Con cariño a la memoria de Don Francisco Hernández Pedraza
Vengo a esta tribuna, la más alta de la nación, enarbolando uno de los reclamos más sentidos del pueblo de México, dar solución a los problemas en la cadena de producción del Gas Licuado de Petróleo de consumo popular.
En ejercicio de lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción
II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben Diputados Federales
de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentamos a la consideración
de esta Asamblea, la Iniciativa de decreto que adiciona la fracción
XXXI del artículo 73, la fracción X del artículo 79
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
que reforma la fracción IV del artículo 31 y que agrega un
párrafo a la fracción VII del artículo 33 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; que
adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor; que adiciona una fracción al artículo
3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; Que
adiciona un párrafo al artículo 4º de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y que adiciona
un párrafo a la fracción II del artículo 14 de Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
México siendo un país petrolero, carece de una legislación acorde con su realidad ya que por décadas se ha visto únicamente a Pemex como un ente generador de recursos.
Esta misma problemática tiene el Gas Licuado de Petróleo, ya que por años se ha dejado crecer sin ningún marco legal adecuado, dejando a la discrecionalidad de funcionarios corruptos, instituciones débiles y empresas voraces la conducción anárquica de esta industria.
El Gas LP es una mezcla compuesta principalmente de propano o butano, su producción se registra desde principios del siglo pasado.
Es en 1946 cuando se inicia su comercialización como una estrategia para sustituir en las casas-habitación de las zonas urbanas la utilización de combustibles vegetales como el carbón, la leña y la maleza.
Ya para 1941 se contaba con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, dicha ley fue modificada y promulgada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1958 y es la que actualmente rige el ramo petrolero.
Sin embargo, esta ley no es clara en la regulación del Gas LP, toda vez que para esos años dicho energético carecía de la presencia y utilidad económica como la que hoy tiene.
Es hasta 1953 cuando se publica el primer reglamento de Gas LP, reformado por los decretos presidenciales del 21 de diciembre de 1984; del 25 de noviembre de 1993 y del 23 de junio de 1999.
Dicho reglamento regula de manera fragmentada la venta, distribución y almacenamiento del GAS LP, en su venta de primera mano, pero además deja a un lado la regulación de la venta al consumidor final que es el más afectado en esta anacrónica forma de regular este energético cediendo con esto la fijación del precio del Gas Licuado de Petróleo al libre mercado; asimismo ha generado la ausencia de una autoridad única que verifique regule y sancione prácticas nocivas en contra del consumidor, a veces por omisión pero muchas otras por corrupción.
Este reglamento, cabe destacar, únicamente faculta intervenir al Estado en los casos de no existir competencia efectiva o indicios de prácticas monopólicas.
Es de notarse que desde 1946 año en el cual se inició la comercialización del Gas LP, hasta la fecha no hay un cuerpo normativo en forma; que regule la venta del Gas LP al consumidor final.
Esta falta de legislación era "permisible" en los primeros años de comercialización del Gas LP, ya que habían menos de 20 millones de habitantes, y el uso del Gas LP, era un artículo de lujo reservado a las grandes ciudades.
Sin embargo, hoy que somos más de 97 millones de mexicanos el Gas LP es el combustible utilizado por más del 85% de los hogares mexicanos.
Por eso es necesario regular de manera precisa las ventas de primera mano en concatenación con las ventas al consumidor final, ya que éste al no tener otro combustible que supla el Gas LP se encuentra en un estado de indefensión ante el desenfreno de las empresas gaseras y a la ausencia de una autoridad que sancione dichas prácticas que todos estos años ha dañado su economía. Por estos motivos estamos convencidos que la fijación de los precios de Gas LP, no puede seguir dejándose al libre mercado, porque ha quedado demostrado que la voracidad de los empresarios al amparo del poder público es de ganar más a costa del gran sacrificio económico de todos los mexicanos.
Por lo cual creemos que la falta de una legislación, el mandato claro de ésta a la autoridad y la ausencia de voluntad política de los gobiernos en turno han hecho crecer en dimensiones estratosféricas el desorden y el abuso en la industria del GAS LP, siendo los altos costos en su precio, la "ordeña hormiga", los cilindros en pésimas condiciones, el carácter oligopólico y monopólico de esta industria, los camiones en mal estado, las bases pirata, la falta de capacitación y la ausencia de condiciones laborales óptimas de los trabajadores de las empresas gaseras son sólo algunos ejemplos.
Este energético se consolidó en nuestro país en los años 80 y para la década de los 90 tuvo un incremento importante en su demanda, esto se vio reflejado sin duda en los volúmenes de venta diaria y en los precios cada vez más altos para los consumidores, principalmente para los millones de pobres que no tienen otra alternativa de energético para cocinar sus alimentos más que el GAS LP.
Basta recordar que hasta el año de 1993 los precios al consumidor fueron estables, sin embargo para 1994 se registró un incremento de más del 22.4 % en el precio al consumidor (el cilindro de 20 kilogramos costó $18.22 pesos). Para 1995 los precios se dispararon aún más y el impacto fue todavía más grave por el mal manejo de la economía del país con el famoso "error de diciembre", ya que aquí el cilindro de 20 kilos se proyectó a más de $25.44 pesos.
Para 1997, los precios de un cilindro de 20 kilos eran a principio de año de $50.00 pesos y para finales de ese mismo año el cilindro llegó a costar $66.60 pesos lo que significa haber aumentado en un solo año $16.6 pesos, es decir un incremento de 30% en ese año.
En 1998 se registraron precios de $70.60 pesos por cada cilindro de 20 kilogramos; en enero de 1999 ese mismo cilindro llegó a costar $95.68 pesos y para marzo del año pasado este mismo cilindro tuvo un costo al público consumidor de $103.40 pesos.
La anarquía se acrecentaba y las autoridades inescrupulosas alimentaban día a día el frankestein que habían creado, sus tentáculos habían ya controlado la venta, distribución y almacenamiento del Gas Licuado de Petróleo, el monopolio y el oligopolio eran ya una realidad al amparo de autoridades que hacían como que no veían, sentando las bases de verdaderas mafias en esta rama energética.
Con esta escalada sin precedentes en los precios del GAS LP llegamos al 1º de marzo del 2001; fecha en donde un cilindro de 20 kilos de GAS LP, costó $122.00 pesos en promedio, toda vez que a partir de 1999 la República Mexicana se dividió en 16 zonas geográficas, lo que significa que para Baja California Sur, ubicada en la zona geográfica No. 2 el precio del cilindro de 20 kilogramos sea de $130.80 pesos, es decir que cada kilo de Gas LP cuesta actualmente en esta zona $6.54 pesos.
Esta política de precios tan elevados ha dañado la economía familiar de amas de casa, obreros, jornaleros, trabajadores, campesinos, burócratas, jubilados pensionados, etcétera, ya que a los trabajadores de nuestro país de 1994 a la fecha el salario mínimo se les incrementó en menos del 50%, en cambio los precios al público del Gas Licuado de Petróleo se incrementaron en ese mismo lapso de tiempo un 663%.
Como se desprende de este análisis, los costos al consumidor han sido verdaderamente estratosféricos y han dejado ganancias millonarias a quienes hoy por hoy controlan el mercado del Gas Licuado de Petróleo, llámese Petróleos Mexicanos; Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las mismas empresas gaseras; para muestra basta un botón: Tanto investigaciones que han hecho estudiosos de la Universidad Metropolitana como las hechas por legisladores y la mía propia demuestran que producir un kilo de Gas Licuado de Petróleo, le cuesta a Pemex 0.55 centavos, pero su precio de venta al público es 10 u 11 veces mayor, es decir, si la venta al público consumidor era de $6.10 pesos por kilogramo de Gas LP en los primeros días del mes de marzo quiere decir que los casi 20 millones de hogares mexicanos que consumen este energético lo recibían a más de 1000% por arriba de lo que a Pemex le cuesta producirlo.
Teniendo así los precios del Gas LP un costo elevado, aún cuando nuestro país es petrolero y productor del Gas Licuado de Petróleo, con esto los aquí presentes nos preguntaremos lo que la sociedad se ha estado cuestionando estos últimos años ¿Por qué estos precios del Gas Licuado de Petróleo?
1. Porque Pemex no vende el Gas LP tomando como base lo que le cuesta producirlo, sino a como se vende el Gas LP del Mont Belvieu de los Estados Unidos, donde los costos de producción son mucho más altos que en México y por ejemplo el salario mínimo que se paga en Estado Unidos equivale a 12 veces más el pagado a un obrero en México, es decir para que un trabajador pudiera sin problemas costear un tanque de 20 kilogramos de Gas LP tendrían que otorgarle un aumento de más del 1,000% y no un raquítico aumento del 6.5% a su salario.
2. Porque las gaseras que distribuyen el producto han impuesto las reglas de distribución, comercialización y venta al consumidor obteniendo un margen de ganancia muy elevado. Basta señalar que en todo el país se realizan más de 800 mil operaciones diarias de llenado y venta de cilindros portátiles de capacidades de 20, 30 y 45 kilogramos y más de 200 mil operaciones de llenado y venta de tanques estacionarios de capacidades de 100 y 200 litros.
3. Y aún más para caernos de risa el Gas Licuado de Petróleo es un producto considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un artículo de lujo y no como un producto de primera necesidad, como si en este país fuera un verdadero lujo cocinar nuestros alimentos o bañarse con agua caliente, por este "lujo" los mexicanos debemos pagar un 15% vía Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A mayor abundamiento si partimos del precio registrado a principios de marzo del presente año donde tuvo un costo de $6.10 pesos en promedio cada kilogramo de Gas LP, de éste a Pemex le corresponden $3.42 pesos por cada kilo vendido equivalentes al precio de venta de primera mano, cifra que equivale a más del 600% del costo de producción de 0.55 centavos por cada kilo de Gas LP, adicionalmente Pemex cobra 0.14 centavos por kilo por concepto de flete. A las compañías gaseras les corresponde $1.76 pesos de ganancia bruta por cada kilogramo de Gas LP, cifra que equivale a más del 300% el costo de producción y a la mitad del valor del producto (o precio al que les vende Pemex). La parte restante, 0.78 centavos por cada kilo vendido le corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto del hoy muy afamado IVA.
Esta forma de distribuir las ganancias, imponer los precios e impuestos al Gas Licuado de Petróleo atenta contra la economía de los mexicanos ya que en un país donde hay más de 60 millones de personas en condiciones de pobreza, las cuales no ganan más allá de 2 salarios mínimos en promedio o que de plano carecen de un empleo y de un salario hoy por hoy tienen que pagar el kilogramo de Gas LP a más del 1,100% por encima del costo de producción de este energético de Pemex.
Estos fatales incrementos y las injustas formas de incrementar de manera estratosférica los precios del Gas LP van sin duda en contra de quienes menos tienen. Lo anterior salta a la vista si tomamos en cuenta que para una familia con ingresos de $1,210.50 pesos mensuales equivalente a un salario mínimo diario, tienen que destinar el 15.12% de éste salario para comprar un cilindro de 30 kilogramos, asimismo una familia que gana $2,421.00 pesos mensuales, es decir 2 salarios mínimos diarios y que compra un cilindro de 30 kilogramos, tendrá que destinar un 7.56% de su salario; sin embargo en contraste una familia que gana $12,105 pesos mensuales, es decir 10 salarios mínimos, sólo tiene que destinar el 0.76% de su salario para comprar el mismo cilindro de 30 kilogramos, esto significa que tanto los precios y los incrementos al Gas LP tienen un impacto 20 veces mayor en los ingresos de las personas que menos ganan, por estos motivos afirmamos categóricamente que quienes menos tienen más sufren por los constantes incrementos y abusos en la venta y distribución del Gas LP.
Este impacto negativo en la economía de los estratos más necesitados del país hizo que la sociedad emprendiera una lucha de resistencia civil pacífica para acabar con los abusos, exigir la congelación y reducción de los precios al consumidor del GAS LP, mandando con esto claros mensajes al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo Federal, para que fijaran nuevas reglas en la venta, distribución, comercialización y almacenamiento del GAS LP.
Una de las perversiones que durante muchos años se dejó crecer es la de los entramados monopólicos y oligopólicos que controlan con su poder económico desde funcionarios, hasta el precio de venta al consumidor final del energético, sujetando también a su entero gusto el transporte, la distribución y la comercialización.
Actualmente existen 369 empresas con contrato de suministro de GAS LP con Pemex de éstas alrededor de un 10% no se dedican preponderantemente a la venta y distribución de éste energético al consumidor final.
Del 90% restante destacan por su presencia económica en el área de distribución, 5 grandes empresas monopólicas que acaparan alrededor del 85% del mercado nacional, las cuales son: Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Nieto y Zaragoza.
Dichas empresas gaseras se distinguen con un nombre comercial matriz en todo el país, sin embargo cada una de ellas llega a tener de 25 a 30 filiales con similares o distintos nombres o con prestanombres en toda la República Mexicana, reclamando para sí mismas un "libre mercado".
A pesar de ello de las 369 empresas registradas existen alrededor de un 20% de ellas que están tratando de sobrevivir a las condiciones monopólicas, sin embargo hasta ahora han tenido que acatar las reglas impuestas por estos 5 grandes consorcios familiares, so pena de ser absorbidas o llevadas a la quiebra.
Esta situación soslayada por el Gobierno Federal ha causado daños cuantiosos a esta industria y a millones de mexicanos, ya que el Poder Ejecutivo a través de sus distintas secretarías de Estado y de las instituciones encargadas de regular el GAS LP, no han querido solucionar el problema de fondo, sino únicamente han dado paliativos echándose la "bolita" unas a otras.
Basta recordar que los cambios hasta ahora logrados no son a iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, sino son cambios impulsados por el descontento popular y la presión social.
Por ejemplo uno de los paliativos importantes fue sin duda la declaratoria de indicios de prácticas monopólicas emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y que dicho sea de paso falta por resolver de forma definitiva y de fondo, dicha declaratoria que aunque tardía sirvió para frenar momentáneamente los voraces incrementos de los precios del GAS LP.
A pesar de ello, como un paliativo más y no como una solución definitiva es que se decretó el pasado 7 de marzo por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica indicios de prácticas monopólicas en las siguientes ciudades: Distrito Federal, estado de México, Baja California, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Nayarit.
Asimismo dicha Comisión decretó en forma definitiva la inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los siguientes ciudades: Guadalajara, Hermosillo, Chihuahua, Tijuana y Mexicali.
Con las movilizaciones y las manifestaciones de protesta de la sociedad de las que dio cuenta la opinión pública y los medios de comunicación, para el lunes 12 de marzo se redujo en un 7% el precio del Gas LP, para pasar de $6.10 a $5.64 pesos el costo de cada kilogramo de Gas LP, lo anterior respecto a la Ciudad de México.
En este contexto la sociedad y la opinión publica en su conjunto dedujeron que los incrementos al Gas LP, son injustos por ser nuestra nación rica en mantos petrolíferos, exigiendo asimismo que la política de precios impuestas al gas doméstico por las Secretarías de Hacienda y de Energía no sea equiparada con los costos del Gas LP de otras naciones.
Cabe destacar que la referencia internacional, también produce otros estragos tales como los subsidios por las importaciones hechas por Pemex. Según datos de la paraestatal en el año 2000 se subsidió el precio del Gas LP en alrededor de $5 mil 100 millones de pesos y para lo que va del año se ha subsidiado el precio en más $1,500 millones de pesos, subsidio que a todas luces jamás llegó al consumidor final sino por el contrario este subsidio se quedó en las empresas gaseras o en funcionarios sin escrúpulos, reitero estos $6,600 millones de pesos de subsidio a la industria del Gas LP nunca han llegado a los millones de consumidores finales, nunca les llegó a las amas de casas a los trabajadores a los jubilados y pensionados a los campesinos o a los obreros del país.
Entonces ¿Dónde quedaron más de $6,600 millones de pesos de subsidio a la industria del Gas LP, toda vez de que el incremento del 2% mensual continuó hasta principios de marzo del año en curso, mes de las protestas.
Pero como quedó mencionado el precio de GAS LP, es sólo una de las varias aristas de este complejo problema, ya que también nos enfrentamos al pésimo estado en que se encuentran los cilindros portátiles y los estacionarios.
Para entender el problema de los cilindros en mal estado hay que hacer referencia a cómo se distribuye el consumo del GAS LP. Actualmente de los 330 mil barriles diarios que PEMEX vende, se distribuyen de la siguiente manera: 62% de la demanda total se va al consumo residencial, el 12% al sector industrial, el 10% al comercio, el 8% al transporte y otro 8% a otros sectores.
Del 62% de consumo destinado al uso residencial el 66% está en cilindros portátiles y el 34% restante en tanques estacionarios. De los cilindros portátiles, según declaraciones de las empresas gaseras, de Profeco y de estudios relevantes existen alrededor de 24.5 millones de cilindros, aunque se especula que podrían ser más de 27 millones de tanques en el país, de los cuales el 40% está en condiciones deplorables, ya sea por haber rebasado su vida útil de 10 años o por su mal manejo del personal de las empresas gaseras por la falta de capacitación.
Así tenemos circulando por todo el país cerca de 10 millones de cilindros en mal estado lo que representa para el consumidor tener verdaderas bombas de tiempo en nuestros domicilios.
El problema de los cilindros en mal estado no es nuevo, por lo que a lo largo de los últimos 2 años se han hecho "esfuerzos" para revertir el problema, empero las empresas gaseras no han cumplido cabalmente con su parte.
Esta falta de cumplimiento queda constatada al no concluirse los objetivos del convenio firmado en 1997 para sustituir los cilindros que no cumplieran con la NOM-011/1-SEDG-1999 así como para destruir los cilindros en malas condiciones. En dicho convenio participaron la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Energía y las empresas gaseras, este programa fue pactado para cumplimentarse hasta el año 2005, situación incomprensible si tomamos en cuenta las ganancias estratosféricas de las empresas gaseras.
Han pasado casi 4 años desde que se firmó el convenio y para finales de abril de este año sólo se habrán destruido 5.5 millones de cilindros lo que significa haber sacado del mercado apenas el 23.9% del total de cilindros en el país. Situación por demás alejada del proyecto de sustituir para el año 2005 todos los cilindros portátiles que no cumplan con la Norma Oficial Mexicana mencionada anteriormente.
Al acuerdo firmado para la sustitución se debe agregar el fondo económico que el Estado creó en conjunción con el sector privado para reponer los cilindros que no cumplieran con las normas oficiales, cabe mencionar que los recursos económicos de este fondo fueron pagados por el mismo consumidor, sin embargo de dicho fondo nadie sabe, nadie supo. Esta situación es inverosímil toda vez de existir, aún hoy cuando se ha controlado de manera provisional el precio de venta al consumidor final, un rubro en el margen de utilidad destinado a la depreciación y gasto de mantenimiento de los cilindros portátiles.
Es doloroso mencionarlo pero ha habido en los últimos años una actitud paternalista del Estado Mexicano hacia quienes han saqueado la economía de millones de consumidores de Gas LP en México.
Los problemas no paran en el mal estado de los cilindros de GAS LP sino llegan incluso al fraude.
Histórica y sistemáticamente las empresas han defraudado la buena fe del consumidor al cometer un verdadero robo calificado. Ya que se ha documentado faltantes de hasta 5 kilos en un cilindro con capacidad de 20 kilogramos, esto es un faltante del 25% menos del ofertado. En fechas recientes y dado los operativos realizados por la Profeco, nuevamente impulsados por la sociedad y por un conjunto de legisladores federales como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha "descubierto" un "ordeñamiento hormiga" de 2 o 3 kilos en cada tanque de 20, 30 o 45 kilogramos esto es un robo al consumidor de $11.00 a $17.00 pesos en cada cilindro portátil.
Situación por demás insoslayable si tomamos en cuenta que una familia de 4 miembros consume alrededor de 40 kilos de GAS LP al mes, por lo que si dicha familia compra 2 cilindros de 20 kilogramos en el mismo lapso de tiempo señalado, la compañía gasera le estará robando de $22.00 a $34.00 pesos mensualmente, dinero que bien podría destinarlo la familia a otros insumos del hogar. En este contexto según estimaciones del de la voz por concepto de la ordeña de los tanques de Gas LP he concluido que hay un fraude de entre 10 y 15 millones de pesos diarios, lastimando con esto aún más la economía familiar.
Hemos de mencionar la serie de acciones de carácter social y legislativo que en los últimos meses se han venido dando y que han servido para crear una conciencia social del problema del Gas Licuado de Petróleo en nuestro país.
En este sentido no omitimos mencionar las siguientes acciones de carácter social:
2. La petición hecha a la H. Cámara de Diputados el pasado 22 de febrero del año en curso por vecinos de la Ciudad de México, Diputados locales del Distrito Federal y por parte del suscrito para exigir a esta Asamblea romper con el monopolio y el oligopolio del Gas LP, en esta misma petición se exigió dar transparencia a la información de las instituciones involucradas así como eliminar la ordeña en los cilindros del Gas LP.
3. Las clausuras simbólicas hechas por ciudadanos del Distrito Federal con Diputados locales del Distrito Federal y por el suscrito a las empresas Regio Gas, Flamazul y Gas Mexicana, donde incluso fuimos agredidos por vigilantes de la empresa Regio Gas.
4. Las distintas reuniones ante Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Federal de Competencia Económica, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Secretaría de Economía, donde acudió un contingente de personas de las distintas colonias del Distrito Federal, diputados locales y federales para exigir reglas claras en el mercado del gas LP.
5.- La protesta informativa frente a Palacio Nacional llevada a cabo por ciudadanos Diputados locales y federales.
2. Los pronunciamientos y puntos de acuerdo hechos por las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, en el Congreso de la Unión, así como los pronunciamientos y puntos de acuerdo hechos por las Legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
3. Las peticiones oficiosas hechas por diputados del Partido Revolucionario Institucional y por el suscrito a distintas secretarías de Estado e instituciones y organismos involucrados en la cadena productiva del Gas LP.
Exposición de Motivos
Dado que México ocupa el cuarto lugar mundial como consumidor de Gas Licuado de Petróleo y el primer lugar en el mundo como consumidor de ese mismo gas para uso doméstico, así como ser considerado como el quinto país productor de dicho energético, que sin embargo no se ven reflejadas estas posiciones mundiales en el precio al consumidor final.
Dado que el Gas Licuado de Petróleo es el combustible utilizado por más del 80% de los hogares mexicanos y que actualmente alrededor del 70% del consumo nacional de dicho energético es para uso doméstico.
Dado que la infraestructura de la industria del Gas LP en México está conformada por instalaciones tanto de particulares como del Gobierno Federal a través de Petróleos Mexicanos.
Dado que el libre mercado del Gas Licuado de Petróleo ha provocado estragos en las economías de millones de familias; y que ese energético es un producto necesario para la economía del país.
Dada la falta de legislación actual que regule la distribución, almacenamiento y venta de primera mano y principalmente al consumidor final, es que proponemos que esta Soberanía a través de las reformas propuestas siente las bases claras para dar certidumbre jurídica, tanto para los consumidores como para aquellas empresas gaseras que han tenido que luchar contra el monopolio y el oligopolio formados en esta industria.
Dada la falta de uniformidad y de decisión en las funciones que corresponden a cada una de los organismos del Estado para regular la materia del Gas Licuado de Petróleo, a saber: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Energía (S. Energía), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Secretaría de Economía (S. Economía), Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), es que proponemos a esta Asamblea, la creación de un órgano especializado en la materia del Gas LP que emerja, por mandato del legislativo, y que mandate a las instituciones hasta ahora involucradas en regular lo concerniente al Gas Licuado de Petróleo y sea el encargado de fijar nuevas reglas en la venta, distribución y almacenamiento de ese energético, dicho organismo llevaría el nombre de Comisión Nacional de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
Dado que el libre mercado, no ha sido benéfico para los millones de consumidores del Gas LP, sino al contrario ha abusado de su economía, proponemos que el Congreso de la Unión sea el encargado de fijar el precio del Gas LP, siempre velando por los intereses de los consumidores.
Este precio se fijará previo informe de la Comisión de Nacional de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo. La fijación de los costos del Gas LP será el reflejo de la pluralidad de las Cámaras, por tanto no se corre el riesgo de imponer al precio del Gas LP costos injustos ni tampoco se permitirán precios internacionales.
Asimismo la Comisión Nacional de Vigilancia y Control del Gas Licuado de Petróleo tendrá las siguientes atribuciones, obligaciones, facultades, derechos y planes de acción; los cuales deberán ser tomados en cuenta para ajustar y emitir la reglamentación necesaria por parte del Ejecutivo Federal.
PRIMERO. La Comisión Nacional de Vigilancia y Control del Gas Licuado de Petróleo propuesta a esta Asamblea, deberá de allegarle dentro de los primeros cinco días de cada mes toda la información necesaria al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados a efecto de que el Congreso de la Unión fije un precio nacional del kilogramo de Gas LP basado en el costo de producción de Pemex que actualmente es de 0.55 centavos por kilogramo. Dicho precio nacional deberá estar diferenciado únicamente con criterios de estratos socioeconómicos y por condiciones de pobreza, cabe mencionar que si en este momento fuera aprobada esta iniciativa el precio del kilo de Gas LP podría fijarse a $3.10 pesos.
SEGUNDO. La Comisión deberá eliminar las 16 zonas en que actualmente se ha dividido la República Mexicana para la fijación de los precios del Gas LP. Evitando con esto que estados como Baja California Sur, Durango, Guerrero o Yucatán tengan un precio más elevado que el resto de la República Mexicana.
TERCERO. La Comisión deberá romper y prevenir cualquier esquema de monopolio u oligopolio, a fin de mejorar las condiciones de competencia, venta, almacenamiento y distribución del Gas Licuado de Petróleo, asimismo su actuar deberá en todo momento sancionar con todo el peso de la ley, las concupiscencias entre autoridades y empresarios de Gas LP deshonestos. Lo anterior para mejorar las condiciones de mercado, propiciando una verdadera competencia entre los empresarios del Gas LP con el objetivo de beneficiar más de 18.6 millones de hogares mexicanos que consumen dicho energético.
CUARTO. Esta Comisión estará conformada por funcionarios de la Profeco, Pemex, S. Energía, CRE, S. Economía, CFCE, SHCP y miembros del Congreso de la Unión en calidad de garantes de las funciones de la Comisión. Esta integración romperá con la falta de unidad para atacar frontalmente el problema del Gas LP comprometiendo a esta Comisión Nacional para integrar toda la información referente a los suministros diarios a las empresas, el precio de venta de primera mano y al consumidor final, el número de cilindros en cada entidad federativa, las ventas por exportación y los precios a que se importa, el número de empresas distribuidoras; el número de carros distribuidores y pipas repartidoras de cada una de las empresas. Respecto a la integración de miembros de este H. Congreso de la Unión, servirá para dar seguridad y credibilidad de las funciones desarrolladas por la Comisión Nacional.
QUINTO. La Conavic en sus resoluciones y en toda su información deberá de tomar como precio de referencia el costo de producción del kilogramo de Gas Licuado de Petróleo de PEMEX, dejando a un lado la referencia de los mercados extranjeros.
SEXTO. La Comisión Nacional de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo deberá vigilar de manera estricta y con un riguroso control el buen estado de los cilindros de Gas LP. Asimismo deberá procurar que la totalidad de los cilindros portátiles y estacionarios de las distintas capacidades, cumplan con las normas oficiales mexicanas. En caso de incumplimiento de las compañías gaseras para la reposición de los cilindros en mal estado o de aquellos que hayan cumplido con su vida útil de 10 años, sean sancionadas económicamente y con clausuras temporales, pero en el caso de reincidencia sean clausuradas de manera permanente y retirados sus contratos de suministro con Petróleos Mexicanos.
SEPTIMO. La Comisión deberá revisar los contratos de suministro entre Pemex y las empresas gaseras, estableciendo un precio fijo para todas las gaseras distribuidoras, eliminando los privilegios otorgados, impidiendo que los socios de las empresas clausuradas vuelvan a distribuir Gas LP con otra razón social, esquivando con esto las clausuras permanentes y llevando un cabal registro de los kilos y litros que Pemex venda diariamente a cada una de las empresas gaseras.
OCTAVO. La Conavic deberá también verificar y controlar las condiciones de transporte y almacenamiento del Gas LP a fin de que aquellas empresas que no cumplan con las condiciones generales impuestas por el Estado para el almacenamiento, distribución y transporte y venta al consumidor sean sancionadas económicamente o en su caso sean clausuradas y retirados sus contratos de suministro con Pemex.
NOVENO. La comisión deberá establecer un vínculo especial con los consumidores finales, a fin de garantizarles que nunca más habrán faltantes de Gas LP en sus cilindros, eliminando la "ordeña hormiga" que históricamente se ha cometido en contra del consumidor y ha dejado jugosos dividendos a los gaseros.
DÉCIMO. La Comisión consciente en que los problemas del Gas Licuado de Petróleo derivan de la voracidad de los empresarios y no de los trabajadores de ellos, se abocará a revisar en conjunción con las autoridades laborales y de salud, las condiciones generales de trabajo y de prestaciones sociales de los empleados de las empresas gaseras, a fin de que se otorguen mejores condiciones que redunden en un mejor trato al consumidor final eliminando así la "propina obligatoria".
DÉCIMO PRIMERO. La Conavic deberá tener como meta principal meter orden al problema del Gas LP, por tanto se reunirá con la Procuraduría General de la República (PGR), para coadyuvar en el cumplimiento de su meta, denunciando a esta instancia todos los probables delitos cometidos por las gaseras y funcionarios públicos involucrados en ellos. Evitando con esto se siga defraudando la confianza del consumidor, cesando la falta de seguridad en los cilindros portátiles y en los tanques estacionarios y eliminando con estas medidas el robo impune hasta ahora cometidas bajo el cobijo de las autoridades sin escrúpulos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado así como por razones de orden público e interés social y en beneficio de millones de mexicanos consumidores del Gas LP que han estado indefensos durante muchos años es que someto a esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto que adiciona, reforma y deroga diversos ordenamientos legales, para quedar como sigue:
ARTICULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XXXI al artículo 73 y la fracción X al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXXI. Para fijar el precio al consumidor final del gas licuado de petróleo, con base en la propuesta que la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo le remita.
X. Fijar durante el receso del Congreso de la Unión
el precio del gas licuado de petróleo con base en la propuesta que
la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de
Petróleo le remita.
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
IV. Formar parte de la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
V a XV. ........
V a XV ...
VII. ..........
Para el caso del gas licuado de petróleo, para
cumplir cabalmente lo señalado en esta fracción, se formará
parte de la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado
de Petróleo.
Artículo 24. la Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
XX. Formar parte de la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
XXI. Excitar a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar, o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo consideren pertinente publicar dicha excitativa.
XXII Las demás que le confieran esta ley y otros
ordenamientos.
Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
VII. Formar parte de la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
VIII a XXII. ........
Artículo 4. ...
Pemex Gas y Petroquímica Básica formarán parte de la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
ARTICULO SEXTO. Se reforma la fracción II del artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para quedar como sigue:
Artículo 14. La regulación a que se refiere el artículo 4º, segundo párrafo, y de las ventas de primera mano de gas tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá.
II. La determinación de los precios y tarifas aplicables, a cargo del Congreso de la Unión en coordinación con la Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo.
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO: La Comisión Nacional de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo, contará con autonomía y patrimonio propio, para lo cual las dependencias involucradas aportarán los recursos humanos, económicos y materiales de sus presupuestos asignados anualmente.
TERCERO. La Comisión de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo, se reunirá a más tardar dentro del siguiente mes a la entrada en vigor del presente decreto.
CUARTO. En tanto no existan condiciones de competencias claras y se haya terminado las prácticas monopólicas, la Cámara de Diputados formará una Comisión Especial de seguimiento al problema del Gas Licuado de Petróleo.
QUINTO. La Comisión Nacional de Vigilancia y Regulación del Gas Licuado de Petróleo, sesionará colegiadamente.
SEXTO. Se abrogan todas aquellas disposiciones contrarias al presente decreto.
Estimados legisladores y legisladoras;
Agradecemos la participación de los diputados locales, de los diputados federales, de los senadores, de las organizaciones políticas, de los ciudadanos, de las amas de casa, de los obreros, de los burócratas, de los medios de comunicación y de la población en su conjunto que en todas las acciones llevadas a cabo han puesto al descubierto las deplorables condiciones de la industria gasera.
Sabemos que la presente iniciativa no estará acabada en tanto no sea revisada por cada uno de ustedes y enriquecida con sus valiosísimas aportaciones, por tanto no estamos cerrados a que pueda ser mejorada y modificada por cada uno de los diputados y senadores del Congreso de la Unión y con esto se generen reglas claras para solucionar el problema del Gas LP.
Por este motivo los conmino a darle buen curso a la iniciativa presentada en esta tribuna la más alta de la nación, a fin de beneficiar a los miles de ciudadanos que representamos.
Por su atención, muchas gracias.
Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica)
Diputados: García Suárez, María
Miroslava ; Sánchez Lira, María de los Angeles; Duarte Ramírez,
Manuel; Sotelo Rosas, David Augusto; Martínez Enríquez, Esteban
Daniel; Salgado Macedonio, José Félix; Moreno Bastida, Ricardo;
Aragón Castillo, Hortensia; Herviz Reyes, Arturo; Torres Mercado,
Tomás; Rosaldo Salazar, Pedro Miguel; Morales Reyes, Rogaciano;
Servín Maldonado, Rafael; Hernández Estrada, Rafael; Graniel
Campos, Adela del Carmen; Martínez Rufino, Elías; Espadas
Ancona, Uuc-Kib; Aguirre Ponce, Rubén; Barbosa Huerta, Luis Miguel;
Cruz Andrade, Mario; Hernández Gerónimo, Aldáurico;
Patiño Cardona, Francisco; León Morales, Ramón; Núñez
Monreal, Magdalena del Socorro; Elías Cardona, Alfonso Oliverio;
Barrales Magdaleno, María Alejandra; Garcés Martínez,
José Delfino; Garibay García, José de Jesús;
Montero Esquivel, Cuauhtémoc; Bortolini Castillo, Miguel; Cortés
López, Raquel; Ulloa Pérez, Emilio; Herrera Jiménez,
Luis; Urías Germán, Gregorio;
DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 2º Y 20 DE LA LEY DE PLANEACION, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA EQUIDAD PRESUPUESTAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2001
Iniciativa de Decreto de reformas y adiciones a los artículos 2º y 20º de la Ley de Planeación con el objeto de garantizar la equidad presupuestal para los pueblos indígenas.
Razones y motivos
Hay coincidencia nacional en la necesidad de satisfacer jurídica y económicamente la deuda histórica de la Nación Mexicana con los Pueblos Indígenas.
Más allá de la coincidencia y de la diversidad en sus expresiones, se han producido Iniciativas y propuestas concretas que permiten pasar de la mera expresión discursiva a las realizaciones concretas.
Los Partidos Políticos, señaladamente al que pertenezco, mantienen en sus documentos básicos, propuestas programáticas orientadas a la construcción de políticas públicas que sustenten un desarrollo social democrático que haga viable la justicia social.
Por eso, frente a las Iniciativas del Ejecutivo, en estos mismos renglones, los Partidos buscan contribuir y aportar para que el discurso político de objetivos comunes, encuentre una concreción eficaz en la Ley y consecuentemente, una posibilidad práctica al disponer de oportunidades económicas reales y muy concretas.
Dos temas dominan la agenda del Gobierno en este periodo de sesiones: la justa Iniciativa de los Pueblos Indígenas para construir un marco legal, de la mayor jerarquía, que reconozca, postule y enaltezca la cultura y los derechos propios de los Pueblos Indígenas, en un contexto de autonomías políticas; el otro tema, es el contenido en una serie de Iniciativas que el Ejecutivo publicitariamente ha denominado "Una Nueva Hacienda Pública Redistributiva" y que en la práctica se actualiza en una serie de Iniciativas de carácter hacendario, dominadas por objetivos claros de encontrar mayores recursos para los programas del Ejecutivo, a través del aumento en las contribuciones públicas, para poder sufragarlos.
Frente a estos temas de enorme trascendencia, el Poder Legislativo, reacciona y aporta; pero yo sugiero, que debiera además, construir una dinámica propia que dentro del debate nacional, pudiera significar una aportación del Legislativo en la consolidación de una nueva forma de atender los problemas de la Nación.
Más allá de las diferencias conceptuales y de los objetivos políticos que cada Partido sostiene, debieran expresarse las coincidencias esenciales y en éstas, avanzar de manera común para acelerar las cuestiones que la sociedad demanda y dejar al debate político la solución de las diferencias ideológicas.
En este sentido, he sostenido que el artículo 74 de la Constitución en su fracción IV que es la que establece una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, de la mayor trascendencia, debe ser observada en su redacción literal para encontrar que lo que rige la disposición de los fondos públicos, es la presentación anual de un Presupuesto de Egresos de la Federación cuyo examen, discusión y aprobación, corresponde exclusivamente a la Cámara.
Ahí hay dos elementos sustanciales: el carácter anual del presupuesto y su prioridad jerárquica normativa antes de la facultad, también conferida, para establecer las contribuciones necesarias para sufragar al presupuesto.
Debemos entender que el presupuesto señala los rubros y montos que el Ejecutivo pretende gastar para que en examen de las condiciones de la economía y de la circunstancia social prevaleciente, la Cámara determine si hay necesidad, si es posible, si resulta conveniente, autorizar ese gasto en esos volúmenes y para esos propósitos.
Si las condiciones sociales prevalecientes no soportan una carga impositiva como la que resultaría al pretender satisfacer todas las exigencias presupuestarias, entonces, es obligación de la Cámara, reducir los volúmenes del Presupuesto y ajustarlos para que sólo se puedan realizar aquellos programas que la economía de la sociedad pueda permitir en un momento dado.
Es obvio que no hay un solo Gobierno en el mundo, que no requiera mayores volúmenes de dinero público del que puede disponer en un momento dado. Las carencias y los problemas son tantos, que la exigencia de dinero siempre es mayor a las posibilidades reales de la sociedad para poder contribuir sin deterioro y menoscabo de sus posibilidades de supervivencia.
De otra parte, la lucha de los Pueblos Indígenas establece con gran claridad la necesidad inaplazable de acudir con volúmenes importantes de recursos para que puedan construir ellos, los andamiajes de su propio desarrollo. Son ellos quienes en la autonomía que tendremos que reconocerles, decidirán la forma, los énfasis, las razones propias, de su cultura y derechos, en los que deberán incidir para garantizar su desarrollo.
Pero para que esto pueda ser realidad, se requiere de volúmenes presupuestales mucho mayores que los contenidos en los montos de los programas tradicionales del desarrollo social; porque la lógica elemental indica que si esos programas hubieran sido eficaces, suficientes o apropiados para la comunidad indígena, no estuviéramos inmersos en la lucha que con toda razón los indígenas han estado dando.
Tiene que cambiarse esa lógica tradicional y sustituirse por una que sea consecuente con la magnitud del problema y las soluciones que desde la vía jurídica se empezarán a dar con la aprobación de la legislación en la materia de derecho y cultura indígenas.
Por eso creo que es importante hacer coincidir los dos temas en una propuesta muy sencilla pero muy importante de adiciones y reformas a la Ley de Planeación para darle contenido práctico a las razones expresas de estos dos grandes temas que discutimos.
Sugiero que se obligue por razón de la Ley a que el presupuesto anual que presente el Ejecutivo, además de las previsiones normales, en los rubros del llamado gasto programable en todas las funciones del desarrollo social, además de las asignaciones correspondientes al Ramo 33, contenga un volumen especial de recursos que se asignen directamente a las comunidades y territorios autónomos para que puedan disponer en ejercicio de manera libre y autónoma.
Esta asignación anual propongo que no debiera ser menor al 10% del total del gasto que se programe para todas las funciones de desarrollo social y para la generalidad de la población.
Para ilustrar el por qué de la propuesta, simplemente quiero comentar que para el 2001 el gasto programable en las funciones de desarrollo social equivale al 9.6% del PIB y que la propuesta de un 10% apenas llegaría a significar un 1.0 del PIB y a un 4.3% del Gasto Neto Total.
La adición al artículo 2º de la Ley de Planeación estaría orientada hacia esos propósitos y la adición que propongo al artículo 20 de la Ley de Planeación es simplemente, para reconocer en ese artículo, a las comunidades y Pueblos Indígenas objeto de previsiones presupuestales especiales, cada año.
Es difícil conciliar una cifra y es posible que ésta pueda ser aumentada al nivel necesario para garantizar una rápida mejoría a los Pueblos Indígenas. Es debatible el monto y por supuesto, la integralidad de los nuevos planteamientos que en materia de desarrollo social tendrán que hacerse con el detalle que el presupuesto anual exige; pero lo que no es posible, es que la Cámara no proponga, no contribuya, con los instrumentos que tiene a su alcance a establecer, en la claridad presupuestal, la demanda y la coincidencia ya vertida en el debate público, y próximamente en la Ley para enaltecer los Derechos y Cultura Indígenas.
Por lo tanto, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto de reformas y adiciones a los artículos 2º y 20º de la Ley de Planeación con el objeto de garantizar la equidad presupuestal para los pueblos indígenas.
Artículo Unico.- Se adiciona la fracción VII del artículo 2 y se reforma el segundo párrafo del artículo 20, de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
Artículo 2. ............
II. ................
III. ........
IV. ...........
V. ..........
VI. .........
El monto de la asignación será en adición a aquellos recursos que les corresponda por los distintos programas de la Administración Pública Federal y del Ramo 33 y no podrá ser menor al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado al conjunto de funciones de desarrollo social para todo el país.
Las asignaciones deberán ser proporcionales a la población indígena de cada entidad federativa y entregadas directamente a las comunidades y pueblos indígenas para que bajo su propia administración y manejo den sustento económico a su desarrollo autónomo.
Artículo 20. .............
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, comunidades y pueblos indígenas así como de grupos populares; ?
César Augusto Santiago (rúbrica)
QUE CREA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS, Y DEROGA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO UUC-KIB ESPADAS ANCONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2001
Exposición de Motivos
Es nuestra Constitución, como hemos recordado con frecuencia en estos recintos en los últimos meses, una compleja síntesis de, entre otras cosas, la tradición liberal del XIX mexicano y el espíritu social y humanista de la Revolución que abrió el siglo XX.
Esta vertiente social ha merecido la particular atención de los actores políticos del país ante la promisoria posibilidad de que, en los próximos meses, nuestra carta constitutiva sea objeto de una revisión integral.
Las voces más conservadoras creyeron ver en este proceso de reforma la oportunidad de eliminar estos contenidos sociales, con la ambición de construir un país en donde el enriquecimiento desmedido de unos cuantos no se viera obstaculizado por las necesidades de las mayorías.
Los más, sin embargo, hemos dejado en claro que, lejos de apartarnos de esos contenidos, hemos de profundizar en el humanismo con que nuestra Ley Suprema nació en 1917.
No son pocos los acontecimientos recientes que nos han dado la razón, destacadamente el nuevo lugar que en el debate público han tomado los derechos sociales, políticos y culturales de los pueblos indios que integran la nación.
Hoy, sin embargo, quisiera explorar la otra tradición constitucional. Aquella liberal que escribió la Constitución de 1857 y con cuyos profundos principios igualitarios se abre la carta del 1917:
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Este principio fundamental, que podría parecernos definitivo en los albores del siglo XXI, es, sin embargo, para millones de mexicanos, más nada que letra sin esperanza de realización ni hoy, ni mañana ni nunca:
Habiendo evitado la sabiduría constitucional dar al castellano el rango de lengua oficial, su posesión es hoy condición sine qua non para el ejercicio de los más elementales derechos no sólo positivos sino humanos.
No sólo el sistema legal, sino las prácticas cotidianas y el ejercicio de la función pública y de autoridad en su conjunto son estructuralmente disfuncionales para garantizar -en todos los grados- el ejercicio de derechos a aquellos mexicanos cuya lengua materna es distinta de la lengua de los conquistadores.
En nuestro país viven hoy no menos de siete millones de hablantes nativos de lenguas indias, cuyos derechos individuales se encuentran no sólo restringidos, sino en la práctica conculcados, en abierta violación al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Soterrada, sorda, canallescamente, hemos construido un Estado independiente que, a cinco siglos de distancia, sin más sustento que el derecho de conquista, destierra del amparo de sus leyes a los hombres y mujeres nacidos en los primerísimos pueblos de esta gran nación. Como disponiendo de un derecho natural, y sin aún dignarse a enunciarlo, el Estado mexicano ha condenado a condiciones de excepción a las lenguas de los pueblos cuya presencia en esta tierra es muy anterior a él mismo.
El fundamental derecho a la educación -y su obligatoriedad hasta la secundaria- ha sido brutalmente gravado por la castellanización y obstruido de manera definitiva por la imposibilidad real de que los hablantes de lenguas indias lo ejerzan en igualdad de condiciones a los hablantes de castellano. Mientras éstos pueden cursar todos los niveles de enseñanza sin conocer una sola palabra de ninguna lengua india -incluso en aquellas regiones con una altísima proporción de hablantes de éstas- y sólo están formalmente sometidos a la obligación de aprender eficientemente una lengua distinta a la propia, por cierto una lengua extranjera, al concluir los estudios superiores, los millones de hablantes de lenguas indias tienen en el aprendizaje plenamente competente de una lengua distinta a la suya, una barrera infranqueable para tan sólo aprender a leer y escribir.
La promesa de una educación bilingüe y pluricultural, no sólo se sustenta en un racismo que la considera como una medida remedial útil exclusivamente para adaptar a los indios a la sociedad mestiza y nunca como una necesidad de todos los mexicanos en la tarea de entender tanto nuestra pluralidad cultural como nuestro pasado, sino que se ha demostrado históricamente falaz, siendo casi invariablemente un disfraz de una educación castellanizante y mestiza que triunfa en la supresión de lo indio.
Así, además de sus derechos constitucionales, los hablantes de lenguas indias han sido desprovistos de los más elementales derechos humanos: comunicarse unos con otros, transmitir sus ideas, registrar sus pensamientos, participar de la literatura, hacerse entender por sus descendientes, recibir información.
Aquellos pueblos cuyas expresiones escritas plasmadas en incontables códices y estelas son hoy falso orgullo de los descendientes del conquistador, han sido sin misericordia privados de la palabra escrita. Las lenguas indias han sido, por la violencia material y simbólica, condenadas a un analfabetismo total, que ni siquiera merece ser registrado en las estadísticas nacionales.
La urgencia actual transciende con mucho el conservadurismo romántico de quienes, como si de piezas de museo se tratara, se duelen de la pérdida de las lenguas indias. Lo que hay detrás de esta pérdida es el profundo dolor del aislamiento de hombres y mujeres arbitrariamente privados del derecho a comunicarse, la melancolía del migrante que nunca podrá escribir a casa en una lengua que su familia entienda, la inimaginable angustia de las abuelas y abuelos que jamás pudieron hablar con sus nietos para transmitirles emociones, sentimientos, valores, compromisos, en fin, la cultura propia. Es el desprecio y la humillación cotidiana de quienes, como otros pueblos -incluido el que trajo el castellano a estas tierras- hablan hoy el idioma de pueblos milenarios, pero que, ha diferencia de ellos, lo hacen en calidad de parias en su propia tierra. Es, en fin, la privación del derecho a desarrollar, cultivar y ver florecer la propia lengua y con ella la cultura.
Son los históricos momentos que vivimos los indicados para poner fin, de una vez y para todas, a este ignominioso sistema de apartheid no legalizado, a esta implacable continuidad de la conquista.
Hoy estamos presentando ante esta Cámara una iniciativa para crear la Ley Federal de Derechos Lingüísticos, a través de la cual se norma el derecho de los hablantes de lenguas indias al uso pleno de éstas en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales.
Para el logro de este objetivo, el proyecto plantea el establecimiento de la categoría de lenguas nacionales, constituida, en condiciones de igualdad, por las lenguas indias habladas por los pueblos preexistentes al Estado mexicano y por el castellano.
Se establece además la prohibición expresa a cualquier tipo de discriminación resultante de la lengua que se hable e independientemente de que ésta sea una lengua nacional o no.
En su conjunto, la iniciativa trata de establecer las condiciones legales que generen una auténtica reconversión lingüística del Estado, acorde con la pluralidad lingüística de la nación. En este sentido, se rechaza el condicionamiento del ejercicio de los derechos lingüísticos a la proporción de hablantes que cada lengua en particular tenga dentro del territorio nacional, por tratarse de un condicionamiento inadmisible dada la naturaleza fundamental de los derechos involucrados y, particularmente, dada su condición de preexistencia a los Estados Unidos Mexicanos.
Como es evidente, esta reconversión representará una gran inversión económica para la nación. Es insustancial. Cualquier cantidad de dinero que pueda costar será tan sólo un mínimo abono a una gigantesca deuda humana que ya nunca podremos pagar.
La reglamentación propuesta, implica para el Estado la superación de grandes deficiencias en la prestación de sus servicios, que hasta hoy ha sido orientada con inclemente rigidez, a los hablantes de castellano.
Asimismo, proponemos la derogación de la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación que, arbitrariamente, da al castellano -mal referido como español- el carácter de única lengua nacional.
Es hoy el momento de poner fin a la continuada tragedia de la radical discriminación lingüística.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Iniciativa de Decreto que crea la Ley Federal de Derechos Lingüísticos y deroga la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación.
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, es de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar el derecho igualitario de los mexicanos al uso pleno de la lengua nacional de la que fueren hablantes, en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales.
Artículo 2. La composición pluricultural de la nación mexicana tiene una de sus principales expresiones en la pluralidad de lenguas que le son propias.
Artículo 3. Son lenguas nacionales las de los pueblos indios establecidos en el actual territorio nacional con anterioridad a la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el castellano y las que, por su relevancia cultural, demográfica y territorial dentro del país, sean en el futuro incluidas con tal carácter en la presente ley.
Artículo 4. Las lenguas nacionales son parte integrante del patrimonio cultural de la nación.
Artículo 5. Nadie podrá ser sujeto a ningún tipo de discriminación en virtud de la lengua que hable.
Artículo 6. Es derecho de todo mexicano comunicarse plenamente en la lengua nacional de la que sea hablante, de forma oral y escrita. Esta prerrogativa incluye, sin limitarse a los derechos particulares a expresarse en los ámbitos familiar, comunitario, estatal y nacional; recibir educación formal; transmitir, publicar y preservar sus ideas, opiniones y conocimientos; desarrollar su creatividad; contribuir a la preservación y desarrollo de su lengua; participar en la transmisión, conservación y desarrollo de la historia y cultura del pueblo al que pertenezca; acceder a literatura y recibir noticias e información en general.
Artículo 7. El Estado garantizará el acceso pleno de los hablantes de cualquier lengua nacional a los servicios públicos y a los que se presten por concesión estatal, en su propia lengua. Esta disposición incluye, sin limitarse a, la obligación de proporcionar todo tipo de información oficial y de interés público en la totalidad de las lenguas nacionales de sus destinatarios, favoreciendo su transmisión en forma oral en el caso de las lenguas indias.
Artículo 8. Las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán a su cargo la aplicación de la presente ley y adoptarán las medidas necesarias para ello.
Artículo 9. El Estado en sus diferentes niveles de administración, adoptará las medidas adecuadas a efecto de que en las dependencias y oficinas públicas, exista el personal idóneo para atender con diligencia a los hablantes de las diversas lenguas nacionales que se hablen en la jurisdicción correspondiente. Asimismo, en los lugares e instalaciones públicas se colocarán los avisos y señalamientos informativos en las lenguas correspondientes.
Artículo 10. Las autoridades federales y estatales, responsables de la Procuración y Administración de Justicia, incluyendo las Agrarias y de Trabajo, proveerán lo necesario a efecto de contar en su estructura permanentemente con el personal capacitado e idóneo para atender a los hablantes de las diversas lenguas nacionales.
Artículo 11. Las autoridades federales y estatales, por conducto de sus instituciones educativas, garantizarán que la población tenga acceso a la educación obligatoria en la lengua nacional de la que sea hablante, y adoptará las medidas necesarias para eliminar del sistema educativo las prácticas, prejuicios y calificaciones que denigren a los individuos o comunidades en razón de su lengua.
Artículo 12. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva reflejen debidamente la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana
Los medios de comunicación masiva concesionados por el Estado destinarán un porcentaje suficiente de su tiempo a la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de difusión, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indias de las diversas regiones del país.
Artículo 13. Las autoridades federales y estatales promoverán la creación y edición de literatura oral y escrita en las lenguas indias de su jurisdicción.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación.
Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Tercero. Las Legislaturas de los estados elaborarán y adecuarán las leyes locales correspondientes al tenor de la presente en un plazo máximo de seis meses a partir de su publicación.
Cuarto. Las autoridades federales y estatales, por medio de las instituciones vinculadas con los objetivos de esta ley, promoverán y difundirán su contenido oralmente y por escrito, en las lenguas nacionales correspondientes a su jurisdicción.
Ucc-kib Espadas Ancona (rúbrica)
Introducción
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la LVIII Legislatura está conformada de manera plural por 30 diputados representantes de las diferentes fracciones parlamentarias.
Desde su instalación, el 11 de octubre pasado, quedó en claro que una coincidencia reúne a los legisladores: coadyuvar a conformar un marco que aliente la actividad agropecuaria y eleve los niveles de bienestar de la población rural.
Esta coincidencia ha permitido a la Comisión celebrar diversas reuniones plenarias con funcionarios públicos, productores de diferentes ramas de producción del sector agropecuario e instituciones de educación media superior y superior en las cuales, en un ambiente de respeto a la pluralidad política, se ha reconocido que el campo enfrenta una situación de atraso y marginación que puede y debe superarse.
Uno de los temas fundamentales de discusión en el pasado primer periodo ordinario de sesiones fue el llamado paquete económico integrado por el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para el presente año. Sobre ambos proyectos la Comisión tuvo una destacada participación que se concretó en un incremento de más de cuatro mil millones de pesos, lo que permitirá atender las necesidades del sector agropecuario en el año 2001.
La situación que atraviesa el campo mexicano demanda de los legisladores redoblar esfuerzos para enfrentarla. En ese sentido, este material tiene por finalidad difundir lo realizado por la Comisión en el primer periodo de ejercicio de la LVIII Legislatura y establecer las bases para el mejoramiento de su trabajo, que se enriquecerá a partir de las aportaciones de todos aquellos interesados en el quehacer de la sociedad rural.
La Comisión de Agricultura y Ganadería está compuesta por los siguientes diputados, citados en orden alfabético:
Dip. Oscar Alvarado Cook, PRI
Dip. José M. Anaya Ochoa, PAN
Dip. Francisco Arano Montero, PAN
Dip. Feliciano Calzada Padrón, PRI
Dip. Francisco Castro González, PRI
Dip. Miguel Castro Sánchez, PRI
Dip. Arturo Bonifacio De la Garza Tijerina, PRI
Dip. J. Jesús Dueñas Llerenas, PAN
Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona, PRD
Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, PVEM
Dip. Francisco Esparza Hernández, PAN
Dip. Francisco Javier Flores Chávez, PAN
Dip. José Luis González Aguilera, PRI
Dip. Santiago Guerrero Gutiérrez, PRI
Dip. Arturo Herviz Reyes, PRD
Dip. José de Jesús Hurtado Torres, PAN
Dip. José Jaimes García, PRI
Dip. Silverio López Magallanes, PRI
Dip. Juan Mandujano Ramírez, PAN
Dip. Martha Ofelia Meza Escalante, PRI
Dip. Martín Gerardo Morales Barragán, PAN
Dip. María del Rosario Oroz Ibarra, PRI
Dip. Francisco Javier Ortiz Esquivel, PAN
Dip. Miguel Ortiz Jonguitud, PRI
Dip. Ramón Ponce Contreras, PAN
Dip. Juan Carlos Regis Adame, PT
Dip. Jaime Tomás Ríos Bernal, PAN
Dip. Jaime Rodríguez López, PRI
Dip. José Roque Rodríguez López,
PAN
Dip. Petra Santos Ortiz, PRD
De esta forma la representatividad plural de la Comisión es de la siguiente forma:
PRI, 13
PAN, 12
PRD, 3
PT, 1
PVEM, 1
La Mesa Directiva es Presidida por el Diputado Jaime Rodríguez López (PRI), siendo Secretarios de la misma los diputados Jesús Dueñas Llerenas (PAN), Alfonso Oliverio Elías Cardona (PRD) y Miguel Ortiz Jonguitud (PRI).
Grupos de trabajo
Con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en la reunión plenaria celebrada el ocho de noviembre de 2000, la Comisión resolvió la formación de grupos de trabajo que quedaron integrados de la siguiente forma:
Grupo 2 (Comercialización), conformado por los diputados: Oscar Alvarado Cook, José M. Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Arturo Bonifacio De la Garza Tijerina, José Rodolfo Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Martín Gerardo Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Ramón Ponce Contreras, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y, Petra Santos Ortiz.
Grupo 3 (Producción, Cadenas Productivas, Sistemas Agroalimentarios) por los diputados: Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón, Santiago Guerrero Gutiérrez, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Ramón Ponce Contreras y José Roque Rodríguez.
Grupo 4 (Organización de Productores) en el que participan los diputados: José M. Anaya Ochoa, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo Bonifacio De la Garza Tijerina, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes y, Martha Ofelia Meza Escalante.
Grupo 5 (Normatividad) en el que están inscritos los diputados: Miguel Castro Sánchez, Silverio López Magallanes, Ramón Ponce Contreras y, José Roque Rodríguez López.
Grupo 6 (Investigación y Desarrollo Tecnológico) compuesto por los diputados: Francisco Arano Montero, Arturo Bonifacio De la Garza Tijerina y, Francisco Javier Flores Chávez.
A marzo del presente año, la Comisión de Agricultura y Ganadería ha celebrado cuatro Reuniones Plenarias, con los siguientes objetivos:
Otra reunión, realizada por Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, el 18 de diciembre de 2000, para conocer del C. Javier Usabiaga Arroyo, titular de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las líneas de acción de su programa de trabajo.
La Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, para intercambiar puntos de vista sobre las reglas de operación de los diversos programas gubernamentales destinados al campo.
Asimismo la Comisión sostuvo las siguientes reuniones
de trabajo:
Giras de trabajo
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha efectuado a la fecha dos giras y una visita de trabajo.
Una de ellas al Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Uxmal, Yucatán, a la que asistieron los diputados Francisco Castro González y José Roque Rodríguez López, en la que les expusieron las acciones que se realizan en la península para controlar y combatir el Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) y la importancia de la prevención de esta enfermedad en las regiones en las que se desarrolla la citricultura.
Cumpliendo con un mandato del pleno de la misma se realizó una visita al Reino de España en la que una delegación de esta Comisión compuesta por los diputados: J. Jesús Dueñas Llerenas, Alfonso Oliverio Elías Cardona, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Ramón Ponce Contreras, Jaime Tomás Ríos Bernal y Petra Santos Ortiz quienes sostuvieron reuniones con sus homólogos legisladores, con funcionarios agrarios y agrícolas así como con productores de diversas ramas, fundamentalmente, de la citricultura.
También se efectuó una visita a la Universidad Autónoma Chapingo, el 15 de febrero pasado, a la que asistieron los diputados Jaime Rodríguez López, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Silverio López Magallanes y José Roque Rodríguez López , en la cual se sostuvieron una reunión con las autoridades académicas de esa casa de estudios, quienes expusieron los diversos proyectos de la misma.
Puntos de Acuerdo turnados a la Comisión
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara han sido turnados los siguientes puntos de acuerdo:
Comunicaciones de Congresos locales
La Comisión de Agricultura y Ganadería también ha recibido las siguientes comunicaciones de Congresos Locales:
Memorial de particulares
A esta comisión ha llegado la siguiente solicitud
de particulares:
Iniciativas y Proyectos de Ley dictaminados
A la Comisión de Agricultura y Ganadería le fueron turnadas las iniciativas de Ley sobre la Agroindustria de la Caña de Azúcar presentadas en las sesiones plenarias de los días 14 de noviembre y cinco de diciembre del año pasado, por los diputados Francisco Castro González del Partido Revolucionario Institucional y Arturo Herviz Reyes del Partido de la Revolución Democrática.
Con la finalidad de efectuar el análisis correspondiente de ambas iniciativas, la Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvo reuniones de trabajo de carácter extraordinario los días 26 y 28 de diciembre pasado.
Agenda legislativa
Como se desprende del punto anterior, esta Comisión tiene entre sus pendientes elaborar el dictamen correspondiente de las iniciativas de Ley sobre la Agroindustria de la Caña de Azúcar presentadas por los diputados arriba mencionados.
Con el objetivo de profundizar en el análisis de la situación que impera en esta agroindustria, la Comisión convocará a productores, industriales, funcionarios públicos, trabajadores y académicos a un primer foro sobre esta agroindustria, mismo que se tiene programado para finales del mes en curso.
En el ánimo de contribuir en mejores condiciones a su tarea legislativa, es de interés de los miembros de la Comisión ahondar en la situación imperante en el conjunto de la actividad agropecuaria para lo cual se tiene contemplado convocar a otros foros para analizar las ramas de café y tabaco, entre otras.
Asimismo efectuar sendas visitas a las instalaciones del
Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro con sede en Saltillo, Coahuila.
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001
Informe semestral de la Comisión de Asuntos Indígenas correspondiente al periodo septiembre 2000-febrero 2001
Con fecha 30 de septiembre de 2000 el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII legislatura del H. Congreso de la Unión, integró las comisiones ordinarias.
El 12 de octubre, previa convocatoria del diputado presidente de la Comisión y con la asistencia de 20 legisladores ésta quedó formalmente instalada. En dicha reunión se acordó la integración de tres subcomisiones de trabajo:
b) Subcomisión para la Organización de Foros y Contacto con las Organizaciones Indígenas. Subcomisión que quedó bajo la responsabilidad del diputado Pablo Arnaud Carreño, secretario de la misma.
c) Subcomisión para la elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión, bajo la responsabilidad de los diputados Cándido Coheto Martínez y Bonifacio Castillo Cruz.
El 25 de octubre de 2000 a las 10:00 horas se realizó un desayuno de trabajo con organizaciones indígenas del país y a las 17:00 horas una reunión de trabajo con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, encargada de Asuntos Indígenas del equipo de transición del Presidente electo Vicente Fox Quezada, con una asistencia de 23 diputados. En esta reunión la ingeniera Gálvez Ruiz dio a conocer los avances en la integración de la información relativa a la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas de nuestro país.
El 8 de noviembre de 2000 a las 17:00 se celebró reunión ordinaria de la Comisión y de trabajo con la ingeniera Xóchit1 Gálvez Ruiz, del equipo de transición de Vicente Fox Quezada, con la asistencia de 20 legisladores; en esta reunión se dieron a conocer las propuestas del gobierno en materia de atención a los pueblos indígenas.
El 22 de noviembre se realizó la reunión de trabajo para conocer el informe de la Subcomisión de Dictámenes, Opiniones y Resoluciones, así como la integración de una Subcomisión para Elaborar Propuestas de Atención a las Demandas de los Pueblos Indígenas. Esta Subcomisión determinó la contratación del Dr. Juan Moreno Pérez, para elaborar una propuesta de presupuesto para la atención de los pueblos indígenas, que fue presentada en el Pleno por el diputado Héctor Sánchez López, en su calidad de presidente de la Comisión y apoyada por los diversos secretarios de la Comisión, representantes de los partidos.
El 29 de noviembre se realizó reunión del Pleno de la Comisión para conocer los avances de las subcomisiones de trabajo.
El 18 de enero del 2001 con la asistencia de 23 legisladores, fue presentado el Plan de Trabajo, en primera lectura el cual fue aprobado en lo general. De igual manera se ultimaron los detalles con relación al foro Los pueblos indígenas ante la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
El 19 y 20 de enero del 2001 se celebró el foro Los Pueblos Indígenas ante la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena con la participación del Instituto Nacional Indigenista y la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indios de la Presidencia de la República.
El 7 de febrero se realizó reunión del Pleno de la Comisión, y se incorporaron propuestas al Plan de Trabajo; de igual manera se sostuvo reunión con la Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República; así como con el Dr. Jorge Dandler, de la Organización Internacional del Trabajo, para referirse al Convenio 169.
El 22 de noviembre se realizó reunión de trabajo con las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Justicia y Derechos Humanos y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con relación al Punto de Acuerdo sobre la atención y protección a los trabajadores mexicanos migrantes.
De igual manera, se han atendido peticiones de más de 235 ciudadanos de origen indígena, para atender diversas solicitudes de gestión ante las autoridades correspondientes; de 42 organizaciones indígenas para apoyarlas en sus demandas ante las autoridades federales y locales.
Actividades de trabajo realizadas por la Comisión de Asuntos Indígenas
Evento: Encuentro Continental de Escritores en
Lenguas Indígenas y Afrocaribeñas de América.
Días: 13, 14 y 15 de octubre de 2000.
Lugar: Cheturnal, Carrillo Puerto y Cancún.
Asistencia: Diputados: Gumersindo Alvarez Sotelo,
Samuel Yoselevitz Fraustro y Bonifacio Castillo Cruz.
Evento: Festival de las Lenguas, la Cultura y la
Literatura Indígenas, en el Instituto Cultural Poblano.
Días: 20,21 y 22 de octubre de 2000.
Lugar: Ciudad de Puebla.
Asistencia: Diputados: Pablo Arnaud Carreño,
Gumersindo Alvarez Sotelo, Samuel Yoselevitz Fraustro y Luis Miguel Santibáñez
García.
Evento: Autonomía, Trabajo y Esperanza.
Días: 10, 11 y 12 de noviembre de 2000.
Lugar: Ranchería de Tierra Blanca San Vicente,
San Agustín Loxicha, Oax.
Asistencia: Diputados: Héctor Sánchez
López, Nelly Campos Quiroz, Roger A. González Herrera, Santiago
Guerrero Gutiérrez, Francisco E. Jurado Contreras, Manuel Orozco
García, Griselda Ramírez Guzmán, Raymundo Toledo,
Luis M. Santibáñez García, Samuel Yoselevitz Fraustro,
Gumersindo Alvarez Sotelo, Beatriz Grande López, Vitálico
Cándido Coheto Martínez, Pablo de Jesús Arnaud Carreño
y Auldárico Hernández Jerónimo.
Evento: Visita de Trabajo a la Universidad de Occidente
1ª Universidad Indígena.
Días: 18 de diciembre de 2000.
Lugar: Municipio El Fuerte, Sinaloa.
Asistencia: Diputados: Bonifacio Castillo Cruz,
Auldárico Hernández Jerónimo, Héctor Sánchez
López, José Feliciano Moo y Can, Francisco Díaz de
la Vega, Gumersindo Alvarez Sotelo, Samuel Yoselévitz Fraustro,
Idelfonso Zorrilla Cuevas, Fernando Díaz de la Vega.
Evento: Invitación del Presidente Juan Centeno
Sánchez, para conocer avances del Programa de Rescate de Traspatio
que realizan conjuntamente con la Fundación Kello?s y la Universidad
Autónoma de Yucatán.
Días: 21, 22 y 23 de enero de 2001.
Municipio Indígena Motol, Yucatán.
Asistencia: Diputados: Cándido Coheto Martínez,
Feliciano Moo y Can, Pablo de Jesús Arnaud Carreño, Auldárico
Hernández Jerónimo, Héctor Sánchez López,
Samuel Yoselévitz Fraustro y el Srio. Técnico de la Comisión:
Lic. Raúl Toledo Dehesa.
Evento: Invitación del Presidente Municipal
de Guevara de Humbold, Tehuacán Oaxaca, solicitando intervención
para tratar de solucionar la problemática en ese municipio por demandas
y necesidades en materia de procuración de justicia, desarrollo
económico y social.
Días: 9, 10 y 22 de febrero de 2001.
Lugar: Guevara de Humbold, Tehuantepec, Oaxaca.
Asistencia: Diputados: Bonifacio Castillo Cruz,
Héctor Sánchez López, Pablo de Jesús Arnaud
Carreño, Luis Miguel Santibáñez García, Nicasia
García Domínguez, José Feliciano Moo y Can, Hermilo
Monroy Pérez y el Srio. Ténico de la Comisión: Lic.
Raúl Toledo Dehesa.
Reuniones de Mesa Directiva
Fecha: 24-10-00
Asuntos a Tratar: Analizar los avances que han
obtenido las subcomisiones que se constituyeron el 12-10-00.
Lugar: Oficinas de la Comisión.
Hora: 10:00 horas.
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 14-11-00
Asuntos a Tratar: Tratar asunto referente al informe
de las subcomisiones para la elaboración de dictámenes.
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 10:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 28-11-00
Asuntos a Tratar: Tratar asuntos relacionados
con el informe de las subcomisiones de trabajo, integración de la
Subcomisión para la Elaboración de Dictámenes.
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 18:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 11-12-00
Asuntos a Tratar: En relación a la propuesta
de presupuesto de atención a los pueblos indígenas
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 15:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 19-12-00
Asuntos a Tratar: Presentación del proyecto
de presupuesto, que en materia de atención a los pueblos indígenas
elaboró el Dr. Juan Moreno.
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 18:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 22-12-00
Asuntos a Tratar: Reunión de trabajo con
la Lic. Xóchitl Gálvez Ruiz, Coordinadora de la Oficina para
el Desarrollo de los Pueblos indígenas de la Presidencia de la República
Mexicana.
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 10:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L., Bonifacio
Castillo.
Fecha: 07-02-01
Asuntos a Tratar: Relacionada con la reunión
del Pleno de la Comisión este mismo día a las 14:00 horas.
Lugar: Restaurante Miró. Ubicado en Reforma.
Hora: 8:30 horas
Asistencia: Diputados: Cándido Coheto,
J. Feliciano Moo, Pablo Arnaud, Héctor Sánchez L.
Fecha: 20-02-01
Asuntos a Tratar: Agenda de los temas pendientes
de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Lugar: Oficinas de la Comisión de AI
Hora: 9:00 horas
Asistencia: Diputados: V. Cándido Coheto,
Pablo Arnaud, Héctor Sánchez, Bonifacio Castillo, Feliciano
Moo y Can.
Estas han sido las actividades realizadas por la Comisión de Asuntos Indígenas en el periodo comprendido.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López (rúbrica)
Presidente
Dip. Feliciano Moo y Can
Secretario
Dip. Pablo Arnaud Carreño (rúbrica)
Secretario
Dip. Bonifacio Castillo Cruz (rúbrica)
Secretario
Dip. Cándido Coheto Martínez (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2000 A FEBRERO DEL 2001.
2000
Septiembre 7
Iniciativa a cargo de la Dip. Olga Patricia Chozas y
Chozas con proyecto de decreto que reforma el numeral dos, del articulo
39 de la Ley Orgánica del Congreso General de las Estados Unidos
Mexicanos, para la creación de la Comisión Ordinaria de Asuntos
de la Juventud y del Deporte. Turnada a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias.
Septiembre 29
Propuesta de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, para la subdivisión y creación de comisiones
ordinarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En votación económica se aprueba.
Octubre 12
Reunión de instalación de la Comisión,
salón "B" del restaurante Los Cristales.
Octubre 24
Reunión de trabajo de la Mesa Directiva en la
sala de juntas de la Comisión.
Noviembre 14
Reunión de trabajo con el Lic. Luis Ignacio Sánchez,
Director del Instituto Mexicano de la Juventud, salón Leona Vicario.
Noviembre 16
Proposición con punto de acuerdo sobre la violencia
cometida por grupos de seudoaficionados y recomendación a las autoridades
sobre las porras bravas en el deporte, a cargo del grupo parlamentario
del PVEM, turnado a la Comisión.
Noviembre 22
Reunión de mesa directiva en la sala de juntas
de la Comisión Acuerdo relativo a la creación de las Subcomisiones
de trabajo de Juventud y Deporte.
Noviembre 29
Reunión plenaria con el Lic. Ivar Sisniega Campbell,
Director de la Comisión Nacional del Deporte, salón D del
restaurante Los Cristales.
Diciembre 1
De la Secretaria General de la Cámara de Diputados,
en relación a la integración complementaria de las Comisiones
de esta H. Cámara de Diputados, por lo que se integran a esta Comisión
los(as) siguientes:
ENTRAN
Dip. Bueno Campos Roberto Eugenio
Dip. Cepeda Sierra Pedro Pablo
Dip. Correa Ceseña José Manuel
Dip. Cortés López Raquel
Dip. Hernández Flores Eugenio Javier
Dip. Infante González Víctor Roberto
Dip. Márquez Hernández Ranulfo
Dip. Oroz Ibarra María del Rosario
Dip. Rivera Pérez Eduardo
Dip. Sánchez Cortés Maricela
Dip. Velasco Ramos María Isabel
SALE:
Dip. Ramírez Agama Rafael
Diciembre 5
Proposición con Punto de acuerdo para que la H.
Cámara de Diputados celebre sesión para rendir homenaje a
los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Sydney 2000, y para que les sea entregado Reconocimiento
por la LVIII Legislatura a los deportistas que obtuvieron medallas Olímpicas
y Paralímpicas; a cargo de la Dip. Enriqueta Basilio Sotelo.
Diciembre 12
Reunión del pleno de la Comisión para presentar
a los nuevos integrantes, aprobación de la creación de las
subcomisiones de trabajo y opinión del punto de acuerdo sobre las
"porras bravas", salón B de restaurante Los Cristales.
Aprobación del punto de acuerdo relativo a la
seguridad y no violencia en los eventos y espectáculos deportivos
" Porras Bravas".
Diciembre 19
Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias con punto de acuerdo para que la H. Cámara de Diputados
celebre sesión para rendir homenaje a los atletas mexicanos que
participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos
celebrados en la ciudad de Sidney, Australia.
Diciembre 21
Sesión de homenaje, entrega de reconocimientos
a medallistas Olímpicos y Paralímpicos quienes participaron
en Sidney, Australia. Salón Verde.
Sesión de trabajo para elaborar la opinión
de la comisión sobre el presupuesto de egresos de la Federación
correspondiente al año 2001, en materia de deporte.
Diciembre 29
Entrega a la Mesa Directiva del dictamen correspondiente
al Punto de acuerdo relativo a la seguridad y no violencia en los espectáculos
deportivos "Porras Bravas" para su trámite correspondiente.
2001
Enero 16
Reunión de trabajo de la Mesa Directiva en la
sala de juntas de la Comisión.
Enero 17
Reunión de la Subcomisión de Juventud para
definir el programa de trabajo, sala de juntas de la Comisión.
Enero 30
Reunión de Trabajo de los integrantes de la comisión
con el Director de la Comisión Nacional del Deporte Profr. Nelson
Vargas Basañez en sus instalaciones.
Enero 31
Reunión Subcomisión de Juventud en la sala
de juntas de la Comisión con la finalidad de detallar el Plan de
Trabajo.
Febrero 6
Reunión de la Subcomisión del Deporte en
la sala de juntas de la Comisión.
Presentación ante el pleno de la Comisión
de los Coordinadores de las Subcomisiones, Plan de Trabajo y Discusión
del Art. 4º Constitucional; salón B del restaurante
Los
Cristales.
Febrero 19
Reunión de Trabajo con el Director General de
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría
General de la República, Lic. Pedro Peñaloza, salón
A
de Los Cristales.
Febrero 20
Reunión del pleno de la Comisión en el
salón
B del restaurante Los Cristales para aprobación
de actas de las sesiones anteriores, evaluación del trabajo de las
Subcomisiones.
Febrero 27
Desayuno Reunión de Trabajo de la Mesa Directiva
de la Comisión con el Lic. Cristian Castaño Director de Instituto
Mexicano de la Juventud, restaurante Los Cristales.
Palacio Legislativo, a 14 de marzo de 2001
Dip. Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Presidente
Dip. Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica)
Secretaria
Dip. Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica)
Secretaria
Dip. Mario Sandoval Silvera (rúbrica)
Secretario
Dip. Beatriz Cervantes Mandujano (rúbrica)
Secretaria
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DE ACTIVIDADES, DE SEPTIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001
Puntos de Acuerdo y reuniones celebradas
1. Sesión de instalación de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LVIII Legislatura. 17 de octubre de 2000.
2. Reunión en Cancún, Quintana Roo, con el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, con el fin de conocer las condiciones laborales de sus trabajadores, los problemas relacionados con estas empresas y los servicios públicos municipales, y plantear la importancia de que estas empresas contribuyan de modo más directo y comprometido al desarrollo de la zona. 25 al 27 de octubre de 2000.
3. Primera sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. 8 de noviembre de 2000.
4. Se realizó una Reunión en Aguascalientes, Ags., para conocer la metodología empleada en el último Censo Poblacional. 10 de noviembre de 2000.
5. La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios presentó ante el Pleno de la Cámara la Proposición de Punto de Acuerdo para la puesta en marcha del Programa Diputada Amiga-Diputado Amigo, con el fin de apoyar a los connacionales que radican en los Estados Unidos y Canadá ante las denuncias de violaciones a sus derechos humanos, y para ser recibidos, apoyados y protegidos en su reingreso al territorio nacional. 28 de noviembre de 2000.
6. Como resultado de la Proposición de Punto de Acuerdo que presentó ante el Pleno de la Cámara el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 12 de octubre de 2000, con el fin de que intervenga la embajadora Rosario Green, Secretaria de Relaciones Exteriores, para que se investigue sobre las prescripciones de drogas a emigrantes mexicanos en los hospitales psiquiátricos y escuelas del estado de Texas y la ciudad de Miami, Fla., en los Estados Unidos de América, se citó a reunión de trabajo al licenciado Juan Rebolledo Gout, Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y Europa. 28 de noviembre de 2000.
7. Segunda sesión ordinaria de trabajo de la Comisión. 6 de diciembre de 2000.
8. El 14 de diciembre se presentó la Proposición de Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Cámara por la Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas del grupo parlamentario del PRD, donde se solicita que el Director General de INEGI dé a conocer la metodología empleada por el Instituto en el levantamiento del último Censo poblacional, ante las denuncias reiteradas de algunos diputados y el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, en el sentido de que los resultados de dicho Censo no correspondían a una muestra censal realizada por el municipio, en función de lo cual se realizó una reunión con el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, funcionarios del INEGI y del Consejo Nacional de Población. 19 de diciembre de 2000.
El Punto de Acuerdo estableció que se realice una muestra representativa de un conjunto de áreas geográficas básicas, para que se confronte con los resultados de XII Censo general de Población y Vivienda 2000, realizado por el INEGI en el municipio de Nezahualcóyotl; se establece el requerimiento de un equipo humano con solvencia técnica y profesional, que garantice capacidad e imparcialidad, para lo que se propone al Consejo Nacional de Población, apoyado por una empresa privada profesional con igual solvencia, y se propone que se conforme una comisión de legisladores y funcionarios del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, quienes fungirán como observadores de estos trabajos.
9. Con relación al Punto de Acuerdo del día 14 de diciembre, tuvo efecto una reunión de esta Comisión con el Presidente Municipal de Nezahualcóyot, Estado de México, el Dr. Rodolfo Tuirán, Secretario General del Consejo Nacional de Población y el Director Regional Centro-Sur del INEGI. 20 de diciembre de 2000.
10. Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Asuntos Fronterizos de la República Mexicana, celebrado en la ciudad de Tijuana, BC, donde participaron los procuradores de derechos humanos de la zona fronteriza del Norte, con el objetivo de intensificar la vigilancia y procuración de los derechos humanos a los migrantes en un marco de corresponsabilidad. 26 de enero de 2001.
11. Reunión con los dirigentes de los jornaleros del Valle de San Quintín en Ensenada, BC, con el fin de conocer las condiciones laborales y de vida de los trabajadores migrantes en los campamentos. 27 de enero de 2001.
12. Tercera sesión ordinaria de trabajo de la Comisión. 7 de febrero de 2000
13. Reunión con directivos de la organización "Sin Fronteras", para establecer mecanismos de cooperación en beneficio de los trabajadores migrantes. 8 de febrero de 2001.
14. Reunión de la Comisión con miembros del Congressional Hispanic Caucus, a solicitud de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, para intercambiar información y criterios respecto a los problemas migratorios de la frontera Norte, obtener su apoyo ante dichos problemas y establecer una coordinación bilateral al respecto. 19 de febrero de 2001.
Atentamente
Dip. Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
Presidenta
Dip. Jaime Martínez Veloz
Secretario
Dip. Francisco Javier García Cabeza de Vaca(rúbrica)
Secretario
Dip. Petra Santos Ortiz (rúbrica)
Secretaria
Dip. Alfonso Guillermo Bravo y Mier (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, DE SEPTIEMBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001
MESA DIRECTIVA
Dip. Manuel Galán Jiménez
Presidente, PRI
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo
Secretario, PRI
Dip. Amado Olvera Castillo
Secretario, PAN
Dip. Abel Ignacio Cuevas Melo
Secretario, PAN
Dip. José A. Magallanes Rodríguez
Secretario, PRD
Dip. José A. Arévalo González
Secretario, PVEM
Dip. José Narro Céspedes
Secretario, PT
INTEGRANTES
Dip. Manuel Galán Jiménez, PRI
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo, PRI
Dip. Abel Ignacio Cuevas Melo, PAN
Dip. Amado Olvera Castillo, PAN
Dip. José A. Magallanes Rodríguez, PRD
Dip. José Antonio Arévalo González,
PVEM
Dip. José Narro Céspedes, PT
Dip. Hugo Camacho Galván, PAN
Dip. Adela Cerezo Bautista, PRI
Dip. Francisco Guadarrama López, PAN
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández, PAN
Dip. Rosalinda López Hernández, PRD
Dip. Julián Hernández Santillán,
PAN
Dip. Policarpo Infante Fierro, PRI
Dip. Víctor Roberto Infante González, PRI
Dip. Ranulfo Márquez Hernández, PRI
Dip. Enrique Martínez Orta Flores, PRI
Dip. Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, PRD
Dip. José María Eugenio Nuñez Murillo,
PAN
Dip. Guillermo Padrés Elías, PAN
Dip. Juan Paredes Gloria, PRI
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI
Dip. Valdemar Romero Reyna, PAN
Dip. Jaime Salazar Silva, PAN
Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad, PRI
Dip. Felipe Solís Acero, PRI
Dip. José Luis Ugalde Montes, PRI
Dip. Joel Vilches Mares, PAN
Dip. Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, PAN
Secretario Técnico: Lic. Jorge Vega Arroyo
INTRODUCCION
Como lo dispone el numeral 6, inciso b), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones legislativas de la Cámara rendirán un informe semestral de sus actividades, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En este sentido, la Comisión de Vigilancia presenta el informe de labores correspondiente al periodo de septiembre de 2000 a febrero de 2001.
El presente documento de informe se detalla en tres capítulos, los dos primeros relacionados con los eventos públicos de los Ejercicios de 1998 y 1999; en el tercero, se mencionan las diversas actividades de la Comisión de Vigilancia en la labor de coordinación y evaluación del órgano técnico de la Cámara de Diputados.
Las actividades de la Comisión de Vigilancia comprendidas en este periodo tienen sustento en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y en la nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
I. CUENTA PUBLICA FEDERAL DE 1998
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de 2000, el órgano técnico de la Cámara de Diputados entregó el Informe de Resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública de 1998.
En razón de que en la fecha que dispone la Ley para la entrega del informe de resultados, la Comisión de Vigilancia no había sido integrada por el pleno, ni instalada formalmente, la Contaduría Mayor de Hacienda entregó el informe de resultados a la Cámara, por conducto de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
Una vez instalada la Comisión de Vigilancia, se solicitó la entrega formal del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 1998 a la Contaduría Mayor de Hacienda; hecho lo anterior, se informó al pleno en sesión del 19 de octubre de 2000.
Como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 1998, se emitieron 3,562 observaciones recomendaciones a diversos entes públicos auditados, de las cuales al mes de diciembre de 2000 se obtuvo respuesta en 2,857 de ellas.
Se integraron expedientes para presentar denuncias penales ante el Ministerio Público Federal. Asimismo, al corte de diciembre se operaron resarcimientos, es decir, recuperación de fondos federales, por 89.6 millones de pesos y 1.8 millones de dólares.
También se observó que el mayor número de irregularidades se presentó en los órganos de control interno de las dependencias públicas.
Por lo anterior, dentro del marco de la estrecha colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, se dirigió oficio al titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que se atendieran las observaciones derivadas de la revisión y evitar así su futura reiteración.
II. CUENTA PUBLICA FEDERAL DE 1999
En lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública de 1999, en los primeros días de noviembre se recibió, por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe previo sobre la revisión de la Cuenta de este ejercicio fiscal.
Aquí, la Comisión informó al Pleno de la Cámara y presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el informe previo que remitió la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos legales conducentes.
Por otra parte, la Contaduría Mayor de Hacienda presentó a la consideración de esta Comisión la Primera Fase del Programa de Auditorías sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1999. En esta primera etapa, se acordó la practica de 336 auditorías.
Adicionalmente, la Comisión propuso la practica de las siguientes auditorías:
2) Al Servicio de la Administración de Bienes Asegurados, para verificar la recuperación de bienes asegurados por la Procuraduría General de la República, y que los registros, custodia y supervisión de los bienes, se hubiese realizado conforme a la normatividad aplicable.
3) A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de los gastos de comunicación social, impresión, publicación y difusión de información.
4) Al Programa de Empleo Temporal, revisiones en los estados de Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Sonora, para evaluar el proceso de programación, control y ejercicio de los recursos.
5) Al Fondo de Aportación en Materia de Seguridad Pública para Estados y Municipios, para revisar la aplicación en infraestructura, equipamiento y capacitación en los estados de Baja California, México y Sonora
6) A la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaria de Economía, para determinar si se ha cumplido la normatividad sobre los cupos de importación de productos agrícolas.
7) Revisión a los Programas: Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), a Distribuidora Conasupo (DICONSA), a Leche Industrializada Conasupo (LICONSA), así como a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
8) Al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, una revisión relativa al gasto de capital en obra pública, servicio vehicular y equipo de transporte.
9) Al Programa de Infraestructura Penitenciaria, revisión relacionada con la construcción de CERESOS y la gestión Financiera vinculada con la terminación de proyectos y obra de CEFERESOS.
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
III.1 Reuniones Ordinarias de la Comisión.
En el periodo que nos ocupa, la Comisión de Vigilancia a llevado a cabo 6 reuniones ordinarias de trabajo, a saber:
1. Reunión del 11 de octubre de 2000.
El miércoles 11 de octubre del año 2000 se declaró formalmente instalada la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Desahogando en dicha reunión los siguientes puntos:
b) Proposición presentada en sesión de la Cámara del 5 de octubre por el Grupo Parlamentario del PRD, para que la Contaduría Mayor de Hacienda entregue copia de la documentación relativa a los fideicomisos de Banca Unión, a cada una de los coordinadores parlamentarios de la Cámara. Se acordó que en próxima reunión los integrantes de los partidos representados en la Comisión fijaran una postura sobre el particular.
c) Solicitud para conocer los asuntos pendientes de la Comisión de Vigilancia de la LVII Legislatura. El acuerdo fue hacer una revisión de los archivos para conocer la existencia de los asuntos pendientes y darlos a conocer en la siguiente reunión.
b) Proposición con punto de acuerdo que presentó el Grupo Parlamentario del PT, para que la Contaduría Mayor de Hacienda informe de los Fideicomisos de Banca Unión. Aquí se consideró que los integrantes de la Comisión en próxima reunión, tomen una definición al respecto.
c) Proposición con punto de acuerdo que presentó el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión de la Cámara, del 26 de octubre de 2000, a fin de que se practique auditoría al Fideicomiso 322 Banobras. Se acuerda que se incluya la revisión en el programa de auditorías.
d) Propuesta para la creación de lineamientos generales que determinen los elementos que deben contener las solicitudes para la práctica de auditorías. Se acuerda que se presente, para su discusión, un proyecto de criterios generales que regulen las solicitudes para el ejercicio de auditorías.
e) El Contador Mayor de Hacienda informó del estado actual de los asuntos que maneja la Contaduría Mayor, vertió comentarios acerca de resultados de la Cuenta Pública del 98, del avance en la elaboración del informe previo de la Cuenta Pública de 1999, y su programa de auditorías para dicho ejercicio. La Comisión aprobó el programa de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública de 1999 de manera general.
f) Se propuso la creación de una Subcomisión, a fin de que lleve a cabo la revisión de los informes de ejercicio presupuestal que presenta la Contaduría Mayor de Hacienda. Se acordó nombrar la Subcomisión, quedando integrada por los ciudadanos diputados: José Luis Ugalde Montes (PRI), Guillermo Padrés Elías (PAN), Rosalinda López Hernández (PRD), José Antonio Arévalo González (PVEM) y José Narro Céspedes (PT).
g) Solicitudes de diputados locales del congreso de Yucatán para que se audite la aplicación de los recursos del ramo 33 en los Municipios de Kanasín y Progreso, del Estado de Yucatán. Se dio trámite a la solicitud.
b) Se discutió el Programa de Auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública de 1999, en lo particular. Se aprobó en lo particular el Programa, con excepción de la auditoría a la Universidad de Tamaulipas, quedando en suspenso hasta en tanto se discuta con rectores de las Universidades Públicas, la forma en que se llevarán a cabo dichas revisiones.
c) El Contador Mayor de Hacienda informó el estado que guarda la solventación de recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública de 1998.
b) Se acordó la celebración de una reunión con miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a fin de acordar la forma en que se practicarán auditorías a las Universidades Públicas del país.
c) Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión, solicitaron se supervise el proceso de Entrega Recepción de Bienes Asegurados por la PGR. Se acordó se hiciera llegar la solicitud al Auditor Superior para los efectos conducentes.
d) Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión para que se giren instrucciones al Auditor Superior, a fin de que las auditorías no solventadas, de automático se auditen para el próximo año. Se aprobó la solicitud.
e) Los Secretarios de la Comisión del Partido Acción Nacional, propusieron la creación de las siguientes subcomisiones de trabajo: de Seguimiento de Auditorías en Marcha; de Fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación; de Reingeniería Funcional de la Auditoría Superior de la Federación; y de Seguimiento de Recomendaciones. Se recibió la propuesta y se invitó a los integrantes al análisis de la misma.
b) El Auditor Superior de la Federación presentó a la Comisión el Programa Anual de Actividades de la Entidad Superior de la Federación, el que subdivide en tres grandes programas: Auditoría y Evaluación de la Gestión Gubernamental; Administración Interna de la Auditoría Superior, y Estrategia de Modernización e Innovación de la Auditoría Superior.
c) Se dio conocer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 8 de febrero de 2001, por el que se aumenta el número de secretarias de la Comisión de Vigilancia.
2. Atendiendo la anterior petición, en octubre de 2000, la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a quienes se les hizo saber la solicitud de los deudores de la Banca del Estado de Chihuahua, y se les pidió un estudio jurídico respecto de la procedencia del fideicomiso para la compra de cartera vencida de su deuda.
3. El 21 de diciembre de 2000, la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia, se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Organos de Fiscalización Superior del país.
Los representantes de ASOFIS, plantearon que se incluya dentro de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos económicos para los órganos técnicos de fiscalización de los Congresos locales.
4. Atendiendo solicitud de la Asociación de Farmacéuticos de México, el 23 de enero de 2001, la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia sostuvo una reunión de trabajo con miembros de esta organización.
Los miembros de la Asociación expresaron su rechazo a la probable reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para aplicar el impuesto a medicamentos. La Mesa Directiva concertó una reunión con la Comisión de Hacienda de la Cámara, para la atención de la inquietud de los miembros de la Asociación.
5. En Febrero de 2001, los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia, sostuvieron una reunión de trabajo con el CP Francisco Barrio Terrazas, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, con el propósito de iniciar una serie de trabajos conjuntos relacionados con la actividad de la Entidad Superior de Fiscalización.
6. El 22 de febrero, los miembros de la Comisión de Vigilancia sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
El propósito de esta reunión fue la discusión sobre la práctica de auditorías a las universidades públicas del país. En la misma, se acordó que una Comisión conjunta prepare un documento en el que se detalle el procedimiento y la forma en que se practicará la revisión de la gestión financiera de las universidades públicas.
7. Cabe precisar que para la revisión del ejercicio presupuestal, tanto mensual como anual, de la Auditoría Superior de la Federación, la Subcomisión encargada de esta tarea celebró 5 reuniones de trabajo en el periodo que se informa.
Asimismo, la Subcomisión llevó a cabo dos reuniones de trabajo, una para el análisis del anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación; y otra, para la propuesta de presupuesto de la Unidad de Evaluación y Control.
2. Proposición presentada en sesión de la Cámara, del 5 de octubre de 2000, por diputados del Grupo Parlamentario del PRD, a fin de que la Contaduría Mayor de Hacienda entregue una copia a cada uno de los Coordinadores Parlamentarios de la información derivada de los fideicomisos de Banca Unión. Se acordó que los partidos políticos representados en la misma, fijen una postura para analizarse y discutirse en una próxima reunión.
3. Proposición presentada en sesión de la Cámara del 19 de octubre, por el diputado José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario del PT, a fin de que la Contaduría Mayor de Hacienda informe sobre los fideicomisos constituidos en Banca Unión. Se resolvió en los mismos términos que el punto anterior.
4. Proposición presentada en sesión de la Cámara, del 26 de octubre de 2000, por el Diputado Jaime Salazar Silva del Grupo Parlamentario del PAN, a fin de que se practique una auditoría al fideicomiso 322 Banobras. Se acordó que la solicitud se incluya en el programa de auditorías.
5. Proposición presentada en sesión de la Cámara del 9 de noviembre de 2000, por el Diputado Amado Olvera Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN, a fin de que la Contaduría Mayor de Hacienda verifique e informe del seguimiento de las observaciones recomendaciones citadas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 1998.
6. Proposición presentada en sesión de la Cámara, del 7 de diciembre de 2000, por el Diputado Sergio Vaca Betancourt del Grupo Parlamentario del PAN, a fin de que se practique una auditoría a la Universidad Veracruzana. La Comisión consideró que la practica de auditorías a universidades públicas se lleven a cabo en tanto se defina el método para este tipo de revisiones.
7. Proposición presentada en sesión de la Cámara del 19 de diciembre de 2000, por el Diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de PT, a fin de que se practiquen auditorías de desempeño a diferentes programas sociales. Las propuestas de revisiones fueron consideradas dentro del Programa de Auditorías para la revisión de la Cuenta Pública de 1999.
8. Decreto relativo a la revisión de la Cuenta
pública de 1999, aprobado por el pleno de la Cámara, en sesión
del 27 de diciembre de 2000, derivado del dictamen que presentó
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En razón
que del mismo se derivan recomendaciones para la revisión de dicha
Cuenta, fue turnado a la Auditoría Superior de la Federación
para los efectos conducentes.
En diciembre pasado entró en vigor la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior.
Este nuevo ordenamiento dispone que la Comisión de Vigilancia evaluará si la Auditoría Superior cumple con las funciones que, conforme a la Constitución y la Ley, le corresponden.
Para efecto de lo anterior, la Comisión contará con una Unidad especializada para vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Entidad de Fiscalización Superior.
Este órgano se denomina Unidad de Evaluación y Control, y para el efecto de que cuente con los servidores públicos, unidades administrativas y de recursos económicos, la Comisión de Vigilancia propuso su presupuesto anual para el inicio de actividades para este año 2001. La propuesta se consideró en el Presupuesto de la Cámara de Diputados, y fue aprobada dentro del presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2001.
III.5 Foros y Conferencias
La Comisión de Vigilancia, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo una Conferencia Magistral sobre "Tendencias Actuales de la Fiscalización Superior".
La Conferencia fue ofrecida por el Señor Denis Desautels, Auditor General de Canadá, y tuvo lugar el 23 de enero de 2001, en el Salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados, a la que asistieron los Contadores Mayores de las Legislaturas Estatales y público en general.
MESA DIRECTIVA
Dip. Manuel Galán Jiménez (rúbrica)
Presidente, PRI
Dip. Francisco Cárdenas Elizondo (rúbrica)
Secretario, PRI
Dip. Amado Olvera Castillo (rúbrica)
Secretario, PAN
Dip. Abel Ignacio Cuevas Melo (rúbrica)
Secretario, PAN
Dip. José A. Magallanes Rodríguez (rúbrica)
Secretario, PRD
Dip. José A. Arévalo González (rúbrica)
Secretario, PVEM
Dip. José Narro Céspedes (rúbrica)
Secretario, PT