Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 177 aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 9:00 horas, en el patio poniente del Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal.
De los Congresos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí.
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que se ha establecido contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Secretaría de Economía, para analizar la situación actual que vive la producción de copra en el país.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reforma al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que adiciona el primero y quinto párrafos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma la fracción XIX en su segundo párrafo del artículo 27 constitucional; lº de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a cargo del Dip. Francisco Javier Chico Goerne Cobián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del Dip. Amado Olvera Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a cargo del Dip. Bernardo Pastrana Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50 bis, de la Ley General de Bienes Nacionales.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 25 de noviembre de 2001, a fin de que participe en la Décima Primera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la República del Perú. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
Excitativa
A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Energía, a cargo de la Dip. Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo referente al recorte del 10% al presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del Dip. Eddie Varón Levy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo respecto a la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a las remesas enviadas por connacionales a México, a cargo del Dip. Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo referente a la mariposa Monarca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para resolver la deuda de las empresas sociales en donde participa el Fonaes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la necesidad de impulsar por parte del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión, la Reforma del Estado, a cargo del Dip. Humberto Mayans Canabal. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al lago de Chapala, a cargo del Dip. Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre los procesos electorales en los estados de Sinaloa, Michoacán, Tlaxcala y Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la utilización de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, para obviar los recortes presupuestales, a cargo de la Dip. María del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a los indígenas pescadores presos, del lago de Pátzcuaro, a cargo del Dip. Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que la Semarnat tome las medidas necesarias a fin de solucionar el problema ecológico provocado por las aguas negras en el Valle de Juárez, a cargo del Dip. Gregorio Arturo Meza de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al proceso legislativo en torno a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo a fin de que el 1% del Ramo 33 del Presupuesto sea entregado a los poderes judiciales locales, a cargo del Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Efemérides
Sobre el aniversario del Héroe de Nacozari, a cargo de la Dip. María del Rosario Oroz Ibarra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el 350 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de los grupos parlamentarios.
Sobre el XVII aniversario luctuoso de los caídos
en el pueblo de San Juan Ixhuatepec, a cargo del Dip. Valdemar Romero Reyna,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. La diputación de la LVIII Legislatura al H. Congreso de la Unión sabe y reconoce el legítimo interés de la sociedad mexicana y de sus agrupaciones por el trabajo y la orientación de las decisiones legislativas de esta Cámara.
2. Es de suma utilidad para el ejercicio de la política democrática que las distintas voces de la sociedad se articulen y expresen públicamente puntos de vista en materias tanto de interés particular como del interés general de la ciudadanía. La libertad de expresión es una garantía constitucional irrenunciable. Bienvenida la manifestación de las ideas. Reafirmamos nuestro compromiso de ejercer y defender la libertad de expresión, de hacer y recibir la crítica como oportunidad de mejoramiento y corrección, pero sobre todo, refrendamos nuestro compromiso por defender y ejercer, nuestras funciones legislativas y políticas, en mérito del argumento, y no de la presión o del chantaje; en aras de la justicia, no del aplauso o la simpatía banal; sin más requisito que el respeto a la posición del otro.
3. La presente Legislatura de la Cámara de Diputados sabe y reconoce el compromiso de los empresarios mexicanos en la creación de empleos y la generación de ingresos y de la capacidad de los inversionistas nacionales para asumir riesgos y para contribuir al desarrollo de México.
4. Las condiciones inherentes a un sistema democrático, como el que constituye la etapa actual de las instituciones mexicanas, hacen que sea inadmisible que la expresión de un grupo, por respetable y valiosa que éste sea, se pretenda convertir en instrumento de imposición a instancias decisorias de la sociedad mexicana, que a través del voto las convirtió en Gobierno, como es el caso del Poder Legislativo. Nuestra obligación es velar por el interés de todos y no sólo de una parte. Esta Cámara está sujeta a reglas y prácticas políticas en tiempos y en formas y se encuentra en una etapa que la singulariza por el principio y la búsqueda de amplios consensos cuyo logro requiere de deliberación, negociación y un complejo ejercicio de conciliación de intereses.
5. Para evaluar el desempeño de los legisladores existen ordenamientos. Concretamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión. La ciudadanía tiene acceso y recurso a esas normas, a las que se agrega la sanción periódica en donde se expresa la voluntad ciudadana, que es el proceso electoral. Bienvenida la crítica objetiva, por severa que parezca. Bienvenida la crítica, mejor la propuesta. Rechazo categórico a cualquier pretensión de descalificar, o de calificar por diferencias ideológicas o programáticas.
Como representantes populares, con origen y mandato legítimo, producto de un proceso electoral incuestionable, podemos juntos convocar a la corresponsabilidad de todos los mexicanos en la consolidación de la República.
6. Estamos comprometidos en hacer del desempeño político un ejercicio público: Seguiremos procesando los consensos y los disensos en forma civilizada, como expresión del ejercicio democrático e institucional que nos han encomendado; seguiremos transparentando a través de los medios a nuestro alcance el trabajo que estamos realizando y nos sometemos al escrutinio de nuestros representados.
La diputación de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión escucha y recoge, en el diálogo respetuoso, todas las formulaciones y propuestas temáticas que enriquezcan la representatividad que se ejerce en el trabajo legislativo mirando siempre por el interés superior de la nación. Desde esa posición, esta legislatura estará atenta a todas las opiniones que fortalezcan al consenso social y al equilibrio de poderes en México; las Comisiones respectivas seguirán actuando con apertura y tolerancia. Ninguna provocación socavará nuestra voluntad de seguir siendo un foro plural, de análisis y debate en donde todas las expresiones de los grupos sociales y de interés tengan interlocución. Apertura, tolerancia y respeto para todos aquellos que quieran aportar al proceso legislativo del país. Plena independencia ejerciendo la potestad del Poder Legislativo, en la emisión de nuestro voto soberano y representativo de la pluralidad de la Nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2001.
Diputada Beatriz Paredes
Rangel (rúbrica)
Presidenta de la Mesa
Directiva
Diputada Ma. Elena
Alvarez Bernal (rúbrica)
Vicepresidenta
Diputado Eloy Cantú
Segovia
Vicepresidente
Diputado Eric Eber
Villanueva Mukul (rúbrica)
Vicepresidente
Diputada Martha Silvia
Sánchez González (rúbrica)
Secretaria
Diputado Rodolfo Dorador
Pérez Gavilán (rúbrica)
Secretario
Diputado Adrián
Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario
Dip. Felipe Calderón
Hinojosa (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Rafael Rodríguez
Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Martí Batres
Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la
Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya
Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y un minutos del miércoles catorce de noviembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos sesenta y ocho diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Quintana Roo, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la que solicita modificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, a efecto de que sea únicamente la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que la dictamine. Como se solicita, se modifica el turno de la iniciativa de referencia para que sea la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que formule el dictamen correspondiente.
Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que reforma y adiciona los artículos setenta y tres, fracción octava; setenta y seis, fracción novena; ochenta y nueve, fracción décima cuarta; ciento ocho, ciento nueve, ciento diez, ciento once y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión del Distrito Federal.
Presenta iniciativa el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Desde su curul, el diputado Jorge Alberto Lara Rivera solicita se amplíe el turno dado a la iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y la Presidenta la turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo siete de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Es de segunda lectura.
A las once horas con catorce minutos la Presidenta declara un
RECESO
A las once horas con veintiún minutos, se reanuda la sesión.
A nombre de la Comisión Dictaminadora, habla el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen y presentar modificaciones en su capítulo de consideraciones.
A las once horas con treinta y tres minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos ocho diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; y Auldárico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura a las modificaciones presentadas por la Comisión Dictaminadora al capítulo de consideraciones del dictamen.
La Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: trescientos setenta y nueve votos en pro y tres en contra.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo siete de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Raúl Efrén Sicilia Salgado, del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de incrementar el presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar el suministro de energía eléctrica a cuarenta y cinco municipios del Estado de Hidalgo. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.
Josefina Hinojosa Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos, se destinen mayores recursos a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que opera la Comisión Nacional del Agua. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.
Silvia Álvarez Bruneliere, del Partido Acción Nacional, para que los congresos de los estados establezcan comisiones de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Procurador Fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, la Presidenta declara que el asunto no se considera de urgente u obvia resolución.
Se turna la proposición a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pesca.
Habla sobre el mismo tema el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
La Presidenta hace observaciones respecto al procedimiento aplicado a la proposición de referencia, y concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Miguel Ángel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional; y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
Contestan alusiones personales los diputados: Miguel Ángel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
Continúan rectificando hechos los diputados: Edilberto Jesús Buenfil Montalvo y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional; Martha Silvia Sánchez González, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del Partido Revolucionario Institucional.
En atención a una solicitud del diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, la Presidenta turna su proposición únicamente a la Comisión de Pesca.
Desde su curul, el diputado Alejandro Zapata Perogordo solicita que, por el contenido de la proposición, se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la de Pesca, y la Presidenta le informa que ha dado el turno correspondiente y que para corregirlo, espera recibir la solicitud de la primera Comisión citada.
Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Hablan sobre el asunto los diputados: Rubén García Farías, del Partido Revolucionario Institucional; y José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
Desde su curul, el diputado Ricardo Francisco García Cervantes hace observaciones sobre las facultades de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para presentar ese documento, y señala que en este caso correspondería a la Junta de Coordinación Política presentarlo, en virtud de su facultad de proponer al Pleno resoluciones que involucren posicionamientos políticos, para que sean la expresión de la Cámara de Diputados. La Presidenta aclara que se trata de una declaración de la Conferencia, no de un posicionamiento político, por lo que no existe ningún ordenamiento normativo que le impida presentarla.
Habla sobre el asunto el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática.
Se concede la palabra a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con problemas indígenas en el Estado de Veracruz.
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
Se concede la palabra, para el mismo tema, al diputado Francisco Ríos Alarcón, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos los diputados: Genoveva Domínguez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional.
Contesta alusiones personales el diputado Francisco Ríos Alarcón, del Partido Revolucionario Institucional
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
y acepta una interpelación del diputado Vaca Betancourt Bretón.
Continúan rectificando hechos los diputados: Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional; y José María Guillén Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Con acuerdo relativo a cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región Sur-Sureste de México. En votación económica se aprueba.
Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVII (177) aniversario de la expedición del decreto de creación del Distrito Federal, que se llevará a cabo en el patio poniente del Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, en la Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc, el domingo 18 de noviembre a las 9 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
El director general
Dr. Enrique Semo
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión
Presentes
Anexo al presente, les remito el dictamen y el acuerdo aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del estado, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, mediante el cual se realiza un exhorto, a efecto de que se analicen las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., 8 de noviembre del 2001.
El presidente del Congreso del estado
Dip. Antonio Rico Aguilera (rúbrica)
Acuerdo
La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Unico.- El Congreso del estado de Guanajuato, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República, a que se analicen y dictaminen a la brevedad posible las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones federales de carácter ambiental, a fin de descentralizar funciones en materia de gestión ambiental y de vigilancia a las entidades federativas y municipios.
Guanajuato, Gto., a 8 de noviembre del año 2001.
Dip. Antonio Rico Aguilera (rúbrica)
Presidente
Dip. Jesús Domínguez Aranda (rúbrica)
Secretario
Dip. Enrique Ortiz Rivas (rúbrica)
Secretario
C. Presidente del Congreso del estado
Presente
A la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, le fue turnado el punto de acuerdo suscrito por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Puebla, relativo a solicitar el análisis, estudio, revisión y actualización en su caso, de disposiciones legales de carácter federal en materia ambiental, igualmente se turnó a esta Comisión legislativa el acuerdo de adhesión al punto referido, suscrito por el Congreso del estado de Oaxaca.
Analizado el punto de acuerdo de referencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, presentamos a la asamblea el siguiente:
Dictamen
La expedición en 1988, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, significó un paso importante en el desarrollo de la legislación ambiental en México. El conjunto de figuras jurídicas que se reunieron en ese ordenamiento, hizo posible importantes avances en la gestión ambiental en una esfera jurídica especialmente dinámica. Sin embargo, la experiencia acumulada en casi ocho años de vigencia de la LGEEPA, así como las demandas ciudadanas, hicieron necesario incorporar diversas modificaciones en dicho ordenamiento, algunas de las cuales constituyeron verdaderas innovaciones, orientadas a los siguientes propósitos:
Ampliar los márgenes legales de participación ciudadana en la gestión ambiental, a través de mecanismos como la denuncia popular, el acceso a la información ambiental y la posibilidad de impugnar por medios jurídicos los actos que dañen el ambiente en contravención de la normatividad vigente;
Reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad a fin de ampliar la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental;
Incorporar instrumentos económicos de gestión ambiental, al igual que figuras jurídicas de cumplimiento voluntario de la ley, como las auditorías ambientales;
Fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental para que cumplan eficazmente con su finalidad;
Incorporar definiciones de conceptos hoy considerados fundamentales como los de sustentabilidad y biodiversidad, a fin de aplicarlos en las distintas secciones reguladas por el propio ordenamiento;
Asegurar la congruencia de la LGEEPA con las leyes sobre normalización, procedimientos administrativos y organización de la Administración Pública Federal.
No obstante este trascendente avance que tuvo su correlativo en Guanajuato, con la expedición en la Quincuagésima Séptima Legislatura, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, hemos encontrado que una de las demandas más recurrentes de la ciudadanía, es la definición con toda claridad de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en materia ambiental.
De la misma forma, hemos encontrado esta inquietud en la autoridad normativa y verificadora en materia ambiental del estado, situación que también se hizo patente en las ponencias presentadas en los foros de consulta en materia ambiental, verificados en los meses de junio y julio en los municipios de San José Iturbide, Salamanca, Salvatierra y Pénjamo.
En atención a ello, consideramos que si bien se ha logrado un avance con las políticas de descentralización y desconcentración, impulsadas por la Federación en diversas materias hacia las entidades federativas y los municipios, es necesario reformar y profundizar este proceso, haciendo posible que éstos se encuentren en posibilidades de asumir mayores responsabilidades en materia ambiental, a fin de atender directamente las peculiaridades y problemas ambientales específicos de cada localidad.
La descentralización de funciones de modo alguno implica dejar a la Federación sin atribuciones, por el contrario, se debe buscar precisar de manera inequívoca para cada uno de los órdenes de gobierno, con miras a corregir las omisiones, confusiones y ambigüedades que aparecen en la vigente legislación.
Marco constitucional
Los constituyentes de 1917 introdujeron en el artículo 27 de nuestra Norma Fundamental, el concepto de propiedad como una función social, al desterrar la concepción de propiedad absoluta, permitiendo a la Nación condicionar la utilización de los recursos naturales al supremo interés definido por aquélla, al tiempo que dieron fundamento a los poderes públicos para imponer limitaciones a los impulsos de las vocaciones económicas, en aras de un desarrollo equilibrado.
De modo tal que el fundamento constitucional, plasmado en los artículos 27 y 73, fracción XXIX-G, de nuestra Carta Magna, facultando éste último al Congreso de la Unión para "expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico", son de los que deriva la necesidad de que las Cámaras de Diputados y Senadores analicen y dictaminen las iniciativas de reforma a la legislación ambiental, que permitan la descentralización de funciones de manera ordenada.
De conformidad con este precepto, la función que la Constitución asigna a la legislación que expida el Congreso de la Unión consiste, por una parte, en establecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que hagan posible una gestión ambiental integral y por otra parte, en precisar el esquema de distribución de competencias en materia ambiental que se deriva, en forma explícita o implícita, de la propia Constitución.
En el marco de esta interpretación, resulta necesario reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, impulsando un proceso de descentralización de la gestión ambiental.
Iniciativas pendientes de dictamen:
A la fecha, existen diversas iniciativas de reforma a la legislación ambiental, consistentes en:
b) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado José Tomás Lozano Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 18 de octubre de 2001.
Además se encuentran en análisis las iniciativas de reforma y adición a los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y al artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer como delito grave la tala clandestina, presentada por la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la iniciativa de reforma al Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el Ejecutivo federal, y la iniciativa de Ley sobre Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, formulada por el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, turnándose la primera a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la segunda a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y la tercera a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial, con opinión de las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud; así como la iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que en los tratados internacionales que celebre nuestro país, se observe el principio normativo de la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable, formulada por el diputado Concepción Salazar González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con base en las anteriores consideraciones y estimando que la descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere para avanzar de una articulación entre el contenido de los programas de descentralización y las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales, y resulta necesario fortalecer el federalismo y la descentralización como tarea ineludible y urgente, pues de ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.
Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece que la gestión ambiental se debe basar en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia requiriendo para ello de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo sustentable, incluyente, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.
Dentro de las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de adecuar el marco jurídico de la gestión ambiental, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico, y precisar los mecanismos de transferencias, promoviendo la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas a fin de consolidar el desarrollo constitucional de las autoridades ambientales de las entidades, particularmente en cuanto a su organización, actitud técnica y capacidad de captar y administrar recursos, fortaleciendo la articulación entre el proceso de desregulación y la planeación del desarrollo regional sustentable, consolidando el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso.
En virtud de que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, busca fundamentalmente establecer un mecanismo a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas, es que consideramos urgente su análisis y dictamen.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, pone a consideración de la asamblea, la aprobación del siguiente punto de:
Acuerdo
Unico.- El Congreso del estado de Guanajuato, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Senado de la República, a que se analicen y dictaminen a la brevedad posible las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás disposiciones federales de carácter ambiental, a fin de descentralizar funciones en materia de gestión ambiental y de vigilancia a las entidades federativas y municipios.
Guanajuato, Gto., a 6 de noviembre del año 2001.
La Comisión de Medio Ambiente y Ecología
Dip. Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
Dip. Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica)
Dip. Carlos Vidal Rojas Yerena (rúbrica)
Dip. Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo
(rúbrica)
Dip. Erasto Patiño Soto (rúbrica)
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
24 de octubre de 2001.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Presentes
En sesión ordinaria celebrada por H. Congreso del estado el día de la fecha, se aprobó unánimemente el punto de acuerdo formulado por la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, relativo al asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido.
Por lo anterior, se acordó remitirlo al Congreso de la Unión y a los Congresos de los estados para que apoyen el punto de acuerdo que se acompaña.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Olivo Martínez Borja (rúbrica)
Secretario
Dip. Ignacio Palacios Robledo (rúbrica)
Secretario
San Luis Potosí, SLP a 24 de octubre de 2001.
CC. Diputados del H. Congreso del estado de San Luis
Potosí
Presentes
El pasado viernes 19 de octubre fue asesinada de manera artera la abogada veracruzana y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Tal acontecimiento se realizó en sus oficinas de la colonia Roma del Distrito Federal.
La señora Digna Ochoa y Plácido era conocida en el mundo por su dedicación a la defensa de los derechos humanos, tarea que la ponía en riesgo permanente ya que en anteriores ocasiones había recibido agresiones y amenazas de muerte.
El asesinato de la señora Digna Ochoa y Plácido representa una gran pérdida para la comunidad de los derechos humanos, ya que la valiente abogada ayudó a preparar el terreno para usar el sistema judicial en la promoción de los derechos humanos.
La muerte de Digna es un acto vil y cobarde que atenta profundamente contra el proceso de transición política que vive nuestro país y cuestiona severamente el compromiso del gobierno por la defensa de los derechos humanos.
Este es el momento de que el Gobierno de la República demuestre en realidad su compromiso con los derechos humanos y ante esta trágica muerte debemos preguntarnos quién o quiénes estarían interesados en apagar la vida de la abogada.
Este acontecimiento es ya cuestionado en la opinión pública internacional, prueba de ello es la declaración de Phil Reeker, vocero del Departamento de Estado, que a nombre del gobierno de los Estados Unidos realizó el pasado lunes.
Ante este trágico incidente que lastima profundamente la vida interna de las organizaciones encargadas de los derechos Humanos, los integrantes de la Comisión de Derechos humanos de esta LVI legislatura del Congreso del estado, propone a esta soberanía en pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Exigimos al Gobierno del Distrito Federal y al Poder Ejecutivo federal se coordinen para esclarecer el crimen cometido en contra de la señora abogada Digna Ochoa.
Segundo. Se pide al Congreso federal y a los Congresos de los estados apoyen este punto de acuerdo con la intención de agilizar las investigaciones del asesinato de Digna Ochoa.
Tercero. Por medio de este punto de acuerdo pedimos a las autoridades establecer su compromiso con los defensores de los derechos humanos para que este tipo de actos no queden impunes, y la labor de las organizaciones que se encargan del tema gocen de garantías que les permitan desempeñar su función con seguridad.
Los integrantes de la comisión de Derechos Humanos,
diputados: Ismael Trujillo Martínez, Presidente; Fernando Toranzo
Fernández, vicepresidente; Angel Castillo Torres, secretario; Angel
Salas Alfaro, vocal (rúbricas).
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Palacio Legislativo, México DF, a 14 de noviembre de 2001.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en los artículos 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1 y 40 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias comunica por su conducto al Pleno la necesidad de demorar el despacho del siguiente asunto:
Dada la complejidad del asunto, la Comisión ha sesionado de manera continua y decidió recabar mayor información para ilustrar su juicio por lo que ha circulado entre las mesas directivas de las 40 comisiones ordinarias un cuestionario sobre los trámites y procesos de las comisiones de la Cámara de Diputados para emitir dictámenes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos demorar el despacho del asunto descrito por 30 días para poder concluir un proceso de consulta que enriquezca el dictamen de la Comisión y redunde en normas modernas que reconozcan la realidad del Congreso General y sus Cámaras.
Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva (rúbrica)
Presidente
México, DF, 8 de noviembre de 2001.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Con relación a su oficio No. D.G.P.L.-58-II-4-495 de fecha 31 de octubre último, el C. Lic. José Luis Díaz Moll, director general de Enlace Político de esta Secretaría, comunica que se ha establecido contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como con funcionarios de la Secretaría de Economía, manifestando su total disposición para analizar la situación actual que vive la producción de copra en el país, quedando solamente en espera de que se les informe sobre la fecha y el lugar donde se llevarían a cabo dichas reuniones.
Sin otro particular les reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, a 6 de noviembre de 2001.
Director General de Gobierno
Secretaría de Gobernación
Presente.
En atención a su amable oficio No. DGG/210/2205/01 fechado el día 5 del presente mes y año relacionado con el acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados en el sentido de integrar un grupo de trabajo para promover y, en su caso, realizar las reuniones necesarias con las autoridades de la Sagarpa y la Secretaría de Economía, gobiernos de los estados y productores de copra e industriales, con la finalidad de llevar a cabo las medidas necesarias que permitan rescatar la producción nacional de la copra y mejorar las condiciones de vida de los productores; me permito hacer de su conocimiento que he procedido a establecer contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así como con funcionarios de la Secretaría de Economía, con el objeto de ponerlos al tanto acerca del interés que existe por parte de los señores diputados que integran las comisiones de Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial para realizar reuniones donde puedan asistir autoridades de dichas dependencias para analizar la situación actual que vive la producción de copra en el país.
Sobre el particular, manifestaron que existe total disposición por parte de ellos para obsequiar la solicitud que en su momento se sirvan hacer los señores legisladores por lo que quedan solamente a la espera de que se les informe sobre la fecha y el lugar donde se llevarían a cabo dichas reuniones. Sobra decir que un servidor estará atento dando seguimiento al punto de acuerdo en cuestión, con la finalidad de facilitar cualquier requerimiento de coordinación y/o enlace que se estime conveniente con las dependencias vinculadas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general
Lic. José Luis Díaz Moll (rúbrica)
HONORABLE ASAMBLEA.
A las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les fue turnada para su estudio y dictamen, por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50 bis de la Ley General de Bienes Nacionales. Dicha iniciativa fue enviada por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recibida por la Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el día 4 de octubre de 2001.
Las Comisiones en comento, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 39, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 60, 65, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 4 de octubre de 2001, mediante expediente con número 1010, índice "B", foja 61, Libro II, de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50 bis de la Ley General de Bienes Nacionales, enviada por el ciudadano, Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
II.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso el turno de iniciativa de Ley a las Comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los efectos correspondientes. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitó a la Mesa Directiva de esta H. Cámara, que únicamente la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública dictaminara sobre la iniciativa que nos ocupa.
CONSIDERACIONES
1.- La iniciativa que nos ocupa, expone como argumentos para justificar la reforma que propone, lo siguiente:
"El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país."
"Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental."
"Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico, y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable, y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso."
"En este contexto, el régimen legal vigente en materia de bienes nacionales confiere en exclusiva al Gobierno Federal la administración, mantenimiento y vigilancia de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar. No obstante, en los últimos años, se ha reconocido, e incluso se ha convertido en una reiterada demanda, la necesidad de que los Estados que tengan costa y los Municipios aledaños a ésta, tengan participación en las actividades arriba señaladas. Ello, además, ha sido recogido por las últimas reformas al artículo 115 constitucional."
"En esa virtud, la presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar a los Estados, con la participación de sus Municipios, ciertas atribuciones relacionadas con la administración, conservación y vigilancia de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar".
"De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de los Estados asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación."
"El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los Estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías."
"De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los bienes patrimoniales de la Nación, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas."
"La reforma que se propone dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la propia Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones federales aplicables."
3.- Una medida para el impulso de esta participación, consistiría en la opción para los Estados de asumir diversas funciones en áreas costeras bajo jurisdicción federal, como la administración, conservación y vigilancia, en términos de los instrumentos mencionados y de los respectivos planes de desarrollo, todo dentro del marco legal respectivo a fin de que, efectivamente, esas áreas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar, contribuyan al progreso local y nacional, a través del estímulo de su potencial económico, turístico, ecológico, laboral y social, convirtiéndose en auténticos polos de desarrollo nacional.
4.- La figura jurídica adecuada para este tópico, es el convenio o acuerdo de cooperación, que si bien no afecta la naturaleza jurídica de esas áreas como parte del patrimonio nacional, permitiría, con la base legal para ello, la asunción de atribuciones por los Estados en la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, con la posibilidad de considerar las diferentes capacidades estatales con un mecanismo flexible que aliente esa participación.
5.- En este orden de ideas, la ley debe prever en la parte conducente, la posibilidad de celebrar convenios o acuerdos de cooperación, en los que se establezcan las bases para su realización, y el alcance de dichos instrumentos, con lo que se daría la opción a los Estados de participar en las zonas mencionadas, delimitar las respectivas competencias y con ello favorecer el impulso al desarrollo regional y nacional.
6.- Por otra parte, dentro de la reforma resulta oportuno adecuar el nombre de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a que alude el actual artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales, al de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desapareciendo la anterior Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, asumiendo sus funciones la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, se reformó de nueva cuenta la ley en comento, cambiando de nombre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por lo expuesto, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50 bis, de la Ley General de Bienes Nacionales
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50 bis, de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:
ARTICULO 50. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia, previamente, en coordinación con las demás que conforme a la materia deban intervenir, establecerá las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades pesqueras y el fomento de las actividades turísticas y recreativas.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los Gobiernos de los Estados y los Municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes.
Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales y locales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.
En contra de los actos que emitan los Gobiernos de los Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
ARTICULO 50 BIS. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los Gobiernos de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:
II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional;
III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración;
IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;
V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;
VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;
VII. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos, y
VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación.
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil uno.
Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública:
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica),
Secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Secretario; José
Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa
Huerta (rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado
Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega (rúbrica),
Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández
Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica),
Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Pérez
Mireles (rúbrica), José Narro Céspedes, Ricardo Francisco
García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández (rúbrica),
Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica),
José Jesús Reyna García (rúbrica), María
Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Eduardo Rivera Pérez
(rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ramírez (rúbrica),
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica),
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Néstor Villarreal
Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2001, A FIN DE QUE PARTICIPE EN LA DECIMA PRIMERA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, EN LA REPUBLICA DEL PERU
DICTAMEN POR EL QUE SE LE CONCEDE AUTORIZACIÓN, AL CIUDADANO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2001, A FIN DE QUE PARTICIPE EN LA DÉCIMA PRIMERA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión de Relaciones Exteriores de ésta H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen la Iniciativa de Decreto por la que se solicita autorización para que el C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 23 al 25 de noviembre de 2001, a fin de que participe en la Décima Primera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la República del Perú.
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Los Diputados Federales de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución General de la República, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, fracción y Artículos 56, 57,59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea, el siguiente DICTAMEN, por las siguientes:
ANTECEDENTES
Que el día 13 de noviembre de 2001, le fue turnada a la comisión de Relaciones Exteriores una Iniciativa de Decreto en la que se solicita:
Número D.G.P.L. 58-II-5-547.
CONSIDERACIONES
La Comisión de Relaciones Exteriores expresa que la dinámica mundial obliga a nuestro país a mantener una presencia destacada en la conformación del nuevo sistema internacional. Por ello, es necesaria una política exterior activa, orientada a promover los intereses nacionales e impulsarlos en el ámbito internacional a fin de mantener y reforzar su presencia en el mismo, fortalecer sus nexos con otros países, impulsar iniciativas de índole bilateral o multilateral, así como promover y defender sus intereses en todos los ámbitos.
En política exterior, nuestro país ha mantenido como una de sus más altas prioridades la relación con América Latina. Respecto a la XI Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre del presente año, la Iniciativa a estudio hace un recuento de las razones para asistir a la misma. En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores destaca que la Conferencia Iberoamericana es un foro que reúne anualmente a los Jefes de Estado y de Gobierno de 21 naciones de habla española y portuguesa de América y Europa, con el objetivo de sostener un diálogo al más alto nivel y de realizar una reflexión franca y abierta sobre los desafíos que presenta el entorno internacional.
México fue uno de los principales promotores de la creación de este mecanismo en 1991 y tuvo la responsabilidad de ser la sede de la Primera Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la Ciudad de Guadalajara. Desde entonces, los países iberoamericanos han trabajado para consolidar a este foro como un espacio político privilegiado en el que convergen valores, principios e intereses a favor de la paz y la seguridad internacionales, y en el que se generan consensos que contribuyen a fortalecer la democracia, el respeto a los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo de los pueblos.
Quienes integramos esta Comisión, estamos seguros que se abre la posibilidad de que en el marco de dicha Cumbre, los Jefes de Estado podrán proponer acciones que contribuyan a que la cooperación interregional se consolide como un agente de cambio social en Iberoamérica, canalizando los esfuerzos hacia las prioridades del desarrollo sustentable en los ámbitos económico, social y cultural. Además, la presencia de España y Portugal como parte de los miembros de la Cumbre refuerza el papel que ambos juegan como interlocutores entre España y Latinoamérica.
Por otra parte, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos recomendar al Pleno de la Cámara de Diputados, que se solicite al Ejecutivo que, una vez que concluya el viaje del C. Presidente de la República, autorizado por el Congreso de la Unión, se informe a este órgano legislativo del resultado del mismo.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SE PROPONE A LA H. ASAMBLEA LA APROBACIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE:
DECRETO
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 23 al 25 de noviembre de 2001, a fin de que participe en la Décima Primera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la República del Perú.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Diputados: Gustavo Carvajal Moreno (rúbrica),
Presidente, PRI; Francisco Javier Sánchez Campuzano, secretario,
PRI; Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica), secretario, PAN;
José Carlos Borunda Zaragoza (rúbrica), secretario, PAN;
Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretaria, PVEM; Sergio Acosta Salazar
(rúbrica, abstención), PRD; Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
PRI; Alberto Anaya Gutiérrez, PT; Hilda Josefina Amalia Anderson
Nevárez, PRI; Eduardo Arnal Palomera (rúbrica), PAN; Edilberto
J. Buenfil Montalvo (rúbrica), PRI; Raúl Covarrubias Zavala
(rúbrica), PAN; María Elena Chávez Palacios (rúbrica),
PAN; Jorge Alejando Chávez Presa, PRI; Víctor Emanuel Díaz
Palacios, PRI; Lucio Fernández González (rúbrica),
PAN; Adrián Salvador Galarza González (rúbrica), PAN;
Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), PRI; Raúl Gracia
Guzmán (rúbrica, abstención), PAN; Efrén Leyva
Acevedo (rúbrica), PRI; José Ramón Mantilla y González
de la Llave (rúbrica), PAN; Miguel Angel Moreno Tello, PRI; José
Luis Novales Arellano (rúbrica), PAN; Bernardo Pastrana Gómez
(rúbrica), PAN; Ma. de los Angeles Sánchez Lira, PRD; Heidi
Gertud Storsberg Montes (rúbrica), PAN; Emilio Ulloa Pérez,
PRD; Eddie Varón Levy (rúbrica), PRI; José Socorro
Velázquez Hernández, PRI; Alma Carolina Viggiano Austria,
PRI.
Palacio Legislativo, México, DF, 13 de noviembre de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente
Palacio Legislativo, México, DF, 13 de noviembre de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La normatividad penal de cualquier país, busca atacar las conductas que, por su gravedad, lastiman de manera sensible la convivencia social y que, por lo mismo, requieren de una sanción que cumpla entre otros, con dos objetivos fundamentales: primero, que permita la readaptación social de quien se apartó de la ley y vulneró la convivencia, y segundo, que sirva de ejemplo en un afán disuasivo para con la sociedad, para evitar la repetición de esos comportamientos.
En un sentido amplio, toda la sociedad es parte ofendida cuando se comete un delito; su seguridad es dañada, cuando alguien decide apartarse de lo que las leyes establecen y en forma particular esa conducta es calificada por las normas como delictiva, por lo grave del actuar. Quien delinque lo hace a costa de bienes jurídicamente tutelados.
La vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas se dañan de manera inmediata con esas conductas antisociales y ello tiene incidencia de manera directa con quien padece la conducta y de manera potencial con todos y cada uno de los que vivimos en ese entorno social.
De ahí deriva la importancia de que el marco jurídico sea lo suficientemente abarcador para cerrar el paso, al hecho de que dejen de sancionar actos que per se son dañinos y que por otro lado, las penas sean lo suficientemente severas para garantizar que haya sanciones que correspondan fehacientemente con la gravedad de lo causado con la conducta.
La pregunta en este terreno es: ¿qué ofende más a la sociedad, la conducta del delincuente, o que la sanción sea lo suficientemente flexible o tenue que provoque que no se resarza el daño causado y que antes bien, el responsable mantenga privilegios por encima de quienes son sus ofendidos?
Al aspecto normativo tenemos que añadir un sistema de impartición de justicia que tampoco es lo suficientemente estricto y que en algunas ocasiones diluye toda intención por sancionar como se merecen a los delincuentes que tienen recursos para torcer las conciencias de los impartidores y lograr siempre una interpretación de la ley, ventajosa a sus intereses.
Se trata de un círculo, que se alimenta en la corrupción y regresa a través de un sistema normativo, que sigue siendo defectuoso y que, por lo mismo, resulta necesario reformar. La corrupción, más allá de cualquier otro factor, es el fenómeno que determina la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el extranjero, hacia nuestros gobiernos.
Con esta conducta, se impacta directamente el ámbito social, el ámbito político y el ámbito económico del país, y su influencia no es de ninguna manera menor. Por corrupción, por ejemplo, se dejan de percibir en impuestos más de 70 mil millones de pesos anuales, situación que supera lo que se pretende recaudar por IVA en alimentos y medicinas, según la propuesta del gobierno federal.
Ahí hay una veta que no ha sido siquiera parte del análisis de quienes reclaman más recursos para el gobierno federal. Cuando hablamos de corrupción, inevitablemente tenemos que hablar de servidores públicos. Hay corrupción por que hay quien se corrompe, y quien se corrompe es el servidor público.
Considerar el asunto como una cuestión cultural es correcto, los ciudadanos que corrompen al servidor público también forma parte de este mal, pero resulta doblemente responsable aquel que teniendo un deber de cuidado, y habiendo para ello protestado cumplir y hacer cumplir la ley, la vulnere.
Es inadmisible esa conducta, porque se va tejiendo un camino fácil, que permea en la sociedad como un falso buen ejemplo para hacer dinero, ganar influencia y subir en la escala social a partir de la trasgresión a las leyes, con el resguardo o protección de tener la condición de servidor público. Intocables con credencial han sido durante muchos años los servidores públicos afines a quien detenta el poder en turno.
Las cosas ahora pueden ser diferentes o no, y en eso tenemos nosotros una gran responsabilidad. Estado de derecho e impunidad son dos temas que se corresponden en forma negativa. Mientras más impunidad hay, menos cerca estamos de un verdadero Estado de derecho y en ello no hay democracia que sobreviva a esa condición. ¿Quién gobierna en un país, donde las acciones públicas cotidianas, pasan por decisiones apartadas del derecho y son condicionadas por prebendas y favores?
En la actualidad, construir un verdadero Estado de derecho es condición indispensable para garantizar la permanencia de los cambios políticos logrados últimamente, lo que no es un asunto menor, dado que las organizaciones criminales, valiéndose de sus relaciones con el poder público, lo retan constantemente y pueden sustituirlo, como a veces lo hacen en algunas áreas gubernamentales. Tenemos con urgencia que hacer lo que nos corresponde en el ámbito de nuestra competencia, para regresar la confianza de la sociedad.
Somos testigos, como la misma sociedad lo es, de cómo las cárceles del país se encuentran infestadas por gente de escasos recursos que no han podido encontrar la libertad por falta de defensa y de dinero, y cómo, con la misma regularidad, gente que robó recursos públicos -sea en su carácter de servidores públicos o gracias a su relación con éstos- se pasea impunemente por las calles y aún concede entrevistas como prohombres del México moderno.
Eso lastima más que cualquier otra cosa a una sociedad que busca justicia. En ese tenor, la mención a Oscar Espinosa Villarreal es ineludible, pues resulta el ejemplo más fresco para documentar la profunda frustración que provoca en la gente presenciar tanta impunidad.
Pensamos que la sanción para los servidores públicos que cometen un delito debe ser mayor a la de cualquier ciudadano y que debe evitarse cualquier privilegio por su condición, por lo que resulta absurdo y grotesco que en el ámbito federal no se consideren graves los delitos cometidos por éstos y por lo tanto, que tengan derecho a la libertad provisional, mediante el pago de una caución, cuyo monto seguramente se cubre con las ganancias económicas que le reporta su conducta.
Quizá habrá quien lo ignore, pero a raíz de que en 1993 se reformó el artículo 20 constitucional y en consecuencia, el Código adjetivo en la materia al año siguiente, dejaron de ser graves todos los delitos cometidos por servidores públicos. Dejó de ser grave y en consecuencia, se permite la libertad mediante caución, de delitos calificados, tales como ejercicio indebido del servicio público, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia.
Se trató esa reforma, de una reforma hecha por abogados a favor de sus clientes. Son esos abogados, quienes cada vez se hacen más ricos, utilizando la reforma en que participaron, para evitar que los Espinosa Villerral, los Cabal Peniche y otros pisen las cárceles aun cuando con sus actos hayan extraído millones de dólares de país, y que haya en las cárceles del país quienes se robaron una gallina y se les acusó de robo con violencia sin derecho a fianza.
Pretendemos, con esta iniciativa, contribuir a revertir esa situación. Por ello, proponemos reformar los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal para incrementar las penas en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para homologarlas a las que ya se establecen en otras entidades.
Asimismo, proponemos adicionar diez incisos a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir como graves tipos agravados de delitos cometidos por servidores públicos y aquéllos que en la sanción ya tienen una calificación que extrañamente no se corresponde en el vigente listado de dicho artículo.
Esta es una iniciativa contra la impunidad y contra la corrupción. Se trata de la reforma penal que el Partido de la Revolución Democrática platea como asunto prioritario y urgente para resolver en este periodo ordinario de sesiones. Resolvámosla, pues el riesgo de que sigan las cosas como están es que la gente se desencante de quienes ofrecimos cambios y sólo damos continuidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente
Iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales
Artículo Primero. Se reforman los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
IV. ..................
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II, se le impondrán de uno a tres años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
V. ...
Al infractor de las fracciones III, IV, o V, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:
III. .........
Al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
...
............
..........
Cuando el monto del enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
...
Artículo Segundo. Se adicionan los incisos 35 a 45 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
1) a 34) ...
35) Ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad prevista en las fracciones III, IV y V.
36) Coalición de servidores públicos, previsto en el artículo 216.
37) Uso indebido de atribuciones y facultades, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 217.
38) Concusión, en la modalidad contenida en el último párrafo del artículo 218.
39) Intimidación, previsto en el artículo 219.
40) Ejercicio abusivo de funciones, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 220.
41) Tráfico de influencia, previsto en el artículo 221.
42) Cohecho, en la modalidad prevista en el penúltimo párrafo del artículo 222.
43) Peculado, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 223.
44) Enriquecimiento ilícito, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 224.
45) Delitos contra la administración de justicia, cometidos por los servidores públicos, previstos en el artículo 225.
II a XIV ...
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2001.
Atentemente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Noviembre 14 de 2001.)
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que la Comisiones de Salud, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público analicen y trabajen sobre la propuesta respecto a que el gobierno de Guerrero reintegre el programa IMSS-Solidaridad al Instituto Mexicano del Seguro Social de este mismo estado.
Consideraciones
1. El estado de Guerrero tiene una superficie de 63,974 Km2 que corresponde al 3.3% del territorio nacional, siendo la decimocuarta entidad por su tamaño.
2. El territorio estatal está dividido en 76 municipios y 19 distritos judiciales. La división regional, hecha por el Copladeg, considera siete regiones naturales con características socioeconómicas particulares, cuya denominación es la siguiente: Tierra Caliente, Norte, Centro, La Montaña, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco. Existe además una gran dispersión.
3. Existe un alto grado de marginalidad en veintidós municipios del estado, los cuales se clasifican con un muy alto grado de marginación: trece de ellos corresponden a la jurisdicción de La Montaña y nueve a la Costa Chica. Con alto grado de marginación se inscriben tres municipios en La Montaña mientras que seis de ellos se ubican en la Costa Chica.
4. Con el objeto de coadyuvar al desarrollo social, económico, cultural y de salud, hace 15 años aproximadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó en los municipios más marginados del estado de Guerrero el programa IMSS-Solidaridad del que se obtuvo una experiencia por demás satisfactoria y de la cual se obtuvieron los siguientes beneficios en los siguientes ámbitos:
Salud
6. Las necesidades de la población guerrerense en materia de salud y seguridad social, son enormes. Abatir los rezagos demanda un mayor esfuerzo de las instituciones públicas. Por tanto, la descentralización del programa IMSS-Solidaridad en Guerrero se justifica, más aún por la alta marginación que existe en la entidad.
Por ello, les propongo y pido apoyen el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Atoyac de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, Gro., Con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social en esas regiones del estado de Guerrero. Asimismo con el objeto de continuar ofreciendo los servicios estratégicos de salud a la población marginada en los municipios del área de influencia de dichos hospitales.
Segundo.- Que esta Cámara de Diputados emita una recomendación al IMSS y al Gobierno de Guerrero para que las instalaciones, equipo, recursos materiales y humanos que fueron transferidos en 1985 al gobierno de Guerrero, sean reintegrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este mismo opere nuevamente el programa IMSS-Solidaridad en el estado de Guerrero, con la finalidad de que su población más necesitada continúe avanzando en su desarrollo como es el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca.
Dip. Félix Salgado Macedonio (rúbrica)
(Túrnese a la Comisión de Salud, con opinión
de las Comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE QUE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SA, EFICIENTICE EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 45 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAUL E. SICILIA SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
Factor fundamental en la planeación del desarrollo integral a nivel municipal, regional, estatal y nacional, lo es, contar con una adecuada infraestructura de bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de esa proyección; así el sector energético, entre otros, es la base para lograr el éxito de ese desarrollo, que debe fatalmente traducirse en mejores niveles de vida no sólo a la ciudadanía sino proyectarse firmemente a un avance económico y social en los ámbitos que hemos señalado.
Al hacer un análisis retrospectivo y un diagnóstico del sector energético-eléctrico en términos de lo aportado en los informes presidenciales, en donde no sólo se analiza el avance logrado, sino que gráficamente se detallan los montos de generación, transmisión y distribución de la energía en los siete últimos años, aunado a ello los informes recabados al respecto por el grupo parlamentario priísta, debemos señalar que indudablemente hay un avance en ese servicio, aclarando que como sector estratégico existen algunas vertientes que es necesario examinar, analizar y evaluar, para plantear una reestructuración en los conceptos señalados de generación, transmisión, distribución y comercialización.
La capacidad instalada en operación y generación de energía eléctrica en este año será de 36,268.5 megawatts de las cuales Comisión Federal de Electricidad produce el 93.5% y Luz y Fuerza del Centro el 6.5%.
El avance es significativo, pero insuficiente. El desarrollo social, comercial e industrial del país, considerando la estabilidad de la macroeconomía, nos encamina a estimar la necesidad de promover el desarrollo regional, como una respuesta parcial al reclamo social, quien aspira a la debida impartición de la justicia social, equivalente a dar más a los que menos tienen.
La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, otorga el servicio del suministro de energía eléctrica a 45 municipio del estado de Hidalgo, 81 del estado de México, 3 de Puebla, 2 de Morelos y a 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
Quiero hacer mención que en Hidalgo la prestación de servicio energético-eléctrico es deficiente, siendo las causas de ello muy diversas y de las cuales enumeraré algunas: líneas y equipos obsolecentes, algunas de las primeras con casi 100 años de existencia, falta de mantenimiento a transformadores, líneas y equipos, ilícitos y fraudes por robo de energía, falta de recursos para expansión, rehabilitación y modernización, lo que presenta un panorama preocupante en la prestación eficiente y de calidad del servicio y por consecuencia las limitaciones para promover un desarrollo regional sin contar con energía eléctrica suficiente y de calidad. Sin electricidad no puede pensarse en ese desarrollo.
Para el año 2001, el estado de Hidalgo fue considerado por Luz y Fuerza del Centro en un programa de inversión con la suma de $374 millones de pesos, siendo $282 millones 500 mil pesos para expansión, $27 millones para rehabilitación y $64 millones 500 mil pesos para modernización; equivaliendo ello al 11% del total de inversión de la empresa, contra el 45% al estado de México y 41% al Distrito Federal.
Si bien es cierto que estos porcentajes se programan de acuerdo al número de usuarios, también lo es que para Hidalgo es muy reducido el programa de inversión, basta citar que para rehabilitación, únicamente se invierten $27 millones para atender 1160 kilómetros de líneas y miles de transformadores obsoletos.
El bajo voltaje es el reclamo generalizado en los 45 municipios de la entidad, por las causas antes señaladas; esto es algo que debe atenderse con urgencia; les resultara increíble que no sólo en las zonas rurales, sino que en las áreas urbanas y suburbanas de las ciudades, a la hora pico no es posible que funcionen al mismo tiempo un aparato televisor, un refrigerador, una plancha o una licuadora; esto ha sido, durante nuestra campaña político-electoral y en la actualidad un reclamo generalizado de la ciudadanía y autoridades municipales.
La dirección y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hacen permanentemente un esfuerzo titánico para abatir esta problemática en la entidad, pero no es suficiente; finalmente la carencia de recursos son el cuello de botella de este asunto.
Es justo reconocerle a Luz y Fuerza la actitud asumida para con los municipios a los que presta su servicio, en lo que toca a alumbrado público y sistemas operadores de agua potable. La H. Junta de Gobierno de la empresa, acordó en junio del año en curso y como apoyo a las finanzas municipales de 131 municipios de los estados de Hidalgo, México, Puebla y Morelos, que toda entidad municipal que liquidara los consumos de energía eléctrica del 2001 y garantice los pagos futuros, al programarlos en sus presupuestos, los adeudos históricos de esas municipalidades, quedaría pendiente su solución hasta en tanto la propia empresa, las secretarías de Hacienda y Energía, los gobiernos estatales y municipales, encuentren o concierten los mecanismos o acciones legales, para solventar esos adeudos históricos que aproximadamente suman $2 mil millones de pesos.
Esta acción digna de todo elogio a favor de Luz y Fuerza ha dado respiro y tranquilidad a las finanzas de los municipios, estando en la actualidad tramitándose los convenios respectivos; esos adeudos históricos objetiva y materialmente han sido impagables por los deudores. Si esta medida beneficia a los municipios, en contrapartida afecta los ingresos de la Compañía de Luz y Fuerza y la "ata" a programar inversiones más considerables en las entidades, como el caso del estado de Hidalgo y ello nos lleva al círculo vicioso de no eficientar el suministro eléctrico para promover el desarrollo regional.
Por lo anterior y en el caso específico de los 45 municipios del estado de Hidalgo formulo la proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos del 2002 se considere una partida presupuestal de los recursos fiscales federales a favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, etiquetados para la rehabilitación de líneas y equipos en el estado de Hidalgo. En la suma de $380 millones de pesos, en términos del proyecto-costo, anexo a esta proposición y así, cumpla el Gobierno Federal con el compromiso legal-constitucional de impartir justicia social al estado de Hidalgo en esta área.
Pido respetuosamente se turne la presente proposición a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía.
Diputados: Raúl E. Sicilia Salgado, Celia Martínez Bárcenas, Arturo León, Jesús Tarracena Martínez, Marcos López Mora, Roque García, Marco Dávila Montesinos, Omar Fayad Meneses, Francisco Patiño Cardona, Enrique Herrera y Bruquetas, Luis Priego Ortiz, José Manuel del Río Virgen, Andrés Carballo Bustamante, Alma Viggiano Austria, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Mendicuti Pavón, Efrén Leyva Acevedo, Elena Baduy Isaac, Federico Granja Ricalde, Timoteo Martínez Pérez, Jaime Vázquez Castillo, Raúl González Villalva, Davis Penchyna Grub, Miguel Bortolini Castillo, Araceli Domínguez Ramírez, Juan Carlos Regis Adame, Rosa Delia Cota Montaño, Rafael Ramírez Agama (rúbrica).
(Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Energía. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA PROTECCION CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO RAMIREZ CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
Con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal por medio de su Secretaría de Obras y Servicios la obra de entubamiento del llamado Gran Canal del Desagüe con base en las siguientes
Consideraciones
Desde el comienzo de la urbanización de esta, nuestra ciudad capital, uno de los criterios a seguir fue el de desecar o utilizar como alternativa de desagüe los ríos que en aquel entonces corrían por la ciudad. Con esta finalidad los ríos que no fueron desecados comenzaron a ser entubados para servir como un flujo de drenaje de aguas negras y para este efecto las administraciones de la ciudad de México invirtieron fuertes capitales para entubar dichos ríos y así dotar de este imprescindible servicio a la población.
El Gran Canal de Desagüe del Valle de México quedó instaurado formalmente en 1900. Para ese entonces se lograron atender las necesidades de descarga fuera del Valle de México lo que hizo pensar que se había dado una solución definitiva el problema de las inundaciones de la ciudad, la que albergaba cerca de un millón de habitantes.
Sin embargo, este sistema logró funcionar hasta mediados de los años veinte, cuando se volvieron a presentar problemas de inundaciones de magnitud considerable. Desde esos años han sido evidentes los constantes hundimientos diferenciales que hicieron perder pendiente al sistema de colectores que conforman al Gran Canal de Desagüe. En los años cuarenta esto fue corroborado por científicos en la materia.
A partir de los años treinta el crecimiento de la población en el valle de México comenzó a despegar. En 1930 en la región habitaron más de un millón de habitantes; para 1940 se alcanzaron los dos millones y en los años sesenta más de seis millones. Actualmente habitan en la zona metropolitana cerca de 18 millones, y en las delegaciones de la ciudad de México más de 8.5 millones de habitantes.
Esto ha implicado inversiones ininterrumpidas para diversos conductos para el drenaje y el inicio del sistema de presas para la regulación de las avenidas de la ciudad. Sin embargo, las inundaciones continúan haciéndose presentes y a riesgos mayores.
Si bien desde los años cincuenta se comenzaron las construcciones de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al Gran Canal, las inundaciones en la ciudad continuaron, lo que derivó en la instauración del sistema de drenaje profundo a fines de los años sesenta.
El sistema de drenaje profundo actualmente cuenta con más de 80 km de interceptores, además de los 50 km del emisor profundo. El objetivo básico del sistema es evitar las inundaciones que causen daños directos a la vida de la población en todos sus aspectos, así como a sus bienes.
El Gran Canal recibe las descargas de toda la zona urbana situada al oriente del interceptor poniente y al norte del río Churubusco.
Como consecuencia del hundimiento de la ciudad, las descargas al Gran Canal tienen que efectuarse por bombeo, para aprovechar la pendiente que originalmente tenía y que permitía el desagüe por gravedad. Desafortunadamente, el hundimiento de la ciudad de México ha ocasionado que éste pierda pendiente, al grado de que en los primeros 20 km ya es prácticamente de cero y se pronostica que en los próximos años es probable que la pendiente se torne positiva, lo que acarrearía como consecuencia que en vez de trabajar como desfogue de aguas negras fuera del Valle de México, tendería a retenerlas aquí mismo.
El Gran Canal ha venido perdiendo capacidad de descarga al pasar de 90 m3/s en los años setenta a tan sólo 12 m3/s en la actualidad. Para suplir esta falta de capacidad, se construyó el sistema de drenaje profundo, al cual se le han agregado las descargas del sur y sureste de la ciudad de México.
No obstante estas obras gigantescas, sigue latente el riesgo de inundaciones en la ciudad.
En la actualidad la composición de las aguas residuales del Distrito Federal no cumplen con las normas ambientales en la materia: así en grasas y aceites son permitidos 15mg/l y en la realidad las aguas residuales superan por cerca de 10 veces a la, norma; en sólidos suspendidos la norma permite 75mg/l y existen en las aguas residuales 330mg/l; y en coliformes fecales la norma permite mil organismos y se presentan en las aguas cien millones.
A esto hay que agregar otro problema. Las aguas del Gran Canal y sus afluentes presentan indicadores de contaminación altísimos. Sobrepasan por mucho todas las normas mexicanas aplicables.
Por ejemplo, las NOM-002 y 003-ECOL-1996 establecen como límite máximo de grasas y aceites 15mg/l; sólidos suspendidos 75mg/l; y coliformes fecales 1000 nmp/100ml, y las aguas de referencia presentan las mediciones siguientes: para el primer indicador, 150mg/l; para el segundo, 330mg/l; y para el tercero, 100 mil nmp/100ml.
Las concentraciones de metales pesados, arsénico y organismos patógenos, son igualmente elevadas.
La mayor parte del Gran Canal está entubado excepto un tramo en la delegación Venustiano Carranza, el cual al estar a cielo abierto genera malos olores, fauna nociva y afecta la salud de los habitantes de las colonias 10 de Mayo, Moctezuma, 20 de Noviembre, Simón Bolívar y otras.
Por lo anterior y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en mi calidad de integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y los suscritos diputados que firmaron el presente documento, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Turne este documento a la Comisión del Distrito Federal, por medio de su Secretaría de Obras y Servicios, el entubamiento del llamado Gran Canal de Desagüe en el tramo correspondiente a la delegación Venustiano Carranza que corresponde desde su punto inicial en la Colonia 10 de mayo hasta el límite de la delegación en Av. Río Consulado.
Esto con la finalidad de dotar a la población de un ambiente más sano, así como de servicios más eficientes.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2001.
Diputados: Francisco Ramírez Cabrera, Emilio Goicoechea Luna, Héctor González Reza, Mario Reyes Oviedo, Griselda Ramírez Guzmán, Alberto Cano Cortesano, Raúl García Velázquez, Luis Pazos, Arcelia Arredondo, Enrique Villa, Mauricio Candiani, Fernando Sánchez Nava, Máximo Soto Gómez, José Escudero Barrera, José Antonio Arévalo, Concepción Salazar González, Hilda Anderson Nevárez, Félix Salgado Macedonio, Arturo Escobar y Vega, Alejandro García Sainz, María de las Nieves García, Petra Santos Ortiz, Daniel Ramírez, Jaime Cervantes (rúbricas).
(Túrnese a las comisiones del Distrito Federal,
y de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002, SE DESTINEN MAYORES RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE OPERA LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JOSEFINA HINOJOSA HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
Elevar los niveles de bienestar de la población, es un objetivo primordial del desarrollo social, por lo que toda acción, programa o política pública que contribuya al logro de éste, se constituye como fundamental y requiere del impuso de todos los órdenes de gobierno para promoverse y consolidarse.
Una de las demandas populares más sentidas, en un justo reclamo por mejorar sus condiciones de vida, ha sido contar con servicios básicos indispensables como lo es el agua potable. De ahí la importancia de administrar y preservar tan vital líquido, de asegurar la calidad y cantidad de la misma para lograr su uso integral sustentable y de ampliar y conservar la infraestructura hidráulica destinada a tales fines.
Los recursos que deberán canalizarse para impulsar el desarrollo de dicha infraestructura son fundamentales, es urgente para nuestros conciudadanos, que se lleven a cabo ,acciones que reduzcan de manera radical los rezagos existentes en el abastecimiento de agua potable y en la cobertura de alcantarillado y saneamiento, tanto en poblaciones rurales como urbanas.
Ciertamente, las acciones emprendidas en esta materia por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, han coadyuvado a impulsar la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de estos servicios, sin embargo el esfuerzo es aún insuficiente pues un grupo representativo de la sociedad, sobre todo de los más desprotegidos, aún carece de este elemental servicio, con todas las consecuencias que esto conlleva en la vida cotidiana de las amas de casa y en la salud de miles de familias.
Sobre el particular, los recursos canalizados por parte de la federación a través de la Comisión Nacional del Agua, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2001, para agua potable y drenaje y tratamiento de aguas fueron del orden de los 3,076.4 millones de pesos.
Monto presupuestal que se ajustó en 593 millones de pesos, además dos recortes presupuestales por 250 y 151 millones de pesos aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aún cuando el agua ha sido tratada declarativamente, como un asunto de seguridad nacional.
Esto último no obstante que el artículo 32, fracción II, inciso b) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, establece que si la Secretaría de Hacienda efectuara ajustes y reducciones al gasto, buscaría que estos no afectasen metas sustantivas del gasto social. Con lo que queda en entredicho la supuesta prioridad del agua en el país y se ha violado flagrantemente lo que establece el decreto de Presupuesto que esta Cámara aprobó en diciembre pasado.
Los recortes presupuestales mencionados, afectaron en mayor medida la aplicación de los programas en zonas rurales, que son las que presentan los mayores rezagos en la materia.
Según datos del Primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox y del informe de labores de la Semarnat al finalizar el año 2001, la población sin servicio de agua potableascenderá a 11.1 millones de personas, 2.6 millones en zonas urbanas y 8.5 millones en las zonas rurales.
En alcantarillado, la población sin este servicio será de 26.5 millones de personas, 9.3 millones en zonas urbanas y 17.2 millones en zonas rurales.
En cuanto a la cobertura de los servicios de agua potable por entidad federativa para el año 2000, entidades como Tabasco, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Puebla, y Zacatecas presentan los más graves rezagos en la materia, considerando que entre un 56.8 y 20.5 por ciento de la población en estos estados, carecen del servicio.
En alcantarillado, son los estados de Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Chiapas, Campeche Hidalgo y Zacatecas, los que presentan los más altos porcentajes con 30.2 y hasta 60.5 de población que carece del servicio.
En materia de saneamiento, se prevé que de un total de 1 027 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, sólo operarán 802, con las cuales, se podrá tratar sólo el 25 por ciento del total de aguas recolectadas.
En cuanto a plantas potabilizadoras, se espera que al finalizar el año operarán sólo 340 de un total de 406 plantas.
Es tal la problemática de agua potable en el país, que es común escuchar a lo largo y ancho de la República el reclamo ciudadano por la misma. Debemos entonces ocuparnos con responsabilidad, esta soberanía esta mandatada para ello.
Con nuestro impulso démosle realidad a lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Acuerdo Político Nacional establecen, un valor esencial al agua como elemento estratégico para atender las necesidades sociales básicas de la población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas del país.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal, integrante del grupo parlamentario PRI, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2002 se otorguen mayores recursos financieros a la Comisión Nacional del Agua, para que la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se amplíe substantivamente a un mayor número de habitantes.
Segundo. Que se establezcan por esta soberanía, mecanismos de supervisión adicionales para fortalecer las Reglas de Operación de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, garantizando, la operación eficaz de los mismos en los estados. Además de dar prioridad presupuestalmente a las entidades federativas, que presentan mayores rezagos en la materia.
Tercero. Que esta soberanía establezca en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2002, una disposición que limite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar recortes a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento buscando con ello subsanar el rezago generado en este ejercicio fiscal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de noviembre del 2001.
Diputados: Silverio López Magallanes, José Antonio García Leyva, Jorge Luis García Vera, José Jaimes García, Justino Eduardo Andrade Sánchez, Francisco Ríos Alarcón, Jaime Arturo Larrazabal Bretón, Lorena Beaurregard de los Santos, Juan Manuel Carreras López, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Elías Dip Rame, Justino Hernández Hilaria, Miguel Ortíz Jonguitud, Tomás Torres Mercado, Celestino Bailón Guerrero, Héctor Pineda Velázquez, Raúl Homero González Villalva, Sergio Maldonado Aguilar, Jaime Alcántara Silva, Erendira Olimpia Cova Brindis, Concepción González Molina, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Pedro Manterola Sáinz, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Roberto Domínguez Castellanos, Francisco Castro González, Patricia Aguilar García, Olga Margarita Uriarte Rico, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, Víctor Roberto Infante González, César Horacio Duarte Jáquez, Alfonso Oliverio Elías Cardona, (rúbricas).
(Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública, y de Recursos Hidráulicos. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS ESTABLEZCAN COMISIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SILVIA ALVAREZ BRUNELIERE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
Los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología sometemos a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:
Punto de Acuerdo
A través del cual, los diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortan a los Congresos de los estados para que conformen en su interior una comisión ordinaria de ciencia y tecnología, a fin de incrementar el desarrollo en esta materia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde ya varias décadas atrás, los avances científicos y tecnológicos revolucionan al mundo a una velocidad vertiginosa. Los márgenes del conocimiento se presentan cada vez más distantes de los parámetros culturales del ciudadano común, especialmente entre aquellos pueblos o sectores desfavorecidos.
No obstante, una vez que las bondades de la ciencia y la tecnología llegan a manos de las naciones, éstas asimilan rápidamente sus ventajas y comodidades, paralelamente las naciones sufren de una dependencia cada vez más profunda, así como también de un ensanchamiento mayor entre las diferencias educativas, tecnológicas, económicas y sociales en comparación con los países más industrializados del orbe. No debemos interpretar esta idea como una deificación del conocimiento, sino por el contrario, pretendemos evidenciar en su justa medida el importante papel de la ciencia y la tecnología como factor de desarrollo que, conjuntamente con la economía y la política, bien pudiera catalogarse como factor de soberanía nacional.
Los recientes hechos mundiales en torno a actos terroristas y bélicos, aunados a otros de aparentemente menor importancia como los difundidos hackers cibernéticos, nos llevan a pensar en el papel de la ciencia y la tecnología, ya que avances como los mencionados han puesto a la humanidad en una espiral de miedo, angustia y desconcierto.
¿Cabe entonces cuestionar el papel de la ciencia y la tecnología?
O en todo caso, ¿se requiere eliminar los desfases existentes para su mejor comprensión y manipulación, a fin de enfrentar y utilizar de manera eficiente la disparidad de resultados que este sector arroja de manera cotidiana?
Ciertamente, la ciencia y la tecnología, se constituyen como un elemento constituyente de lo económico, lo político y lo social, que en los últimos años ha ido ganando terreno y hoy se le empieza a reconocer como motor que impulsa el desarrollo integral de las sociedades. Por otra parte, la ciencia y la tecnología debieran ser concebidos, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo considera, áreas prioritaria del desarrollo de la Nación.
El resultado es que vivimos en un México de fuertes contrastes económicos y sociales, y evidentemente, científicos y tecnológicos también, dado en parte por una tradicional centralización de instituciones, recursos humanos y financieros que dan lugar a un desarrollo desigual, tanto a lo largo como a lo ancho de nuestro territorio.
Efectivamente, la atención que se ha prestado en nuestro país al impulso de la ciencia y la tecnología, es débil aún. La preparación científica y la introducción, producción y dominio de la tecnología es insuficiente. Ciertamente se han hecho esfuerzos para formar un núcleo científico de calidad, sin embargo, sigue siendo reducido el interés del sector privado y de la industria por la generación de conocimiento e innovación.
Y aunque el gasto en investigación y desarrollo registró un incremento de 28% entre 1977 y 1999, pasando del 0.34% del PIB al 0.4%, esto representa una cifra muy por debajo del promedio registrado por los países con los que tenemos más relaciones comerciales. Lo cual coloca a México en la posición competitiva número 36 en relación con otros países. (España, 0.9%, Brasil 0.91%, Canadá 1.58%, EUA 2.65%).
La innovación es otro de los indicadores que nos revela el estado de la ciencia y la tecnología en el país. Tenemos que el número de patentes solicitadas y concedidas en México por nacionalidad de los titulares en 1999 fue: México 120, Alemania 351, EUA 2,324, España 152, Francia 209.
Estos indicadores son muestra clara que en México no se ha logrado establecer una política para hacer que la ciencia sea parte de la cultura nacional.
En este escenario, el Poder Legislativo ha jugado un papel apenas incipiente. Tenemos que la función legislativa se materializa a lo largo de un proceso creativo de normas jurídicas destinadas a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre el Estado y sus habitantes y de estos entre sí.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que de los 31 estados del país y el Distrito Federal, tan sólo 5 Congresos estatales y la Asamblea de éste último cuentan con una Comisión de Ciencia y Tecnología, nos daremos cuenta del poco interés o información de la materia a nivel nacional. Entre los estados con este tipo de Comisión legislativa se encuentran: Chihuahua, Coahuila, estado de México, Zacatecas y Yucatán.
¿Cómo entonces daremos cumplimiento al mandato constitucional y legal que en materia de ciencia y tecnología señala en su artículo 73, XXIX-F, como una facultad del Congreso la de expedir leyes tendientes a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional?
Las características geográficas, ecológicas, climatológicas, de riqueza natural, de diversidad biológica, de población, etc., hacen que cada estado de la República sea diferente a los demás y, por ende, su problemática lo sea también. Así, cada estado tiene su propio perfil de situaciones particulares y especiales que requieren de acciones específicas para su resolución. Por ello, en muchas acciones, las actividades científicas y tecnológicas dirigida hacia la solución de urgentes problemas nacionales tienen poca o ninguna incidencia en los problemas locales y estatales. Estos requieren de un enfoque y énfasis diferente, dirigido a la problemática puntual y que es de gran importancia y relevancia para el estado correspondiente. De aquí que debe existir a nivel de Congreso estatal, la estructura adecuada para abocarse a la solución a través de la creación de instrumentos legales y formar parte de la solución de estos problemas. Esa estructura corresponde a las comisiones de ciencia y tecnología. Así, la sociedad de cada estado contará con el instrumento adecuado para la creación de leyes acorde a la realidad de cada estado, así como de los medios para definir y jerarquizar la problemática y retos y dirigir los instrumentos requeridos para su estudio y solución.
Lo que no hagan los estados para resolver los problemas científicos y tecnológicos específicos que tienen y, consecuentemente, no identifiquen sus necesidades y demandas específicas, tampoco será observable para otras entidades que no tienen conocimiento de ello, lo peor es que no podremos hablar de una cooperación regional para la resolución de problemas concretos de las entidades federativas, esos problemas que tendrían un aliado determinante en la ciencia y la tecnología, tales como la pobreza, la alimentación insuficiente, la falta de salud y de las tecnologías que pudieran proveerla o la educación parcial o deficiente.
La creación de comisiones de ciencia y tecnología en los Congresos locales apoyarán fuertemente la descentralización del ejercicio científico y tecnológico; fortalecerán las comunidades académicas y técnicas locales; reforzarán los lazos de entendimiento y confianza entre academia, sociedad, aparato productivo y gobierno estatales y serán una demostración real de la federalización de la ciencia y la tecnología.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos legisladores presentan el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico. Se exhorta, con respeto irrestricto a la soberanía de los Estados, a que los Congresos Locales favorezcan la creación de Comisiones Ordinarias de Ciencia y Tecnología, para que a través de sus tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso a este sector tan importante para el desarrollo de su entidad y en consecuencia del desarrollo de la Nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 8 de 2001.
Diputados: Silvia Alvarez Bruneliere, José María Tejeda Vázquez, Juan Alcocer Flores, Celita Alamilla Padrón, Jaime Salazar Silva, Francisco Patiño Cardona (rúbricas).
(Túrnese a la Junta de Coordinación Política
y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. Noviembre 14
de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION, COMPAREZCA ANTE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
Antecedentes
Desde hace algunos meses el procurador fiscal de la Federación ha realizado múltiples señalamientos en torno a diversos temas que están relacionados con la crisis y el rescate bancario.
Ha señalado públicamente que la Procuraduría a su cargo, realiza investigaciones sobre funcionarios que protegieron a los banqueros Angel Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche; y ha acusado ante la Secodam a tres vocales independientes del IPAB, por tener conflicto de intereses.
Con respecto al último escándalo del IPAB, ha señalado que ya se tienen identificadas diversas cuentas bancarias, mediante las cuales a través del secretario adjunto jurídico del IPAB, se llevaban a cabo operaciones de lavado de dinero, inclusive una de ellas, encontrada en Islas Gran Caimán.
Considerando
1.- Que el Lic. Gabriel Reyes Orona, antes de ser procurador fiscal, se desempeñó durante algunos años como director jurídico del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa). Como consta en los informes del Banco de México de 1996 y 1997.
2.- Que debido al cargo que detentaba en el Fobaproa, debió estar presente en las reuniones del Comité Técnico del Fobaproa.
3.- Que el Lic. Reyes Orona fue entre otras cosas uno de los encargados de concluir las operaciones de "compra de cartera".
4.- Que el Informe de Michael W. Mackey, respecto de los programas de compra de cartera, señala textualmente lo siguiente: "la inclusión de créditos a partes relacionadas (Banamex, Atlántico, Promex, Bancomer) puede inducir a pensar que algunos deudores recibieron trato preferencial".
"El Comité Técnico del Fobaproa decidió modificar los lineamientos del programa que excluían cierto tipo de créditos como los créditos E, o los dados a partes relacionadas. Esto fue la respuesta de las autoridades al hecho de que el programa no fue instrumentado de manera eficiente y que esto no solucionó el problema fundamental"
5.- Que en el argot financiero la calificación de "E", es aplicada a los créditos que son irrecuperables, es decir aquellos de los que "nada" se va a obtener de recuperación, y en el "working paper" de Bancomer, claramente se ilustra la manera en que fueron transferidos al Fobaproa aproximadamente $38 millones de pesos producto de 31 créditos, en diciembre de 1995.
Lo que constituye una muestra fehaciente de la inconstitucionalidad de estas operaciones de compra de cartera, ya que en el momento en que el Fobaproa adquiría un crédito irrecuperable, era equivalente a "comprar una deuda" y para adquirir una deuda, el Gobierno Federal, requiere la aprobación del Congreso Mexicano, y esta autorización jamás fue solicitada.
6.- Que es de suma importancia, que todos y cada uno de los diputados, contemos con la mayor información en torno al proceso del rescate bancario y al IPAB.
7.- Que la información respecto de las diversas declaraciones que ha hecho el procurador fiscal, en torno al rescate bancario, seguramente nos brindarán mayores elementos, para esclarecer y resolver de mejor manera el tema Fobaproa-IPAB.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a éste Honorable Pleno, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo:
Primero.- Que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados cite a comparecer al Lic. Gabriel Reyes Orona, procurador fiscal de la Federación para que explique las acusaciones realizadas a algunos miembros de la Junta de Gobierno del IPAB, así como las acciones y responsabilidades que tuvo a su cargo como director jurídico del Fobaproa.
Segundo: Que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados exhorte a la Secodam a realizar una investigación sobre un posible conflicto de intereses en el caso del procurador fiscal de la Federación.
Diputados: José Antonio Magallanes Rodríguez, Víctor Infante González, Policarpo Infante, Aarón Irízar López, Benjamín Ayala Velázquez, Martí Batres Guadarrama, Miroslava García Suárez, Magdalena Núñez Monreal, Rogaciano Morales Reyes, José Manuel del Río Virgen, José Antonio Arévalo González, Simón Villar Martínez (rúbrica).
(Túrnese a la Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LOS PESCADORES EN EPOCAS DE VEDA SE INCORPOREN A PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDILBERTO BUENFIL MONTALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
El acuerdo en que se establecen las reglas generales de operación del programa de empleo temporal, considera que son proyectos productivos aquellos que propicien tanto el arraigo de la población en sus lugares de origen, como el desarrollo de sus capacidades.
Asimismo, señala que las políticas de desarrollo social del Ejecutivo Federal tienen como objetivo propiciar la igualdad de oportunidades, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos, y de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social; estableciendo la necesidad de asegurar el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de que dispone el país, mediante la creación de empleo en el sector rural cuando se reduce por efecto de la temporalidad de sus actividades.
Como vemos, el programa de empleo temporal ha sido un instrumento básico de la estrategia global del Gobierno Federal para la superación de la pobreza en las zonas marginadas del medio rural. Sin embargo, nosotros creemos que este programa debe extender su cobertura hacia otro segmento del sector primario: los pescadores en temporada de veda.
¿Por qué los pescadores cuando hay veda? Bueno, porque como es sabido la pesca ha constituido una de las actividades más importantes en la economía nacional, al generar una enorme cantidad de alimentos que la población requiere y, a la vez, ocupar a un gran número de personas en forma directa e indirecta.
Sin embargo, las cifras señalan una significativa disminución en los volúmenes de captura, debido a diversos factores entre los que se encuentran:
Ante esta situación, en esta tribuna expreso mi irrestricto compromiso con los hombres de mar, para tratar de dar respuesta al reto que significa redimir a la actividad pesquera; y coadyuvar a que se visualice como una expectativa real de desarrollo.
Es urgente acrecentar las oportunidades de inclusión en el mercado laboral de los pescadores en épocas de veda, a través de actividades que empleen mano de obra no calificada y que se orienten a la creación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura portuaria pesquera. Estas acciones permitirán robustecer y diversificar el ingreso permanente de los pescadores durante las vedas, y al mismo tiempo, propiciarán un substancial incremento en la rentabilidad y capitalización de los activos con que cuentan.
Por ello, solicito se considere la incorporación de los pescadores en temporada de veda al programa de empleo temporal, tomando en cuenta las vocaciones regionales de nuestros litorales como son: los sistemas lagunarios, estuarinos y las aguas marinas del golfo de México, del océano Pacífico y del mar Caribe en estas zonas, se establecen diversos tipos de vedas en diferentes épocas para especies tales como: Camarón, pulpo, tortuga, delfín, abulón, ballena, langosta y caracol.
Esto permitirá generar alternativas de ocupación temporal, que permitan rehabilitar y mejorar la infraestructura social y productiva del medio pesquero, y a la vez, propiciar la creación de puestos de ocupación temporal que posibiliten obtener ingresos a la población que se dedica a esta actividad, durante las épocas de veda.
Dentro de las acciones que podrían realizarse con el apoyo de este programa se encuentran las siguientes:
De esta manera, solicito al pleno un punto de acuerdo de urgente resolución: solicito se aprueben recursos económicos suficientes para que los pescadores en épocas de veda sean incorporados, al programa de empleo temporal que prevé el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2001.
Diputados: Edilberto Buenfil Montalvo (rúbrica) (PRI), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica) (PT), Martí Batres Guadarrama (rúbrica) (PRD), Felipe Calderón Hinojosa (PAN), Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica) (PVEM), José Manuel del Río Virgen (rúbrica) (CDPPN), Gustavo Riojas Santana (rúbrica) (PSN), Bertha Alicia Simental (rúbrica) (PSN), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica) (PRI).
(Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública, y de Pesca. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DENUNCIAR PUBLICAMENTE LA CONSPIRACION CONTRA EL PUEBLO DE MEXICO, ORQUESTADA POR EL FASCISMO REACCIONARIO REPRESENTADO POR LA COPARMEX, PRESENTADA POR EL DIP. ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
México ha sido nación de construcción solidaria a través de su historia. Luces y sombras se han alternado, pero entre todos hemos ido edificando un país soberano, independiente, que ocupa un lugar destacado en el concierto mundial.
Obreros, campesinos, clases medias y empresarios esforzados de visión nacionalista, han logrado una patria de la que todos nos enorgullecemos. Ideologías disímbolas se entrecruzan para lograr un tejido social fuerte y justo. El Partido de la Revolución Democrática dialoga, escucha y respeta todas las expresiones del pensamiento libre donde hay autenticidad, autocrítica y buena fe, hay política de la buena.
Respetamos, volvemos a repetir, a todos aquellos que defienden con honestidad sus puntos de vista cualesquiera que éstos sean pero al mismo tiempo rechazamos enérgicamente a los mercenarios y a los golpistas de siempre.
Los principales beneficiarios del Fobaproa están nerviosos. Los que sexenio tras sexenio fueron colaboradores serviles o chantajistas a ultranza están molestos. Los que siempre hicieron grandes fortunas al amparo del favor oficial están ofendidos están asustados, están iracundos. A la cárcel iban los hombres de izquierda, los de derecha al tedeum presidencial.
Los que comprobadamente, año con año han llenado los espacios de los periódicos, de la radio y de la televisión y con elogios al Presidente de la República en turno, ya fuera por las devaluaciones económicas o por las privatizaciones sumarias, convertidas en ventas de garaje, están temerosos. Los servidores de la antipatria fieles personeros del capital monopolista internacional se rasgan las vestiduras. Los explotadores del obrero y del campesino lloran sus desventuras. No han tenido nunca amor a la patria, su único dios ha sido el dinero. Ellos están por la limosna no por la justicia.
Revisemos la historia, la reacción ha dejado honda huella de traiciones en la nación mexicana. Los riquillos que vinieron en días pasados a llorar sus desventuras son sus muy dignos representantes.
México los conoce, los ubica y yo diría que los desprecia, ellos fueron los enemigos acérrimos del libro de texto gratuito; los adversarios de los desayunos escolares, del Seguro Social y del ISSSTE, los opositores del artículo 3º, del 27º y del 123º. Los que , cuando las cosas no caminan como ellos quieren, sacan a gritos su dinero del país. Nunca, pero nunca, han estado con los que nada tienen, su discurso es fariseo.
Los riquillos de la Coparmex, que con su conducta dan vida a la lucha de clases, no deben olvidar que no puede haber progreso ni paz social para México, sin justicia para obreros y campesinos clases medias y pequeños empresarios.
Esta Cámara de Diputados ha trabajado, trabaja y trabajará para servir al pueblo y a la nación mexicana y no acepta adjetivaciones de quienes quisieran convertirla en gestora de sus personales intereses.
Accionarios de la Coparmex que nos visitaron se equivocaron y se equivocaron mucho. La nación los ha ubicado como lo que siempre han sido, vulgares golpistas de Estado.
Por lo anteriormente expuesto presentamos a la consideración de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo:
(Unico) Que con todos los grupos parlamentarios se elabore, y se de a conocer a la opinión pública, un documento, donde quede perfectamente claro el ser y hacer de esta Legislatura y su probada preocupación por servir al pueblo y a la nación mexicana.
Dip. Enrique Herrera y Bruquetas (rúbrica)
(Túrnese a la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos. Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA DECLARACION Y FISCALIZACION DE LA COPARMEX, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y de Convergencia por la Democracia, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo para que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncie en contra de las acciones de denostación hacia los integrantes de este órgano legislativo realizadas por la dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, bajo las siguientes:
Consideraciones
En principio queremos aclarar que nuestro grupo parlamentario y Convergencia por la Democracia no le dieron importancia a este suceso, ya que la misma se realizó al amparo de las disposiciones constitucionales que garantizan a todos los mexicanos la libertad de asociación y de reunión así como de la libre expresión de las ideas.
Sin embargo, más allá de la simple reunión, el motivo de la misma es cuestionable. La evaluación del trabajo que los integrantes de dicha organización patronal realizaron respecto del trabajo de los legisladores es, por decir lo menos "patito", ya que carece de metodología científica que explique los resultados obtenidos.
Más allá de lo anecdótico de dicha evaluación, la Coparmex cual dios tronante en el día del juicio final, juzga lo mismo a diputados vivos que muertos. Juzga lo mismo a diputados en funciones que a aquellos que se separaron de su función legislativa. Reprueba a la gran mayoría de los legisladores y concluye que en esta honorable Cámara de Diputados no se trabaja.
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia estamos ciertos de que esta manifestación se inscribe en el conjunto de medidas de presión iniciadas por el Presidente de la República y continuadas por sus mercanchifles, en este caso dicha organización patronal, para lograr que se apruebe el reformón fiscal del Presidente Fox.
Desde luego que es claro que la parte patronal desea que la propuesta foxista se apruebe sin cambios, ya que ahí se plantea la disminución del Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas de altos ingresos y, por supuesto que a ellos no les interesa que esta pérdida de ingresos tributarios se compense con el incremento del IVA a medicinas y alimentos, situación que lesionaría severamente a las clases marginadas y de menor capacidad económica.
Estamos convencidos de que el Gobierno de la República y esta organización patronal como no le pueden dar al pueblo pan, refiriéndonos al alimento, entonces le dan circo, creyendo que con estas conductas distraerán indefinidamente al pueblo. Prueba de ello son la sarta de despropósitos que el Ejecutivo federal ha cometido y que pasan desde el lucimiento de su incultura hasta su confrontación con el Poder Legislativo o con la prensa.
En este contexto la actitud de la Coparmex nos lleva a la reflexión de que nuestro trabajo como legisladores se debe dar en beneficio de la población toda, no del sector más rico de este país, en esta situación nuestro trabajo consiste en equilibrar los extremos. Lo que no podemos permitir es el inicio de conductas cacerolistas como la que tuvo la burguesía chilena en 1973 en contra del Presidente Allende.
Ahora que la Coparmex enfila sus baterías de descalificación en contra de los legisladores les decimos que como representantes de la nación y sin olvidar nuestro origen los legisladores tendremos presente siempre el beneficio de todos los mexicanos. Estas actitudes fascistas en nada abonan a la consolidación del régimen democrático, de nada sirve para aprobar el denominado reformón fiscal.
La Coparmex, como muchos grupos de mexicanos han sido recibidos en esta soberanía, siempre serán escuchados ya que son un grupo organizado que en libertad plantea sus propuestas, pero no son esas actitudes infantiles las que ayudan para conseguir consensos. Obedecen sólo al patrón de los patrones.
En el caso de los diputados integrantes de grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, y "a contrario sensu", la calificación de la Coparmex nos hace entender que vamos en el camino correcto, ya que nuestro compromiso es obtener logros que beneficien a las mayorías marginadas de nuestro país.
Si la Coparmex quiere hacer algo por el país debe ocuparse de generar más empleos, debe abstenerse de defraudar al fisco, deben repatriar de bancos extranjeros sus depósitos e invertirlos en el país, en suma, se la deben jugar con y por México. Como sí lo hace el pueblo mexicano.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de las acciones de denostación hacia los integrantes de este órgano legislativo realizadas por la dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los trece días del mes de noviembre del año dos mil uno.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes (rúbrica), vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rosa Delia Cota Montaño (rúbrica), Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), Humberto Mayans Canabal (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica).
(Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 14 de 2001.)
CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL PACTO INDIGENA VERACRUZANO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2001
La tolerancia es una cualidad que en la vida política de cualquier país viene a engrandecer los valores humanos e impulsa a la sociedad a un nivel de vida mas justo, mas democrático, más creativo, más comprensivo, en México por fortuna, tenemos un sistema político de división de poderes en el que las responsabilidades inherentes a cada uno de ellos se ejercen por mandato y en beneficio de la ciudadanía en general.
Nada hay más valioso que la tolerancia y la armonía para el ejercicio del poder.
Gobernar con tolerancia, también puede ser el mejor instrumento para proyectar los valores humanos, un gobierno tolerante y creativo puede contribuir a engrandecer la cultura del bienestar social.
Las frases emanadas de nuestra Carta Magna que dicen: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ella emanen.... Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande". Nos recuerdan que hace tres años, así juró ante el pueblo veracruzano el gobernador Miguel Alemán Velazco, mismo que a la fecha no sólo no ha cumplido sus promesas de campaña sino que ha utilizado el poder para demostrar sus actitudes fascistas y represoras, contra el pueblo que ilusionado lo llevó al palacio de gobierno. Un ejemplo claro, es la indiferencia a la problemática y a los graves conflictos que en diferentes estratos de la sociedad veracruzana ocurren pero que se recrudecen más en las poblaciones más marginadas en particular en las zonas indígenas del estado de Veracruz, que viven una cruda realidad, por lo que cansados de la impunidad, del hambre y la desesperación, los indígenas veracruzanos se han unido en un gran "Pacto Indígena Veracruzano" dentro del marco jurídico constitucional.
Ésta forma de organizarse para plantear sus problemas ante sus gobernantes ha tenido como consecuencia una respuesta trágica y funesta por parte del gobierno que ha provocado muertos, lisiados, encarcelados y perseguidos políticos que tienen a las comunidades indígenas en estado de tensión, de depresión y de inseguridad ya que toda aquella persona que se pone al frente de ésta lucha indígena, es intimidada y hasta amenazada de muerte como en el caso de su servidora, incluso, se llegó al límite de la barbarie política, ayer aquí en esta Comisión, en donde estuvieron presentes los representantes del Pacto Indígena Veracruzano, en la sala de prensa de este recinto, ofrecieron una conferencia para plantear sus problemas buscando ayuda y solidaridad del Congreso, anexando a este documento el boletín informativo de comunicación social que recoge la conferencia de prensa de ayer, y como consecuencia de esto, al salir de la Cámara fue detenido el C. Lauro Cruz Cruz, representante del Pacto Indígena Veracruzano de la comunidad indígena de Zocohuite, localizada en la zona norte del estado de Veracruz. Esta es una más de las actitudes de intolerancia del gobierno de Miguel Alemán Velazco, que no sólo se ha caracterizado por la ingobernabilidad, por la negligencia de sus funcionarios en secretarías tan medulares como son la Secretaría de Seguridad Pública, y sobre todo, la Procuraduría de Justicia que en manos del maestro Pericles Namorado Urrutia, se ha convertido, en una institución más, subordinada a los fines políticos particulares del Ejecutivo estatal, y no al servicio de la sociedad veracruzana.
El gobierno de Alemán, se ha caracterizado por violar sus propias propuestas en materia constitucional, por ejemplo, la Constitución local del estado de Veracruz aprobada recientemente, señala en su artículo quinto, el reconocimiento a la composición pluricultural y multiétnica de la entidad federativa, el respeto y protección a las lenguas, culturas, recursos y formas específicas de organización social; el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas dentro del marco jurídico constitucional, su autonomía y sus formas de gobierno, de acuerdo a sus usos y costumbres. Esta reforma a la Constitución local también contiene las figuras jurídicas del plebiscito y referéndum, misma que ha sido objeto de elogios dentro y fuera de Veracruz, vertidos hacia el Congreso y al propio Ejecutivo del estado.
Sin embargo, en los hechos, el Congreso local y el gobierno de Alemán, no cumplen con los derechos establecidos en el artículo quinto de la Constitución local en materia de derechos indígenas, sería bueno que en el informe que presenta mañana por escrito al Congreso del estado el Lic. Miguel Alemán Velazco mencionara puntualmente sobre los muertos lisiados por la golpizas que les ha propinado la policía estatal, las órdenes de aprehensión por delitos de conciencia y la lista de los presos políticos indígenas que existen en las cárceles veracruzanas.
Pero lo que vemos venir, será un informe maquillado de modo que aparezca como un buen gobierno, cuando la realidad indica todo lo contrario pues no pueden ocultarse la existencia y necesidades de más de ochocientos mil indígenas en el estado de Veracruz que piden el respeto a su libre determinación de acuerdo a sus usos y costumbres.
Los indígenas han decidido marchar a la ciudad de México, por tal motivo responsabilizamos al gobierno de Miguel Alemán de los actos negativos que se puedan suscitar en la marcha que este día saldrá de las zonas indígenas a la ciudad de México, esta preocupación la expreso por los antecedentes de represión que hay en los 3 años de gobierno de Alemán, de las marchas que han sido interrumpidas y que no dejan llegar a la ciudad de Xalapa.
Por lo antes expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo a consideración de esta H. Cámara de Diputados.
1.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte por intermediación de la Presidenta de la Mesa Directiva al titular del Gobierno del Estado de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velazco a respetar de manera incondicional el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: "los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas", a que respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas de Veracruz, que demandan atención a sus problemas.
2.- Que se forme de inmediato una comisión de diputados federales plurales para que intervengan, protejan y acudan al llamado de los pueblos indígenas veracruzanos, específicamente en los casos de Coyutla, Sochiapa, Tzocohuite, Progreso de Zaragoza, y tomen cartas en el asunto a fin de que se respeten las formas de organización y las garantías constitucionales de la población indígena veracruzana. Es urgente esta medida debido a los antecedentes y al clima de inseguridad que prevalece en las comunidades citadas.
Diputados: Genoveva Domínguez Rodríguez, Auldárico Hernández Gerónimo, Miguel Bortolini Castillo, Adela del C. Graniel Campos, Alberto Anaya Gutiérrez, Martí Batres Guadarrama, Rafael Hernández Estrada, Rubén Aguirre Ponce, Rogaciano Morales Reyes, Luis Herrera Jiménez, Petra Santos Ortiz, Arturo Hérviz Reyes, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Rufino Rodríguez Cabrera, José Manuel del Río Virgen (rúbricas).
(Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 14 de 2001.)
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:10 horas del día miércoles 10 de octubre del año 2001, acuden a la sesión ordinaria de trabajo en el Patio Sur, Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para el desahogo del siguiente:
Orden del Día.
1.- Registro de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
3.-Presentación del anteproyecto del Plan de Trabajo.
4.- Integración de subcomisiones.
5.- Propuesta para agendar reunión con el Lic.
Florencio Salazar Adame, coordinador general del Plan Puebla Panamá.
6.- Puntualidad y asistencia a reuniones de los CC. diputados,
a cargo del diputado Jesús Alí de la Torre.
7.- Asuntos generales.
Inicia la sesión, y en uso de la voz el diputado Presidente Salvador Escobedo Zoletto, da la bienvenida a los asistentes a la reunión, y cede la palabra al diputado secretario Edilberto Buenfil Montalvo, quien acto seguido, verifica el registro de asistencia de veinticuatro diputados declarando quórum legal y abierta la sesión.
El diputado Abel Trejo González, solicita una moción para señalar que a partir de esta fecha se incorpora en sustitución del diputado Miguel Angel Moreno Tello.
Continuando con la reunión se da lectura al orden del día, misma que se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
En uso de la palabra el diputado Salvador Escobedo Zoletto hace la presentación del cuerpo de asesoría de la Comisión Especial e inicia la presentación del Plan de Trabajo Preliminar de la Comisión Especial vertiendo distintos planteamientos y encomiendas que deberá realizar la misma.
En el mismo marco de la presentación, comenta que la integración de la comisión es plural o incorpora diputados de todas los grupos parlamentarios representados en la H. Cámara de Diputados.
El diputado secretario, Miguel Bortolini Castillo señala los posibles mecanismos y tareas contempladas en el Plan de Trabajo Preliminar para que la Comisión Especial del Sur-Sureste cumpla con sus objetivos; hace hincapié en que la Comisión contará con ediciones, publicaciones y página Web al tiempo que hace una presentación de gráficas de distintos indicadores económicos en el Sur-Sureste de México.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo Zoletto señala que se habían recogido propuestas de algunos diputados para incorporarlas al Plan de Trabajo Preliminar y que las que se estaban presentando, eran parte de una presentación ejecutiva, en virtud de que el proyecto preliminar ya se le había enviado a todos y cada uno de los diputados.
En su oportunidad el diputado Roberto Fuentes señala que sí se habla de una Subcomisión del PEF, entonces la Comisión Especial debe fijar objetivos micros y macros. Por otra parte señala que la Comisión debe ir de la mano del Plan Puebla-Panamá y que además se debe trabajar con los tres ordenes de gobierno.
El diputado Presidente de la Comisión señala que ya se invitó al titular del Plan Puebla Panamá, y hace hincapié en que los trabajos de la Comisión Especial no solo deben adherirse a éste, sino que hay programas dentro de las secretarías del Ejecutivo Federal que la Comisión deberá de coadyuvar y valorar.
Por su parte el diputado Héctor Sánchez López enfatiza que el Plan Puebla Panamá debe ser adaptado al desarrollo de la región del sureste y que la prioridad de la Comisión es que el desarrollo económico acompañe el desarrollo social.
El diputado Buenfil Montalvo hace un llamado al orden, solicita al Pleno de la Comisión ceñirse al orden del día y que posteriormente se viertan comentarios; acto seguido cede el uso de la voz a la diputada María de las Nieves García Fernández quien menciona que la comisión debe elaborar una base de datos en distintos rubros económicos para que a partir de esa premisa emane un Plan de Trabajo.
En uso de la voz el diputado Abel Trejo González reitera que la Comisión no debe estar supeditada al Plan Puebla Panamá y tampoco al Poder Ejecutivo; Así mismo comenta que existe un desarrollo asimétrico en el país, y sugiere se elabore un análisis estadístico comparativo en distintos rubros de la región del sur-sureste con el centro y norte a partir del censo del año 1980.
Por su parte el diputado Pablo Arnaud Carreño señala que se debe tomar en cuenta la Ley Indígena, citar al titular del Instituto Nacional Indigenista y buscar información de micro regiones.
En su intervención el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz, comenta que hasta que no haya un Plan de Trabajo no se pueden conformar las subcomisiones, además sugiere se dispense del orden del día la integración de subcomisiones, en virtud de que habría que valorar la posibilidad de conformar dos subcomisiones más.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo Zoletto, enfatiza que solo se están presentando las posibles subcomisiones y que no son las definitivas. Por otra parte señala que la Comisión deberá elaborar un estudio estadístico que sirva de base a los trabajos de ésta.
Por su parte la diputada María Teresa Tapia Bahena vierte distintos comentarios acerca del papel relevante que jugara la Comisión Especial en el desarrollo del país, y manifiesta que la comisión deberá mantener contacto permanente con las dependencias del Ejecutivo Federal que tengan injerencia en el desarrollo del sur-sureste.
El diputado Carlos Raymundo Toledo señala la importancia del llamado "Programa Marcha hacia el Sureste" implementado por la Secretaría de Economía, y sugiere se fije una fecha para aprobar el Plan de Trabajo.
Toma la palabra el diputado Edilberto Buenfil Montalvo y enfatiza que el Plan de Trabajo Preliminar se ha entregado previamente a los integrantes de la Comisión para recibir aportaciones, que se está contra el tiempo y que las reuniones por lo tanto deben ser muy ejecutivas.
Por otra parte señala que se tiene agendada la reunión con el titular del Plan Puebla Panamá, se somete a consideración del Pleno de la Comisión la citada reunión, y se aprueba por unanimidad. Finalmente exhorta a los diputados presentes envíen a la brevedad sus propuestas al plan de trabajo.
En uso de la palabra, el diputado Jesús Alí de la Torre, aborda el punto del orden del día, relacionado con la asistencia de los diputados y vierte distintos comentarios a propósito de incorporarse responsablemente a los trabajos de la comisión.
Por su parte el diputado Feliciano Calzada, señala que se deberá estar pendiente en noviembre y diciembre, cuando se esté revisando el presupuesto del próximo año a propósito de apoyar el Plan Puebla Panamá.
En uso de la palabra la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, señala que previamente envío propuestas al Plan de Trabajo Preliminar y manifiesta que la comisión deberá dar especial atención al desarrollo sustentable, así como el de realizar foros y consultas en la materia.
El diputado Federico Granja Ricalde comenta que se deben revisar los proyectos del sexenio anterior, y revisar los proyectos de desarrollo de comunicaciones, así como estrategias de desarrollo agropecuario. Enfatiza que las reuniones deben ser ejecutivas y que por encima de partidos políticos se debe apoyar al sureste de México.
En uso de la voz el diputado Neftalí Jiménez Olán, manifiesta que la comisión esta relacionada con otras comisiones y que es importante ver el aspecto productivo social, manifiesta que es importante también analizar el problema agropecuario y ganadero de la nación.
Considera importante se tome en cuenta el tema del cacao.
El diputado Edilberto Buenfil consulta al pleno de la comisión, si existe otra inquietud que manifestar en lo relativo a asuntos generales; no existiendo cede la palabra al diputado Presidente.
El diputado Salvador Escobedo Zolletto presenta al pleno de la comisión proyectos en materia de desarrollo del sureste, tales como el programa que realizó el licenciado Arturo Núñez, el que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la propuesta de desarrollo del Estado de Guerrero, la del Senador Carlos Rojas, la del Grupo Pulsar, la de Santiago Levi y la del Banco Mundial, y manifiesta incorporar el Plan Puebla Panamá.
Enfatiza que se debe hacer un análisis de los proyectos antes señalados, y que a partir de ese análisis se tenga un proyecto propio de la Comisión.
El diputado Abel Trejo González pide se agregue un proyecto que tiene del Gobierno del estado de Oaxaca y que comprende varios estados del sur. Hace hincapié en que se deberá de poner mayor interés en proyectos de infraestructura productiva.
El diputado Salvador Escobedo sugiere a cada diputado tenga una entrevista con su Gobernador y le solicite su propio Plan de Desarrollo.
Por su parte el diputado Raymundo Toledo señala que el Partido Acción Nacional tiene otro proyecto de desarrollo integral para el sur-sureste.
El diputado Miguel Bortolini señala que es importante darle un estricto seguimiento a los fondos del Plan Puebla Panamá, y como, y a dónde van esos recursos. Pide que por conducto de la Mesa Directiva, se solicite formalmente a los Gobernadores de los estados del sur del país su propio Plan de Desarrollo.
El Presidente de la comisión cede la voz a la diputada Leonila Herrera, quien en uso de la palabra señala, se elabore un comparativo y a partir de ahí se haga una síntesis.
En uso de la voz el diputado Salvador Escobedo, agradece la asistencia a los diputados presentes en la reunión, recuerda la reunión con Florencio Salazar para el día 16 de octubre, y clausura la sesión siendo las dieciséis horas con quince minutos.
Diputados: Salvador Escobedo Zoletto, Presidente;
Edilberto Buenfil Montalvo, secretario; Jesús Alí de la Torre,
secretario; Manuel Winstano Orozco Garza, secretario; David Augusto Sotelo
Rosas, secretario; Abel Trejo González; Roberto Fuentes Domínguez;
Adolfo Zamora Cruz; Federico Granja Ricalde; Neftalí Jiménez
Olan; Héctor Nemesio Esquilano Solís; Victoria Ruth Sonia
López; Alba Leonila Méndez Herrera; Ma. Teresa Tapia Bahena;
Luis Miguel Santibáñez García; Carlos Raymundo Toledo;
José Gaudencio V. León Castañeda; Orestes Eugenio
Pérez Cruz; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbricas).
DE LA COMISION ESPECIAL DEL SUR SURESTE, RELATORIA DE LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL PLAN PUEBLA PANAMA LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME, REALIZADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2001
Relatoria de la comparecencia del coordinador general del Plan Puebla Panamá Lic. Florencio Salazar Adame, ante la Comisión Especial del Sur-Sureste de la H. Cámara de Diputados, el martes 16 de octubre de 2001.
Relatoría
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:40 horas del día martes 16 de octubre del 2001, acuden a la sesión ordinaria de trabajo en el salón D Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con la Presidencia del diputado Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste, con el siguiente presidium: Diputados: Dr. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, PAN, Presidente; Manuel Wistano Orozco Garza, PAN, Secretario; Miguel Bortolini Castillo, PRD, Secretario; así como otros 18 diputados miembros de la Comisión.
Llevando a cabo el orden del día el diputado Salvador Escobedo Zoletto dedica unas palabras de bienvenida a cada uno de los integrantes de la Comisión.
Terminada su intervención se le cedió la palabra al Lic. Florencio Salazar Adame, el cual, expuso los antecedentes, principales características y proyectos incluidos dentro del plan, así como las ocho propuestas que comprenden: desarrollo sustentable, humano, prevención y mitigación de desastres, turismo, telecomunicaciones, intercambio comercial, integración vial e interconexión energética. Menciona el origen de los recursos y su destino.
Enfatiza sobre la infraestructura vial, describiendo diversos proyectos carreteros, los lazos de interconexión energética, así como tiempos aproximados de ejecución. Mencionó brevemente acciones en materia de desarrollo social, en los rubros de educación, salud, pueblos indígenas y medio ambiente, y que estas acciones se integrarán con 15 proyectos más que consolidarán las metas en materia de desarrollo social.
Establece que se requiere un presupuesto de $17,000 millones de pesos y que este proyecto dependerá directamente de la Presidencia de la República. Se aclara que hasta el momento no se han invertido recursos públicos para la difusión de este plan, no obstante, ha sido evidente el interés de la comunidad internacional, por lo que se planean la presentación de éste ante organismos internacionales.
Terminada la presentación del Lic. Florencio Salazar Adame, el diputado Manuel Wistano Orozco Garza procedió a coordinar las rondas de preguntas y respuestas.
Primera ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Celestino Bailón de la fracción parlamentaria del PRI del estado de Guerrero. Sugiere que en el presupuesto de egresos 2002, se otorgue un paquete de recursos especiales en el que se privilegie la educación, salud, infraestructura carretera, y pregunta: ¿En cuánto tiempo se verán los resultados?, ¿Cuál es el nivel de planeación que se necesita para igualar el nivel de vida entre el norte y sur de la República?.
R: El Lic. Salazar responde: Si bien es cierto que la Región Sur-Sureste ha recibido los subsidios más bajos en relación al resto del país, la idea es corregir esta(s) asimetría(s). Para el PPP se recibieron propuestas de empresarios, se revisaron los documentos existentes, antecedentes de programas como "Balsas", "Tabasco", "Oaxaca", se revisaron propuestas de Santiago Levy, de Carlos Rojas, del Equipo de Transición del Lic. Vicente Fox, se hizo una consulta intersecretarial, y fue así como se logró el documento base.
Con respecto al tiempo en que habrán de verse resultados, se espera que en un lapso no mayor de cinco años se cuente con la estructura física necesaria, lo que daría un notable desarrollo social.
Para poder evaluar el avance se ha establecido un cronograma anualizado. Asimismo, se le dará seguimiento a los indicadores tanto del INEGI como del Conapo.
P: Del Dip. Héctor Sánchez López de la fracción parlamentaria del PRD del estado de Oaxaca. Comenta que existe mucha desinformación con respecto al PPP lo que provoca reacciones de rechazo hacia el mismo. Comenta que con respecto al desarrollo social en las propuestas no se mencionan cifras concretas, por lo que solicita información de montos de inversión y proyectos específicos; sugiere que el PPP contemple generar una cultura empresarial en el que se integre a los habitantes indígenas no como mano de obra sino como empresarios. Sugiere crear un marco jurídico paralelo que salvaguarde los recursos y derechos para conseguir un desarrollo integral y establecer reuniones de trabajo en las que participen tanto autoridades como población en general.
R: De considerar solo la inversión en infraestructura, se provocaría saqueo de la región, el PPP busca fomentar la participación integral indígena. Deben ser socios o recibir una compensación económica, en relación, a los programas de financiamiento. Se tienen techos de presupuesto en la estructura física por la misma naturaleza de estos proyectos, y en cuanto a los proyectos sociales, ya se tienen montos destinados, con respecto a la difusión que se le ha dado al PPP. Reconocemos que la radio no es un medio suficiente para que la población conozca el Plan, esto es solo la primera etapa, en las subsecuentes se busca una consulta activa y participación ciudadana.
En lo referente a los derechos de los trabajadores se dará toda la información puntual una vez ocurrida la reunión con la organización internacional del trabajo.
P: El Dip. Orestes Eugenio Pérez Cruz de la fracción parlamentaria del PAN del estado de Veracruz, menciona el deterioro de las carreteras existentes y en especial las del Sureste, ¿Cómo se aprovecharían los trazos de las carreteras actuales o sí ello implica la construcción de nuevas carreteras? ¿Cómo empatar los proyectos carreteros de lo otros estados?
R: Se reconoce el deterioro existente en la red carretera en la región, por lo cual se tiene localizados 2,200 kilómetros de carreteras nuevas o modernizables para la actual administración. Asimismo, se tiene conectividad con el proyecto "Gran Visión" con lo que se busca conectar la zona del sur con nuestro principal socio comercial.
Segunda ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Ma. Teresa Tapia Bahena de la fracción parlamentaria del PAN por el estado de Guerrero, ¿Existe coordinación con otras secretarías para lograr el desarrollo humano y la eficiencia en los recursos, así como evitar la duplicidad de funciones?
R: El acuerdo que se tuvo con el Presidente faculta a esta comisión para consultar a todas las dependencias, de manera intersecretarial así como a los asesores y jefes de la unidad con respecto a los proyectos que le den sentido al desarrollo regional.
P: Dip. Miguel Bortolini Castillo de la fracción parlamentaria del PRD por el Distrito Federal, ¿Dado el contexto internacional actual, es aún viable el Plan? Se solicita que se establezcan mecanismos de consulta, de transparencia para los recursos a invertir, y qué pasos habrán de darse en bioprospección y medidas para evitar la biopiratería así como que los ríos y las presas no se lesionen.
R: Se ha analizado en qué medida, fenómenos adversos afectan al PPP, no se tienen considerados recursos ajenos, sólo fiscales y crediticios, por lo que la inversión está dentro del presupuesto ejercido. Se va a generar la transparencia de recursos a través de las normas adecuadas y a través de las secretarías en cuestión, Secodam, el propio Congreso y en relación a la contaminación se busca a través del Plan reducir la misma, ya que los proyectos están hechos en conjunto con la Semarnat. Cabe destacar que se debe ver al PPP como una oportunidad que no ha tenido la región.
P: Dip. Alberto Amador Leal de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Puebla, menciona que la viabilidad del proyecto está en darle su verdadera dimensión, esto es darle una estrategia de desarrollo compartido, menciona que este proyecto tiene dos dimensiones: una, la externa en la cual intervienen intereses políticos, seguridad de la frontera, el comercio, el fortalecimiento de organismos, los acuerdos internacionales y los riesgos bilaterales, por lo que lo considera parte de la política exterior, por lo que debe ser analizado por el Senado, y dos, en cuanto a su dimensión interna considera que debemos resaltar las diferencias existentes entre el norte y sur de la República, el que la estructura burocrática no dé al traste con el Plan y que el Plan se circunscriba a las cuestiones estratégicas, las que considera son energía, aguas internacionales, tratamiento fiscal, educación, así como incentivos que le den forma a un programa multinacional.
R: En un sentido de justicia, se deben aplicar los recursos a quienes lo requieren, con esto buscamos lograr la paz en la región. Por otra parte, no se desea intervenir en la vida interna de los otros países, sino sólo contribuir en el desarrollo de la región. México no invertirá recursos en Centroamérica ni les dirá lo que deben hacer, cada país puede modificar su participación o si así lo quiere salirse del proyecto. Al ser un proyecto para la región de Mesoamérica se pueden obtener tasas preferenciales ante los organismos internacionales, sin que México sea responsable del crédito a los otros países, con lo cual México promueve la adquisición de recursos, pero no los otorga ni se hace responsables de estos. Dentro de los acuerdos bilaterales existentes (aproximadamente 800), entra el PPP; por lo tanto, no requiere la aprobación del Senado para sus acciones.
En cuanto a los recursos fiscales se buscará la
deducibilidad inmediata para la inversión en las zonas marginadas,
teniendo como antecedente el actual proyecto del Centro Histórico
de la Ciudad de México. Se tienen ya establecidas las facultades
y misión del Plan corno un programa presidencial que forma parte
del Gabinete Ampliado.
Tercera ronda de preguntas y respuestas
P: Dip. Adela Graniel Campos de la fracción parlamentaria del PRD por el estado de Tabasco, menciona que el presupuesto de $17,000 millones de pesos, es similar al otorgado en el rubro de salud, por lo cual, solicita las metas establecidas, la relación costo beneficio, el nombre de los responsables por dependencia, la participación de Centro América y cuestiona el papel de la banca privada y de la banca de desarrollo.
R: La información se le hará llegar.
P: Dip. Adolfo Zamora Cruz de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Chiapas, pregunta si el verdadero objetivo del PPP es correr la frontera del Suchiate a Puebla para evitar la migración de los centroamericanos y cómo se amarrará el Gobierno y la iniciativa privada, porque cada uno está esperando la inversión del otro.
R: Lo que se busca es crear oportunidades a través de un desarrollo regional, lo malo sería que se buscara crear una frontera policiaca represiva, se busca mejorar la relación con los migrantes centroamericanos.
Cuando los centroamericanos piensan que puedan existir segundas intenciones en este proyecto le respondemos que tomen en cuenta los tamaños de las economías entre México y Centroamérica y quién es el verdadero beneficiado en base al número de empresas y la balanza comercial, que considere que las grandes empresas mexicanas ya se encuentran en sus países y que con este proyecto lo que se permitirá es que Centroamérica se integre a la economía de América del Norte.
P: Dip. José María Guillen Torres de la fracción parlamentaria del PRI por el estado de Veracruz, comenta sobre la importancia de que las comunidades indígenas participen como socios del PPP y pide profundizar en relación a las Universidades Comunitarias.
R: Las Universidades Comunitarias tendrán un enfoque en las necesidades locales, aprovechando los nichos de mercado y oportunidades regionales con carreras como el turismo ecológico y la medicina herbolaria.
La reunión se dio por solicitud de los integrantes y quedó concluida a las 18:50 horas del día 16 de octubre del 2001.
Diputados: Salvador Escobedo Zoletto, Presidente;
Edilberto Buenfil Montalvo, secretario; Jesús Alí de la Torre,
secretario; Manuel Winstano Orozco Garza, secretario; David Augusto Sotelo
Rosas, secretario; Abel Trejo González; Roberto Fuentes Domínguez;
Adolfo
Zamora Cruz; Federico Granja Ricalde; Neftalí Jiménez Olan;
Héctor Nemesio Esquilano Solís; Victoria Ruth Sonia López;
Alba Leonila Méndez Herrera; Ma. Teresa Tapia Bahena; Luis Miguel
Santibáñez García; Carlos Raymundo Toledo; José
Gaudencio V. León Castañeda; Orestes Eugenio Pérez
Cruz; María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbricas).
Conjuntamente con el Gobierno del estado de Hidalgo, al Foro Diagnostico de Educación Pública (Zona Centro)
Objetivo
Diagnosticar las distintas problemáticas que existen en materia educativa en el país y conocer las propuestas que los actores educativos de cada región manifiesten, con el fin de instrumentar las acciones que desde el Poder Legislativo deban realizarse.
Temas
Contenidos en la educación pública.
Situación y necesidades de los servicios educativos
en las entidades.
La seguridad social de los trabajadores de la educación.
Diagnóstico de la Educación Media Superior
y Superior.
Los nuevos métodos y tecnologías en la
educación contemporánea.
Entidades Convocadas
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit,
Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato,
Querétaro, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala
y Distrito Federal.
Participantes
Autoridades federales, legisladores federales, secretarios
de educación estatales, legisladores estatales, trabajadores de
la educación y sus representantes sindicales, instituciones educativas
y público interesado en la educación.
Sede
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH);
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Cedicsoh
XXI. Km. 4 de la Carretera Pachuca-Actopan
Fechas
15 y 16 de noviembre de 2001.
Clausura: viernes 16, 18:00 horas.
Atentamente
Dip. Enrique Meléndez Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo con el Dr. Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que se efectuará el jueves 15 de noviembre de 2001, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Asistencia y declaración de quórum.
Situación actual de los grupos aeroportuarios.
Atentamente
Dip. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 15 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores, edificio H, primer nivel.
Atentamente
José Antonio Hernández Fraguas
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Presupuesto, que se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales, y a la cual asistirá el Lic. Víctor Saenz Pérez, director general del Planeación de la Secretaría de Economía.
Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo, con el objeto de iniciar los trabajos en materia de la reforma política del Distrito Federal, que se efectuará el jueves 15 de noviembre a las 12:30, en los salones 3 y 4, ubicados en la planta baja del edificio B.
Atentamente
Dip. Salvador Rocha Díaz
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Dip. Jorge Alberto Lara Rivera
Presidente de la Comisión del Distrito Federal
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A la reunión de trabajo que, con motivo del 45 aniversario de la expedición del Granma, se llevará a cabo con una delegación de jóvenes cubanos el miércoles 21 de noviembre, a las 12 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión plenaria, el miércoles 21 de noviembre, a las 15:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior.
4. Comparecencia de la Ing. Xóchitl Gálvez
Ruiz, coordinadora de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indios
de la Presidencia de la República, y del antropólogo Marcos
Matías Alonso, director general del Instituto Nacional Indigenista,
con el fin de presentar las propuestas de trabajo para la atención
de los pueblos indígenas en el Proyecto del Presupuesto de Egresos
del 2002.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 22 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Félix Castellanos Hernández
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
El Congreso de la Unión tiene la tarea de elaborar y actualizar permanentemente la legislación y es a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados que enfrenta la tarea de analizar y estudiar la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), presentada a esta soberanía por el Ejecutivo federal, y en ejercicio de esta facultad, se convoca a todos los interesados, sectores público, privado, organizaciones sindicales, empresariales, académicos, barras, colegios de abogados, contadores públicos y administradoras de fondos para el retiro, a los Foros de Consulta para la Reforma Integral de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), que se llevarán a cabo el jueves 22 y viernes 23 de noviembre, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Objetivo
Conocer y recoger las propuestas y opciones de todos los actores y grupos que puedan aportar a una reforma que garantice la adecuada regulación y operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que brinden la viabilidad del sistema, espíritu original del legislador a la promulgación de dicha ley.
Temas
1. Situación actual y retos inmediatos del Sistema
de Ahorro para el Retiro. Viabilidad financiera.
2. Nexo patrimonial: los límites a la inversión
como instrumento de protección de ahorro para el retiro.
3. Recursos del SAR como posibles fuentes de financiamiento.
4. Ahorro voluntario.
5. Administración de los recursos por parte de
las Siefores. Régimen de inversión. Comisiones.
Bases
De las ponencias: Podrán presentarse una o más ponencias por tema, por persona o grupo, las que se recibirán a partir de la publicación de la convocatoria y hasta 3 días antes de la realización de los foros. Deberán presentarse por escrito, por triplicado con una extensión máxima de 10 cuartillas, y un resumen de hasta 3 cuartillas. Los ponentes anexarán una síntesis curricular de hasta una cuartilla.
De los participantes: Podrán participar de manera individual o colectiva, los convocados que tengan interés en exponer sus propuestas, y que serán inscritos conforme hagan llegar sus ponencias ante la mesa receptora para su exposición en el propio foro.
Las ponencias podrán presentarse en forma directa, por correo electrónico comtyps@cddhcu.gob.mx o ser enviadas por correo certificado, con acuse de recibo, a dicha Comisión, ubicada en el edificio F, nivel 4, del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Av. Congreso de la Unión Núm. 66, Col. El Parque, delegación Venusiano Carranza, CP 15969, en México, DF, teléfono 5628 1300 (conmutador), extensiones 6504 y 6515, y fax 6514.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Mesa Directiva de Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A los trabajadores afiliados y sus beneficiarios, funcionarios y personal del ISSSTE, pensionados y jubilados, académicos e investigadores al foro nacional La Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. ISSSTE: Salud Vivienda y Pensiones, que se realizará el 23 de noviembre.
Tercera etapa
23 de noviembre del año 2001, México Distrito Federal.
Programa
Reunión Plenaria
1. Intervención del C. Dip Cuauhtémoc Montero
Esquivel, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara
de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
2. Intervención del C. Dip Ernesto Saro Boardman,
secretario de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura
del H. Congreso de la Unión.
3. Intervencion del C. Dip Samuel Aguilar Solís,
secretario de la Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura
del H. Congreso de la Unión.
4. Intervención y declaratoria de inauguración
por la C. Dip. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados.
5. Conferencias magistrales: El régimen de Seguridad
Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, una visión integral.
5.1 Lic. Ernesto Moreno Cueto, subdirector de Prestaciones
Económicas, Culturales y Sociales del ISSSTE.
5.2 Profr. Mauricio Castañeda Ramos, secretario
de Prevención y Asistencia del Organo Superior de Gobierno de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
(FSTSE).
5.3 Profr. Rafael Ochoa Guzmán, secretario general
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
5.4 Lic. José Luis Acosta Herrera, secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.
Mesa de Trabajo 1
1. Conferencia Magistral: La Protección de la
salud en el sistema de seguridad nacional.
Dr. Ignacio Madrazo Navarro, ex director del Hospital
de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI del IMSS.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de Trabajo 2
1. Conferencia magistral: El Derecho Constitucional de
los trabajadores a la vivienda.
Maestra Georgina Sandoval. Universidad Autónoma
Metropolitana, Azcapotzalco.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Mesa de Trabajo 3
1. Conferencia Magistral: Los sistemas de pensiones hoy,
¿Las tendencias del cambio, soluciones a futuro?
Act. Alejandro Hazas Hernández, director del Seminario
de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Dr. Alejandro Bonilla, Organización Internacional
del Trabajo, Ginebra, Suiza.
2. Espacio para preguntas y respuestas.
3. Presentación de ponencias.
4. Espacio para preguntas y respuestas.
Reunión plenaria
1. Declaración de clausura a cargo del C. Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.
2. Entrega de constancias de participación.
Junta Directiva de la Comisión de Seguridad
Social, diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente;
Samuel Aguilar Solís, secretario; Francisco López González,
secretario; Ernesto Saro Boardman, secretario; José María
Rivera Cabello, secretario.
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión con la Asociación Nacional de Directores Generales de Cecyts, el martes 27 de noviembre, a las 17 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, el miércoles 28 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión de la Comisión celebrada el día 24 de
octubre.
4. Recepción y análisis de iniciativas
pendientes de trámite.
5. Comunicación del Consejo Nacional de Alianza
Democrática de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, zona oriente.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A los secretarios técnicos, secretarios particulares y asistentes de los CC. diputados, al Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, que se está llevando a cabo los días miércoles de las 9:30 a las 12 horas.
Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente