Ciudadano Senador Enrique Jackson Ramírez,
Presidente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.
Presente.

La experiencia internacional demuestra que en el desarrollo de los mercados financieros, la participación de los inversionistas institucionales, tales como las sociedades de inversión, ha constituido uno de los pilares más importantes para su fortalecimiento, siendo factor determinante para ello, la transparencia en la administración de los recursos que el público canaliza a través de las mismas. En particular, las sociedades de inversión han sido el canal a través del cual el gran público inversionista ha podido acceder de manera directa al mercado de valores, gozando, independientemente del monto de sus inversiones, de la asesoría de administradores de fondos profesionales y de los beneficios que representa una inversión diversificada.

Asimismo, las sociedades de inversión están llamadas a desempeñar un papel de primordial importancia en la canalización del ahorro en nuestro país. En la medida que dicho sector se desarrolle, estará en posibilidad de canalizar un creciente monto de recursos hacia proyectos de inversión, financiados mediante la emisión de deuda y de capital en el mercado de valores. La experiencia internacional es muestra fehaciente de la capacidad del mercado de valores para convertirse en una fuente de financiamiento tanto o más importante que aquél originado en el sistema bancario.

En los últimos años, se ha puesto en evidencia la existencia de un claro conflicto de interés, en las casas de bolsa e instituciones de crédito que fungen como sociedades operadoras de sociedades de inversión, en virtud de que la Ley no establecía barreras que impidan o limiten la identidad de los integrantes del consejo de administración de las sociedades de inversión y los de quienes las operan. Esta falta de independencia propicia conflictos en el manejo de los recursos confiados por el público a las sociedades de inversión, ya que quienes vigilan la toma de decisiones para su inversión tienen a su vez la responsabilidad de manejar los recursos de terceros que son clientes de la casa de bolsa o institución de crédito y las inversiones que por cuenta propia realizan dichas sociedades, además de colocar valores emitidos por ellas mismas o terceros. Si bien en los últimos años han surgido sociedades operadoras de sociedades de inversión independientes de cualquier grupo financiero, el mercado sigue dominado por sociedades de inversión administradas por casas de bolsa o bancos integrantes de un grupo financiero.

Por lo anterior, es necesario establecer una serie de medidas dirigidas a evitar que se presente el conflicto de interés señalado y garantizar que los recursos confiados a las sociedades de inversión se manejen con el único objeto de obtener los mejores rendimientos para el público inversionista, con sujeción al nivel de riesgo que hayan acordado el cliente y la sociedad de que se trate. Por ello es indispensable que quien sea responsable por la administración de dichos recursos, es decir, los miembros del consejo de administración de las sociedades de inversión, deberán tener como único objetivo cumplir con dicho mandato.

Por otro lado, el desarrollo de las sociedades de inversión se ha visto obstaculizado, en alguna medida, por la excesiva rigidez a la que ha estado sujeta la estructura y composición de la cartera de las sociedades de inversión, lo que ha hecho imposible el desarrollo de vehículos de inversión que sean atractivos para un sector importante del público inversionista. El problema señalado tiene su origen en la legislación aplicable a las sociedades de inversión, por lo que para responder a los requerimientos de modernidad en su operación, es necesario flexibilizar su régimen de inversión y de esta forma facilitar el acceso del público inversionista a una más amplia gama de vehículos de ahorro.

En virtud del número de modificaciones que requiere el marco legal actual, es conveniente proponer la formación de una nueva ley que incorpore, de manera integral, todos los aspectos que contribuyan al logro de los objetivos señalados.

• La iniciativa de nueva Ley de Sociedades de Inversión, contempla de manera fundamental un cambio de enfoque en la regulación de las sociedades de inversión, centrando la actividad del sector en la sociedad de inversión como la entidad que agrupa los intereses de los ahorradores y ya no en las sociedades operadoras de sociedades de inversión, que simplemente ofrecen un servicio, el de administración de activos, a aquéllas. De esta forma, la nueva Ley establece reglas de gobierno corporativo a nivel de las sociedades de inversión que promuevan la defensa de los intereses del público ahorrador. Esta estructura de gobierno corporativo está centrada en dos principios: la composición y obligaciones del consejo de administración de las sociedades de inversión y la regulación de los servicios que éstas deben contratar.

Asimismo y con la finalidad de contar con consejeros que garanticen que las políticas de inversión llevadas a cabo no tengan otra finalidad que maximizar el rendimiento de los recursos invertidos en la sociedad de acuerdo al perfil de riesgo autorizado por los ahorradores, se contempla que cuando menos la tercera parte de los consejeros sean independientes de los accionistas del capital fijo de la sociedad de inversión, mismos que comúnmente son personas ligadas a un grupo financiero. Este grupo de consejeros independientes serán claves para las decisiones más trascendentes de la sociedad de inversión. Así, por ejemplo, sólo con la aprobación de la mayoría de éstos podrá autorizarse la contratación de las personas que presten servicios a la sociedad de inversión, entre ellas, de la sociedad operadora de sociedades de inversión. De esta manera, si un grupo financiero decide, a través de su sociedad operadora, crear una sociedad de inversión, éste sólo podrá retener la administración de los activos de dicha sociedad en la medida que, a criterio de los consejeros independientes de la sociedad de inversión, ofrezca un buen servicio y lo haga a precios competitivos.

Al crear la posibilidad de que una sociedad operadora pierda la administración de una sociedad de inversión, aún de sociedades de inversión fundadas por ella, el proyecto de Ley busca promover de manera intensa la competencia entre las sociedades operadoras para así lograr que ofrezcan servicios de alta calidad a costos competitivos.

• También se requerirá contar con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes para la toma de las decisiones relativas a la aprobación del manual de conducta, de las normas para prevenir conflictos de interés y de la realización de operaciones con personas o entidades relacionadas.

• Además de lo anterior, y sin la necesidad del voto favorable de la mayoría de los independientes, el consejo de administración deberá establecer las políticas de inversión y operación de las sociedades de inversión, dictar las medidas para la debida observancia del prospecto de información al público inversionista y analizar y evaluar el resultado de la gestión de las sociedades de inversión.

Un proceso de valuación transparente de las sociedades de inversión abiertas, aquellas en las que la propia sociedad recompra a los inversionistas las acciones representativas de su capital social cuando éstos retiran sus inversiones, y las más adecuadas para recibir el ahorro de pequeños y medianos ahorradores, es fundamental para lograr condiciones de equidad entre los inversionistas y por ende la confianza de éstos en las sociedades de inversión como una alternativa atractiva para canalizar el ahorro. Es por ello que se prevé la contratación, por parte de las sociedades de inversión, de un proveedor de precios, persona moral independiente de las sociedades de inversión cuya única actividad es la de valuar diariamente los instrumentos que componen las carteras de éstas. Dicha figura, que fue incorporada recientemente al mercado a través de la emisión de disposiciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha resultado sumamente útil para homologar los criterios de valuación entre las diversas sociedades de inversión, dando mayor transparencia a la determinación de los precios a los que los ahorradores adquieren y enajenan acciones representativas del capital social de éstas. Es por esta razón que ahora se propone reconocer dicha figura en Ley, lo que a su vez se espera promueva la competencia entre dichos proveedores de precios, mejore la calidad y disminuya el costo de dicho servicio.

En el caso especial de las sociedades de capitales, en las que la mayoría de sus activos no son títulos bursátiles, sino acciones de empresas que no cotizan en el mercado de valores, y por ende en donde los proveedores de precios no son la instancia apropiada para su valuación, se prevé la existencia de un comité de valuación dentro de la misma sociedad de inversión.

Por lo que respecta a la calificación de las sociedades de inversión, ésta pretende facilitar al público inversionista su entendimiento sobre el riesgo inherente en las carteras de valores que cada sociedad de inversión maneja así como sobre la calidad de su administración. Al igual que en el caso de la valuación, la calificación de las sociedades de inversión es requerida hoy por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se estima conveniente su incorporación a la Ley. La calificación de las sociedades de inversión es un servicio que no puede ser prestado de manera conjunta con ningún otro, por lo que se prevé sea realizada exclusivamente por instituciones calificadoras de valores autorizadas como tales por la citada Comisión.

Existen algunas otras actividades que las sociedades de inversión deben realizar como parte integral de su función, que por su naturaleza, resulta más eficiente los contraten de especialistas que ya cuenten con estructuras organizacionales adecuadas y la experiencia en la materia, buscando reducir con ello de manera significativa los costos de operación y consecuentemente mejorar la rentabilidad de los inversionistas. Así, se prevé permitir a las sociedades de inversión contratar con terceros los servicios de administración de activos, distribución de acciones, depósito y custodia de éstas, de contabilidad, administración y otros.

La administración de activos consiste en realizar, por cuenta y orden de la sociedad de inversión, las operaciones de compra y venta de valores integrantes de su activo, así como el manejo de su cartera de inversiones. Este servicio únicamente podrá ser proporcionado por sociedades operadoras de sociedades de inversión que hayan sido aprobadas como tales por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Como ya se mencionó, resulta indispensable lograr que las políticas de inversión de las sociedades de inversión se realicen con el único interés de buscar el mayor rendimiento posible de los recursos aportados por los ahorradores, sujeto al nivel de riesgo pactado. Como también ya se mencionó, para ello se prevé que cuando menos la tercera parte de los integrantes del consejo de administración de cada sociedad de inversión sean independientes, y el que éstos sean los responsables de contratar los servicios que requiera la sociedad, entre los que figura la administración de activos. A pesar de lo anterior, y dado que dicho consejo de administración delegará las decisiones cotidianas de inversión a la sociedad operadora, resulta igual de importante evitar un conflicto de intereses al nivel de la sociedad operadora. Es con este propósito que el proyecto de Ley contempla, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la prohibición para las casas de bolsa e instituciones de crédito de actuar de manera directa como sociedad operadora. Si una institución de crédito o una casa de bolsa, por las ventajas comparativas con las que cuenta, pretende otorgar el servicio de administración de activos a una sociedad de inversión, deberá conformar una sociedad operadora de sociedades de inversión como una entidad subsidiaria y con administración distinta a la propia. Esta separación, que ya hoy existe para el caso de las administradoras de fondos para el retiro, evitará en gran medida surjan situaciones en las que los responsables de realizar las operaciones por cuenta y orden de las sociedades de inversión tengan el incentivo de beneficiar con sus decisiones a las entidades, funcionarios o clientes relacionados con la institución financiera de que se trate, en perjuicio de los intereses de los inversionistas de las sociedades de inversión.

Asimismo, buscando dotar a las sociedades operadoras de sociedades de inversión con mecanismos eficientes de control interno, y basado en la experiencia positiva de las administradoras de fondos para el retiro, se introduce la figura del contralor normativo como apoyo al consejo de administración de la operadora. El contralor normativo se encargará de establecer los procedimientos para que se cumpla con la normatividad externa e interna aplicable, proponer al consejo de administración el establecimiento de medidas para prevenir conflictos de interés y asegurar la adecuada observancia del prospecto de información de las sociedades de inversión a las que la operadora les preste servicios.

Dado que el servicio de asesoría en materia de inversiones debe idealmente realizarse libre de conflictos de interés, y la estructura de las sociedades operadoras busca precisamente eso, se propone que las sociedades operadoras puedan dar dicha asesoría en materia de inversiones no sólo a sociedades de inversión, sino también a otros inversionistas personas físicas y morales.

Quizá la principal causa de la poca penetración de las sociedades de inversión en la economía mexicana, es la falta de canales de distribución adecuados, por medio de los cuales el pequeño y mediano ahorrador encuentre mecanismos de fácil acceso a dichos instrumentos de inversión, que a su vez le permitan obtener rendimientos competitivos independientemente del monto de sus inversiones. La causa por la que hasta hoy no se han creado dichos canales de distribución, se constituye por la confluencia de la prohibición existente para vender acciones de sociedades de inversión administradas por un tercero y el hecho de que las sociedades de inversión con una mayor penetración en el mercado están administradas directamente por una institución de crédito o una casa de bolsa perteneciente a un grupo financiero que cuenta dentro de su estructura con una institución de crédito. Mientras una institución de crédito tenga la posibilidad de captar recursos en ventanilla pagando tasas de interés varios puntos porcentuales por abajo de las tasas de interés interbancarias, ésta, o la casa de bolsa perteneciente a su grupo financiero, no tendrá incentivos para utilizar su red de sucursales con el objeto de dar acceso al pequeño ahorrador a las sociedades de inversión manejadas por éste. Así, a fin de masificar el mercado de valores a través de las sociedades de inversión, es indispensable se generen estructuras de distribución que, aprovechando economías a escala, permitan la apertura de cuentas con montos de inversión relativamente pequeños.

Con este propósito, el proyecto contempla romper con el esquema de distribución exclusiva, por parte de una sociedad operadora, que existe hoy en día, a efecto de permitir la existencia de empresas cuya única finalidad consista en distribuir acciones de sociedades de inversión. Dicho servicio podrá ser prestado por cualquier persona moral autorizada para tal fin por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre ellas, instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado y organizaciones auxiliares de crédito.

Lo anterior, permitirá: i) que los ahorradores se encuentren en posibilidad de adquirir acciones de diversas sociedades de inversión administradas por distintas sociedades operadoras sin que para ello sea necesario celebrar una multiplicidad de contratos ii) que los clientes reciban estados de cuenta consolidados que muestren sus inversiones en sociedades de inversión administradas por diversas sociedades operadoras; iii) que intermediarios con canales de distribución desarrollados y sin el conflicto de intereses promuevan la venta de sociedades de inversión entre su clientela; iv) que empresas distribuidoras creen nuevos canales de distribución, aprovechando al efecto las ventajas que ofrece la nueva tecnología en telecomunicaciones y sistemas de información; y, v) que los distribuidores no incurran en el costo de organizar y operar sus propias sociedades de inversión, con el propósito de vender dichos productos.

Por otra parte, las sociedades de inversión estarán facultadas para contratar el servicio de depósito y custodia de los valores que integran sus activos, así como de las acciones representativas de su capital social, mismos que serán proporcionados, los primeros, por instituciones para el depósito de valores, y los segundos, por instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones. Asimismo, deberán contratar los servicios contables y administrativos correspondientes, los cuales podrán ser ofrecidos por sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades valuadoras y profesionales independientes.

En la actualidad, las sociedades de inversión de deuda y las comunes sólo tienen la posibilidad de invertir en valores que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Si bien existe una amplia gama de valores dentro de dicho universo, esta restricción ciertamente impone algunas restricciones al tipo de productos que se pueden ofrecer bajo el régimen de sociedades de inversión. Lo anterior ha provocado, entre otras cosas, que el ahorro que potencialmente se hubiera podido canalizar a través de sociedades de inversión, se canalice a través de la apertura de fideicomisos, con los costos que esto implica, o bien se canalice fuera del sistema financiero nacional.

Por ello, el proyecto de Ley contempla la posibilidad de que las sociedades de inversión puedan adquirir para su cartera de inversión valores distintos a los registrados en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Esto permitirá, una vez que lo apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Banco de México, mediante reglas de carácter general, según corresponda, que las sociedades de inversión puedan, entre otros, adquirir: i) productos derivados, lo que facilitará la cobertura de sus riesgos y promoverá su inversión en valores de largo plazo; ii) invertir en valores denominados en moneda extranjera emitidos ya sea por mexicanos o extranjeros, lo que incentivará a la repatriación de capitales; y, iii) invertir en bienes inmuebles, lo que facilitará la reactivación del mercado inmobiliario y promoverá la inversión en éste.

De igual forma, se prevé, como en otros mercados, la posibilidad de que las sociedades de inversión inviertan en acciones representativas del capital social de otras sociedades de inversión, creando lo que en otros mercados se conoce como "fondos de fondos". En muchas ocasiones esta figura resulta ideal para inversionistas que no sólo no desean estar expuestos a riesgos de mercado, sino tampoco estar expuestos a los riesgos operativos de las sociedades de inversión u operadoras de sociedades de las que se trate.

La flexibilidad en el régimen de inversión también promoverá que se utilice la figura de sociedades de inversión, aprovechando la infraestructura física y regulatoria creada, para canalizar el ahorro de figuras que hasta hoy han utilizado fideicomisos para tal fin, tal como los fondos de pensiones privados y el ahorro propio de algunos productos de seguros de vida, entre otros. Para lograr dicho objetivo, además de flexibilizar el régimen de inversión, también se liberalizan los límites de tenencia individuales por cliente, apegándose siempre a lo dispuesto en el prospecto de información respectiva.

• Consecuente con una mayor apertura en cuanto al tipo de activos que una sociedad de inversión puede adquirir, y conforme a las prácticas internacionalmente aceptadas, el proyecto de Ley hace hincapié en la necesidad de contar con un régimen de revelación de información que permita a los ahorradores comprender las ventajas y riesgos inherentes en la adquisición de acciones de una sociedad de inversión en particular. Concretamente, se prevé la obligación para los consejos de administración de las sociedades de inversión de incluir en el prospecto de información la información necesaria para que el público inversionista pueda formarse, en todo momento, una opinión razonada acerca del tipo de inversión y de los riesgos inherentes a ésta.

Tan importante como el que los inversionistas cuenten con toda la información relevante para la toma de decisiones, es el que dicha información sea accesible en el sentido de no requerir conocimientos especializados para poder comprenderlo. Es por ello que el proyecto de Ley propone otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, amplias facultades para dictar, mediante reglas de carácter general, no sólo aquellos aspectos que deba contener el prospecto de información, sino también la forma en que dicha información es presentada, de tal suerte que sea fácilmente comprensible.

En este mismo sentido, es sumamente importante la labor que realizan los promotores de enterar al inversionista sobre las características del producto que están promoviendo. Así, se prevé que la promoción y venta de acciones de sociedades de inversión deberá ser efectuada por personas que hayan acreditado contar con capacidad técnica y moral, independientemente de la entidad o empresa donde lleven a cabo tal función, para así incrementar las condiciones de calidad en el asesoramiento al público inversionista.

• Para la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, se mantiene el régimen de autorización, que discrecionalmente se otorgaría, una vez que se cumpliera con los requisitos que la propia Ley establece, incluyendo los de calidad y contenido de los prospectos de información al público inversionista y el manual de conducta al que habrán de sujetarse los consejeros de las sociedades de inversión y las personas que habrán de prestarles los servicios, mismas que deberán señalarse en la solicitud respectiva, así como los requerimientos de experiencia, capacidad, honorabilidad y calidad crediticia que deberán acreditar los socios fundadores, consejeros y directivos, sin perjuicio de que también acrediten contar con los requerimientos de capital mínimo, entre otros.

Adicionalmente, se incorpora un nuevo tipo de sociedad de inversión, de objeto limitado, cuyo fin será invertir preponderantemente en activos distintos a los previstos en la regulación vigente, dando con esto la facilidad para nuevas alternativas de inversión y financiamiento.

Asimismo, se establece la facultad para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determine distintas clasificaciones de sociedades de inversión, atendiendo a los criterios de diversificación, especialización, liquidez y regímenes de inversión aplicables.

Con la intención de que las empresas filiales de Instituciones Financieras del Exterior que realizan actividades en el país, se constituyan y operen bajo las mismas condiciones que las nacionales, se homologan las disposiciones correspondientes y se prevé la posibilidad de que se puedan constituir sociedades distribuidoras filiales.

Derivado del creciente empleo de los medios electrónicos en todas las actividades, se hace necesario incorporar en la operación de sociedades de inversión, la utilización de estas herramientas para la divulgación de información, la concertación y la realización de operaciones, así como, para la identificación de los participantes, otorgándole a éstos los mismos efectos que las leyes le confieren a los documentos , por lo que en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Por último, buscando fortalecer el sector y a sus participantes, así como incrementar la protección del público inversionista, se incorporan algunas facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para: i) regular sobre el régimen de remuneraciones aplicable a sociedades de inversión y a la contratación de servicios; ii) practicar visitas de inspección y, en su caso, intervenir a las instituciones previstas en esta Ley; iii) remover, suspender o inhabilitar a consejeros, funcionarios, directivos, auditores, contralores y apoderados de las sociedades de inversión y de las empresas que les presten servicios; y, iv) ordenar suspender temporal o definitivamente, la colocación o recompra de las acciones por parte de las sociedades de inversión, para proteger los intereses de los inversionistas.

De igual forma, se precisa que las personas que resulten responsables de algún daño en perjuicio de los inversionistas, deberán resarcirlos, independientemente de las sanciones aplicables.

Se incorpora la tipificación de delitos y las sanciones correspondientes a quienes dispongan de los activos de la sociedad para fines distintos a los previstos; a quienes omitan, alteren, oculten o falseen registros o información, y se incorpora la regulación aplicable para prevenir y, en su caso, sancionar los delitos por lavado de dinero.

Asimismo, con el fin de que las actividades que el proyecto propuesto le confiere a las sociedades de inversión y demás personas que les presten servicios, el proyecto prevé que dichas actividades sean desarrolladas únicamente por entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estableciendo al efecto un régimen de sanciones para quienes realicen dichas actividades sin contar con la autorización respectiva.

Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Cámara de Senadores, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
 

LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, la intermediación de sus acciones en el mercado de valores, así como los servicios que deberán contratar para el correcto desempeño de sus actividades.

En la aplicación de esta Ley, las autoridades deberán procurar el fomento de las sociedades de inversión, su desarrollo equilibrado y el establecimiento de condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos:

Asimismo, será aplicable el Código Fiscal de la Federación para efectos de las notificaciones, recursos y ejecución de las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley.

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta Ley.

Artículo 5.- Las sociedades de inversión tendrán por objeto, la adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista, así como la contratación de los servicios y la realización de las demás actividades previstas en este ordenamiento.

Artículo 6.- Para la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión se requiere previa autorización de la Comisión, que la otorgará o denegará discrecionalmente.

Las autorizaciones son intransmisibles y se referirán a alguno de los siguientes tipos de sociedades:

Artículo 7.- Las sociedades de inversión deberán adoptar alguna de las siguientes modalidades:

Artículo 8.- Las personas que soliciten autorización para constituir una sociedad de inversión, se sujetarán a los requisitos siguientes:

Artículo 9.- Los prospectos de información al público inversionista de las sociedades de inversión, así como sus modificaciones, requerirán de la previa autorización de la Comisión, y contendrán la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista, entre la que deberá figurar como mínimo la siguiente:

Las personas que presten a las sociedades de inversión los servicios de distribución de sus acciones, deberán estipular con el público inversionista, por cuenta de éstas, al momento de la celebración del contrato respectivo, los medios a través de los cuales se tendrán para su análisis, consulta y conformidad, los prospectos de información de las sociedades de inversión cuyas acciones al efecto distribuyan y, en su caso, sus modificaciones, acordando al mismo tiempo, los hechos o actos que presumirán su consentimiento respecto de los mismos.

Artículo 10.- Las sociedades de inversión harán llegar a sus accionistas, por medio de las sociedades que les presten los servicios de administración de activos o, en su caso, de distribución de acciones, estados de cuenta en los que se dé a conocer lo siguiente:

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del estado de cuenta en donde se contenga, entre otra, la información a que se refiere el presente artículo, o bien, cumplidas las instrucciones giradas por el accionista de que se trate, los registros que figuren en los mismos, así como en la contabilidad de la sociedad de inversión, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, sin perjuicio de quedar a salvo el ejercicio de las acciones que por otros conceptos o agravios competa ejercer al accionista.

Artículo 11.- Las expresiones sociedades de inversión, fondos de inversión u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de actividades reservadas por esta Ley a las sociedades de inversión que gocen de autorización, no podrán ser usadas en el nombre, denominación social, publicidad, propaganda o documentación de personas y establecimientos distintos de las propias sociedades de inversión.

La Comisión podrá ordenar la intervención administrativa del establecimiento infractor para que deje de usar la expresión indebidamente empleada, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el artículo 86, fracción I del presente ordenamiento.

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión a que se refiere esta Ley, así como a las asociaciones de sociedades de inversión y las demás personas que sean autorizadas por la Comisión para estos efectos, siempre que no realicen operaciones propias de las sociedades de inversión u operadoras y distribuidoras señaladas.

Artículo 12.- Las sociedades de inversión deberán organizarse como sociedades anónimas, con arreglo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas especiales:

Artículo 14.- Las sociedades de inversión, a través de sus consejos de administración, establecerán límites máximos de tenencia accionaria por inversionista y determinarán políticas para que las personas que se ajusten a las mismas, adquieran temporalmente porcentajes superiores a tales límites, debiendo ésto contenerse en sus prospectos de información al público inversionista.

Las sociedades operadoras o las personas que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, deberán implementar por cuenta de éstas, mecanismos que permitan a sus accionistas, contar con información oportuna relativa al porcentaje de su tenencia accionaria, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo.

Artículo 15.- Las sociedades de inversión sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

En el evento de que la Comisión pretenda incorporar en el régimen de inversión de las sociedades de inversión de cualquier tipo, la celebración de operaciones financieras conocidas como derivadas o con moneda extranjera, deberá obtener la opinión favorable del Banco de México.

La Comisión estará facultada para expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse las sociedades de inversión para la adquisición y venta de las acciones que emitan. Como consecuencia de la compra de sus propias acciones, las sociedades de inversión procederán a la reducción del capital en la misma fecha de la adquisición, convirtiéndolas en acciones de tesorería y sin que para el efecto sea aplicable la obligación establecida en la fracción III del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, la Comisión mediante disposiciones de carácter general podrá limitar o prohibir a las sociedades de inversión la adquisición o participación en aquéllas operaciones que determine que impliquen algún conflicto de intereses, contando con facultades para resolver en casos de duda.

Artículo 16.- Los valores, títulos y documentos inscritos en el Registro Nacional, que formen parte del activo de las sociedades de inversión, deberán estar depositados en una cuenta que para cada sociedad se mantendrá en alguna institución para el depósito de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Igual obligación deberá observarse tratándose de las acciones representativas del capital social de esas sociedades, sin perjuicio de los servicios de custodia que respecto de dichas acciones se contraten con terceros.

Cuando se trate de Activos Objeto de Inversión distintos de los señalados en el párrafo anterior, que por su naturaleza no puedan ser depositados en alguna institución para el depósito de valores, nacional o extranjera, se mantendrán en los términos que señale la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 17.- Las sociedades de inversión deberán obtener una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores, que refleje los riesgos de los activos integrantes de su patrimonio y de las operaciones que realicen, así como la calidad de su administración, cuando así lo determine la Comisión mediante disposiciones de carácter general, en las que también señalará la periodicidad con que ésta se llevará a cabo, así como los términos y condiciones en que dicha información deberá ser difundida.

Artículo 18.- Las sociedades de inversión tendrán prohibido:

Artículo 20.- El régimen de inversión de las sociedades de inversión, deberá observar los lineamientos siguientes, sin perjuicio de las disposiciones aplicables según el tipo, modalidad o clasificación que les corresponda:

Artículo 21.- Cuando una sociedad de inversión haya adquirido algún Activo Objeto de Inversión dentro de los porcentajes mínimo y máximo que le sean aplicables, pero que con motivo de variaciones en los precios de los mismos o, en su caso, por compras o ventas significativas e inusuales de acciones representativas de su capital pagado, no cubra o se exceda de tales porcentajes, deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida la Comisión, a fin de regularizar su situación.
 

Capítulo Segundo

De las Sociedades de Inversión de Renta Variable

Artículo 22.- Las sociedades de inversión de renta variable operarán con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero en los términos del artículo siguiente, a los cuales se les designará para efectos de este capítulo como Valores.

Artículo 23.- Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

Capítulo Tercero

De las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda

Artículo 24.- Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda operarán exclusivamente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, a los cuales se les designará para efectos de este capítulo como Valores.

Artículo 25.- Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

Capítulo Cuarto

De las Sociedades de Inversión de Capitales

Artículo 26.- Las sociedades de inversión de capitales operarán preponderantemente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones o partes sociales, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de inversión yque requieren recursos a mediano y largo plazo.

Artículo 27.- Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos, así como prever la inversión en otros valores, bienes, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, depósitos de dinero y demás cosas objeto de comercio.

Artículo 28.- Las sociedades de inversión de capitales celebrarán con cada una de las empresas promovidas, un contrato de promoción que tendrá por objeto la estipulación de las condiciones a las que se sujetará la inversión y que deberá reunir los requisitos mínimos que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general.

La citada Comisión podrá objetar los términos y condiciones de los contratos de promoción a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que no reúnan los requisitos mínimos que la misma establezca, así como ordenar se realicen las modificaciones que estime pertinentes.

Las empresas promovidas por sociedades de inversión de capitales, estarán obligadas a proporcionar a la Comisión, la información que al efecto les solicite, debiendo contemplarse dicha obligación en los contratos de promoción respectivos.

Artículo 29.- Cuando las acciones de una empresa promovida sean inscritas en el Registro Nacional, la sociedad de inversión de capitales podrá mantener las acciones emitidas por aquella hasta por los porcentajes y plazos que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general.
 

Capítulo Quinto

De las Sociedades de Inversión de Objeto Limitado

Artículo 30.- Las sociedades de inversión de objeto limitado operarán exclusivamente con los Activos Objeto de Inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información al público inversionista.

Artículo 31.- Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general y a los prospectos de información al público inversionista, en los que se deberá de contemplar el porcentaje que de su patrimonio habrá de estar representado por los Activos Objeto de Inversión propios de su actividad preponderante, sin perjuicio de que los recursos transitoriamente no invertidos, se destinen a la constitución de depósitos de dinero, así como a la adquisición de acciones representativas del capital social de sociedades de inversión de renta variable o de instrumentos de deuda, y de valores, títulos y documentos objeto de inversión de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda.
 

Capítulo Sexto

De la prestación de servicios a las Sociedades de Inversión

Sección I

De los servicios

Artículo 32.- Las sociedades de inversión en los términos y casos que esta Ley señala, para el cumplimiento de su objeto deberán contratar los servicios que a continuación se indican:

I. Administración de activos de sociedades de inversión;
II. Distribución de acciones de sociedades de inversión;
III. Valuación de acciones de sociedades de inversión;
IV. Calificación de sociedades de inversión;
V. Proveeduría de Precios de Activos Objeto de Inversión;
VI. Depósito y custodia de Activos Objeto de Inversión y de acciones de sociedades de inversión;
VII. Contabilidad de sociedades de inversión;
VIII. Administrativos para sociedades de inversión, y
IX. Los demás que autorice la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 33.- Para organizarse y funcionar como sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, se requiere autorización que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión.

Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

Sólo gozarán de autorización, las sociedades anónimas organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles en todo lo que no esté previsto en esta Ley.

La Comisión podrá autorizar a las mencionadas sociedades operadoras, distribuidoras o valuadoras, la realización de actividades que sean conexas o complementarias a las que sean propias de su objeto, así como la prestación de servicios que auxilien a los intermediarios financieros en la celebración de sus operaciones, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 34.- Las solicitudes de autorización para constituirse como sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, deberán acompañarse de lo siguiente:

El consejo de administración de las sociedades operadoras de sociedades de inversión se integrará en los mismos términos establecidos en el artículo 12, fracción X, primer y segundo párrafos de esta Ley, sin que por ello se entienda que estas sociedades se encuentran sujetas al requisito de designar consejeros independientes.

Tratándose del director general y funcionarios que ocupen el cargo inmediato inferior al del director general, en las citadas sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como los de las distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, en ningún caso podrán ocupar algún empleo, cargo o comisión, en sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto limitado, organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá el monto del capital mínimo de las sociedades a que se refiere este artículo, el cual deberá estar en todo momento íntegramente pagado.

Artículo 35.- Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como las distribuidoras y las entidades financieras que lleven a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, deberán utilizar los servicios de personas físicas autorizadas por la Comisión para celebrar operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de acciones de sociedades de inversión. En todo caso deberán otorgarse los poderes que correspondan.

Dicha autorización se otorgará a juicio de la citada Comisión, a las personas físicas de que se trata, siempre que acrediten contar con la capacidad técnica y moral necesarias para llevar a cabo las actividades referidas en el párrafo anterior.

Artículo 36.- Los estatutos de las sociedades a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley, así como sus modificaciones, deberán ser aprobados por la Comisión. Con esta aprobación, los estatutos o sus reformas podrán ser inscritos en el Registro Público de Comercio.

En todo caso, las sociedades de que se trata, deberán proporcionar a dicha Comisión el testimonio notarial o la póliza expedida por notario o corredor público, en que conste la formalización de los estatutos sociales o sus modificaciones y, cuando proceda, copia del instrumento público expedida por fedatario público, relativa a las actas de sus asambleas.

Artículo 37.- La transmisión de acciones de sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como de las distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, requerirá de la previa autorización de la Comisión.

En ningún momento podrán participar en el capital de las sociedades a que se refiere el párrafo anterior las personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, directamente o a través de interpósita persona, por lo que toda adquisición efectuada en contravención de lo aquí establecido, se considerará nula, bajo la pena de perder en beneficio de la sociedad de que se trate, el importe de sus aportaciones.

La sociedad de que se trate deberá abstenerse de inscribir en el registro de sus acciones, las adquisiciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, debiendo rechazar su inscripción.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado e instituciones de seguros, requerirán de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para participar en el capital social de las sociedades operadoras de sociedades de inversión a que se refiere la presente Ley. En todo caso, las inversiones que realicen deberán ser con cargo a su capital de conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y administrativas que les sean aplicables.

Artículo 38.- Las personas que proporcionen los servicios a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II y VI de esta Ley, que por las actividades que desempeñen en favor de la sociedad de inversión que los hubiere contratado, deban actuar frente a terceros, en todo momento deberán contar con el mandato o comisión mercantil, según sea el caso, para celebrar los actos jurídicos correspondientes a nombre y por cuenta de la sociedad de inversión mandante o comitente.

Sección II

De la Administración de Activos

Artículo 39.- Los servicios de administración de activos consistirán en la realización de las actividades siguientes:

Las sociedades operadoras de sociedades de inversión podrán prestar a las sociedades de inversión, en forma conjunta, los servicios referidos en las fracciones I y II de este artículo y aquellos a que se refiere el artículo 32, fracciones II, VI, VII y VIII de esta Ley, debiendo observar en lo conducente, las disposiciones aplicables al tipo de servicio que corresponda de conformidad a lo previsto en la presente Ley y en la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, dichas sociedades operadoras podrán otorgar el servicio de valuación de acciones en los términos de este ordenamiento, previa autorización de la Comisión y sujetándose a las disposiciones de carácter general que al efecto expida.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado e instituciones de seguros, sólo podrán ofrecer a las sociedades de inversión los servicios a que se refiere el presente artículo, a través de sociedades operadoras que constituyan para tal efecto, rigiéndose para ello por la presente Ley y las disposiciones legales que les son aplicables a dichas entidades financieras.

Sección III

De la Distribución

Artículo 40.- Los servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, comprenderán la promoción, asesoría a terceros, compra y venta de dichas acciones por cuenta y orden de la sociedad de inversión de que se trate y, en su caso, la generación de informes y estados de cuenta consolidados de inversiones y otros servicios complementarios que autorice la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Las actividades de distribución a que se refiere este artículo podrán ser llevadas a cabo por sociedades distribuidoras autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, las cuales podrán ser entidades integrantes de sociedades controladoras de grupos financieros.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, podrán proporcionar de manera directa, a las sociedades de inversión servicios de distribución de acciones, sin perjuicio de que para ello se ajusten a esta Ley y a las disposiciones legales que les son aplicables, quedando en todo caso, sujetas a la supervisión de la Comisión en la realización de dichas actividades.

En ningún caso las sociedades distribuidoras podrán operar por cuenta propia con el público, sobre acciones de sociedades de inversión.

Las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión podrán celebrar contratos con personas físicas y morales que cuenten con personas físicas que las auxilien en el desempeño de sus actividades, siempre que éstas acrediten cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley.

En ningún caso, la distribución de acciones de sociedades de inversión podrá efectuarse a precio distinto del precio actualizado de valuación que sea aplicable para el día en que se celebren las operaciones de compra o venta.

Artículo 41.- Los accionistas de sociedades de inversión, podrán estipular en cualquier tiempo con la sociedad operadora o con la persona que proporcione los servicios de distribución de acciones de la sociedad de inversión que corresponda, la designación o sustitución de beneficiarios, así como la modificación, en su caso, de la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular de que se trate, la sociedad distribuidora, una vez realizadas las operaciones necesarias, entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular hubiere designado expresamente y por escrito para tal efecto, sin exceder el mayor de los límites siguientes:

El excedente, en su caso, deberá devolverse de conformidad con la legislación común.

Artículo 42.- Las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, al celebrar operaciones con el público, deberán utilizar documentación que contenga información relacionada con su personalidad jurídica y el carácter con el que comparecen en dichos actos, destacando la denominación de la sociedad de inversión por cuenta de la cual se actúa.

Artículo 43.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer requerimientos de capital adicionales a los previstos en el último párrafo del artículo 34 de esta Ley, aplicables a las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión que manejen recursos de terceros, producto de la realización de operaciones de compra y venta de dichas acciones.

Sección IV

De la Valuación

Artículo 44.- El servicio de valuación de acciones representativas del capital social de sociedades de inversión, será proporcionado por sociedades valuadoras o por sociedades operadoras de sociedades de inversión que se encuentren autorizadas para tal fin, con el objeto de determinar el precio actualizado de valuación de las distintas series de acciones en los términos de las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

Tratándose de las sociedades de inversión de capitales y de objeto limitado, el precio de las acciones representativas de su capital social, podrá ser determinado por sociedades valuadoras o bien, por comités de valuación designados por aquéllas.

Para determinar el precio de las acciones de las sociedades de inversión, los responsables de prestar este servicio, utilizarán precios actualizados de valuación de los valores, documentos e instrumentos financieros integrantes de los activos de las sociedades de inversión, que les sean proporcionados por el proveedor de precios de dichas sociedades; o bien, los precios que se obtengan mediante el método que establezca o autorice la Comisión tratándose de activos que por su propia naturaleza no puedan ser valuados por dichos proveedores.

La valuación de las inversiones que las sociedades de inversión de capitales mantengan en empresas promovidas, se ajustará a los lineamientos que para tal efecto establezca la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 45.- Los precios actualizados de valuación de las acciones de las sociedades de inversión, se darán a conocer al público a través de medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, pero en todo caso los responsables de prestar este servicio, proporcionarán dichos precios a la Comisión, a la bolsa de valores que corresponda y a las personas a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II, VII y VIII de esta Ley. Asimismo, la citada Comisión en protección de los intereses del público, establecerá mediante disposiciones de carácter general diferenciales máximos de precios que las sociedades de inversión podrán aplicar al precio actualizado de valuación de las distintas series de acciones que emitan, para la realización de operaciones de compra y venta sobre sus propias acciones.

Lo señalado en este artículo no será aplicable a las sociedades de inversión de capitales y de objeto limitado cuando así lo determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 46.- En las sociedades de inversión abiertas, la asignación de utilidades o pérdidas netas entre los accionistas, será determinada con la misma periodicidad con que se valuen sus acciones sin necesidad de celebrar asamblea de accionistas, mediante la determinación del precio que por acción les dé a conocer la sociedad valuadora que al efecto les preste servicios.

Artículo 47.- Las sociedades valuadoras, las sociedades operadoras que actúen con tal carácter y los comités de valuación deberán tener en todo momento a disposición de la Comisión, los informes relativos a la valuación de las acciones representativas del capital social de las sociedades de inversión. Tratándose de comités de valuación, adicionalmente se deberá contar con las actas de las juntas que celebren.

Sección V

De la Calificación

Artículo 48.- Los servicios de calificación de sociedades de inversión serán otorgados por instituciones calificadoras de valores, las cuales en la realización de sus actividades, deberán ajustarse a las disposiciones legales y administrativas que les resulten aplicables.

Sección VI

De la Proveeduría de Precios

Artículo 49.- El servicio de proveeduría de precios se realizará por sociedades cuyo objeto sea exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y suministro de precios actualizados para valuación de valores, documentos e instrumentos financieros, que se organicen y funcionen con arreglo a las disposiciones legales y administrativas que les resulten aplicables.

Artículo 50.- El proveedor de precios deberá resolver las objeciones que le formulen las sociedades de inversión usuarias de sus servicios, sobre los precios actualizados para valuación, el mismo día de su entrega, cuando a su juicio existan elementos que permitan suponer una incorrecta aplicación de la metodología o modelos de valuación que se utilicen para el cálculo y determinación de dichos precios o bien, éstos no representen adecuadamente los niveles de mercado, debiendo informar de ello a la Comisión, con la misma oportunidad.

Cuando se modifique algún precio actualizado para valuación, el proveedor de precios comunicará la modificación correspondiente a todas las sociedades de inversión usuarias de sus servicios y a la mencionada Comisión, en la misma fecha en que resuelva su procedencia.

Sección VII

Del Depósito y Custodia

Artículo 51.- Los servicios de depósito de las acciones representativas del capital de sociedades de inversión, así como de los valores que integran su activo, serán proporcionados por las instituciones para el depósito de valores a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

Sólo las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, podrán otorgar a los titulares de las acciones de sociedades de inversión, los servicios de depósito y custodia de conformidad con lo establecido en las leyes especiales que las rigen, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Séptimo

Disposiciones Comunes

Artículo 52.- En ningún caso, las personas que otorguen servicios de calificación, de valuación y de proveeduría de precios, podrán adquirir acciones de las sociedades de inversión que las contraten. Lo anterior, no será aplicable a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, autorizadas para prestar servicios de valuación, cuando se trate de tenencia de acciones del capital fijo o por operaciones de recompra por cuenta de la sociedad de inversión a la que, en su caso, le presten este servicio.

Artículo 53.- Las personas que presten servicios contables y administrativos, así como las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, estarán obligadas a restituir a la sociedad de inversión contratante, los daños que, en su caso, le causen con motivo de la incorrecta prestación de sus servicios.

Artículo 54.- Las controversias que puedan presentarse entre la sociedad de inversión y sus accionistas, así como entre estos últimos y las personas que les proporcionen los servicios a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II y VI de esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 55.- Las sociedades de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, no podrán dar noticia o información de las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo las que les solicite el titular de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión de que se trate, los representantes legales de estos últimos o quienes tengan poder para intervenir en ellas. Esta prohibición no es aplicable a las noticias o información que proporcionen a la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el propio titular sea parte o acusado, ni a las autoridades competentes, por conducto de la Comisión.

Lo anterior no afecta, en forma alguna, la obligación de las sociedades de inversión y personas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 32 de esta Ley, de proporcionar a la Comisión toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren.

La Comisión estará facultada a proporcionar a las autoridades financieras del exterior, información sobre las operaciones que reciba de las sociedades de inversión y de las personas prestadoras de los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, siempre que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de intercambio de información en los que se contemple el principio de reciprocidad, debiendo en todo caso abstenerse de proporcionar la información cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos a los de la supervisión financiera, o bien por causas de orden público, seguridad nacional o por cualquier otra causa convenida en los acuerdos respectivos.

Artículo 56.- Los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, podrán ser prestados por una o más personas, siempre que conforme con lo establecido en la misma, se encuentren en la posibilidad de proporcionarlos.

Los servicios a que se refiere el citado artículo 32 podrán ser objeto de subcontratación, exclusivamente con personas que cuenten con la capacidad legal para otorgarlos, en cuyo caso se deberá obtener el consentimiento previo de la sociedad de inversión de que se trate y notificar a la Comisión tal circunstancia. Los servicios referidos en las fracciones I y III a V del artículo 32 de esta Ley no podrán ser objeto de subcontratación.

Cuando exista la subcontratación de servicios, la sociedad subcontratada responderá solidariamente de la responsabilidad imputable a la subcontratante, ante la sociedad de inversión y sus accionistas.

Artículo 57.- La Comisión podrá autorizar discrecionalmente que una persona pueda proporcionar uno o más de los servicios señalados en el artículo anterior, siempre que éstos sean compatibles entre sí. Los servicios a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 32 de esta Ley no serán compatibles con ningún otro servicio.

Artículo 58.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, determinará las características de las operaciones que celebren las sociedades de inversión, así como las que realicen las sociedades operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, con el público inversionista.

Artículo 59.- Las comisiones y remuneraciones que las sociedades de inversión o sus accionistas cubrirán a las personas que proporcionen los servicios a que se refiere el presente capítulo, así como las que deban pagar los mencionados prestadores de servicios entre sí, deberán sujetarse a las disposiciones de carácter general que al efecto dicte la Comisión, atendiendo a criterios de equidad y transparencia, entre otros.

Artículo 60.- Las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, al celebrar operaciones con el público inversionista, podrán pactar el uso de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación, siempre que se establezca en los contratos respectivos lo siguiente:

I. Las bases para determinar las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trata.
El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto en este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Artículo 61.- Los nombramientos de consejeros, director general y directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, de las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras y valuadoras de acciones, deberán recaer en personas que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa.

Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que no se hayan hecho del conocimiento público, así como toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá las sociedades arriba citadas de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo de la presente Ley.

Las personas que sean designadas como consejeros, director general y directivos que ocupen la jerarquía inmediata inferior a la de este último, deberán acreditar a la sociedad de que se trate, con anterioridad al inicio de sus gestiones, del cumplimiento de los requisitos señalados en el primer y segundo párrafos de este artículo. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios que deberán observarse para la debida acreditación de los requisitos mencionados.

Las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras y valuadoras de acciones de que se trata, deberán verificar que las personas que sean designadas como consejeros, director general y funcionarios con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, cumplan, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en este artículo. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, deberán manifestar por escrito a las sociedades de que se trata y bajo protesta de decir verdad:

I. Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 12 fracción X, tercer párrafo, tratándose de consejeros de sociedades de inversión y 34, tercer párrafo, en el caso de director generales y directivos que ocupen el cargo inmediato inferior al de este último de las sociedades a que se refiere el artículo 33 de este ordenamiento, y

II. Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias de cualquier género.
Las sociedades a que se refiere este artículo deberán informar a la Comisión los nombramientos de consejeros, director general y directivos del nivel inmediato inferior al de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismo le han acreditado el cumplimento de los requisitos aplicables.

De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

Artículo 62.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar para efectos administrativos las disposiciones sobre servicios financieros que se incluyan en los tratados o acuerdos internacionales a que hace mención el párrafo anterior, así como para proveer a su observancia.

Artículo 64.- Para organizarse y funcionar como Filial se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

Artículo 65.- Las autoridades financieras, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el cumplimiento de los compromisos de trato nacional que en su caso sean asumidos por México, en los términos establecidos en el tratado o acuerdo internacional aplicable.

Las Filiales podrán realizar las mismas operaciones que las sociedades de inversión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, según corresponda, a menos que el tratado o acuerdo internacional aplicable establezca alguna restricción.

Artículo 66.- Para adquirir una participación mayoritaria en el capital social de una Filial, cuando ésta tenga el carácter de sociedad operadora de sociedades de inversión o distribuidora de acciones de sociedades de inversión, la Institución Financiera del Exterior deberá realizar, en el país en el que esté constituida, directa o indirectamente, de acuerdo con la legislación aplicable, el mismo tipo de operaciones que la Filial de que se trate esté facultada para realizar en México, de conformidad con lo que señalen la presente Ley y las reglas a que se refiere el primer párrafo del artículo 63.

La adquisición de acciones del capital fijo de una Filial que tenga el carácter de sociedad de inversión, sólo podrá realizarse por las Instituciones Financieras del Exterior citadas en el párrafo anterior, o por una Filial autorizada como sociedad operadora de sociedades de inversión.

Artículo 67.- La solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Filial deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y en las reglas a las que se refiere el primer párrafo del artículo 63.

Artículo 68.- Una Institución Financiera del Exterior, directa o indirectamente, o bien, una Sociedad Controladora Filial o una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial, deberá ser en todo momento propietaria de acciones que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital mínimo fijo de las sociedades de inversión Filiales o del capital social de las sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales o de distribuidoras de acciones Filiales, según corresponda.

Artículo 69.- Las acciones representativas del capital mínimo fijo de sociedades de inversión Filiales o del capital social de sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión Filiales, podrán ser enajenadas por una Institución Financiera del Exterior o por una Sociedad Controladora Filial, previa autorización de la Comisión.

Salvo en el caso en que el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial, una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial o una distribuidora de acciones Filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los estatutos sociales de la Filial cuyas acciones sean objeto de la operación, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 12, fracción V, 14 y 37, primer párrafo, de la presente Ley.

Cuando el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial, una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial o una distribuidora de acciones Filial, deberá observarse lo dispuesto en la fracción I del artículo 70.

Artículo 70.- La Comisión podrá autorizar a las Instituciones Financieras del Exterior, a las Sociedades Controladoras Filiales y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales, la adquisición de acciones representativas del capital mínimo fijo de una sociedad de inversión, y del capital social de una sociedad operadora de sociedades de inversión o distribuidora de acciones de sociedades de inversión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Artículo 72.- Las sociedades de inversión Filiales y sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales, en la integración de sus consejos de administración, se ajustarán, según corresponda, a lo previsto en los artículos 12, fracción X, 34, tercer párrafo y 61 de esta Ley.

Artículo 73.- Los directores generales de las Filiales, los funcionarios que ocupen el cargo inmediato inferior y las personas encargadas de llevar a cabo la promoción y venta de acciones de sociedades de inversión Filiales, deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos 34, cuarto párrafo, 35 y 61 de la presente Ley, según corresponda, así como residir en territorio nacional.

Artículo 74.- Las sociedades operadoras filiales contarán con un contralor normativo, cuya designación, responsabilidades y ejercicio de funciones, se sujetarán a lo previsto por el artículo 34, fracción V de esta Ley.

Artículo 75.- Respecto de las Filiales, la Comisión tendrá todas las facultades que le atribuye la presente Ley en relación con las sociedades de inversión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión. Cuando autoridades supervisoras del país de origen de la Institución Financiera del Exterior propietaria de acciones representativas del capital social de una Filial o de una Sociedad Controladora Filial, según sea el caso, deseen realizar visitas de inspección, deberán solicitarlo a la propia Comisión. A discreción de la misma, las visitas podrán hacerse por su conducto o sin que medie su participación.

La solicitud a que hace mención el párrafo anterior deberá hacerse por escrito, cuando menos con treinta días naturales de anticipación y deberá acompañarse de lo siguiente:

De la Contabilidad, Inspección y Vigilancia

Artículo 76.- Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán llevar el sistema de contabilidad que previene el Código de Comercio y los registros y auxiliares que ordene la Comisión.

Los registros que deberán llevar las citadas sociedades, se ajustarán a los criterios contables que al efecto establezca la propia Comisión.

Artículo 77.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, señalará las bases a las que se sujetará la aprobación de los estados financieros mensuales y anuales de las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, por parte de sus respectivos consejos de administración. La referida aprobación deberá contar, en todo caso, con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes.

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por el consejo de administración de las referidas sociedades.

Los mencionados auditores deberán suministrar a la Comisión los informes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la auditoría encontraren irregularidades que afecten la estabilidad o solvencia de las citadas sociedades, los auditores estarán obligados a comunicar dicha situación a la aludida Comisión. La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como sus dictámenes.

Artículo 78.- Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere esta Ley, deberán conservarse disponibles en las oficinas de la sociedad de inversión, sociedad operadora de sociedades de inversión o de la sociedad distribuidora de acciones de sociedades de inversión.

Artículo 79.- Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión o sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el Diario Oficial de la Federación.

La sociedades de inversión de capitales sólo estarán obligadas a publicar el estado financiero anual ajustándose a lo previsto en el párrafo anterior y a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Tratándose de sociedades de inversión de capitales cuyas acciones coticen en bolsas de valores, deberán publicar los estados financieros trimestrales y anuales, conforme a lo señalado en este artículo, así como ajustarse a las disposiciones aplicables a las sociedades emisoras de valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, a su juicio, fueren fundamentales, así como acordar que se publiquen con las modificaciones pertinentes.

Artículo 80.- La inspección y vigilancia de las sociedades de inversión, de las personas que otorguen los servicios a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 32 de esta Ley, así como de las instituciones de seguros en cuanto a los actividades que éstas realicen en materia de distribución de acciones de sociedades de inversión, corresponderá a la Comisión, a la que deberán proporcionar la información y documentos que requiera para tal efecto.

Asimismo, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, la Comisión podrá:

La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter administrativo previstas en esta Ley, caducará en un plazo de tres años, contado a partir de la realización de la infracción. El plazo de caducidad establecido en este párrafo se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos.

Artículo 81.- Cuando en virtud de la inspección y vigilancia que realice la Comisión, resulte que una sociedad de inversión o alguna de las personas que presten los servicios señalados en el artículo 33 de esta Ley, se encuentran en cualquiera de los supuestos contenidos en la fracción V del artículo 80 anterior, dicha Comisión, atendiendo a las irregularidades observadas, podrá ejercer las facultades consignadas en las fracciones I a IV del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, siendo aplicable a la intervención que, en su caso, determine, lo prescrito en los artículos 48 de dicho ordenamiento y 16, fracción III de la Ley de la Comisión.

Capítulo Décimo

De la Revocación de las Autorizaciones y de las Sanciones

Artículo 82.- La Comisión, oyendo previamente a la sociedad de inversión interesada, podrá declarar revocada la autorización en los siguientes casos:

La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta el doble de la prevista originalmente.

En el caso de personas morales, estas multas podrán ser impuestas tanto a dichas personas como a sus administradores, funcionarios, empleados o apoderados que sean responsables de la infracción.

Para la imposición de las multas correspondientes, la Comisión deberá oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta los antecedentes personales y condición económica del mismo, así como la naturaleza y gravedad de la infracción. Atendiendo a las circunstancias de cada caso, la citada Comisión podrá además amonestar al infractor, o bien solamente amonestarlo.

En protección del interés público, la Comisión podrá divulgar las sanciones que al efecto imponga por infracciones a esta Ley, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, señalando exclusivamente la persona sancionada, el precepto infringido y la sanción.

Las multas que la citada Comisión imponga deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación para estos casos.

Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda.

Artículo 85.- Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas, o en exceder los porcentajes máximos o en no mantener los mínimos previstos por las disposiciones de carácter general que deriven de esta Ley, o bien, por los prospectos de información al público inversionista respectivos, serán sancionadas con multa de 100 a 10,000 días de salario.

Las multas a que se refiere este capítulo, previa audiencia, serán impuestas a la sociedad operadora de sociedades de inversión, distribuidora y valuadora de acciones de sociedades de inversión o demás personas que resulten responsables de las infracciones.

Artículo 86.- Las infracciones a que se refiere este artículo se sancionarán como sigue:

Contra los actos a que se refieren los artículos 82 a 86 de esta Ley, los afectados podrán acudir en defensa de sus intereses, interponiendo recurso de revocación, mismo que deberá presentarse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que sean notificados del acto o actos que se reclaman, sin que ello suspenda tales actos.

El recurso señalado deberá interponerse ante la Junta de Gobierno de la Comisión, cuando la sanción haya sido emitida por ese cuerpo colegiado o por el Presidente de la Comisión, o ante este último cuando se trate de sanciones impuestas por otros servidores públicos de ese Organismo. El escrito en que la parte afectada interponga el recurso, deberá contener la descripción del acto impugnado y de los agravios que el mismo cause, acompañando las pruebas que al efecto se juzguen convenientes.

Cuando no se señale el acto impugnado o no se expresen agravios, la autoridad competente desechará por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá desechar, confirmar, revocar, o mandar reponer por uno nuevo que lo sustituya, el acto impugnado y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el Presidente de la Comisión, ni a los sesenta días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de la Junta de Gobierno.

El recurso de revocación establecido en este precepto deberá agotarse por el interesado, previamente a la interposición de cualquier otro medio de defensa legal.

Artículo 88.- Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años las personas que realicen actos de los reservados por este ordenamiento legal a las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, sin que para ello se cuente con la autorización correspondiente en los términos de la presente Ley.

Igual pena será aplicable a las personas que constituyan o actúen en el desempeño de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuyo objeto sea invertir o administrar cualquier clase de valores, ofreciendo a persona indeterminada participar de las ganancias o pérdidas producto de la adquisición y, en su caso, enajenación de los valores objeto de inversión o administración. Se considerará que se está en presencia de persona indeterminada, cuando al constituir el fideicomiso o celebrar el mandato o comisión, las personas que participen no se encuentren plenamente identificados al momento de celebrar el contrato respectivo y, en su caso, se permita la adhesión de terceros una vez constituidos o celebrados.

La sanción a que se refiere el párrafo anterior, no será aplicable a las personas que de conformidad con las leyes aplicables, actúen en el desempeño de fideicomisos, mandatos o comisiones que tengan por objeto la emisión, adquisición, enajenación o administración de valores, títulos y documentos, ajustándose para ello a los términos y condiciones que al efecto establezcan las leyes.

Artículo 89.- Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años las personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en una sociedad de inversión o sociedad operadora de sociedades de inversión, que dispongan de los activos integrantes del patrimonio de la sociedad de inversión a la que pertenezcan, aplicándolos a fines distintos a los que se prevean en el prospecto de información al público inversionista.

Artículo 90.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una sociedad de inversión o sociedad operadora de sociedades de inversión que intencionalmente:

Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los accionistas de las sociedades de inversión, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de éstos; las plazas en que operen, y las prácticas comerciales y bursátiles que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias sociedades de inversión. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley.

Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, comisarios, contralor normativo, auditores externos, funcionarios y empleados de las sociedades a que se refiere esta Ley; la violación de las mismas será sancionada por la Comisión con multa de 10,000 a 100,000 días de salario.

Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión, como los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las sociedades a que se refiere esta Ley, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Artículo 92.- Los delitos previstos en esta Ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión, o bien, por querella del ofendido.

Artículo 93.- La acción penal en los delitos previstos en esta Ley, prescribirá en tres años contados a partir de la comisión del delito.

Capítulo Undécimo

Disposiciones finales

Artículo 94.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, este no podrá exceder de cuatro meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponde. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al reglamento interior o acuerdo delegatorio respectivo; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará, en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 95.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar la opinión de otras autoridades, además de aquellas relacionadas con las autoridades relativas a la constitución y liquidación de las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión. En estos casos no podrá exceder de ocho meses el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

Artículo 96.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 97.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 94 a 96 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades de Inversión, entrará en vigor seis meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los artículos 61 y sexto transitorio, cuya vigencia iniciará a partir de la publicación respectiva, para los efectos establecidos en este último artículo.

Lo dispuesto por los artículos 94 a 97 entrarán en vigor el 1 de enero del año 2002.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley de Sociedades de Inversión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, y se derogan los incisos m) y n) del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

TERCERO.- Las sociedades de inversión que tengan dividido su capital fijo en dos o más clases de acciones, contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, para convertir dichas acciones en una sola serie accionaria, sin que para ello requieran del acuerdo de asamblea de accionistas, así como para realizar el canje respectivo conforme a lo siguiente:

Las sociedades de inversión que a la entrada en vigor de este Decreto, efectúen modificaciones a sus prospectos de información al público inversionista, a fin de ajustarse a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante el presente Decreto, podrán dar a conocer dichas modificaciones, por conducto de su sociedad operadora o de las personas que les presten servicios de distribución de acciones y a través de medios de comunicación masiva, sin necesidad de cumplir con alguna otra formalidad.

QUINTO.- En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicta las disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante el presente Decreto, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

SEXTO.- Los nombramientos de consejeros, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, de las sociedades de inversión y operadoras de sociedades de inversión, que a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, se encuentren en proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante este Decreto, contando esas sociedades con un plazo de treinta días hábiles a partir de dicha fecha, para manifestar a la citada Comisión que han llevado a cabo la verificación a que se refiere dicho artículo.