 180-A de esta Ley.

...

ARTICULO 184. ...

...

ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $10,000.00 a $20,000.00 a quienes cometan la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios prevista en el artículo 185-A de esta Ley.

ARTICULO 186.

ARTICULO 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y aprovechamientos a que se refieren los artículos 15, fracción VII, 16-A, último párrafo, 16-B, último párrafo, 21, fracción IV y 120, penúltimo párrafo de esta Ley dentro de los plazos señalados en los mismos, se les aplicará una multa del 10% al 20% del monto del pago omitido, cuando la infracción sea detectada por la autoridad aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.

ARTICULO 201. El importe de las multas que se impongan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, se destinará al mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las propias aduanas, así como para contratar, capacitar e impulsar la productividad del personal aduanero en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. La asignación de dichos montos será con independencia del presupuesto que tenga asignado el Servicio de Administración Tributaria.

Sólo ingresará a los citados fondos el importe de las multas efectivamente pagadas y que hubieren quedado firmes conforme a la resolución respectiva, salvo que por Ley esté destinado a otros fines.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ADUANERA.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del 2003, excepto por lo que se refiere a:

Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, PRI (rúbrica); Francisco Agundis Arias, PVEM (rúbrica); Manuel Añorve Baños, PRI (rúbrica); Miguel Arizpe Jiménez, PRI (rúbrica); Florentino Castro López, PRI (rúbrica); Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI (rúbrica); Enrique Octavio de la Madrid Cordero, PRI (rúbrica); Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN (rúbrica); Abelardo Escobar Prieto, PAN (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI (rúbrica); Francisco Javier García Cabeza de Vaca, PAN (rúbrica); Julián Hernández Santillán, PAN (rúbrica); Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN (rúbrica); Guillermo Hopkins Gámez, PRI (rúbrica); Oscar Guillermo Levín Coppel, PRI (rúbrica); Rosalinda López Hernández, PRD (rúbrica); José Antonio Magallanes Rodríguez, PRD; José Manuel Minjares Jiménez, PAN (rúbrica); César Alejandro Monraz Sustaita, PAN (rúbrica); Humberto Muñoz Vargas, PAN (rúbrica); José Narro Céspedes, PT (rúbrica); Luis Alberto Pazos de la Torre, PAN (rúbrica); Francisco Raúl Ramírez Avila, PAN; Gustavo Riojas Santana, PSN; Salvador Rocha Díaz, PRI (rúbrica); Arturo San Miguel Cantú, PAN (rúbrica); Reyes Antonio Silva Beltrán, PRI (rúbrica); José Luis Ugalde Montes, PRI; Emilio Ulloa Pérez, PRD; José Francisco Yunes Zorrilla, PRI (rúbrica); Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO

Noviembre 29, 2002.

HONORABLE ASAMBLEA

El pasado 7 de noviembre de 2002, le fue turnada a esta Colegisladora la Minuta de la H. Cámara de Senadores con proyecto de "Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Hipotecario", la cual a su vez fue remitida al día siguiente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

De acuerdo con la Minuta elaborada por las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, de Estudios Legislativos, Primera y de Vivienda, esta Comisión procedió a su análisis y estudio, de conformidad en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello, también realizó consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en lo cual los miembros de esta Comisión elaboraron y presentan a esa Honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DICTAMEN

DESCRIPCION DE LA MINUTA

El análisis de la Minuta con proyecto de "Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Hipotecario", tiene su origen en la Iniciativa correspondiente que fue presentada por el Senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 12 de septiembre y aprobada por el Pleno de la Colegisladora el martes 5 de noviembre del año en curso.

La Iniciativa responde a la urgencia de encontrar mecanismos que habrán de generar y propiciar la competencia y transparencia entre las diversas instituciones financieras, en lo referente a las ofertas de crédito hipotecario. Lo cual habrá de traducirse en una reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, con lo que se estimularía la inversión de los particulares e impulsaría la economía mexicana, empleando como detonante multiplicador a la industria de la construcción, sector que se caracteriza por demandar, en un 97% del total de sus insumos, bienes producidos internamente y, en muchos casos, a nivel local, lo que contribuirá a crear nuevas fuentes de empleo en el país.

En particular, el proyecto de Ley que se propone aprobar busca reforzar dos aspectos en las operaciones ligadas al crédito hipotecario. Por un lado, la competencia y, por el otro, la transparencia de las operaciones.

Así, en el primer aspecto, se referencia a la competencia entre las instituciones financieras al establecerse, en ley, que los deudores que hayan suscrito un crédito hipotecario con determinadas condiciones, tengan la posibilidad de suscribir un nuevo contrato, en condiciones más favorables en tasa de interés, plazos y amortizaciones, entre otros elementos del crédito.

El otro tema que regula esta nueva Ley se refiere a la transparencia, para lo cual se contempla la obligación a cargo de las instituciones financieras, de proporcionar información oportuna, clara, expedita, sencilla y sin que dé lugar a interpretaciones en cuanto a los términos y condiciones que habrán de incluirse en los contratos de crédito, integrando, de esta forma, un esquema anticipado para la protección y certidumbre de quienes demanden un crédito.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Esta Comisión Dictaminadora considera oportuno la promulgación de una Ley como la que se analiza, toda vez que es urgente y necesario establecer en una disposición legal los mecanismos necesarios que otorguen mayor transparencia y seguridad a los usuarios de crédito hipotecario, ya que en la mayoría de los casos éste se convierte en el bien patrimonial fundamental de toda familia.

De la misma forma, se coincide en que la aprobación de la Minuta que nos ocupa coadyuvará al desarrollo económico del país, toda vez que al detonar el crédito hipotecario, se fomenta, directa e indirectamente, el desarrollo de la industria de la construcción y, por ende, el empleo intensivo.

Es importante señalar que el proyecto de Ley de la Minuta en dictamen contiene disposiciones que otorgarán mayor seguridad jurídica no sólo a todas aquéllas personas que utilicen el crédito hipotecario, sino que también se establecen reglas claras que permitirán la subrogación del acreedor en los créditos, con plena garantía para las partes contratantes.

Señala la Minuta del Senado y así se hace constar que la iniciativa de Ley se integra de 19 artículos, agrupados en cuatro Títulos y ocho Capítulos.

Asimismo, se incluyen cuatro disposiciones de carácter transitorio que regulan la entrada en vigor de la nueva Ley (1º de enero de 2003); otorgan un plazo determinado para que las autoridades financieras emitan las reglas necesarias para hacer efectivos algunas disposiciones que se establecen en Ley; regular algunos tipos de créditos garantizados para efectos de la subrogación a partir de la puesta en vigor de la Ley, excluyendo todos los créditos que hayan sido reestructurados a través de cualquier programa de apoyo a deudores en el que haya participado el Gobierno Federal; así como la prevención de que la Secretaría de Economía pueda celebrar convenios de coordinación con los distintos Estados y Municipios para eliminar los costos registrales, con el objeto de que en los casos de subrogación no se carguen los mismos costos de una nueva transacción, y si es posible, eliminarlos del todo.

De esta forma, el proyecto de Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, se encuentra estructurada como sigue:

Por otro lado, se considera conveniente que, a efecto de lograr mayor seguridad jurídica, en el artículo 2 se establezcan las normas que serán supletorias de la Ley en comento, tales como Las leyes mercantiles especiales; el Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos; el Código Civil Federal, así como Código Federal de Procedimientos Civiles.

La que Dictamina estima conveniente señalar que la Colegisladora convino en sustituir la definición de "crédito hipotecario" que contemplaba la iniciativa original, por la de "crédito garantizado", con el fin de cubrir otro tipo de garantías además de la hipoteca, como son la prenda, la caución bursátil, el fideicomiso de garantía u otras. Asimismo, se incluyó dentro del concepto de crédito garantizado a los sistemas de autofinanciamiento, con lo cual se incluyen otro tipo de garantías reales fomentando el uso de los instrumentos disponibles, siendo consistente con las reformas contenidas en la iniciativa para coadyuvar a la reactivación del crédito.

Con la inclusión de los sistemas de autofinanciamiento se buscaría extender los beneficios de transparencia y subrogación a los clientes de dichas entidades. Estas modificaciones quedan debidamente recogidas en el artículo 3, así como a lo largo de todo el proyecto de Ley.

Derivado de la ampliación del concepto de crédito garantizado, la Colegisladora considera necesario sustituir en el artículo 4 el término "sucursales" por el de "establecimientos abiertos al público" para incluir a todas las entidades que no tienen sucursales. También se determinó que la información previa sea dada a conocer ya sea a través de la pizarra de anuncios o a través de un medio electrónico informativo en dichos establecimientos abiertos al público, con lo cual se permitirá una más clara aplicación de la ley y se otorgará mayor flexibilidad en cuanto a los medios para presentar la información, cambios con los que esta Comisión Dictaminadora también está conforme.

La Iniciativa original fue enriquecida al incluirse en el artículo 5 la posibilidad de que los folletos informativos puedan ser obtenidos a través de un medio electrónico en los propios establecimientos abiertos al público, y que dentro de contenido obligatorio de dichos folletos se tenga que hacer la mención de la información necesaria que debe declarar el solicitante para obtener la oferta vinculante y los requisitos y documentación necesarios para tramitar, si así lo decide, el crédito correspondiente.

Se estima que la inclusión de la información que se requiere para la oferta vinculante y para la tramitación del crédito, brindaría mayor claridad y certeza a los clientes potenciales. Al respecto, la oferta vinculante tiene por objeto establecer los términos y condiciones específicos mediante los cuales una determinada institución estaría dispuesta a otorgar un Crédito Garantizado a la Vivienda a un solicitante.

La que Dictamina coincide con la Colegisladora en la necesidad de establecer la posibilidad de rehusar expedir una oferta vinculante en caso de que las entidades presuman o tengan motivos para pensar que el solicitante está vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. De igual forma, se convino en que la oferta vinculante se expida con base en la información que de buena fe declare el solicitante, sin requerir los documentos que soporten dicha información, si bien se incluye de alguna manera, la forma y el grado en que la diferencia entre la información declarada y la contenida en la documentación presentada podría modificar la obligación de la entidad de respetar los términos y condiciones de la oferta vinculante.

Con esta adecuación hecha al artículo 6, la Colegisladora considera que se podría prevenir en mayor medida operaciones de lavado de dinero. Asimismo, se brindará mayor claridad y certeza a las partes en cuanto a los efectos de las diferencias que se pudiesen presentar entre la información declarada de buena fe por el solicitante cuando requiere la oferta vinculante, y la documentación e información presentada cuando planee formalizar el crédito. Se establecen asimismo ciertos límites en cuanto a los efectos de la variación relativa al valor del inmueble declarado por el solicitante y el avalúo que se efectúe con posterioridad, previniendo de esta manera el lavado de dinero; modificaciones con las cuales esta Comisión de Hacienda está de acuerdo.

En el artículo 7, se propuso por parte de la Colegisladora y con ello coincide la que Dictamina, que sea la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. la que autorice a los peritos valuadores y emita las reglas para establecer requisitos de autorización y la metodología de valuación.

Lo anterior, debido a que este organismo cuenta con la experiencia y la información necesarias para llevar a cabo dicha actividad.

Otro cambio que contiene la Minuta con el que está de acuerdo la que Dictamina, se refiere a la sustitución de la denominación de la "Tasa Anual Efectiva" por el de "Costo Anual Total", así como al hecho de que se mencione que dicho cálculo únicamente tiene fines de referencia y publicidad, dando, de esta manera, mayor claridad en cuanto al uso y objetivo de esta referencia que deberá dar a conocer el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federación, evitando así su confusión con la tasa de interés aplicable al crédito, la cual sí tiene un efecto monetario.

En virtud del grado de especialidad que tiene la Sociedad Hipotecaria Federal en materia de vivienda, se coincide con la Colegisladora en el sentido de que la información que deberá publicar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea la de carácter genérico, mientras que la Sociedad Hipotecaria sea la que informe, a través del Diario Oficial de la Federación, respecto del caso específico de créditos garantizados con garantía hipotecaria, situación que queda debidamente plasmada en el artículo 11 de la Ley en comento.

En la Minuta se señala que se resolvió incluir en la parte conducente de los artículos 13 y 14 de la Ley, que se deberá recabar el consentimiento del acreedor para realizar la subrogación de deudor, cumplir con los requisitos que establezca la entidad para considerarlo sujeto de crédito y con las formalidades que establezca la ley, con el objeto de prever las formalidades de carácter local que se establecen respecto al tema, modificaciones con las cuales esta Dictaminadora coincide.

Esta Comisión igualmente considera adecuado que se haya establecido una excepción respecto de la aplicación de las disposiciones de la Ley en análisis relativas a la oferta vinculante y la subrogación en los créditos a todas aquellas entidades públicas que otorguen créditos garantizados de forma directa al público (primer piso).

De esta forma, en el artículo 17 quedarían exceptuados de lo dispuesto por la presente Ley los Créditos Garantizados que se otorguen en cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo, así como los Créditos Garantizados que otorguen, financien o garanticen el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fondo para las Habitaciones Populares, o cualquier otra entidad pública que realice dichas actividades.

Un punto importante a destacar es la precisión que se hace para lograr que haya mayor seguridad jurídica para los usuarios de crédito y mayor transparencia en la actuación de las Entidades, al haberse propuesto incorporar en el artículo 18 la facultad de solicitar información por parte de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, en sus respectivas competencias y atribuciones.

Finalmente, se considera acertado la inclusión de un artículo 19 a la Iniciativa original, con el propósito de establecer la facultad de que la Secretaría de Economía pueda celebrar convenios de coordinación con los Estados y Municipios, a efecto de eliminar los costos registrales y los aranceles notariales, para beneficio de los acreditados e incentivar la reactivación del crédito.

En consideración a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, para quedar como sigue:

Título I.- Aspectos Generales

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley del orden federal es reglamentaria de la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de interés social y tiene como objeto regular los servicios financieros de otorgamiento de Crédito Garantizado, independientemente de que quien lo otorgue sea o no una entidad financiera. Su finalidad es asegurar la transparencia en su otorgamiento y fomentar la competencia mediante el abaratamiento de costos de instrumentación.

El otorgamiento de Crédito Garantizado por las Entidades es un acto de comercio sujeto a competencia federal.

Artículo 2.- Son de aplicación supletoria a la presente Ley, en el orden en que se indica:

I. Las leyes mercantiles especiales;
II. El Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos;
III. El Código Civil Federal, y
IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 4. Las Entidades, tratándose de Créditos Garantizados a la Vivienda, deberán colocar en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información a los solicitantes sobre los términos y condiciones de dichos créditos. La pizarra de anuncios o el medio electrónico informativo deberá contener o permitir obtener para los principales productos ofrecidos, por lo menos, la siguiente información:

Artículo 5.- Las Entidades, tratándose de Créditos Garantizados a la Vivienda, deberán en sus establecimientos abiertos al público, proporcionar a quienes lo soliciten o permitir que se obtenga de un medio electrónico ubicado en dicho establecimiento, un folleto impreso, cuyo objeto será informar los términos y condiciones de los Créditos Garantizados a la Vivienda que ofrece la Entidad y cuyo contenido mínimo será:

Título II.- Contratación de Créditos Garantizados

Capítulo I.- Oferta Vinculante

Artículo 6. Las Entidades, tratándose de Créditos Garantizados a la Vivienda, estarán obligadas a extender sin costo alguno, una oferta vinculante a petición del solicitante y con base en la información que de buena fe declare éste, sin requerir la presentación de los documentos que soporten dicha información.

A tal efecto, las Entidades a petición del cliente deberán proporcionar una solicitud de crédito, la contendrá todos los requisitos que deberá declarar el solicitante a efecto de obtener la oferta vinculante. Dicha solicitud deberá establecer todos los documentos y requisitos necesarios para la contratación del crédito y que se deban presentar al aceptar la oferta.

La oferta vinculante tendrá el objeto de establecer los términos y condiciones específicos mediante los cuales la Entidad estaría dispuesta a otorgar el Crédito Garantizado a la Vivienda al solicitante, y deberá contener, al menos:

La oferta vinculante se formulará por escrito y obligará a la Entidad por un plazo de 20 días naturales contados a partir de su fecha de recepción. Lo anterior surtirá efectos, siempre y cuando dentro de dicho plazo el solicitante dé aviso por escrito de la aceptación de la oferta vinculante y se presente debidamente requisitada toda la documentación soporte de la información que se haya declarado en la solicitud. Lo anterior en el entendido de que la Entidad no podrá solicitar ningún documento adicional a los señalados en dicha solicitud.

La Entidad estará obligada a otorgar el Crédito Garantizado a la Vivienda en los términos y condiciones establecidos en la oferta vinculante, siempre y cuando, la Entidad compruebe: la identidad del solicitante; la veracidad y autenticidad de los datos que hubiese proporcionado el solicitante; la capacidad crediticia del solicitante conforme a las sanas prácticas y condiciones de mercado, la realización de un avalúo practicado por un valuador autorizado; y el cumplimiento de las demás formalidades que requiera la Ley.

Si una vez realizado el avalúo, existieren diferencias entre éste y el valor declarado de la garantía, la Entidad procurará mantener la tasa de interés ofrecida en la oferta vinculante.

Capítulo II.- Avalúo del Inmueble

Artículo 7. Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda deberán realizarse por peritos valuadores autorizados al efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. El acreditado tendrá el derecho a escoger al perito valuador que intervenga en la operación de entre el listado que le presente la Entidad.

A efecto de lo anterior, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. deberá establecer mediante reglas de carácter general los términos y condiciones para obtener la autorización de perito valuador, la que se renovará cada 3 años. Asimismo, la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. podrá establecer, a través de dichas reglas, la metodología para la valuación de los bienes inmuebles.

Capítulo III.- Formalización del Crédito Garantizado

Artículo 8. Los actos jurídicos relativos a los Créditos Garantizados se deberán otorgar en escritura pública ante fedatario público, sin importar su cuantía. Con el objeto de uniformar los contratos de Créditos Garantizados, éstos deberán contener un mínimo de cláusulas financieras incluyendo entre otras:

Artículo 9.- Los fedatarios públicos frente a los cuales se otorgue la escritura tendrán las siguientes obligaciones:

Artículo 10. Con el objeto de que los solicitantes de un crédito puedan llevar a cabo la comparación de las características y conocer los costos directos inherentes a los Créditos Garantizados a la Vivienda, las Entidades deberán incluir dentro de la información previa y en la oferta vinculante un Costo Anual Total para fines de información exclusivamente. Dicho costo deberá anualizar la totalidad de los costos directos inherentes al financiamiento relativos a la Entidad, con excepción de aquellos correspondientes a trámites y demás servicios frente a terceros. El Banco de México actuando para estos efectos como órgano técnico, dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación, los componentes, metodología de cálculo y periodicidad de Costo Anual Total, los que tendrán carácter informativo para las personas que contraten crédito con las Entidades. Al efecto, dichas Entidades colaborarán proporcionando la información que el Banco de México les solicite.

Artículo 11. La Sociedad Hipotecaria Federal publicará mensualmente en el Diario Oficial de la Federación, información relativa exclusivamente a las condiciones del mercado de Créditos Garantizados con garantía hipotecaria, que le permita a los interesados evaluar las ofertas vinculantes que reciban. Dicha información también tendrá que ser divulgada a través de la página de Internet de la Sociedad Hipotecaria Federal u otros medios electrónicos.

Artículo 12. En los estados de cuenta que las Entidades envíen al acreditado deberá incluirse con fines de información exclusivamente el Costo Anual Total, tal como se define en el Artículo 2° de la presente Ley. Asimismo, deberá incluirse el costo efectivo remanente del crédito, es decir, el cálculo del Costo Anual Total que deberá realizarse para el resto de la vigencia del financiamiento.

Título III.- Subrogación de Créditos

Capítulo I.- Subrogación de Deudor

Artículo 13. Cuando se pretenda realizar la compraventa de un bien inmueble sobre la que recaiga un Crédito Garantizado que aún no haya sido amortizado en su totalidad, el comprador podrá subrogar al Deudor en sus derechos y obligaciones, sin necesidad de que se constituya una nueva garantía, con el fin de evitar que se dupliquen los gastos inherentes al Crédito, en perjuicio del adquirente. A efecto de lo anterior, se deberá recabar el consentimiento del nuevo acreedor, cumplir con los requisitos que establezca la Entidad para considerarlo sujeto de crédito y con las formalidades que establece la Ley.

Artículo 14. Cuando exista un Crédito Garantizado a un Desarrollador Inmobiliario con el fin de que éste construya bienes inmuebles para su posterior comercialización, los compradores podrán subrogarse en los derechos y obligaciones del Desarrollador Inmobiliario, individualizándose dicho crédito en la parte proporcional del mismo que corresponda a la parte o inmueble adquirido, sin necesidad de que se constituya una nueva garantía, con el propósito de que no se repercutan nuevos gastos en perjuicio del comprador. A efecto de lo anterior, se deberá recabar el consentimiento del acreedor, cumplir los requisitos que establezca la Entidad para considerarlo como sujeto de crédito y las demás formalidades de Ley.

Capítulo II.- Subrogación de Acreedor.

Artículo 15. En caso de que un Crédito Garantizado se pague anticipadamente mediante la contratación de uno nuevo, se considerará que se ha operado una Subrogación de Acreedor en términos de lo dispuesto en la fracción i del artículo 2058 del Código Civil Federal. En este supuesto, se mantendrán inalteradas la garantía original y su prelación, a efecto de evitar la constitución de una nueva garantía y los gastos inherentes a la misma.

Título IV.- Disposiciones Comunes

Artículo 16.- El Banco de México y la Secretaría de Economía, de manera conjunta, y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán regular mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, las condiciones y las comisiones por pago anticipado de los Créditos Garantizados a la Vivienda a tasa fija.

La comisión que se establezca por pago anticipado en la Subrogación de Acreedor en los Créditos Garantizados a tasa variable, no podrá ser superior al uno por ciento del monto remanente del crédito que falte por amortizar.

Artículo 17.- Se exceptúa de lo dispuesto en la presente Ley a los Créditos Garantizados que se otorguen en cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo. Asimismo se exceptúa exclusivamente de los artículos 13, 14 y 15 de la presente Ley a los Créditos Garantizados que otorguen, financien o garanticen el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Fondo para las Habitaciones Populares, o a cualquier otra entidad pública que realice dichas actividades.

Los créditos otorgados, financiados o garantizados por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. estarán sujetos al artículo 15 de la presente Ley siempre y cuando la nueva Entidad se subrogue a su vez, en los términos y condiciones originales del contrato original con la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Lo establecido en los artículos 13 y 14 de la presente Ley aplicará únicamente cuando la Entidad mantenga las mismas condiciones de la transacción original con la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Artículo 18.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, respecto de las demás Entidades que habitualmente otorguen Crédito Garantizado, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán y supervisarán el cumplimiento de la presente Ley y de las disposiciones que de ella emanen. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades con que cuenta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en términos de su Ley.

Artículo 19.- A efecto de lograr plenamente el objetivo de disminuir los costos de transacción para la Subrogación de Deudor y la Subrogación de Acreedor conforme a los artículos 13, 14 y 15 de la presente Ley, la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con los Estados y Municipios para eliminar los costos registrales y los aranceles notariales, procurando que en los casos de subrogación no se carguen los mismos costos de una nueva transacción, y si es posible, eliminarlos. Lo anterior, con el objeto de beneficiar a los acreditados incentivar la reactivación del crédito.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el 1° de enero de 2003.

SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán publicar, en un término que no exceda de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones que a cada una corresponda expedir.

En tanto se publican dichas reglas, las Entidades deberán ofrecer un listado de valuadores al acreditado, con el objeto de que éste se encuentre en posibilidad de elegir un perito valuador.

TERCERO.- Únicamente será aplicable lo establecido en el artículo 15 de la presente Ley a los Créditos Garantizados que hayan sido contratados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No se aplicará lo establecido en el artículo 15 a aquéllos créditos que hayan formado parte de un programa de apoyo a deudores o reestructura en el que haya participado el Gobierno Federal, tales como el Programa de Apoyo a Deudores (ADE) y Programa Punto Final, entre otros.

SALA DE COMISIONES. H. CAMARA DE DIPUTADOS, MEXICO, D. F., A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2002.

Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, PRI (rúbrica); Francisco Agundis Arias, PVEM (rúbrica); Manuel Añorve Baños, PRI (rúbrica); Miguel Arizpe Jiménez, PRI (rúbrica); Florentino Castro López, PRI (rúbrica); Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI (rúbrica); Enrique Octavio de la Madrid Cordero, PRI (rúbrica); Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN (rúbrica); Abelardo Escobar Prieto, PAN (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI (rúbrica); Francisco Javier García Cabeza de Vaca, PAN (rúbrica); Julián Hernández Santillán, PAN; Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, PAN (rúbrica); Guillermo Hopkins Gámez, PRI (rúbrica); Oscar Guillermo Levín Coppel, PRI (rúbrica); Rosalinda López Hernández, PRD (rúbrica); José Antonio Magallanes Rodríguez, PRD; José Manuel Minjares Jiménez, PAN (rúbrica); César Alejandro Monraz Sustaita, PAN (rúbrica); Humberto Muñoz Vargas, PAN (rúbrica); José Narro Céspedes, PT (rúbrica); Luis Alberto Pasos de la Torre, PAN (rúbrica); Francisco Raúl Ramírez Avila, PAN (rúbrica); Gustavo Riojas Santana, PSN (rúbrica); Salvador Rocha Díaz, PRI (rúbrica); Arturo San Miguel Cantú, PAN (rúbrica); Reyes Antonio Silva Beltrán, PRI (rúbrica); José Luis Ugalde Montes, PRI; Emilio Ulloa Pérez, PRD; José Francisco Yunes Zorrilla, PRI (rúbrica); Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN (rúbrica).