I. Presentación
El producto de una amplia y rica consulta, está contenido en este documento, donde todas las voces y expresiones de la comunidad pesquera y acuícola nacional se encuentran insertas.
Resulta invaluable el esfuerzo conjunto de los agentes involucrados en el quehacer cotidiano de esta rama productiva para revaluar su sector e incorporarlo al ritmo de los nuevos tiempos políticos y económicos del país, encauzándolo hacia la modernidad y el desarrollo.
En este empeño, resalta el arduo trabajo realizado por mis compañeros, diputados integrantes de la Comisión de Pesca, quienes en un respetuoso ambiente de pluralidad y corresponsabilidad como legisladores, trabajaron durante toda la consulta, en todos los foros, en forma consistente y comprometida. Tengo la certeza de que su labor será reconocida por los pescadores y acuacultores de México.
Este trabajo no hubiese sido posible sin el compromiso que en cada estado establecieron los gobernadores, quienes se sumaron a este esfuerzo legislativo, que habrá de reflejarse en el trabajo permanente en apoyo del sector en sus entidades. Para ellos, manifestamos de manera especial nuestra gratitud y respeto el cual hacemos extensivo a funcionarios federales, estatales y municipales, senadores, diputados federales, locales, así como a los alcaldes de las entidades sedes de los Foros de Consulta, al igual que a todas las personas que hicieron posible cumplir nuestro cometido.
Vigoriza nuestro ánimo la participación y actitud abierta, voluntaria, libre y entusiasta, de cada uno de los actores pesqueros y acuícolas de México, participantes en este ejercicio democrático.
México, nuestro país, nos demanda atención, respeto y trabajo para poder escalar el arduo camino hacia el progreso; quienes contamos con la alta responsabilidad de aportar nuestro esfuerzo y decisión, estamos comprometidos a convocar a la concordia, a la unidad nacional, hagámoslo con el firme propósito de vibrar por nuestros representados y de pugnar por la equidad social que justamente nos merecemos todos los mexicanos.
Dip. Guillermo Díaz Gea
Presidente
Lic. Miguel Alemán Velazco
Gobernador del Estado de Veracruz
Boca del Río, Veracruz
19 enero, 2001
Esta consulta expresa el espíritu republicano y la vocación plural, democrática y participativa que distinguen a la Honorable Cámara de Diputados.
Mi gobierno comparte el interés de esta comisión, para escuchar, recoger y analizar las propuestas ciudadanas, que permitan actualizar la Ley de Pesca y promover la modernización institucional de este sector
Esta dedicación hace posible que Veracruz ocupe el cuarto lugar nacional en producción pesquera y el primero en acuacultura.
"Aprovechar los recursos con criterios de rentabilidad, viabilidad y sustentabilidad".
Por eso entendemos la importancia de actualizar la Ley
de Pesca, así como la Ley General de Sociedades Cooperativas y la
Ley Federal de Metrología y Normalización, para que la pesca
cuente con un sistema más moderno de ordenamiento y reglamentación.
Lic. René Juárez Cisneros
Gobernador del Estado de Guerrero
Acapulco, Guerrero
21 enero, 2001
"El sector pesquero en el país ha sido menospreciado porque no cuenta con una infraestructura administrativa del más alto nivel".
"Que se busque el mecanismo en el Gobierno Federal para que se apoye a la actividad pesquera en los Estados".
"Es necesario crear fondos estatales que tengan respaldo Federal; los estados, por sí solos, no pueden enfrentar con éxito y eficacia asuntos que tienen un rezago histórico acumulado y una gran complejidad, necesitamos sumar esfuerzos".
"Convertir las propuestas que surjan en los foros, en
programas que se integren en el presupuesto de egresos de la Federación,
para que cuenten con recursos financieros".
Lic. Enrique Priego Oropeza
Gobernador del Estado de Tabasco
Villahermosa, Tabasco
26 enero, 2001
"Es preciso consolidar la pesca con mejores esquemas de producción y comercialización, con más asesoría técnica, insumos e infraestructura, para convertirla en una actividad altamente rentable, capaz de cubrir la demanda nacional y extenderse a nuevos mercados".
"La pesca no debe quedarse a la zaga; no debe ser una actividad complementaria; debe ocupar un lugar privilegiado en nuestra economía".
"El aprovechamiento de los recursos pesqueros debe ser racional y sustentable para mantener el equilibrio en la producción y el medio ambiente, pero más importante, es que la pesca sea una fuente segura de bienestar y progreso para la familia de los pescadores".
"En la pesca encontramos un importante activo para contribuir
al progreso de nuestros Estados, de nuestras regiones y acercarnos cada
vez más a la visión colectiva de prosperar y consolidar nuestro
crecimiento económico y social para beneficio de todos los mexicanos".
C.P. Antonio Echevarría Domínguez
Gobernador del Estado de Nayarit
San Blas, Nayarit
23 febrero, 2001
"Nayarit es un estado rico, muy rico en pesca, con pescadores que les ha faltado apoyo; pescadores que les ha faltado aliento, con pescadores a quienes les han faltado apoyos decididos del Gobierno Federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal".
"Los pescadores necesitan respuestas inmediatas, los pescadores nayaritas, como todos los pescadores de toda la República, necesitan que les devolvamos la confianza".
"Lo que se invierta en pesca, es un buen negocio para
el Gobierno Federal".
Fernando Moreno Peña
Gobernador del Estado de Colima
Manzanillo, Colima
24 febrero, 2001
"El foro pesquero, es el espacio de diálogo para
destacar las alternativas y propuestas que mejoren la actividad, más
que las quejas; así, los legisladores podrán contribuir a
revitalizar la pesca en el país".
Lic. Juan S. Millán Lizárraga
Gobernador del Estado de Sinaloa
Topolobampo, Sinaloa
2 marzo, 2001
"Es urgente actualizar los instrumentos jurídicos y administrativos que regulan la explotación y procesamiento de nuestros recursos marinos".
"Necesitamos una ley que verdaderamente estimule y fomente el desarrollo de la pesca".
"La pesca es una actividad económica de gran contenido social, pero también de enorme potencial productivo que debemos aprovechar de la mejor manera posible".
"El sector productivo se encuentra estancado y las políticas sectoriales no han logrado promover sus diversos potenciales".
"La centralización de facultades y decisiones, nos resta margen de acción a las autoridades estatales y municipales".
"No se trata de volver al pasado, lo que necesitamos es
construir un mejor futuro".
Lic. Alejandro González Alcocer
Gobernador del Estado de Baja California
San Felipe, Baja California
24 marzo, 2001
"El marco legal de la pesca debe estar acorde a las necesidades de los estados y municipios".
"La concentración en la toma de decisiones y en la realización de los trámites para llevar al cabo la actividad, ocasionan, las más de las veces, desánimo en la inversión, pérdidas económicas y desesperación en los empresarios pesqueros, y oportunidades en los mercados internacionales".
"La regulación pesquera debe compartir obligaciones y atribuciones que permitan una pesca más ágil, más competitiva, más fuerte y más responsable".
"El gobierno debe ser facilitador y promotor de la actividad".
II. Introducción
Una parte medular de las actividades emprendidas por la Comisión de Pesca de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, ha sido la relativa a la programación y celebración de los Foros de Consulta.
En este contexto, la Consulta del Sector Pesquero 2001, permitió reunir a la más amplia representación de los agentes que intervienen en la actividad en toda la esfera nacional.
Los 24 Foros realizados fueron los espacios de diálogo plural para que los líderes, dirigentes, representantes, miembros de las organizaciones del sector social y privado de la pesca; científicos, técnicos, administradores de los centros educativos de investigación, directivos, así como miembros de organismos no gubernamentales y civiles; autoridades federales, estatales, municipales; legisladores federales y de los Congresos de los estados, en conjunto, se dieran cita para participar mediante comentarios y propuestas orientadas al mejoramiento organizativo-administrativo de las estructuras y para modernizar la pesca nacional.
Todo este esfuerzo, los diputados de la Comisión de Pesca, lo integran y presentan en el informe Consulta Nacional del Sector Pesquero enero-abril 2001, con el propósito de servir de testimonio a las tareas y recomendaciones para invitar al análisis, la reflexión y acciones.
El documento consta de nueve capítulos: Introducción; Marco Normativo de la Pesca; Panorama Pesquero 1982-1999; La Pesca en el Escenario Mundial; La Programación y Objetivos de la Consulta; Los Resultados, Acciones Inmediatas: y las Propuestas. El documento incluye tablas y gráficas que fortalecen el comportamiento de la actividad.
Por último, se considera que dadas las características
de los foros, el diagnóstico y las propuestas puedan contribuir
a satisfacer el llamado del Titular del Ejecutivo, en el orden de conjugar
esfuerzos para conformar el apartado sectorial de la pesca y la acuacultura
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
III. Marco Normativo
La pesca se practica en México desde la época prehispánica. Sobre ello existen múltiples evidencias a lo largo y extenso del territorio nacional. Los productos de la pesca jugaron un papel importante como promotores de asentamientos, principalmente en las regiones noroeste del Pacífico y del sureste de los litorales nacionales. De igual manera, hay evidencias sobre la existencia de grupos que vivieron de la captura, consumo y comercialización de la fauna acuática en los principales vasos del estado de Michoacán, del Valle de México y la península de Yucatán.
Tuvieron que transcurrir muchos años para que la pesca recibiera un fuerte apoyo e impulso por parte del Gobierno Federal. Entre acciones se puede hacer mención de la primera Ley de Pesca de 1925. En ella se definieron los mecanismos para proteger a los pescadores; posteriormente, con la Ley de Pesca 1932, expedida por el presidente Pascual Ortiz Rubio, se orientó a la pesca en general, las autorizaciones y el control.
La Ley de Pesca en Aguas Territoriales de 1938, incluyó el regular jurídicamente la pesca nacional y su desarrollo, depositó énfasis en la pesca comercial, industrial y la deportiva. La Ley de Pesca de 1947 sustituyó a las dos anteriores e incorporó más actividades vinculantes a la pesca como la conservación, transporte, industria y conservación, así como los sistemas de trabajo en cooperativas.
La Ley de Pesca 1950, dio seguridad a los pescadores organizados y a sus comunidades mediante el otorgamiento de la exclusividad de explotación de ocho especies: camarón, ostión, abulón, langosta, totoaba, cabrilla, almeja y tortuga; asimismo, esa disposición legal, definió los tres sectores económicos que podrían participar en la pesca: cooperativo, público y privado.
En los años siguientes, el gobierno dirigió sus esfuerzos a fortalecer la planta industrial pesquera, diversificar, ampliar las capturas, fortalecer la investigación y crear la educación e instrucción pesquera.
Con la Ley del Fomento de la Pesca, en 1972, se impulsó la explotación de los recursos marinos al regular la actividad de forma integral; disposiciones específicas para la captura; el procesamiento; la protección y conservación de la flora y fauna acuática; la investigación de los recursos y el cultivo de especies.
En realidad las transformaciones más profundas en el sector pesquero se empiezan a alcanzar, toda vez que, fue instrumentada una política pesquera para ordenar a los sectores productivos y a la industria pesquera nacional.
Por otra parte en la década de los setentas, con el movimiento de varias naciones organizadas para extender su jurisdicción sobre los mares y sus recursos, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1958-1982), se decretó la Zona Económica Exclusiva en los países ribereños del mundo.
En este renglón, nuestro país jugó un papel protagónico que, entre otros, con la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 27 Constitucional, relativo a la Zona Económica Exclusiva, Diario Oficial de la Federación (DOF), del trece de febrero de 1976, lo condujo a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reglamentaron los derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos existentes en el lecho, subsuelo del mar y aguas suprayacentes.
Con la expedición de la Ley Federal de Pesca (DOF 26-dic-86); se conservaron los privilegios para organizar el trabajo pesquero; de igual manera, se mantuvo la reserva de especies para el sector social cooperativo; para realizar cualquier actividad de acuacultura, se estableció que se requería concesión, con relación a los permisos para la captura, se definió que éstos eran intransferibles; en la pesca deportiva se definieron las especies reservadas a esta actividad y una franja a lo largo del litoral mexicano de 50 millas náuticas para la captura de especies deportivas exclusivas para este sector.
La actividad pesquera está regulada por la Ley de Pesca que es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto garantizar la conservación, preservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros así como establecer las bases para su adecuado fomento y administración.
La Ley de Pesca, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de junio de 1992, consta de treinta artículos y tres transitorios; está estructurada en cinco capítulos, que comprenden; las Disposiciones Generales; las Concesiones, Permisos, Autorizaciones, Investigación, Capacitación, Inspección, Infracciones, Sanciones y el Recurso Administrativo.
En la formulación de la Ley de Pesca, se consideró que, en México, no podía experimentarse un desarrollo sostenido de la pesca y la acuacultura sin un soporte legal apropiado; que los avances logrados en la materia, tanto en la esfera nacional como internacional, necesariamente correspondían a mantener el espíritu de pescar y proteger los recursos, que era necesario profundizar las investigaciones para fincar sobre bases técnicas el mejor y más equilibrado aprovechamiento; asimismo era apremiante dotar de asistencia, capacitación y seguridad a los agentes de la pesca; en suma, con el nuevo marco, se propiciaría participar más activamente en el ejercicio de los derechos de soberanía de nuestro país sobre los mares mexicanos y sus recursos.
En este instrumento se definen una mayor apertura para el desarrollo de la pesca y acuacultura en México. En este sentido, se eliminó la reserva y exclusividad de la explotación de las especies reservadas al sector cooperativo; se estableció que las concesiones y permisos pueden ser transferibles; se delegó al Ejecutivo la determinación para la captura de especies deportivas; se definió otorgar mayores estímulos para la acuacultura, dando seguridad hasta por 50 años mediante concesiones.
La Ley de Pesca, sólo ha sufrido una modificación en su artículo 13, al incluir un segundo párrafo relativo a la pesca deportiva-recreativa, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2000.
El Reglamento de la Ley de Pesca, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de julio de 1992, no sufrió modificación alguna hasta que se registraron inconsistencias en sus aplicaciones prácticas.
El Nuevo Reglamento de la Ley de Pesca, (DOF 29 de septiembre de 1999), incorporó más elementos regulatorios para precisar actividades.
El nuevo instrumento, está conformado en 161 artículos y cinco transitorios; organizados en seis títulos sobre las Disposiciones Generales, Pesca en General, la Acuacultura; Extinción de Concesiones, Permisos y Autorizaciones; la Inspección, Sanciones e Infracciones; y los Medios de Impugnación; seis secciones y 21 capítulos.
El instrumento precisa criterios para el uso racional de los recursos pesqueros, define requisitos, tiempos de respuesta para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y reglamenta en forma precisa la obtención de concesiones, permisos y autorizaciones para la acuacultura; también da transparencia al limitar la discrecionalidad en los procedimientos de concesiones, permisos y autorizaciones.
Complementariamente, la actividad pesquera para su regulación y administración, se basa en otros instrumentos como la Carta Nacional Pesquera, por acuerdo del titular del ramo, (DOF, 27 de agosto de 2000), contiene la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal; la que a su vez sirve de base para la toma de decisiones en la administración.
El Ordenamiento Pesquero, que es el conjunto de políticas, estrategias y acciones para administrar los recursos pesqueros y acuícolas, tiene por objetivo alcanzar el aprovechamiento sustentable a largo plazo, preservando la biodiversidad de sus hábitats, los ecosistemas marinos, acuáticos costeros y continentales; de manera tal que sea posible desarrollar una pesca responsable con beneficio socioeconomico.
El ordenamiento pesquero apegado a principios de sustentabilidad, pesca responsable, ha permitido dimensionar y controlar el esfuerzo pesquero; regularizar la situación jurídica de las organizaciones de productores; identificarlos con sus embarcaciones y equipos de pesca; establecer instrumentos de administrativos pesqueros; otorgar concesiones, permisos y autorizaciones; regular métodos, técnicas y tácticas operativas pesqueras; instituir medidas de preservación y conservación; e inducir el cumplimiento de la normatividad, así como propiciar los espacios para evaluar, elaborar, actualizar y modificar la misma.
La Administración Federal descansa en los Comités Estatales de Pesca y Recursos Marinos para coordinar, así como promover la participación de todos los agentes de la pesca, los representantes de los tres órdenes de gobierno en la gestión, planeación y administración de la actividad.
A este nivel, las acciones del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Pesca Responsable, para la identificación,
formulación de las propuestas Normas Oficiales Mexicanas, aplicables
a la pesca y la acuacultura, han permitido que el sector cuente con diferentes
normas para la administración de pesquerías, entre ellas
la de Sanidad Acuícola, Regulación, Fomento Sanitario y en
coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, las relativas
a la Protección al Ambiente; Información Comercial y Prácticas
de Comercio, entre otras.
IV. Panorama de la Pesca en México
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1994), México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares.
El Mar Territorial, que es el espacio marino adyacente a las costas del país, con una anchura máxima de doce millas náuticas (22.2 kilómetros), sobre el que se ejerce a plenitud su soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo del mar, así como el espacio aéreo suprayacente; cuya superficie es de 209 mil kilómetros cuadrados (sin incluir el mar territorial insular).
La Zona Económica Exclusiva, es la franja situada fuera del mar territorial y adyacente, con una anchura máxima de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea base del mar territorial. El Estado ejerce derechos soberanos para los fines de exploración, explotación económica de la zona y sus recursos; asimismo posee jurisdicción con respecto a la investigación científica marina así como la preservación del medio marino.
El área de la Zona Económica Exclusiva de
México, es del orden de 2 millones 717 mil 252 kilómetros
cuadrados, que aunado a la superficie del mar territorial, comprende un
total de 2 millones 926 mil 252 kilómetros cuadrados (Fig. 1).
La Plataforma Continental, reside en 389 mil kilómetros cuadrados, las zonas estuarinas cubren una superficie de 1 millón 600 mil hectáreas; las lagunas costeras, alcanzan un área de 12 mil kilómetros cuadrados en un total de 29 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores; el país cuenta con 314 cuencas hidrológicas distribuidas en todo el territorio nacional, adicionalmente, varios miles de kilómetros de cauces y escurrimientos conformando ríos y arroyos.
El Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe, ejercen importante influencia en las condiciones climáticas distribución y abundancia de la biodiversidad marina.
En los mares mexicanos, se distinguen tres grandes regiones: la del Océano Pacífico Norte, Golfo de California, con aguas frías caracterizadas por abundancia de especies migratorias de gran biomasa; la del Océano Pacífico Mexicano Sur, de aguas profundas, cálidas; la zona del Golfo de México y Mar Caribe, con amplias plataformas continentales, de aguas cálidas y abundantes arrecifes de coral, dotadas de especies asociadas a los ecosistemas de arrecife y plataforma, con un gran número de especies y pocos individuos.
En términos generales, según el Instituto Nacional de la Pesca, en el país se presentan cerca de 320 especies de interés que soportan el desarrollo pesquero y acuícola del país.
Según información de la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Pesca (Semarnap), contenida
en los Anuarios Estadísticos de Pesca, la producción pesquera
nacional, en el periodo 1982-1999, promedió 1 millón
343 mil toneladas de diferentes productos (Fig. 2).
El volumen máximo histórico de la producción fue de 1 millón 570 mil 586 toneladas, en 1997. El menor registro de la producción fue de 1 millón 75 mil 547 toneladas, en 1983.
En el último año, el valor de la producción se estimó en 11 mil 166 millones 722 mil pesos; cifras que consideran solamente los precios de venta de playa o de primera mano. El camarón y el atún, juntos, representan casi el 54% del valor de toda la producción pesquera nacional.
Las pesquerías y la acuacultura de las entidades
del Océano Pacífico mexicano, contribuyeron con 966 mil 800
toneladas, equivalente al 71.98% de la producción nacional; las
del Golfo de México y Mar Caribe, con 337 mil 300 toneladas (25.11%);
y las de los Estados sin litoral con 38 mil 100 toneladas (2.84 %) (Fig.
3).
Cuatro Estados de la parte noroccidental del territorio de México (Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur), durante 1999, contribuyeron con el 62% de la producción pesquera nacional.
En términos de volumen las pesquerías de sardina-anchoveta, atún, camarón, mojarra, participan con el 50% de la producción pesquera nacional, ya que durante 1999 aportaron 647 mil 074 toneladas.
La acuacultura, que en todo el periodo analizado, ha venido año con año experimentando un crecimiento sostenido, durante 1999, contribuyó con 166 mil 337 toneladas, equivalente al 13% de la producción nacional.
En ese mismo año, las pesquerías acuaculturales aportaron el 10%, mientras que la acuacultura en sistemas controlados, el 3%.
El cultivo de camarón siguió ocupando el primer sitio con un registro de cosecha del orden de las 29 mil 120 toneladas, que representó aproximadamente el 75% de toda la producción acuícola de los sistemas controlados y el 30% de la producción total nacional de este recurso (pesca y acuacultura). En orden de importancia por su participación le siguieron la trucha, ostión y mojarra.
De otra cuenta, en las pesquerías acuaculturales, las capturas-cosechas de ostión y mojarra siguen siendo las más importantes; ya que las transferencias de biotecnologías, realizadas al sector productivo años atrás, han permitido niveles de producción superiores a las 100 mil toneladas en varios años sostenidamente (Tabla 1).
El Gobierno Federal, en apoyo al fomento y desarrollo de la acuacultura rural, contó con 39 centros acuícolas, especializados en la producción de crías de carpa, tilapia y trucha, principalmente.
Los centros acuícolas están distribuidos
estratégicamente en el territorio nacional. En las entidades del
litoral del Océano Pacífico, se encuentran 17 de ellos; en
las entidades del Golfo de México y Mar Caribe, siete; mientras
que las entidades sin litoral cuentan con 15 centros.
En conjunto, en 1999, los centros acuícolas alcanzaron una producción del orden de 163 millones 953 mil crías. El 54% correspondió a la producción de mojarra tilapia; el 17% a carpa y el 2% a trucha; el resto, impulsaron la producción de langostino y otras especies aptas para el consumo humano directo.
Según el Anuario Estadístico de Pesca, en 1999, el país contó con 347 granjas para la producción comercial de camarón, consistentes en 26 mil 291 hectáreas de superficie cultivable. El 97% de ellas se encuentran ubicadas en los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit. En las entidades del Golfo de México y Mar Caribe, se encuentran distribuidas 510 de ellas, principalmente en los estados de Tamaulipas y Campeche.
La población registrada dedicada a la actividad
pesquera, en el periodo analizado, se incrementó en 1.2 veces. Esto
es, pasó de un registro de 117 mil 106 personas a 259 mil 752, en
1999. El 55% encuentra ocupación en las actividades de las entidades
del litoral del Océano Pacífico mexicano; el 39% en las del
litoral del Golfo de México y Mar Caribe y el 6% en los Estados
interiores del país (Fig. 4).
En 1999, se reportó que en México estaban registradas 2 mil 896 cooperativas que se dedicaban a diferentes actividades de la pesca, distribuidas de la siguiente manera (Fig. 5):
1. Capturas: Altamar:
478
Ribera:
1,624
Ribera y altamar: 127
Aguas dulces: 400
Acuícolas:
174
2. Servicios: Turísticos:
21
Pesca deportiva: 58
3. Industriales: Industriales:
14
En la actualidad, además de las Sociedades Cooperativas
de Producción, se presentan siete formas de organización
para la producción; y cubren diferentes modalidades, éstas
son: Uniones de Pescadores; Uniones de Producción Pesquera y Acuícola;
Grupos Solidarios; Sociedades de Solidaridad Social; Unidades Económicas
Especializadas; Secciones Especializadas del Sector Productivo y Sociedad
de Producción Acuícola o Rural. Además, en la actividad
inciden los permisionarios que cuentan con diversos medios y recursos humanos
para realizar las operaciones de pesca (Fig. 6).
Las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, cuentan con 121 mil 662 pescadores, organizados en 2 mil 896 cooperativas en todo el país. Las otras formas agrupan a 68 mil 353 personas conformadas en 2 mil 759 organizaciones.
La organización y la capacitación de los pescadores, es el compromiso social-político asumido por el Estado mexicano, históricamente, en beneficio de los productores ante la constante necesidad de superar la debilidad técnica, organizativa, administrativa, económica y política que se ha venido enfrentando.
La actualización, mediante la capacitación en todos los terrenos de la actividad pesquera, se ha convertido en una necesidad permanente. La transferencia de conocimientos, técnicas y experiencias, a los agentes de la pesca, permiten elevar el profesionalismo del sector para convertirlos en el motor de avance, transformación y cambio permanente.
La vinculación del sector educativo con la investigación en el país, ha arrojado significativas aportaciones, la Subsecretaría de Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, dispone de la Unidad de Ciencia y Tecnología del Mar cuenta con una oferta consistente en 32 planteles con cinco carreras genéricas y 18 opciones de especialización a nivel medio superior; además, dispone de seis planteles con nueve carreras genéricas y 19 opciones de especialización y cinco posgrados.
El registro nacional de embarcaciones, de la Subsecretaría
de Pesca, refleja que en el periodo de los últimos 18 años,
las unidades de pesca se incrementaron 1.4 veces. En 1999, se contó
con 105 mil 795 embarcaciones. El 97% fueron embarcaciones menores
y el 3% correspondió a la flota mayor (Fig. 7).
A este nivel, producto del programa de matriculación, regularización y registro de las embarcaciones pesqueras promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 1997, las unidades de pesca menores aumentaron en 28 mil 812 unidades.
El 55% de las embarcaciones menores operaron en los litorales del Océano Pacífico; el 42% en el Golfo de México y Mar Caribe; mientras que el resto, en las aguas de los Estados sin litoral.
La flota mayor, en la actualidad está constituida
por 2,988 unidades. La flota camaronera representa el 66%, seguida de la
escamera con 28%; la atunera con el 4%; mientras que la sardinera anchovetera
el 2%. En el último año, en el Océano Pacífico
operaron 1,616 embarcaciones, equivalente al 54%; y en el Golfo de México
y Mar Caribe, el 46% (Fig. 8).
En el Océano Pacífico operaron 1,313 embarcaciones camaroneras; y en el Golfo de México y Mar Caribe, 690 unidades.
La flota escamera, básicamente se concentra en el Golfo de México y Mar Caribe, con un registro de 690 unidades que representan el 82% y en el Pacífico mexicano solamente el 18% de las embarcaciones.
El 79% de la flota atunera está registrada y opera
en el Océano Pacífico; el Golfo de México cuenta con
23 unidades solamente (Fig. 9).
En términos generales, el 50% de la flota mayor cuenta con más de 20 años de antigüedad, por lo que presentan altos costos en su reparación y mantenimiento, lo que repercute en las utilidades.
La flota pesquera nacional, para realizar sus operaciones de maniobras de avituallamiento y descarga de productos pesqueros, las llevan al cabo en los 61 puertos pesqueros con que cuenta el país. En el litoral del Pacífico mexicano se localizan 26 puertos; mientras que el litoral del Golfo de México y Mar Caribe, cuentan con 35 puertos, el resto se ubican en Estados interiores.
Los puertos pesqueros o los espacios asignados en los
puertos para las maniobras de pesca, cuentan con una longitud de atraque
de 30 mil 692 metros, con todos los servicios. El 57% de los espacios portuarios
se encuentran en el litoral del Golfo de México y el resto en el
cordón litoral del Océano Pacífico (Fig. 10)
Los cuerpos lagunares costeros de México, se caracterizan por su alta productividad biológica y pesquera, así como por su fragilidad por las intervenciones directas e indirectas de la actividad humana.
Los asentamientos humanos, el desarrollo industrial, agrícola, ganadero, urbano, turístico, la deforestación y pesca sin control, son sólo algunos de los factores que influyen de diferente manera e intensidad, en la alteración del equilibrio ecológico de los cuerpos costeros lagunares.
En la actualidad, muchos de los ecosistemas lagunarios costeros del país, se encuentran en diferentes grados de degradación, con un consecuente cambio en la calidad del agua. Ello a su vez, ha venido repercutiendo en el cambio de la distribución y abundancia de la biodiversidad y la productividad pesquera.
Por otro lado, el acarreo de sedimentos, producto de la erosión y pérdida de suelos en las laderas deforestadas, ha propiciado taponamientos en los canales y conexiones con el mar, impidiendo el intercambio de masas de agua y la migración de diferentes especies biológicas que requieren de los espacios de las lagunas costeras para la alimentación, reproducción, anidamiento, crecimiento y refugio.
La rehabilitación lagunar, mediante la construcción de obras de estabilización entre las lagunas y el mar, así como las obras de dragados en canales interiores y boca-barras, adquirieron particular importancia, ya que contribuyeron a restablecer las condiciones ecológicas de los esteros y las lagunas costeras y a ampliar los espacios para la productividad biológica a la producción pesquera.
Ello, evidentemente, aportó beneficios directos para muchas comunidades pesqueras a lo largo del cordón litoral del país.
Durante los últimos seis años se realizaron obras de rehabilitación lagunar, de diferente naturaleza, para recuperar 67 mil 060 hectáreas, equivalentes al 10% de las necesidades actuales.
La planta industrial procesadora de productos pesqueros, en el periodo 1982-1999, transformó en promedio 691 mil 343 toneladas de diferentes productos de la pesca; se obtuvieron 286 mil toneladas de productos en varias presentaciones. El rendimiento fue del orden del 41% aproximadamente (Fig. 11).
En el periodo se observa que, el máximo volumen
de procesamiento se alcanzó durante 1982, puesto que ingresaron
a planta 895 mil toneladas; mientras que los mejores rendimientos se alcanzaron
en 1997 (Fig. 12).
En términos generales, se registra que en la integración de la cadena productiva, los rendimientos obtenidos entre la producción pesquera nacional y el volumen de los productos pesqueros industrializados fue del orden del 20%.
Actualmente, la planta industrial está integrada por 400 plantas, ubicadas en los principales puertos pesqueros del país y se cuenta con una capacidad instalada para transformar 657.57 toneladas por hora.
En 1999 ingresaron a la planta industrial para su transformación 671 mil 083 toneladas de productos y se obtuvieron 341 mil 004 toneladas; esto es, se obtuvo un rendimiento del orden del 51%.
La planta industrial se caracteriza por la circunstancia de que básicamente opera los procesos de congelado, enlatado, ahumado y la reducción para la obtención de harina de pescado.
En 1999, por el volumen de productos procesados
en orden de importancia, la industria reductora fue la más importante,
como en años anteriores. La industria harinera transformó
253 mil 162 toneladas, para obtener un volumen terminado de 55 mil 002
toneladas equivalentes al 22%. La industria de congelados continuó
siendo el proceso más importante de productos para el consumo humano
ya que transformaron 223 mil 734 toneladas, equivalentes al 33.3% de toda
la materia prima procesada en el ámbito nacional; en orden de importancia
siguieron los enlatados, donde la planta procesó 187 mil 903 toneladas
para obtener un producto final del orden de 112 mil 875 toneladas (Fig.
13).
México, es un país superavitario en cuanto al comercio exterior de productos pesqueros. Tanto en términos de volumen y valor de los productos pesqueros, sostenidamente en los últimos 10 años, el balance ha sido favorable a nuestro país.
En el periodo 1990-1999, el valor de las exportaciones
acumulado alcanzó los 5 mil 797 millones 592 mil dólares;
mientras que el valor de las importaciones de los productos pesqueros
fue del orden de 1 mil 079 millones 286 mil dólares. En consecuencia,
el saldo favorable acumulado alcanzó los 4 mil 718 millones
306 mil dólares (Fig. 14).
En el año de 1996, se alcanzaron los mejores resultados en la balanza comercial de los productos pesqueros; se exportaron 798 millones 073 mil dólares americanos y se importaron 104 millones 133 mil dólares americanos, lo que arrojó un saldo favorable a nuestro país en 693 millones 940 mil dólares.
En 1999, en términos de volumen, el camarón, los atunes y las algas representaron el 56%; sin embargo, en cuanto al valor de las exportaciones, el camarón significó el 66%.
El comportamiento del consumo nacional aparente, en México, durante los últimos 10 años ha mostrado una tendencia a la baja; el consumo promedio por habitante ha fluctuado entre 15.7 kilogramos y 10.6 kilogramos.
En el consumo nacional el aparente promedio por habitante, se considera el consumo directo e indirecto. El primero, corresponde a la oferta nacional de productos pesqueros para el consumo humano; y en el segundo, la oferta nacional destinada a la elaboración de harinas y aceites para el consumo animal. En ambos casos, se considera el resultado de las exportaciones y las importaciones de productos pesqueros (Fig. 15).
Figura 15. Consumo Percápita de productos pesqueros, 1990-1999
Básicamente, el 76.9% de la producción pesquera
y acuícola nacional se destinó para el consumo humano directo;
el 20.5% para la producción de harinas y el 2.5% se destinó
para uso industrial (Fig.16).
La política pesquera internacional de México se ha encaminado en los últimos años al desarrollo de un orden pesquero mundial que cumpla con los criterios de sustentabilidad; asimismo, para atender los programas y acciones relativos a las necesidades de alimentación, empleo, ingresos y comercialización entre los países.
México ha desempeñado un papel importante en el ámbito internacional como promotor e impulsor del desarrollo de la actividad pesquera bajo criterios de aprovechamiento racional. La concreción de esto, quedó reflejada en 1992, al aceptarse plenamente la propuesta de nuestro país relativa a la formulación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. El código se ha constituido en el principal instrumento en el ámbito nacional e internacional para orientar el ejercicio de la pesca bajo principios de aprovechamiento óptimo y del desarrollo sustentable.
Por otro lado, México se ha pronunciado en favor de acciones tales como la creación y aplicación de mecanismos multilaterales para la protección de especies marinas; al rechazo a la aplicación de sanciones comerciales; a la supresión de barreras arancelarias y no arancelarias; al comercio pesquero en favor de una práctica responsable de la pesca como en el caso del atún mexicano.
Entre las estrategias que México ha implementado para llevar al cabo una política pesquera internacional a nivel multilateral y bilateral, se encuentra la de fortalecer su presencia en foros y organismos pesqueros internacionales para fijar nuestros intereses en la política pesquera, especialmente en materia ambiental y desarrollo sustentable.
En este orden se destacan:
Especial mención merece la cooperación que nuestro país ha desarrollado con Estados Unidos, a través de los Programas Mexus-Pacífico y Mexus-Golfo, se han realizado acciones orientadas a promover la protección y conservación de especies que han requerido de medidas especiales como la ballena, vaquita, totoaba y las tortugas marinas.
Asimismo, con esta nación se han llevado a cabo actividades conjuntas de investigación para el aprovechamiento sustentable de recursos como pequeños pelágicos, tiburones, picudos y de escama fina, así como en el desarrollo tecnológico de artes y equipos de pesca selectivos; la instrumentación de sistemas de control y aseguramiento de la calidad sanitaria de los productos, entre otros.
Con Cuba resaltan los trabajos conjuntos en materia de investigación y medidas de conservación de tortugas marinas; evaluación sobre la pesquería de la cherna, y aprovechamiento y cultivo de especies dulce-acuícolas para consumo masivo, entre otros.
En función del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (DOF; 08 julio,1996), las funciones de Investigación Pesquera Nacional y la Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros, en la anterior Administración Federal, se realizaron a partir de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional de la Pesca y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El Instituto Nacional de la Pesca, órgano responsable y coordinador nacional de la investigación y desarrollo tecnológico de la pesca; goza de una larga tradición desde su fundación hace más de 38 años, ha generado gran cantidad de información para orientar las políticas de desarrollo pesquero y acuícola en el país.
En la actualidad, cuenta con cerca de 700 investigadores, técnicos y administradores, distribuidos en 14 Centros Regionales de Investigación; dos Estaciones; 16 Campos Tortugueros; el Centro Mexicano de la Tortuga; siete Laboratorios; cinco Plantas Piloto y ocho Barcos de Investigación, de igual manera distribuidos en casi todas las entidades con litoral en el país.
En el último ejercicio presupuestal se realizaron 119 proyectos de investigación; 57 se orientaron a la evaluación y manejo de los recursos y sus ambientes; 21 en materia de acuacultura; 19 para el desarrollo sustentable y 22 en investigación y desarrollo tecnológico pesquero.
Entre los proyectos más importantes se destacan: La Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, Evaluación y Manejo; y la Carta Nacional Pesquera, la última, publicada en el (DOF 17 agosto 2000). Ambos instrumentos contienen la información científica y técnica para la regulación y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas en el país.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es el órgano encargado de conducir la estimulación y vigilancia de la legislación ambiental. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de cinco leyes derivadas de la Constitución, ocho reglamentos y cerca de 100 Normas Oficiales Mexicanas.
Adicionalmente, verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en una enorme cantidad de concesiones, licencias, autorizaciones y permisos. La única materia que no abarca es la relativa a las descargas y fuentes de contaminación en el agua.
La Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros, que realiza la Profepa, está orientada a verificar el cumplimiento la de Ley de Pesca, su Reglamento y otras disposiciones reglamentarias de la actividad.
En términos generales, la inspección se realiza a través de visitas en campo y en establecimientos operativos y con vigilancia sistemática. En función del programa, las acciones inciden en la retención y aseguramiento de productos pesqueros, vehículos, embarcaciones, equipos, artes de pesca y aplicación de sanciones.
Los resultados alcanzados por la Profepa en materia de
recursos pesqueros en los últimos cinco años, han crecido
significativamente, sin lograr contener las irregularidades.
V. La Pesca en el Escenario Mundial
La superficie acuática cubre un área equivalente al 71% de la superficie total de la Tierra. En ella, según el informe del Estado Mundial de la Pesca y Acuacultura, preparado en 1997 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante 1995 se alcanzó una producción total del orden de 112.3 millones de toneladas de productos de la pesca. La acuacultura contribuyó con 21.3 millones de toneladas.
Las cifras anteriores reflejan que la producción pesquera y acuícola mundial ha venido en aumento, aunque las perspectivas para el desarrollo de la pesca marina, no son del todo alentadoras; el potencial de producción en la mayoría de los mares empieza a alcanzar su límite permisible. Por lo que respecta a la acuacultura, ésta todavía ofrece muchas posibilidades para su diversificación y desarrollo prácticamente en todo el mundo.
En síntesis, en el informe de la FAO se señala que:
La FAO, para los propósitos estadísticos pesqueros, cuenta con 16 regiones. México, se ubica en las áreas 31 y 77 correspondientes al Atlántico Centro Occidental y al Pacífico Centro Occidental, respectivamente.
Ambas regiones cubren una superficie de 72 millones 148 mil kilómetros cuadrados; representan casi el 20% de la superficie mundial acuática; la producción pesquera, en 1994, en ambas áreas alcanzó un registro de 3 millones 591 mil toneladas, equivalente al 3.27% de la producción pesquera mundial.
En 1999, se registró una producción de 1.286,107 toneladas. La acuacultura en todas sus modalidades contribuyó con el 12.9%; el valor de la producción se estimó que asciende a 11,166.7 millones de pesos.
VI. Objetivos de la Consulta Nacional
La Cámara de Diputados, en la sesión plenaria celebrada el 29 de septiembre de 2000, aprobó la creación e integración de la Comisión de Pesca; con ello, se estableció el compromiso de trabajar para el análisis y evaluación del comportamiento del Sector Pesquero y para observar los efectos de la autorización y aplicación de recursos presupuestales programados en el ramo.
Posteriormente, con la promulgación del Decreto Presidencial, (DOF, 30 noviembre, 2000), por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y de la Ley de Pesca; en el artículo 26 instruyó la creación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En el mismo mandato, en el Inciso XXI del artículo 35 se instruyó para fomentar la actividad pesquera en el Ejecutivo, y ésta se lleve al cabo a partir de una entidad pública, asignándole siete atribuciones básicas.
En adición, mediante el acuerdo por el que se incorporan las Subdelegaciones de Pesca a la estructura orgánica y administrativa de las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instruido por el titular del ramo y publicado en el (DOF; 31 diciembre 2000), se asignaron y precisaron más funciones para impulsar el fomento de la pesca y la acuacultura.
En razón de la aplicación de la normatividad anterior, la Comisión de Pesca de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el inciso g) del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resolvió programar la Consulta Nacional del Sector Pesquero 2001.
Para ello, convocó a todas las organizaciones sociales y privadas de pescadores, industriales y comerciantes; investigadores, técnicos, científicos; instituciones de educación e investigación; autoridades pesqueras federales, estatales y municipales; congresos estatales; personas en lo individual y público en general, a participar en cualquiera de los foros regionales programados con el propósito de expresar opiniones y propuestas para enriquecer las fuentes de información y documentación sobre:
VII. Resultados
En el periodo comprendido del 19 de marzo al 22 de abril de 2001, se llevaron al cabo un total de 24 Foros Regionales de Consulta del Sector Pesquero, en los puertos y ciudades de mayor actividad e interés pesquero del país.
Se realizaron en 16 estados con litoral en el Océano Pacífico mexicano y del Golfo de México y Mar Caribe: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el Foro de Michoacán, se contó con la participación de funcionarios estatales y federales de Durango, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Morelos.
La convocatoria de Consulta del Sector Pesquero alcanzó a despertar tal interés que, en los actos inaugurales y de instalación de los foros, se contó con la presencia de los gobernadores de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Tabasco y Campeche.
En ocho entidades, las de Sonora, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, los gobernadores estuvieron representados por los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico quienes intervinieron en los actos de inauguración.
Los foros se realizaron en San Felipe y Ensenada, Baja California; La Paz y Bahía Asunción, Baja California Sur; Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora; Ahome, Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; San Blas, Nayarit; Morelia, Michoacán; Salina Cruz, Oaxaca; Tonalá y Puerto Madero, Chiapas; Tampico, Tamaulipas; Boca del Río, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche, Puerto Progreso, Yucatán; y a ellos asistieron los presidentes municipales de su respectiva ciudad.
En todos los foros los diputados de la Comisión de Pesca fueron apoyados y acompañados por el Subsecretario de Pesca, el Director General de Acuacultura; de Infraestructura Pesquera, de Organización y Capacitación Pesquera y del presidente del Instituto Nacional de la Pesca; todos del Gobierno Federal; asimismo, por los secretarios y los directores de Pesca en los estados y los presidentes municipales o sus representantes.
Los foros se caracterizaron por la asistencia de líderes, dirigentes y representantes del sector social y privado; educativo y de investigación; autoridades federales, estatales y municipales; así como legisladores de los congresos de los estados y senadores de la República , pertenecientes a las comisiones de Ecología, Medio Ambiente y Pesca; Turismo, etc.
En toda la consulta, se alcanzó una asistencia de ocho mil 615 personas; se presentaron 1,104 ponencias, acompañadas de 3 mil 264 propuestas, las que fueron recogidas en 36 mesas de trabajo y 101 horas efectivas de audiencia.
Adicionalmente, en el marco de la consulta, se instrumentaron dos reuniones de trabajo, en la Cámara de Diputados; la primera de ellas, sobre la reforma de la Hacienda Pública Federal y la pesca, el día 19 de abril de 2000; y la segunda reunión, sobre la Consulta Nacional del Sector Pesquero, con funcionarios estatales, representantes de la pesca, el día 25 de abril de 2001.
La cantidad, calidad, diversidad y el profesionalismo de las intervenciones y propuestas que se presentaron en los foros durante las reuniones de trabajo ulterior aunadas a las propuestas escritas entregadas a los diputados, obligaron a realizar una clasificación y sistematización de todas ellas, para sectorizarlas en función de la temática señalada en la Convocatoria Nacional del Sector y sus Objetivos.
En consecuencia, en el presente informe, su contenido
se integró en tres grandes grupos y sus desagregados temáticos.
Independientemente del esfuerzo de síntesis, la Comisión
de Pesca, a través de su página web, ofrecerá
todas las intervenciones presentadas por escrito durante y después
de los foros, en arreglo a cada uno de ellos.
VII.I. Creación del nuevo organismo
En todos los foros se planteó de manera insistente, la conveniencia de crear un organismo dotado de la suficiente autonomía, facultades, infraestructura humana y física para crear, adecuar, modificar y aplicar los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la política pesquera nacional.
En la mayoría de los casos, el planteamiento fue en el sentido de crear una Secretaría de Pesca, a efecto de que su titular tenga interlocución directa con el Ejecutivo Federal y atienda con independencia y exclusividad, los asuntos referentes al sector pesquero.
Se propuso también que la nueva dependencia tenga un carácter permanente, en virtud de que la inestabilidad a la que han estado sometidos distintos organismos rectores de la pesca, ha impedido la continuidad de las acciones del sector y han generado desconfianza e incertidumbre.
Se reiteró, asimismo, que a la nueva entidad se deberá confiar facultades suficientes para construir un marco normativo moderno y de competitividad para el desarrollo pesquero y acuícola regional sustentable, que proteja el medio ambiente, impulse el desarrollo social y económico de las fuerzas productivas; promueva la inversión financiera y dé lugar a una mejor distribución de la riqueza pesquera entre los sectores privado y social.
En suma, los participantes en los foros, señalaron que el organismo rector de la pesca, debe estar facultado para realizar un manejo integral de la actividad, desde la investigación y desarrollo tecnológico, hasta el consumo y la exportación de productos pesqueros y, además, deberá atender los instrumentos de política pesquera internacional e integrar las funciones de inspección y vigilancia.
A su vez, crear un órgano colegiado al interior de la misma, en donde se presenten los programas operativos anuales, proyectos y presupuestos de investigación para su aprobación, modificación y evaluación, en función a las necesidades de los sectores productivos pesqueros y acuícolas a nivel nacional y regional.
Algunos participantes apuntaron que la nueva entidad debe ser normativa, en tanto que los planes y programas habrán de partir desde el municipio y el estado junto con los productores. Para ello, se planteó modificar la Ley de Pesca y su reglamento, con la finalidad de que se defina la concurrencia y competencia de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada.
En este sentido se sugirió que el nuevo organismo deberá desarrollar una política de fomento pesquero que considere un desarrollo sustentable, considerando los factores sociales, económicos y ecológicos en su dimensión productiva.
En otros casos, se formuló que la nueva entidad retome sus funciones de promoción, apoyo y fomento, a la vez que descentralice algunas funciones hacia los estados, tales como la expedición de permisos de pesca. En este mismo tenor se propuso crear en los ayuntamientos la figura de comisionado o director de pesca municipal con las respectivas reformas a que dé lugar.
Se demandó dotar de facultades al nuevo organismo, para regular la creación de nuevas cooperativas y regularizar las ya existentes; se autorizado a mejorar los programas de organización y capacitación del sector pesquero.
Con el fin de mantener una estrecha comunicación con las autoridades del sector, los asistentes a los foros propusieron formar una Comisión Mixta de Cooperativistas y Permisionarios para mantener contacto con la Comisión de Pesca, que atienda directamente los asuntos referentes al sector pesquero.
Se opinó que para definir las políticas sectoriales se observen con mayor objetividad las demandas y necesidades de fortalecimiento de la actividad, bajo los principios de una pesca responsable y sustentable, la información es fundamental y al alcance de todos los que intervienen en la actividad.
Enfatizan que la información debe ser real y oportuna, por lo que se deben crear las áreas para diseñar nuevos esquemas de información e informática.
De tal suerte, que la información estadística que genere el sector público federal en materia de pesca, también agregue indicadores de carácter productivo, socioeconómico y valore la participación real de la pesca en la generación del Producto Interno Bruto. A su vez, sirva como instrumento de evaluación, seguimiento de los objetivos, programas, resultados y metas del sector.
En el caso de aguas interiores se planteó el hecho de que la normatividad y reglamentación pesquera corresponde al ámbito federal, genera problemas de oportunidad en la expedición y autorización de permisos, lo que ha ocasionado un deficiente aprovechamiento y conservación de los recursos; por ello, la descentralización de la administración e inspección y vigilancia debe darse en ese caso, se sugirió integrar una comisión para la administración de los recursos con la participación de los agentes y autoridades.
Para promover el desarrollo sustentable de la actividad acuícola, se dijo se debe establecer un marco jurídico que permita aplicar efectivamente los instrumentos de planeación y regulación, como son el ordenamiento ecológico y acuícola; profundizar en la aplicación de los instrumentos de apoyo crediticio y de fomento.
Respecto a la inspección y vigilancia, los participantes en los foros en su mayoría, plantearon que las funciones actualmente correspondientes a la Profepa, se integren nuevamente a las Subdelegaciones de Pesca, para que se vincule la parte normativa y la ejecutora, y así evitar el exceso de burocracia.
La resectorización puede agravar aún más sus problemas, si las actividades de inspección y vigilancia no las realiza personal con experiencia del área de pesca.
VII.II. Reformas a la Ley de Pesca y su Reglamento
En los foros, se presentaron diversas ponencias relativas al orden legal, que rebasan el ámbito de la ley y su reglamento. Las propuestas abarcan desde modificaciones a la Constitución, hasta adecuaciones al régimen tributario de la pesca.
Se dijo que el principal estímulo para el desarrollo de la pesca es el estricto cumplimiento de la ley por parte de quienes la practican y por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento.
Se propuso modificar el artículo 27 de la Constitución, con la finalidad de que los estados tengan una mayor participación en la administración y control de los recursos pesqueros; reformar el artículo 115, con el objeto de otorgar facultades a los estados y municipios.
En tanto a las especies y espacios reservadas a la pesca deportiva, se captaron propuestas en dos sentidos: planteamientos encaminados a mantener la normatividad como se encuentra en la ley actualmente. En contraposición, solicitaron modificarla para que las especies ahora reservadas a la pesca deportiva, puedan ser aprovechadas comercialmente, o en su defecto, que se reduzca la franja de exclusividad de este tipo de pesca a 30 millas náuticas
Se argumentó, en el primer caso, que la pesca deportiva origina una gran derrama económica en áreas turísticas del país; en el segundo, que las poblaciones existentes con especies de pesca deportiva son suficientes para desarrollar pesquerías comerciales, no es correcta la exclusividad de recursos a grupos privilegiados.
Se propuso derogar o modificar el artículo que se refiere a la pesca de consumo doméstico, pues, se expresó, es injusto eximir de todo permiso o autorización a quien la practica. Esto ha provocado anarquía y propicia la depredación de los recursos pesqueros, para lo cual, se debe contar con permisos y beneficiarlos con los programas de gobierno.
Con el objeto de regular la comercialización de los productos pesqueros, se recomendó retomar la "Guía de Pesca" como instrumento de control; sugirieron que los derechos que se generen por la expedición de este documento, sean canalizados a los municipios.
Se planteó también reformar la Ley de Pesca para que contemple la obligatoriedad de celebrar contratos, entre armadores y sociedades cooperativas de producción pesquera. En caso de que se trate de un pescador en lo individual, que el contrato esté reglamentado por la Ley Federal del Trabajo.
Se mencionó la necesidad de revisar el reglamento de la Ley de Pesca, con la participación activa de los productores para que se convierta en un verdadero instrumento de fomento y promoción del desarrollo sustentable.
Se insistió en modificar el reglamento de la Ley de Pesca en relación con los avisos de arribo, a fin de que se permita el uso de puertos alternos para la descarga, se modifique el plazo de entrega de 72 horas, para apoyar los desembarques, que se encuentren alejados de las oficinas de pesca.
Se solicitó llevar a cabo un programa de difusión del marco regulatorio de la actividad, ya que la Ley de Pesca y su reglamento son poco conocidos por los pescadores y organizaciones dedicadas a la pesca.
Se propuso que en la Ley de Pesca se establezca el límite, desembarco y registro de las capturas incidentales de especies reservadas a la pesca deportiva-recreativa.
Complementariamente, se propuso determinar en el artículo 32° del reglamento de la Ley de Pesca, las especies de importancia comercial que pueden señalarse como pesca incidental en cada permiso por pesquería.
Adicionar al artículo 24 de la Ley de Pesca, la prohibición de alimento balanceado como cebo para la pesca, que esto sea tipificado como delito ambiental.
Se propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública en cuanto a las atribuciones de las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes para actualizarlas, establecer congruencia y complementariedad con la normatividad pesquera.
Los asistentes a los foros, propusieron la creación de la Procuraduría Pesquera y los Tribunales Pesqueros, con el propósito de que juzguen la aplicación de la Ley de Pesca, en el ámbito de las relaciones productor e institución, y no de los delitos ambientales y de la pesca furtiva.
Una procuraduría pesquera que otorgue facultades a los pescadores y funcione como procuraduría social para la inspección y vigilancia pesquera.
Se propuso inducir un tratamiento fiscal que realmente fomente la acuacultura con un nuevo esquema impositivo para el sector pesquero, los recursos captados canalizarlos a la investigación y vigilancia.
Una propuesta reiterada en todos los foros fue mantener la actividad pesquera en el Régimen Tributario Simplificado, e inclusive se planteó la posibilidad de ampliarlo a los actos previos y posteriores a la pesca. En adición, se solicitó la devolución automática del IVA que genera la adquisición de refacciones y equipos de pesca.
Por otra parte se solicitó legislar en lo que se refiere a los seguros de responsabilidad civil para permitir, conforme a derecho, la creación de seguros mutualistas por organización o globales, que sustituyan a los de las casas comerciales y sean aceptados por las capitanías de puertos y dependencias que los requieran.
Se presentaron también dos propuestas de iniciativa de ley. La primera, orientada a promulgar la creación de Áreas Pesqueras de Reserva Federal para la Investigación Científica y Administrativa, como laboratorios ecológicos para estudios ecológico-administrativos de amplia participación (federal, estatal, instituciones educativas, públicas y privadas), como garantía de supervivencia de especies comerciales amenazadas o en peligro (principalmente especies bentónicas y demersales) y de sus ecosistemas sustentantes, con uso a futuro como posibles centros recreativos y turísticos.
Dentro de esta propuesta, se plantea que los permisos y concesiones deben privatizarse, es decir,sean permanentes, negociables, transferibles, heredables, etc. Así, quienes detenten un permiso, tienen al menos el aliciente de cuidar el recurso para el largo plazo.
La segunda iniciativa de ley propuesta se refiere al establecimiento de Distritos de Desarrollo Costero; el objetivo de la ley que se ofrece sería la organización e integración de los productores de las distintas zonas costeras del país, a fin de agruparlos en un organismo rector por regiones geoeconómicas, fomentarse el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros, acuícolas y turísticos en cuerpos de agua ubicados en las márgenes costeras de las distintas comunidades rurales, urbanas y sus provincias terrestres adyacentes.
En los foros, la Carta Nacional Pesquera, fue requerida por su importancia como instrumento que contiene la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal; tiene como uso la fundamentación científica y técnica en la toma de decisiones para la administración de los recursos.
En ese sentido, también se hicieron planteamientos sobre la poca flexibilidad que presenta la carta, ya que para trasladar las recomendaciones a los ordenamientos pesqueros; la mayoría de las principales pesquerías y a nivel nacional, establece no aumentar el esfuerzo pesquero; en las estrategias de manejo, formula recomendaciones que no se ajustan a cada región y estado, lo que finalmente repercute en la limitación general de los otorgamientos, renovación de concesiones, permisos y autorizaciones.
Ampliamente se recomendó revisar y actualizar la Carta Nacional Pesquera, toda vez que adolece de múltiples imprecisiones, en cuanto a las pesquerías de aguas continentales; sobre el inventario de cuerpos de agua; carece de información en otras actividades integrales del proceso productivo, industrial, comercial, servicios, pesca y la acuacultura.
Se precisó la urgencia de modificar la Ley de Pesca en su artículo 3°, para agregar un inciso que defina que la Carta Nacional Pesquera debe formular anualmente mediante dictamen técnico el pronóstico pesquero, que éste sirva como instrumento básico para la planeación y desarrollo de la pesca y la acuacultura.
Consecuentemente, se modifique el artículo 18°
del reglamento de la Ley de Pesca y se adicione un inciso que precise las
características del dictamen técnico del pronóstico
pesquero.
VII.III. Problemática pesquera
La participación en los foros se caracterizó por un dominio de contribuciones en el renglón de la problemática de la pesca. Esto bien puede atribuirse a la necesidad de atenciones y rezagos que no han encontrado solución hasta el momento.
La multiplicidad de planteamientos, obligó a sectorizar la problemática por programa, a fin de facilitar el acceso a esta fuente.
Administración de pesquerías
Los participantes identificaron la necesidad de continuar con los programas de ordenamiento y manejo pesquero, de tal suerte que se otorguen accesos a los recursos en términos de la pesca responsable.
Demandaron establecer un ordenamiento pesquero que permita delimitar la participación de los diferentes agentes productivos, replantear sus condiciones jurídicas de acceso a los recursos, controlar sus actividades, regular sus técnicas, métodos y equipos de captura, establecer vedas cuando proceda y limitar el esfuerzo pesquero.
Para tal efecto, propusieron formar "Consejos de Pesquerías", presididos por la autoridad pesquera, con la participación del Instituto Nacional de la Pesca, los productores y las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; dotar de facultades para recomendar e impulsar la administración pesquera para dar el seguimiento y evaluación de los recursos pesqueros.
Establecer Comités Técnicos Consultivos de Pesca y Acuacultura por región y litoral, con un esquema de coparticipación de los sectores productivos, las autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas investigación, deberán diagnosticar, evaluar y actualizar las pesquerías.
Solicitar una revisión y reordenamiento de las zonas de pesca, en particular en aguas interiores, considerando las potencialidades de recursos acuáticos y los máximos permisibles por cuerpo de agua, región, entidad y zonas.
Varios participantes en los foros, consideraron que la renovación o sustitución de los métodos de captura deberá llevarse a cabo bajo estricto apego a los criterios técnico-científicos, tomando en cuenta la capacidad biológica de los recursos, el esfuerzo pesquero en los niveles que garantice el óptimo aprovechamiento. De lo anterior, deben generarse las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes; en lo particular plantearon:
Recomendaron establecer cuotas de captura individuales o por flota, y vedas regionales, sustentadas en estudios biológicos locales para el mejor aprovechamiento.
En el caso de las Áreas Naturales Protegidas, solicitaron se asignen cuotas de captura para recursos seleccionados.
Con la finalidad de reducir el esfuerzo pesquero ribereño, se formuló estimular la pesca de mediana altura en los litorales.
Para proteger al camarón y otras especies menores, se propone decretar una franja de exclusión de operaciones arrastreras camaroneras en una franja de cinco millas medidas a partir de la línea costera.
Proponen que todas las vedas se sustenten en investigaciones recientes y se establezcan de manera microrregionalizada.
Recomendaron establecer la veda total de la postlarva silvestre de camarón, y cancelar los permisos de colecta en esteros, y bahías, en particular, en alta mar para la temporada camaronera del 2002.
A efecto de optimizar y agilizar la ventanilla única para el otorgamiento de permisos de pesca, se sugirió que el trámite se descentralice.
Sugirieron que los permisos de pesca de fomento, y para especies de ornato, sean por cuatro años.
En otro orden, para el otorgamiento de nuevos permisos, autorizaciones y concesiones, consideraron conformar Comités Interinstitucionales Regionales de Pesca, con funciones de asignaciones, mediante convocatorias y licitaciones públicas, donde se dé prioridad en la presentación de ofertas a los pescadores y sus organizaciones.
En la mayoría de los casos solicitaron se revisen los requisitos para la renovación de los permisos de pesca, ya que consideran que los trámites y gastos son excesivos como por ejemplo, la certificación notarial de toda la documentación.
Asimismo, puntualizaron que los pagos de derecho para las embarcaciones estén en función de los periodos de los permisos y no de otros calendarios.
Se propuso generar un sistema de informática para conocer los requisitos, situación y resoluciones sobre los trámites de las gestiones realizadas ante la autoridad, con la finalidad de agilizar, eficientizar y reducir costos.
Se pidió tomar medidas para terminar con la discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos de la pesca comercial.
Se opinó que es de primordial importancia que exista un ordenamiento pesquero en el establecimiento de empresas pesqueras para evitar el conflicto de territorios. Estiman es necesario un ordenamiento en función de su desarrollo tecnológico, administrativo, infraestructura y capacitación técnica.
Se sugirió el uso de palangre y redes agalleras
y que se cancelen los permisos vigentes de pesca comercial de peces de
pico.
Acuacultura
Ante la eventual sobre explotación de algunas especies y el establecimiento máximo de esfuerzo pesquero, algunos de los asistentes a los foros señalaron que el fomento de la acuacultura representa la alternativa a la pesca tradicional, como fuente generadora de empleos, ingresos y alimentos.
Se hizo comentario general que, en el corto y mediano plazo, la acuacultura debe estructurarse como opción viable para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros y como una acción relevante para el combate a la pobreza extrema; por ello, dijeron, deben crearse parques acuícolas, tanto costeros como en aguas interiores, administrados por uniones o asociaciones de productores, de bajo costo, tecnologías accesibles, de suficiente rentabilidad y altos niveles de ocupación.
Al respecto, demandaron implementar los programas orientados a promover el desarrollo acuícola integral, con la finalidad que el pescador ribereño incursione en esta actividad y que a futuro se elimine el sobreesfuerzo pesquero en las costas y aguas interiores.
Se propuso también la creación de un organismo desconcentrado para regular, administrar y fomentar la actividad acuícola, con asistencia financiera tripartita, según las posibilidades de cada nivel de gobierno. Este organismo bien podría encargarse de la elaboración de un programa nacional de acuacultura, en el que quedarían incluidos los ejidatarios, productores en pequeño y las organizaciones pesqueras interesadas; dicho programa deberá integrar proyectos productivos sobre la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de estanquería rústica, encierros y jaulas, entre otros.
De esta suerte, plantearon la creación de la Comisión Nacional de la Acuacultura como entidad administrativa autónoma, desconcentrada de la Sagarpa, que se responsabilice de consolidar las acciones necesarias para el desarrollo de la acuacultura en general; dentro de esa figura, una Dirección General de Acuacultura Ejidal, sea responsable de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Poder Ejecutivo Federal con el ejido en particular.
En contrapartida, hubo quienes consideraron importante que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de su nueva entidad pública, mantenga la rectoría de los Centros Acuícolas que están categorizados como estratégicos; en razón de las especies que manejan, y el destino de su producción, puesto que proporcionan un amplio beneficio social indirecto por la producción de carne que se logra en corto tiempo y a bajo costo, por su factibilidad operativa, su potencial productivo, impacto regional e innovaciones y potencial de transferencia tecnológica que poseen.
Algunos participantes consideraron que la acuacultura, debería quedar adscrita a la Sagarpa, toda vez que ésta corresponde al sector primario de la economía, como la agricultura y ganadería.
Para generar el alimento demandante de la población rural y crear fuentes alternativas de ocupación, se recomendó la construcción de centros acuícolas y granjas con la participación del Gobierno Federal, estatal y municipal, empresas privadas con la finalidad de abastecer las necesidades de crías, brindar la asistencia, capacitación y asesoría técnica, productiva, comercial y administrativa.
Aconsejaron establecer programas productivos de cultivos extensivos e intensivos de especies dulceacuícolas, mediante la utilización de jaulas flotantes, instaladas en cuerpos de agua viables de explotación, y la utilización y construcción de estanquería en terrenos susceptibles de cultivo.
Para el más rápido y eficiente impulso de la acuacultura, se formuló apoyar y fomentar la ejecución de proyectos de investigación para el desarrollo de tecnologías de cultivo, materiales, construcción de estructuras e instalaciones.
Estimaron que para el crecimiento permanente de la actividad acuícola, es fundamental la adopción sistemática de nuevas y mejores biotecnologías aplicadas al cultivo, como son el manejo genético y la innovación tecnológica aplicada a la producción, asociadas al cultivo de especies rentables y al manejo de tallas o variedades comercialmente competitivas, así como mejorar la sanidad acuícola, conservación, y comercialización de productos y presentaciones.
Las opiniones de algunos participantes, versaron sobre la importancia de establecer programas de repoblamiento de vasos, estableciendo convenios de participación con los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, y privadas de investigación y educativas.
Para evitar la captura de larvas silvestres y su sobre explotación, al mismo tiempo garantizar la continuidad de la actividad acuícola, algunos participantes demandaron la construcción de más laboratorios para la producción de larvas en las localidades de demanda y a precios competitivos.
A efecto de garantizar a la acuacultura como una actividad sustentable, propusieron un programa de crecimiento ordenado del desarrollo acuícola, basado en ordenamientos ecológicos para definir el uso de las superficies susceptibles de aprovechamiento acuícola.
Al mismo tiempo se sugirió establecer un programa de verificación y auditoría permanente para determinar el cumplimiento de la legislación ambiental, en las granjas camaronícolas y las de manejo intensivo.
Con el propósito de impulsar la inversión y el desarrollo de la acuacultura, se propuso profesionalizar los estudios de impacto ambiental, para incrementar la certidumbre y confiabilidad de los proyectos y su ejecución.
Por otra parte, se solicitó que en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la parte de estudios de Manifestación del Impacto Ambiental, se deslinden los proyectos de desarrollo rural y se simplifiquen los procedimientos administrativos.
Dada la incertidumbre y la inestabilidad en la actividad acuícola, los participantes en los foros estimaron necesario elaborar la Carta Acuícola Nacional, en la que se establezcan los inventarios de especies, cuerpos de agua, métodos y técnicas de manejo, esquemas de repoblamiento, procesamiento, comercialización y potencialidades, entre otros tantos.
Solicitaron que en los embalses y distritos de riego se diversifiquen y reglamenten otros usos de los cuerpos, como las pesquerías acuaculturales.
En el caso de los centros acuícolas de la Dirección de Acuacultura, destinar recursos para su rehabilitación y gastos de operación, con la finalidad de ampliar y fortalecer la acuacultura rural y el desarrollo de pesquerías acuaculturales, incluida la asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y las siembras.
Asimismo, se pronunciaron por favorecer el concurso de las dependencias federales, estatales y municipales para que las áreas donde se desarrollan los proyectos acuícolas exitosos, se diversifiquen con componentes eco-turísticos y gastronómicos, para incrementar la comercialización, el consumo y la derrama económica.
Consideraron que es urgente la aplicación y descentralización de un programa de sanidad acuícola que permita garantizar la calidad e inocuidad de sus productos.
En particular, demandan que se descentralice el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos a las entidades federativas de mayor producción, comercialización, consumo y exportación. Asimismo, que se certifiquen a laboratorios especializados en cada estado.
En el ámbito administrativo se propuso optimizar la ventanilla única de acuacultura y analizar, racionalizar, reducir pagos de derechos para la acuacultura rural y social, así como propiciar la regularización de tierras para la acuacultura y normalizar, a través de la legislación pesquera, que las granjas acuícolas obtengan sus larvas de los laboratorios y no del medio natural.
Capacitación
En el desarrollo de los foros se manifestó con insistencia la necesidad de llevar al cabo un amplio programa de mejora y reestructuración de las organizaciones pesqueras de todo el país, basado en la capacitación.
En general, se reconoció que existe un gran rezago tecnológico en el sector, lo que repercute no sólo en una baja productividad y en el ingreso de los pescadores, sino también en impactos negativos al medio ambiente.
Igual importancia significó para los asistentes a los foros, la organización de grupos de acuacultores para el uso sustentable de los recursos naturales e incremento sostenido de los rendimientos de producción.
Las necesidades de capacitación en las organizaciones abarcan diferentes aspectos que van de la adopción de tecnologías de captura o cultivo más eficientes, hasta el manejo adecuado y comercialización de los productos, organización para la producción, marco legal e institucional y falta de visión empresarial.
Se recogieron diversas propuestas al respecto:
Pidieron organizar cursos de capacitación pesquera a las sociedades cooperativas, grupos solidarios y pescadores libres, con personal especializado de la Sagarpa, para que se les capacite en los aspectos técnico-biológicos, manejo de equipos, artes de pesca y administración.
Habrá que contemplar una constante capacitación en las tareas ordinarias del sector, las instituciones deben estar a la búsqueda de mejores sistemas de explotación, en permanente comunicación con los grupos de trabajo u organizaciones. Sumado a lo anterior, la capacitación sobre el contenido de la ley de la materia tendrá resultados con una mejor observancia de la misma.
De este modo, se sugirió adicionar un artículo en el reglamento de la Ley de Pesca en el que se obligue al pescador que solicite un permiso, concesión o autorización, a recibir un curso sobre conservación y conocimientos sobre el ciclo biológico de la especie a capturar y el porqué de sus vedas. De los resultados obtenidos -proponen- se procederá a otorgar o negar los permisos solicitados.
Capacitar en procesos biotecnológicos actuales de producción de alto rendimiento, dirigidos a técnicos y productores, como factor importante de desarrollo.
Capacitar y asesorar en el diseño de artes de pesca más adecuados tanto por especie como por región, e instruir en lo referente al manejo del producto a bordo para aumentar la calidad y mejorar significativamente los precios de venta.
Igualmente habrá que capacitar en la conservación y procesamiento integral de los productos pesqueros.
Adscribir al Instituto Nacional de la Pesca, las funciones de capacitación técnica no escolarizada, y promover la implantación de Normas Técnicas de Competencia Laboral, así como de Sistemas de Evaluación y Certificación de Competencias en materia pesquera.
Se sugiere capacitar a todos los niveles los cuadros del sector pesquero y acuícola, con la finalidad de que se considere la competencia laboral en cada actividad de desempeño, profesionalizando a cada participante en esta actividad.
Como es evidente que falta capacitación, se solicitarán instalaciones de un centro educativo (Tecnológico del Mar) donde los hijos de los pescadores puedan mejorar sus conocimientos hacia las actividades productivas de la pesca, en Puerto Madero, Chiapas.
Se requiere asesoría y capacitación permanente para la acuacultura. También es necesario que se destinen más recursos a la capacitación de los técnicos extensionistas, proporcionándoles los equipos básicos para que puedan dar asesorías de mejor calidad.
Para el adecuado desarrollo de la actividad acuícola se requiere que la autoridad competente promueva la capacitación en materia de sanidad en las entidades donde existan los mayores centros de venta, producción y consumo de los productos pesqueros.
Se considera prioritario dar cohesión al sector con la profesionalización pesquera y la capacitación tecnológica, además del desarrollo humano del trabajador de la pesca en todas sus fases de la actividad, desde la captura, pasando por el manejo, conservación y la industrialización, hasta la etapa de su distribución y comercialización.
El gobierno deberá prever los recursos necesarios para establecer un programa de cursos de capacitación empresarial y organización productiva que permitan tener mayores beneficios, sin dejar de considerar la capitalización del sector pesquero.
Asimismo, priorizar el fomento a la organización y unión al interior de las Sociedades Cooperativas Pesqueras, para lograr el fortalecimiento social, económico, político y ambiental del Sector Pesquero.
Los representantes del Sector Educativo en Ciencia y Tecnología
del Mar, de la Secretaría de Educación Pública, participaron
en todos los foros, proponiendo que los programas de capacitación
en materia de pesca y acuacultura, bien podrían instrumentarse en
los planteles e instalaciones con que cuentan en el territorio nacional,
disponen los recursos humanos más calificados, materiales e infraestructura
para satisfacer la demanda. Los convenios específicos de copartipación
serían menester para garantizar el buen funcionamiento de los trabajos
y establecer los campos de vinculación con el sector pesquero.
Infraestructura pesquera
Hubo clara conciencia entre los participantes en los Foros, de los efectos de los programas de rehabilitación lagunar sobre la productividad de los sistemas lagunarios costeros y sus repercusiones directas en el ingreso de las comunidades pesqueras.
Esto, se afirma, es una garantía de recuperación de las inversiones. De esta manera, se subrayó la importancia de la infraestructura en el desarrollo de la pesca y en el bienestar de amplios grupos de la población que se asientan en las riberas.
Las propuestas en materia de infraestructura pesquera comprenden acciones de rehabilitación lagunar, obras portuarias, así como la construcción de infraestructura básica y apoyo a la producción de comunidades pesqueras.
Se afirmó que el sector requiere de infraestructura que permita un adecuado desarrollo de las actividades pesqueras. En particular, se destacó la necesidad de ampliar los programas de dragado para desazolvar y restaurar esteros, cañadas y bocas de intercomunicación con el mar, a fin de propiciar el flujo y reflujo del agua para mejorar las condiciones naturales y aumentar con ello la productividad de los sistemas lagunarios costeros.
La rehabilitación lagunar, se dijo, debe ser consistente con estudios técnicos. Se requiere que el Gobierno Federal aporte los recursos necesarios a Estados y municipios para establecer programas de rehabilitación de los sistemas lagunares.
Adicionalmente, los agentes productivos del sector propusieron crear un fondo camaronero formado por contribuciones proporcionales a las capturas, equivalente a dos centavos de dólar por libra de camarón para destinarlos al programa de rehabilitación en sistemas lagunares de todo el litoral.
Se consideró necesaria la construcción de escolleras en las bocabarras y los canales de comunicación con el mar para estabilizar el flujo de masas de agua y mantener el equilibrio hidrodinámico de los cuerpos lagunarios costeros.
En lo que se refiere a infraestructura portuaria, se recomendó realizar diagnósticos para promover la factibilidad de realizar inversiones que mejoren y optimicen las instalaciones portuarias existentes.
Se propuso establecer programas de construcción de puertos secundarios pesqueros y comerciales, con infraestructura básica, creando con esto polos de desarrollo y modernidad que beneficien a la población en general.
Se reiteró la conveniencia de impulsar una política de promoción, fomento, construcción de infraestructura acuícola. Para facilitar la instalación de granjas se propuso que el gobierno realice las obras de cabecera, como canal de llamada, estaciones de bombeo, sistemas de drenaje y tratamiento de aguas, caminos de acceso y electrificación.
Se solicitó también promover la ampliación de estanques rústicos, la construcción de drenes comunes para evitar contaminación y enfermedades, y construir estanques para el cultivo de especies regionales.
De manera reiterada se expuso la necesidad de dotar de infraestructura básica a las comunidades pesqueras, ofrecer servicios de agua, luz, caminos, salud y educación, con la participación de los tres órdenes de gobierno y establecer en las comunidades ribereñas, un programa para la instalación de drenaje o letrinas con fosas sépticas, con el fin de impedir las crecientes descargas de aguas residuales que contaminan el potencial hidráulico y sus recursos.
Se solicitó igualmente realizar las siguientes acciones:
Industrialización
De los planteamientos expresados en los foros en relación con la industrialización de productos pesqueros, se desprende que los participantes identifican a la generación de valor agregado como una sólida posibilidad de desarrollar el potencial del sector como actividad económica. Se señalaron, sin embargo, algunos obstáculos, sobre todo de carácter financiero, que requieren de especial atención. A continuación se resumen las recomendaciones más recurrentes en los diferentes eventos.
El país requiere que se dé un fuerte y definitivo impulso a la industrialización de productos pesqueros. Desarrollar nuevas presentaciones con empaques de bajo costo y fácil manejo, que contengan mayor valor agregado. Para ello es necesario impulsar la creación de fuentes de financiamiento acordes a las necesidades del sector.
Se señaló la urgencia de propiciar el incremento de la producción y productividad de la flota pesquera de altura, de la capacidad industrial instalada, induciendo su utilización integral y detonando, por la vía del incremento en la demanda y de la agregación de valor, la canalización de inversiones y créditos para la incorporación de modernas tecnologías y reposición de activos.
En cuanto al tratamiento de los productos provenientes de la pesca ribereña se resaltó la necesidad de propiciar el establecimiento de plantas procesadoras, esencialmente fileteadoras y congeladoras (de usos múltiples) para evitar la depreciación del producto.
Los apoyos deben canalizarse a las micro, pequeñas y medianas empresas, para generar empleos y un desarrollo sustentable. Iniciar la reconversión productiva, disminuyendo gradualmente la presión sobre las pesquerías sobre explotadas.
La idea, en general, es promover proyectos productivos, dirigidos a organizaciones pesqueras, y encaminados a fomentar el procesamiento de productos pesqueros y su comercialización sin intermediarios, para asegurar que una mayor proporción del precio final del producto sea retenido por los productores primarios.
En términos de la eficiencia industrial, como primer medida, ampliar la oferta de productos pesqueros para el consumo humano directo, la diversificación de productos y presentaciones de bajo costo fue de amplio reconocimiento. La oferta industrial de nuevas presentaciones para exportación ocupó un plano significativo.
En ese sentido se planteó crear un programa de fomento y estimulación industrial para modernizar y ampliar los centros de acopio, transformación y almacenamiento de productos.
Por otro lado, se propuso intensificar y descentralizar el programa de certificación sanitaria de plantas y productos, así como incrementar las Normas Técnicas de Procesos, Productos y Presentaciones.
La optimización del aprovechamiento de los recursos mediante la ampliación de las transformaciones y el desarrollo del control de calidad de productos pesqueros y su certificación para alcanzar los estándares, fue motivo de propuestas concretas.
La reducción de las pérdidas de producto,
por líneas de producción, fueron expresiones de preocupación
para que se apliquen medidas basadas en la investigación y desarrollo
tecnológico tendientes a elevar la productividad industrial.
Comercialización
En opinión de los participantes en los foros, la comercialización es un aspecto central en el desarrollo del sector. La ausencia de canales de comercialización a través de los cuales los pescadores puedan obtener una retribución justa a su esfuerzo, es vista como un obstáculo para el desarrollo de la pesca y de las comunidades pesqueras.
Las propuestas se orientaron fundamentalmente a ampliar y mejorar la eficiencia de los procesos de comercialización. Se propuso llevar a cabo proyectos de comercialización de los productos pesqueros por los productores en los diferentes mercados del país, de manera directa, a fin de acabar con el intermediarismo.
Se manifestó como una necesidad del sector promover la creación de centros de acopio por región para lograr mejor precio y comercialización en cada estado y descongestionar la Nueva Viga, en la Ciudad de México.
Se consideró conveniente establecer una comisión intersecretarial encargada de establecer programas de comercialización que aseguren la estabilidad de los precios; crear mercados que permitan a los pescadores la venta directa al público; fomentar y contribuir al impulso de la exportación de productos mediante la identificación de los nichos de mercado.
Se instó a las autoridades a establecer canales de comercialización de la producción obtenida por la acuacultura, para que puedan operar los grupos de producción en mercados locales, nacionales y extranjeros, bajo el cumplimiento de determinadas cuotas, normas ambientales y calidad del producto.
Se consideró necesario definir una política de comercialización interna, orientando la producción hacia nuevas especies con potencial de consumo generalizado, e impulsar su industrialización de conformidad con los patrones de presentación más aceptables, así como su distribución en atención a los hábitos y preferencias regionales detectadas.
Se planteó la conveniencia de promover a través de estímulos fiscales, créditos preferenciales e incentivos de apoyo; así como formación regional de micro y medianas empresas comercializadoras de productos pesqueros y la creación de centros de abasto y distribución en el interior del país, con lo que se propiciaría un mayor acceso a productos de bajo precio a las capas mayoritarias de la población.
Se sugirió la creación de un centro o instituto de investigación de mercados y apoyos a la comercialización de productos pesqueros para diseñar e instrumentar esas tareas.
Adicionalmente, plantearon que ese instituto proporcione referentes de precios de los mercados locales, regionales, nacional e internacional, de todos los productos y subproductos del mar, a través de módulos en las poblaciones o ciudades que por su aprovechamiento pesquero así lo ameriten; en su opinión, esto, además de coadyuvar para abrir canales de comercialización, eliminaría el intermediarismo.
Organizar un programa nacional de comercialización por región y/o estado, similar al del sector agropecuario.
Al mismo tiempo, demandaron la creación de un precio de garantía de los productos de escama, que satisfaga las necesidades básicas de los pescadores.
En cuanto al fomento al consumo de productos pesqueros se sumaron las siguientes propuestas:
A esta empresa se le solicitó abrir nuevas oficinas
en el territorio nacional, para captar nuevos productos que tienen ventajas
de origen y los promueva en los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos.
Financiamiento
A lo largo de todos los foros se planteó como uno de los problemas más apremiantes del sector, las escasas posibilidades de financiamiento a las que se enfrentan los agentes económicos que participan en la pesca. En particular, se señaló de manera reiterada, las condiciones no apropiadas a las peculiaridades de la actividad pesquera bajo las cuales operan las instituciones financieras.
En este sentido, se pidió promover un esquema de adecuaciones a las fórmulas de asignación y bases contractuales con que la Banca Comercial determina la operación de créditos para la pesca y la acuacultura, de manera tal que los requerimientos de garantías y los términos de recuperación correspondan a la naturaleza de la actividad y pesquería que se apoya, incluyendo sus expectativas de desarrollo comercial.
Se propuso crear un esquema de crédito eficiente y eficaz, que permita a los pescadores adquirir los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades, a fin de que reactiven en unos casos y modernicen, en otros, sus unidades de pesca. Este esquema podría adoptar la forma de un fondo o un fideicomiso de alcance nacional.
Se solicitó también que la banca de desarrollo canalice mayores recursos financieros a la pesca y la acuacultura, que los créditos sean accesibles a las micro y pequeñas empresas pesqueras y facilitar los trámites para el otorgamiento de apoyos financieros.
Se propuso la creación de fondos de garantía tanto estatales como para asegurar la permanencia de la actividad acuícola ejidal.
Se señaló la necesidad de que se forme un banco para el sector pesquero que otorgue créditos de avío y refaccionarios para la adquisición de equipos y la compra de embarcaciones grandes, mejor equipadas, por lo que propusieron que el Estado tome nuevamente la rectoría de una banca de fomento dirigida específicamente a fortalecer y modernizar la industria pesquera, y estiman que lo ideal sería crear otra vez el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Por otra parte, se recomendó reproducir y consolidar las experiencias de éxito que se han logrado en la pesca ribereña, a partir de la formación de fideicomisos regionales que permiten el refaccionamiento y habilitación para la pesca, en montos menores pero suficientes, para atender los requerimientos de los pescadores. El funcionamiento de este tipo de fideicomisos se apoya en sistemas de organización y participación comunitaria que alcanza altos niveles de recuperación y responsabilidad.
De manera recurrente se solicitó impulsar una iniciativa de ley para la creación del programa Propesca, que opere de manera similar a Procampo, con algunas modificaciones, para que sea más efectivo, y los recursos sean entregados oportunamente a los pescadores.
De igual forma, se propuso incorporar dentro de la pesca, un programa de Alianza para el Campo, para la constitución de fondos de inversiones mediante los cuales se puedan canalizar recursos provenientes del Gobierno Federal, gobiernos estatales, agencias de cooperación y otras instancias, para operar como un sistema alterno de apoyo orientado a desarrollar proyectos productivos sustentables.
Se planteó que la federación promueva apoyos al sector pesquero y acuícola, como subsidios, programas de fomento, subsidios directos a combustibles y energía eléctrica para que el sector se encuentre en condiciones de competir en un mundo globalizado.
Por el contrario, se recomendó fomentar la cultura del financiamiento para erradicar de forma total la frase de "fondo perdido", que tanto daño ha hecho al sector.
Hubo también propuestas más específicas como las que a continuación se resumen:
Por lo que respecta a la flota menor se solicitaron apoyos
y créditos para la substitución y adquisición de nuevas
unidades, motores, artes de pesca y capital de trabajo, así como
para la construcción de módulos de almacenamiento y conservación
de instalaciones, de igual manera para la transportación de los
productos de los campos pesqueros a los mercados.
Investigación
Un propósito generalizado entre los participantes a los foros, tanto investigadores como agentes económicos, es que las decisiones que se tomen al interior del sector deben basarse más ampliamente en investigaciones sólidamente sustentadas en el conocimiento científico-técnico.
Dentro de las ponencias presentadas se manifestó que para valorar y visualizar con mayor certidumbre el potencial pesquero en los bancos, litorales y cuerpos de agua naturales, es necesario establecer con precisión la disponibilidad del recurso, su distribución, abundancia y dinámica poblacional; definir artes y métodos de pesca, zonas de protección y refugio, temporadas de captura y establecer los lineamientos adecuados de aprovechamiento regional y sustentable de los recursos.
Por todo ello, se señaló que es necesaria la investigación científica y tecnológica.
El programa de prospección pesquera y acuícola puede contribuir significativamente a registrar áreas, métodos, técnicas y tácticas de operación para nuevas pesquerías y zonas de cosechas, por lo que solicitaron, entre otros, asignar recursos para la flota de investigación y que se reinicie la prospección en todos los litorales.
Se requiere además elaborar estudios socio-económicos sobre la actividad pesquera y detectar la problemática social, con la participación de las organizaciones involucradas y autoridades competentes.
Reconocido quedó que en el ramo de la investigación se requiere del apoyo y vinculación entre instituciones educativas, gobierno y el sector pesquero del país, para la solución conjunta de problemas de pesca, acuacultura y medio ambiente, por lo que será necesario impulsar programas de investigación y desarrollo tecnológico en el Subsistema de Educación Media Superior y fortalecer la vinculación de los centros educativos y de investigación al desarrollo pesquero y acuícola, a efecto de que el Instituto Nacional de la Pesca funja como órgano rector de la investigación pesquera nacional.
Así, se sugirió que las instituciones públicas y privadas, previa autorización, participen en las áreas de investigación en materia de disponibilidad, racionalidad y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.
Se recomienda que en el marco de los programas de investigación, se revitalicen los convenios de cooperación y asistencia científica y tecnológica existentes, así como la celebración de nuevos acuerdos con organismos internacionales de investigación científica, y con organizaciones de productores de los países más avanzados en materia de producción pesquera y acuacultura, para evaluar y seleccionar las mejores opciones para México.
Se señaló que debería integrarse un órgano consultivo en el que participen las instituciones públicas y privadas relacionadas con la investigación científica, los productores de los sectores social y privado, y la institución normativa, para que se definan las políticas y objetivos de la investigación científica y tecnológica relacionada con el aprovechamiento de la flora y fauna acuáticas, así como los procedimientos para la publicación anual de un padrón de personas físicas y morales acreditadas oficialmente para realizar labores de investigación científica y tecnológica pesquera, con propósitos específicos de obtener elementos de arbitraje en materia de administración de las pesquerías.
Adicionalmente, proponen establecer el Servicio Nacional de Tecnología Pesquera, como centro rector de la investigación, capacitación, desarrollo tecnológico, gestión y normatividad de la pesca en México, que propicie al menos una estructura estratégica de integración participativa entre los empresarios, pescadores y profesionales, que origine una creciente confianza y credibilidad en los resultados, sobre todo, cuando se afectan las actividades productivas; el aprovechamiento racional de la infraestructura existente en apoyo de la capacitación, educación, investigación y desarrollo de la industria pesquera; fomento de la participación empresarial en proyectos y control de las crecientes tendencias de importación de tecnología.
Exhortaron hacer más efectivos los mecanismos de coordinación y colaboración de todas las instancias involucradas con la investigación pesquera nacional, regional y estatal, para conjuntar esfuerzos, realizar un estudio de investigación formal sobre las potencialidades y distribución de nuestros recursos pesqueros, cuantificar y cualificar esfuerzos pesqueros, que nos permitan normar la actividad por pesquería, acceder a un reordenamiento de la misma en su conjunto y determinar las capturas máximas sostenibles.
Por otra parte, los participantes se pronunciaron por mantener al Instituto Nacional de la Pesca, como organismo rector de la investigación pesquera en el país, y que se conserve como órgano desconcentrado, en virtud de que a lo largo de 38 años se ha encargado de ofrecer conocimiento científico y tecnológico para el diseño y aplicación de las políticas, estrategias y prioridades del desarrollo pesquero y acuícola del país. Plantearon además, adecuar su estructura funcional, concretan su descentralización y reconocimiento como Centro Público de Investigación.
Para tal efecto, recomiendan la creación de un fideicomiso para la investigación de los recursos pesqueros, y que parte del PIB de la pesca sea destinado a este fideicomiso, aplicado directamente a la investigación que realiza el INP, para que éste logre recuperar su papel en cuanto a la rectoría de la investigación pesquera en México.
Se estima que es conveniente que los Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP?s) se incorporen a instituciones de educación superior y empresas privadas del ramo, así como a productores (del sector social y permisionarios) de sus áreas de influencia, para realizar los estudios e informes técnicos pertinentes en materia de vedas, conservación de especies, contaminación, áreas restringidas, etc., a efecto de que se tomen en consideración las repercusiones que tendrán sobre la población y los ecosistemas que aparentemente protegen. También deberán estar obligados a poner a disposición del público interesado, los estudios, investigaciones e informes correspondientes sobre los recursos marinos.
Como tarea prioritaria, el Instituto Nacional de la Pesca, según opinión de los participantes, revisará y actualizará la Carta Nacional Pesquera con la participación del sector productivo, para conocer el estado actual de las pesquerías.
Igualmente, deberá publicar el programa nacional de investigación científica y tecnológica pesquera, a partir de las prioridades que se definan en los planes nacionales de desarrollo, este programa sería revisado anualmente y publicados los resultados de esta revisión.
Quedó de manifiesto que los programas nacionales de investigación deberán procurar acciones para actualizar el nivel de desarrollo de esta actividad, por ejemplo, fomentando proyectos intensivos de intercambio de personal científico relacionado con la acuacultura, la pesca, manejo, proceso de productos y el mercadeo.
Instaron al Instituto Nacional de la Pesca a elaborar un programa de vinculación con organizaciones sociales y privadas, donde se involucren y participen todos los agentes de la pesca, que tengan capacidad para desarrollar un proyecto de investigación que se pueda aplicar, para que las vedas estén fundamentadas en tiempo y espacio.
Aconsejan la creación de centros regionales de investigación pesquera en cada estado, encargados de estudiar, evaluar y dictaminar las políticas para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos pesqueros, serían instancias que auxilien y apoyen en la restauración de los ecosistemas como áreas de reproducción y resguardo. Es básico realizar estudios profundos para dictaminar sobre la disponibilidad y la conservación de los recursos pesqueros en cada región.
Demandan que el Instituto Nacional de la Pesca impulse la investigación, para la reproducción de especies susceptibles de engorda en jaulas, en bahías y zonas donde haya asentamientos de pescadores. Asimismo, que reoriente el desarrollo de nuevas especies de interés pesquero, y la aplicación de tecnologías para la optimización de recursos.
Opinaron que se debe desarrollar el mercado privado de investigación científica, mediante un modelo de normalización de actividades, que hasta ahora son exclusivamente públicas. Según esta propuesta, a este fin se emitirían Normas Oficiales Mexicanas sobre los criterios y prácticas de investigación que impliquen una certificación de validez científica, para ser desarrolladas por entidades privadas a requerimiento de los productores que necesiten medir el esfuerzo pesquero permisible para la obtención de un permiso o concesión o para incluir nuevas técnicas o metodología de captura o cultivo.
Demandaron fortalecer la investigación con recursos materiales, humanos y financieros e impulsar mecanismos de vinculación para la investigación, con el objeto de multiplicar la investigación pesquera con apoyo de los gobiernos de los estados, y desarrollar la investigación vinculada al desarrollo.
Respecto de la pesca deportivo-recreativa, solicitaron
se integre un proyecto de investigación que permita evaluar la condición
de los volúmenes disponibles en todas las zonas donde tiene su radio
de acción, y recomiende las alternativas de aprovechamiento más
adecuadas.
Inspección y vigilancia
Una propuesta recurrente durante los foros de consulta se refiere a la urgencia de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en el sector, como una forma de mejorar la administración de las diversas pesquerías.
Es generalizada la opinión de los productores en el sentido que existe un desorden en el ámbito pesquero debido a la insuficiencia de las acciones de inspección y vigilancia, en consecuencia, proponen adoptar diversas medidas.
Algunos propusieron asignar mayores recursos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que cuente con personal suficiente y capacitado que atienda exclusivamente asuntos de pesca y acuacultura, con sueldos decorosos, vehículos y embarcaciones en buen estado, y equipos de comunicación y seguridad. Todo ello, a fin de cuidar la vida de los inspectores, garantizar que realicen un trabajo eficiente, fortalecer su capacidad operativa y dar cabal cumplimiento a la Ley de Pesca.
Otra opción que se plantea es evaluar la factibilidad legal y operativa de transferir, en forma ordenada y gradual, las facultades de inspección y vigilancia hacia los gobiernos estatales.
Hubo quienes sugirieron la inclusión de la inspección y vigilancia pesqueras en el ámbito de las diversas instancias del sistema de seguridad pública, para ordenar la actuación bajo los lineamientos de la autoridad pesquera federal y estatal, en sustitución de la Profepa.
No obstante, la propuesta predominante consistió en que la instancia encargada de realizar las funciones de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros, que actualmente corresponde a la Procuraduría, se integre nuevamente a las delegaciones de pesca, para que exista una vinculación entre la parte normativa y la ejecutiva. La función de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros, se argumenta, debe corresponder a la institución encargada del sector pesquero. Anteriormente así era y se veía claramente el respeto a las normas legales establecidas por la autoridad pesquera.
La improvisación del personal para realizar esta tarea tan delicada por parte de la Procuraduría, ha provocado inconformidad generalizada dentro del sector pesquero por la actitud parcial que, en su opinión, se realiza en la aplicación de la ley.
La falta de vigilancia ha provocado un alto índice de pescadores furtivos que ponen en peligro a las diferentes especies por el uso de artes de pesca prohibidas.
Se propuso, asimismo, que se lleve al cabo una rotación de los inspectores encargados de la inspección y vigilancia, para que sean cambiados a las diferentes pesquerías y así evitar la permanencia de aquéllos en un solo lugar, lo que propicia actos de corrupción.
Se requiere más vigilancia en las zonas de desembarque y de captura, para evitar la pesca furtiva.
Se propuso llevar al cabo operativos de inspección y vigilancia en todos los cuerpos de agua, así como en las desembocaduras de ríos y barras, en vías generales de comunicación y actuar con mayor energía en la industria y comercialización.
Se sugirió definir espacios de concurrencia articulada y establecer acuerdos de coordinación con la Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Secretaría de Marina y las corporaciones de seguridad pública estatales, para participar en forma ordenada y sistemática en el combate a la pesca furtiva; ampliar la capacidad de cobertura de la inspección y vigilancia pesqueras.
Se sugirió la posibilidad de evaluar la participación de inspectores comunitarios, con facultades para el buen desarrollo de sus funciones, a fin de contar con vigilancia permanente en las zonas de captura, para evitar así la pesca furtiva y depredadora.
Se señaló la necesidad de establecer una
nueva tabla de sanciones en la que se consideren las diferencias entre
la pesca ribereña y de altura.
VIII. Acciones Inmediatas
En el curso y desarrollo de los foros, se presentaron múltiples propuestas, comentarios y consideraciones que sin alcanzar una clara fundamentación para el trabajo legislativo, sí reunieron las motivaciones para emprender el análisis previo y convertirlas en proyectos de iniciativas de reforma, adición y derogación de varios instrumentos normativos directos e indirectos que surten efecto en la pesca.
A este nivel, se destacan de manera enunciativa los proyectos:
1. Crear la Secretaría de Pesca o una entidad con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, acorde a las necesidades actuales y requerimientos que demanda el sector pesquero.
2. Que la actividad pesquera y acuícola tenga un manejo integral, donde se impulse el fomento a la investigación y al desarrollo tecnológico.
3. Instrumentar y fortalecer acciones de inspección y vigilancia más eficientes.
4. Descentralizar funciones, otorgando atribuciones de carácter pesquero a los Gobiernos Estatales y Municipales.
5. Crear e instrumentar una banca especializada con mecanismos de financiamiento que apoyen las actividades pesqueras y de acuacultura.
6. Actualizar el marco normativo que regule el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros y acuícolas.
7. Revisar y actualizar anualmente la información contenida en la carta nacional pesquera.
8. Realizar y fomentar el desarrollo de programas específicos orientados al ordenamiento pesquero y acuícola sustentable.
9. Brindar apoyo a las actividades de acuacultura rural y maricultura.
10. Profesionalizar el sector pesquero y acuícola.
11. Vincular la investigación y el desarrollo tecnológico pesquero con los agentes productivos.
Mesa Directiva
Diputados: Guillermo Díaz Gea, Presidente; Roberto Preciado Cuevas, Secretario; Rigoberto Romero Aceves, Secretario; Francisco Salvador López Brito, Secretario; Concepción Salazar González, Secretario.
Integrantes
Diputados: Patricia Aguilar García; Jesús Burgos Pinto, Julián Luzanilla Contreras, José Feliciano Moo y Can, Bulmaro Rito Salinas, Rafael Rodríguez Barrera, Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, Martha Ofelia Meza Escalante, Martha Silvia Sánchez González, Miguel Vega Pérez, Simón Iván Villar Martínez, Miguel Gutiérrez Machado, Juan Ignacio García Zalvidea, José Manuel Minjares Jiménez, Juvenal Vidrio Rodríguez, Miguel Ángel Torrijos Mendoza, Héctor Taboada Contreras, Rafael Ramírez Agama, Oscar Ochoa Patrón, Cesar Patricio Reyes Roel, Tereso Martínez Aldana, Rogaciano Morales Reyes, Gregorio Urías Germán, Jorge Alberto Rodríguez Pasos.
Secretario Técnico: Dr. Adrián Arredondo Álvarez; Secretaria Particular: Lic. Anabel Ponce Calderón; Asesores: Ing. José Luis del Angel Lemus, Ing. Luis Esteban Igartua Calderón, Ing. Enrique Arturo Bermúdez Rodríguez; Apoyo Administrativo: Sra. María Concepción Díaz Rodríguez, Sr. Andrés Camacho López, Ing. Marco Antonio Ojeda y Galindo.