• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000.

• De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de Derechos.

• De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga a esta Cámara de Diputados de manera exclusiva la facultad y obligación de revisar la Cuenta Pública del año anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en el artículo 39 numeral 1 y en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue presentada en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en los Artículo 74 fracción IV, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. El banco de información enviado por el Ejecutivo, estuvo comprendido en 12 tomos impresos, un disco compacto y 12 discos magnéticos. Es importante señalar que por segunda ocasión se presentó un tomo que comprende una propuesta de cancelación de créditos derivados de responsabilidades que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), somete a la consideración de la Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Este paquete también incluye dos tomos acerca de los dictámenes de auditores externos a los estados financieros de entidades paraestatales de control presupuestal directo, un tomo del seguimiento a las recomendaciones del poder legislativo 1999 y un tomo de las memorias circunstanciadas al 31 de diciembre de 2000 del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Con el fin de dar pleno cumplimiento al mandato constitucional, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coordinó las actividades relacionadas con el estudio, discusión, análisis y evaluación de los resultados alcanzados en los sectores o ramos específicos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Es importante resaltar que el análisis se continuó realizando de acuerdo a la clasificación funcional del gasto que a partir de 1998 y de acuerdo con la Nueva Estructura Programática (NEP), sustituyó a la clasificación sectorial utilizada en ejercicios anteriores.

Para la elaboración del presente Dictamen, se analizaron y revisaron 21 funciones que contempla la NEP, mismas que se clasifican en 2 grupos: funciones de gasto programable y funciones de gasto no programable. Las primeras, expresan la generación de bienes y servicios, se clasifican en funciones de gestión gubernamental, funciones de desarrollo social y funciones productivas.

Con el propósito de revisar todos los tipos de erogaciones, se analizaron también las cuatro funciones de gasto no programable: Deuda Publica del Gobierno Federal, Participaciones y Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores y Saneamiento del Sistema Financiero.

El fortalecimiento del Poder Legislativo y el cumplimiento adecuado de sus funciones, requieren sin duda, del fortalecimiento del trabajo en Comisiones; por ello, los trabajos para análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, dieron inicio con la distribución del Tomo de Resultados Generales y el Tomo correspondiente a la Función del Banco de Información a 33 Comisiones de esta Soberanía. Dicha información fue distribuida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública durante el mes de junio del presente año, con la finalidad de obtener opinión del ejercicio del gasto sobre el Ramo que les corresponde. Asimismo, se distribuyó a los integrantes de esta Comisión, el Tomo de Resultados Generales y un disco compacto con todo el banco de información.

Con el propósito de ampliar la información contenida en dicho Banco, se programaron 16 Reuniones de Trabajo para el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 8 de noviembre, para analizar 18 funciones de gasto público, 11 de gasto programable, 2 de gasto no programable y 5 funciones que abarcan ramos de ambos gastos: 02 Impartición de Justicia, 03 Organización de los Procesos Electorales, 04 Procuración de Justicia, 05 Soberanía del Territorio Nacional, 06 Gobierno, 07 Educación, 08 Salud, 09 Seguridad Social, 11 Abasto y Asistencia Social, 12 Desarrollo Regional y Urbano, 13 Desarrollo Agropecuario, 14 Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 15 Energía, 16 Comunicaciones y Transportes, 17 Otros Servicios y Actividades Económicas, 18 Deuda del Gobierno Federal, 21 Saneamiento del Sistema Financiero. El calendario de las reuniones aprobado por la Comisión, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria los días 29 y 30 de agosto para su divulgación, cabe mencionar que en el seno de la Comisión se dio cuenta del análisis de las funciones 01 Legislación, 19 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

En las fechas antes mencionadas, se realizaron las reuniones de trabajo a las cuales asistieron por parte del Ejecutivo Federal, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales y otros servidores públicos de las dependencias y entidades que integran el sector público, y por parte del Poder Legislativo, Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de las diferentes Comisiones Ordinarias de esta Soberanía.

El formato acordado para las reuniones, abrió la posibilidad de establecer un diálogo entre legisladores y autoridades para intercambiar puntos de vista y aclarar dudas relacionadas con la gestión financiera y el cumplimiento de las metas de los principales programas. Para ello, los Diputados enviaron sus cuestionamientos por escrito en forma anticipada y los funcionarios dieron respuesta a las preguntas que les fueron formuladas con anterioridad, así como aquellas planteadas directamente en la reunión. Asimismo, se abrió la oportunidad para que los diputados solicitaran información adicional por escrito a los servidores públicos asistentes.

La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 3 fracción II inciso a) de su Ley Orgánica, elaboró y rindió a esta dictaminadora por conducto de la entonces Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, conforme a lo establecido en el artículo 10 fracción IV del mismo ordenamiento. La información contenida en el Informe Previo fue considerada para el análisis y elaboración del presente Dictamen.

Por Acuerdo del Pleno de la Comisión y de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se creó con fecha 27 de junio la Subcomisión para la elaboración del Proyecto de Dictamen y Proyecto de Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal 2000.

En congruencia con los anteriores elementos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaboró un proyecto de Dictamen que fue realizado acorde a los preceptos establecidos en la ley, así como a las importantes aportaciones realizadas por los Diputados integrantes de la Comisión, miembros de los grupos parlamentarios que integran esta Soberanía. Del trabajo realizado se conformó el presente Dictamen, para sustentar el Decreto sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2000.

DICTAMEN

I. OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES AL SECTOR GUBERNAMENTAL.

Esta Comisión de dictamen asume las conclusiones obtenidas en el Informe Previo elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, respecto a la observancia del cumplimiento y sujeción por parte del Ejecutivo Federal a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, como resultado de su evaluación preeliminar.

En términos generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 se presentó de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, conclusión que deberá ser constatada en las auditorias financieras que se practiquen para ese ejercicio. Sin embargo, se observaron algunas excepciones acordes a lo presentado en el Informe Previo; en el caso del Sector Central se detectaron, dentro de la Cuenta Pública 2000, ciertas anomalías las cuales se enumeran a continuación:

De esta forma, para ambos sectores, se determinaron algunas inobservancias a los Principio Básicos de Contabilidad Gubernamental: "Cumplimiento de Disposiciones Legales", "Control Presupuestal" y "Base de Registro". Lo anterior, debido a que en el primer caso, las operaciones y su registro no se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables; en el segundo, a que no cumplieron totalmente con el sistema de registro presupuestario, puesto que se realizaron registros en unidades administrativas diferentes a las que ejercieron el gasto, y a que se detectaron compromisos que se cubrieron con recursos del siguiente ejercicio fuera del procedimiento de ADEFAS; en relación con el tercero, los registros se realizaron en forma extemporánea, consignaron gastos que no fueron devengados y se presentaron como presupuesto en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y faltó la cuantificación de bienes otorgados y recibidos en donación.

II. OBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS JURIDICOS Y NORMATIVOS.

En lo referente a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, esta dictaminadora al igual que a lo señalado en el Informe Previo de la Auditoría Superior de la Federación, concluye que la Administración Pública Federal, en términos generales, se ajustó a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a las leyes: General de Deuda Pública, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables en la materia: Sin embargo, a continuación se mencionan algunas circunstancias detectadas en la legislación aplicable.

En lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la emisión de los manuales generales de organización de las dependencias, prevista en el artículo 19, una dependencia indicó que su titular no expidió el referido manual, y otra proporcionó información que no permitió acreditar su observancia.

En relación con el artículo 9º de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000, no fue posible determinar si la totalidad de las dependencias y entidades cumplieron la obligación de contar con la aprobación que establece dicho precepto. También se encontraron inconsistencias respecto a la percepción de aprovechamientos y a la observancia del plazo para someterlos a aprobación. En lo que concierne al artículo 10, se conoció que se otorgaron aprobaciones a cinco dependencias, sin proporcionar información relacionada con entidades, que son las únicas a las que se refiere el precepto. Por lo anterior, no fue posible verificar la observancia del mismo. En su artículo 12, una dependencia indicó que se recaudaron ingresos; sin embargo, no acreditó su concentración. Por su parte el artículo 20, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no señaló qué dependencias efectuaron el entero a TESOFE dentro del plazo legal, por los ingresos que tuvieron en exceso, circunstancia que no pudo corroborarse.

En cuanto a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se determinó su cumplimiento en términos generales; no obstante, sobre el artículo 28 una dependencia informó que no tuvo pasivo circulante en el año, lo que discrepa con la dependencia globalizadora, quien reportó que le proporcionó información al respecto. En relación con el artículo 30 hubo dos dependencias y algunas entidades que informaron haber celebrado con autorización, contratos de obra pública, adquisiciones y de otra índole, con los que se rebasaron las asignaciones presupuestales para el ejercicio revisado. En tal sentido, se observaron discrepancias entre la información recibida de algunas dependencias y entidades y la presentada por la globalizadora correspondiente.

En cuanto a lo previsto por el artículo 42 se conoció que con excepción de cuatro entidades, las dependencias y entidades recibieron instrucciones sobre la forma y términos para llevar sus registros auxiliares y contabilidad, específicamente a través del Manual de Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, lo que fue confirmado. Algunas de las dependencias y entidades informaron que se examinó el funcionamiento de sus sistemas y procedimientos de contabilidad de manera trimestral y anual, circunstancias que fueron corroboradas. Finalmente, cinco entidades informaron que se les autorizaron modificaciones y simplificaciones a sus sistemas y procedimientos de contabilidad, lo que no concuerda con la información proporcionada por la SHCP.

De acuerdo en lo previsto en el artículo 5º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se determinó que una dependencia no aseguró sus bienes. Tratándose del artículo 25, únicamente una Secretaría admitió que convocó, adjudicó y contrató sin contar con autorización, respecto del presupuesto de inversión y de gasto corriente, lo que será constatado a través de las revisiones directas que se desarrollarán. En relación con el mismo artículo, únicamente seis dependencias señalaron la existencia de casos excepcionales en los que convocaron, adjudicaron o contrataron sin contar con la autorización presupuestal global o específica para lo cual obtuvieron aprobación previa. Lo anterior, será verificado en las auditorias respectivas. En cuanto al artículo 54, se observaron dos contravenciones cuya justificación será evaluada. De conformidad con el artículo 56, y en relación con el artículo 26, se determinó el incumplimiento de varios entes, quienes señalaron que enviaron la información, pero sólo respecto de uno de los tres procedimientos de adjudicación realizados y de otros que indicaron expresamente que no remitieron dicha información.

Con relación al artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hubo quien informó que elaboró propuestas de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, que aún se encuentran en proceso de elaboración, mientras otro, si bien señaló que actualizó dichas políticas, bases y lineamientos, no las sometió a la aprobación de su Consejo de Administración. Respecto del artículo 6º, una Secretaría indicó que no aseguró obras públicas a partir del momento de su recepción, sin proporcionar mayor información, por lo que se presume sus incumplimientos. En lo que concierne al artículo 22, una dependencia informó que no remitió su informe anual dada la naturaleza confidencial de la información; otros entes públicos informaron que lo remitieron sin proporcionar la fecha de tal remisión; otro expresó que lo remitió extemporáneamente y uno más precisó que en el ejercicio fiscal 2000 se programó la ejecución de obras por administración directa, sin haber proporcionado elementos para verificar la remisión de su programa anual. Por su parte, la dependencia globalizadora informó que varias Secretarías no le enviaron el citado programa anual. En cuanto al artículo 24, se determinó un incumplimiento, ya que se informó que se realizó un contrato de conservación y mantenimiento de inmuebles sin contar con autorización. Respecto del artículo 63, hubo quien informó que suspendió contratos de obras públicas, sin informar a la Contraloría Interna de la suspensión.

En lo que corresponde a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en cuanto al cumplimiento del artículo 8º, se conoció que una dependencia estableció políticas de desarrollo en sus entidades coordinadas; sin embargo, estas no proporcionaron elementos para corroborar que les fueron comunicadas dichas políticas. Con relación a los artículos 15 y 16, se observaron inconsistencias ya que la globalizadora indicó que no le fue presentada ninguna propuesta u opinión para la disolución, liquidación, extinción o fusión de entidades paraestatales; no obstante, dos Secretarías mencionaron que sí lo hicieron. Asimismo, se observaron inconsistencias respecto de la conclusión de procesos de extinción durante el 2000.

Con respecto del artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, se reportó que en el registro de obligaciones y empréstitos no existen obligaciones contraídas por las entidades federativas o municipios con garantía de sus participaciones a favor de la Federación. En cuanto al artículo 13, a diferencia de lo informado por la dependencia responsable, hubo estados que indicaron no haber celebrado convenios de coordinación en la citada materia. En lo que se refiere al artículo 28, a diferencia de lo señalado por la Secretaría correspondiente, varias entidades federativas informaron que no tuvieron requerimiento de información.

Por su parte, en cuanto al artículo 31, se informó que no se dio a conocer en el seno del Consejo Nacional de Salud, las variables integrantes de la fórmula para la asignación de los recursos que se destinaron a promover la equidad en los servicios de salud, información que se contrapone con la proporcionada por varios de los estados, quienes señalaron que se cumplió con la aludida obligación. Por lo que respecta al artículo 33, existe contradicción entre la información proporcionada por la dependencia responsable y la enviada por algunas entidades federativas. Por lo que concierne a los requerimientos de información sobre la autorización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos componentes (estatal y municipal) se informó que existieron incumplimientos por parte de algunos estados y municipios. Por lo que corresponde al párrafo tercero de este mismo artículo solamente dos estados informaron que no lo hicieron, mientras que otro no informó respecto de sus municipios, aunque señaló que el gobierno del estado no realizó ese tipo de gastos. Por lo que se refiere al artículo 35, se señaló que no se celebraron convenios para calcular las distribuciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal con algunos estados. Con relación al artículo 37, que establece que las entidades deberán cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 33 fracciones I a III de la Ley, respecto de las aportaciones recibidas con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, existió cumplimiento parcial en varios casos. En cuanto a lo dispuesto por el artículo 45 solo una entidad informó de su cumplimiento.

Con relación a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en su artículo 30, párrafo primero, se conoció que una dependencia no efectuó la concentración de los fondos recaudados durante el ejercicio fiscal de 2000 en la TESOFE, sin explicar el motivo, por lo que no se contó con elementos para verificar su cumplimiento; esto último se constará en el programa ordinario de revisiones de la Auditoria Superior de la Federación. En cuanto al artículo 90, siete dependencias informaron que no se les envió el comunicado sobre los auxiliares que debían rendir directamente cuenta del manejo de fondos, bienes y valores generales.

Por su parte, la Ley General de Deuda Pública, en relación con la supervisión del manejo de recursos provenientes de financiamiento, prevista en el artículo séptimo; se conoció que solo dos dependencias establecieron coordinación para supervisar dichos recursos. En cuanto al artículo 13, una entidad señaló que contrató financiamientos, sin acreditar la expedición de la autorización respectiva.

La SHCP, expresó que si bien no emitió ninguna regla para el registro de financiamientos, sólo se solicitó a las entidades la documentación relativa a los financiamientos contratados, a fin de realizar su registro. En cuanto a las dependencias y entidades que le proporcionaron información, se precisó que la misma fue presentada durante los periodos solicitados; sin embargo, al no enumerarlas no fue posible corroborarlo.

En el artículo 57, párrafo último de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos,, destaca el caso de una dependencia que señaló expresamente no haber establecido mecanismos para remitir copia de las denuncias relacionadas con infracciones graves. Por otra parte, una dependencia y una entidad informaron que no remitieron copia de las mencionadas denuncias sin precisar si existieron o no, por lo que no fue posible determinar su incumplimiento. En términos generales, se conoció que las dependencias y entidades adoptaron mecanismos específicos para comunicar los hechos que por su naturaleza o concepto debiera conocer la SECODAM y participar en las investigaciones; sin embargo, dos entidades informaron expresamente que no le presentaron copia de los hechos citados.

Por lo que se refiere al artículo 11 de la Ley General de Bienes Nacionales, dos Secretarías no acreditaron la presentación de su Programa Anual Calendarizado de Necesidades y Mobiliarios. Por otra parte, varias dependencias señalaron que de conformidad con el artículo 15, párrafo primero, efectuaron arrendamiento de inmuebles por no ser posible o conveniente su adquisición; sin comprobar la acreditación ante la globalizadora por la imposibilidad de la adquisición. En lo que concierne a la adquisición de inmuebles, esta última informó que ninguna dependencia le solicitó la autorización correspondiente, determinándose inconsistencia con una, que informó que sí la obtuvo. Por lo que se refiere a construcción, reconstrucción, adaptación, conservación o mantenimiento de oficinas públicas, la globalizadora indicó que únicamente otorgó autorización a dos Secretarías, observándose discrepancia con lo informado por éstas. Se conoció que tres dependencias efectuaron enajenaciones sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, previsto en el párrafo segundo del artículo 79; sin embargo, no acreditaron la presentación de los avisos de enajenación correspondientes donde se justifique el ejercicio de la opción.
 

III. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS DECRETOS DE CUENTAS PUBLICAS Y DE LOS INFORMES PREVIOS SOBRE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA FEDERAL DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las recomendaciones formuladas por la Cámara de Diputados y de la Auditoría Superior de la Federación en el periodo de 1995 a 1999, ascienden a un total de 68, de las cuales 10 fueron formuladas por la Cámara de Diputados mediante los Decretos sobre la revisión Cuenta Pública y las 58 restantes fueron emitidas por el actual órgano técnico de Fiscalización Superior de la Federación, reportadas en los informes previos sobre la revisión de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de dichos ejercicios.

A la fecha de la presentación del Informe Previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, de las 68 recomendaciones formuladas, 7 (10.4 %) se encuentran atendidas, 29 (42.6 %) han sido parcialmente atendidas; y 32 (47.0%) no han sido atendidas. Con respecto a la antigüedad de las recomendaciones formuladas, 35 (51.4 %) corresponde a la Cuenta Pública de 1999; 18 (26.4 %) a la de 1998; 5 (7.3 %) a la de 1997; 3 (4.4%) a la de 1996, y 7 (10.5%) a la de 1995.

De las recomendaciones contenidas en el Informe Previo de la revisión de la Cuenta del año 1999, así como para las que en su oportunidad emita la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación efectuará las acciones de seguimiento correspondientes para verificar su atención.
 

IV. CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE RESPONSABILIDADES.

Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la SECODAM al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, propone la cancelación de 154 créditos fiscales cuyo monto asciende a 44.99 millones de pesos, que por incobrabilidad, como es que se declara, solicita la autorización de Cámara de Diputados.

Cifras en pesos

SECODAM     30,254,836.56

Contraloría Interna en:

PRONASE     5,663,652.12

PEMEX REFINACION     3,977,521.54

SEPOMEX     2,967,617.22

SECRETARIA DE ECONOMIA     855,701.12

BANCO CREDITO RURAL

CENTRO NORTE, S.N.C.     444,918.45

LICONSA, S.A. DE C.V.     342,478.04

SEDESOL     268,683.02

CONASUPO en liquidación     224,118.50

TOTAL 44,999,526.57
 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000. SHCP.

V. Análisis de la Economía y las Finanzas Públicas Generales Durante 2000.

V.1. Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas.

La economía mexicana tuvo uno de sus mejores años durante el ejercicio 2000. En términos de desempeño, la actividad económica total medida por el Producto Interno Bruto (PIB), mostró un aumento de 6.9% real. Originalmente, los Criterios Generales de Política Económica proyectaban que el PIB real del país crecería 4.5.

La evolución de la economía estuvo influenciada básicamente por el entorno externo favorable, destacándose una cotización elevada de los precios internacionales del petróleo y un dinamismo de la actividad económica estadounidense, país que es el primer socio de intercambio comercial y principal destino de la producción de exportación del país.

En general, el comportamiento de la actividad económica durante el 2000 se caracteriza por niveles altos de crecimiento durante los primeros tres trimestres del año y para el último muestra una desaceleración, ubicándose en una tasa de 5.1% real respecto al año anterior, debido a que el ciclo económico de Estados Unidos comenzó a relajarse durante la segunda parte del año.
 

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento mencionado anteriormente pero a nivel general de la oferta agregada, descrito por el crecimiento de la actividad industrial, que incluye las manufacturas, la minería, la construcción y la generación de energía, gas y agua. Este indicador registra un crecimiento en términos reales del 6.6% respecto al año anterior. La actividad más dinámica, es sin duda la industria, particularmente la manufacturera y sobre todo aquellas destinadas a la exportación, la cual tuvo un crecimiento en 7.1%, seguido de la generación de electricidad, gas y agua, la cual es congruente con su desempeño y con la evolución del total de la actividad económica donde los requerimientos de energéticos a las actividades industriales fueron mayores. También la industria de la construcción tuvo un crecimiento de 5.0% explicada por ampliación de infraestructura y obras realizadas por el sector público.

El sector primario durante el 2000, mostró un patrón en su crecimiento similar al del resto de la economía, es decir, tiene un aumento considerable durante los primeros trimestres del año y una caída en el último: sin embargo, en promedio tuvo una mejora de 3.4% en términos reales, producto de las mayores cosechas en los granos como cebada, trigo, maíz y sorgo. Además de incrementos importantes en la pesca de mariscos y peces. Cabe precisar que con respecto al ejercicio anterior, la actividad disminuyó en 0.1% pues el crecimiento real de este sector en 1999 fue de 3.5%.

El sector de los servicios, ejemplificado por el comercio, restaurantes y hoteles en la siguiente gráfica y por las comunicaciones y transportes, presentan el mismo patrón de incremento de su actividad, durante los primeros trimestres y decremento para el último. En lo particular, la actividad de comunicaciones y transportes es la que observó el mayor crecimiento, esto es consecuente del mayor volumen de tráfico de transportación de los productos de exportación hacia el mercado estadounidense, además de servicios de transportación de pasajeros tanto de viajes nacionales como foráneos y crecimiento de las telecomunicaciones, resaltando los rubros de la telefonía y servicios de comunicación inalámbrica.

Además, destaca es importante la contribución de comercio y los servicios de restaurantes y hoteles, al crecimiento del sector servicios, mismos que en conjunto crecieron en 11.1% real durante el año 2000, siendo explicado por la afluencia de visitantes y vacacionistas, nacionales y extranjeros, a los diferentes destinos turísticos del país.

La inversión fija bruta, en la economía mexicana, muestra también un aumento desde la primera parte de 1999 para llegar a su máximo alrededor del final de la primera mitad de 2000, para después comenzar una tendencia de crecimiento cada vez menor para finales del año. Vale la pena apuntar que éste comportamiento descendente de las tasas de crecimiento de la economía mexicana, se gesta antes de que se empezara a evidenciarse la desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía de los Estados Unidos.

La evolución positiva de la economía mexicana, influyó en los niveles de empleo. En general, la tendencia decreciente de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA), se ubicó en 1.9%, la más baja durante todo el sexenio. Así, el crecimiento de asegurados permanentes en el Seguro Social durante el año 2000, ascendió a 12.5 millones, lo cual significa que con relación al año anterior, tuvo una inscripción de 397.4 miles de nuevas fuentes de empleo permanentes y de 131.9 mil plazas eventuales.

Refiriendo a la influencia de las remuneraciones reales por persona, se explica que gracias a la dinámica del crecimiento de la economía durante el año y a un mayor control del Banco Central de la inflación, coadyuvaron a una mejora en el poder adquisitivo de las personas. Cabe destacar que las percepciones del personal ocupado en la industria maquiladora, alcanzan tasas de 6.8% real durante 2000; sin embargo, comienza una nueva tendencia a la baja a partir del último trimestre del año.

Por otro lado, los incrementos nominales a los sueldos y salarios de los trabajadores del Estado, registraron en promedio durante el ejercicio, un incremento del 12.4%, los cuales fueron superiores a la inflación que fue de 8.9%, traduciéndose en una recuperación favorable de su poder de compra.

En el caso de las ventas reales al menudeo, se refleja un crecimiento importante durante la primera mitad del año, que es explicado en parte por la certidumbre del crecimiento para los primeros trimestres del año y por la recuperación gradual de los salarios reales de los trabajadores y asalariados.

Contrastando las variables que miden la actividad económica real, las variables nominales tuvieron un desempeño marcado a la baja. En el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), desde los principios de 1999, la tendencia es claramente a la baja. Dicho índice tuvo un decremento de un punto porcentual a la estimación de las autoridades federales y 3.36% menos que la registrada en el año anterior.

La actuación del Banco Central en la política monetaria con el fin de evitar presiones inflacionarias elevó el monto del corto a la liquidez de los mercados en seis ocasiones, teniendo una restricción diaria en 350 millones de pesos, reforzando, con ello, los esfuerzos para continuar con la política de abatimiento y control de la inflación.

Al cierre del ejercicio el saldo de la base monetaria ascendió a 208 mil 943 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 1.6%. Asimismo, los activos internacionales netos al cierre de 2000, se ubicaron en 35 mil 628.8 millones de dólares. Estos datos son significativos debido principalmente a que permitieron que la variación del crédito interno neto se ajustará a los limites que el Banco de México estableció en su programa monetario.
 

En lo referente a la política cambiaria, las autoridades continuaron el régimen de libre flotación, lo que permitió dar certidumbre a los agentes económicos y convertirse en un instrumento importante en el mantenimiento del marco macroeconómico, cuyo comportamiento estable, contribuyó favorablemente tanto para las actividades productivas como la captación de recursos del exterior (venta de petróleo, aumento de la Inversión Extranjera Directa y las remesas de trabajadores mexicanos en Estados Unidos).

Cabe señalar que durante el periodo comprendido de mayo a julio de 2000, existieron presiones a la cotización cambiaria; las cuales se fueron disipando conforme transcurrió el proceso de elecciones federales, que una vez concluido, revirtió su tendencia, por lo que la paridad peso-dólar al cierre del ejercicio registró una menor cotización con respecto al promedio estimado en los Criterios Generales de Política Económica de 2000.

Precisamente la paridad al 31 de diciembre de 2000, el tipo de cambio spot a la venta, fue de 9.6500 pesos por dólar, lo cual implica una depreciación de 1.58% con respecto al cierre de 1999.

El patrón seguido por las tasas de interés, es prácticamente el mismo que el seguido por la devaluación del peso frente al dólar.

Durante los primeros meses del año, los mercados financieros se mantuvieron con relativa estabilidad y a medida que el proceso electoral se acercaba se presentaron síntomas de volatilidad mismos que vinieron acompañados por la previsión de una desaceleración de la economía de Estados Unidos y reducción temporal de la cotización de los precios internacionales de la mezcla mexicana del petróleo.

Sin embargo, concluida la jornada electoral, las tasas de interés mostraron de nueva cuenta su camino descendente y la tasa primaria de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días, cerró en 17.59% aunque el promedio del año se ubico en 15.2%, menor a la expectativa de inicio de año.
 

En el sector externo, las exportaciones se ubicaron en 166 mil 424 millones de dólares. En su componente sobresale el rubro de la venta de petróleo, que tuvo una tasa anual de crecimiento cercana al 65.0%, producto principalmente a que la cotización promedio del año, ascendió en 24.62 dólares por barril, 8 dólares por arriba de las estimaciones de la Ley de Ingresos, aunado al incremento de la plataforma de exportación.

Por otra parte, las exportaciones no petroleras también tuvieron incrementos importantes con relación al año anterior, incrementándose en un 18.6% y el cual tuvo una participación del 90% respecto al volumen total de las ventas al exterior.

Las importaciones netas ascendieron a 174 mil 472.9 millones de dólares, debido al dinamismo de las manufacturas y la demanda de insumos del exterior. Por tanto, el saldo de la balanza comercial se ubicó con un déficit de 8,048.9 millones de dólares.

V.2. Análisis de las Finanzas Públicas.

Durante el 2000, el balance público del sector aumentó en casi 17% respecto al año anterior. Este presentó un déficit equivalente al 1.1% del PIB

Los ingresos reales presupuestarios del sector público, muestran la tendencia que siguieron las variables en términos reales durante el 2000, fundamentalmente por los ingresos excedentes a las previsiones de los ingresos derivados de la venta del petróleo y por el buen desempeño de la actividad económica en su conjunto. Se estimó que el sector público captaría ingresos equivalentes al 21.5% respecto al PIB y respecto a los egresos, estaba previsto erogar un monto cercano al 22.5% respecto a la misma variable.

La captación corriente de los ingresos ascendió a 1 billón 189 mil 341.2 millones de pesos, monto mayor en 5.8% a lo estimado en la Ley de Ingresos y 12.3% más que lo captado el año anterior.

En lo que respecta a las erogaciones del Sector Público y en virtud de una mayor captación de ingresos a lo previsto, se hizo frente a ciertos compromisos de gasto, constituyéndose el Fondo de Estabilización para los Ingresos Petroleros (FEIP) y se destinaron mayores recursos a las entidades federativas y municipios vía ramo 28, así como ampliaciones presupuestales destinadas para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.
 

En términos reales, el gasto neto presupuestal alcanzó su mayor nivel precisamente en el 2000. El gasto neto devengado del sector público presupuestario fue superior a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en 5.5%. Desagregado las erogaciones, tenemos que el gasto programable fue superior a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos en 5.9%, y el gasto no programable fue mayor en 4.5%, explicación ya mencionada en el párrafo anterior, el cual se apegó a las consideraciones del Decreto de Presupuesto.

Cabe resaltar que como proporción del tamaño de la economía, el gasto público fue apenas el tercero más alto del sexenio. El gasto público se apegó a la consideración de crecimiento cercano al 22.5% como proporción del PIB. Siendo que, durante el 2000, el gasto neto devengado ascendió a 1 billón 243 mil 859.5 millones de pesos, cifra superior en 5.5% a lo programado.

Por lo que se refiere a los incrementos netos de los gastos programables, estos fueron del orden de 47 mil 973.4 millones de pesos y de las no programables en 16 mil 323.3 millones de pesos, mencionados en el cuadro del destino de los ingresos excedentes.

El gasto programable devengado durante 2000, fue de 864 mil 708.3 millones de pesos, destinándose las ampliaciones para cubrir el pago de pensiones, al Programa de Retiro Voluntario y las mencionadas en el cuadro de destino de ingresos excedentes. Por otro lado, también fueron ampliados recursos a la educación para gasto corriente (becas, estímulos a profesores y materiales y suministros).

El gasto corriente programable, registró en el ejercicio un monto de 715 mil 241.7 millones de pesos, 7.2% mayor a lo autorizado por la Cámara de Diputados, y por lo que corresponde al gasto programable de capital, este fue de 149 mil 466.6 millones de pesos. En la gráfica podemos ver la proporción que guarda el gasto en inversión física como porcentaje del PIB, misma que fue de las más bajas durante toda la administración.

El total de recursos correspondientes al gasto no programable, fue de 379 mil 151 millones de pesos, monto superior en 4.5% con relación a lo programado originalmente. Entre las principales variaciones se destacan, además de las ampliaciones a los programas de apoyo a deudores, una mayor entrega de recursos a los estados y municipios vía el ramo administrativo 28, que ascendió a un total de 178 mil 136 millones de pesos, cantidad que representa un 10.2% mayor a la prevista en el Decreto de Presupuesto, justificándose por el incremento de la recaudación federal participable a consecuencia de la evolución positiva de la economía y de los ingresos excedentes de la venta de petróleo.

El gasto programable del Gobierno Federal se ubicó en 592 mil 127.6 millones de pesos de los cuales en gasto directo, se erogaron 140 mil 949 millones de pesos, monto superior al autorizado en 7.9%. De este total, se destacan las disminuciones en los capítulos de gasto Materiales y Suministros, en 4.1%, explicada principalmente por la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria y del capítulo de Servicios Generales, que tuvo una disminución de 4.8%, justificado por contracción de las erogaciones en arrendamientos de edificios, vigilancia, seguros y servicios de energía eléctrica, telefónicos e informáticos. El capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias, registró una erogación de 451 mil 178.4 millones de pesos, 2% superior a lo programado.

Por clasificación administrativa, el gasto programable del Gobierno Federal, ascendió a 592 mil 217.6 millones de pesos, los cuales en la Administración Central se ejercieron 570 mil 224.4 millones y los Poderes y Órganos Autónomos, 21 mil 903.2 millones de pesos, lo que significa que la Administración Central ejercicio en esta clasificación el 97.2%. El total de esta clasificación fue superior a lo autorizado en 19 mil 014.8 millones de pesos, de lo cual destaca, la ampliación al ramo 33, por 12 mil 651.7 millones de pesos, seguida del ramo 23 que amplió sus recursos en 8 mil 589 millones de pesos.

Las erogaciones programables de las entidades sujetas a control presupuestario directo, fueron de 365 mil 095.9 millones de pesos, 8.9% mayor a la proyectada en el Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados. Su composición por destino de gasto fue de 301 mil 076.5 millones de pesos en gasto corriente y 64 mil 019.4 millones de pesos en gasto de capital, tiendo una composición porcentual de 82.4 y 17.6%, respectivamente.

El capítulo de gasto que presentó la mayor variación del gasto devengado de las entidades, fue el rubro de Servicios Generales que se incremento en 14% con respecto a lo presupuestado originalmente, básicamente realizadas por PEMEX, IMSS e ISSSTE, y donde se constato la principal disminución, fue en el capítulo de Obras Públicas, por un monto de 8 mil 202.3 millones de pesos, cifra que representa una disminución del 15.8% con respecto al presupuesto original.

Por otro lado, los pagos de intereses de la deuda pública, como proporción del PIB, aumentaron del 2.9% en 1998 al 3.7% en el 2000. Estos niveles de cualquier manera fueron menores a los de los tres primeros años del sexenio, que estuvieron inusualmente presionados por las altas tasas de interés, especialmente de 1995.

V.3. Política de Deuda.

El saldo de la deuda externa bruta al cierre de diciembre del 2000, se ubicó en 84 mil 600.2 millones de dólares, monto inferior en 7 mil 689.3 millones con respecto al año anterior, lo que significa una reducción del 8.3%, con respecto al ejercicio anterior.

Esta reducción se explica fundamentalmente por un desendeudamiento externo de 6 mil millones de dólares y por los ajustes contables de 1 mil 426.6 millones de dólares y por la apreciación del dólar respecto a otras monedas en las que se encuentra contratada deuda del Gobierno Federal.
 

El saldo neto de la deuda pública externa se ubicó al cierre del ejercicio en 76 mil 553.2 millones de dólares, monto menor en 6 mil 845.3 millones con respecto al cierre del año anterior.

Finalmente, el saldo de la deuda bruta interna del Gobierno Federal, fue de 657 mil 106.7 millones de pesos, cifra superior en 168 mil 718 millones de pesos, explicada principalmente por un endeudamiento neto del Gobierno Federal por 156 mil millones y ajustes de 12 mil 650 millones de pesos derivados del efecto inflacionario sobre las obligaciones de pasivos indexados. Por tanto, se concluye que el manejo de la deuda interna estuvo dentro de los límites establecidos por el H. Congreso de la Unión, contenidos en la Ley de Ingresos.
 

VI. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL GASTO.

VI.1. Funciones de Gestión Gubernamental.

i. Función 01. Legislación.

Esta función determina la naturaleza legislativa y política de las actividades sustantivas del H. Congreso de la Unión.

Para la consecución de los objetivos y desarrollo de las funciones de la Cámara de Diputados, durante el año 2000 se ejercieron recursos presupuestarios por la cantidad de 2,262.3 millones de pesos, monto superior en 54.0 millones de pesos al presupuesto original de 2, 208.3 millones de pesos y equivalente a un 2.4%. De los recursos ejercidos, 2,229.2 millones de pesos correspondieron a gasto corriente, cantidad superior en 3.2% a lo original, y 33.1 millones de pesos a gasto de capital, cantidad inferior en 30.7% a lo que fue originalmente autorizado; recursos que se ejercieron en su totalidad a través del programa sectorial 02 Programa Legislativo.

El mayor ejercicio presupuestario se debe a que esta Cámara, obtuvo una ampliación líquida por la incorporación de los productos financieros y otros ingresos obtenidos durante el ejercicio de 2000, por la cantidad de 29.5 millones de pesos, los cuales fueron regularizados mediante afectación presupuestaria, asimismo se obtuvo ampliación por concepto del Impuesto Sobre Productos de Trabajo correspondientes al aguinaldo por un monto de 24.5 millones de pesos, regularizado esto con afectación presupuestaria; dichos recursos fueron utilizados tanto para atender la intensa actividad legislativa por parte de los Grupos Parlamentarios y de los CC. Diputados, y para realizar proyectos ordenados por el Órgano de Gobierno de la Cámara tales como la adquisición de mobiliario y la modernización de los bienes informáticos, para lo cual fue necesario replantear el gasto en algunos capítulos.

La aplicación de los recursos ejercidos tuvo la siguiente estructura: 2,259 millones de pesos se ejercieron a través de gasto directo y 3.2 millones de pesos se destinaron a ayudas, subsidios y transferencias, cantidades que respecto a lo programado originalmente, significaron incrementos de hasta 32.9%, el mayor ejercicio presupuestario en este último rubro se explica por un incremento en los pagos de marcha, mismos que por su naturaleza no es posible presupuestar. Estos recursos representan el 0.1% del presupuesto total ejercido.

En lo que refiere a las actividades de la Cámara de Senadores, para el ejercicio 2000, los recursos originales autorizados ascendieron a 1,166.1 millones de pesos, al concluir el ejercicio fiscal se erogaron 1,180.1 millones de pesos, monto superior en 14 millones de pesos, equivalente a un incremento de 1.2% con respecto al autorizado originalmente. Dicho incremento es consecuencia de la regularización de los ingresos por productos financieros, recuperación por venta de activos e indemnizaciones de aseguradoras, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el renglón de ayudas, subsidios y transferencias, los recursos erogados se situaron en 4.5 millones de pesos, cifra que excede en un 2.1% con respecto al monto original. Esta variación es explicada por los recursos adicionales requeridos para otorgar apoyos solicitados directamente a la Mesa Directiva de dicha Cámara, por particulares y empleados, referente a gastos funerales y de sepelio y por el incremento a los apoyos otorgados a trabajadores jubilados, así como para el incremento a la cuota anual de la Unión Interparlamentaria Mundial.

Por capítulo de gasto, el de Servicios Personales pasó de una asignación original de 421.3 millones de pesos a un ejercicio presupuestal de 490.6 millones de pesos, cifra superior en 16.5%, debido principalmente a incrementos salariales al personal operativo, a los servidores públicos y superiores y a los CC. Senadores, así como de la compensación garantizada al personal con derecho a la misma.

Por último, de las erogaciones realizadas por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (Auditoría Superior de la Federación) fueron de 377.4 millones de pesos, monto que representa un 9.3% inferior con respecto a la asignación original aprobada por la Cámara de Diputados.

El principal objetivo de la Auditoría Superior de la Federación es examinar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en los términos de su Ley para verificar su apego a las disposiciones jurídicas. Para este programa se autorizó un presupuesto original de 415.9 millones de pesos, conformado por 415.7 millones de pesos de gasto directo y 0.23 millones de pesos de ayudas, subsidios y transferencias, de los cuales al final del año se erogaron 0.37 millones de pesos, que representa un 90.7% del presupuesto original autorizado para este concepto y una variación absoluta de 38.5 millones de pesos, inferior a la previsión original.

ii. Función 02. Impartición de Justicia.

Esta función comprende las actividades institucionales que desarrollan el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Agrarios y Fiscal de la Federación, así como las relativas a la impartición de justicia en materia laboral.

Durante el año 2000, la Administración Pública Federal ejerció en esta función 10,538.5 millones de pesos, es decir, 19.3% más que los recursos originalmente autorizados. De este monto, el 95.8% correspondió a Poderes y Órganos Autónomos, mientras el 4.2% restante fue ejercido por dependencias del Gobierno Federal.

Del gasto total en la función el Poder Judicial participó con el 86.4% que asciende a 7,459.2 millones de pesos; el Tribunal Fiscal de la Federación 5.5%, 585.5 millones; los Tribunales Agrarios 3.9%, 398.8 millones; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) 3.1%, 286.1 millones; y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 1.1%, equivalentes en 102.3 millones.

Los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal para la función 02 se distribuyeron en un 91.9% en el Programa de Impartición de Justicia, a través del Poder Judicial y el Tribunal Fiscal de la Federación; 5% en el Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, en el que ejercieron recursos los ramos 02, SEGOB y el ramo 31 Tribunales Agrarios; y por lo que corresponde en 3.1% a través del Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales del Ramo 14, STPS.

Para desarrollar las actividades propias de está función, el Poder Judicial ejerció 10,097.7 millones de pesos, que representó un sobreejercicio de 22%, en comparación con el monto autorizado. El ejercicio del presupuesto se efectuó en su totalidad a través del Programa de Impartición de Justicia. Por lo que refiriendonos a la orientación económica del gasto, se tiene que el gasto corriente ocupó más del 95% de los recursos presupuestales, fundamentalmente en el rubro de servicios personales; cabe destacar, que el gasto en estos servicios fue superior en 33.8% al monto aprobado en el presupuesto original, mientras que el rubro de ayudas, subsidios y transferencias disminuyó 26.1%.

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, en el tomo correspondiente al Poder Judicial, el sobreejercicio se explica principalmente por el cálculo del impuesto anual, resultante de la aplicación de la tabla reversa conforme al artículo 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; por la instalación y operación de 48 nuevos órganos jurisdiccionales de impartición de justicia; por la adquisición de material y equipo informático y la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Administración de Documentación Jurídica.

El gasto ejercido por el resto de las dependencias y organismos que participan en el desarrollo de las actividades de esta función presentaron resultados mixtos en el ejercicio fiscal que se reporta. Así, el ramo de Trabajo y Previsión Social superó el presupuesto asignado en 13.5%, en tanto que el ramo Gobernación fue 13.4% mayor a la asignación original y el correspondiente a los Tribunales Agrarios en 3%. Por su parte, las erogaciones del Tribunal Fiscal de la Federación, al final de ejercicio, registraron una disminución marginal de 0.1% en comparación con el presupuesto autorizado.

Según se señala en el tomo correspondiente de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, el sobreejercicio del ramo 09, fue motivado principalmente por la mayor asignación de recursos al rubro de servicios generales, con más de 50% respecto de su original, como consecuencia de una mayor erogación de recursos presupuestales en estudios e investigaciones, asesorías y pasajes nacionales, necesarios para el cumplimiento de las actividades sustantivas, en el marco del Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales.

Por lo que respecta a la SEGOB, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, indica que la mayor cantidad de recursos ejercidos se dio con el propósito de cubrir los incrementos salariales autorizados durante el ejercicio, así como para la adquisición de diversos implementos de aseo, conservación y mantenimiento de sus instalaciones, para dar cumplimiento a las acciones y objetivos del Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para el periodo referido, indica que el mayor ejercicio de recursos presupuestales por parte de los Tribunales Agrarios se dio en la actividad institucional 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros, al superar en 36.7% el monto originalmente autorizado. La situación se generó por los movimientos compensados para hacer frente a los compromisos del pago de estímulos por productividad, eficiencia y calidad y los gastos de fin de año, movimientos autorizados por la SHCP.

Así también, en el tomo correspondiente, se explica que el menor ejercicio presupuestario del Tribunal Fiscal de la Federación fue a consecuencia de la apertura de las nuevas salas hasta el último trimestre del año, una vez concluidos los trámites de designación de los magistrados respectivos.

iii. Función 03. Organización de Procesos Electorales.

Durante el año 2000, se llevaron a cabo los procesos electorales federales. Por mandato constitucional corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE), llevar a cabo esta tarea, precisamente por la trascendencia e importancia, aunado a procurar un estricto control en el manejo de los recursos se emitieron con fecha 9 de febrero de 2000, el programa de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria propios a este organismo.

El total de recursos ejercidos fue de 8,318.6 millones de pesos, cifra inferior en 135 millones de pesos con respecto a lo programado y 133.6% superior de lo ejercido en 1999.

Entre las explicaciones de las principales variaciones programáticas, destacan la de cancelación de registro a tres partidos políticos, las mejores condiciones para la contratación de anuncios en radio y televisión, mejor uso en los tiempos oficiales destinados para estos propósitos; la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, este último permitió ahorros en materiales y útiles de oficina, bienes informáticos, servicios de alimentación, combustibles, impresiones, publicaciones, pasajes y viáticos.

Como porcentaje del PIB, el ejercicio del organismo representó el 0.15%; asimismo, comparándolo su participación con respecto al gasto programable del Gobierno Federal, ascendió al 1.4%, del total ejercido durante ese año.

Dentro del análisis de los capítulos de gasto, en Servicios Personales tuvo un incremento del 3.77% conforme a lo autorizado por la Cámara de Diputados, y se explica básicamente, por las ampliaciones líquidas autorizadas las cuales tuvieron la finalidad de cubrir las remuneraciones del personal contratado bajo el régimen de honorarios para las tareas adicionales en la depuración y actualización del padrón y la prestación del Seguro de Separación Individualizado de Servidores Públicos y Mandos Medios, esto último, se ve reflejado en el incremento del monto ejercido del concepto 1500, Pago por Otras Prestaciones Sociales, las cuales fueron de 1,396.9 millones de pesos contra los 1,201.9 millones de pesos programados originalmente.

Se puede observar un mejor uso de los recursos en lo que se refiere al Capítulo de Materiales y Suministros, al reducir en casi 60 millones de pesos de lo autorizado, los cuales representan ahorros del 11%, aunque cabe destacar que en el concepto, 2400, Materiales y Artículos de Construcción, el cual tuvo un incremento de 87.17%, al pasar de 13.8 millones de pesos del presupuesto original a 25.0 millones de pesos ejercidos al término del año. En este mismo capítulo se realizó una autorización para adquirir insumos de bienes informáticos por 1.8 millones de pesos, lo cual tendría a revisarse el procedimiento para la adquisición de tales equipos, ya que se argumentó que se tuvo ahorros en ese rubro, por lo tanto se requiere a la Auditoría Superior de la Federación, revisar el proceso de adjudicación de esos equipos, así como el número y características de los mismos, si sus costos corresponden a los precios de mercado.

Adicionalmente los rubros de Servicios Generales y de Ayudas, Subsidios y Transferencias, observaron menores recursos ejercidos respecto a los programados, teniendo 1,270.5 y 3,773.7 millones de pesos originalmente asignados, los cuales se ejercieron al término del ejercicio 1,231.7 y 3,510.8 millones de pesos, respectivamente. Cabe señalar que en los Servicios Generales, se tuvo en el concepto 3100, Servicios Básicos, un ejercicio mayor por 30.9 millones de pesos, 21% más de lo original, y por otro lado, en el concepto 3400, Servicios Comercial y Bancario, tuvo un ejercicio por 144 millones de pesos, 69.7% más de lo autorizado, puesto que, al inicio estaba destinado por este concepto 84.8 millones de pesos.

Es destacable que en este capítulo, se ejercieron en Servicios de Información y Difusión, 228.0 millones de pesos, 85.0 millones de pesos menos de lo programado originalmente.

Mediante oficios de autorización girados por la Secretaría de Hacienda, para ampliación de recursos líquidos al organismo, se incrementaron gastos en los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, esto explicado principalmente para el funcionamiento de la bodega que almacenó la documentación y el material electoral; la transmisión de los datos de la RED del Instituto en lo que fue el proceso electoral con el fin de transmitir el Sistema de Datos Preeliminares.

Por último de esta función y con respecto a la Subfunción de Organización de Procesos Electorales, los montos y sus variaciones corresponden a las ya descritas y el Programa Sectorial del IFE, correspondió a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que entre otros objetivos tenía la del desarrollo democrático del país, así como una consolidar a los órganos electorales.

iv. Función 04. Procuración de Justicia.

Para el año 2000, se ejercieron recursos en la función Procuración de Justicia por un total de 4,520.9 millones de pesos, registrándose un subejercicio de recursos en 2.1%, los cuales corresponden a 98 millones de pesos respecto a lo programado originalmente. La cantidad total erogada representa el 0.76% del gasto programable ejercido durante 2000.

El 96.5% del presupuesto ejercido se destinó a gasto corriente, 1.4% en Bienes Muebles e Inmuebles y 2.1% en Obras Públicas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo público autónomo, tuvo un incremento de su gasto total para esta función en 5.9 millones de pesos, las principales variaciones fueron por 10 millones de pesos en Servicios Personales y una disminución de 3.9 millones en Servicios generales con respecto al presupuesto autorizado, siendo que las principales variaciones fueron autorizadas mediante oficios de ampliación liquidas de la Secretaría de Hacienda, con lo cual, de los recursos excedentes, se trató de atender y emitir recomendaciones sobre asuntos de presuntos desaparecidos, agravio a periodistas, víctimas de delito, sistema penitenciario, migrantes, población indígena, así como para prioridades administrativas.

En general, sobre las subfunciones solo podemos mencionar que los ramos que cuentan éstas, son el 15, Reforma Agraria, y 17, Procuraduría General de la República (PGR); teniendo ambos la de "Procuración de Justicia", y presentan las mismas variaciones porcentuales, por lo que no es relevante para este análisis.

En lo que refiere a los programas sectoriales presentan también las mismas variaciones que los totales por capítulo en cada entidad por lo que solo registramos el cuadro de las Actividades Institucionales.

Las variaciones sustantivas con respecto al ejercicio de esta función gubernamental se localizan en las actividades institucionales. En el caso del ramo 06, Hacienda y Crédito Público, la actividad institucional 455, Recibir, Registrar, Custodiar, Conservar y Supervisar Bienes Asegurados, presenta una disminución que es explicada porque varias convocatorias del comité de adquisiciones se declararon desiertas. Mientras que los incrementos de la Actividad de Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros se explica por la mayor adquisición de mobiliario, equipo informático, de comunicaciones y telecomunicaciones, además de la ampliación de recursos para el pago de ISR.

Con respecto al Ramo 07, Defensa Nacional no tiene mayor explicación argumentada que la variación económica que se observa, aunque cabe precisar que existe un error en la suma de los capítulos en el Banco de Información Económica, la cual no corresponde con la explicación a las variaciones programáticas, por lo que se recomienda realizar una auditoria en esta actividad institucional 408, Procurar Justicia, para examinar el uso y destino de los recursos presupuestales.

Por su parte, en el Ramo 10, Economía, su principal variación se ubica en la Actividad Institucional 408, Procurar Justicia, misma que comprende básicamente el apoyar al Programa PEMEX-AUTOTANQUES y cubrir erogaciones adicionales sobre el rubro de servicios generales como el pago del servicio telefónico y diversos mantenimientos.

Por otro lado, la explicación a la variación de la Actividad 701, Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros se debió a los incrementos de las percepciones autorizadas, mandos medios y superiores que corresponden a la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (PROFECO).

En lo que respecta a la Actividad de Procurar Justicia del ramo Trabajo y Previsión Social, se tiene como indicador que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo atendió el 100% de las demandas interpuestas, las cuales ascendieron a 77,950 y se explica por la elaboración e implantación de sistemas de apoyos en las áreas administrativas y sustantivas de la Procuraduría.

El ramo 15, no presentar mayores detalles o explicaciones sobre las variaciones programáticas y tampoco se tienen elementos de la actividad sustantiva de la misma, que es promover la solución de asuntos presentados por sujetos agrarios.

Asimismo, Medio Ambiente, en su actividad de Procuración de Justicia, tuvo un avance de 27,326 inspecciones en materia ambiental de las 24,618 originalmente, lo cual el incremento de gasto en 11.1% respecto al original compensa los avances en la misma proporción en la ejecución de la parte sustantiva de su trabajo.

La PGR, tiene fundamentalmente entre sus acciones incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos y promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos altamente especializada. En la actividad "Diseñar Políticas Públicas y las Estrategias para su Implantación", se buscaba conformar y actualizar un sistema de estadística criminal, impulsar el uso de la informática en el ámbito de la procuración de justicia en esta actividad se ejercieron 71 millones de pesos menos de lo programado originalmente.

En la actividad "Promover la Cooperación Nacional e Internacional", se ejercieron 73.9 millones de pesos, señalándose algunos resultados tales como procesos de extradición, asistencia jurídica mutua, traslado internacional de reos y devolución de vehículos. Destaca la presentación de 80 solicitudes de extradición. Y por lo que tiene que ver la Actividad "Representar al Gobierno Federal en Materia Jurídica", tuvo una disminución de recursos ejercidos en 9.1%, con relación al gasto asignado, explicado por las políticas de racionalidad y disciplina presupuestaria, aunque en su actividad de Concluir Juicios tenían como meta terminar 168, se alcanzaron 180.

Sobre la principal actividad institucional "Procurar Justicia", se buscó reestructurar la organización de la institución a fin de ofrecer a la ciudadanía un esquema de pronto y expedita procuración de justicia. Las variaciones de gasto se explican por los adelantos de los plazos del proceso de entrega-recepción de la administración. Entre las metas cumplidas destaca el despachar 76,639 averiguaciones previas sobre las 65,670 programadas.

Con respecto a "Formar Servidores Públicos", se desarrollaron 1,023 cursos de capacitación de los 1,102 programados originalmente; sin embargo, se ejercieron 252.4 millones de pesos y la explicación del incumplimiento de la meta de cursos es por el adelanto en el calendario del proceso entrega-recepción de la administración. Además en la actividad institucional, "Prever el Pago de los Incrementos por Servicios Personales", los recursos no fueron ejercidos al propósito original dado el dictamen de la SHCP, No. 308.A.Z.1-1/10002 y por lo cual fueron transferidos a las actividades institucionales de la Procuraduría.

Sobre las actividades institucionales de la CNDH, "Diseñar Políticas Públicas y las Estrategias para su Implantación", ejercieron 166.3 millones de pesos menos que lo originalmente presupuestado, los cuales fueron autorizados los oficios de afectación presupuestaria, de acuerdo a las necesidades de operación. Con relación a la actividad institucional 701, "Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros", la explicación al mayor gasto por 37.8 millones de pesos fue debido a la implantación del sistema de planeación estratégica, la reubicación y reestructuración de la plantilla laboral de la Comisión, la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Unidades Administrativas, se establecieron el sistema de otorgamiento de estímulos e incentivos al personal de mando, renivelación de plazas e incrementos a las remuneraciones de un amplio número de trabajadores. Pese a estos incrementos se lograron compactar gastos de energía eléctrica, disminución de pago por concepto de estacionamiento, agua purificada y se desarrollaron licitaciones para adquirir bienes informáticos y de comunicaciones con tecnología de vanguardia, además se llevaron a cabo actualización de los sistemas informáticos comerciales.

v. Función 05. Soberanía del Territorio Nacional.

Esta categoría programática comprende el campo de acción general del Gobierno Federal, sobre la Soberanía del Territorio Nacional. Se conforma de un programa sectorial, un programa especial, por las actividades institucionales 101 Diseñar Políticas Públicas y las Estrategias para su Implantación; 415 Defender el Territorio y Mares Nacionales; 504 Fabricar Equipo de Seguridad; 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros; y 708 Prever el Pago de los Incrementos por Servicios Personales, las cuales, a su vez, se conforman por el proyecto N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2000, el presupuesto devengado por el Ramo 07, Defensa Nacional, en esta función fue de 17,793.5 millones de pesos, monto superior en 817.9 millones de pesos 4.8%, respecto al presupuesto inicial de 16,975.5 millones de pesos. De esta erogación, 17,754.9 millones de pesos se identifican como gasto directo y 38.6 millones de pesos como ayudas, subsidios y transferencias; esto representa un incremento del 4.8 por ciento para el primer caso y una disminución del 0.6 por ciento para el segundo, respecto del presupuesto original.

Conforme a la naturaleza del gasto de esta función, el 94.9% del presupuesto total ejercido correspondió a gasto corriente, ya que se erogaron 16,878.2 millones de pesos, monto superior en 0.6% respecto de la cifra original de 16,779.3 millones de pesos. Este incremento de 98.8 millones de pesos se explica por el mayor gasto observado en el capítulo de Materiales Suministros y en el de Servicios Generales. Por lo que se refiere al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias, se registró un menor ejercicio presupuestario de 0.6 por ciento, equivalente a 0.2 millones de pesos, en virtud de que se ejercieron 38.6 millones de pesos de una asignación original de 38.8 millones.

Respecto al gasto de capital, el presupuesto ejercido se situó en 915.3 millones de pesos, cifra superior en un 366.5% y en 719.1 millones de pesos respecto al presupuesto inicial de 196.2 millones de pesos, debido primordialmente a que en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se erogaron 635.1 millones de pesos no programados originalmente, así como al hecho que en este ejercicio no se realizaron obras por contrato, sino obras públicas por administración, no contempladas en el presupuesto original del capítulo de Obra Pública, mismo que de un presupuesto original de 166.1 millones de pesos, pasó a una cifra ejercida de 269.7 millones de pesos; es decir, tuvo un incremento del 62.4%, equivalente a 103.6 millones de pesos. En este contexto, la participación del gasto de capital en el total ejercido de esta función fue del 5.1%.

En general, las discrepancias en el agregado respecto a lo que se autorizó por la Cámara de Diputados y lo que se ejerció, no fueron alarmantes (5.1%). Hay, sin embargo, una serie de rubros en donde sí existieron fuertes diferencias respecto a las originales por encima de los montos autorizados, que obviamente fueron compensadas con otras a la baja.

Cabe hacer notar que en esta función no se dan a conocer los parámetros bajo los cuales se va a medir tanto la trascendencia de la tarea llevada a cabo como de las metas por cumplir. No se dan a conocer los indicadores estratégicos de gestión de esta función, ni menos las fórmulas y metodologías de los indicadores que medirán las acciones de esta función. Por ello, es conveniente que tanto Marina como la Defensa Nacional, elaboren los indicadores de gestión y desempeño, con los cuales se podrían evaluar sus funciones de una manera más clara y objetiva.

vi. Función 06. Gobierno.

La función 06 Gobierno tuvo un comportamiento mixto en términos de ajuste al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio del año 2000. El presupuesto aprobado fue de 40,445.99 millones de pesos. Lo que efectivamente se ejerció en esta función fue 52,328.26 millones de pesos, lo cual representa una incremento nominal de 11,882.26 millones de pesos. En términos porcentuales, el exceso de gasto ejercido sobre el presupuesto original fue de 29.4%.
 

La historia del gasto de esta función es distinta si la dividimos entre lo que gastó el Gobierno Federal y lo que representó de gasto descentralizado. Así, la mayor parte del gasto correspondió al Gobierno Federal con 35,724.37 millones de pesos contra un presupuesto aprobado de 33,858.64 millones. Dentro del total del gasto de esta función el Gobierno Central representa el 46.5%. El exceso de este gasto ejercido sobre el original fue de 5.5%.

Por otro lado, el gasto descentralizado tuvo una ampliación de 152.1% el ejercido sobre el original, ya que pasó de 6,587.35 a 16,603.89 millones de pesos; es decir, un exceso de 10,016.54 millones de pesos. La mayor explicación de estas desviaciones, y que conviene explicar en mayor detalle, corresponden al rubro de Provisiones Salariales y Económicas (gasto directo), que tuvo un sobregiro de 703.6%, 9,972.64 millones de pesos.

Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios prácticamente no tuvieron desviaciones sobre lo originalmente aprobado (desviación de 0.8%).

Los ramos administrativos que incluyen esta función son: 02 Presidencia de la República; 04, Gobernación; 05, Relaciones Exteriores; 06, Hacienda y Crédito Público; 07, Defensa Nacional; 13,Marina; 17,Procuraduría General de la República; y 27, Contraloría y Desarrollo Administrativo.

La Presidencia de la República tuvo un menor gasto al autorizado por la Cámara de Diputados, siendo su ejercicio menor en 5.7%. El autorizado fue de 1,504.34 millones de pesos, los cuales se ejercieron 1,419.09 millones de pesos. Por su parte, el gasto que se dejó de ejercer por este ramo administrativo fue de 85.24 millones de pesos. Casi toda la explicación de este subejercicio se encuentra en el rubro de gasto directo: 85,01 millones, la diferencia se encuentra en Ayudas, Subsidios y Transferencias. Con respecto a los indicadores de la actividad "Comunicar y Difundir las Actividades y Compromisos del Gobierno Federal", se requieren que estos indicadores sean más claros y concretos.

Por otro lado, respecto a las 22 aeronaves utilizadas por la Presidencia durante el 2000, se requiere conocer con claridad los recursos erogados y si corresponden a la propiedad del Ramo o tienen contrato de arrendamiento, esta dictaminadora considera pertinente solicitar a la Auditoria Superior de la Federación, que presente un informe amplio respecto al uso de estas aeronaves y los gastos relacionados a su mantenimiento, dado que esta en duda su utilidad al existir otras prioridades de gasto.

Gobernación tuvo un subejercicio de 2.7%. Pues, su presupuesto autorizado se ubicó en 8,822.87 millones de pesos, ejerciéndose al término del ejercicio 8,586.18 millones. El monto absoluto sin ejercer en este ramo en lo correspondiente a la función 06 fue de 236.68 millones de pesos. Sin embargo, en términos de algunas de sus acciones, se percibe ciertos resultados que muestran ineficacia del ejercicio del gasto público.

Por ejemplo, respecto a los estudios de Investigación y Opinión Pública se requiere que este ramo detalle con mayor profundidad los parámetros para determinar la importancia y utilidad de estos estudios, además cuáles fueron los resultados de los mismos.

También se recomienda que la Auditoria Superior de Fiscalización realice una auditoria a Gobernación en lo que se refiere a las adquisiciones efectuadas durante el 2000, de los equipos y aparatos de comunicación que integra el Sistema Nacional de Seguridad Pública y aquellos utilizados por el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional, los cuales no presentan mayores detalles en los informes de la Cuenta Pública. Al mismo tiempo, realice una investigación y presente en el Informe Final sobre las adquisiciones de equipo de comunicación y cómputo a las unidades de protección civil de los municipios y localidades, donde excedieron a los presupuestos autorizados, asimismo detalle por entidad federativa el monto de las transferencias o del número de equipos. Entre los que destacan las adquisiciones de aeronaves a la Policía Federal Preventiva (PFP).

Por su parte, Relaciones Exteriores tuvo un sobreejercicio de 8.8% sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esto representa 270.60 millones de pesos. Prácticamente todo el sobregiro se explica por el mayor gasto directo, 260.61 millones de pesos.

También el ramo administrativo 06, Hacienda y Crédito Público tuvo un exceso de gasto equivalente al 16.1% sobre el autorizado 2,667.92 millones de pesos). El gasto autorizado fue de $16,562,546,100 pesos y se ejerció $19,230,467,600 pesos. La explicación de este sobregiro proviene del rubro Ayudas, Subsidios y Transferencias en donde se dispensó 3,496.46 millones de pesos. La diferencia para el total se encuentra en una disminución de gasto directo por 828,54. millones de pesos.

En lo que refiere a las principales observaciones destacan que en el Índice de Presencia Fiscal, este indicador tuvo un presupuesto ejercido superior a lo programado, en tanto que no fueron cumplidas las metas, es evidente que se requiere de una estructura recaudatoria que reciba, administre y vigile las acciones impositivas de los contribuyentes. De lo contrario, se seguirá manteniendo un ente administrativo cuya estructura es grande e ineficiente. Por tanto, es conveniente solicitar a la Entidad Superior de Fiscalización que audite estos gastos de vigilancia y supervisión que están consignadas dentro de sus facultades fiscalizadoras y si tales variaciones son justificables.

Respecto a Defensa Nacional tuvo un gasto aprobado de 1,000.00 millones y los cuales ejerció $400.00 millones de pesos. Esto representa el 60% de subutilización de los recursos. Pese a este ramo, Marina, ejerció exactamente lo que se le aprobó en esta función: $250,000,000 pesos. Sin embargo, cabría señalar que estos ramos no tienen indicadores que permitan evaluar el ejercicio del gasto y lo cual se recomendaría a Defensa Nacional, un mejor ejercicio de programación y presupuestación para evitar subejercicio tan elevados como el que se presenta y no desvíe atención a otras actividades prioritarias.

En el caso de la PGR, el presupuesto aprobado fue de 1,677.08 millones de pesos. Los cuales ejerció la cantidad de 1,451.58 millones de pesos; es decir, el 13.4% menos.

Por último, Contraloría y Desarrollo Administrativo gastó un 7.8% más a lo aprobado en el presupuesto original ya que erogó 1,033.24 millones contra lo aprobado que fue de 958.61 millones de pesos. Tal diferencia se explica por un mayor gasto en el rubro de Ayudas, Subsidios y Transferencias.

vii. Función 14. Medio Ambiente.

En esta función el ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es quien establece las políticas, programas especiales y actividades institucionales para lograr el equilibrio global y regional entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, que permitan contener los procesos de deterioro ambiental; inducir el ordenamiento adecuado del territorio nacional conforme a las aptitudes y capacidades ambientales de cada región, aprovechar plena y sustentablemente los recursos naturales como condición básica para superar la pobreza; y cuidar el ambiente y los recursos naturales, a partir de la reorientación de los patrones de consumo y la instrumentación efectiva de la legislación.

Por su parte, el objetivo de PEMEX, quien también eroga recursos para esta función, es reducir los impactos de sus actividades en las comunidades donde lleva a cabo sus operaciones, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad federal en la materia. En este mismo sentido, busca mejorar la calidad de los productos y construir la infraestructura industrial necesaria para el tratamiento de sus desechos industriales.

En el año 2000 fueron ejercidos en esta función un total de 10,405 millones de pesos, de los cuales 7,693.6 millones de pesos, el 73.9%, correspondieron al Gobierno Federal a través de la (SEMARNAT) y 2,711.5 millones de pesos, el 26.8% restante correspondió a PEMEX. En dicho periodo, el gasto ejercido fue 582 millones de pesos menor al presupuesto autorizado, lo que significó un subejercicio del 5.3%, provocado principalmente por el subejercicio del 20.4% registrado por PEMEX.

El gasto ejercido por la SEMARNAT superó en 1.5% al monto que originalmente se autorizó, impulsado principalmente por el incremento de 41.4% en las Ayudas, Subsidios y Transferencias de capital; este último hecho se explica por las ampliaciones líquidas autorizadas por la SHCP, para que con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), la Comisión Nacional del Agua (CNA) realizara acciones tendientes a mitigar los daños ocasionados en la infraestructura hidráulica federal por diversas eventualidades ocasionadas por fenómenos climatológicos. Cabe destacar, que la SEMARNAT realizó una transferencia de recursos a SEGOB, en el marco del Proyecto de Centralización del Gasto del Gobierno Federal en Comunicación Social.

De acuerdo con la naturaleza económica del gasto, de los recursos ejercidos por la SEMARNAT el 73.2% se registró como gasto corriente, mientras que el 26.8% correspondió a gasto de capital. Los principales componentes del gasto corriente fueron los de Servicios Personales con 49.9% y el de Ayudas, Subsidios y Transferencias con 16.2%. Al interior del gasto de capital destacaron también, las Ayudas, Subsidios y Transferencias con un peso específico de 19.4%; cabe señalar, que en comparación con el presupuesto autorizado el gasto ejercido en obra pública disminuyó 37.8% y que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000, en el tomo correspondiente, no precisa los elementos programáticos que explican dicha variación.

El gasto en ésta función, se distribuyó en cuatro subfunciones con la siguiente importancia relativa: (01) Medio Ambiente con 74.7%; (00) Servicios Compartidos, 15.5%; (03) Suelo y Recursos Forestales, 7%; (02) Pesca y Acuacultura, 2.8%. Por lo que respecta a la SEMARNAT, su gasto se ejerció a través de las cuatro subfunciones. Cabe precisar que el ramo 16, presentó un sobreejercicio del 11.5% en la subfunción Medio Ambiente, en oposición al subejercicio del 15.9% en la de Servicios Compartidos. El primero tuvo origen en la ampliación líquida autorizada para cubrir el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT), correspondiente al pago de estímulos a la productividad y otras prestaciones, por las transferencias para cubrir el incremento salarial autorizado por el Ejecutivo Federal en el 2000 y por los recursos del FONDEN canalizados a la CNA para subsanar los daños en la infraestructura hidráulica ocasionados por diversos desastres naturales; el segundo encuentra explicación en las transferencias autorizadas por la SHCP a otras funciones, para cubrir el incremento salarial autorizado por el Ejecutivo Federal y por la transferencia de recursos para realizar obras y acciones en el marco del Programa de Empleo Temporal (PET).

Por programa sectorial, la SEMARNAT destinó el 61.2% de los recursos al Programa Hidráulico, 25.5% al Programa de Medio Ambiente, 9.4% al Programa Forestal y de Suelo y el 3.8% al Programa de Pesca y Acuacultura.

El Programa Hidráulico registró un sobreejercicio de 15.3% y el de Pesca y Acuacultura de 4.6%. El primero tuvo origen, por una parte, en las ampliaciones líquidas al presupuesto de la CNA por parte de la SHCP, con recursos del FONDEN, que se asignaron principalmente al proyecto K029 de la Actividad Institucional 412 del Programa Especial 018, y por el otro, en las transferencias de recursos de recursos de la CNA al IMT en el marco del programa especial 019 Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica; el segundo encuentra explicación en la ampliación líquida autorizada para cubrir el ISTP, la transferencia de recursos para cubrir el incremento salarial autorizado por el Ejecutivo Federal durante 2000 y por la transferencia de recursos de la subfunción de Servicios Compartidos para realizar obras y acciones en el marco del PET, a cargo de la Subsecretaría de Planeación. Cabe destacar, que de acuerdo con información proporcionada por el ramo, la totalidad del monto sobreejercido en el Programa Hidráulico se destinó a gasto de capital.

El Programa de Medio Ambiente y el Forestal y de Suelo presentaron subejercicios de 17.2% y 13.7%, respectivamente. El primer hecho tuvo origen, por un lado, en las reducciones de 16.5% en el programa especial, Programa Normal de Operación, al interior de la Subfunción Servicios Compartidos, para transferir fondos tendientes a cubrir el incremento salarial autorizado por el Ejecutivo Federal durante el 2000, ahorros para el pago de estímulos a los servidores públicos, además de la canalización del 79.5% de los recursos del PET a otros proyectos, y por otro lado, en los ahorros obtenidos por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en diversos proyectos, dentro de la Subfunción Medio Ambiente. El segundo hecho se da como resultado de las transferencias realizadas a la SEDENA, para que realizara acciones dentro del marco del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), y a la Subfunción Servicios Compartidos, para cubrir el estímulo otorgado durante el 2000 al personal de mandos medios, servidores públicos, superiores y homólogos. De acuerdo con información de funcionarios de la SEMARNAT, parte de los subejercicios se explican también por los retrasos en la firma de los convenios con las autoridades estatales y municipales, así como la tardía liberación de los oficios de autorización del gasto de inversión en estos programas; de esta manera, se estrechó el calendario para la aplicación de los recursos.

La SEMARNAT argumenta que es conveniente que la normatividad y reglamentación inherente a la manera como se aplican y ejercen los recursos se simplifique, de tal suerte que el proceso de asignación y el ejercicio del gasto se vuelva más eficiente.

En el tomo de resultados generales, durante el 2000 se contrató un estudio para elaborar tres cartas edafológicas a escala 1: 50 000, a fin de determinar el estado del suelo en la Cuenca Propia del Lago de Chapala, precisando las causas de la degradación del ecosistema y sus consecuencias. No obstante, en dicho tomo, no se indica si la realización de las cartas las efectuó una empresa privada o pública; el costo del mismo, así como la justificación de la designación del prestador de este servicio; el ramo argumentó que el estudio lo realizó el Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo, con un costo de aproximadamente 500 mil pesos.

En el año que se reporta, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente recibió 4 mil 553 denuncias, de las cuales mil 368 denuncias se concluyeron, mil 621 se encuentran pendientes de resolución y mil 564 se encuentran en trámite, con lo cual únicamente se pudo resolver el 30% de las mismas. La SEMARNAT indicó que el bajo índice de resolución se debió a la carencia de recursos humanos en la materia, pero que recientemente se ha puesto en marcha un agresivo programa de regularización de denuncias para abatir el rezago que existe desde 1996.

En materia de inspección y vigilancia forestal la PROFEPA aseguró 38 mil 319 m3 de leña y de madera aserrada y en rollo, así como 719 vehículos y 622 herramientas y equipos para la extracción ilegal. De acuerdo con funcionarios de la SEMARNAT, ésta no determinó el valor monetario de los bienes incautados en virtud de que la mayoría de ellos son canalizados a la Dirección General de Administración de Bienes Asegurados de la SHCP. Del producto de la enajenación de dichos bienes únicamente se destinaron 700 mil pesos a la PROFEPA.

Como ya se mencionó; PEMEX registró al final del ejercicio fiscal del 2000 un subejercicio originado por el organismo subsidiario PEMEX Refinación, quien redujo en forma sustancial el gasto ejercido en los rubros de servicios personales, servicios generales, así como en el de obra pública.

Para el caso de PEMEX, el 56.8% de los recursos se ejercieron como gasto de capital, principalmente en obra pública; sin embargo, este último concepto registró un subejercicio de 18.5%: En el gasto corriente, los rubros de Servicios Personales y los Servicios Generales participaron con el 26 y 13.6%, respectivamente.

El gasto de PEMEX sólo se realizo a través de la subfunción Medio Ambiente, dicho gasto registró un subjercicio de 20.4%, cuyas causas se detallaron ya en el gasto de la paraestatal dentro de la función 14. Cabe destacar, que el 100% del gasto de PEMEX se canalizó a través del Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía.

De acuerdo con información de funcionarios de la Paraestatal, actualmente la función 14, en lo correspondiente a PEMEX, integra muchas actividades que no tienen que ver con dicha función, lo que causa problemas de ubicación al momento de asignar los recursos que corresponden a seguridad y a protección ambiental.

En el tomo de la Cuenta Pública correspondiente a PEMEX, se indica que el gasto corriente disminuyó en 21%, provocado fundamentalmente por las menores erogaciones en el rubro de servicios personales de PEMEX-Refinación. Según se explica, lo gastos se redujeron a causa del menor número de trabajos de mantenimiento que se atendieron por recomendaciones de la PROFEPA. Funcionarios de la Paraestatal señalaron que en este tema se presentó, en el tomo en comento, un problema de redacción; lo que en realidad se pretendió decir fue que se atendieron más recomendaciones de la PROFEPA que las que se debían atender y que por eso aumentó el gasto en servicios generales.

VI.2. Funciones de Desarrollo Social.

i. Función 07. Educación Pública.

Para el año 2000, se ejercieron recursos en la función 07, Educación por 207,006.43 millones de pesos, monto superior en 0.62%, respecto a lo originalmente autorizado que ascendió a 205,841.85 millones de pesos. Esta cantidad representa el 3.81% del Producto Interno Bruto, asimismo, representa el 34.95% respecto al gasto programable ejercido por el gobierno Federal, y la proporción con respecto al Gasto Neto Total ejercido durante el ejercicio 2000, fue de 20.1%.

Del total de recursos, 99.01% se destinó a gasto corriente y el resto entre Gasto de Capital y Obras Públicas; cabe mencionar que, 187,367.4 millones de pesos fueron transferencias realizadas a organismos descentralizados, centros educativos y de investigación, así como a las entidades federativas, lo que representa 90.5% del gasto ejercido en esta función.

En ese sentido, desde el punto de vista de las acciones de descentralización de los servicios de educación, se observó durante el año 2000, que la Federación ejerció 85,390.59 millones de pesos, mientras que el gasto ejercido por las Entidades Federativas ascendió a 121,617.12 millones de pesos, es decir de cada peso ejercido en educación por el Gobierno Federal, los estados ejercieron 1.42 pesos.

Dentro de la Función 07, en lo que corresponde al análisis de los capítulos de gasto, se registra un incremento de 150.6% del rubro de Servicios Generales en el ramo 07 Defensa Nacional (SEDENA), con respecto a lo autorizado, mientras que fueron disminuidos los capítulos de Servicios Personales y Materiales y Suministros, en 23.7% y 19.3% respectivamente, dentro de la misma dependencia. A su vez, el ramo 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), incrementó en 13.4% el gasto destinado en el Capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias ejerciendo en total 1,401.4 millones de pesos, cifra incrementada en 165 millones de pesos con respecto a lo autorizado. Las adecuaciones más significativas del Ramo 11, Educación Pública (SEP), son en los rubros de Materiales y Suministros por 146.9 millones de pesos, lo que significó una disminución en 46% respecto a lo programado, que originalmente eran 319.2 millones de pesos, explicado principalmente por las acciones del Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestaria emitidas por la Secretaría de Hacienda.

En el ramo administrativo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, tuvieron una disminución por 8,933.7 millones de pesos, cifra que significó una reducción en 41.6% respecto a lo autorizado, mientras que 8,492.4 millones fueron los recursos que se incrementaron y se distribuyeron vía el ramo 33, en su componente educativo.

Desde el punto de vista de las subfunciones, se encontraron los siguientes resultados con mayor trascendencia partiendo de las consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.

En Educación Básica, se ejercieron 130,177.7 millones de pesos, con lo que se alcanzó a cubrir 23.6 millones de educandos al termino de la Administración, cifra casi igual a la propuesta de atender a 23.7 millones de estudiantes. Cabe señalar que el 91.50% del ejercicio de esta Subfunción se ejerce por las entidades federativas, gracias a los convenios de descentralización de los servicios de educación.

En Educación Preescolar, se atendieron a 3.4 millones de niños, 30 mil más que en el ejercicio anterior. Parte de este incremento se explica por el incremento de la matrícula, las acciones de educación indígena y promoción de asesores comunitarios. En la Educación Secundaria, se atendieron a 5.3 millones de alumnos; 140 mil más que en el período inmediato anterior. Además el Sistema de Educación Telesecundaria, atendió a un millón 53 mil alumnos.

En Educación Media Superior se ejercieron 21,591.9 millones de pesos para atender a casi 3 millones de estudiantes, 63 mil alumnos, 59.7% de los cuales realizan sus estudios mediante la modalidad de bachillerato general; 12.2% en educación profesional media y 28.1% en bachillerato tecnológico. Es importante señalar, que de estos recursos ejercidos el 91.3% lo ejerce la SEP y las entidades federativas participaron con el 5.9%, durante el 2000.

Se creó la modalidad de educación media superior a distancia, teniéndose 151 programas con diferentes temáticas; por otro lado, se iniciaron acciones de descentralización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y por tanto, transfirieron recursos a los planteles del interior del país.

En la Educación Superior, fueron erogados 28,706.5 millones de pesos para atender una matrícula que asciende a poco más de 2 millones de estudiantes, el 67.9% de la población lo realizan en instituciones públicas y 32.1% en escuelas privadas. Es preciso, señalar que las entidades gastan directamente 24.4% del total de la Subfunción y el 75.6% lo realiza el Gobierno Federal.

De acuerdo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, durante el 2000, fueron incorporadas al Sistema Educativo Superior 6 nuevas Universidades Estatales (Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos y Michoacán), beneficiando a 36.2 mil estudiantes.

En lo que respecta a la Subfunción de Ciencia y Tecnología, se ejercieron durante el período de estudio, 9,866.57 millones de pesos, con lo cual, se apoyó la capacitación de recursos humanos de alto nivel para estudios de Postgrado en México y en el extranjero, a poco más de 30 mil estudiantes, de los cuales 18,750 corresponden en Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como 4,500 becas en apoyos para estudios en el extranjero.

En la Subfunción de Cultura, se gastaron 4,052.5 millones de pesos, los cuales fueron en su totalidad ejercidos por la SEP, entidad que se enfocó a desarrollar acciones para preservar, investigar y difundir el patrimonio histórico y cultural de la Nación, dando mantenimiento a 305 edificios considerados patrimonio histórico, beneficiando directamente a cerca de 19.8 millones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros cada año.

Para las acciones de Educación Física y Deporte, el Sistema Nacional del Deporte firmó 32 convenios con igual número de estados, con el fin de instaurar en todo el país, consejos Estatales donde se impulsen acciones en beneficio de la niñez y juventud mexicanas, también durante el 2000, se promovió al deporte estudiantil llevándose a efecto la Olimpiada Juvenil con la participación de 22 mil niños y jóvenes de nueve a veintiún años. Además se continúo dando apoyos directos al Deporte de Alto Rendimiento, proporcionándose 2,406 becas y se brindaron apoyo a más de 8 mil deportistas de 62 federaciones.

Las principales variaciones se encuentran en el subejercicio de recursos de la Subfunción de Educación Media Superior de parte de Defensa Nacional por 129 millones de pesos. El sobreejercicio de los recursos presupuestales de las trasferencias realizadas por la SAGARPA, quien ejercicio 48 millones de pesos más de lo autorizado por la H. Cámara de Diputados, 5,152.8 millones de pesos ejercidos por debajo de lo autorizado por esta soberanía en la Subfunción de Servicios Compartidos, por parte de Educación Pública, así como también, la erogación de 737 millones de pesos adicionales de lo que corresponde a la Subfunción Desarrollo Cultural y el menor ejercicio de casi 42%, del ramo 25, erogando 12,504.18 millones de pesos de los 21,547.93 millones de pesos autorizados originalmente.

En lo que toca al análisis de los programas sectoriales se observaron las siguientes variaciones. En los Programas para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB), y el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PIARE), en el ciclo escolar, no específica sobre la distribución de más de 5 mil millones de útiles escolares, puesto que el ciclo escolar 2000-2001, fueron gastados tanto recursos presupuestales del año de análisis como del presente año 2001. Por lo que es importante instruir a la Secretaría de Educación Pública, explique con detalle, los recursos e impactos del programa correspondientes exclusivamente al ejercicio 2000.

Por otro lado, es necesario conocer el monto de los recursos con los que se atienden las acciones de desarrollo educativo mediante el enfoque de educación multilingüe, con lo cual se pretende atender y preservar las tradiciones y lenguas originarias de los pueblos indígenas, que ya forman parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Por otra parte, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), en su componente educativo, ejerció 4,003.00 millones de pesos, señalando que estos recursos beneficiaron a 2.5 millones de educandos; sin embargo, estos resultados no explican la temporalidad de la fuente de los recursos, puesto que en el análisis menciona sobre "el ciclo lectivo en marcha", por lo que se requiere que sea la Secretaría de Educación Pública, explique y distinga sobre los recursos efectivamente erogados durante el ejercicio y no sobre los devengados.

A su vez, se señala como uno de los principales avances el desarrollo de la educación media superior en su modalidad de preparatoria abierta, el cual se señala en el análisis un beneficio a mayor número de usuarios, sin especificar la cifra comparativa, las personas que se atienden bajo esta modalidad, ni tampoco los recursos utilizados durante el período de análisis. Del mismo modo, se refiere la SEP a la adquisición de nuevos sistemas de equipo de cómputo y redes de informática, con lo cual se fortalece la Red de Sistema de Educación Vía Satélite, siendo adquiridos en total, 34,400 equipos en los estados del país, es importante revisar el proceso de adjudicación de estos equipos, si fueron en una sola licitación o fueron adquiridos de manera local, por tanto se recomienda a la Auditoria Superior de la Federación, audite la adquisición de estos equipos y revise los procesos correspondientes.

Por último, destaca de esta función que durante el 2000, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, apoyaron a 26,401 proyectos de investigación científica y tecnológica, el 51.9% se llevó a cabo en el Sistema SEP-CONACYT y por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la esfera cultural, se concluye que la Cineteca Nacional proyectó mas de 3 mil funciones de cine, durante el 2000, beneficiando a un total de 385,455 personas por este servicio. Además el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), incluyó en su programa editorial una selección de títulos universales y clásicos publicando 417 títulos con un tiraje de más de 1.7 millones de ejemplares, por lo que se recomienda que se informe con detalle sobre el destino de los mismos, explicando cuantos de ellos fueron comercializables y cuantos de beneficio a bibliotecas públicas y/o donaciones a niños y jóvenes de escasos recursos.

ii. Función 08. Salud.

Durante el año 2000, el presupuesto ejercido por el ramo 12, Salud dentro de la función 08, fue de 14,666.5 millones de pesos, monto inferior en 2,033.7 millones de pesos al presupuesto original autorizado. Este subejercicio se explica por transferencias al Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" para apoyar el paquete salarial en ramas médicas, paramédicas, grupos afines, etc. Al igual que para apoyar desarrollo y capacitación, para equipamiento y construcción de obras en proceso de hospitales y unidades prioritarias en los estados de: Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Jalisco. Por su parte, el ramo 08, Defensa Nacional, ejerció la cantidad de 1,659.3 millones de pesos, cantidad superior en 251.1 millones de pesos con relación al presupuesto original destinado a dicho ramo administrativo. Este sobreejercicio, se debió principalmente por un aumento de 212.4 millones de pesos registrados en el capítulo de servicios personales y de 41.0 millones de pesos en el capítulo de bienes muebles e inmuebles, del propio ramo.

La subfunción 00 del Ramo Salud, registró un subejercicio de 2,401.4 millones de pesos que equivalen a una variación porcentual negativa del 48.5 del presupuesto original, el cual fue de 4,951.3 millones de pesos. De igual forma, dicha diferencia se explica por transferencias de recursos del paquete salarial al Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".

Cabe mencionar que dentro de la subfunción 01, se encuentra uno de los programas especiales más importantes de esta función, el (PROGRESA). El presupuesto ejercido en este programa fue de 1,480.8 millones de pesos, lo que significó un aumento del 1.3 por ciento con relación al presupuesto original para el año en cuestión y representa a su vez un porcentaje del 56.7 por ciento del total del presupuesto ejercido en dicha subfunción.

Por su parte, la subfunción 03 "Producción de Bienes de Salud", tenía un presupuesto autorizado de 28.9 millones de pesos, sin embargo, al final de ejercicio se erogaron 89.5 millones de pesos, esto es, una variación porcentual del 209.4 por ciento con relación al presupuesto original. Este sobreejercicio se realizó para cubrir las necesidades de los insumos médicos.

La función 08, incluye la totalidad de los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, mismos que están destinados para los programas y actividades relativas al desarrollo de la salud pública, regulación sanitaria y epidemiológica, atención médica y producción de insumos. El presupuesto ejercido fue de 21,119.9 millones de pesos, el sobrejercicio de 2,685.7 millones de pesos que se presentó respecto al presupuesto original de 18,434.2 millones de pesos, se obtuvo como consecuencia de los apoyos otorgados para gastos de operación, incrementos salariales a las ramas médica, paramédica y grupos afines, y administrativas.

Durante este mismo periodo, el presupuesto ejercido por el IMSS dentro de esta función, fue de 79,096.1 millones de pesos, esto significó un sobreejercicio de 4,985.5 millones de pesos, los cuales representan el 6.73 por ciento por encima del presupuesto original.

Por su parte, la subfunción 00 "Servicios Compartidos", observó un subejercicio de 720 millones de pesos, lo que se traducen en un gasto ejercido de 13,968.6 millones de pesos, debido a que dentro del programa normal de operación, la actividad institucional 701 "Administrar recursos humanos, materiales y financieros, ejerció dicho monto (13,968.6 millones de pesos) ya que la SHCP así lo indicó, por considerar el presupuesto relativo a bienes interseguros como un gasto "virtual".

La Subfunción 02 "Atención Médica", tenía un presupuesto original de 59,421.9 millones de pesos, sin embargo, el gasto ejercido fue de 65,127.6 millones de pesos, lo que representa un aumento del 9.60 por ciento con relación al presupuesto original. Básicamente la diferencia se explica en la actividad 420 "Proporcionar Atención Médica" en los capítulos servicios personales, el cual ejerció una cantidad de 42,255.5 millones de pesos, cantidad superior en 3,451.7 millones de pesos, debido a la revisión salarial del contrato de trabajo colectivo 1999-2000; y al capítulo de materiales y suministros el cual ejerció 13,311.4 millones de pesos, excediéndose en 1,235.0 millones de pesos con relación al presupuesto original. Aunque el sobrejercicio en esta función, de acuerdo a la Cuenta Pública de 2000, se explica debido al incremento natural de población y al alto costo que significa tratar a personas con enfermedades renales, e infectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, esta dictaminadora propone una mejor explicación de los rubros en los cuales se ejercieron dichos gastos, así como el número de personas atendidas por unidad responsable.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentó un sobreejercicio durante el periodo que se informa, erogando la cantidad de 12,553.0 millones de pesos, cifra mayor en 1,383.7 millones respecto del presupuesto original, sin embargo, el tomo de resultados generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, presenta la cantidad de 13,149.0 millones de pesos, como total de gasto ejercido en la función 8 por parte del ISSSTE. Esta dictaminadora solicita la información que cierra el flujo de efectivo para llegar a dicho resultado, ya que de acuerdo al detalle del Presupuesto de Egresos que aparece en los anexos de la Cuenta Pública 2000, solo se agrega la columna "Por cuenta de Terceros" para cubrir la diferencia de la cantidad que aparece en el análisis programático y la del tomo de resultados generales (aproximadamente 596 millones de pesos), pero no se explica dicho rubro.

En el cuadro anterior, se puede observar que el capítulo de gasto que generó un mayor sobreejercicio fue el de "Bienes Muebles e Inmuebles"; de acuerdo con el análisis programático, esta diferencia se debió a las "mayores erogaciones efectuadas para los servicios de Hospitalización General, donde se realizaron adquisiciones de equipo médico nacional y de importación, así como de instrumental". De igual forma, esta dictaminadora sugiere realizar una auditoria a dichas adquisiciones para tener más clara la erogación de dicho gasto.

iii. Función 09. Seguridad Social.

En lo que respecta a la función 09, Seguridad Social, se destinaron recursos en el presupuesto original equivalentes a 111,268.8 millones de pesos. Sin embargo, se ejerció una cantidad 10.9% superior a lo presupuestado.

La Función 09 comprendió cuatro actividades institucionales que tuvieron como finalidad mejorar los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias mediante pensiones y jubilaciones; seguros; servicios turísticos, comerciales y culturales; ayudas para cubrir gastos funerarios y otros servicios y prestaciones.

Se ejercieron recursos por 123,398.0 millones de pesos, cifra mayor en mayor en 10.9% al presupuesto asignado. En los tomos de la Hacienda de la Cuenta Pública Federal correspondiente al año 2000, el Ejecutivo Federal argumenta que la variación se originó, principalmente por la actividad de tres entidades de control presupuestario directo; IMSS, ISSSTE y LFC; así como en los Ramos 19, Aportaciones a Seguridad Social, y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

No obstante, es importante señalar que varias dependencias y entidades de control presupuestario, también presentan variaciones considerables en el ejercicio de los recursos. PEMEX, el Poder Judicial y la CFE, registraron ejercicios inferiores de 46, 36 y 34% respectivamente, con respecto al presupuesto original.

Por otra parte, los ramos administrativos que registraron ejercicios por arriba de lo presupuestado, son la Defensa Nacional y Educación Pública con 58 y 23%, respectivamente.

El IMSS, ejerció un presupuesto de 123,398.0 millones de pesos cifra 20.2% superior al presupuesto original, mientras que el ISSSTE, erogó un presupuesto de 22,317.1 millones de pesos, monto superior en 3% respecto del original.

Los principales objetivos de la función 09, consistieron en conformar un sistema de Seguridad Social eficiente y autofinanciable; aumentar y mejorar la calidad de las prestaciones sociales de trabajadores, jubilados, pensionados y sus familias; asegurar al trabajador una vida digna a su retiro de la vida laboral; y prevenir riesgos en el trabajo y reducir los factores que causan los accidentes laborales

Los resultados presupuestarios del IMSS arrojaron un superávit de 8 mil 895.5 millones de pesos, cifra mayor en 57.8 % a la obtenida en 1999. Dicho excedente fue destinado a incrementar las reservas actuariales, las cuales suman 20 mil 262.9 millones de pesos. Cabe destacar que estos fondos han sido invertidos con un bajo nivel de riesgo, obteniéndose rendimientos superiores a la inflación. En el rubro de cobertura, el número de derechohabientes registrados en el IMSS fue de 46.5 millones, que representan 4.4% más que en 1999, sobresale el aumento de 4.7% de los asegurados directos, mismos que ascendieron a 15.2 millones de personas. Por lo que corresponde el ISSSTE, en el ámbito de Cobertura y Descentralización, se recuperaron 115.4 millones de pesos provenientes de adeudos de entidades y dependencias. De la misma manera se logró un superávit de 6 mil 330.4 millones de pesos, inferior en 23.0% al programado.

El número de pensionados aumentó 5.2% debido al crecimiento natural de los trabajadores jubilados por edad o tiempo de servicio. Así, la entidad otorgó 542.6 miles de créditos personales a trabajadores y pensionados, lo que significó un aumento anual de 10.5%.

Para cumplir los objetivos del Ramo 19, Aportaciones a la Seguridad Social, el Proyecto I019 "Asignación Pensionados de Acuerdo al artículo 84, fracción IV, del Decreto del PEF 2000," gastó 112% más de lo presupuestado, debido a que se otorgaron más transferencias corrientes para cubrir el pago único a pensionados del IMSS, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y los jubilados Ferrocarrileros antes de 1982, éstos últimos debido al tipo de jubilación. Consideramos finalmente que en el caso de los indicadores estratégicos donde hubo cumplimento parcial, éste es atribuible, en el IMSS, al ajuste en la meta de los indicadores estratégicos, en el ISSSTE, se debió a factores externos relacionados con una menor demanda de servicios, y en PEMEX por las aportaciones anticipadas que dio al Fondo Laboral de PEMEX (FOLAPE) en 1999.

iv. Función 10. Laboral.

La entidad que desempeña el ejercicio de esta función recae exclusivamente en el Ramo 14, Trabajo y Previsión Social (STPS). Para el año 2000, el ejercicio total de los recursos destinados a esta función correspondieron en 2,692.16 millones de pesos, el cuál tuvo un ejercicio menor con respecto a lo autorizado originalmente por la Cámara de Diputados. Respecto al Gasto Programable del Gobierno Federal representó un 0.45% y con respecto del Gasto Neto Total ascendió a 0.27%. La proporción que guarda con respecto al PIB, es una cantidad poco representativa solamente el 0.05%.

Las principales variaciones con respecto a los capítulos de gasto, fueron en Materiales y Suministros, ejerciéndose 19.84 millones de pesos adicionales a los autorizados por esta Soberanía, el cual representa un 78.9% respecto a lo originalmente presupuestado. Esta variación requiere una revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación sobre las adquisiciones de materiales que justifiquen este incremento. Por otro lado, disminuyeron las transferencias a los tribunales en 141.0 millones de pesos, aunque otro incremento considerable, es en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles el cual en términos porcentuales alcanzó 25% más de lo originalmente presupuestado.

Con respecto a las variaciones sobre las actividades institucionales, las variaciones más significativas son la de "Prever el Pago de los Incrementos por Servicios Personales", la cual tuvo una variación de 100% a la baja, es decir, los recursos previstos por este concepto que ascendieron a 104.8 millones de pesos no fueron ejercidos, asimismo lo que corresponde a la actividad institucional de "Capacitar y Otorgar Becas a la Población", 155 millones no se ejercieron, que en términos absolutos fue la variación más sensible en cuanto al monto, pues fueron ejercidos 1,471 millones de pesos.

Por otro lado, también la actividad de "Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros", 56 millones de pesos adicionales fueron erogados a los 233.3 millones autorizados por la Cámara de Diputados, monto que representan 24%, más del presupuesto original.

Los principales resultados de esta función podemos fueron el impulso en los centros laborales para mejorar las condiciones físicas y ambientales donde se realiza las actividades sustantivas, entre las que resalta la atención a 4,778 empresas con más de 50 empleados, fundamentalmente, asistencia técnica para el establecimiento de programas preventivos en seguridad e higiene, significando con ello un incremento del 16.0% con relación a los alcances de 1999 y de 92.0% respecto al programa original.

En el ejercicio 2000, fueron constituidos con personalidad jurídica, los Consejos Estatales de Productividad y Competitividad (CEPROC´s), para diseñar, coordinar e instrumentar los programas en materia de previsión social. Estos Consejos han propiciado la celebración de convenios para la formulación, establecimiento y práctica de políticas públicas en beneficio de la clase trabajadora e igualmente funcionan como foros tripartitas para realizar el análisis de la situación y tendencias de su entorno en cada entidad federativa. A pesar de tener un ejercicio menor en 2.9 millones de pesos.

Respecto a la política salarial, se realizaron 17 estudios de investigación para determinar la situación económica del país en el año 2000, con lo que se pudo determinar el incremento de 6.9 % a los salarios mínimos generales que entraron en vigor el 1º. de enero del 2001.

En relación a la política social y laboral se realizaron 19,382 asuntos, es decir, 33.8% más que lo estimado como resultado de la "Campaña de Protección al Salario", en la que se promocionó dichos servicios, acciones tendientes a proteger la capacidad adquisitiva del salario y promovieron su recuperación, a través de estudios e investigaciones sobre problemas socioeconómicos que afectan al país, encaminados a la asistencia técnica, a los proyectos de autoconstrucción, consultas para negociar contratos, atención de quejas sobre derechos laborales, jurídica y fiscal, en algunos casos se gestionaron programas de abasto de productos básicos.

v. Función 11. Abasto y Asistencia Social.

La función 11, Abasto y Asistencia Social, esta comprendida por diferentes ramos administrativos: Salud, Desarrollo Social, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, los cuales son la parte medular para desempeñar adecuadamente esta actividad.

Esta función engloba programas y actividades institucionales relacionadas con la distribución y dotación de alimentos, bienes básicos y de consumo generalizado a la población marginada, así como los servicios que se prestan a localidades y grupos marginados, tanto en la prevención y atención a la salud como en la prevención y atención a desastres naturales.

Durante el ejercicio 2000, fueron erogados 15,008.2 millones de pesos, existiendo por lo tanto una variación de 35.5 % respecto de lo originalmente autorizado.

El ejercicio del gasto de la función 11, se realizó a través de tres programas sectoriales, Programa para Superar la Pobreza, Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios, y Programa de Reforma del Sector Salud, pero el primero de los programas mencionados fue el que más sufrió variaciones respecto del Presupuesto asignado y el ejercido, pues originalmente le fueron asignados 7,362.1 millones de pesos y el monto que se ejerció es de 6,010.1 millones de pesos.

Los principales ajustes presupuestales que se realizaron en el ejercicio de 2000 se debieron principalmente a que se cancelaron subsidios de LICONSA, S. A. de C.V., autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación por 452.7 millones de pesos, obteniendo al final del ejercicio que creciera en las zonas urbanas el número de beneficiarios, pero bajando en las zonas rurales respecto del año anterior.

Otro de los ajustes que se llevaron a cabo durante este ejercicio fue precisamente la reducción al presupuesto de la empresa DICONSA, S.A. de C.V., de un original de 2,576.9 millones de pesos a un presupuesto ejercido de 1,801.8 millones de pesos, 30.1% menos. La cancelación de recursos de LICONSA obedeció principalmente a las economías en los costos de adquisición de la leche de importación, por haber presupuestado una paridad del peso-dólar mayor a la real del año 2000. De igual forma, en la actividad institucional "Almacenar, Comercializar y Abastecer Productos Básicos", se dejaron de ejercer 310.5 millones de pesos, lo cual indica el incumplimiento del objetivo de asegurar el abasto oportuno de productos básicos en comunidades rurales.

DICONSA disminuyó su participación en el subsidio federal por no haber renovado el padrón de beneficiarios del Fideicomiso Liquidador al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), manteniendo una tendencia decreciente durante el año, al no dar de alta a nuevas familias, bajando por lo tanto el número de puntos de distribución en las zonas rurales y desapareciendo en las zonas urbanas. Cabe señalar que el Programa de Subsidio a la Tortilla, atendido por FIDELIST, fue un organismo fusionado a LICONSA a partir del 16 de noviembre de 2000, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo undécimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La promoción en localidades y grupos marginados registra un presupuesto asignado de 1,769.3 millones de pesos, de los cuales solamente fueron ejercidos 1,200.7 millones de pesos, es decir, 67.9%, mismos que fueron destinados en Ayudas, Subsidios y Transferencias.

En el ramo Desarrollo Social, se administran recursos humanos, materiales y financieros, los cuales son asignados para la ejecución de los programas a cargo del Consejo Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), DICONSA, S.A. de C.V., y del Fondo Nacional de las Artesanías (FONART), registró en 2000 un presupuesto ejercido de 303.8 millones de pesos, monto que supera en un 17.5%, la asignación original de 258.7 millones de pesos. El incremento derivó, principalmente de los subsidios corrientes autorizados a la empresa DICONSA, S.A. de C.V., con el propósito de finiquitar los compromisos de liquidaciones de personal, con motivo de su reestructuración administrativa. Los recursos adicionales utilizados provinieron del Programa de Subsidio a la Tortilla. De los recursos ejercidos, 99.8% se destinaron a gasto corriente, en tanto que el 0.2% se canalizó a gasto de capital; ambos dentro del rubro de Ayudas, Subsidios y Transferencias.

Se observaron en la aplicación de los recursos para el ejercicio de 2000, ahorros presupuestales en actividades gubernamentales, como lo son las de dar información, apoyo técnico y jurídico a las diversas instituciones, organizaciones y áreas de la dependencia a fin de que se establezcan políticas públicas en materia de salud; informar y divulgar a la población de los avances en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal en materia de salud; la implantación y cumplimiento de directrices gubernamentales de salud, pero sobre todo la mayor previsión de gasto se observa en la coordinación de acciones y programas de relaciones internacionales, así como de seguimiento y evaluar la participación del país en asuntos internacionales de salud a través de los Tratados y Acuerdos.

De las actividades institucionales que sufrieron variaciones, la más notable es la del Programa Nacional de Prevención y Atención de Desastres Naturales, pues al mencionado Programa se le asignaron originalmente 7.0 millones de pesos, de lo que sólo se ejerció 1.7 millones de pesos habiendo un subejercicio del 76.5% respecto del presupuesto original de los cuales se le transfirieron al Estado de Chiapas, 5.1 millones de pesos de pesos con el objeto de atender los Programas de Promoción a la Salud y de Cobertura Universal. La actividad institucional que sufrió incremento de 17.5% fue la de Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros, pues de la asignación total derivó principalmente de los subsidios corrientes autorizados a Conasupo con el propósito de finiquitar los compromisos de liquidaciones de personal, con motivo de su reestructuración administrativa. Los recursos adicionales para el cumplimiento de la actividad provinieron del Programa de Subsidio a la Tortilla. Si bien es cierto que a la actividad institucional Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros, se le transfirieron recursos del Proyecto 1037 Programa Tortilla de la actividad institucional, "Promover el Desarrollo en Localidades y Grupos Marginados", pero habría que cuestionar el motivo de tener ahorros presupuestales de un programa para superar la pobreza extrema en lugar de ampliar la cobertura.

En congruencia con las reglas de operación establecidas para FIDELIST, se beneficiaron un número menor de familias con respecto al ejercicio fiscal de 1999, esto se debió a que se aplicaron mecanismos de control y evaluación como el mantenimiento y actualización del padrón de beneficiarios, a través de visitas domiciliarias a las familias que no hacían uso del beneficio.

En el Programa Sectorial 15 Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios comprendido dentro del Ramo 20 Desarrollo Social, existe un sobreejercicio de 7.3% en la Actividad Institucional, "Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros" esto se debió a que en el Instituto Nacional Indigenista a cargo de quien permanece esta actividad, concedió aumentos escalonados y autorizados para el propio personal del Instituto. De los recursos ejercidos 96.1% son de naturaleza corriente y 3.9% de capital, todo en el capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias.

vi. Función 12. Desarrollo Regional y Urbano.

Con el propósito de establecer políticas y actividades para fomentar el desarrollo urbano y atender a las clases sociales marginadas mediante la implementación de acciones de desarrollo regional y productivo, así como realizar trabajos y obras de vivienda y de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades urbanas y rurales, se ejercieron recursos por 49,008.9 millones de pesos, cifra menor en 0.5% respecto a la asignación original, la cual ascendió a 49,255.3 millones de pesos. Del total de recursos se destinó el 72.5% a gasto corriente y 27.5% a gasto de capital.

Para llevar a cabo las acciones de la Subfunción Urbanización, se asignó un presupuesto de 982.5 millones. Al concluir el año los recursos erogados fueron de 1,016.0 millones de pesos, es decir, se aplicaron 33.5 millones adicionales. La variación se explica por los aumentos escalonados en la plantilla de personal y el pago de la indemnización al Ejido Santa Cruz, ubicado en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero. Entre los trabajos realizados destacan los referentes al reordenamiento territorial en 25 Estados, donde se integraron anexos de ejecución a los Convenios de Desarrollo Social para la elaboración de programas estatales de reordenamiento territorial; la regulación del uso del suelo y su incorporación al desarrollo urbano, de vialidad y transporte y de reactivación económica y social de los centros de algunas ciudades, todo ello enmarcado en el Programa Cien Ciudades; consolidación de las zonas metropolitanas mediante la elaboración del programa de acciones prioritarias de la Franja de Integración Metropolitana Huixquilucan-Cuajimalpa, Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco, y el Plan Estratégico del Área Metropolitana de Monterrey 2020. Es importante señalar, que no se concluyó el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada Puebla-Tlaxcala y la guía técnica para presidentes municipales para impulsar el desarrollo económico en las ciudades medias.

En materia de Vivienda, se canalizaron recursos por 1,071.4 millones de pesos, con lo cual prosiguió el fortalecimiento de los organismos de vivienda y se mejoraron los esquemas de financiamiento, así los créditos otorgados por INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI Y FONHAPO, fueron superiores en 313,000 millones de pesos, cifra que significó el 50% más de lo programado.

La operación del Programa VIVAH, contó con una asignación original de 695.1 millones, de los cuales se ejercieron 579.0 millones de pesos. El menor gasto se debió a que los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán no contaron con la suficiente reserva territorial y el Distrito Federal no cumplió con las reglas de operación. Adicionalmente, es necesario precisar la situación de las acciones en los estados de México, Oaxaca y Veracruz debido a las dificultades presentadas en la ejecución, con el propósito de solicitar el reintegro de recursos de 2,416 subsidios y el reintegro de anticipos otorgados a empresas contratistas.

Considerando la problemática presentada en los estados, se alcanzó la meta de otorgar 26,830 subsidios para la adquisición de vivienda tipo progresivo, que significó una disminución de 17.2% respecto a lo programado.

Por otra parte, se determinaron economías por 2.1 millones de pesos, en los distintos proyectos que integran la subfunción de vivienda derivadas de la aplicación de criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, por lo que se recomienda que los montos derivados de la aplicación de estos criterios se apliquen en acciones concretas que favorezcan a la población de mayores carencias, ya que se presenta una gran demanda por vivienda por parte de estos grupos sociales.

Cabe señalar, que se apoyaron programas emergentes de vivienda en los estados de Coahuila, Durango, México, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, a fin de restituir el patrimonio familiar de la población afectada por fenómenos naturales.

La subfunción de Desarrollo Regional, es la más importante, ya que se destinó el 87.1% del total de los recursos erogados y comprende programas y proyectos orientados a mejorar el nivel de vida de los grupos sociales con mayores rezagos.

Con este propósito se gastaron 42,695.4 millones de pesos, de los cuales correspondieron 31,020.1 millones de pesos a recursos para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), 6,870.0 millones al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y 3,898.6 millones de pesos a programas para superar la pobreza. En lo referente a los recursos federalizados no se cuenta con resultados de la aplicación de recursos, por lo que se recomienda solicitar información que muestre los resultados del gasto. Asimismo, se muestran los principales resultados de los programas para mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada.

Cabe señalar, que las metas alcanzadas consideran la aportación de los gobiernos estatales de conformidad a la firma del Convenio de Desarrollo Social, en consecuencia, será necesario que se manifieste los montos adicionales para apoyar las acciones para superar la pobreza. Asimismo, se solicita rendir informe acerca de las recuperaciones que se han realizado conforme a las reglas de operación del programa Crédito a la Palabra.

Es importante señalar, que en las reuniones efectuadas para la revisión de Cuenta Pública, se señaló la falta de comprobación de recursos durante el período 1994-2000 por un monto de 30.8 millones de pesos. En este sentido, es necesario que se precise en donde se aplicaron los recursos, o en su caso, finiquitar el proceso de comprobación de los mismo.

Para la función de Agua Potable, el presupuesto original ascendió a 2,835.8 millones de pesos, alcanzándose un ejercicio de 3,053.4 millones, cifra superior en 217.6 millones. La variación corresponde a transferencias para el pago de adeudo de energía eléctrica derivado de la operación del sistema Cutzamala y del Programa de Atención Inmediata (PAI), así como de montos destinados al FONDEN, para rehabilitar la infraestructura agrícola dañada por las lluvias e inundaciones, atender el desabasto de agua potable ocasionado por las sequías, mitigar los daños ocasionados a la infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y pluvial dañada por el huracán "Keith".

En Drenaje y Tratamiento de Aguas, se erogaron 786.2 millones de pesos, monto inferior al presupuesto original de $818.7 millones. El menor gasto se debió a la transferencia de recursos para atender prioridades como: la planta potabilizadora para la remoción de hierro-manganeso de las aguas del ramal Peñón-Texcoco, la conexión de la planta y tanque de tratamiento de aguas residuales en Villa Victoria, Estado de México y Zitácuaro en Michoacán, principalmente.

VI.3. Funciones Productivas.

i. Función 13. Desarrollo Agropecuario.

Los recursos ejercidos mediante esta función ascendieron a 29,847 millones de pesos, cifra inferior en 2.1% con relación al presupuesto original. De este monto correspondió un monto de 26,595 millones para gasto corriente y 3,252 millones erogaciones de capital. El gasto realizado se distribuyó en las subfunciones Agrícola y Pecuario, 76.2%; Hidroagrícola, 13.1%; Asuntos Agrarios, 8.5%; y Banca y Seguro Agropecuario, 1.7%.

La subfunción Agrícola y Pecuario considera las principales actividades de apoyo al campo mexicano y de programas especiales como Alianza para el Campo, Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Empleo Temporal y el Programa Nacional de Prevención y Atención a Desastres Naturales.

Entre las actividades del Programa Normal de Operación se observaron variaciones presupuestales en tres rubros, principalmente: en la actividad institucional "Diseñar Políticas Públicas y las Estrategias para su Implementación" se realizaron transferencias de recursos por un monto de 400.1 millones de pesos a la Subsecretaria de Desarrollo Rural. De estos recursos se destinaron 196.0 millones al Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva 2000 en zonas con sequías recurrentes; 108.1 millones al Programa Emergente de Fenómenos Meteorológicos; 84.0 millones al apoyo al Desarrollo Agropecuario y Rural en Chiapas; y 12.0 millones al Apoyo de Localidades Rurales de Oaxaca afectadas por lluvias torrenciales durante 1999.

Respecto a la actividad institucional "Promover la Aplicación de Políticas Públicas Sectoriales", se observó un incremento a la asignación original por 456.2 millones que se orientaron al apoyo a actividades agropecuarias de 12 estados, principalmente.

En lo referente a la actividad institucional "Favorecer la Comercialización de Productos Agropecuarios", se dejaron de ejercer 527.4 millones en relación al presupuesto original. Los presupuestos para apoyar la comercialización de maíz, trigo y sorgo se vieron reducidos y en consecuencia las metas programadas también lo hicieron. No obstante, se incrementaron los recursos para apoyar el proyecto de Otros Fines para el Desarrollo de Mercados Regionales, en donde se alcanzó una meta de 3,115.7 miles de toneladas de estos cultivos. Los recursos a este proyecto se incrementaron en 128.8%.

Los recursos ejercidos por los programas de la Alianza para el Campo y PROCAMPO, ascendieron a 13,034.8 millones, cifra menor en 1.7 por ciento respecto a la autorizada, lo cual se debió a modificaciones presupuestales para solventar los gastos de operación de este programa y a la rigidez en las reglas de operación de la Alianza.

Respecto a la subfunción hidroagrícola, en la ejecución de proyectos de irrigación se determinó la no aplicación de recursos por 241.5 millones respecto al presupuesto original. Lo anterior se debió a la atención de prioridades como la construcción de la presa "El Comalillo", el pago de indemnizaciones a agricultores, el pago de adeudos por consumo de energía eléctrica derivados de la operación del Sistema Cutzamala, y al cumplimiento de convenios con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre otras. Estas reducciones se presentaron en las actividades orientadas a la ampliación de distritos de riego y la adquisición de terrenos para el alojamiento de obras hidráulicas.

Cabe señalar, que en esta subfunción se ejerció un monto por 1,445.9 millones de pesos para atender a la población de los efectos adversos ocasionados por fenómenos meteorológicos. Las acciones realizadas se orientaron a proyectos y obras complementarias en la infraestructura hidráulica dañada por las lluvias en Tabasco, y obras de infraestructura hidroagrícola y obras para el control de ríos, principalmente.

En la subfunción de Asuntos Agrarios, se destaca las acciones realizadas por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), al ejercer recursos superiores en 182.8 millones de pesos a la asignación original. Es necesario señalar, que las metas del programa no se alcanzaron por que la disponibilidad de núcleos viables para la elaboración de croquis y de medición no correspondió a la capacidad instalada del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a la obsolescencia y deterioro de los equipos de medición y a la congelación de plazas.

De conformidad a la revisión se ha considerado que tanto la CNA como la SHCP deben de mejorar sus proceso de programación para que se eviten las transferencias de recursos innecesarias y que atrasen la entrega de los apoyos y el cumplimiento de las metas.

ii. Función 15. Energía.

Por medio de esta función, el ramo 18, Energía desarrolla su objetivo de conducir, controlar y ejercer la política energética del país, e impulsar la inversión del sector, a través de la participación de los particulares en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Durante el año 2000, el ramo 18, ejerció recursos correspondientes a la función 15 Energía por 11,966.8 millones de pesos, cantidad menor en un 0.48% a la aprobada por la Cámara de Diputados, y que representó el 97% del gasto total del Ramo.

De dicha cantidad, solo 375.4 millones de pesos (3%), fueron ejercidos directamente por la dependencia dentro de la subfunción de Servicios Compartidos, los 11,591.4 millones de pesos restantes (97%), se canalizaron por medio del capítulo 4000, Ayudas, Subsidios y Transferencias, a las entidades coordinadas por el Sector, donde Luz y Fuerza del Centro (LFC) recibió el 95% de los mismos. Cabe destacar, que ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni Petróleos Mexicanos (PEMEX), recibieron transferencia o subsidio.

Los 375.4 millones de pesos de gasto directo del Ramo, fueron menores en 8.1% a lo originalmente aprobado. De este monto, 368.4 millones de pesos, el 98% fueron gasto corriente, mientras que los 6.9 millones de pesos, 2% restantes, correspondieron a gasto de capital. Con ello se tiene que, prácticamente la totalidad de lo que ejerce directamente el Ramo en la función energía, es para cubrir los gastos inherentes a su operación, quedando la parte relativa a la inversión en el Sector en manos de LyFC, CFE y PEMEX. Tanto el gasto corriente, como el gasto de capital, presentaron reducciones de 8.1% y 7.5% con relación al monto original.

Por medio de la función 15 Energía, LyFC establece las políticas y actividades relacionadas con la generación, transformación, transmisión y ventas de energía eléctrica, así como la construcción y mantenimiento de subestaciones y líneas de distribución, a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios.

Para el año 2000, en la función 15 LyFC, participó con el 73.3% del total de los recursos de la entidad, los cuales, fueron ejercidos en su totalidad a través de la subfunción 02 Electricidad.

LyFC, ejerció recursos dentro de la función Energía por 29,978 millones de pesos, monto inferior al original en 2.2%, monto que asciende a 683.8 mdp. Cabe destacar que de esta cifra, 11,327.9 millones, 38%, fueron canalizados a la entidad por el Ramo 18, vía Subsidios y Transferencias, mientras que los 18,650.1 millones restantes, corresponden a recursos propios, es decir, generados por la propia entidad, provenientes de la venta de energía eléctrica.

Prácticamente el 90% de los recursos gastados por LyFC correspondieron a gasto corriente, y solamente el 10% restante fue gasto de capital. De estos, el primero registró un ejercicio mayor por 204 millones a lo autorizado, mientras que el gasto de capital observó uno menor por 887.8 millones de pesos, equivalente al 22.5% del monto originalmente aprobado.

Al interior del gasto corriente, se observa un fuerte incremento en los recursos ejercidos en el capítulo Servicios Generales, de casi 110% con relación al monto original. Dicho rubro, agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios, tales como correo, teléfono, agua, luz, servicios informáticos, capacitación, estudios e investigaciones, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, difusión, gastos de servidores públicos en actividades que estén vinculadas con las funciones públicas, entre otros.

A su vez, es importante destacar un ejercicio menor de recursos por 956 millones de pesos en Servicios Personales, equivalentes al 17% de la cantidad original.

Por otro lado, el gasto de capital en su interior, presentó disminuciones con respecto a los montos autorizados, de 30% y 22% en los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública, respectivamente.

A pesar de que la cantidad de recursos que ejerció LyFC fue menor a la aprobada por la Cámara de Diputados, no todos los resultados fueron los esperados:

Al 31 de diciembre de 2000, la entidad registró una capacidad acumulada de 827.3 Megawatts (Mw), que fue prácticamente la misma de 1999. Dicha capacidad instalada de generación corresponde en 27.7% a plantas hidroeléctricas, y en 72.8% a plantas hidrocarbúricas.La generación bruta de energía eléctrica fue de 1,430.2 Gwh, cifra menor en 22.6% y 36.2% a la obtenida en 1999 y a la prevista para el 2000, respectivamente.

También la meta original de incrementar la capacidad instalada en subestaciones de transmisión y distribución se observó a la baja al pasar de 180 a sólo 120 Megavolts Amperes.

Las causas del incumplimiento en las metas anteriores son diversas, desde plantas fuera de servicio por causa de fenómenos meteorológicos, trabajos de reparación y mantenimiento urgentes de diferentes centrales hidroeléctricas, hasta problemas de contratación de personal civil para obras en subestaciones.

En lo que respecta a metas de capacidad instalada, la única que se cumplió e incluso se superó, fue la referente a líneas de subtransmisión y distribución, donde se instalaron 1,305.6 Km, lo que representó un crecimiento de 46.6% a lo originalmente previsto.

Contrario a la situación de la capacidad instalada, las ventas de energía eléctrica aumentaron en 6.7% respecto a 1999 y en 5.8% con relación a la meta original para el año. Se comercializó un volumen de 29,421.5 Gwh, cuyo resultado se atribuye al incremento en el número de clientes y al aumento del consumo promedio.

Esta situación de incumplimiento en metas de capacidad instalada, aunado a un consumo mayor al previsto, es la que pone en riesgo el satisfacer las necesidades de energía eléctrica en el futuro, y en este caso, específicamente de la zona centro del país, que es la parte del territorio nacional a la que da servicio LyFC.

A pesar de que el capítulo de Servicios Personales -donde se tuvo un ejercicio menor importante- sugiere un recorte de plazas, es necesario destacar que el personal que permaneció en la empresa, recibió un incremento salarial de 16.5%, lo que representó un aumento real en su poder adquisitivo de 7 puntos porcentuales, a razón de que la inflación en el año fue de 8.96%.

Por último, es conveniente establecer que la eficiencia operativa tanto en la disponibilidad promedio termoeléctrica como de centrales hidroeléctricas, fue menor a la de 1999.

A través de la función 15, la CFE establece las políticas, actividades institucionales y proyectos relacionados con la generación, transformación, transmisión, venta de energía eléctrica, así como la construcción y mantenimiento de plantas y líneas de distribución, a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios.

En el año 2000, CFE participó en la función 15 con el 96.7% del total de sus recursos, los cuales a su vez, fueron ejercidos mediante la subfunción 02 Electricidad.

CFE ejerció recursos dentro de la función Energía por 84,110.7 millones de pesos, es decir, 2,631 millones de pesos, 3.2% más que lo originalmente aprobado. Es importante destacar que el 100% de estos recursos fueron propios, es decir, generados por la propia entidad, por lo que, al menos durante el 2000, CFE no recibió subsidio o transferencia alguna.

El 84% de los recursos gastados correspondieron a gasto corriente, mientras que el 16% restante, pertenece a gasto de capital. Del primero, se observó un ejercicio mayor de recursos a los originales por 5,390 millones de pesos, 8.2%, mientras que el gasto de capital, ejerció 2,759 millones de pesos por debajo de lo autorizado, monto equivalente al 17.2% de este último.

Al interior del gasto corriente, destaca un ejercicio menor al original en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales, por 581 millones y 2,374 millones, respectivamente.

En cambio, el gasto destinado a Materiales y Suministros. que comprende las asignaciones destinadas a cubrir el costo de toda clase de insumos requeridos por la entidad para el desempeño de sus actividades administrativas y productivas como, papelería, herramientas, refacciones, materiales para la producción y construcción, materias primas, combustible, uniformes, entre otros, presentó un gasto por 8,345 millones más, de lo autorizado, cantidad equivalente al 19.6% de este último.

Por otro lado, el gasto de capital presentó ejercicios menores a los originales tanto en el capítulo correspondiente a Bienes Muebles e Inmuebles como en el de Obra Pública por 277 millones, y 2,482 millones, respectivamente. Aquí destaca la importancia de este último, a razón del peso que tiene dicho capítulo dentro de la estructura porcentual del gasto total de la entidad, que es del 14%.

El objetivo de PEMEX en la función 15, es orientar el desarrollo de la infraestructura de exploración y explotación de campos petrolíferos, a través de la cual se mantenga la plataforma de producción de petróleo crudo y gas natural, se incorporen reservas para compensar el ritmo de extracción y la declinación de los campos, además de que se generen excedentes para la exportación. Asimismo, está dirigida a construir, rehabilitar y terminar instalaciones que garanticen el proceso y suministro de materias primas y la distribución de gas, petrolíferos y petroquímicos en el mercado nacional e internacional.

En esta función, PEMEX participó con el 83.2% de su gasto total programable. Estos recursos se ejercieron en un 99.2% dentro de la subfunción 01 Hidrocarburos, y el 0.8% restante, en la subfunción 00 Servicios Compartidos.

PEMEX-Exploración y Producción, así como PEMEX-Refinación, son los organismos subsidiarios con participaciones de 45.1 y 31.2 por ciento en el presupuesto autorizado de la función, respectivamente; siguiendo en importancia PEMEX-Gas y Petroquímica Básica con 11.5%, PEMEX-Petroquímica con 0.8%, y el corporativo con el 4.3% restante.

En el año 2000, PEMEX ejerció recursos por 75,756.1 millones de pesos, cifra mayor en 5,108.6 millones a la originalmente presupuestada. La totalidad de estos fueron generados por la propia empresa, por lo que, al menos en el año 2000, no recibió subsidio o transferencia alguna.

De los recursos ejercidos, el 59% correspondió a gasto corriente, mientras que el gasto de capital representó el 41% restante. El primero observó un gasto adicional de 7,130.2 millones de pesos (19.1%) a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Por otro lado, el gasto de capital presentó un ejercicio menor por 2,021.6 millones, equivalente al 6.1% del presupuesto original.

Al interior del gasto corriente, el único rubro que presentó un gasto menor al autorizado fue el correspondiente a Materiales y Suministros, por 1,499 millones de pesos. Por otra parte, tanto Servicios Personales, como Servicios Generales, observaron ejercicios mayores a los originalmente presupuestados por 1,071 millones y 7,559 millones, equivalentes al 4.7 y 85.2%, respectivamente.

Dentro del gasto de capital, el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, presenta en ejercicio mayor en 48.8%, es decir, 1,673 millones de pesosa la asignación original, mientras que el relativo a Obra Pública, observó un gasto menor por 3,696 millones, equivalente al 12.4% del presupuesto aprobado. La importancia de este ultimo es considerable, a razón de que dicho capítulo representa el 34.6% del gasto total programable de la empresa.

iii. Función 16. Comunicaciones y Transportes.

Con respecto al ejercicio de esta función básicamente el ramo administrativo responsable es Comunicaciones y Transportes (SCT); sin embargo, también son ejercidos los recursos del Ramo Administrativo 23, Provisiones Salariales y Económicas, así como la contribución de esta función el organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), quienes en conjunto ejercieron 23,335.2 millones de pesos, 12.26% más a lo autorizado originalmente.

Como proporción del gasto programable ejercido del Gobierno Federal, corresponde en 3.94%; como porcentaje del Gasto Neto Total erogado, ascendió a 2.39%. La proporción de gasto de la función que guarda con respecto al PIB representó el 0.37%.

Desde el punto de vista de los capítulos de gasto, para esta función, Comunicaciones y Transportes ejerció en total 18,844.41 millones de pesos, el cual el 56% de lo erogado correspondió al capítulo de Obra Pública. Este componente ascendió a 10,559.94 millones de pesos, seguido en importancia del ejercicio del capítulo Ayudas, Subsidios y Transferencias que se ubico con el 20.8% del total de los recursos destinados a esta función.

La variación más significativa correspondió al rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, el cual ejerció únicamente 406 millones de pesos, 35.19% menos que los presupuestado originalmente. Lo cual se justificó a la aplicación de austeridad presupuestaria; a los ahorros obtenidos derivados de la aplicación del esquema de compras consolidadas.

Del mismo modo, en lo que refiere al apartado de Obra Pública del ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, fueron ejercidos 1046.6 millones de pesos menos de los autorizado, que ascendió a 1,251.40 millones de pesos, lo que significa un menor ejercicio en 16.4%.

Por lo que toca a CAPUFE, ejercieron más recursos en Servicios Generales 1,373.4 millones de pesos, cantidad que representa el 184% más de lo presupuestado originalmente que ascendió a 483.6 millones de pesos, por lo cual se requiere a la Auditoria Superior de Fiscalización realice la investigación sobre los oficios de autorización y ampliación de recursos líquidos destinados para esta actividad. Ya que representa esta cantidad 39.9% mientras que solamente Obra Pública se destinaron 432 millones de pesos, cantidad que representa únicamente 12.56% del total ejercido por la entidad durante 2000 para atender esta función.

Correspondiendo a las variaciones de las subfunciones, únicamente cabe destacar sobre la subfunción Infraestructura Carretera, la SCT, por sí misma ejerció 12,503.68 millones de pesos, monto que representa el 53.6% del total de recursos ejercidos de esta función, y sumando los recursos que fueron ejercidos del Ramo 23 y de CAPUFE, el total de la subfunción asciende a 16,994.5 millones de pesos lo que ubica como la función más importante durante el ejercicio, representando en total el 72.8% del los recursos ejercidos en 2000.

Cabe señalar, que a pesar de un mayor ejercicio de casi 2,133 millones de pesos, en la mayoría de los indicadores de los rubros de construcción, ampliación, reconstrucción y mantenimiento de la red federal carretera, las metas alcanzadas fueron inferiores a las programadas, lo cual infiere una mala planeación y/o previsión de las acciones que se pretendieron ejercer.

Considerando el gasto ejercido por programa sectorial, El Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transporte, los recursos ejercidos por este programa ascendieron a 95.51% del total de recursos considerando tanto lo erogado por la STC como de CAPUFE, en tanto que los recursos del Ramo 23, ejerció el restante. Asimismo, por lo que corresponde a los programas especiales, del total ejercido el Programa Normal de Operación, operado exclusivamente por la SCT, tuvo el 73.66%, seguido del PRONAFIDE, el cual CAPUFE ejerció en total 3, 444.2 millones de pesos, que representan 14.7% del gasto de la función, desde el punto de vista de los programas especiales.

Cabe destacar que dentro de los rubros de transferencias se canalizaron 21 millones de pesos a Ferrocarriles Nacionales de México, el cuál se aplicó para cubrir adeudos con mantenedores por servicios interlineales, insuficiencias en el pago de mantenimiento de maquinaria y equipo y del servicio de vigilancia, así como para sufragar indemnizaciones de terrenos afectados por la construcción de la línea de Coróndiro-Lázaro Cárdenas.

iv. Función 17. Otros Servicios y Actividades Económicas.

Sobre los recursos ejercidos para esta función durante el 2000, destacan la participación de tres ramos y un organismo público descentralizado, Hacienda y Crédito Público, Economía y Turismo, así como la Lotería Nacional, quienes en total ejercieron 4,678.7 millones de pesos, 4.21% menos de lo autorizado originalmente para esta actividad.

Como proporción del gasto programable ejercido por el Gobierno Federal guarda el 0.79%; como porcentaje del Gasto Neto Total erogado ascendió a 0.48%. Por otro lado, la proporción que guarda el gasto de la función con respecto al PIB, representó el 0.07%.

Desde el punto de vista del capítulo de gasto, Hacienda y Crédito Público erogó para esta función 429.4 millones de pesos, 20.19% menos del presupuesto original, fundamentalmente por la restricción y reducción de recursos realizado por la Subsecretaria de Egresos y porque no se llevaron a cabo las obras de urbanización de los Proyectos Escalera Náutica, Barrancas del Cobre y Carreteras Mundo Maya. Cabe precisar; que todos los recursos fueron transferidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Economía ejerció 2,155.1 millones de pesos cifra inferior en 82.8 millones de pesos respecto a lo presupuestado originalmente, de los cuales en Servicios Generales se ejercieron 103.7 millones de pesos menos de lo asignado para este capítulo, fundamentalmente por los ahorros derivados de la implementación de los lineamientos del programa de austeridad y disciplina presupuestaria, mismos que explican los decrementos del capítulo Materiales y Suministros. Otro capítulo que tuvo una variación sensible fue Servicios Personales, el cual se explica principalmente por los incrementos en las percepciones de los funcionarios y servidores públicos.

También de los ahorros generados en esta función, Turismo tuvo menor gasto en Materiales y Suministros por 1.2 millones así como ahorros generados por el Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestaria en Servicios Generales, aunque explican que en el Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles el menor ejercicio se explica por los retardos en la adquisición de equipos aunado al proceso de cambio de administración.

Lo que respecta a Lotería Nacional, tuvo un ejercicio de 1,091.1 millones de pesos, cifra superior en 21.60 millones de lo originalmente presupuestado; sin embargo, es importante mencionar que el gasto ejercido por esta entidad, es producto de recursos propios. También se lograron ahorros en los rubros de Materiales y Suministros y Bienes Muebles e Inmuebles, pero se tuvo mayor ejercicio en Servicios Generales por 42.0 millones de pesos, esto debido a una mayor campaña y gastos de publicidad y difusión que anunciaron los nuevos productos generados, mismos que se explica no tuvo la penetración en el mercado como se esperaba.

Con respecto a las subfunciones se presentan tres, Fomento al Turismo el cual ejerció al término del año 30.61% de los recursos destinados para esta función; Fomento a la Industria y Comercio, que ejerció 46.05% y finalmente la subfunción de Servicios Compartidos quien ejerció el 23.32% restante.

Entre las principales observaciones generales a esta función se tiene la constitución del Consejo Nacional de Turismo que sustituyó al Consejo Mexicano de Promoción Turística. También en lo que refiere al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, otorgó en la actividad de apoyos crediticios el 80.9% de los recursos considerados para esta actividad únicamente para reestructurar pasivos financieros del Hotel Robinson en Tulum.

También por parte de Economía, en la actividad institucional "Promover la Aplicación de Políticas Públicas Sectoriales", existió una variación justificada por una autorización de 5 millones para adquirir equipo de cómputo, la cuál se requiere una revisión por parte de la Auditoria Superior de la Federación sobre el proceso de adjudicación o licitación de este equipo.

VI. 4. Funciones de Gasto No Programable.

i. Función 18. Deuda Pública del Gobierno Federal.

En el año 2000, el sector público presupuestario registró un endeudamiento neto por 73,677.6 millones de pesos. Este se explica por un endeudamiento interno de 140,133.4 millones de pesos, y un desendeudamiento externo neto por 60,593.7 millones de pesos.

El Gobierno Federal observó un endeudamiento neto de 84,421.3 millones de pesos, mientras que las entidades paraestatales de control presupuestario directo, registraron un desendeudamiento neto de 10,743.7 millones de pesos.

Con lo que respecta al costo financiero de la deuda del sector público presupuestario, en 2000 ascendió a 201 mil 015 millones de pesos, de los cuales el 70% (140 mil 497.4 millones de pesos) correspondió al pago de intereses, comisiones y gastos, en tanto que el 30% (60 mil 517.6 millones de pesos) restante, fue destinado a los programas de apoyo a ahorradores de la banca.

Con ello, se tiene que al 31 de diciembre de 2000, la deuda total del sector público presupuestario fue de 1 billón 401 mil 428.8 millones de pesos, monto superior en 99 mil 181.1 millones de pesos. De esta, el 50.6% corresponde a deuda pública externa, y el 49.4% a deuda pública interna.

ii. Función 19. Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios.

Para el ejercicio de esta función, básicamente los recursos son transferidos a las entidades federativas por conducto de Hacienda y Crédito Público, el cual tuvo un ejercicio total de 178,136.2 millones de pesos, cantidad que representa el 18.28% del total de recursos ejercidos por el Gobierno Federal, durante el año de estudio. Asimismo, representa el 47% de los recursos totales erogados que conforman el gasto no programable.

En general, tuvo un 10.2% más de recursos erogados a lo previsto al inicio del ejercicio, motivado principalmente por el dinamismo de la actividad económica y una mayor captación de recursos tributarios.

Los estados que tuvieron mayores recursos adicionales en términos absolutos son el Estado de México que tuvo mayores ingresos a los contemplados por 2,600.4 millones, seguido del Distrito Federal con 1,625.9 millones y Jalisco con 1,109.2 millones de pesos, respectivamente.

En términos relativos quienes tuvieron mayores ingresos respecto a los previstos fueron en primer orden Baja California Sur con un incremento de 16.3%, Quintana Roo con 14.9% y seguido por el Estado de México con 14.7%.

iii. Función 20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

En el año 2000, se pagaron adeudos pendientes de 1999 por un monto de 8 mil 689.4 millones de pesos, de los cuales, el 67.6% correspondió a Ramos Administrativos, mientras que el 32.4% restante a Ramos Generales. Siendo Educación Pública y Aportaciones a Seguridad Social, los Ramos que mayor participación tuvieron dentro del total erogado, con el 59% en conjunto.

Por otro lado, los pagos pendientes para el 2001 por obligaciones generadas en el 2000, fueron por un monto de 4 mil 982.4 millones de pesos, lo que representó una cifra menor en un 42.7% con respecto a los adeudos de 1999 pagados en el 2000. Aquí, es nuevamente Educación Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ramos que mayor participación tuvieron dentro del adeudo total con 1 mil 563.6 y 746.3 millones de pesos, respectivamente, 46.4% en conjunto.

iv. Función 21. Saneamiento del Sistema Financiero.

En el año 2000, los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca fueron de 60 mil 517.6 millones de pesos, cifra superior en 20 mil 499.6 millones de pesos, equivalente al 51.2% del monto originalmente aprobado.

Los recursos de dichos programas representaron el 30.1% del costo financiero de la deuda, rubro en el cual se ubican.

Al interior de los programas, tanto el FINAPE como el FOPYME, presentaron un ejercicio menor al original en un 48% y 68.5%, respectivamente.

Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), observó un ejercicio de 34 mil 600 millones de pesos, monto que fue igual al autorizado por esta H. Soberanía.

Por otra parte, los programas que presentaron un ejercicio mayor al original fueron, VIVIENDA y el relativo a la PLANTA PRODUCTIVA, con un 722.2% y 585.3%, respectivamente.

Por ultimo, cabe destacar que son el IPAB y el programa de apoyo a la VIVIENDA los que representan la mayor proporción de los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca con el 57.2 y el 40 por ciento, del total.

DECRETO

Relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2000.

Artículo 1. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000 fue recibida en tiempo y forma el 8 de junio del 2001 por la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, turnó a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para su revisión de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del Artículo 74 Constitucional antes invocado y los artículos 3 y 20 y demás aplicables de la entonces vigente Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Artículo 3. Conforme lo señalan el Artículo 74 Constitucional fracción IV párrafo IV; así como los artículos 39 numeral 3 y 45 numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2000. Asimismo, el 7 de noviembre de 2001 en tiempo y forma, recibió de la entonces Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el Informe Previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 4. En términos generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, conclusión que deberá ser constatada en las auditorias financieras que se practiquen relativas a ese ejercicio.

En lo particular y acorde a lo presentado en el Informe Previo, en el caso del Sector Central se detectó que algunas dependencias:

En lo particular, existieron casos de incumplimientos de los preceptos legales o se observaron inconsistencias en la información proporcionada.

Artículo 6. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hace notar que existen apartados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 cuya información es insuficiente para evaluar los resultados obtenidos. Por el lado de los ingresos públicos, no existe información desagregada de la recaudación total por ingresos tributarios y no tributarios, lo que obstaculiza el análisis y cálculo de los ingresos excedentes del ejercicio. Asimismo, la inconsistencia de información que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a los ingresos tributarios, dificulta la evaluación de políticas tributarias.

Con relación al gasto público se concluye la necesidad de información desagregada sobre el gasto total de todas las entidades paraestatales coordinadas sectorialmente para identificar el destino específico de los recursos ejercidos.

Artículo 7. Se emiten las siguientes recomendaciones y solicitudes a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, otros Poderes y Órganos Autónomos:

Artículo 10. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), presenta a consideración de esta Cámara de Diputados, la cancelación de 159 créditos fiscales derivados de pliegos de responsabilidades fincados a servidores públicos de la Federación, con un monto de 44.99 millones de pesos, resultante de que, a opinión de la Secretaría, existe incobrabilidad de los créditos fiscales señalados.

Por las razones expuestas en la solicitud presentada por la SECODAM, que se fundamenta en el Artículo 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, esta Cámara autoriza la cancelación de los créditos fiscales señalados, por el monto que también se ha precisado.

Artículo 11. Remítase el presente Decreto al Ejecutivo Federal, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la propia Auditoría Superior de la Federación para los efectos conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 13 de diciembre de 2001.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000.

Diputados: Luis Pazos de la Torre (rúbrica), PAN; Guillermo Hopkins Gámez (rúbrica), PRI; Félix Castellanos Hernández, PT; Abel Trejo González (rúbrica), PRI; Bernardo de la Garza Herrera, PVEM; Fernando Josaphat Martínez Cue (rúbrica), PAN; Tomás Torres Mercado (rúbrica en contra), PRD; Jaime Salazar Silva (rúbrica), PAN; Abel Ignacio Cuevas Melo, PAN; Julián Hernández Santillán (rúbrica), PAN; Fernando Herrera Avila, PAN; César Alejandro Monraz Sustaita (rúbrica), PAN; José María Eugenio Núñez Murillo, PAN; Marcos Pérez Esquer (rúbrica), PAN; Abelardo Escobar Prieto (rúbrica), PAN; Herbert Taylor Arthur (rúbrica), PAN; Jaime Alcántara Silva (rúbrica), PRI; Juan Nicolás Callejas Arroyo, PRI; Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), PRI; Marcelo García Morales, PRI; Raúl Homero González Villalva, PRI; Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), PRI; Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), PRI; David Penchyna Grub (rúbrica), PRI; Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), PRI; Simón Iván Villar Martínez (rúbrica), PRI; María Miroslava García Suárez (rúbrica en contra), PRD; Gregorio Urías Germán (rúbrica en contra), PRD; José Carlos Borunda Zaragoza (rúbrica), PAN.

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la C. Diputada Federal Heidi Storsberg Montes, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como el C. Diputado Federal Eddie Varón Levy, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con el apoyo de varios legisladores de otros Grupos Parlamentarios, sometieron el pasado 25 de octubre del año en curso a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de "Decreto que adiciona una fracción X al artículo 2º de la Ley del Servicio Exterior Mexicano", misma que fue turnada a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen. Tramite del cual se excuso la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En cumplimiento de esta responsabilidad se procedió al dictamen de la iniciativa en comento, realizando para ello diversas consultas con representantes de las Secretarías competentes en la materia, con base en las cuales los miembros de estas Comisiones Unidas elaboraron y presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Señala la Iniciativa la necesidad de contar con una política exterior que asentada en la defensa de la democracia y en la promoción de los derechos humanos, desempeñe un papel más activo, para lo cual se requiere crear las condiciones que doten a la Secretaría de Relaciones Exteriores de mayores recursos financieros, ya que su insuficiencia afecta sus labores cotidianas, lo cual se refleja directamente en las tareas y actividades que realizan las embajadas y, principalmente, los consulados en el exterior, cuya función primordial es la protección de los derechos de todos los mexicanos en el exterior.

Al respecto, existen diversos informes que señalan la situación preocupante que persiste hoy día en algunos consulados y que no permite llevar a cabo las tareas más elementales para la adecuada protección de los mexicanos en el exterior, protección que está sustentada tanto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano como en las Convenciones Consulares de las que México forma parte y las cuales están expresadas a nuestro derecho interno en virtud del artículo 133 Constitucional.

En tal sentido, se considera que a causa de la reducción y limitación en la prestación de estos servicios por falta de recursos suficientes, se restringen las posibilidades reales para exigir a la autoridad extranjera un trato más digno a los mexicanos migrantes, y no se logra una eficaz defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En efecto, pretender una política exterior mexicana fundamentada en la promoción y defensa de los derechos humanos, cuando los consulados no pueden garantizar la protección de sus connacionales o resulta ocioso proveer de instrumentos para la defensa de los mexicanos en el extranjero para que éstos se protejan si sus trámites resultan incompletos y con alta probabilidad de ser rechazados.

El objeto de la Iniciativa es recomendar que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su mayor esfuerzo por eficientar el uso de los recursos con el monto asignado, pero que esta a su vez pueda complementar el financiamiento a sus actividades de la red consular, mediante la aplicación de un porcentaje de los derechos que correspondan por la prestación de los servicios que otorga en el exterior, mismos que están debidamente establecidos en la Ley Federal de Derechos.

De esta forma, la posibilidad de que los consulados mexicanos pudieran contar con un fondo etiquetado, a partir de un porcentaje de los recursos generados por el cobro de los derechos por los servicios prestados en el exterior, daría continuidad y certidumbre a los programas de ayuda a mexicanos fuera de nuestras fronteras, en particular, en ciertas actividades consulares que se considera estratégicas, tales como la repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica; visitas a cárceles y centros de detención; servicio de consulados móviles, y campañas de seguridad migrantes, entre otras.

CONSIDERACIONES

Para las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, la Iniciativa objeto de análisis resulta un instrumento de apoyo para fortalecer las tareas más elementales que vienen realizando nuestros consulados y embajadas en el exterior en materia de protección a los migrantes mexicanos, quienes han contribuido a la economía mexicana a través de las remesas que envían a sus familias, las cuales tan sólo el año pasado ascendieron a 6 mil 573 millones de dólares. En justicia se considera necesario otorgar un mejor tratamiento de mayor solidaridad a sus demandas.

Con las medidas que se proponen se daría cumplimiento a lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006: fortalecer nuestra capacidad para proteger y defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero.

El crecimiento del número de compatriotas que residen o intentan ingresar a Estados Unidos nos obliga a mantener y fortalecer programas específicos que tengan un alto contenido social, de ahí que se vea con preocupación, por ejemplo, el hecho de que el gasto de la red consular de México en Estados Unidos de América haya descendido en casi un 3% y de que de los 45 consulados existentes, 23 hayan visto reducido su presupuesto, tres no asumieron cambios en relación con el año anterior y de los 19 que aumentaron, en 16 de ellos, el incremento fue absorbido por concepto de pago de nómina, descuidando lo sustantivo: la promoción y defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales.

En atención a estas consideraciones y dado que ya existen normas en diversos ordenamientos federales que permiten destinar los recursos obtenidos en varias instituciones por concepto del cobro de derechos federales, a fin de crear fondos y programas que repercutan en el mejoramiento de sus servicios o condiciones laborales, como son los casos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o la misma Ley Aduanera o la Comisión Nacional del Agua, se considera procedente proponer reformas a la Ley sustantiva, a efecto de normar su destino y aplicación.

De igual modo, quienes dictaminan consideran conveniente enriquecer la propuesta original y precisar algunas referencias que contiene la Iniciativa en comento, relativas a las adecuaciones que se propone a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Así, se establece una nueva fracción X, al artículo 2º de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a efecto de precisar que los ingresos por concepto del cobro de derechos federales en materia de servicios consulares se destinarán a un fondo que deberá apoyar la prestación de determinadas actividades y servicios, complementando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos.

También se considera necesario que para su adecuada y transparente aplicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la normatividad que regule su ejercicio para quedar como sigue:

Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideran necesario reformar la Ley Federal de Derechos, con el propósito de que en el Capítulo II, relativo a los Derechos que cobra la Secretaría de Relaciones Exteriores, se especifique cuál será el destino de los mismos al constituir el fondo para fortalecer los programas y actividades estratégicas que debe realizar la red de consulados mexicanos en el exterior, de acuerdo a su ley normativa, para quedar en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción X al artículo 2º de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 2º.- .............

Artículo 20. ...........

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2002, debiéndose fijar las reglas de operación por parte de las Dependencias competentes del Ejecutivo Federal.

SALA DE COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. MÉXICO, D.F. A 13 DE DICIEMBRE DE 2001.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

Diputados: Aguilar Borrego Enrique Alonso, PRI; Agundis Arias Francisco (rúbrica) PVEM; Añorve Baños Manuel (rúbrica) PRI; Araujo Sánchez Enoch (rúbrica) PAN; Arizpe Jiménez Miguel (rúbrica) PRI; Calderón Hinojosa Felipe de Jesús (rúbrica) PAN; Castro López Florentino (rúbrica) PRI; Chávez Presa Jorge Alejandro PRI; De la Madrid Cordero Enrique Octavio (rúbrica) PRI; De Silva Ruíz Francisco de Jesús (rúbrica) PAN; Fuentes Domínguez Roberto Javier (rúbrica) PRI; Hernández Santillán Julián (rúbrica) PAN; Hinojosa Aguerrevere Diego Alonso (rúbrica) PAN; Hopkins Gámez Guillermo (rúbrica) PRI; Levín Coppel Oscar Guillermo (rúbrica) PRI; López Hernández Rosalinda (rúbrica) PRD; Magallanes Rodríguez José Antonio PRD; Minjares Jiménez José Manuel (rúbrica) PAN; Monraz Sustaita César Alejandro PAN; Pazos de la Torre Luis Alberto (rúbrica) PAN; Ramírez Ávila Francisco Raúl PAN; Riojas Santana Gustavo PSN; Rocha Díaz Salvador (rúbrica) PRI; San Miguel Cantú Arturo PAN; Silva Beltrán Reyes Antonio (rúbrica) PRI; Tamayo Herrera Yadira Ivette PAN; Ugalde Montes José Luis (rúbrica) PRI; Ulloa Pérez Emilio PRD; Yunes Zorrilla José Francisco (rúbrica) PRI; Zepeda Berrelleza Hugo Adriel (rúbrica) PAN.

Por la Comisión de Relaciones Exteriores:

Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, Presidente, PRI (rúbrica); F. Javier Sánchez Campuzano, secretario, PRI (rúbrica); Tarcisio Navarrete Montes de Oca, secretario, PAN (rúbrica); Ericka E. Spezia Maldonado, secretaria, PVEM (rúbrica); José Carlos Borunda Zaragoza, secretario, PAN (rúbrica); Sergio Acosta Salazar, PRD (rúbrica); Samuel Aguilar Solís, PRI (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez, PT; Hilda Anderson Nevárez, PRI (rúbrica); Eduardo Arnal Palomera, PAN (rúbrica); Edilberto Buenfil Montalvo, PRI (rúbrica); Raúl Covarrubias Zavala, PAN; María Elena Chávez Palacios, PAN (rúbrica); Jorge Alejandro Chávez Presa, PRI; Víctor Emanuel Díaz Palacios, PRI; Lucio Fernández González, PAN; Adrián S. Galarza González, PAN; Augusto Gómez Villanueva, PRI (rúbrica); Raúl Gracia Guzmán, PAN (rúbrica); Efrén Leyva Acevedo, PRI (rúbrica); José Ramón Mantilla y González de la Llave, PAN (rúbrica); Miguel Angel Moreno Tello, PRI (rúbrica); José Luis Novales Arellano, PAN (rúbrica); Bernardo Pastrana Gómez, PAN (rúbrica); Ma. de los Angeles Sánchez Lira, PRD (rúbrica); Heidi G. Storsberg Montes, PAN (rúbrica); Emilio Ulloa Pérez, PRD (rúbrica); Eddie Varon Levy, PRI (rúbrica); José S. Velázquez Hernández, PRI (rúbrica); Alma Carolina Viggiano Austria, PRI (rúbrica); Gustavo Riojas Santana, PSN.
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución constitucional, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal y adiciona los incisos 35) a 45) de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39 párrafo 1 y 2 fracción XVIII; 45 párrafo 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente:

METODOLOGIA

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos encargada del análisis, estudio y dictamen de la iniciativa presentada, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

PRIMERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2001, el Ciudadano Diputado Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de responsabilidad de servidores públicos.

SEGUNDO.- En sesión celebrada el 14 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados al Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas y adiciones aludidas.

TERCERO.- En esa misma fecha los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conocieron la iniciativa presentada y procedieron a nombrar a una Subcomisión de trabajo, tendiente a analizar su aprobación y en su caso modificación, sobre la base de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa estudiada expone que la normatividad penal de cualquier país, busca atacar las conductas que, por su gravedad, lastiman de manera sensible la convivencia social y que, por lo mismo, requieren de una sanción que cumpla entre otros, con dos objetivos fundamentales: primero, que permita la readaptación social de quien se apartó de la ley y vulneró la convivencia, y segundo, que sirva de ejemplo en un afán disuasivo para con la sociedad, para evitar la repetición de esos comportamientos.

En un sentido amplio, toda la sociedad es parte ofendida cuando se comete un delito; su seguridad es dañada, cuando alguien decide apartarse de lo que las leyes establecen y en forma particular esa conducta es calificada por las normas como delictiva, por lo grave del actuar. Quien delinque lo hace a costa de bienes jurídicamente tutelados.

La vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas se dañan de manera inmediata con esas conductas antisociales y ello tiene incidencia de manera directa con quien padece la conducta y de manera potencial con todos y cada uno de los que vivimos en ese entorno social.

De ahí deriva la importancia de que el marco jurídico sea lo suficientemente abarcador para cerrar el paso, al hecho de que dejen de sancionar actos que per se son dañinos y que por otro lado, las penas sean lo suficientemente severas para garantizar que haya sanciones que correspondan fehacientemente con la gravedad de lo causado con la conducta.

La pregunta en este terreno es: ¿qué ofende más a la sociedad, la conducta del delincuente, o que la sanción sea lo suficientemente flexible o tenue que provoque que no se resarza el daño causado y que antes bien, el responsable mantenga privilegios por encima de quienes son sus ofendidos?

Al aspecto normativo tenemos que añadir un sistema de impartición de justicia que tampoco es lo suficientemente estricto y que en algunas ocasiones diluye toda intención por sancionar como se merecen a los delincuentes que tienen recursos para torcer las conciencias de los impartidores y lograr siempre una interpretación de la ley, ventajosa a sus intereses.

Se trata de un círculo, que se alimenta en la corrupción y regresa a través de un sistema normativo, que sigue siendo defectuoso y que, por lo mismo, resulta necesario reformar. La corrupción, más allá de cualquier otro factor, es el fenómeno que determina la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el extranjero, hacia nuestros gobiernos.

Con esta conducta, se impacta directamente el ámbito social, el ámbito político y el ámbito económico del país, y su influencia no es de ninguna manera menor. Por corrupción, por ejemplo, se dejan de percibir en impuestos más de 70 mil millones de pesos anuales, situación que supera lo que se pretende recaudar por IVA en alimentos y medicinas, según la propuesta del gobierno federal.

Ahí hay una veta que no ha sido siquiera parte del análisis de quienes reclaman más recursos para el gobierno federal. Cuando hablamos de corrupción, inevitablemente tenemos que hablar de servidores públicos. Hay corrupción por que hay quien se corrompe, y quien se corrompe es el servidor público.

Considerar el asunto como una cuestión cultural es correcto, los ciudadanos que corrompen al servidor público también forma parte de este mal, pero resulta doblemente responsable aquel que teniendo un deber de cuidado, y habiendo para ello protestado cumplir y hacer cumplir la ley, la vulnere.

Es inadmisible esa conducta, porque se va tejiendo un camino fácil, que permea en la sociedad como un falso buen ejemplo para hacer dinero, ganar influencia y subir en la escala social a partir de la transgresión a las leyes, con el resguardo o protección de tener la condición de servidor público.

Las cosas ahora pueden ser diferentes o no, y en eso tenemos nosotros una gran responsabilidad. Estado de derecho e impunidad son dos temas que se corresponden en forma negativa. Mientras más impunidad hay, menos cerca estamos de un verdadero Estado de derecho y en ello no hay democracia que sobreviva a esa condición. ¿Quién gobierna en un país, donde las acciones públicas cotidianas, pasan por decisiones apartadas del derecho y son condicionadas por prebendas y favores?

En la actualidad, construir un verdadero Estado de derecho es condición indispensable para garantizar la permanencia de los cambios políticos logrados últimamente, lo que no es un asunto menor, dado que las organizaciones criminales, valiéndose de sus relaciones con el poder público, lo retan constantemente y pueden sustituirlo, como a veces lo hacen en algunas áreas gubernamentales. Tenemos con urgencia que hacer lo que nos corresponde en el ámbito de nuestra competencia, para regresar la confianza de la sociedad.

Somos testigos, como la misma sociedad lo es, de cómo las cárceles del país se encuentran infestadas por gente de escasos recursos que no han podido encontrar la libertad por falta de defensa y de dinero, y cómo, con la misma regularidad, gente que robó recursos públicos -sea en su carácter de servidores públicos o gracias a su relación con éstos- se pasea impunemente por las calles y aún concede entrevistas como prohombres del México moderno.

Pensamos que la sanción para los servidores públicos que cometen un delito debe ser mayor a la de cualquier ciudadano y que debe evitarse cualquier privilegio por su condición, por lo que resulta absurdo y grotesco que en el ámbito federal no se consideren graves los delitos cometidos por éstos y por lo tanto, que tengan derecho a la libertad provisional, mediante el pago de una caución, cuyo monto seguramente se cubre con las ganancias económicas que le reporta su conducta.

Quizá habrá quien lo ignore, pero a raíz de que en 1993 se reformó el artículo 20 constitucional y en consecuencia, el Código adjetivo en la materia al año siguiente, dejaron de ser graves todos los delitos cometidos por servidores públicos. Dejó de ser grave y en consecuencia, se permite la libertad mediante caución, de delitos calificados, tales como ejercicio indebido del servicio público, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia.

Por ello, se propone reformar los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal para incrementar las penas en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para homologarlas a las que ya se establecen en otras entidades.

Asimismo, se propone adicionar diez incisos a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir como graves tipos agravados de delitos cometidos por servidores públicos y aquéllos que en la sanción ya tienen una calificación que extrañamente no se corresponde en el vigente listado de dicho artículo.

3.- CONSIDERACIONES

La obligación fundamental del legislador, estriba en procurar la eficacia y utilidad del derecho, cuando se advierte que algunos de los aspectos de este, no surten los efectos jurídicos esperados o se percibe que dejó de prever alguna situación de hecho que es imprescindible regular, lo que vendrá a contribuir al establecimiento de un orden jurídico punitivo completo, equilibrado y justo, que inspire confianza a toda la sociedad en nuestro sistema constitucional y legal.

La problemática en materia de delitos cometidos por servidores públicos, ha generado, entre otras cosas, la necesidad de replantear el contenido de las leyes para precisar de mejor manera los procedimientos y las consecuencias jurídicas aplicables a los malos servidores públicos. La corrupción en las últimas fechas se ha constituido como uno de los más graves flagelos que sufre la sociedad, sobre todo por que afecta tanto a las instituciones públicas como a las privadas; muestra de ello son las constantes noticias dadas a conocer a la sociedad por las propias autoridades respecto de servidores públicos que han cedido ante intereses económicos, desvirtuando su función.

La corrupción del servidor público es un fenómeno de hecho, cuya presencia no podemos negar y se traduce a un daño grave que se causa en perjuicio del estado y de la sociedad que también lo sufre por sus repercusiones, porque entraña en su desarrollo, entre otros vicios: la deshonestidad, la infidelidad, la ineficacia dolosa, el engaño o la falacia, el desvío doloso de la conducta, o la complicidad y el encubrimiento. Vicios o hábitos abyectos, que los malos servidores públicos utilizan, indebidamente y contra toda justicia, para enriquecerse ilícitamente o repartirse la fortuna pública en perjuicio de los órganos encargados de las tres funciones fundamentales en que se manifiesta el poder público del Estado; perjuicio que por añadidura, trastoca la garantía de seguridad jurídica del gobernado, otorgada a este en el sentido de que su persona, sus bienes y sus derechos serán respetados y protegidos frente al abuso, arbitrariedad e impunidad de los órganos de autoridad que constituye el poder público de referencia, y tenga confianza en que no habrá obstáculos para sustituir o sancionar a los órganos de gobierno o a quienes los integran cuando hubieren cumplido con los deberes de la función pública en ellos depositada.

A los integrantes de esta Comisión como al estado, nos preocupa el alto índice de criminalidad que se ha manifestado en los tiempos actuales y la inoperancia ante ella de las instituciones encargadas de las funciones de prevención del delito y de procuración y administración de justicia. Empero, más nos debe inquietar el que esta criminalidad se engendre en sus propias entrañas. Por ello se justifica el castigo con penas mas severas al responsable del injusto, como un contraestímulo que sirva para disuadirlo del delito que, cometido este, tiendan a corregir al delincuente o a vigorizar sus fuerzas inhibidoras para el porvenir. En la especie, bien se justifica la aplicación de ese castigo en contra del servidor público, por la intimidación, la ejemplaridad, la expiación en aras del bien colectivo o la necesidad de evitar la ira de la sociedad, entre otros conceptos, pero, fundamentalmente, por la necesidad de conservar el orden social y la confianza de nuestras instituciones e individuos que las hacen operativas.

Por lo anteriormente expuesto los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 214. ..........

I a III. ...

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 221. ..........

...

...

...

Cuando el monto del enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

...
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los incisos 35) a 45) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. .........

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro a trece de diciembre de dos mil uno.

Diputados: Romero Apis José Elías (rúbrica), Presidente (PRI); Zavala Echavarría Roberto (rúbrica), secretario (PRI); Pérez Noriega Fernando, secretario (PAN); Buenrostro Díaz Gustavo César J., secretario (PAN); Sotelo Rosas David Augusto (rúbrica), secretario (PRD); Andrade Sánchez Eduardo (rúbrica) (PRI); Añorve Ocampo Flor (rúbrica), (PRI); Cárdenas Elizondo Francisco, (PRI); Galán Jiménez Manuel (rúbrica) (PRI); García Farías Rubén (rúbrica) (PRI); Márquez Hernández Ranulfo (rúbrica) (PRI); Medellín Milán Manuel (rúbrica) (PRI); Ortiz Arana Fernando (rúbrica) (PRI); Reyna García José de Jesús (PRI); Sepúlveda Fayad Juan Manuel (rúbrica) (PRI); Avila Márquez Benjamín (PAN); Cruz Blackledge Gina Andrea (PAN); Fernández González Lucio (PAN); Gutiérrez Gutiérrez Alejandro Enrique (PAN); López Escoffie Silvia América (PAN); López Mares María Guadalupe (PAN); Pacheco Castañeda Vicente (PAN); Pellegrini Pérez Germán Arturo (PAN); Sondón Saavedra Víctor Hugo (PAN); Tamayo Herrera Yadira Ivette (PAN); Domínguez Rodríguez Genoveva (rúbrica), (PRD); Torres Mercado Tomás (PRD); Del Río Virgen José Manuel (rúbrica) (CDPPN); Campoy Ruy Sánchez María Teresa (rúbrica) (PVEM); Riojas Santana Norma Patricia (rúbrica) (PSN).