Compañeras y compañeros diputados:
Me permito presentar ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para que esta Honorable Cámara se pronuncie en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del estado de Chihuahua, que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños y conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense, presentando esta proposición en virtud de los siguientes:
Considerandos
Mediante un pacto social los grupos humanos conformaron el Estado como el medio, instrumento e institución que les diera cohesión, dirección y certidumbre, pero sobre todo se erigió la figura del Estado para que brindara protección a sus integrantes.
Hoy la protección de 3.5 millones de mexicanos corre un grave riesgo, este día todos los chihuahuenses se enfrentan ante una penosa decisión legislativa que vulnera y agravia la tutela de sus derechos.
¿Un abuso de mayoría parlamentaria?... ¿Indolencia ante la realidad?... ¿o simplemente ignorancia suprema?
El hecho es que un grupo de diputados locales, desconociendo la voluntad social, haciendo a un lado la participación ciudadana e ignorando los tratados internacionales firmados por México a favor de la protección de las mujeres y los menores han aprobado precipitadamente y de forma por demás excluyente, diversas reformas al Código Penal de la entidad.
Si bien el procedimiento no fue ejemplo de transparencia legislativa, la situación parece perder relevancia ante el humillante y desconcertante fondo, así como las graves consecuencias que dichas reformas acarrearán para el Estado en el que aún se mantienen impunes los responsables de más de 180 casos de mujeres violadas y asesinadas desde 1993.
La protección y tutela de la libertad y seguridad sexual ha cambiado de destinatario, ahora se protege al violador, al hostigador, al abusivo sexual, y aquel que comete estupro.
El violador ha ganado la disminución de las penas aplicables, además, se protege su derecho a la bestialidad con la atenuante de "la provocación", según las reformas "Cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado, por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicarán de uno a seis años de prisión".
Además del dolor de haber sido ultrajada, deberá enfrentarse a la acusación de ser una provocadora, porque ninguno de los violadores renunciará a la excitante sensación de defenderse agraviando aún más a la víctima.
La violación equiparada, aquella que se realiza mediante la introducción por vía vaginal, oral o anal de objetos distintos al miembro viril, ha sido eliminada de un plumazo y ahora se llama abuso sexual y es sancionado con penas menores, sin importar que la violación equiparada puede conllevar daños físico y emocionales gravísimos.
Con las reformas en comento la prostitución infantil logrará un impulso jamás imaginado, toda vez que de seis a veinte años de prisión para el violador de menores de catorce, se disminuye la pena y específicamente se exonera al violador, a través del artículo 241 que a la letra ordena: "no se aplicará sanción cuando se compruebe plenamente que la persona ofendida, siendo mayor de doce años y dedicándose a la prostitución, dio su consentimiento".
Esta disposición se contrapone abiertamente a la Convención sobre los Derechos de la Niñez de la cual México forma parte y cuyos compromisos obligan a la Federación en su conjunto, de conformidad al artículo 133 constitucional, y con los principios constitucionales de protección a la infancia.
Ahora, con las reformas llevadas a cabo estos delitos serán perseguibles únicamente por querella de parte, cerrando los ojos a la imperiosa necesidad de la actuación de oficio por parte del Poder Judicial, para la reversión y erradicación de los delitos sexuales que asolan a ese estado en particular.
La incongruencia llega a su máxima expresión cuando en ninguno de los ordenamientos se otorga la posibilidad de fianzas o indultos por la comisión de estos delitos, pero se confiere en definitiva la facultad discrecional del Ejecutivo para conceder beneficios de libertad preparatoria.
Son reformas que no solamente provienen de un procedimiento dudoso que las vicia de origen, se trata de modificaciones que contravienen los tratados internacionales firmados por México en materia de protección de los menores y las mujeres, se trata de parámetros que alentarán la práctica de estos delitos, ya que refleja la insensibilidad y desinterés de las autoridades a quienes corresponde dotar de mecanismos adecuados y de aquellas autoridades que se encargarán de aplicar la justicia, que obvio resulta es omisa en el Código Penal que nos ocupa.
Las reformas al Código Penal del Estado de Chi-
huahua no sólo son injustificables, se trata de
criterios aberrantes de sobreprotección al delincuente que traicionan
la confianza que mujeres y menores y habitantes en general depositan en
sus autoridades para el ataque frontal contra la delincuencia y en específico
contra los delitos sexuales.
Son pues, reformas que atentan contra los derechos primordiales de los habitantes del estado de Chihuahua, que agreden el interés público de la sociedad chihuahuense, que van en contra de toda legislación internacional, que confrontan la lógica y la justicia elemental, en resumen son modificaciones insostenibles.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración y aprobación bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución al Pleno esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta Honorable Cámara se pronuncia en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del estado de Chihuahua, que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños y conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense.
Segundo.- Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta al H. Congreso del estado de Chihuahua a realizar una reconsideración inmediata de las reformas al Código Penal del estado recientemente aprobadas en materia de delitos sexuales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de septiembre de 2001.
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica)
(Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y de Equidad y Género, y se exhorta a las comisiones relativas a
que, en términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS REFORMAS AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NELLY CAMPOS QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Diputadas y diputados:
En la reforma penal aprobada por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, existe un notorio desinterés en cuanto a la víctima de los delitos modificados, particularmente es atentatorio de la dignidad humana de las mujeres, que es generalmente el sujeto más vulnerable en estos ilícitos.
No es tanto que ignoren el problema que la reforma trae a las víctimas, es en todo caso un problema de disfunción de prioridades, en el que parece ser más urgente resolver la situación del delincuente. Al delincuente se le privilegia con la iniciativa, se le estudia, se le protege, se le trata, se le auxilia, se le ayuda; en tanto que a la víctima de los delitos que se modifican se le abandona o margina en el drama penal, para convertirla tan sólo en un testigo silencioso, lo que aumenta su desamparo y provoca una sobrevictimización por la vía legislativa.
Ser víctimas u ofendidos de un delito, significa en mucho el fracaso del Estado en su misión de protección y tutela de los intereses de la sociedad.
Es en tal virtud, que resultan inadmisibles las reformas que el grupo parlamentario del PRI del Congreso del estado de Chihuahua emprendió al Código Penal del estado, más aún cuando apenas seis meses atrás se había aprobado por unanimidad una reforma integral.
Como ya se afirmó, la reforma, o mejor dicho la contrarreforma de la diputación priísta, resulta en una disminución a la protección de los derechos humanos o de los bienes jurídicos que pretenden tutelar los tipos penales aludidos. Es así que de manera equívoca las penas de cárcel se ven atenuadas en el caso del delito de violación.
En efecto, la contrarreforma priísta, disminuye la pena mínima a tres años. Pero lo más grave, lo realmente deplorable es que se haya adicionado un párrafo al artículo 239 en el que establece una penalidad disminuida de uno a seis años de prisión "cuando la víctima haya provocado determinados actos y se niegue a la realización de la cópula". Compañeras y compañeros legisladores, textualmente, ese párrafo propone: "Cuando el sujeto pasivo se niegue la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicarán de uno a seis años de prisión".
Como podemos escuchar nada más absurdo y ofensivo para las víctimas del delito de violación, ya que por ley se abre la posibilidad de que el violador argumente que su víctima lo provocó sexualmente, y hacemos de la víctima el victimario, el proceso penal se plegará con rigor no sobre el delincuente si no sobre la persona violada, se juzgara a ella en el sentido de determinar: si provocó o no provocó. Y en todo caso se establece un subjetivismo aberrante y riesgoso para la impartición de la justicia en cuanto a este tipo de conductas, pues la interrogante es: ¿Cuáles y como deben ser los actos que deben ser considerados como provocadores para la cópula? ¿Será un abrazo efusivo, un beso prolongado, el tipo de vestido, el tipo de palabras, el tipo de clima...? Una disposición como esta, rompe el fin de prevención general y particular que debe tener la norma penal: inhibir y castigar, lo que produce una doble víctimización.
Otro inconveniente, es que aún aplicándole la pena máxima de seis años, el violador podrá obtener su libertad al cumplir la mitad de la sentencia, si obtiene los beneficios que se otorgan a los reos ya que se otorgó al Ejecutivo la facultad discrecional de conceder la libertad preparatoria aun para este tipo de delitos.
No podemos negar, que el delito más grave contra la libertad sexual es el de violación. En efecto, la persona que sufre la desgracia de un ultraje sexual de violación, trastorna su vida, y necesitará de mucha fuerza y de terapias para rehacer su vida. Incluso podemos decir, que con la violación de la víctima, se viola asimismo a toda la familia: esposo, hijos, hermanos... pues ellos también sufren los efectos nocivos que deja la violación en su familiar.
La violación es una de las formas de victimización más graves, que deja mayor número de secuelas en el sujeto pasivo y que tiene una cifra negra muy elevada, en este sentido, creemos que la reforma será un motivo más para aumentar dicha cifra negra, pues el supuesto normativo propuesto inhibe a la víctima para denunciar, ante el posible hecho de que ella pueda convertirse en una especie de pseudoprocesada.
También, y de manera grave está reforma deja sin sanción alguna los casos en que se demuestre que se trata de una persona cuya edad sea mayor de doce años y menor de 14, se dedique a la prostitución y dé su consentimiento. Con esto se dejó indebidamente a un lado la actual disposición que agravaba la pena en el caso en que "la víctima fuera menor de catorce años, aun cuando hubiese otorgado su consentimiento". Esta disposición es preocupante en dos vertientes: primero el legislador acepta abiertamente la existencia de personas menores de edad que se dedican a la prostitución y segundo, niega la violación equiparable por el hecho de la actividad a que la víctima se dedica, esto es a todas luces no sólo violatorio de derechos sino atentatorio a la razón tutelar que la norma reformada contenía.
Se les olvidó a los artífices de ésta reforma, que el bien jurídico tutelado por el delito de violación es la libertad sexual y no la castidad y la honestidad que son elementos constitutivos del estupro pero no de la violación. En el caso de los menores precisamente se equipara a violación aunque den su consentimiento, porque en la mayoría de las legislaciones de los estados se acepta que por su corta edad no gozan de pleno albedrío para ello.
Por tanto si hay y debe haber violación, cuando se copula con una persona mayor de doce años y menor de catorce, pues es de explorado derecho, que el consentimiento prestado por un menor de edad carece de toda validez jurídica, habida cuenta de que quien lo otorga no está en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales y, en consecuencia, la cópula con él tenida en esta coyuntura encierra un ataque contra la libertad sexual de estos menores, en virtud de que el principio de que todo hecho realizado sobre una persona sin su voluntad válida, encierra un atentado contra su libertad.
No aceptamos, como parece lo hizo la diputación priísta en Chihuahua, que esta triste condición social de los menores que se prostituyen, los convierta en un despojo humano carentes de su libertad sexual, ni que el Estado y sus autoridades tomen acciones en su contra. ¿Dónde está en la reforma, la tutela de esa libertad sexual a estos menores? o ¿es que caso el ejercicio de la prostitución priva a estos menores de protegerlos y garantizarles su libertad sexual?
Otra reforma inadecuada es el caso de violación realizada con algún objeto ajeno al miembro viril, el delito deja de tipificarse como violación y se considera simplemente abuso sexual. De ese modo, el agresor también logra disminuir el castigo penal. Precisó los cambios sufridos por el Código Penal: el artículo 239 establecía, antes de la reforma integral de febrero, una pena de prisión de 2 a 9 años para el delito de violación. Con la reforma integral del Decreto 797/01, aumentó de 4 a 12 años de cárcel y se fijó además una multa de 50 a 100 veces el salario.
El derecho penal ha superado la etapa de la venganza pública; la cultura del respeto y protección de los derechos humanos ha ido permeando el tejido social y la conciencia individual y colectiva de nuestros pueblos, razón que obliga al sistema penal a humanizarse.
Al discutir estos delicados temas debemos estar atentos de encuadrarlos en el contexto de una autentica política criminal, factores educativos y de prevención.
Hablar concretamente de la elevación o disminución de penas es un tema de suyo complicado; es decir, es muy difícil, si no prácticamente imposible, fijar un límite preciso a las penas, un punto de equilibrio en donde no se deban aumentar o disminuir, un punto en donde la prevención general sea lo más eficaz posible, en donde se inhiban el mayor número de delitos, y más aún, con el conocimiento de la multiplicidad de los factores criminógenos involucrados en especial en el delito de violación, no obstante parece ser el caso que las reformas aprobadas en el estado de Chihuahua, pudieran acarrear aún mayor impunidad de la ya imperante, en particular y más allá del debate sobre la elevación de las penalidades.
Finalmente, la falta de sensibilidad de los diputados del PRI del Congreso de Chihuahua, para tratar estos asuntos de índole penal y que tienen relación con la protección de bienes jurídicos de suma importancia en la dignidad humana de las y los habitantes de Chihuahua, los hace incurrir en otro tropiezo más al anunciar que se iniciarán los trabajos para diseñar el método de consulta a los ciudadanos, organismos civiles y asociaciones de profesionistas.
Acción Nacional quiere dejar muy en claro que compartimos el honesto y desesperado clamor de las muchas mujeres que son victimizadas y apelamos a que sea atendido con seriedad y mesura, las reacciones ante estos hechos de violencia y degradación humana deben guiarse por el conocimiento, el estudio, la razón, atendiendo a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica.
Por lo anterior, es que proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- Se sirva solicitar respetuosamente al Congreso del estado de Chihuahua, considere la posibilidad de promover una nueva reforma para regresar al marco normativo anterior a la misma, para eliminar y subsanar los inconvenientes que contiene, y que representan un retroceso en nuestro sistema garantista de derechos humanos.
Diputados: César Reyes Roel, Luis Villegas Montes, David Rodríguez Torres, Manuel A. Narváez Narváez, Francisco Jurado Contreras, Abelardo Escobar Prieto, María Eugenia Galván Antillón, Nelly Campos Quiroz (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y de Equidad y Género, y se exhorte a las comisiones relativas a
que en términos de ley valoren los puntos de acuerdo. Septiembre
4 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON LAS REFORMAS AL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Compañeras y compañeros legisladores: En nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, hago uso de la palabra para aportar algunas reflexiones y puntos de vista relativos a las recientes reformas del Código Penal de Chihuahua, que entre otros aspectos, atañen a los delitos sexuales y ésta es una primera corrección: La reforma penal se refiere a delitos como el fraude y el secuestro.
Deseo manifestar en primer término que el asunto de referencia, además de polémico por naturaleza, ha sido abordado dolosamente con elementos de información insuficiente y al calor de un debate que ha alejado del rigor técnico jurídico, que debe prevalecer en todo análisis serio, objetivo, de buena fe y ajeno a intereses partidistas.
Es imperativo que quienes tenemos la obligación de opinar en torno a esta cuestión lo hagamos con pleno conocimiento de causa, de cómo se dio el proceso de reforma y cuál fue su resultado.
Lo primero que se tiene que hacer, es buscar en el tiempo el proceso de reforma al Código Penal, es decir, si realmente en algún momento las penas a violadores han disminuido en Chihuahua, y voy a los ejemplos:
En el código que estaba vigente la pena a los violadores era de 2 a 9 años de prisión. En enero se hizo una reforma a la ley. En esa reforma se les imponía de 6 a 20 años de prisión, pero esta reforma nunca entró en vigor, entre otras cosas porque estaba plagada de imperfecciones jurídicas. Mencionaré algunas: No se sancionaba a quienes hubieran tenido cópula sin violencia con menores de 14 años o privadas de razón; el abuso sexual tenía penas más altas que la propia violación o el homicidio. No se tomaba en cuenta el engaño a través de la confianza, la fe, el respeto, o cuando se utilizan los medios que proporciona la docencia o un empleo público. A pesar de que estas agravantes están presentes en el 90% de los casos, en la reforma de enero no se contemplaban, el hostigamiento sexual, el sólo dicho del ofendido bastaba para que se girara una orden de aprehensión.
Por las reformas de enero hubieran quedado en libertad los sujetos que violaran a menores de 14 años, por esta reforma los violadores o abusadores sexuales, hubieran gozado del beneficio de no ir a la cárcel, a cambio de una medida de seguridad, sólo por ser de condición senil, o sea anciano, por estas graves contradicciones la reforma de enero nunca entró en vigor.
En agosto el Congreso hizo una nueva reforma, que se protesta ahora con más ánimos electorales que justicieros, porque en Chihuahua nunca han disminuido las penas por los delitos sexuales, que quede claro, nunca han disminuido.
En la ley vigente hace diez días, la pena para un violador era de dos a nueve años, hoy, con la reforma es de tres a doce años, pregunto: ¿dónde está la reducción?
La nueva reforma castiga el delito con más severidad y se evitan las graves contradicciones que se daban en la reforma de enero, en Chihuahua la violación no alcanza la libertad caucional y ningún violador puede salir libre bajo fianza y ningún violador anda suelto en las calles, como se ha dicho.
En el caso en Chihuahua se dijo que las reformas en cuestión agreden a la mujer, son oscurantistas y retrógradas, entre otros calificativos, porque al principio se compararon estas modificaciones legales que hoy son derecho vigente, con las contenidas en el proyecto que se frustró, como decíamos anteriormente, por sus serias deficiencias, cuando lo debido era y es, comparar la situación que guarda el Código Penal, antes y después de la multicitada reforma.
Ello ha creado confusión y ha desatado una polémica, en donde lamentablemente prevalece el tono emocional y electoral sobre el análisis científico y técnico-jurídico.
Es entendible por las razones expuestas y por los delitos de que se trata, particularmente el de violación y otros temas como la prostitución y la violencia familiar, siempre han sido objeto de encendidos debates, de tesis contradictorias y posicionamientos, que se relacionan con la forma de ser cultural de una sociedad determinada.
Los más ilustres juristas de México y el mundo, coinciden en que lo ideal es prevenir la comisión de los delitos más que castigar a los responsables, y que particularmente el tipo de ilícitos que nos ocupa, tiene que ver con la existencia de una subcultura, que predica los más altos valores de la moral y los violenta y niega en la práctica.
Por otro lado, esos juristas saben por experiencia, que el aumento del vigor de las penas no desalienta a los delincuentes, si estas medidas no van acompañadas de otras cruciales, como lo son, más y mejor educación, un aumento sustancial del ingreso de las familias y, en general, de la calidad de vida, particularmente de los grupos sociales más débiles y en desventaja.
En pleno ejercicio de su soberanía, el Congreso de Chihuahua, hizo una reforma a la ley en enero, y en pleno ejercicio de esta soberanía ha modificado esta reforma, perfeccionándola, según su criterio.
Hoy, además, celebremos que en un gesto, que lo distingue y enaltece, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso de Chihuahua, por unanimidad, ha tomado el acuerdo de abrir el tema a una amplísima consulta, para aportar nuevos consensos en aras del perfeccionamiento de la legislación.
Por eso nos extraña que todavía se guarden afanes partidistas, donde un órgano soberano ha demostrado que su interés es hacer buenas leyes, por cierto este acuerdo lo firman los coordinadores del PRI, del PAN, del PRD, e incluso un legislador independiente.
Reconozcámoslo, resulta difícil forjar consensos que respondan a las exigencias de una ley penal objetivamente válida con enfoque de equidad de género y de justicia social, sobre todo en un país como el nuestro de tan grandes y graves carencias, de tan grandes y graves rezagos, inercias y contrastes socioculturales. Prioritario es salvaguardar y defender los derechos de las mujeres, pero hacerlo sin atropellar el principio fundamental de la justicia.
Una servidora como mujer, como chihuahuense, como diputada, como defensora de la equidad de género tiene la obligación de analizar el problema con detenimiento y profundidad, a efecto de estar en posibilidades de emitir un juicio de valor; una servidora que no es jurista, que se precia de ser una convencida defensora de los derechos de las mujeres, antes que todo tiene un compromiso fundamental con el derecho y con los valores de la seguridad y de la justicia, y reconoce que requiere de la asesoría experta y bien intencionada de especialistas en derecho penal y particularmente en derechos sexuales, mismos que deben aportar su conocimiento y su experiencia, a efecto de que el legislador pueda responsablemente formular juicios y adoptar posicionamientos concretos y con base a lo anterior, presento a ustedes el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Cámara de Diputados analice a través de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos; y de Relaciones Exteriores la conveniencia de las reformas hechas y los tratados internacionales para revisar en que materias tendría competencia.
Segundo.- Que la H. Cámara de Diputados en estricto respeto a los artículos constitucionales que consagran la soberanía de los estados y su derecho a formular sus propias leyes, mantenga una posición de no intervenir en ninguna forma en las decisiones del Congreso de Chihuahua, si no es con la voluntad de los diputados que quisieran participar en la consulta que este poder soberano ha abierto para aportar de buena fe sus observaciones más allá de cualquier ánimo partidista y con la verdadera intención de enriquecer el desarrollo de la vida y la sana convivencia de los habitantes de Chihuahua.
(Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y de Equidad y Género, y se exhorta a las comisiones relativas a
que en términos de ley, valoren los puntos de acuerdo. Septiembre
4 de 2001.)
Al foro La ley y el Desarrollo Social Integral, que se llevará a cabo el miércoles 5 de septiembre, de las 8 a las 20:30 horas. La inauguración será en el salón Verde y las mesas de trabajo en los auditorios Sur y Norte, al igual que la clausura.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su décima reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 5 de septiembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la reunión anterior.
3. Proyecto de trabajo para el periodo septiembre-diciembre
de 2001.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 5 de septiembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la reunión del Grupo de Trabajo para el análisis del punto de acuerdo de la LVII Legislatura relativo a la plataforma de exportación de petróleo crudo, la cual se efectuará el miércoles 5 de septiembre, a las 9 horas, en la zona B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al seminario-taller Agua y Desarrollo Sustentable, que se llevará a cabo los miércoles, del 5 de septiembre al 29 de diciembre, en el auditorio Norte, de 9 a 12 horas.
Objetivo general
El agua, sin duda alguna, durante el tercer milenio será uno de los temas más críticos que enfrentará la humanidad. En México existe una situación muy crítica de disponibilidad y calidad de agua, lo que podría comprometer seriamente el desarrollo de nuestro país, al manifestarse problemas ambientales, sociales y económicos.
Para prevenir problemas mayores y buscar soluciones se requieren acciones complejas, interdisciplinarias, multisectoriales y plurales. Entre ellas se deben incluir medidas legislativas, como pilar importante en la formulación de una estrategia nacional que evite una crisis insuperable en las próximas décadas.
De acuerdo a la magnitud de los problemas del agua en la perspectiva del desarrollo sustentable, durante este seminario-taller se brindará la información básica y actualizada que les permita tomar decisiones fundadas para participar activamente en la resolución de este gran reto nacional.
Este seminario-taller dirigido a los legisladores y público en general, analizará los temas siguientes:
1. Introducción general.
2. Agua y ecología.
3. Agua y salud pública.
4. Los usos del agua en México.
5. Desarrollo institucional e instrumentos de gestión.
6. Estudios de casos de conflictos en torno al agua.
7. Los desafíos del agua en México.
Ofrecer un panorama global sobre la situación crítica de disponibilidad y calidad de agua en nuestro país, así como de las políticas públicas y alternativas de solución sobre este recurso vital.
Dinámica del seminario-taller
Serán 18 sesiones de tres horas los días miércoles, a partir del 29 de agosto al 26 de diciembre, en el auditorio Norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, de 9 a 12 horas.
Adicionalmente se proporcionará bibliografía básica y complementaria, a cada participante.
Especialistas participantes
Dr. Fernando Tudela, M en C Julia Carabias, Lic. Enrique Provencio, Dra. Marisa Mazari, Dr. Raúl Brañes, Dra. Teresa Rojas, Ing. César Herrera, Dr. Alberto Jaimes, Dr. Antonio Díaz de León, Dra. Magdalena García Rendón, Dr. Polioptro Alvarez, Lic. José Luis Samaniego, entre otros.
Información e inscripciones
Teléfono 5628 1300, extensiones 1759, 6417; fax 5628 1300, extensión 6424 o dirigirse directamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Palacio Legislativo, edificio F, nivel 3; México, DF.
Diputados: Diego Cobo Terrazas, Presidente; Jesús
de la Rosa Godoy, secretario; Miguel Angel Gutiérrez Machado, secretario;
Jesús Garibay García, secretario; Gustavo Lugo Espinoza,
secretario.
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de septiembre, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 5 de septiembre, a las 11 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A la reunión de su Mesa Directiva, la cual se efectuará el miércoles 5 de septiembre, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de septiembre, a las 14:30 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
A su reunión ordinaria de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 5 de septiembre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura del acta de la reunión anterior y,
en su caso, aprobación.
3. Análisis, discusión y, en su caso, ratificación
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de su Junta Directiva, que se realizará el jueves 6 de septiembre, a las 14 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el jueves 6 de septiembre, a las 15 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A la reunión ordinaria que realizará el miércoles 19 de septiembre.
Orden del Día
I. Lectura y aprobación del acta anterior.
II. Celebración del foro Avances en la Legislación
en Materia de Comercio Electrónico.
III. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del
Renave (Ley del Sistema de Inscripción Vehicular).
IV. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en
materia del Renave.
V. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del proyecto de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo
para que se instrumente un programa en materia de comercialización
en el campo que facilite una política encaminada a elevar la producción
de alimentos.
VI. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con
Punto de Acuerdo que crea un artículo transitorio en la Ley de Ingresos
de la Federación para el año 2001, con el fin de proteger
la producción de granos y la soberanía alimentaria.
VII. Análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal se incluya
a las aduanas de Piedras Negras y de Ciudad Acuña del estado de
Coahuila.
VIII. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente