Esteban Daniel Martínez Enríquez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 56, 62, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 92 del Código Penal Federal y demás relativos en la materia, vengo a presentar ante esta Soberanía, Iniciativa de Ley de Amnistía, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La amnistía es un acto por el cual el poder público de un Estado, movido por razones políticas, anula la relevancia penal de ciertos hechos delictivos. Su diferencia con el indulto estriba en que este último concepto se refiere a la conmutación de la pena por diferentes razones, mientras que la amnistía encierra el reconocimiento de los delitos como legítimos y su puesta en escena lleva implícita una carga de carácter político.
La palabra "amnistía" viene de la palabra griega amnesia, que significa olvido, y que los griegos otorgaban a los opositores y contendientes sometidos por el ejército griego después de violentas confrontaciones.
En los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna establece la amnistía en el artículo 73, fracción XXII, y la reglamenta en el artículo 92 del Código Penal Federal, donde se determina la necesidad de una ley específica que reglamente los procedimientos que deben cumplirse para llevarla a cabo.
Según la doctrina jurídica, la amnistía no es una prerrogativa reservada a los jefes de Estado o presidentes. La amnistía es una facultad legislativa y por ello, un acto de alta consideración democrática, pues compete al Congreso de la Unión donde está representada tanto la nación como el pacto federal.
La historia legislativa en México registra diversas leyes e iniciativas de amnistía. Como vía de extinción de la acción penal se ha promulgado ante diversas situaciones políticas en el país, aplicando amnistía u "olvido por disposición política" a sentenciados por hechos pasados y que al resultar beneficiados con la libertad fortalecen el poder del Estado y sus instituciones.
Baste recordar el año de 1978, cuando a iniciativa de José López Portillo, el Congreso decretó amnistía por delitos de sedición, incitación a la rebelión o conspiración, u otros delitos ejecutados por móviles políticos; o la más reciente, la Ley de Amnistía de Chiapas de 1994, que amnistió a todos aquellos relacionados en los actos de violencia suscitados en algunos municipios del estado, con el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis, como la referente a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Nuevo León por la autoridad judicial, siempre que la causa se encontrare en la fase de conocimiento por la mencionada autoridad; así mismo, tocará a la autoridad administrativa si el asunto se halla en la fase de la averiguación y que la amnistía extingue la acción penal, pero también la ejecución de su pena (amnistía: olvido del delito; a - sin, mnemeo - recordar).
Para definir los sujetos a beneficiar por esta ley, habrá que conceptualizar categorías carentes de precisión formal. El preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es aquel encarcelado a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, raza, idioma, u origen social o económico, siempre que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso.
El término de preso político no existe en el Derecho Positivo Mexicano. Basándonos en el Derecho Internacional Humanitario, pudiéramos definir como preso político a la persona que buscando la transformación de la sociedad y por motivaciones políticas pretenda mediante el uso de la violencia, alterar o modificar el sistema de poder y sus instituciones gubernamentales y por ello se le procesa y encuentra culpable de delitos consignados en la legislación penal.
La participación de nuestro país en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos nos obliga al cumplimiento de los tratados internacionales signados en materia penitenciaria. De ahí derivamos el concepto de derechos del privado de la libertad por motivaciones ideológicas y políticas, por lo que se obliga al Estado mexicano a reconocer como las únicas vías legales a la amnistía o al indulto.
Así mismo encontramos presos por injusticias. Nuestro sistema penal ha permitido que existan recluidos por su incapacidad económica o por carecer de una buena defensa o sentenciados cuyos procesos y delitos aparecen como prefabricados en asociación a sus actividades políticas.
En el proceso previo de elaboración de esta iniciativa, conocimos los 294 casos documentados por la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y los 150 casos del Comité de Amigos y Familiares de los Presos Políticos y Sociales. Por eso proponemos en el articulado, un procedimiento y plazo para la aplicación de esta Ley de Amnistía, que permita al Ejecutivo documentar la mayoría de los casos e internos que puedan acogerse al beneficio.
Ante esta realidad penitenciaria es evidente la necesidad del recurso legislativo de la amnistía cuando el ánimo del Estado mexicano pugna por la concordia y la pacificación del país. Presos en Guerrero, como Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, por defender los bosques o presos en Oaxaca por sólo recibir la amnistía estatal y cubrir una sentencia por delito mixto o militantes políticos relacionados con organizaciones sediciosas -y que jamás han reconocido su participación-, o presos por su activismo en organizaciones guerrilleras, serían algunos de los que se pudieran acoger al beneficio de esta ley.
Y es claro el ambiente de reconciliación política que existe en el país. Prueba de lo anterior, es el interés y deseo de paz y justicia social que esta tribuna ha registrado con las dos iniciativas de amnistía que se presentaron en el periodo pasado ante esta Legislatura. Tanto los campesinos ecologistas, iniciativa presentada por diputados del PVEM; como los indígenas Oaxaca, Hidalgo y Guerrero junto con muchos otros sentenciados por supuestos delitos cometidos o sentencias derivadas de la posición ideológica o política de los internos en los sistemas de reclusorios del país, iniciativa presentada por el PRI, esperan señales de paz, concordia y reconciliación que les permita recuperar la dignidad de su vida.
Esa necesidad política de promulgar una Ley de Amnistía ya se ha pronunciado por el PRI y el PVEM, ahora toca, a través de mi voz, presentar la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que desde la legislatura pasada y en voz del diputado Adolfo González Zamora, presentó una Iniciativa de Amnistía que aún está pendiente de dictaminar.
Por si faltaren más argumentos, hay que recordar la conformación de este Congreso y sus esfuerzos por construir consenso, o la participación de los comandantes del EZLN en este recinto legislativo. Así como los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad política han crecido, la cultura legislativa permite buscar consenso entre los grupos parlamentarios y al refrendar la voluntad de los diputados de esta LVIII Legislatura en materia del olvido jurídico de los perseguidos o recluidos por sus creencias y preferencias políticas, presento a ustedes, esta iniciativa de amnistía.
Por lo antes expuesto y en virtud de que la amnistía es facultad de este Congreso y requiere para ello de la promulgación de una ley, y con fundamento en el artículo 73, fracción XXII de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar ante ustedes, la presente Iniciativa de Ley de Amnistía.
Artículo 1.- Se decreta Amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales de la Federación o ante los tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común con el propósito de alterar o modificar por vía violenta la estructura política del Estado mexicano o el orden social establecido o porque los delitos que se les imputen se encuentren vinculados con dicho móvil, formando parte o no de grupo armados.
Artículo 2.- La amnistía decretada en esta ley extingue la acción penal y las sanciones impuestas, con excepción de la reparación del daño, en los términos de lo dispuesto por el artículo 92 del Código Penal Federal.
Artículo 3.- Las personas que al momento de entrar en vigor la presente ley, se encuentren sustraídas de la acción de la justicia dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1º podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de los delitos, si los hubiere, dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de ésta.
Artículo 4.- En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes; las administrativas penitenciarias de la Federación y del Distrito Federal pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.
El Ministerio Público Federal cancelará los expedientes que por efecto de la comisión de delitos a los que se refiere esta ley hayan generado antecedentes en sus servicios periciales.
El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables, extinguida la acción persecutoria.
Artículo 5.- La aplicación de esta ley estará a cargo de una comisión integrada por el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un representante de la Cámara de Diputados.
Artículo 6.- En caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta ley, la autoridad que conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo cuarto de esta ley.
Artículo 7.- Con respeto a la soberanía de los estados, las presidencias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores propondrán a las legislaturas de los estados, la expedición de las correspondientes leyes estatales de amnistía en donde existan sentenciados o acción persecutoria por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que se asemejen a los que se amnistían por esta ley.
Artículo 8.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los ilícitos que comprende esta amnistía.
Transitorios
Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La presente ley tendrá una vigencia no mayor de un año a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero.- Las personas que se encuentren en las hipótesis normativas previstas por el artículo 1 de esta ley, pero que sean acreedores de los beneficios de libertad anticipada o pre-liberación, serán puestos en libertad de inmediato, sin condición alguna.
Diputados: Esteban Daniel Martínez, Elías
Martínez Rufino, Miroslava García Suárez, Sergio Acosta
Salazar, Miguel Bortolini Castillo, Rodrigo Carrillo Pérez, Auldárico
Hernández Gerónimo, Antonio Magallanes Rodríguez,
Víctor Hugo Círigo Vázquez, Alejandro Gómez
Olvera (rúbricas).
DE REFORMAS AL ARTICULO 226 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN LA SESION DEL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2001
Bernardo de la Garza Herrera Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
La Propiedad Industrial no es solo un asunto que concierne a los abogados. El punto crucial es dar crédito donde y cuando es debido.
Cada día adquiere mayor importancia en el mundo actual altamente comunicado y en el ambiente profesional en que vivimos, el conservar las ventajas competitivas que se desarrollan en una empresa y al mismo tiempo el evitar que los competidores impidan la práctica de estas prerrogativas y el acceso a mercados atractivos.
Las empresas deben aprovechar los derechos que otorgan las leyes de propiedad industrial para facilitar el logro de sus objetivos utilizando las diversas figuras legales que otorgan derechos a los inventores, autores y a sus causahabientes, tales como: Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños y Modelos Industriales, Secretos Industriales, Marcas Registradas, Nombres y Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen y Derechos de Autor.
Ante la alta competitividad de estos tiempos, muchas veces se descuida la protección legal de los derechos, por la falta de interpretación adecuada de las leyes, y esto puede tener importantes efectos para los que lo quieren ejercer.
Los resultados de proporcionar una rigurosa protección a quienes crean y comercializan son obvios, ya que los beneficios más importantes de un vigoroso amparo de los derechos de la propiedad industrial incluyen mayores incentivos para los inventores y propietarios individuales o empresariales, se fortalece la cultura empresarial, se da un mejor acceso a la tecnología por parte de los países en desarrollo, una mayor inversión nacional y extranjera en el crítico esfuerzo de investigación y desarrollo; una vez que un país otorga una clara garantía a la Ley de la Propiedad Industrial, las patentes, las marcas y demás derechos; se convierten en significativos activos económicos.
En resumen, existen convincentes razones comerciales, sociales y políticas, para una vigorosa protección de los derechos.
La experiencia de otros países post-industriales, demuestra claramente que puede llegarse a un equilibrio a través de la aplicación precisa de derechos de la propiedad industrial claramente delimitados.
En la revisión de sus leyes sobre propiedad industrial, los gobiernos de los países en desarrollo pueden aprender de la experiencia de otros países industrializados que claramente se ven afectados cuando se da una mala interpretación de la ley. Un buen sistema de protección debe proveer suficiente sostén como para proporcionar verdaderos incentivos para la inversión y el desarrollo, y debe ser lo suficientemente flexible y precisa como para poder responder a cambios en las necesidades, a la vez que fomentan la competencia lo más posible.
Los conceptos de la propiedad industrial, deben adaptarse al cambio, sin flexibilidad y adaptación, un sistema de propiedad industrial fácilmente podría volverse inadecuado en muy pocos años.
La Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 221, 221Bis, 226, 227 y 228, establecen literalmente que:
Art. 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley.
Art. 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos por el artículo 221 Bis de esta Ley.
Art. 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley.
Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.
Art. 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
De la lectura anterior, se desprende que la Ley de la Propiedad Industrial expresamente otorga facultad y competencia al Poder Judicial para resolver las controversias que se susciten con motivo de la comisión de delitos, así como de la indemnización por daños y perjuicios causados con motivo de la violación a dicha Ley. Por lo que se refiere a las acciones de carácter civil o mercantil, tanto los jueces del fuero Federal como los del fuero común, están facultados por la propia Ley de Propiedad Industrial, para conocer de las violaciones hechas a la misma; sin embargo, a pesar de lo anteriormente establecido, se ha creado una polémica en el foro y en la judicatura respecto a la independencia y procedibilidad que pudiera tener dicha acción ante el órgano jurisdiccional, ya que algunas personas erróneamente creen que para poder ejercitar la acción de pago de daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional, antes, debería ejercitarse la acción de carácter administrativo, mediante un procedimiento administrativo de infracción seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa competente en lo que se refiere al otorgamiento de registros marcarios, así como la tramitación de los diversos procedimientos administrativos de nulidad, caducidad o infracción.
La anterior suposición es incorrecta, pues haciendo una profunda y armónica interpretación de los preceptos citados se puede concluir que para solicitar el pago de daños y perjuicios no es necesario que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial haya declarado previamente que se ha cometido una infracción dado que no es un requisito de procedibilidad. Por el contrario, los jueces de lo civil son plenamente competentes para conocer del juicio en donde se reclame el pago de acuerdo con las diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior si se toma en cuenta la naturaleza civil de dicha acción.
Con el fin de atajar el error en que han incurrido algunos jueces, magistrados y litigantes, proponemos modificar el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo la independencia de ambos procedimientos, administrativo y judicial, para de una buena vez marcar en camino por el que deben seguir las personas cuyos Derechos de Propiedad Industrial fueron violados.
Por lo tanto, los beneficios de la protección de estos derechos tienen mayor peso que las desventajas percibidas.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de
DECRETO.- Por el que se reforma el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.
ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:
Art. 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos por el artículo 221 Bis de esta Ley, acción que podrá ejercitarse, sin tener que agotar previamente las de la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
TRANSITORIOS
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de abril del 2001.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador;
Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo
González; Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy
Ruy Sánchez; Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas;
Arturo Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera; Sara Guadalupe
Figueroa Canedo; Nicasia García Domínguez; Alejandro Rafael
García Sainz Arena; María Cristina Moctezuma Lule; Julieta
Prieto Fuhrken; Concepción Salazar González; Erika Elizabeth
Spezia Maldonado (rúbricas).
DE REFORMAS AL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN LA SESION DEL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2001
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
Uno de los problemas centrales de todo sistema constitucional reside en los órganos adecuados para control del poder. Por siglos, dicho tema ha ocupado la atención de filósofos, juristas y políticos. Se trata de una cuestión de análisis indispensable en cualquier sistema democrático; incluso ahí donde los controles funcionan satisfactoriamente requiere de ajustes periódicos.
Regular las relaciones de control entre los órganos políticos del poder: Gobierno y Congreso, es por demás necesario, no podemos permitir que la tan anhelada transición democrática con todos sus alcances que nos hará arribar al destino de país que deseamos, no se lleve a cabo , si no renovamos el pacto económico, social y político.
En el Estado constitucional el poder, está dividido entre los Poderes que conforman la Unión, o al menos este, debe estar limitado; la Constitución y el derecho positivo configuran al poder como poder juriestructurado, legitimado y justificado, esto es, sometido al derecho que lo organiza y lo limita.
El ideal democrático puede resumirse en el imperio de la ley. El autoritarismo se caracteriza precisamente por la falta de un orden que, garantice que los derechos de la gente prevalezcan por encima de los intereses de los poderosos.
Garantizar que las relaciones de poder se mantengan dentro de la esfera de su competencia, ya que si estos van más allá de sus facultades afecta los derechos de los gobernados y, por ende, vulnera el estado de derecho.
El centralismo de las decisiones del gobierno en el Poder Ejecutivo, particularmente en la esfera de algunas Secretarias y del Gabinete Ampliado ha devaluado la operación de los otros poderes del estado (legislativo y judicial), acentuando la crisis de la democracia representativa, y por otro, ha debilitado en consecuencia a los gobiernos locales.
No es concebible pues, la Constitución de un Estado democrático de derecho, si no descansa en la existencia de controles, de forma tal, que el equilibrio de poderes que caracterizan al Estado democrático se asienten, no sólo en una compleja trama de limitaciones que singulariza a dicha forma política, sino en la existencia de diversos controles a través de los cuales esas limitaciones se hacen efectivas.
Algunos meses atrás, la nueva administración para cumplir con las expectativas que fue generando durante la campaña política que culminó el 2 de julio pasado, hizo el nombramiento del gabinete legal y ampliado
En el Diario Oficial de la Federación los días 4 y 13 de diciembre del año próximo pasado, fueron publicadas las Oficinas, Coordinaciones y Comisiones que operarán en la Oficina Ejecutiva de la Presidencia que coadyuvaran según se desprende en los considerandos de dichas publicaciones, para cuidar, fortalecer, y fomentar las relaciones ciudadanas. Y además, que el gobierno federal debe propiciar la evaluación constante de su actuación con el objeto de cumplir las expectativas que la sociedad ha puesto en él.
La inspección y vigilancia, en este sentido, debe ser consideradas como una práctica sana para evaluar los alcances obtenidos; de no hacerlo podríamos perder de vista lo que se ha hecho e incluso incurrir en retrocesos graves, en detrimento de las condiciones sociales de los ciudadanos de nuestro país.
Por ello, fortalecer los organismos encargados de fiscalizar la actividad política desarrollada por quienes la llevan a cabo, resulta un ejercicio recomendable para nuestro sistema democrático. Evaluar los avances alcanzados para poder así programar, lo que falta por atender o remediar es, por consiguiente, imperativo para nuestro desarrollo político y democrático.
Actualmente los lineamientos que el propio artículo 93 de la Constitución Política establece para llevar a cabo las prácticas anteriormente descritas, son insuficientes. El trabajo desarrollado por los organismos de fiscalización política que actualmente existen, no solo en la Cámara de Diputados, sino por el Congreso en general, se han visto frenados por el serio inconveniente de que dicho precepto no ha sido reformado; en síntesis, tal ordenamiento ha sido rebasado por el desarrollo de las condiciones políticas prevalecientes y merece y debe ser reformado, pues en la actualidad, en lugar de contribuir al desarrollo político, lo obstaculiza.
Igual trato merece, como consecuencia lógica, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; ya que en las Comisiones, su trabajo se verá entorpecido, en primer término, porque cuando se requiera la comparecencia de funcionarios públicos, éstos maliciosamente escaparan a las comparecencias escudándose, fundamentalmente, en el argumento de que no comparecen porque no están contemplados en el citado artículo, pero que participan directamente en la toma de decisiones, privándose con ello de valiosos e importantes elementos para la consecución de las investigaciones y fincar responsabilidades.
Ante ese problema, consideramos que además de una reforma constitucional, debe reformarse en consecuencia, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para permitirle a estas Comisiones, el que puedan requerir la comparecencia de personas que presumiblemente resulten responsables de los actos u omisiones que se les imputen, así como contar con una organización más viable que facilite desde su creación, la difusión de sus trabajos y de los resultados alcanzados.
La fiscalización no coactiva de estas instituciones, demuestra apertura y claridad en el trabajo de las diversas fuerzas parlamentarias. Si con ello se aclaran manejos turbios o se dilucidan administraciones correctas y apegadas a derecho, con ella consolidaremos nuestro sistema democrático vigente.
Finalmente, con la reforma propuesta, no se persigue obtener un medio para revanchismo político ni de atacar a una sola fuerza política con presencia en las esferas gubernamentales, pues los órganos de fiscalización vigilarían a cualquier organismo político con presencia y representación políticas.
La veracidad y transparencia en el manejo de las políticas públicas, independientemente de quién sea el que las encabece y orqueste, justifican la adecuada regulación de los trabajos y atribuciones de las Comisiones de Investigación.
Si no establecemos nuevos compromisos, sobre todo en lo político, obtendríamos un México caduco, rebasado en la transición que la ciudadanía ha puesto en marcha; si consentimos que el Poder Ejecutivo Federal no sea oscultado por el poder del pueblo, el Congreso de la Unión sería nuevamente, un simple espectador de las acciones presidenciales.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO Mediante el cual se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adicionan los numerales 2,3,4,5 y 6, al artículo 41 y se reforma el numeral 1 y 6, y se adiciona un numeral 7 al artículo 45, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93.- ...
Cualquiera de las Cámaras, o sus Comisiones, podrán citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los Jefes de los Departamentos Administrativos, a los directores y a los administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como todo aquel funcionario de la administración pública federal, para que informen o aporten elementos cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Las Cámaras a pedido de una quinta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la cuarta parte si se trata de los senadores, integrarán comisiones que tendrán la facultad de investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados, de empresas de participación estatal mayoritaria, así como sobre cualquier asunto de interés público de competencia federal. Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones, que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del Pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y aún del Ministerio Público Federal, cuando se desprenda la posible comisión de delitos contra la Federación, para que adopten las medidas y ejerciten las acciones que fueren procedentes.
ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan los numerales 2,3,4,5 y 6, al artículo 41 y se reforma el numeral 1 y 6, y se adiciona un numeral 7 al artículo 45, ambos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 41.
Numerales
2. El Presidente de las Comisiones investigadoras, una vez instaladas estas, después de señalados los integrantes y los que fungirán como Secretarios y una vez integrado el cuerpo de apoyo técnico de las mismas, deberá de presentar a la Comisión de que se trate, un plan de trabajo que contendrá las líneas de investigación sobre las cuales versará el desarrollo del trabajo de la Comisión. Una vez aprobado éste, podrán seguirse nuevas líneas de investigación, independientemente de que se refieran o no a los hechos que motivaron la creación de la Comisión, siempre que estas redunden en beneficio del interés público.
3. El Presidente de las Comisiones de Investigación, a petición de cuando menos dos Grupos Parlamentarios al interior de la misma, requerirá en cualquier tiempo, hasta antes de rendirse el informe definitivo al Pleno, la comparecencia de las personas a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución, ante la comisión de que se trate, a efecto de cumplir con los fines para los que haya sido creada; bajo los mismos términos deberán reunirse con toda persona interesada que pueda aportar elementos, documentos o informes, que puedan resultar relevantes para el adecuado desempeño de sus funciones.
Las comparecencias o reuniones, a que se refiere el párrafo anterior, serán obligatorias e improrrogables, salvo en el caso de que el compareciente acredite la imposibilidad para acudir ante la Comisión, o los diputados promoventes de las mismas retiren por causa justificada su propuesta, circunstancias que deberán ser valoradas por la Comisión, a efecto de diferirlas o cancelarlas definitivamente.
4. El reglamento establecerá las medidas de apremio que podrán ser adoptadas por las comisiones de investigación para hacer cumplir sus determinaciones; sin perjuicio de acudir en queja ante el superior jerárquico del servidor público de que se trate o ante el Presidente de la República, a fin de que se sancione al empleado federal que se resista a comparecer o incurra en rebeldía.
5. Al concluir las actividades de las Comisiones de Investigación, deberán presentar un informe detallado de las actividades realizadas por las mismas, y de resultar procedente, formulará las recomendaciones o denuncias que correspondan.
El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá discutirse en el pleno de la Cámara, y si derivado de la discusión existiesen votos particulares, éstos se agregaran al informe. El informe deberá publicarse en el Diario de los Debates.
6. En todo lo no previsto en este artículo, se aplicarán las disposiciones previstas por esta Ley en su capítulo sexto y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos.
...........
..........
6. Una vez tomado el acuerdo para la celebración de las comparecencias o reuniones a las que se refiere este artículo y el formato a que estas se sujetarán, las mismas se verificarán conforme a las siguientes bases:
a) Las comparecencias serán obligatorias e improrrogables, salvo en el caso de que el compareciente acredite la imposibilidad para acudir ante la Comisión, o los diputados promoventes de las mismas retiren por causa justificada su propuesta, circunstancias que deberán ser valoradas por la Comisión, a efecto de diferirlas o cancelarlas definitivamente;
b) La citación a los comparecientes, deberá ser realizada, a petición del Presidente de la Comisión, por conducto del Secretario General y a falta de este, el Presidente de la Cámara con cuando menos diez días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión respectiva, quien será responsable de su debido desahogo, la citación deberá contener una relación sucinta de los hechos que la motivan;
c) Las reuniones respectivas serán públicas y transmitidas, según la disponibilidad de tiempo, por los medios de difusión propios del Congreso de la Unión, siempre que no se trate de asuntos que por su naturaleza puedan afectar la seguridad nacional, la dignidad de las personas, entorpecer el desarrollo de las investigaciones o interferir con una averiguación previa en trámite, en cuyo caso todos aquellos que hayan estado presentes durante la celebración deberán guardar la debida discreción, de lo contrario se harán responsables de las sanciones o a la reparación del daño que hubieren causado;
d) Una vez concluida la reunión, se levantará un acta circunstanciada, misma que deberá ser ratificada y firmada por quienes hayan intervenido; y
e) Sólo por razones supervenientes que lo justifiquen plenamente, podrá ser citada nuevamente una persona que ya haya comparecido ante la comisión respectiva.
7. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:
a) Elaborar su programa anual de trabajo;
b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
c) Organizar y mantener un archivo de todos lo asuntos
que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura
siguiente;
d) Sesionar cuando menos una vez al mes;
e) Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara
les turne;
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos
y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas
legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos; y Realizar las actividades que se deriven
de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por
el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con
relación a la materia o materias de su competencia.
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2001.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador
(rúbrica); Francisco Agundis Arias, vicecoordinador (rúbrica);
José Antonio Arévalo González (rúbrica); Esveida
Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy
Sánchez (rúbrica); Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica),
Diego Cobo Terrazas; Arturo Escobar y Vega (rúbrica); José
Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica); Sara Guadalupe Figueroa Canedo
(rúbrica); Nicasia García Domínguez (rúbrica);
Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica); María
Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica);
Concepción Salazar González (rúbrica); Erika Elizabeth
Spezia Maldonado.
DE REFORMAS AL ARTICULO 46 DE LA LEY DEL FONDO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO EUGENIO HERNANDEZ FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2001
El que suscribe Diputado Federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona una quinta fracción al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de acuerdo a la siguiente:
Exposición de Motivos
A los integrantes del Congreso de la Unión, la más alta representación popular, corresponde la tarea fundamental de dictar y modificar normas a fin de ampliar y defender el cumplimiento de los derechos sociales que nuestra Constitución consagra.
La iniciativa que hoy presento, tiene la finalidad de corregir las condiciones de inequidad que impiden a un amplio sector de trabajadores afiliados al Infonavit el acceso a los créditos que dicho organismo otorga.
En 1972 se crea el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Desde su creación, el Infonavit ha otorgado alrededor de 2 millones de créditos a los trabajadores de la producción, el comercio y los servicios. Actualmente, el instituto participa con el 55% de la oferta total de los organismos públicos de vivienda. Estas cifras nos muestran la importancia que tiene el buen manejo de dicha institución para el bienestar de las familias de los asalariados de México.
Sin embargo, del análisis realizado a la participación porcentual del otorgamiento de créditos a los trabajadores afiliados a este instituto durante el periodo 1997-2000, resulta que los créditos distribuidos entre los trabajadores con ingresos mensuales de hasta 2 salarios mínimos decrecieron 44.5% y los destinados a trabajadores con ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos se redujeron 24%.
En contraparte, durante el mismo periodo, el número de créditos que se asignaron a los trabajadores con ingresos superiores a 4 salarios mínimos se elevó en un 88%.
En la fracción I del artículo 46 de la Ley del Infonavit se señala que para el otorgamiento de créditos se dará preferencia a los trabajadores de menores ingresos. En los últimos años, este mandato que obedece al espíritu social de la institución, no ha sido debidamente cumplido por sus autoridades, en perjuicio de miles de familias de trabajadores derechohabientes.
Bajo el esquema actual, las aportaciones propiedad de los trabajadores de menores ingresos son utilizadas para financiar los créditos de vivienda para los trabajadores de mayores ingresos.
La solución del problema habitacional constituye una condición indispensable para la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora. Recibir créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades de vivienda es una aspiración legítima de los trabajadores derechohabientes del Infonavit.
Esta prestación social no puede estar supeditada a marcos rígidos y reglas inequitativas que benefician sólo a los mejores postores. Resulta a todas luces injusto hacer competir por un crédito a trabajadores con distintos niveles de ingreso.
Para cumplir con responsabilidad con el objeto para el cual fue creado, el Infonavit debe adecuar sus políticas a las condiciones socioeconómicas reales de los asalariados mexicanos.
En nuestro país, el 70% de la población económicamente activa obtiene ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, mientras que sólo el 30% gana más de 4 salarios mínimos mensuales.
Contradictoriamente, de la asignación de 198,950 viviendas producidas por programas federales en 1999, únicamente el 7% (14,600 unidades) correspondieron a familias con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. En cambio, el 93% de las viviendas (184,350 unidades) se asignaron a familias con ingresos superiores a 4 salarios mínimos.
El déficit habitacional que provoca hacinamiento, asentamientos en zonas de alto riesgo y crecimiento desordenado de las ciudades, se vincula principalmente a la reducida oferta de vivienda para la población de menores ingresos y a la carencia de financiamiento.
Debemos tener muy claro que solamente las instituciones públicas pueden dar acceso a la vivienda al sector con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos.
Sin lugar a dudas, para construir las 750 mil viviendas anuales que los mexicanos demandan, el mayor reto de la política habitacional consistirá en modernizar y hacer más eficientes los procesos administrativos y financieros de las instituciones públicas involucradas.
De esta representación popular dependerá que, en todo momento, sus acciones se apeguen a criterios de equidad y justicia social que garanticen a un mayor volumen de familias de trabajadores la satisfacción de sus necesidades habitacionales.
La sociedad exige de sus representantes la revisión constante de las normas y los procedimientos de las instituciones públicas, a fin de que éstas cumplan a cabalidad con sus objetivos sociales. Es una exigencia de muchos trabajadores que se revisen las reglas vigentes del Infonavit que los excluyen del beneficio de recibir créditos.
El artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores señala que para la aplicación de recursos en las diversas regiones y localidades del país se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:
II. La factibilidad y posibilidad reales de llevar a cabo construcciones habitacionales;
III. El monto de las aportaciones al Fondo provenientes de las diversas regiones y localidades del país; y
IV. El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del territorio nacional.
Se pretende lograr que los trabajadores solicitantes de crédito participen en las subastas en condiciones de igualdad, es decir, que se determine un monto de créditos por cada nivel de ingreso y que accedan a dichos créditos los trabajadores con mayor puntaje, dentro del nivel que les corresponda.
Esta propuesta corrige un esquema injusto de distribución de los recursos que condena a aquellos trabajadores más pobres a participar únicamente como aportadores que subsidian a los trabajadores más favorecidos quienes obtienen mayores salarios.
Es propósito de la iniciativa que hoy presento ante esta Soberanía, devolver al Infonavit el carácter social y el espíritu de solidaridad que lo caracterizaron en su origen.
De su aprobación dependerá que la realización del derecho de un mayor número de trabajadores a una vivienda digna no sea más una simple aspiración.
Una Ley del Infonavit justa, representa la única garantía de obtener una vivienda digna para miles de trabajadores mexicanos y sus familias.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe y firma al calce somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Artículo Unico: Se reforma y adiciona una quinta fracción al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue:
Artículo 46. En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración considerará, entre otras cosas, las siguientes circunstancias:
V. La distribución de los créditos asignados en las diferentes regiones y localidades del país será realizada en forma proporcional al número de derechohabientes por nivel de ingreso.
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los planes de labores y financiamientos que elabore el Director General y aprueben tanto el Consejo de Administración como la Asamblea General, deberán estar apegados a las nuevas consideraciones contenidas en esta ley.
Tercero. A la entrada en vigor del presente Decreto se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2001.
Dip. Eugenio Javier Hernández Flores
DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TOLERANCIA RELIGIOSA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL JUEVES 26 DE ABRIL DE 2001
El suscrito diputado federal Sergio Acosta Salazar, Integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II del Artículo 55 y artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que crea la Ley para el Fomento de la Tolerancia Religiosa; el Ejercicio de la Libertad de Conciencia y la Eliminación de toda forma de Intolerancia y Discriminación Basada en las Creencias, o Convicciones Religiosas, reglamentaria del Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de contribuir a la tolerancia religiosa, la libertad de conciencia y la eliminación de toda forma de discriminación basada en las creencias, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
Habiendo concurrido ante nosotros la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia, que esta integrada por la Asociación Nacional de Apoyo y Defensa a la Mujer A.C., La Escuela de Derechos Humanos 10 de Diciembre,. la Coordinadora Mexicana de Defensoras Populares A.C., el Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos A.C, Grupo Casa México, el Centro Cultural Islámico de México, la Iglesia Latinoamericana de Cienciología, Asociación Mexicana de Artes Marciales Prehispánicas Xilam A.C. ISKON en México Sociedad Internacional para la Conciencia de Krisna, la Federación de Universitarias de México A.C., el Instituto Nacional de Apoyo a Víctimas A.C. Organización Espiritual Mundial Brhama Kumaris, logia masónica femenina Margarita Maza de Juárez, Sikh Drama de México A. R., quienes nos han expuesto:
Primero: que con demostración en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 24 y los tratados internacionales ratificados por México, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se proclaman los principios y, libertades en materia de convicciones, de conciencia, principios tales como la Tolerancia, la no discriminación, y en general la Cultura para la Paz.
Segundo: que por expresión de sí mismos y de otros ciudadanos que apercibidos en foros organizados por dicha Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia, tanto en el Distrito Federal como en diversas entidades estatales, concluyen que la intolerancia religiosa en México en pleno año 2001, es una lamentable realidad de nuestro país, pero que las prácticas tolerantes y propositivas son también una realidad de nuestra sociedad y ello para honor y orgullo de todos los mexicanos, y que por tanto, la convivencia entre grupos y comunidades de diverso cuño en las convicciones, no sólo es posible, sino que fúndante de la comprensión entre las diversas comunidades y el consenso de lo que es justo mediante la atención al disenso de las minorías, lo que nos llevaría a una coexistencia cooperativa, es decir, de la pluralidad al mutualismo.
Consecuentemente la base de esa solidaridad cooperativa es el ejercicio, por parte del individuo, de la libertad religiosa, independientemente de si el individuo se afilia a una iglesia o tradición, el Estado Mexicano le debe garantizar el goce de esa libertad; ya que el estado no aprecia la religión en si misma, como un valor, pero si esta obligado con respecto al derecho del individuo de tener una religión, que es una convicción esencial del individuo, por lo tanto, y considerando la historia de México, para garantizar debidamente dicho derecho fundamental, se requiere del estado una actitud no sólo garante sino propositiva, y es en ese tenor que debe orientar la conducta de la sociedad hacia la eliminación de la violencia, la discriminación y la intolerancia, porque estas son las causas de graves conflictos sociales.
Mención especial merece la celebración del Día de la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia, pues el devenir natural del calendario otorga a la memoria y a la sociedad el pretexto y fundamento para la reflexión y la convivencia, para el diálogo intercultural y la avenencia interreligiosa.
La presente ley reglamentaria muestra la determinación que los mexicanos tenemos de construir las bases sólidas y sabias de nuestro futuro propiciando las condiciones que la legislación puede suministrar a la vida social.
La tolerancia es una virtud cívica, pero es más una necesidad política imprescindible para la construcción de un futuro viable.
Los diputados que apoyan y firman la presente iniciativa podríamos abundar en datos y argumentos de esta exposición de motivos, pero a la luz de los hechos de Intolerancia Religiosa que se han presentado principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Estado de México, así como también los recientes hechos acontecidos en la comunidad de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, que son de dominio público.
Basándome en la reciente publicación de Ted Robest Gurr (Peoples vs States, USIP Press, 2000) en la que muestra las estadísticas sobre la escala de violencia con motivos religiosos que se ha desatado en todo el mundo, y como ésta va reduciendo sus índices a partir de promulgaciones legislativas en materia de tolerancia.
Es por eso que presento ante este pleno esta iniciativa de Ley, así mismo quiero hacer un reconocimiento a la Señora Themis Cortés López, que junto con los integrantes de la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia han motivado y persistido en traer el tema al ámbito legislativo y la lucha por una cultura para la paz teniendo como base la tolerancia.
Por tales consideraciones expuestas y en ejercicio de las facultades que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente:
INICIATIVA
De la Ley para el Fomento de la Tolerancia Religiosa;
el Ejercicio de la Libertad de Conciencia y la Eliminación de toda
forma de Intolerancia y Discriminación Basada en las Creencias,
o Convicciones Religiosas, reglamentaria del Artículo 24 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Esta ley reglamenta el derecho fundamental de la libertad de conciencia y la protección de la dignidad que tiene toda persona en los términos del artículo 24o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social, y tienen por objeto:
II.- Distribuir y coordinar entre los gobiernos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal las actividades relacionada con la cultural y de fomento a la tolerancia religiosa.
III.- Promover y garantizar la libertad de conciencia, creencias, en cuanto a convicciones religiosas.
IV.- Establecer las bases y modalidades para la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación basada en las convicciones, creencias religiosas relacionadas con la espiritualidad,
V.- Preservar los principios históricos que conforman al Estado Mexicano y que son:
Laicidad
Separación del Estado y las iglesias
Libertad de culto;
Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Gobernación la aplicación de esta ley, la cual coordinará para el cumplimiento del objeto de esta Ley, a las Secretarías de Estado, Institutos y Consejos Nacionales de la administración pública federal y se auxiliará de las autoridades estatales y municipales en los términos previstos por esta Ley.
Artículo 4.- La Secretaría de Gobernación podrá establecer convenios de colaboración con las autoridades estatales y municipales para dar cumplimento a los fines y asignaciones materia de esta ley.
La Secretaria de Gobernación podrá establecer convenios con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los organismos estatales y del Distrito Federal de derechos humanos con el objeto de:
II.- Consultar la opinión de dichos organismos de derechos humanos concerniente a sanciones, infracciones y recursos de revisión en los términos señalados por la Ley de Asociaciones Religiosa y culto Público.
III.- Fortalecer las recomendaciones que en materia de Tolerancia religiosa, libertad de conciencia y eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia basada en las creencias o convicciones, emitan dichos organismos, de modo que las acciones de la Secretaría de Gobernación promuevan el cumplimiento de dichas recomendaciones.
La Secretaría de Gobernación regirá su actuar con base en las facultades que le confiere La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la legislación aplicable.
IV.- Los que acuerden las partes.
V.- La Secretaria de Gobernación podrá igualmente
establecer convenios de colaboración con asociaciones civiles de
derechos humanos para la promoción y difusión de la tolerancia
religiosa.
Artículo 5.- El 14 de marzo, es el Día de la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia.
Se entenderá por tolerancia religiosa el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de religiones, creencias, o convicciones.
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación realizar el Programa Nacional de Fomento de la Tolerancia Religiosa, a través de los siguientes medios:
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaria de Gobernación, mediante el programa nacional de fomento a la tolerancia religiosa:
I.- Fomentar el conocimiento de los hábitos, costumbres y creencias de las religiones, y tradiciones que practiquen sus convicciones en México, con énfasis en cada zona geográfica.
II.- Promover la convivencia, el diálogo interreligioso y la integración intercultural.
III.- Orientar la comprensión de la solidaridad compartida, mediante el entendimiento de las religiones y la manifestación laica de los valores humanos básicos.
IV.- Reforzar la conciencia de los derechos humanos y
las responsabilidades para con los demás miembros de la sociedad,
en particular, la no-discriminación y la eliminación de la
violencia.
Artículo 8.- El Estado Mexicano garantiza a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades:
II.- Profesar la religión en lugares propios, para la realización de cultos y guardar las tradiciones de observancia de días festivos, de acuerdo a los grupos religiosos y normas dietéticas que conllevan a la celebración de ritos, prácticas y costumbres, así como recibir sepultura con arreglo a los ritos de la religión que se profesa, toda sepultura se realizará en los lugares que para tal efecto designe la autoridad en la materia.
III.- Manifestar y divulgar la propia doctrina, así como las consecuencias que se derivan de ella para la vida del hombre y de sus relaciones sociales, políticas, económicas, pudiendo utilizar con esa finalidad la palabra, la escritura y la imagen.
IV.- Recibir e impartir enseñanza religiosa, en privado y en público, en la familia, en locales de culto. En caso de culto en vía pública por exigencia de la creencia, esta no alterara el orden público.
V.- Reunirse y asociarse con fines religiosos, afiliarse o desincorporarse de la iglesia, comunidad o tradición de su preferencia.
II.- No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación religiosa, grupo o comunidad, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso.
III.- No ser objeto de ninguna inquisición judicial
o administrativa por la manifestación de ideas o creencias religiosas.
Artículo 10.- La intolerancia por motivos religiosos es la conducta que restringe, excluye o distingue en contra de un individuo, o incita al odio o a la violencia, con el fin o efecto de abolir o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades expresados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, tengan por resultado un daño material o moral.
Artículo 11.- La discriminación por motivos religiosos se denotara en la conducta que restrinja, excluya, distinga o prefiera a un individuo, con el fin o efecto de abolir o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades expresados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley que en condiciones de igualdad el individuo pudiese ejercer.
La distinción que el Estado Mexicano hace entre ciudadanos y no ciudadanos no es considerada discriminación.
Artículo 12.- La intolerancia y la discriminación serán identificadas como delito de odio.
CAPITULO QUINTO
Sanciones
Artículo 13.- todo ciudadano que cometa delito de odio será sancionados con pena de uno a tres años de prisión, y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
En los casos de los delitos previstos en este capítulo, participe un servidor público, que preste sus servicios en establecimientos de cualquier dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio o con motivo de sus funciones, además de las penas a que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se le destituirá del cargo, empleo o comisión y se le inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un tanto igual a la pena impuesta, a juicio de la autoridad judicial.
En caso de reincidencia la sanción podrá ser de hasta tres veces más a la pena máxima que señala este artículo.
Transitorios
Primero.- la Presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo 26 de abril de 2001.
Diputados: Sergio Acosta Salazar, PRD (rúbrica);
Alfredo Hernández Raigosa, PRD (rúbrica); Vìctor E.
Díaz, PRI (rúbrica); Santiago Guerrero Gutiérrez,
PRI (rúbrica); Francisco Javier Sánchez Campuzano, PRI (rúbrica);
Pedro Miguel Rosaldo Salazar, PRD (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez,
PT (rúbrica); José Manuel del Río Virgen; CDPPN (rúbrica);
Emilio Ulloa Pérez, PRD (rúbrica).
Informe semestral de las actividades de la Comisión De Desarrollo Social correspondiente a los meses de septiembre del 2000 a febrero del 2001
12 de octubre del 2000.
Reunión de instalación de la Comisión.
13 de diciembre del 2000.
Reunión de Trabajo.
2. Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión
y la integración de subcomisiones de trabajo. Así como el
calendario de reuniones ordinarias de la Comisión.
3. Opinión de la Comisión sobre los indicadores
de evaluación y gestión.
Dip. David Penchyna Grub (rúbrica)
Seretario (PRI)
Dip. Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica)
Seretario (PRI)
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez (rúbrica)
Seretario (PRD)
Dip. Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)
Seretario (PRI)
DE LA COMISION DE SALUD, DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001
Primer Informe Semestral de Actividades
1. Introducción
El presente documento tiene como propósito presentar el Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Salud, correspondientes a los meses de septiembre de 2000 a febrero de 2001, del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura, de conformidad con el artículo 45 numeral 6, inciso b) de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que, para su cumplimiento se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la H. Cámara de Diputados.
El trabajo desarrollado por la Comisión de Salud, en este Primer semestre de actividades ha procurado el bienestar general fortaleciendo el orden constitucional y preceptos legales reglamentarios en materia de salud, basándose en el estudio y análisis para deliberar y dictaminar con criterios incluyentes.
Diputada Lic. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
2. Esquema General
Actividades:
1. Sesiones del Pleno:
8
2. Sesiones de Mesa Directiva:
8
3. Sesiones de Subcomisiones:
6
4. Reuniones de Presidencia y Mesa Directiva: 35
5. Dictámenes de Iniciativas:
10
6. Conferencias con Servidores Públicos: 7
7. Trabajos de Gestoría:
608
3. Sesiones del Pleno
8 Sesiones del Pleno:
Institución: 1. Comisión de Salud
Objetivo: Sesión de Instalación de
la Comisión de Salud.
1.- Toma de protesta de la Mesa Directiva de la Comisión.
Presidente: Diputada María Eugenia Galván
Antillón.
Secretario: Diputada Adela del Carmen Graniel Campos.
Secretario: Diputado Eduardo Abraham Leines Barrera.
Secretario: Diputado Rafael Orozco Martínez.
Secretario: Diputado Héctor Esquiliano Solís.
2.- Declaratoria formal de la instalación de la
Comisión.
3.- Presentación del Secretario Técnico
de la Comisión.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "C"
Fecha: 11 de Octubre 2000.
Institución: 2. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Aprobación del Proyecto de Plan de Trabajo
de la Comisión de Salud para la LVIII Legislatura.
2.- Análisis de la excitativa para dictaminar
el artículo 282 bis 3 de la Ley General de Salud, con relación
a alimentos transgénicos.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "C"
Fecha: 25 de Octubre de 2000.
Institución: 3. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Análisis del Anteproyecto de Dictamen que
adiciona un artículo 282 Bis 3 de la Ley General de Salud.
2.- Revisión del Presupuesto de Egresos de la
Federación, en materia de Salud.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "D"
Fecha: 13 de Diciembre de 2000.
Institución: 4. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Intervención del Secretario de Salud, Dr.
Julio Frenk Mora, con relación a las principales estrategias para
mejorar el Sistema de Salud en México.
2.- Nombramiento de los Coordinadores de las tres Subcomisiones
de Salud.
a).- Primera Subcomisión: Diputada María
de las Nieves García Fernández.
b).- Segunda Subcomisión: Diputado Manuel Wistano
Orozco Garza.
c).- Tercera Subcomisión:
Diputada Julieta Prieto Fuhrken (Actualmente: Diputado
Juan Alcocer Flores).
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales"
Fecha: 28 de Diciembre de 2000.
Institución: 5. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Intervención del representante de la Comisión
de Diputados del H. Congreso del Estado de Coahuila, y de padres de familia
afectados por la contaminación generada por la empresa Met-Mex Peñoles,
en la ciudad de Torreón, Coahuila.
2.- Informe del estudio de la Iniciativa de Decreto de
la LVII Legislatura por el que se transforma la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, de Organismo Centralizado a Organismo Descentralizado
del Gobierno Federal.
3.- Informe del estudio de la Iniciativa que adiciona
el artículo 115 de la Ley General de Salud para implementar la obligatoriedad
de que las harinas de trigo y maíz sean adicionadas con micronutrientes.
Rezago de la LVII Legislatura.
4.- Informe del estudio de la iniciativa que reforma
diversos artículos de la Ley General de Salud para institucionalizar
la donación de alimentos como una práctica fomentada por
las facilidades fiscales y castigo al desperdicio. Rezago de la LVII Legislatura.
5. Informe del estudio de la iniciativa de Decreto, de
la LVII Legislatura por el que se modifica la Ley General de Salud con
la adición de un Capítulo VIII Bis al Título Duodécimo,
relativo a Desperdicios Hospitalarios.
6.- Informe del Estudio del punto de acuerdo para que
las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales requieran
al Procurador Federal de Protección al Ambiente, al Secretario de
Salud y al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
informen sobre el problema de contaminación que genera la Empresa
Met-Mex Peñoles, en la ciudad de Torreón, Coahuila.
7.- Informe del Estudio de la iniciativa de Decreto de
la LVII Legislatura , por el que se reforman diversos ordenamientos a la
Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley de Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente
al tema de Medicina Alternativa: Homeopatía y Acupuntura.
8.- Informe del Estudio de la iniciativa de Decreto por
el que se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley
General de Salud, referente a la venta de Medicamentos para Todos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
9.- Asignación de los temas para turnar iniciativas,
para su estudio y análisis a cada una de las Subcomisiones.
1ª. Subcomisión:
Coordinadora Diputada María de las Nieves García
Fernández.
Administración de la Salud.
Temas:
Sistema Nacional de Salud.
Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación
y Exportación.
Sanidad Internacional.
Autorizaciones y Certificados.
Vigilancia Sanitaria y Medidas de Seguridad.
Sanciones y Delitos.
2ª. Subcomisión:
Coordinador Diputado Manuel Orozco Garza.
Medicina Preventiva o Prevención Primaria.
Temas:
Promoción de la Salud,
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes,
Acción Extraordinaria en materia de Salubridad
General,
Programa Contra las Adicciones y Publicidad.
3ª. Subcomisión:
Coordinador: Diputada Julieta Prieto Fuhrken (Actualmente:
Diputado Juan Alcocer Flores).
Asistencia Médica.
Temas:
Prestación de los Servicios de Salud.
Recursos Humanos para los Servicios de Salud.
Información para la Salud.
Asistencia Social.
Prevención e Invalidez y Rehabilitación
de Invalidez y Donación.
Trasplante y pérdida de la vida.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "C"
Fecha: 31 de Enero de 2001.
Institución: 6. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Intervención del Lic. José Campillo
García, Titular de la Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente con relación a las medidas dictadas a la Planta
Met-Mex Peñoles de Torreón, Coahuila, con el fin de mantener
el nivel de control de la contaminación.
2.- Intervención del Dr. Carlos Tena Tamayo, Comisionado
Nacional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con
la finalidad de comentar la iniciativa que propone transformar la naturaleza
jurídica de órgano público desconcentrado de la Secretaría
de Salud a organismo público descentralizado del Gobierno Federal.
3.- Información y, en su caso aprobación,
del estudio de la Iniciativa que propone adicionar micronutrientes en las
harinas de trigo y de maíz así como a los nixtamales para
prevenir la desnutrición y proteger a los infantes de las zonas
marginadas de nuestro país.
4.- Información y, en su caso aprobación,
del estudio de la iniciativa que contempla reformas al Código Penal,
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado con
relación a la Donación de Alimentos.
5.- Información y, en su caso, aprobación
de la Iniciativa que tiene como propósito reglamentar con mayor
rigidez la calidad e información de los productos de consumo de
la población, en particular los de baja calidad nutricional.
6.- Información y, en su caso aprobación,
del estudio de la iniciativa que tienen como objetivo mejorar las condiciones
en que son tratados los enfermos mentales en las instituciones encargadas
de su atención mediante la creación de un Comité de
Bioética que vigile y evite el maltrato.
7.- Información y, en su caso aprobación,
del estudio del dictamen que pretende otorgar a la Secretaría de
Salud la función de normar, coordinar y procurar todos los esfuerzos
relacionados con la donación y trasplante de órganos y tejidos
humanos, así como su control y disposiciones sanitarias.
8.- Información sobre la iniciativa que tiene
por objeto que haya "Medicamento para Todos" por lo que propone que las
farmacias del IMSS vendan fármacos para toda la población.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Zona "C"
Fecha: 28 de Febrero de 2001.
Institución: 7. Comisión de Salud
Objetivo:
1.- Presentación del Primer Informe Semestral
de Actividades correspondiente al Periodo Septiembre de 2000 - Febrero
de 2001.
2.- Programación de Actividades para el segundo
Periodo de Sesiones de este Primer Año de Ejercicio.
3.- Proyectos de dictamen de cada una de la s Subcomisiones
de esta Comisión de Salud.
Primera Subcomisión
Anteproyecto: CONAMED. Informa de la reunión con
los Colegios de Médicos.
Anteproyecto: Alcoholismo y Drogadicción. Se somete
a consideración la proposición con punto de acuerdo sobre
medidas a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación
Pública.
Segunda Subcomisión.
Anteproyecto: Publicidad. Se somete a consideración.
Tercera Subcomisión.
Anteproyecto: Aguas Residuales. Se somete a consideración.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 28 de Marzo de 2001.
Institución: 8. Comisión de Salud
Objetivo: Intervención de la representante
de Greenpeace México, C. Liza Covantes Torres.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 18 de Abril de 2001.
4. Sesiones de Mesa Directiva
8 Sesiones de la Mesa Directiva:
Institución: 1. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Revisión de la iniciativas pendientes de la
LVII Legislatura.
2.- Análisis de las gestiones médicas y
gestiones económico - administrativas de la Comisión durante
la pasada Legislatura.
3.- Presentación del Plan Ejecutivo de Trabajo
2000 - 2003.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 17 de Octubre de 2000.
Institución: 2. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Análisis del Plan de Trabajo de la Comisión
para la LVIII Legislatura.
2.- Análisis de la Excitativa para dictaminar
el artículo 282 bis 3 de la Ley General de Salud con relación
a alimentos transgénicos.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 24 de Octubre de 2000.
Institución: 3. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Estudio del mecanismo para la contratación
de asesores o personal de apoyo para los Diputados Secretarios de la Comisión
de Salud.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 14 de Noviembre de 2000.
Institución: 4. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Estudio de la Excitativa a la Iniciativa de Decreto
que adiciona un artículo 282 Bis 3 de la Ley Gnral de Salud.
2.- Programación de reuniones con organizaciones
interesadas en el tema de la etiquetar a los alimentos transgénicos.
3.- Estudio del rezago legislativo de la Comisión
de Salud.
4.- Análisis de las consideraciones sobre la iniciativa
de Decreto por el que se adiciona al Artículo 29 de la Ley General
de Salud. Tema: Medicamento para todos.
ugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 6 de Diciembre de 2000.
Institución: 5. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Estudio del mecanismo de trabajo para abatir el rezago
legislativo mediante la integración de subcomisiones.
2.- Análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos
de la Federación en Materia de Salud.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 20 de Diciembre de 2000.
Institución: 6. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Análisis de la integración de Subcomisiones
y estudio de la asignación de iniciativas pendientes de dictamen.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 27 de Diciembre de 2000.
Institución: 7. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Integración de Subcomisiones por Areas Temáticas:
1ª. Subcomisión:
Tema: Administración de la Salud.
a).- Sistema Nacional de Salud.
b).- Control Sanitario de Productos y Servicios y de
su Importación y Exportación.
c).- Sanidad Internacional.
d).- Autorización y Certificados.
e).- Vigilancia Sanitaria.
f).- Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos.
2ª. Subcomisión:
Tema: Medicina Preventiva o Prevención Primaria.
a).- Promoción para la Salud.
b).- Prevención y Control de enfermedades y accidentes.
c).- Acción extraordinaria en materia de Salubridad
General.
d).- Programa contra las adicciones.
e).- Publicidad.
3ª. Subcomisión:
Tema: Asistencia Médica.
a).- Prestación de los Servicios de Salud.
b).- Recursos Humanos para los Servicios de Salud.
c).- Investigación para la Salud.
d).- Información para la Salud.
e).- Asistencia Social, Prevención y Rehabilitación
de Invalidez.
f).- Donación, trasplante y pérdida de
vida.
2.- Análisis de los anteproyectos de los asuntos en proceso de dictamen y, en su caso, turnar a Subcomisiones como material de apoyo para su sesión ordinaria:
Primera Subcomisión:
a).- Decreto por el que se reforma el párrafo
cuarto del Artículo 4º. Constitucional.
b).- Decreto por el que se transforma la Conamed de organismo
centralizado a descentralizado.
c).- Iniciativa de reforma por el que adiciona el Art.
115 de la Ley General de Salud para implementar la obligatoriedad de que
las harinas de trigo y de maíz sean adicionadas con micronutrientes.
Segunda Subcomisión:
a).- Iniciativa de Decreto por el que se modifica la
Ley General de Salud con la adición de un capítulo VIII bis
al título duodécimo, relativo a desperdicios hospitalarios.
b).- Proposición con punto de acuerdo para que
la Comisión de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requieran
al Procurador Federal de Protección al Ambiente y Secretario de
Salud para que informe sobre el problema de contaminación de la
Empresa Met-Mex Peñoles.
Tercera Subcomisión:
a).- Decreto por el que se adicionan diversos ordenamientos
a la Ley General de Salud, Ley del Seguro Social, y de la Ley del ISSSTE
correspondiente a Medicina Alternativa: Homeopatía y Acupuntura.
b).- Decreto por el que se adicionan dos párrafos
al artículo 29 de la Ley General de Salud, relativo a la venta de
medicamentos, al público en general, en el IMSS.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 24 de Enero de 2001.
Institución: 8. Mesa Directiva
Objetivo:
1.- Análisis de los anteproyectos de los asuntos
en proceso de dictamen y, en su caso, turnar a las Subcomisiones para apoyo
de sus sesiones ordinarias:
a).- Tema: Productos de Consumo.
La iniciativa tiene como propósito reglamentar
con mayor rigidez la calidad e información de los productos de consumo
de la población, en particular los debaja calidad nutricional.
b).- Tema: Trasplante y donación de órganos.
El objetivo de la iniciativa pretende otorgar a la Secretaría
de Salud la función de normar, coordinar y procurar todos los esfuerzos
relacionados con la donación y trasplante de órganos y tejidos
humanos así como su control y disposición sanitarios.
c).- Tema: Donación de Alimentos.
Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos
del Código Penal, Ley General de Salud, Ley del ISR, y Ley del IVA,
d).- Tema: Micronutrientes en las Harinas.
La iniciativa propone modificar la fracción VII
del artículo 115 de la Ley General de Salud para que la Secretaría
de Salud tenga a su cargo establecer las necesidades nutritivas que deben
satisfacer el cuadro básico de alimentos.
e).- Tema: Comité Bioético de Vigilancia.
La iniciativa señala que el objetivo es mejorar
las condiciones de que son tratados los enfermos mentales en las instituciones
encargadas de su atención mediante la creación de Comités
de Bioética.
2.- Análisis de la invitación al Pleno de
la Comisión del Procurador Federal de Protección al Ambiente
para estudiar las medidas dictadas sobre la contaminación
en la Empresa Met- Mex Peñoles de Torreón, Coahuila.
3.- Estudio de la Invitación de la Embajada De
los Estados Unidos de América, en México, para visitar Washington
D:C: con el objeto de mostrar los avances de la aplicación de la
Biotecnología en ese país.
4.- Análisis del mecanismo de comunicación
con el Comité de Información, Gestoría y Quejas de
la H. Cámara de Diputados.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Comisión
de Salud, Sala de Juntas
Fecha: 19 de Febrero de 2001.
5. Sesiones Subcomisiones
6 Sesiones de Subcomisiones:
Subcomisión: PRIMERA SUBCOMISIÓN.
Coordinadora: Diputada María de las Nieves García
Fernández
Objetivo:
1.- Estudio, Análisis y, en su caso, elaboración
de propuesta al pleno de la Comisión, con relación a los
anteproyectos con los siguientes asuntos pendientes de dictamen:
Temas:
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Reforma al Artículo 4º Constitucional.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "C"
Fecha: 30 de Enero de 2001.
Subcomisión: PRIMERA SUBCOMISIÓN.
Coordinadora: Diputada María de las Nieves García
Fernández
Objetivo:
1.- Estudio, Análisis y, en su caso, elaboración
de propuesta con relación a los anteproyectos con los siguientes
asuntos pendientes de dictamen:
Temas:
a).- Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
b).- Micronutrientes en las Harinas. Alimentos.
c).- Donación de Alimentos.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 27 de Febrero de 2001.
Subcomisión: SEGUNDA SUBCOMISION.
Coordinador: Diputado Manuel Wistano Orozco Garza
Objetivo:
1.- Estudio, Análisis y, en su caso, elaboración
de propuesta con relación a los anteproyectos con los siguientes
asuntos pendientes de dictamen:
Temas:
a).- Desechos Hospitalarios.
b).- Contaminación generada por la empresa Met-Mex
Peñoles, en Coahuila.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 31 de Enero de 2001.
Subcomisión: SEGUNDA SUBCOMISIÓN.
Diputado: Manuel Wistano Orozco Garza.
Objetivo:
1.- Exposición de funcionarios del Departamento
de Agricultura de la Embajada de los Estados Unidos en México, con
relación al tema de organismos genéticamente modificados.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 27 de Febrero de 2001.
Subcomisión: TERCERA.
Coordinadora: Diputada Julieta Prieto Fuhrken
Objetivo:
1.- Estudio, análisis y, en su caso, elaboración
de propuesta con relación a los anteproyectos con el siguientes
asunto pendiente de dictamen:
a).- Medicina Alternativa: Homeopatía y Acupuntura
b).- Medicamento para todos, venta de fármacos
al público en general en el IMSS.
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 31 de Enero de 2001.
Subcomisión: TERCERA SUBCOMISIÓN.
Coordinador: Diputado Juan Alcocer Flores
Objetivo:
1.- Estudio, Análisis y, en su caso, elaboración
de la propuesta con relación a los anteproyectos con los siguientes
asuntos pendientes de dictamen:
a).- Trasplante y Donación de Órganos;
b).- Comité Bioético de Vigilancia
c).- Medicamentos para todos
Lugar: H. Cámara de Diputados. Restaurante
"Los Cristales", Salón "B"
Fecha: 27 de Febrero de 2001
Reuniones de la Presidencia y de la Mesa Directiva
Institución o entidad: 1. Miembros de la
Comisión de Salud del Congreso del Estado de México
Objetivo: Solicitar mayor presupuesto en el Sector
Salud para el estado de México y establecer relaciones entre las
nuevas Legislaturas Federal y Estatal
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 30 de Octubre de 2000
Institución o entidad: 2. Fundación
de Investigaciones Sociales, A.C.
Objetivo: Presentación de los Trabajos
que realiza la Fundación así como sus planes de apoyo a la
Comisión.
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 9 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 3. Comisión
del Municipio de Veracruz
Objetivo: Atender su solicitud para continuar
con el Programa IMSS-Solidaridad en su Municipio.
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 9 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 4. Vulcanólogos
de Chihuahua
Objetivo: Exponer sus estudios científicos
en la sierra de Chihuahua
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha:21 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 5. Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)
Objetivo: Presentación de CANIFARMA y exposición
de sus planteamientos sobre la Regulación Sanitaria
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 22 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 6. Comisión
del Municipio de Metepec, Hidalgo
Objetivo: Atender su solicitud para continuar
con el programa IMSS-Solidaridad en su Municipio
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 23 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 7. Consejo Nacional
Agropecuario
Objetivo: Escuchar sus planteamientos sobre la
propuesta de Ley para etiquetar los productos transgénicos
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 23 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 8. Laboratorios Pisa
Objetivo: Escuchar sus planteamientos sobre la
propuesta de Ley para etiquetar los productos transgénicos
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 23 de Noviembre de 2000
Institución o entidad: 9. Industriales de
Cigarrera La Moderna
Objetivo: Escuchar sus planteamientos sobre la
propuesta de Ley para etiquetar los productos transgénicos
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 8. de Diciembre de 2000
Institución o entidad: 10. Sindicato Independiente
de la Secretaría de Salud
Objetivo: Atender sus peticiones laborales
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 8 de Diciembre de 2000
Institución o entidad: 11. Derechohabientes
del IMSS de Guanajuato
Objetivo: Escuchar sus peticiones sobre irregularidades
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 19 de Enero de 2001
Institución o entidad: 12. Instituto Nacional
Indigenista
Objetivo: Foro: "Los Pueblos Indígenas
y la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena"
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 19 de Enero de 2001
Institución o entidad: 13. Secretaría
de Salud
Objetivo: Invitación del Dr. Enrique Ruelas
Barajas; Subsecretario de Innovación y Calidad, a la ceremonia del
lanzamiento de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud
Lugar: Secretaría de Salud
Fecha: 22 de Enero de 2001
Institución o entidad: 14. Grupos Farmacéuticos
Objetivo: Impuesto al valor agregado a medicinas
Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua
Fecha: 7 de Febrero de 2001
Institución o entidad: 15. Propietarios
de Farmacias
Objetivo: Impuesto al valor agregado a medicinas
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 8 de Febrero de 2001
Institución o entidad: 16. Comisión
Nacional de Arbitraje Médico
Objetivo: Descentralización de la Comisión
Lugar: CONAMED
Fecha: 8 de Febrero de 2001
Institución o entidad: 17. Embajada Americana
Objetivo: Invitación a Washington D.C.
para tratar el tema de organismos genéticamente modificados.
Lugar: Ciudad de México
Fecha: 9 de Febrero de 2001
Institución o entidad: 18. CESANACO
Objetivo: Grupos Farmacéuticos
Lugar: CESANACO
Fecha: 9 de Febrero de 2001
Institución o entidad: 19. Secretaría
de Salud
Objetivo: XXV Reunión Ordinaria contra
las Adicciones
Lugar: Secretaría de Salud
Fecha: 12 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 20. Dr. Alberto Lifshitz
Objetivo: Evaluación de Medicamentos
Lugar: Secretaría de Salud
Fecha: 12 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 21. Líderes
Farmacéuticos
Objetivo: Impuesto al valor agregado en medicinas
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 13 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 22. Asociación
Mexicana de Hospitales
Objetivo: Seminario
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 16 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 23. Sociedad de Administradores
de Instituciones de Salud
Objetivo: Congreso Nacional la Cultura de Calidad
en servicios de Salud
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 19 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 24. República
Embajada Reino Unido
Objetivo: Invitación del Reino Unido para
conocer planes de salud
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 19 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 25. Secretaría
de Economía
Objetivo: Transgénicos
Lugar: Secretaría de Economía
Fecha: 21 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 26. Sociedad Mexicana
de Administradores de Instituciones de Salud
Objetivo: Congreso Nacional "La Cultura de la
Calidad de los Servicios de Salud"
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: 21 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 27. Senado de la
República
Objetivo: 1er Foro "La Salud Humana con relación
a Transgénicos"
Lugar: Senado de la República
Fecha: 27 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 28. Secretaría
de Salud
Objetivo: Invitación Dr. Julio Frenk, para
tratar diversos temas relacionados con diversas Iniciativas
Lugar: Secretaría de Salud
Fecha: 28 de Febrero de 2001.
Institución o entidad: 29. Congreso de Tijuana
Objetivo: 3er Congreso Nacional de Comisiones
de Salud y Asistencia Social
Lugar: Ciudad de Tijuana
Fecha: 1 de Marzo de 2001.
Institución o entidad: 30. CANIFARMA
Objetivo: Asamblea General
Lugar: CANIFARMA
Fecha: 1 de marzo de 2001.
Institución o entidad: 31. Instituto Mexicano
del Seguro Social
Objetivo: Presentación de los funcionarios
de Enlace Legislativo con la H. Cámara
Lugar: IMSS
Fecha: 6 de Marzo de 2001.
Institución o entidad: 32. Instituto Nacional
del Seguro Social
Objetivo: Asamblea Nacional
Lugar: Centro Médico Siglo XXI
Fecha: 13 de Marzo de 2001.
Institución o entidad: 33. Secretaría
de Salud
Objetivo: Invitación Dr. Enrique Ruelas
Barajas
Lugar: Secretaría de Salud
Fecha: 14 de Marzo de 2001.
Institución o entidad: 34. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Objetivo: Foro El Derecho Genómico
Lugar: UNAM
Fecha: 8 y 9 de Marzo de 2001.
Participación en medios de comunicación
Tipo de participación: 34. Entrevista
Tema tratado: Agenda Legislativa Tema: Salud
Medio: Canal del Congreso
Fecha: 31 de Enero de 2001.
Tipo de participación: 35. Entrevista
Tema tratado: Tema: Contaminación
Medio: Canal del Congreso
Fecha: 28 de Febrero de 2001.
7. Dictámenes de Iniciativas o Minutas de la LVII Legislatura
8 Dictámenes de iniciativas o de la LVII Legislatura:
Temas:
1. Derecho a la Nutrición
2. Productos de Consumo
3. Micronutrientes en las Harinas
4. Fortificación Nutritiva de las Harinas
5. Donación de alimentos
6. Desechos Hospitalarios
7. Medicina Alternativa: Homeopatía y Acupuntura
8. Donación de Organos
Iniciativa: 1. De Decreto por el que se reforma
el párrafo cuarto del Artículo 4º (Derecho a la Nutrición)
GP: PAN
Objetivo: Elevar a rango constitucional el derecho
a la nutrición
Comisiones: De Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Salud
Estado: Se aprueba rechazarla
Iniciativa: 2. De Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud (Productos
de Consumo)
GP: PAN
Objetivo: Reglamentar con mayor rigidez la calidad
e información de los productos de consumo sustitutos o tipo
Comisiones: De Salud
Estado: Se aprueba rechazarla
Iniciativa: 3. De Decreto por el que se adiciona
la Fracción VII al Artículo 115 de la Ley General de Salud
(Micronutrientes en las harinas)
GP: PVEM
Objetivo: Implementar la obligatoriedad de que
la harinas de trigo y maíz sean adicionadas con micronientes
Comisiones: De Salud, con opinión de la
de Comercio
Estado: Se aprueba
Iniciativa: 4. Excitativa para que se dictamine
la iniciativa para adicionar la fracción VII del artículo
115 de la Ley General de Salud (fortificación nutritiva de las harinas
de trigo y maíz, presentada el 9 de septiembre de 1998
GP: PAN
Objetivo: Para que las harinas de trigo y maíz
sean fortificadas con micronutrientes
Comisiones: De Salud
Estado: Se aprueba
Iniciativa: 5. De decreto por el que se Adicionan
y Reforman Artículos del Código Penal, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado y de la Ley General de Salud.
GP: Distintos Grupos Parlamentarios
Objetivo: Institucionalizar la donación
de alimentos como práctica fomentada por las facilidades fiscales
y el castigo penal al desperdicio
Comisiones: De Justicia, de Salud y de Hacienda
y Crédito Público.
Estado: Se aprueba rechazarla
Iniciativa: 6. De Decreto por el que se modifica
la Ley General de Salud con la adición de un capítulo VIII
Bis al título duodécimo
GP: PVEM
Objetivo: Dar un correcto manejo a los desechos
hospitalarios con el fin de evitar la dispersión de gérmenes
e infecciones acciones
Comisiones: De Salud
Estado: Se aprueba rechazarla
Iniciativa: 7. De Decreto por el que se adicionan
diversos ordenamientos a la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
GP: PT
Objetivo: Incorporar la homeopatía, la
acupuntura y la medicina tradicional como opciones en los servicios de
salud que brinden las instituciones públicas
Comisiones: De Salud
Estado: Se aprueba rechazarla
Iniciativa:8. De Decreto por el que se adiciona
una fracción XXV al Artículo 39 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal
GP: PRI
Objetivo: Otorgar explícitamente a la Secretaría
de Salud, la facultad de reglamentar en materia de donación de órganos
Comisiones: De Gobernación y Puntos Constitucionales
y De Salud
Estado: Se aprueba rechazarla
8. Dictámenes de Iniciativas o Minutas de la LVIII Legislatura
2 Dictámenes de iniciativas de la LVIII Legislatura:
Temas:
1. Productos Biotecnologicos
2. Contaminación
Iniciativa: 1. Punto de Acuerdo para solicitar
a la SSA, lista de productos biotecnológicos para consumo
GP: PVEM
Objetivo: Prohibición de la importación
de alimentos transgénicos (maíz transgénico) BT
Comisiones: Cámara de Diputados, Comisiones
de Salud, de Medio Ambiente y de Agricultura
Estado: Se aprueba
Iniciativa: 2. Punto de acuerdo del 23 de noviembre
y del 7 de diciembre del 2000 (Peñoles, Torreón)
GP: PVEM, PT
Objetivo: Comparecencia de los Secretarios de
Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procurador Federal de Protección
al Ambiente
Comisiones: Cámara de Diputados, Comisiones
de Salud y Medio Ambiente
Estado: Anteproyecto Unidas
9. Conferencias con Servidores Públicos
Conferencias con servidores públicos en términos del art. 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Institución: 1. Instituto de Salud Provisionales
de la República de Chile
Funcionario: C. José Pablo Gómez
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Octubre 11
Institución: 2. Secretaría de Salud
Funcionario: Miembros del Sindicato de Trabajadores
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Octubre 9
Institución: 3. IPN y UNAM
Funcionario: Investigadores
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Noviembre 15
Institución: 4. Subsecretario de Salud
Funcionario: Dr. Manuel Urbina
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Noviembre 29
Institución: 5. Secretario de Salud
Funcionario: Dr. Julio Frenk Mora
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Enero 31
Institución: 6. Comisión Nacional
de Arbitraje Médico
Funcionario: Dr. Carlos Tena Tamayo
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Febrero 28
Institución: 7. Procurador Federal de Medio
Ambiente
Funcionario: Lic. José García Campillo
Lugar: H. Cámara de Diputados
Fecha: Febrero 28
10. Gestorías
608 Gestiones Médicas:
Dependencia: ISSSTE
Sep. 3, Oct. 2, Nov. 6, Dic. 2, Ene. 3, Feb. 4. Total:
20
Dependencia: IMSS
Sep. 6, Oct. 2, Nov. 3, Dic. 4, Ene. 3, Feb. 3. Total:
21
Instituto de Servicios de Salud del Gobierno del D.F.
Sep. 17, Oct. 9, Nov. 10, Dic. 5, Ene. 10, Feb. 10. Total:
61
Dependencia: Asociación para Evitar la Ceguera
en México
Sep. 1, Oct. 2, Nov. 5, Dic. -, Ene. 2, Feb. -. Total:
10
Dependencia: Hospitales de Oftalmología
Sep. 2, Oct. -, Nov. -, Dic. 3, Ene. -, Feb. -. Total:
5
Dependencia: Instituto S.S.A.
Sep. 15, Oct. 7, Nov. 11, Dic. 6, Ene. 25, Feb. 20. Total:
84
Dependencia: Hospitales de la S.S.A.
Sep. 16, Oct. 6, Nov. 22, Dic. 13, Ene. 10, Feb. 17.
Total: 84
Dependencia: Gestiones médicas a diversos
hospitales, vía telefónica
Sep. 28, Oct. 5, Nov. 7, Dic. 18, Ene. 30, Feb. 33, Total:
121
TOTAL I: Sep. 88, Oct. 33, Nov. 64, Dic. 51, Ene. 83, Feb. 87. Total: 406
Totales en cuotas
Tipo de cuota
Exentos de pago: Sep. 17, Oct. 8, Nov. 8, Dic. 5, Ene.
3, Feb. 4. Total: 45
Cuotas mínimas: Sep. 24, Oct. 13, Nov. 28, Dic.
20, Ene. 32, Feb. 37. Total: 154
Reclasificación de cuotas: Sep 3. Total 3.
Facilidades de pago: 0
TOTAL II: Sep. 44, Oct. 21, Nov. 36, Dic. 25, Ene. 35, Feb. 41. Total: 202
TOTAL I + TOTAL II = TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL: Sep. 132, Oct. 54, Nov. 100, Dic. 76, Ene. 118, Feb. 128. Total: 608
Dip. Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica)
Presidenta
Dip. Rafael Orozco Martínez (rúbrica)
Secretario
Dip. Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica)
Secretario
Dip. Héctor Esquiliano Solís (rúbrica)
Secretario
Dip. Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica)
Secretaria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Embajador Federico Salas Lotfe y Bertha Larios Alzúa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, que en diferentes grados les confiere el Gobierno de Rumania.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Federico Salas Lotfe, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Bertha Larios Alzúa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de abril de 2001.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario;
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José
G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta
(rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica),
José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado
Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García
Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael
Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás
Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica),
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes,
César Nava Vázquez (rúbrica), Ricardo A. Ocampo Fernández,
Fernando Ortiz Arana (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García
(rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo
Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica),
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica),
Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro (rúbrica),
Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Embajador Javier Barros Valero y General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de Suecia y por el Gobierno de la República de Chile, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Javier Barros Valero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en Grado de Gran Cruz, que el confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de abril de 2001.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario;
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José
G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta
(rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica),
José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado
Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García
Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael
Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás
Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica),
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes (rúbrica),
César Nava Vázquez (rúbrica), Ricardo A. Ocampo Fernández,
Fernando Ortiz Arana (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García
(rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo
Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica),
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica),
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Néstor Villarreal
Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Embajador Enrique Eugenio Fernández Zapata, actuario Enrique Vilatela Riba, licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez y Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confiere el Gobierno de Rumania.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Eugenio Fernández Zapata, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano actuario Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de abril de 2001.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario;
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José
G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta
(rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica),
José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado
Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García
Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael
Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás
Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica),
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes (rúbrica),
César Nava Vázquez (rúbrica), Ricardo A. Ocampo Fernández,
Fernando Ortiz Arana (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García
(rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo
Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica),
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica),
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Néstor Villarreal
Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 10 de abril del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rafael Bernal Jacinto, José Hernández Caletre, Raúl Chacón Fernández, Edén Hernández Hernández, Martín Pedro Islas Labra, Gabriela Peñaloza Anaya, Jesús Manuel Franco Martínez, Abel Espinoza Zavala y J. Piedad García, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en México; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 17 de abril, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en México; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado c) del artículo 37 constitucional, y el artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Rafael Bernal Jacinto, para prestar servicios como ayudante general en mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano José Hernández Caletre, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Raúl Chacón Fernández, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Edén Hernández Hernández, para prestar servicios como ayudante de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Martín Pedro Islas Labra, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Peñaloza Anaya, para prestar servicios como asistente de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Jesús Manuel Franco Martínez, para prestar servicios como asistente de embarques, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Abel Espinoza Zavala, para prestar servicios como Afanador en el Departamento de Limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano J. Piedad García, para prestar servicios como Ingeniero Residente, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de abril de 2001.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica),
Presidente; José A. Hernández Fraguas (rúbrica), Secretario;
Víctor M. Gandarilla Carrasco (rúbrica), Secretario; José
G. Anaya Llamas (rúbrica), Secretario; Luis Miguel G. Barbosa Huerta
(rúbrica), Secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica),
José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado
Olmos (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García
Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenzo Rafael
Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Nicolás
Leyva Acevedo (rúbrica), Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica),
Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes (rúbrica),
César Nava Vázquez (rúbrica), Ricardo A. Ocampo Fernández,
Fernando Ortiz Arana (rúbrica), Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García
(rúbrica), Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Eduardo
Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica),
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica),
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Néstor Villarreal
Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).