Dictámenes

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Votos Particulares

Que presenta el diputado Manuel Duarte Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción lI y 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 al 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México en esta LVllI Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron el 26 de octubre del año 2000 a esta H. Cámara de Diputados, una Iniciativa de "Ley de Ahorro y Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se Reforman y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito".

De igual forma, el mismo día 26 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa que expide la "Ley de Ahorro y Crédito Popular y que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito".

Dichas Iniciativas fueron turnadas inicialmente a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. No obstante, la Presidencia de la Mesa Directiva resolvió a principios de enero de 2001 reorientar sendas Iniciativas a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Como antecedentes inmediatos a estas iniciativas, con fecha 22 de marzo del año 2000, la Diputada Angelina Muñoz Fernández del Grupo Parlamentario del PRI sometió a la H. Cámara de Diputados una iniciativa con la que "pretendía modificar diversos artículos de las Leyes Generales de Sociedades Cooperativas y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito", misma que fue turnada a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, los Diputados integrantes de la mesa directiva de la Quincuagésima Segunda Legislatura del estado de Querétaro, presentaron a consideración de la Legislatura Federal la Iniciativa por la que se "reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas", habiéndose turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por último, en sesión celebrada el 27 de abril de 1999, se presentó por un grupo de Diputados de distintos Grupos Parlamentarios, la Iniciativa de "Ley de los Organismos Financieros del Sector Social de la Economía", misma que fue turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

De esta forma, después de analizarlas y evaluarlas, con la aportación de Senadores de la República y la de los sectores involucrados y con servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Patronato del Ahorro Nacional, a continuación se presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS.

La Iniciativa presentada por la Diputada Angelina Muñoz Fernández derivó de la falta de homologación de criterios entre la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito con la Ley General de Sociedades Cooperativas, ya que esta última contiene una regulación de actividades de ahorro y préstamo contrario al espíritu que anima a la primera, donde son únicamente las Sociedades de Ahorro y Préstamo los conductos apropiados para encauzar las acciones relativas al mejoramiento de la economía de aquellos que, reuniendo sus capitales personales en fines comunes, deciden emprender acciones para lograr que dichos capitales generen algún beneficio común e individual, proponiéndose así en la Iniciativa, entre otras cosas, la eliminación de la posibilidad que las sociedades cooperativas se dediquen a actividades de ahorro y préstamo, a través de la correspondiente modificación a su marco legal.

En este mismo sentido y por la falta de una regulación integral de las sociedades cooperativas, especialmente a las de ahorro y préstamo, y a las llamadas cajas populares, que se han mantenido al margen de la ley, la iniciativa proveniente de los diputados del estado de Querétaro de Arteaga, proponía incluir como requisito para la constitución de las cooperativas dedicadas a las actividades de ahorro y préstamo, el solicitar la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, preveía otorgar a las autoridades estatales, a través de las Secretaría de Finanzas de cada estado, facultades para intervenir en casos de presentarse problemas de solvencia de dichas entidades.

Por su parte, la Iniciativa de Ley de los Organismos Financieros del Sector Social de la Economía tuvo como fundamento el marco regulatorio deficiente, contradictorio y no adecuado a la naturaleza de los organismos financieros del sector social, situación que impedía su adecuada aplicación. Por ejemplo, se creaban sociedades cooperativas de servicios financieros sujetas para su autorización a una comisión mixta de regulación y registro, organismo público autónomo que no fue posible formalizar.

Cabe indicar que dicho proyecto se votó para su moción suspensiva, a efecto de perfeccionar la que se pretendía fuese la Ley. En tal virtud, la Mesa Directiva con fecha 14 de noviembre del año pasado, remitió a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social esta Iniciativa, para su mayor estudio.

En el curso de la actual Legislatura se han presentado en la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley orientadas específicamente para apoyar las actividades de ahorro y préstamo popular:

El segundo aspecto de diferencia en materia de ahorro y crédito popular es que tratándose del proyecto del PRI, se contempla a través de diez artículos Transitorios -Artículo Décimo Segundo al Vigésimo Primero- la propuesta de creación de un Fondo de Transición del Régimen Regulatorio del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, cuyo propósito es el de resarcir a los ahorradores de las cajas de ahorro que hubieran incurrido en insolvencia comprobada previa auditoría.

Al respecto, vale la pena recordar que el pasado 19 de diciembre se aprobó el Proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el artículo 51-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de año.

Para la elaboración del dictamen que dio sustento al proyecto anteriormente citado, se consideraron poco más de seis iniciativas y puntos de acuerdo que los distintos Grupos Parlamentarios y Congresos estatales, presentaron sobre la difícil situación de los afectados por las cajas de ahorro insolventes o intervenidas por la autoridad competente.

En suma, se puede decir que, salvo estas diferencias, prácticamente ambas Iniciativas son coincidentes en su contenido, por lo que pueden ser analizadas y dictaminadas de manera simultánea.

Conforme a lo anterior y de conformidad al espíritu de las Iniciativas, se puede señalar que para lograr un crecimiento económico alto y sostenido, se requiere contar con un sistema financiero sano y eficiente. De igual forma, el ahorro interno constituye un factor fundamental para promover la inversión y el empleo productivo y permanente.

Actualmente existen en México varios tipos de organismos que captan ahorro popular y otorgan créditos al consumo o a la producción de micro y pequeñas empresas y no obstante que, en términos de activos, el sector es relativamente pequeño si se compara con el sistema bancario, representando únicamente el 0.9% de los activos de la banca comercial, tiene una gran importancia social, económica y política, ya que atiende al 6% de la población económicamente activa.

Sin embargo, también es cierto que el actual marco regulatorio que las rige resulta deficiente y contradictorio, no siendo dicha legislación apropiada al objeto que pretende regular ni mucho menos está acorde a los lineamientos de un adecuado y seguro desarrollo financiero.

Se encuentran sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo que están facultados por ley para captar el ahorro de sus socios pero, a su vez, conviven un sinnúmero de agentes que ofrecen servicios similares para los cuales no están ni facultados ni apropiadamente regulados y supervisados, como las sociedades y asociaciones civiles tipo cajas solidarias y cajas populares.

Ejemplo de lo anterior es el artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el cual establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones administrativas bajo las cuales se regirán dichas entidades financieras, escuchando con tal fin la opinión de la Confederación Nacional respectiva y la del Consejo Superior del Cooperativismo; sin embargo, estas aún no han sido emitidas.

Por su parte, las Sociedades de Ahorro y Préstamo -SAP-, reguladas por la Ley General de Organismos y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) han sido objeto de una excesiva fiscalización sin que ello se traduzca en mayor eficiencia operativa, además de que por disposición legal se limita su derecho constitucional a la libre asociación, al no permitirse que estas sociedades puedan federarse para la defensa y representación de sus intereses gremiales.

Las demás figuras jurídicas existentes también tienen grandes deficiencias en su regulación, pero sobre todo en la vigilancia formal que la Secretaría de Hacienda ejerce sobre ellas, además de que no presentan ningún tipo de seguridad para sus socios, de cuyo resultado existen tristes experiencias recientes, que han tenido como resultado que ahorradores y usuarios se vean expuestos a riesgos y fraudes que, en muchas ocasiones, los han llevado a la pérdida de su patrimonio.

En el mismo sentido, las iniciativas señalan que a las entidades que realizan actividades de ahorro y préstamo popular, se les aplica, en forma supletoria, las disposiciones de la ley bancaria y mercantil que no tiene nada que ver con el espíritu asociativo y solidario que anima a este tipo de organismos.

Atendiendo a la experiencia internacional está comprobado que en los países en los cuales existe regulación específica para las actividades de los Organismos Financieros Solidarios, éstos han podido crecer y consolidarse como una alternativa atractiva para millones de personas en el mundo.

Las reformas financieras en nuestro país, han girado invariablemente en torno a la estructura y funciones del sistema bancario. Sin embargo, a pesar de ello, su profundización sigue siendo muy pobre en comparación con la de los otros países de dimensión económica similar a la de México y, como consecuencia de ello, los servicios bancarios siguen siendo muy limitados para amplios sectores de la población, sobre todo en determinadas regiones del país.

Tras la crisis financiera, la necesidad de establecer controles más rigurosos sobre la administración de riesgos y los costos de operación ampliaron las barreras para que los sectores de la población de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas pudieran acceder a los servicios proporcionados por el sistema formal.

De otra parte, la creciente participación de bancos internacionales y la mayor apertura del mercado de servicios financieros en México, ha motivado que el sistema bancario mantenga su orientación hacia los mercados globales, limitando su capacidad para emprender políticas más agresivas para el desarrollo e integración de los sectores de menor ingreso.

En tal sentido, existe la necesidad de crear un marco legal que como lo ordena nuestra Carta Magna en su artículo 25, "establezca los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social". Con estas iniciativas de ley se complementa una disposición fundamental de la Constitución que propicia el equilibrio entre los sectores público, privado y social, estableciendo para éste último disposiciones claras que lo estimulan y fortalecen, además de que se fundamenta en la tradición histórica solidaria del pueblo de México.

Derivado de la anterior, las iniciativas tienen por objeto crear un ordenamiento jurídico que regule, promueva y facilite el servicio y las actividades de captación de recursos, la colocación de crédito y el otorgamiento de servicios mediante su integración al Sistema de Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

Para ello, se contemplan dos tipos de entidades que podrán participar en este Sistema: la Cooperativa de Ahorro y Préstamo y las Sociedades Financieras Populares. Esta última es una nueva figura que tiene como propósito dar respuesta al reclamo de personas que desean continuar prestando servicios de ahorro y crédito sin adoptar la figura cooperativista.

De esta manera, mientras que la figura de Cooperativa de Ahorro y Crédito recoge los principios cooperativos que tradicionalmente han seguido las cajas populares, la figura de Sociedad Financiera Popular se constituye como una sociedad anónima que brinda servicios de ahorro y crédito popular.

La iniciativa introduce también el concepto de supervisión auxiliar, el cual responde al hecho de que los órganos de supervisión y vigilancia tradicionales se ven a menudo rebasados tanto por el gran número de dichas entidades, como por su amplia dispersión geográfica a lo largo de todo el territorio nacional.

Responde asimismo al principio de autogestión y autocontrol que rigen a este tipo de entidades, por lo que se propone que dichas actividades se lleven a cabo, de manera auxiliar, a través de las Federaciones, que se integrarán por las Entidades que opten por su afiliación. Cabe indicar que esto no implica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no pueda ejercer a su vez sus funciones de supervisión y vigilancia cuando lo considere necesario.

De acuerdo con el proyecto, las propias Federaciones serán las responsables de determinar el nivel de operación que puede desarrollar cada entidad, entre cuatro categorías, en función al número de socios, el monto de los activos y el ámbito geográfico en el que pretendan operar, entre otros criterios. La intensidad de la regulación dependerá del nivel de operación que se les asigne a cada uno de los intermediarios.

La supervisión deberá ser ejercida por un comité concebido como un órgano profesional e independiente. Por su parte, la autoridad deberá vigilar y supervisar que las Federaciones cuenten con la infraestructura necesaria para que cumplan eficientemente con su función.

Un aspecto muy importante de las iniciativas en comento es que se contempla la creación de un seguro de depósito y saneamiento que se constituirá por las aportaciones fijadas en función del pasivo de cada Entidad y del nivel de operaciones que se les asigne, buscando con ello otorgar protección a los depósitos de los ahorradores, hasta por un monto equivalente a 5 000 Unidades de Inversión.

Estas aportaciones y su administración estará bajo la responsabilidad primaria de las Confederaciones, organismos que se integrarán por lo menos con la participación de cinco Federaciones.

Existe prohibición expresa para que el Gobierno Federal, así como cualquier entidad de la Administración Pública Federal se responsabilicen del resultado de las operaciones que lleven a cabo las Entidades mencionadas, ni con respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o clientes.

De acuerdo con la experiencia, se establece que las Entidades deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas si están o no afiliadas a una Federación y de que cuentan con un seguro de depósito, además de que también lo deberán citar expresamente en su publicidad y en toda la documentación que entreguen al público.

Se contempla en el proyecto la posibilidad de participar como una Entidad no afiliada a ninguna Federación; en este supuesto, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo o las Sociedades Financieras Populares que cumplan con los requisitos de este ordenamiento, serán supervisadas y vigiladas de manera auxiliar por una Federación que al efecto les designe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otra parte, en las iniciativas se propone implementar un mecanismo de prevención o alerta temprana, cuyo objeto será identificar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole que presenten las Entidades y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, arriesgando los intereses de los ahorradores o sus asociados.

En tal sentido, se prevén para el caso de que una Entidad ya no fuera viable debido a su alto grado de deterioro, mecanismos de salida, orientados a beneficiar a los ahorradores en los procesos de fusión, escisión y liquidación de la propia Entidad.

Respecto del régimen de transición, se contempla otorgar a las empresas que actualmente captan y colocan recursos entre el público, un periodo transitorio de dos años para que, en caso de que deseen seguir prestando dichos servicios, puedan adoptar tanto las figuras jurídicas como los mecanismos que establece el Sistema de Ahorro y Crédito Popular, por lo que una vez concluido el plazo legal quedaría expresamente prohibido a cualquier persona física o moral, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, al margen de los mecanismos establecido por este proyecto.

Cabe indicar, que durante este periodo también se fortalecerá la capacidad de las Federaciones para llevar a cabo una supervisión eficiente y responsable. Asimismo, el periodo de transición permitirá que las entidades puedan cumplir con la regulación a que estarán sujetas y que fortalezcan su situación financiera.

En consideración a lo anterior, mediante un Artículo Segundo se propone reformar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, derogando las disposiciones relativas a las Sociedades de Ahorro y Préstamo, y suprimiendo la operación relativa a la recepción de depósitos de ahorro por parte de los socios de las Uniones de Crédito, con el fin de que estas últimas adopten en definitiva la figura de Entidad de Ahorro y Crédito Popular, en cualquiera de sus dos modalidades o bien, continúen sus operaciones pero absteniéndose de captar ahorros.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

Debe considerarse que para la realización de los proyectos en comento, los Diputados de los diversos Grupos Parlamentarios, han estado trabajando durante la LVII legislatura y ahora en esta LVIII, de manera conjunta con el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y demás autoridades financieras, junto con los representantes de las cajas de ahorro y préstamo, las sociedades cooperativas, las sociedades de ahorro y préstamo y demás interesadas en la realización de este proyecto para de esta manera establecer un nuevo Sistema de Ahorro y Crédito Popular que de, ante todo, mayor seguridad jurídica a todos los participantes en un marco claro y moderno de legalidad.

De igual forma, integrantes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social como de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con Senadores de la República, realizaron durante el mes de febrero y marzo pasado diversos viajes de trabajo tanto al interior del país, como por Canadá, Argentina y Brasil, con el fin de conocer y analizar la experiencia de las cajas de ahorro que han tenido un desarrollo y éxito ejemplar para la comunidad internacional.

Otro grupo de diputados tuvo como misión, en el marco de un análisis de carácter tributario, analizar las experiencias recientes en el desarrollo y evolución de las cajas de ahorro en el Reino Unido, Francia y España, país que se ha caracterizado por su especialización e importancia de este sector dentro de la Comunidad Europea.

Estos contactos directos con las cajas populares, así como con las oficinas de supervisión de las mismas y el intercambio de experiencias con parlamentarios locales y federales y especialistas sobre el tema, así como con diversos representantes de las entidades de ahorro y crédito popular, han permitido replantear y afinar algunas de las consideraciones originalmente contempladas en el proyecto que se dictamina.

Por otro lado, durante el mismo mes de febrero y en el marco del Congreso Nacional del Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, en el que se dio a conocer el Programa de Banca Social por parte del Gobierno Federal, se analizaron y discutieron con los principales representantes del sector, los objetivos y mecanismos que contempla el proyecto de Ley que se analiza.

Al respecto, dicho Consejo integra a poco más de 1.7 millones de socios a nivel nacional, cuenta con activos por 16 mil 581 millones de pesos y concentra una cartera de crédito vigente de 9 mil 391 millones, distribuida en 1.4 millones de préstamos.

Cabe indicar que en el curso de estos meses y como resultado del trabajo de las Comisiones Unidas se consideró conveniente realizar un número importante de modificaciones a las iniciativas originales, para darle mayor claridad, consistencia, seguridad y precisión a esta nueva Ley. También se realizaron cambios fundamentales en el funcionamiento de los diversos órganos, ya que se consideró conveniente especificar ciertas facultades de los distintos entes que forman parte del Sistema.

De esta manera, el objeto de la Ley es el de regular, promover y facilitar el desarrollo de las actividades financieras de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, definiendo un marco normativo de autorregulación que se ocupe de la organización, promoción, seguridad, sistema de protección de depósito y fortalecimiento de la actividad.

Esta Ley es de orden público y observancia general y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la misma. En este sentido, las que Dictaminan consideran adecuado la unificación que se pretende dar al tratamiento normativo de las figuras que actualmente operan en el sector del ahorro popular, creando así certeza jurídica a los ahorradores y proveyéndolos de una alternativa importante para mejorar su nivel de vida.

El esquema estará integrado por sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares que estén autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, por las Federaciones y Confederaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades y, en su caso, administren los fondos de protección.

Las Entidades tendrán un nivel de operaciones, de entre cuatro, dependiendo de las operaciones activas, pasivas y de servicios que podrá realizar, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la propia Comisión.

Asimismo, se contempla la creación de los Fondos de Protección, con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en caso de insolvencia de dichas entidades, con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Para evitar confusiones, se señala que las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

En el mismo sentido, se definen a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibido para cualquiera otra persona física o moral distinta a las señaladas, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional.

En el Título Segundo, Capitulo I, de Disposiciones Comunes, se indica que se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión para su organización y funcionamiento .

En los casos de sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, éstas podrán acudir directamente ante la Comisión para que les designe una Federación que se encargará de emitir el dictamen que se requiere para funcionamiento y para que realice la supervisión auxiliar. En caso de que exista un dictamen desfavorable se precisa el procedimiento que se podrá seguir.

Las Comisiones Dictaminadoras pusieron especial cuidado en el proceso de autorización. Así, por ejemplo, para la solicitud de procedencia se definen claramente los requisitos y documentación que deberá acompañarse para determinar su autorización, como el de número de socios, recomendaciones de dos entidades y un programa general de operaciones y de su capital social mínimo.

Cabe indicar que tanto la admisión como el retiro de socios se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Entidad, debiéndose informar en todo caso al consejo de administración. En este último caso, se considerará que no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente.

Dentro de la Ley se prevé que las Entidades deberán constituir los fondos sociales de reserva y de obra social. En el caso particular de las cooperativas deberán constituir un fondo de educación cooperativa.

Este fondo de reserva se constituirá al menos con el 10% de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades en el caso de Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente cuando menos al 10% del capital contable de la Entidad.

Por su parte, el fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinada por la asamblea general.

Las Entidades contarán con una Asamblea general; un Consejo de administración formado por no menos de 5 y no más de 15 personas, por un periodo máximo de 5 años; un Consejo de vigilancia o comisario; un Comité de crédito o su equivalente, y un director o gerente general, dependiendo del Nivel de Operaciones asignado y del índice de capitalización con el que cuenten.

Estas Comisiones Unidas consideran importante mencionar que las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, a efecto de mejorar el nivel de su administración, requisitos que también se aplicarán a los casos de Federaciones y Confederaciones.

Tratándose del director o gerente general de la Entidad, se estipula entro otros requisitos que debe de tener conocimientos y experiencia de por lo menos 3 años en materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones I y II, en cuyo caso, deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Federación a la que estén afiliados o realice las labores de supervisión auxiliar.

Una figura que contempla el presente ordenamiento y a la cual se le ha prestado particular cuidado es al comité de crédito o su equivalente -integrado por no menos de 3 ni más de 7 miembros-, que será el encargado de analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten a la Entidad los Socios o Clientes, así como las condiciones en que éstos se deberán otorgar, de acuerdo a las políticas definidas por el consejo de administración.

También se contempla la existencia de un consejo de vigilancia o comisario, el cual será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Se integrará por no menos de 3 personas ni más de 7 que deberán ser nombradas y removidas por la asamblea general.

Se establecen, entre otras facultades del consejo de vigilancia o comisario, la de asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo de administración; conocer de la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones y solicitar al auditor externo la información sobre el desarrollo y resultados de las auditorías realizadas.

Como obligaciones fundamentales tendrá la de Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de la Entidad y la de supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan.

Se establece que las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, comisarios, director o gerente general, dentro de los cinco días naturales posteriores a su designación.

Cabe indicar que la Comisión deberá expedir las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán, entre otras cosas, las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas, en un plazo no mayor a 180 días una vez publicado la presente disposición.

Se instituyen mecanismos preventivos y prudenciales a efecto de que las Entidades no celebren operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas de mercado, ni tampoco puedan otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o Nivel de Operaciones asignado. Asimismo se contemplan criterios para considerar cuáles serán las operaciones con personas relacionadas en las Entidades, así como sus reglas de procedencia y de manejo confidencial de la información con sus Federaciones y Confederaciones.

De acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, se precisa el tipo de operación que las Entidades podrán realizar. Al respecto y a diferencia del pasado, ahora se contempla una amplia gama de actividades y servicios.

También se establece, entre otras limitaciones, que tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según sea el caso.

Se definen los casos por los cuales la Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada así como su proceso y términos de liquidación y cancelación, a efecto de proteger tanto a los socios o clientes, así como para salvaguardar la estabilidad del Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

El Capítulo II, referente a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, define los requisitos y documentos necesarios para su constitución, tales como el de que no podrán tener menos de 200 socios en el caso de los niveles de operación II, III y IV; y 100 socios, en el caso del nivel I, pudiendo participar como socios personas morales, con excepción de las Instituciones Financieras. Dichas personas únicamente podrán emitir un voto en la asamblea de Socios de la Cooperativa de que se trate.

Se prevé que éstas podrán integrar a una institución fundadora sin fines de lucro, la cual tendrá como finalidad apoyarlas financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno.

Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios o reembolsada.

De acuerdo al Capítulo III, las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, pudiendo prestar servicios a sus socios como a terceros, y únicamente podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley.

Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, excepto por Instituciones Financieras a las que se refiere la fracción IV del artículo 2º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. No obstante, en determinadas situaciones podrán participar las uniones de crédito.

Se establecen límites para la tenencia accionaria por más de 3% y 10% del capital social de la Sociedad según se trate de persona física o moral. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el 10% del capital deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

En el mismo sentido, las que Dictaminan diseñaron diversas reglas para el caso de que este tipo de socios puedan recibir créditos de la misma o, al menos, acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad.

El Título Tercero, de los Organismos de Integración, se compone de cuatro Capítulos: Uno de Disposiciones Generales; otro de las Federaciones con sus respectivas Secciones relativas a su Organización y Objeto, de su Funcionamiento y de las Medidas Correctivas, de la Afiliación, de las Entidades No Afiliadas y de los Mecanismos de Resolución. El Capítulo III se refiere a la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones, mientras que el Capítulo IV contempla todo lo relacionado con el Fondo de Protección, elemento fundamental del esquema.

En Disposiciones Generales se indica que las Entidades se sujetarán a la supervisión de la Comisión, la que tendrá todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, también se establece que dichas facultades podrán ser ejercidas de manera auxiliar e indelegable por las Federaciones, mismas que se constituyen con la agrupación voluntaria de las Entidades.

De la misma forma, la Confederación se constituye con la agrupación de Federaciones, debiendo estar autorizada por la Comisión para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección y fungir como órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular.

Ambos organismos son instituciones de interés público, mismos que podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica y patrimonio propios, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas.

La Comisión es la responsable de su autorización dentro de un plazo de 90 días naturales, entendiéndose que la autoridad resuelve en sentido negativo si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado. Todas estas autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate.

Dentro de las actividades que las Confederaciones y Federaciones pueden realizar destacan las de prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación; contratar créditos con el objeto de canalizarlos a las Federaciones y Entidades afiliadas que lo requieran, así como homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos. También podrán integrar bases de datos para dar seguimiento al comportamiento crediticio de los acreditados de las Entidades, la calificación de riesgos, y en general su funcionamientos.

Como requisitos mínimos que deberán cumplir para ser autorizado son, en el caso de las Federaciones, tener cuando menos la solicitud de 10 Entidades que deseen afiliarse. En la Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos 5 Federaciones. No obstante ello, la Comisión por un plazo de 6 meses podrá otorgar a un determinado Organismo la autorización sin cumplir con el número de afiliados requerido.

En el mismo sentido, para el caso de una revocación de una autorización otorgada a una Entidad o a una Federación, las Federaciones y las Confederaciones, respectivamente, contarán con un plazo de 8 meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la revocación para tener el número mínimo de afiliadas, pudiéndose excepcionalmente ser prorrogado.

Al respecto, estas Comisiones Unidas estimaron necesario precisar que las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona.

Estos Organismos están obligados a proporcionar a sus afiliadas la información sobre los servicios que ofrecen, y sobre el Fondo de Protección, con el objeto de fortalecer la cultura financiera en general y del ahorro popular en particular. También están obligados a llevar un registro de sus afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá ser del conocimiento de la Comisión.

La Ley contempla con respecto a las Entidades y en su relación con los Organismos de Integración, varias obligaciones dentro de las cuales vale la pena citar las de aportar las cuotas periódicas que fije la asamblea general de afiliados de la Federación para su sostenimiento, cubrir el costo de supervisión auxiliar, y las aportaciones para la constitución del Fondo, así como cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate, así como con la regulación prudencial que establezcan los Organismos de Integración o la Comisión. Asimismo, deberán informar cuando se presuma fundadamente que se están llevando a cabo cualquiera de las conductas que señala el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Tratándose de los Organismos de Integración, la Comisión tendrá la facultad de revocar, previa audiencia, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, cuando se presentes las causales contempladas en la Ley en comento.

Cuando a una Federación le fuera revocada su autorización para operar, las Entidades deberán solicitar su afiliación a otra Federación o bien sujetarse al régimen de no afiliada.

La supervisión auxiliar por parte de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten a sanas prácticas financieras.

Al respecto, la supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión y con los términos de los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar.

Las Federaciones contarán, como órgano supremo, el de la asamblea general de afiliados, integrada por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal, dependiendo del nivel de operación asignado.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada y podrá estar integrada por un representante de cada Entidad afiliada, o bien, a través de un sistema de representación proporcional. Sin embargo, en ningún caso, una Entidad podrá representar más del 20% del total de votos.

El consejo de administración de la Federación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados de la Federación, cuyo número no será menor de 5 ni mayor de 15, debiendo fungir por un periodo máximo de hasta 4 años con posibilidad de una sola reelección.

Uno de los aspectos medulares del sistema que se propone, es el referente al Comité de Supervisión, el cual será el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan celebrado el contrato respectivo. Este deberá estar formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva.

Estas Comisiones Unidas consideran fundamental el hecho de que los miembros del Comité de Supervisión, que requieren cumplir con un número importante de requisitos, sólo podrán ser removidos de su cargo con la aprobación de la Comisión.

La Ley también prevé la posibilidad de que las Federaciones puedan acordar entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes, con el fin de optimizar recursos y eficientar sus resultados, actividad que requerirá autorización previa de la Comisión. En estos casos, los comités estarán integrados por un número impar de persona no menor a 5, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes.

Dentro de las facultades del Comité de Supervisión destacan las de solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para la supervisión auxiliar y proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión auxiliar.

Por lo que respecta a sus obligaciones, sobresalen las de expedir a las sociedades el dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos para constituirse como Entidades; llevar a cabo las tareas de supervisión, vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial, así como determinar la aplicación del programa de medidas correctivas.

En el caso de la Federación, su vigilancia interna deberá estar a cargo de un consejo de vigilancia, o su equivalente, encabezado por un contralor normativo, responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable. Deberá, igualmente, asistir con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración de la Federación.

Con relación a su funcionamiento y medidas correctivas las Entidades estarán obligadas, entre otras cosas, a proporcionar a su Federación todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación, en los términos del contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que corresponda, así como cumplir con las medidas correctivas que procedan y permitir la práctica de visitas y auditorías.

Las Comisiones Dictaminadoras estiman importante el hecho de que el Comité de Supervisión de la Federación deba clasificar a las Entidades en alguna de las cuatro categorías de capitalización que contempla esta Ley, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Comisión.

Al respecto, dicho Comité deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenarles la aplicación de medidas especiales con el objeto de prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores.

Para el caso, la legislación que se propone contempla de manera enunciativa y no limitativa, diversas medidas que deberán cumplir las Entidades, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas.

Llegado el extremo y la Entidad fuera clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico, el cual designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad.

A juicio del Comité de Supervisión y cuando se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad, previa audiencia de la Entidad de que se trate, podrá ordenarle la aplicación de medidas correctivas, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto por este ordenamiento.

Entre las causales que motivarán la remoción del director o gerente general y del consejo de administración destacan el que la Entidad reiteradamente incumpla con la regulación prudencial establecida, si realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas; si se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera; si proporciona dolosamente información falsa o incompleta a la Federación, o bien presta servicios distintos a los señalados en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar respectivo.

Es facultad de la Comisión considerar cuando estime que existen irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el declarar de inmediato la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor-gerente, el cual estará obligado a informar al Comité de Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos de resolución que más adelante se detallan.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad.

La Sección Tercera se refiere al proceso de afiliación por medio de contratos. Las Entidades podrán hacerlo con una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar, la cual, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección.

En el mismo sentido, se contempla la posibilidad de que una Entidad pueda solicitar en cualquier tiempo a su Federación su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado para el efecto y que determine la viabilidad financiera de la misma.

De acuerdo a diversas causales, la Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad.

Es importante, señalar que la Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho al reintegro de las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación.

Por lo que se refiere al régimen de las Entidades no afiliadas, detallado en la Sección Cuarta, se establece que se considerarán bajo este supuesto las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a la presente Ley para operar como Entidades, no hayan celebrado un contrato de afiliación con una Federación.

En tal sentido, la Comisión, deberá asignarle una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre ambas instancias.

En dicho contrato deberá establecerse, entre otras condiciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, así como el reconocimiento de la misma para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos de resolución que instrumente la Federación. Evidentemente, la Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar.

Uno de los puntos medulares que se contemplan en la Sección Quinta, Capítulo II del Título III de Ley se refiere a los mecanismos que se pueden adoptar para las Entidades, los cuales contemplan la escisión, su eventual fusión, así como su disolución y liquidación o venta, con el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus ahorradores.

En tal sentido, se prevé que el Comité Técnico contará con plazo que no excederá de 6 meses contados a partir de la aplicación de las medidas correctivas o de intervención para determinar de entre los mecanismos de resolución señalados, el que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección, con base en un estudio técnico que realice el auditor externo. En este sentido, dicho Comité fijará los plazos que considere adecuados

Estas Comisiones Unidas consideran necesario precisar que, en ningún caso se utilizarán recursos del Fondo de Protección en cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores para los procesos de escisión o fusión de las Entidades.

En este sentido, vale la pena reiterar que la garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección.

La disolución, liquidación y en su caso concurso mercantil de las Entidades, se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable, según corresponda a su naturaleza jurídica, en lo que no se oponga a lo establecido por esta Ley, y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones que se detallan en el cuerpo de la Ley.

A fin de evitar su deterioro acelerado, a partir de la fecha en que se admita la demanda de concurso mercantil de alguna Entidad, ésta deberá suspender la realización de cualquier tipo de operaciones, salvo las excepciones previstas en la propia Ley.

El Capítulo III se refiere a la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones, las cuales tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar.

Las Confederaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación.

La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas: a) por un representante de cada Federación afiliada, o b) a través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de Entidades, Socios y/o sus activos totales. En ningún caso, una Federación podrá representar más del 20% del total de votos.

El consejo de administración de la Confederación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general, cuyo número no será menor de 5 ni mayor de 15, por su parte, su vigilancia interna estará a cargo de un consejo de vigilancia, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente.

Por lo que se refiere a los consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá facultad de veto.

En opinión de las Comisiones Dictaminadoras, el Capítulo IV es fundamental porque regula todo lo relativo al Fondo de Protección. Así, precisa que las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores, el cual deberá constituirse por Confederación de la cual su Federación sea integrante.

También se contempla el caso de Federaciones que no formen parte de una Confederación, mismas que deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección y de no llegarse a un arreglo, la Comisión procederá con las Federaciones que no logren convenir lo anterior.

Tratándose de Entidades no afiliadas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar. Por excepción y a juicio de la Comisión, este tipo de Entidades podrá establecer su propio Fondo, cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en este Capítulo.

Las que Dictaminan estiman necesario señalar que el Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a 4 000, 6 000, 8 000 y 10 000 mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

También tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados con anterioridad, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores. Por ello, se consideró procedente establecer la obligación de las Entidades de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen.

Excepcionalmente, el Comité Técnico podrá autorizar apoyos de liquidez para aquellas Entidades que cuenten previamente con un estudio elaborado por auditor externo, que justifique que dicho apoyo resulta en beneficio de los ahorradores y que su costo es menor a otras alternativas. El apoyo que se otorgue deberá estar debidamente garantizado por la Entidad y sujeto a un programa de fortalecimiento financiero.

De acuerdo a lo señalado, cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá, entre otras facultades, la adopción de las medidas enfocadas a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Las que Dictaminan estiman importante mencionar que el Fondo de Protección se integrará con las aportaciones mensuales que deben cubrir las Entidades a la Confederación correspondiente, tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley.

Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general.

Se prevé la posibilidad de que el Comité Técnico, integrado por 5 miembros designados por el consejo de administración, pueda acordar la suspención temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el 5% del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo.

Dentro de las facultades que tiene el Comité Técnico destacan las de calcular mensualmente el monto de las aportaciones que se pagarán para la constitución del Fondo de Protección; instruir al fiduciario sobre los valores gubernamentales en los que deberá invertir los recursos del Fideicomiso; hacer públicas las bases conforme a las cuales se procederá a pagar a los ahorradores, así como el de designar, llegado el caso, al liquidador o síndico, cuando una Entidad se encuentre en estado de liquidación o concurso mercantil.

Cabe indicar que el Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos de resolución antes señalados.

En materia de Regulación Prudencial y de la Contabilidad a que se refiere el Título Cuarto, las que Dictaminan estiman pertinente mencionar que la Comisión será la responsable de emitir los lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como capital mínimo, provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios y mejores prácticas financiera, entre otros, que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades.

Conforme a la supervisión delegada, las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas. Por su parte, todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad en el plazo que al efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las Entidades podrán microfilmar o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad.

En esta materia, vale la pena puntualizar que la Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros.

En materia de Sanciones, Penas Convencionales y Delitos, establecidos en el Título Sexto, estas Comisiones Unidas apoyan el mecanismo para la aplicación de sanciones a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos que se estipulen en el contrato de afiliación respectivo, consistente en penas convencionales y multas.

Las multas y penas convencionales de que se trata, se aplicarán por parte de las Federaciones de acuerdo con lo establecido en los contratos que celebre con las Entidades afiliadas o con las que supervise de manera auxiliar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este esquema representa un mecanismo con mayor supervisión y, por ende, de mayor control de las Entidades del sector de ahorro y crédito.

Cabe indicar que el incumplimiento o la violación a las normas y a las disposiciones que emanen de esta Ley, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría.

Por su parte, las Federaciones en su reglamento interior deberán establecer penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo, ajustándose dichas penas a los parámetros dispuestos en este Capítulo.

Las que Dictaminan consideran necesario precisar que a un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refiere el articulado de la Ley, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades.

Se estipula que las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente. Procederá el recurso de revocación, el cual deberá interponerse por escrito también dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación.

La imposición de las multas a que se refiere este Capítulo puede ir desde los 100 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las Entidades y Federaciones que no cumplan con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general de afiliadas de la Federación, y en su caso de la Confederación, para el sostenimiento de las mismas hasta los 1,000 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones y Confederaciones que no permitan las visitas de inspección de las Federaciones o de la Comisión, según se trate, o bien que obstruyan las labores de supervisión.

Tratándose de las Federaciones que no cumplan con lo señalado en la presente Ley, se les podrá imponer sanciones de 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo las auditorías a los estados financieros de las Entidades en los términos señalados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las disposiciones que de ella emanen.

También se establecen sanciones con multa de 1,000 a 5,000 días de salario a los notarios, registradores, o corredores públicos que tramiten o inscriban actos que incluyan operaciones prohibidas por esta Ley, o bien autoricen la celebración de operaciones reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular a personas distintas a las Entidades, Federaciones y Confederaciones.

Por cuanto a los Delitos, las Comisiones Unidas estiman pertinente mencionar que se podrá imponer pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado.

Esta pena podrá ser del doble cuando los funcionarios o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes.

En los artículos transitorios se contempla todo lo relativo al esquema de transición al nuevo Sistema de Ahorro y Crédito Popular. Así, se establece que las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio del nuevo sistema, contarán con un plazo de 2 años para solicitar de la Comisión su autorización para operar como Entidad. Concluido este plazo, las sociedades que no hubieren obtenido esta autorización deberán abstenerse de captar recursos.

En los transitorios tambien se prevé que las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9 de la misma Ley.

A los Organismos de Integración que se autoricen dentro del plazo de un año conforme a la nueva Ley, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de 10 Entidades y 5 Federaciones afiliadas.

Se estipula que el Gobierno Federal podrá entregar recursos a las Entidades por única vez, a través de los mecanismos que para tal efecto establezca, con el objeto de que éstas los aporten a los Fondos de Protección en los que participen, pero no ser aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

También se prevé que las Entidades autorizadas en los primeros 2 años a partir de la entrada en vigor de la Ley, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años, mientras para las que se constituyan con posterioridad podrán utilizar los recursos del Fondo a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor.

A efecto de dar tiempo a la formación de las Confederaciones, las Comisiones Dictaminadoras consideraron necesario prever que las Federaciones autorizadas administren de manera provisional los fondos de protección, hasta que dichos organismos formen parte de alguna Confederación o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos.

También se consideró necesario establecer un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al nuevo esquema. De esta manera, durante los primeros 2 años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un 75% del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y a partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un 50% y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un 30%.

Por último, se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la presente Ley.

En suma, las Dictaminadoras consideran que con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se atendería adecuadamente a un sector de la población que reclama un ordenamiento jurídico que regule, promueva, asegure y facilite el servicio y las actividades inherentes a la captación de recursos, colocación del crédito, así como la capacitación a través de un sistema bien estructurado.

Por otra parte, la estructura de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular permitirá que cualquier persona física o moral, que desee incursionar en el sector del ahorro y crédito popular y cumpla con la regulación aplicable, lo haga de manera formal. Al respecto, sobresale la posibilidad que se abre a los sistemas de comercialización conocidos como "autofinanciamientos", contemplados en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que si así lo desean, puedan participar en este sector.

Estas Dictaminadoras consideran necesario dejar señalado que, en su oportunidad, se deberán prever los ajustes necesarios al marco fiscal para el debido tratamiento a las Entidades.

Asimismo y en atención a las diversas Iniciativas que ha turnado el Ejecutivo Federal en materia financiera, las Comisiones Unidas estiman apropiando promover la transformación del Patronato del Ahorro Nacional en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros como institución de banca de desarrollo, con el objeto de que dicha institución esté mejor preparada para apoyar el espíritu de esta nueva Ley, y coadyuve en su instrumentación, brindando servicios complementarios y canalizando los apoyos del Gobierno Federal a este importante Sector de Ahorro y Crédito Popular.

Por lo anteriormente expuesto, se somete el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la siguiente

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto:

Artículo 2º.- El Sistema de Ahorro y Crédito Popular estará integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que sean dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de esta Ley; por las Federaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas, así como por las Confederaciones autorizadas por la propia Comisión para que administren sus respectivos fondos de protección.

Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Se entenderá como ahorro y crédito popular la captación de recursos en los términos de esta Ley provenientes de los Socios o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes de pasivo directo o, en su caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, así como la colocación de dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes.

Artículo 5°.- Las operaciones que realicen las Entidades, únicamente estarán respaldadas por los Fondos de Protección con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Entidades ni los Organismos de Integración, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus Socios o Clientes.

Artículo 6°.- Las palabras Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad de Ahorro y Préstamo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera Popular, caja popular, caja de ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las Entidades que se autoricen para operar en los términos de esta Ley. Se exceptúa de la aplicación de lo anterior, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas en los términos de esta Ley.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 7º.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibida a cualquiera otra persona física o moral distintas a las señaladas en la citada fracción I del artículo 103, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Artículo 8º.- En lo no previsto por la presente Ley, a los sujetos de la misma se les aplicarán en el orden siguiente:

Artículo 9°.- Se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Entidades. Por su propia naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles.

Para obtener la autorización de la Comisión para operar como Entidad, las solicitudes deberán presentarse ante una Federación, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la solicitud.

La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen del dictamen favorable de la Federación respectiva. Las Federaciones remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y a su vez la Comisión entregará su resolución a través de dichas Federaciones.

Tratándose de aquellas sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, podrán acudir directamente ante la Comisión, a efecto de que ésta designe a la Federación que se encargará de emitir el dictamen correspondiente, y en caso de ser favorable, encargarse de su supervisión auxiliar, continuando con el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable de la Federación, podrá solicitar la revisión de éste ante la misma Federación. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Comisión quien deberá resolver sobre la misma. Las sociedades contarán con un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la Comisión dicha solicitud de revisión.

Las Federaciones contarán con un plazo de noventa días naturales para elaborar su dictamen y la Comisión contará con un plazo de ciento veinte días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las solicitudes a las Federaciones y recibidas éstas por la Comisión con toda la información y documentación a que se refiere el artículo 10.

Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido afirmativo la solicitud de autorización acompañada por el dictamen favorable de una Federación, si no comunica lo contrario a la sociedad, a través de la Federación correspondiente, dentro del periodo mencionado. Asimismo, se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario a la sociedad dentro del periodo mencionado.

Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Comisión a la Federación o sociedad, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Comisión para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida.

Las autorizaciones, así como las modificaciones a las mismas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que vaya operar. Las Entidades a las que se asigne el Nivel de Operaciones I estarán exceptuadas de la publicación en los periódicos de amplia circulación.

La Federación en su dictamen propondrá a la Comisión el Nivel de Operaciones que podrá asignarse, en su caso, a la sociedad. Cuando la Comisión otorgue la autorización referida, clasificará a la Entidad asignándole uno de entre cuatro niveles de operación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. Para que la Entidad cambie de Nivel de Operaciones se requerirá de la aprobación de la Comisión, previo dictamen de la Federación con quien tenga celebrado el contrato de afiliación o supervisión auxiliar.

Artículo 10º.- La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente:

La escritura o sus reformas, aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada.

En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o partidos políticos.

Artículo 11.- La admisión y retiro de Socios, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o bases constitutivas de la Entidad, informándose en todo caso al consejo de administración.

Las Cooperativas en sus estatutos o bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar su retiro de la Entidad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, así como que dichos Socios no podrán solicitar el retiro de sus aportaciones si con ello la Cooperativa incumple con las disposiciones aplicables relativas al capital social mínimo fijo o al índice de capitalización que deba mantener.

Artículo 12.- Las Entidades deberán constituir los fondos sociales siguientes:

Artículo 13.- El fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades por lo que se refiere a las Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento del capital contable de la Entidad.

Dicho fondo deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez y sólo podrá ser afectado cuando lo requiera la Entidad para afrontar pérdidas o restituir, en su caso, el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a los excedentes o utilidades. Se entiende por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de un año.

Artículo 14.- El fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinado por la asamblea general y se aplicará en los términos del artículo siguiente.

El fondo de obra social que se constituya conforme a este artículo, será administrado por el consejo de administración de la Entidad. Dicho consejo deberá elaborar un informe anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrará al informe anual de la Entidad que será hecho del conocimiento de su asamblea y de la Secretaría.

Artículo 15.- El fondo de obra social se destinará a la realización de obras sociales y adicionalmente en el caso de las Cooperativas, podrá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de Socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educativas para los Socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos.

Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la Entidad, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la Entidad.

Artículo 16.- Las Entidades contarán, cuando menos, con lo siguiente:

Artículo 17.- La asamblea ordinaria de las Entidades conocerá de todos los asuntos que le corresponda conforme a la ley y a los estatutos sociales o bases constitutivas que las rijan, pero será facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria decidir sobre los asuntos siguientes:

Será nulo todo acuerdo tomado en asamblea ordinaria o extraordinaria que contraviniendo las sanas prácticas financieras o las condiciones prevalecientes en el mercado, tenga como propósito provocar un deterioro en la condición financiera de la Entidad.

Artículo 18.- El consejo de administración de las Entidades estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, estos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado.

Lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará a consejeros que representen personas físicas en las Sociedades Financieras Populares.

Artículo 19.- Las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros.

Se entenderá por consejero independiente a la persona que sea ajena a la administración de la Entidad, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 20.- Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes:

La Comisión, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá exceptuar a las Entidades del Nivel de Operaciones I, de cumplir con el requisito señalado en la fracción VIII anterior, por lo que se refiere al desempeño de un cargo público.

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones indelegables del consejo de administración:

Dicho comité estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete, que serán designadas y aprobadas por el consejo de administración. Éstos no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, a excepción de la fracción I, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

Artículo 27.- Los miembros del comité de crédito o su equivalente, en su caso, serán removidos de su cargo a propuesta del director o gerente general y/o por acuerdo del consejo de administración.

El consejo de administración emitirá los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberá ajustarse el comité de crédito o su equivalente.

Artículo 28.- El consejo de vigilancia o comisario será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Tratándose del consejo de vigilancia, estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete nombradas y removidas por la asamblea general, las cuales no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, estos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Artículo 29.- Son facultades del consejo de vigilancia o comisario:

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Entidad de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren el artículo 21.

Las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Artículo 32.- La Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas. Las reglas generales que establezcan los criterios para asignar el Nivel de Operaciones de cada Entidad deberán considerar entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la Entidad; el número de Socios o Clientes; el ámbito geográfico de las operaciones; y la capacidad técnica y operativa de la Entidad.

Las Entidades que se ubiquen en el Nivel de Operaciones IV que establezca la Comisión, estarán obligadas a llevar a cabo un programa de auditoría legal en los términos que indique la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, debiendo proporcionar a la Federación el dictamen de su auditor legal externo.

Artículo 33.- Las Entidades no podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas del mercado que de manera general aplican las Entidades del mismo tipo, ni tampoco podrán otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o al Nivel de Operaciones que les hubiere asignado la Comisión.

Los intereses de las operaciones pasivas a cargo de las Entidades que no tengan fecha de vencimiento, y que en el transcurso de cinco años, contados a partir del último movimiento del Socio o Cliente, no hayan tenido movimientos por retiros o depósitos y con un saldo que no exceda del equivalente a una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la Entidad para ese efecto.

Cumplido el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, cuando el Socio o Cliente se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, la Entidad deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a su cuenta y de acuerdo con la parte proporcional que le corresponda, actualizando el saldo a la fecha.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se abonen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente de trescientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Entidad.

Los contratos en los que se hagan constar los créditos que otorguen las Entidades, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el consejo de administración de la Entidad, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores.

Artículo 34.- Las Entidades en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al Cliente, depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los recursos ahorrados o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos en que proporcionen información a las Federaciones en términos de esta Ley, así como en los casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 35.- Las Entidades requerirán del acuerdo de, por lo menos, las tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las Entidades en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas de las operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del cincuenta por ciento del capital social pagado incluidas las reservas de capital y los remanentes o utilidades acumulados de la Entidad.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general para establecer la forma y términos en que deberán ser aprobadas las operaciones con personas relacionadas.

Artículo 36.- Las Entidades, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes:

Las Entidades únicamente podrán recibir depósitos de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los Niveles de Operaciones III y IV y obtengan autorización de la Comisión.

Las Entidades tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según se trate.

En ningún caso las Entidades podrán autorizar a sus Socios o Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el Título Primero Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, a las Entidades les estará prohibido realizar aquellas operaciones que no les estén expresamente autorizadas.

Artículo 37.- La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el artículo 9°, según corresponda, en los casos siguientes:

La revocación incapacitará a la Entidad de que se trate para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma y se pondrá en estado de disolución y liquidación sin necesidad del acuerdo de la asamblea de Socios.

La Comisión podrá promover ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado. Cuando la propia Comisión encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación de la Entidad, podrá hacerlo del conocimiento del juez competente para que ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días hábiles a partir del mandamiento judicial. Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo de sesenta días hábiles, ante la propia autoridad judicial.
 
 

Artículo 38.- La constitución de las Cooperativas se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo I de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con excepción de lo siguiente:

Artículo 40.- La Cooperativa podrá integrar a una institución fundadora, la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno. No podrán participar en tales órganos las instituciones que realicen actividades políticas partidistas.

La institución fundadora estará conformada como una persona moral sin fin de lucro; estará representada en la asamblea general y en el consejo de administración por un número de votos que no podrá ser mayor al quince por ciento del total, y en el comité de vigilancia por un número de votos que no será mayor al treinta por ciento del total, y no podrá recibir préstamos por parte de la Cooperativa.

Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios. En ningún momento la Cooperativa podrá reembolsar dichas aportaciones a la institución fundadora.

En caso de que la Cooperativa llegara a liquidarse y existan remanentes, deberán destinarse al Fondo de Protección de la Confederación que corresponda.

Artículo 41.- Las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, tendrán duración indefinida y establecerán su domicilio en territorio nacional, pudiendo prestar servicios tanto a sus Socios como a sus Clientes, en los términos que esta Ley establece. Solo podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley.

Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo obligatorio con arreglo a esta Ley, estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro.

Artículo 42.- El capital mínimo de las Sociedades Financieras Populares deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de iniciar operaciones, o a más tardar dentro de los noventa días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión, del testimonio de su escritura o bases constitutivas, lo que ocurra primero.

Artículo 43.- Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del artículo 2º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las uniones de crédito podrán participar en el capital social de las Sociedades Financieras Populares, en los términos señalados en este Capítulo, debiendo en todo caso para efectos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, restar de su capital social, el importe correspondiente al capital invertido en la Sociedad Financiera Popular de que se trate.

Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas.

Artículo 44.- Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más del tres y diez por ciento del capital social de una sociedad financiera popular, respectivamente. Para efectos de lo señalado en este artículo, se considerarán como una sola persona a aquéllas que tengan vínculos patrimoniales entre sí, o que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, o civil.

Artículo 45.- Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular hasta por un monto equivalente al tres por ciento del capital social de dicha Sociedad. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

Artículo 46.- Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular, por mas del uno por ciento del capital social de la Entidad, no podrán recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad. Las personas morales que posean hasta el cinco por ciento del capital de la Sociedad Financiera Popular y que cuenten con más de cincuenta socios, podrán recibir créditos, previo acuerdo de las dos terceras partes del consejo de administración.
 
 

Artículo 47.- Las Entidades estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas facultades podrán ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera auxiliar por las Federaciones autorizadas conforme al presente Título.

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones ejercerán las facultades de supervisión auxiliar de las Entidades.

Artículo 48.- La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de Entidades, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables.

Artículo 49.- La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley. Además será el órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular.

Artículo 50.- Los Organismos de Integración serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica, siempre que no tenga fines lucrativos. Las actividades de las Federaciones y las Confederaciones serán las propias de su objeto y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas.

Artículo 51.- La solicitud de autorización para operar como Federación y Confederación, deberá presentarse ante la Comisión, acompañando la documentación e información que dicha Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general. Las autorizaciones que, en su caso, otorgue la Comisión serán por su propia naturaleza intransmisibles.

La Comisión contará con un plazo de noventa días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización, si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado.

Las autorizaciones de Federaciones y Confederaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate.

Artículo 52.- Las Confederaciones y Federaciones podrán además realizar las siguientes actividades:

Artículo 53.- Los requisitos mínimos que deberá cumplir un Organismo de Integración para ser autorizado, serán:

Artículo 54.- Las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona.

Artículo 55.- Cada Organismo de Integración formulará su reglamento interior, que deberá contener, entre otras, las normas aplicables a:

Artículo 57.- Los Organismos de Integración autorizados llevarán un registro de Entidades o Federaciones afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá proporcionarse a la Comisión mediante los medios que ésta señale en disposiciones de carácter general, a efecto de que ésta determine los medios para hacerlo del conocimiento público.

Artículo 58.- Las Entidades, en su relación con los Organismos de Integración, tendrán las obligaciones siguientes:

Artículo 60.- La Comisión, previa audiencia del Organismo de Integración de que se trate, podrá revocar, a su juicio, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, en los casos siguientes:

Artículo 61.- Las Entidades afiliadas a una Federación cuya autorización hubiere sido revocada por la Comisión, deberán solicitar su afiliación a una Federación distinta o sujetarse al régimen de Entidad no afiliada en un término no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación antes citada.

Artículo 62.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la supervisión auxiliar de las Entidades a cargo de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia, en los términos que indique la Comisión en disposiciones de carácter general.

La supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión, con los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate y con las demás disposiciones aplicables.

Artículo 63.- Las Federaciones deberán contar con una asamblea general de afiliados que será el órgano supremo de la Federación y estará integrado por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal.

La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Federaciones de alguno de los órganos o personas antes indicados.

Estos órganos, el gerente general y el contralor normativo, así como el auditor legal, tendrán las atribuciones que se señalen en esta Ley, en los estatutos sociales, en las reglas que emita la Comisión y demás disposiciones aplicables.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada.

Artículo 64.- La asamblea general de afiliados de la Federación podrá estar integrada, a elección de las Entidades:

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Confederación.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 66.- El consejo de administración nombrará gerente general de la Federación a la persona que reúna los requisitos siguientes:

Este comité estará formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva, de entre los cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los resultados de su gestión al consejo de administración y a la Comisión.

Los miembros del Comité de Supervisión únicamente podrán ser removidos de su cargo, contando con la aprobación de la Comisión, quien escuchará al interesado.

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario:

En el caso de comités de supervisión comunes, éstos estarán integrados por un número impar de personas, no pudiendo ser menor a cinco, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes.

Artículo 68.- Son facultades del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes:

Tratándose del consejo de vigilancia, éste será encabezado por un contralor normativo, quien será elegido por el consejo de administración y aprobado por la asamblea general, y será el responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable.

El contralor normativo realizará las siguientes funciones:

Los miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 71.- Las Federaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Federación de que se trate y bajo protesta de decir verdad que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 21, tratándose de consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo; y 67 incisos c), d) e), f), g) y h), para los miembros del Comité de Supervisión.

Las Federaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del Comité de Supervisión y del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá la facultad de veto.
 
 

Artículo 72.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 47, las Entidades estarán obligadas a:

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las medidas correctivas mínimas con que deberán cumplir las Entidades, así como sus características y plazos para su cumplimiento de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas. El Comité de Supervisión de la Federación deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenar a éstas, la implementación de medidas especiales adicionales a las anteriores.

Estas medidas tendrán por objeto prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores.

Artículo 74.- De manera enunciativa y no limitativa, las Entidades deberán cumplir con las medidas que se indican a continuación, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas:

Artículo 75.- En caso de que una Entidad fuese clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico. Este último, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos señalados en el artículo 90.

Artículo 76.- Cuando de los dictámenes del Comité de Supervisión se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad y no ponga en riesgo los intereses de los ahorradores, dicho Comité, previa audiencia de la Entidad de que se trate, ordenará a la Entidad la aplicación de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de este ordenamiento.

Artículo 77.- El Comité de Supervisión de la Federación, previa audiencia de la Entidad de que se trate y de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que ésta haya celebrado con la Entidad, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, informando esta situación al Comité Técnico, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la solvencia de la Entidad y pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. En este caso, el Comité Técnico, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Entre las causales que motivarán la remoción a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran:

Artículo 78.- Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en las Entidades y determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor-gerente.

El interventor-gerente deberá informar al Comité de Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 79.- El interventor-gerente tendrá todas las facultades que correspondan al consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad, estando obligados éstos a proporcionarle toda la información y otorgarle las facilidades que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

También tendrá plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo con el presidente de la Comisión y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la Entidad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de Socios y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

En caso de no encontrarse presente el director o gerente general al momento de la intervención, el interventor-gerente se entenderá con cualquier funcionario de la Entidad que se encuentre presente.

En el caso que señala el párrafo anterior, el director o gerente general será responsable de los actos y operaciones que hubiere realizado contraviniendo lo dispuesto en ésta u otras leyes aplicables.

El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión. Cuando ésta acuerde levantar la intervención, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio, a efecto de que se cancele la inscripción respectiva.

Artículo 80.- En aquellos casos previstos en los artículos 75, 77 y 78, las personas que tengan a su cargo la administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus operaciones o el cierre de oficinas y sucursales, con aprobación del Comité Técnico, debiendo tomar las medidas necesarias para que la Entidad no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones a su cargo hasta en tanto se adopte algún mecanismo de los previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley.

Lo anterior, con excepción del pago a los ahorradores que podrá ser hasta por el cincuenta por ciento del monto garantizado por el Fondo de Protección para la Entidad de que se trate, de conformidad con lo que determine el Comité Técnico, siempre que los depósitos sean líquidos y exigibles. Dichos pagos se descontarán del monto garantizado a que se refiere el artículo 106.

El monto de los depósitos que no hubieran sido pagados conforme a lo anterior, se renovarán a las mismas tasas de interés pactadas originalmente y hasta la fecha en que se adopte el mecanismo correspondiente.
 
 

Artículo 81.- Las Entidades podrán afiliarse a una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar. La Federación, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero.

La Federación publicará semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, la lista de sus Entidades afiliadas.

Artículo 83.- Para formalizar el contrato de afiliación deberá cumplirse cuando menos con lo siguiente:

 
I. Exhibir acta del acuerdo de asamblea de la Entidad en la que se haya acordado la afiliación correspondiente;

II. Contar con el dictamen favorable de la Federación, y

III. Contar con la autorización de la Comisión, para operar como Entidad.

Artículo 84.- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento a la Federación correspondiente su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado por la Federación y con cargo a la Entidad, que determine la viabilidad financiera de la misma.

Artículo 85.- La Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad cuando ésta incumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 58 fracción VI, así como en los casos previstos en su reglamento interior.

Artículo 86.- La Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación.

Para los efectos de los artículos 84 y 85, la Federación continuará ejerciendo sobre la Entidad desafiliada, las labores de supervisión auxiliar, debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión en términos del artículo 88 de esta Ley, hasta en tanto celebre un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, o se sujete al régimen de Entidad no afiliada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 87.- Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Entidades, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Entidades no afiliadas.

La Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º, asignará a las Entidades no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Entidad no afiliada.

La formalización del contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado la asignación de la Federación que supervisará de manera auxiliar a la Entidad, la cual deberá enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva.

Artículo 88.- En el contrato de supervisión auxiliar que celebre la Entidad no afiliada, deberá establecerse, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación.

La Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar.

Artículo 89.- Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Entidades no afiliadas estarán sujetas a lo siguiente:

Artículo 90.- Para los efectos de esta Ley, se podrán utilizar los siguientes mecanismos:

La selección del mecanismo que se adopte deberá realizarse con base en un estudio técnico, elaborado por un auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la idoneidad de dicho mecanismo.

Artículo 92.- Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir, la escisión, fusión o venta de la Entidad, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos financieros tendientes a cubrir los costos derivados de la aplicación de los mecanismos adoptados.

En ningún caso, en los documentos en que se implementen los actos necesarios para llevar a cabo la escisión, fusión o venta de la Entidad, podrá establecerse a cargo del Fondo de Protección, el pago de cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores en términos del artículo 106 de esta Ley.

Tales apoyos financieros deberán quedar garantizados con los títulos representativos del capital social de la Entidad, para lo cual la persona que tenga a su cargo la administración podrá efectuar la afectación en garantía correspondiente.

La garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección. El producto que se derive del ejercicio de los derechos patrimoniales, será a favor del Fondo de Protección.

Artículo 93.- Si la Entidad requiere ser capitalizada para implementar los mecanismos de escisión, fusión o venta, el Fondo de Protección, en ejercicio de los derechos corporativos de los títulos representativos del capital social de las Entidades conforme al artículo 92, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente:

En beneficio del interés público, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las Entidades, deberá preverse expresamente lo dispuesto en el artículo 92, así como el consentimiento de los Socios a las condiciones previstas en el mismo.

Artículo 94.- Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir la disolución y liquidación de la Entidad y el consecuente pago de los depósitos de dinero, los pasivos a cargo de la Entidad serán cubiertos de conformidad con lo señalado en el Capítulo IV de este Título.

Artículo 95.- Las Entidades se disolverán por las causas siguientes:

El Comité Técnico del Fondo de Protección, será quien le solicite al juez la implementación de las medidas de apremio necesarias. Corresponderá al Comité Técnico proponer al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercantil de una Entidad.

Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la aprobación del Comité Técnico, no podrán ser objetadas por la Entidad.

Cuando se declare el concurso mercantil de una Entidad, el procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra.
 
 

Artículo 98.- Las Confederaciones, además de su objeto señalado en el artículo 49, tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones afiliadas dentro de los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar.

Las Confederaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación.

Artículo 99.- Las Confederaciones deberán contar con una asamblea general que será el órgano supremo de la Confederación, y estará integrada por los representantes de las Federaciones afiliadas. Las Confederaciones contarán además con los órganos señalados en el artículo 63, salvo por lo que se refiere al Comité de Supervisión, los cuales se regirán conforme a lo previsto en el mismo.

Artículo 100.- La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas:

Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección. El presidente del consejo de administración tendrá voto de calidad en caso de empate.

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Federación.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 102.- El consejo de administración de la Confederación nombrará al gerente general, quien deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 66.

Artículo 103.- La vigilancia interna de la Confederación estará a cargo de un consejo de vigilancia y un contralor normativo, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente.

Los miembros del consejo de vigilancia, el auditor interno o su equivalente, deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 104.- Las Confederaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Confederación de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

Las Confederaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, la Comisión tendrá la facultad de veto.
 
 

Artículo 105.- Las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores denominado Fondo de Protección, que deberá constituirse por cada Confederación de conformidad con lo señalado en el artículo 107.

Para tales efectos, las Entidades afiliadas a una Federación deberán participar en el Fondo de Protección constituido por la Confederación de la cual la Federación sea integrante.

Las Federaciones que no formen parte de una Confederación, deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección. La Comisión procederá en términos del artículo 37, con las Federaciones que no logren convenir lo anterior.

Tratándose de Entidades no afiliadas, éstas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar.

Excepcionalmente y a juicio de la Comisión, las Entidades no afiliadas podrán establecer su propio Fondo de Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en el presente Capítulo.

Artículo 106.- El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatro mil, seis mil, ocho mil y diez mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Asimismo, tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 92, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores.

Excepcionalmente, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos preventivos de liquidez a las Entidades que participen en el mismo, siempre y cuando se cuente para ello con:

Una vez cubierto el pago por parte de la Entidad de los apoyos otorgados, el Comité Técnico podrá levantar las medidas que le hayan sido impuestas a la Entidad, de conformidad con lo establecido en el programa de restauración de capital.

Las Entidades tendrán la obligación de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen.

Artículo 107.- Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Artículo 108.- El Fondo de Protección se constituirá e integrará con las aportaciones mensuales que deberán cubrir las Entidades por este concepto a la Confederación correspondiente, mismas que se determinarán tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley. El rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones y la forma para calcular y pagar mensualmente la aportación respectiva, serán determinados por la Comisión a través de reglas de carácter general.

Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general.

Las Federaciones respectivas deberán entregar al Comité Técnico la información que éste requiera para determinar las aportaciones, de conformidad con el artículo 111, fracción I, de esta Ley.

El Comité Técnico podrá acordar la suspensión temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el cinco por ciento del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo.

Artículo 109.- En el contrato de fideicomiso respectivo deberá preverse que para el cumplimiento de sus fines, el fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás atribuciones y obligaciones que las leyes le establecen, las siguientes:

El nombramiento de los miembros del Comité Técnico sólo podrá recaer en personas que reúnan los requisitos que fije la Comisión mediante reglas de carácter general.

Artículo 111.- El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

Para el cálculo de los intereses señalados, se deberá considerar por lo menos el interés que hubiesen generado las aportaciones no pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de Protección.

Artículo 113.- Las Confederaciones, deberán informar mensualmente a la Comisión y a los ahorradores mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales de las Entidades, sobre el estado que guarde el Fondo de Protección cuya vigilancia les haya sido encomendada, así como de los pagos que se hayan tenido que efectuar con arreglo a este Capítulo.

Artículo 114.- El Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 115.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, se considerará el principal y los accesorios del depósito de dinero en cuestión que no hubieren sido pagados, independientemente de las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero a cargo de la Entidad, y descontando el saldo insoluto de los créditos con respecto de los cuales sea titular el ahorrador.

El monto a ser pagado a cada depositante de acuerdo a lo establecido en este Capítulo quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que se declare la disolución y liquidación de la Entidad o se decrete su concurso mercantil. El pago de los depósitos se realizará en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que se cubra el pago correspondiente.

En caso de que un ahorrador tenga más de una cuenta en una misma Entidad y la suma de los saldos de éstas excediera la cantidad señalada en el artículo 106, el Fondo de Protección únicamente procurará cubrir dicho monto de cobertura, dividiéndolo a prorrata entre el número de cuentas.

La forma y términos en que se cubrirán las cantidades que correspondan se establecerán en las reglas de carácter general que al efecto emita la Comisión.
 
 

Artículo 116.- La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios, mejores prácticas financieras y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades. También emitirá reglas relativas al capital mínimo que deberán mantener las Entidades, así como los requerimientos de capitalización aplicables en función de los riesgos de crédito y, en su caso, de mercado en que incurran las Entidades.

Asimismo la Comisión también estará facultada para establecer las bases sobre las cuales deberán invertirse los excedentes de captación que tengan las Entidades del Nivel de Operaciones IV, así como para determinar la parte de los pasivos que deberá estar invertida en depósitos de efectivo, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inversiones.

Las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas.

Artículo 117.- Todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad. La contabilidad, los libros, y demás documentos correspondientes, así como el plazo que deberán conservarse se regirán por las reglas de carácter prudencial que al efecto expida la Comisión.

Las Entidades podrán microfilmar o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o grabación, su manejo y conservación establezca la Comisión.

Los negativos originales de cámara o las imágenes grabadas por cualquier otro medio autorizado por la Comisión, obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la Entidad, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.

Artículo 118.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros. La formulación y difusión de tales estados financieros será bajo la responsabilidad del consejo de administración de las Entidades, quien deberá cuidar que éstos revelen la verdadera situación financiera de la Entidad, y quedará sujeto a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esa situación.

Dichos estados financieros deberán ser presentados a la Federación que la supervise de manera auxiliar, junto con la información que dicha Federación les solicite al respecto, con la anticipación que determine la Comisión en reglas de carácter general.

La Federación, o en su caso la Comisión, podrán ordenar que se publiquen las correcciones a los estados financieros que considere necesarias, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o del acuerdo correspondiente.

Artículo 119.- Los estados financieros anuales de las Entidades deberán ser dictaminados a su costa por un auditor externo independiente, quien será designado por la Entidad supervisada. El Comité de Supervisión tendrá la facultad de veto respecto a la designación efectuada. La Comisión en disposiciones de carácter general podrá eximir de dicho dictamen a las Entidades que tengan asignado los Niveles de Operaciones I y II.

El mencionado auditor, deberá comunicar a la Federación sobre los informes y demás elementos de juicio en los que sustente sus dictámenes. Si durante o como resultado de la auditoría, se encontraren irregularidades que afecten la estabilidad y solvencia de las Entidades, el auditor estará obligado a comunicar dicha situación a la Comisión y al Comité de Supervisión de la Federación. La propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como el alcance mínimo de sus dictámenes.
 
 

Artículo 120.- La Comisión tendrá además de las facultades que se le atribuyen en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo.

Las Entidades, Federaciones y Confederaciones, deberán proporcionar a la Comisión toda la información que ésta les requiera para el adecuado cumplimiento de su tarea de supervisión.

Asimismo, la Comisión deberá solicitar la opinión de la Secretaría en relación con las disposiciones que aquélla emita en materia de créditos con partes relacionadas y requerimientos de capitalización; y del Banco de México, en materia de coeficientes de liquidez y operaciones en moneda extranjera. Asimismo, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime conveniente podrá solicitar la opinión de las mismas.

Artículo 121.- La documentación que utilicen las Entidades, Federaciones y Confederaciones relacionada con su objeto, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

La Comisión podrá ordenar la suspensión de publicidad que realicen los sujetos de esta Ley, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

Artículo 122.- La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del Comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta Ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar a las Federaciones y Confederaciones, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

La propia Comisión podrá además, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en el último supuesto señalado en el párrafo anterior, inhabilitar a las personas citadas para desempeñar un empleo, cargo, mandato o comisión en cualquiera de las Entidades u Organismos de Integración sujetos a esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables.

Para imponer la inhabilitación la Comisión deberá tomar en cuenta:

Las resoluciones de la Comisión a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar, la resolución recurrida, con audiencia de las partes.

Artículo 123.- En los términos de la fracción VIl del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, celebrará convenios con las Entidades Federativas, a efecto de que éstas ejerzan las funciones que se acuerde para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 124.- La Secretaría dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las Entidades, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de dichas Entidades de presentar a esa Secretaría, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus Socios o Clientes, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.

Dichas disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los Socios o Clientes, de las operaciones y servicios de las Entidades mencionadas, que tomen en cuenta sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen, y su relación con las actividades de los Socios o Clientes; las plazas en que operen, y los usos y prácticas prevalecientes en el mercado; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias Entidades. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones, no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.

Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades. La violación de las mismas, será sancionada por la Comisión de conformidad con lo establecido en el presente Título.

Tanto los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, como los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades y, en su caso, de los Organismos de Integración, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el presente artículo, a personas, Dependencias o Entidades distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Artículo 125.- El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría.

Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.

Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.

Las Federaciones en su reglamento interior a que se refiere el artículo 55, establecerán penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo. Dichas penas convencionales deberán ajustarse a los parámetros dispuestos en el presente Capítulo. A un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refieren los artículos siguientes, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades.

Artículo 126.- Para la aplicación de las penas convencionales por parte de las Federaciones, así como de las multas previstas en este Capítulo, la Federación o, en su caso la Comisión, según se trate, deberán oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.

Artículo 127.- Las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente.

Artículo 128.- En contra de las multas impuestas por la Comisión procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación.

Este recurso deberá interponerse ante la Comisión. En el escrito de impugnación, deberán expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, ofreciendo en caso de contar con ellas, las pruebas que se juzguen convenientes.

Los actos y resoluciones de la Comisión podrán ser recurridos por los interesados, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del Recurso de Revocación relativo a multas en el que será aplicable el Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente.

Artículo 129.- Cuando no se expresen en el mencionado escrito el acto reclamado o los agravios causados, la autoridad competente podrá desechar por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá ser: desechar por improcedencia, confirmar o mandar reponerlo por uno nuevo que lo sustituya, o revocar el acto impugnado, y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a cuarenta y cinco días hábiles posteriores a aquél en que se interpuso el recurso cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, ni de sesenta días hábiles cuando se trate de recursos competencia de la Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en este Capítulo, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos.

Artículo 130.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, se sancionará con la imposición de las multas a que se refiere este Capítulo conforme a lo siguiente:

Artículo 133.- Se impondrá pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado.

Se impondrá hasta el doble de la pena antes señalada a los funcionarios antes mencionados o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes.

Artículo 134.- Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario:

Artículo 136.- Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 1,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hayan sido beneficiados por su participación en el otorgamiento de créditos o que soliciten dinero o cualquier otra cosa para agilizar la tramitación o aprobación de algún crédito o servicio que se ofrezca.

Artículo 137.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se entenderá que las Entidades y los Organismos de Integración forman parte del Sistema Financiero, por lo que serán aplicables a dichos sujetos las sanciones previstas en dicho artículo.

Artículo 138.- Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 5,000 días de salario a la persona física o a los consejeros, funcionarios y administradores de las personas morales que capten recursos del público en contravención de lo dispuesto por el artículo 7°. de esta Ley. Este delito se perseguirá únicamente mediante querella.

Para determinar la comisión de este delito, la autoridad competente podrá revisar la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a las operaciones mencionadas, en cuyo caso, ordenará la suspensión inmediata de operaciones y procederá a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate. El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura anterior es de interés público.

Artículo 139.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en el presente Capítulo, que:

Artículo 3°.- .....

.......

Tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.

.......

Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta Ley, podrán operar como almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje financiero.

Artículo 6°.- .......

Segundo párrafo.- (Se deroga)

.........

Artículo 7°.- Las palabras organización auxiliar del crédito, almacén general de depósito, arrendadora financiera, unión de crédito, empresa de factoraje financiero, casa de cambio u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de organizaciones auxiliares del crédito o de las sociedades que se dediquen a actividades auxiliares del crédito, a las que haya sido otorgada la autorización, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

........

Artículo 8°.- Las sociedades que se autoricen para operar como organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de aplicación especial:

Artículo 38-B.- (Se deroga)

Artículo 38-C.- (Se deroga)

Artículo 38-D.- (Se deroga)

Artículo 38-E.- (Se deroga)

Artículo 38-F.- (Se deroga)

Artículo 38-G.- (Se deroga)

Artículo 38-H.- (Se deroga)

Artículo 38- I.- (Se deroga)

Artículo 38-J.- (Se deroga)

Artículo 38-K.- (Se deroga)

Artículo 38-L.- (Se deroga)

Artículo 38-N.- (Se deroga)

Artículo 38-O.- (Se deroga)

Artículo 38-P.- (Se deroga)

Artículo 38-Q.- (Se deroga)

Artículo 40.- ........

Artículo 45 Bis-3.- Para constituirse y operar como Filial se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, o autorización de la Comisión Nacional Bancaria cuando se trate de Uniones de Crédito. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

..........

Artículo 51.- Las organizaciones auxiliares del crédito, sólo podrán descontar su cartera con o sin su responsabilidad, en instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico y organizaciones auxiliares del crédito del mismo tipo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar excepciones a esta disposición, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México.

Artículo 53.- .........

............

............

............

............

Las organizaciones auxiliares del crédito no podrán pagar los dividendos decretados por sus asambleas generales de accionistas, antes de dar por concluida la revisión de los estados financieros por la Comisión Nacional Bancaria. Sin embargo, dicho organismo, discrecionalmente, podrá autorizar el reparto parcial de dichos dividendos, en vista de la información y documentación que se le presenten.

............

Artículo 78.- ...........

Artículo 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

Artículo 33.- Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo 87.- (Se deroga)
 
 

PRIMERO.- El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en los artículos Transitorios siguientes.

El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo.

TERCERO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

CUARTO.- Las sociedades de ahorro y préstamo y las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo TERCERO Transitorio.

QUINTO.- Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate.

SEXTO.- Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno Federal podrá entregar recursos a los Fondos de Protección conforme se integren las Entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las Entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos a que hace referencia el párrafo anterior, no serán aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

SÉPTIMO.- Las Entidades autorizadas en los primeros dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años.

Respecto de aquéllas que se constituyan con posterioridad a los dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los Fondos de Protección. Las Entidades deberán informar a sus Socios, Clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

OCTAVO.- Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10°, con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación.

NOVENO.- A partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio, las Federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los Fondos de Protección, hasta que dichas Federaciones formen parte de alguna Confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido un plazo de dos años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus Entidades, de lo contrario se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los Fondos de Protección respectivos.

DÉCIMO.- Al momento de instalarse el primer consejo de administración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la Entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del consejo de administración.

Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la misma forma.

DÉCIMO PRIMERO.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al mismo, conforme a lo siguiente:

DÉCIMO TERCERO.- Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9º. de la misma Ley.

Las solicitudes a que hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMO CUARTO.- Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la Ley citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como Entidad que le sean remitidas por las Federaciones.

DÉCIMO QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

DÉCIMO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.
 
 
 
 

Por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

En lo general (17 de abril)

Herbert Taylor Arthur (rúbrica), Presidente; Secretarios: Maricela Sánchez Cortés (rúbrica), Manuel Duarte Ramírez, Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Celia Martínez Bárcenas (rúbrica).

Francisco Javier López González, Juan Carlos Regis Adame, Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez (rúbrica), Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Rodrigo Carrillo Pérez (rúbrica), María Luisa Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Raúl Homero González Villalva, José Antonio García Leyva, Roque Joaquín Gracia Sánchez (rúbrica), Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica), Pedro Manterola Sáinz, Gustavo Adolfo González Balderas (rúbrica), Simón Iván Villar Martínez, Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica), Francisco Esparza Hernández (rúbrica), José Ramón Soto Reséndiz (rúbrica), Manuel Braulio Martínez Ramírez (rúbrica), Guillermo Padrés Elías (rúbrica), Javier Rodríguez Ferrusca (rúbrica), José Antonio Gloria Morales (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera, Martín Hugo Solís Alatorre (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbrica).

En lo general y en lo particular (18 de abril)

Herbert Taylor Arthur (rúbrica), Presidente; Secretarios: Maricela Sánchez Cortés (rúbrica), Manuel Duarte Ramírez (rúbrica, voto en contra; presentó voto particular por escrito), Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Celia Martínez Bárcenas (rúbrica).

Francisco Javier López González, Juan Carlos Regis Adame, Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez, Rosa Elena Baduy Isaac, Francisco Esparza Hernández (rúbrica), José Ramón Soto Reséndiz (rúbrica), Manuel Braulio Martínez Ramírez (rúbrica), Guillermo Padrés Elías (rúbrica), Javier Rodríguez Ferrusca (rúbrica), José Antonio Gloria Morales (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera, Martín Hugo Solís Alatorre (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Alfonso Sánchez Rodríguez (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Rodrigo Carrillo Pérez, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Raúl Homero González Villalva (rúbrica), José Antonio García Leyva (rúbrica), Roque Joaquín Gracia Sánchez, Eduardo Abraham Leines Barrera, Pedro Manterola Sáinz, Gustavo Adolfo González Balderas, Simón Iván Villar Martínez, Miguel Angel Gutiérrez Machado (rúbrica).
 
 

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público

En lo general (17 de abril)

Diputados: Aguilar Borrego, Enrique Alonso (rúbrica), PRI; Agundis Arias, Francisco, PVEM; Añorve Baños, Manuel (rúbrica), PRI; Araujo Sánchez, Enoch (rúbrica), PAN; Arizpe Jiménez, Miguel, PRI; Castro López, Florentino, PRI; Chávez Presa, Jorge A. (rúbrica), PRI; De la Madrid Cordero, Enrique Octavio (rúbrica), PRI; De Silva Ruiz, Francisco de Jesús (rúbrica), PAN; Fuentes Domínguez, Roberto Javier (rúbrica), PRI; García Cabeza de Vaca, Francisco, PAN; Hernández Santillán, Julián, PAN; Hinojosa Aguerrevere, Diego Alonso (rúbrica), PAN; Hopkins Gámez, Guillermo, PRI; Levin Coppel, Oscar Guillermo (rúbrica), PRI; López Hernández, Rosalinda, PRD; Magallanes Rodríguez, José Antonio, PRD; Minjares Jiménez, José Manuel (rúbrica), PAN; Monraz Sustaita, César Alejandro (rúbrica), PAN; Pazos de la Torre, Luis Alberto, PAN; Ramírez Ávila, Francisco Raúl, PAN; Riojas Santana, Gustavo (rúbrica), PSN; Rocha Díaz, Salvador, PRI; San Miguel Cantú, Arturo (rúbrica), PAN; Silva Beltrán, Reyes Antonio, PRI; Tamayo Herrera, Yadira Ivette (rúbrica), PAN; Ugalde Montes, José Luis (rúbrica), PRI; Ulloa Pérez, Emilio, PRD; Yunes Zorrilla, José Francisco, PRI; Zepeda Berrelleza, Hugo Adriel (rúbrica), PAN.

En lo general y en lo particular (18 de abril)

Diputados: Aguilar Borrego, Enrique Alonso (rúbrica), PRI; Agundis Arias, Francisco, PVEM; Añorve Baños, Manuel, PRI; Araujo Sánchez, Enoch (rúbrica), PAN; Arizpe Jiménez, Miguel (rúbrica), PRI; Castro López, Florentino (rúbrica), PRI; Chávez Presa, Jorge A. (rúbrica), PRI; De la Madrid Cordero, Enrique Octavio (rúbrica), PRI; De Silva Ruiz, Francisco de Jesús (rúbrica), PAN; Fuentes Domínguez, Roberto Javier (rúbrica), PRI; García Cabeza de Vaca, Francisco, PAN; Hernández Santillán, Julián (rúbrica), PAN; Hinojosa Aguerrevere, Diego Alonso (rúbrica), PAN; Hopkins Gámez, Guillermo, PRI; Levin Coppel, Oscar Guillermo (rúbrica), PRI; López Hernández, Rosalinda, PRD; Magallanes Rodríguez, José Antonio, PRD; Minjares Jiménez, José Manuel (rúbrica), PAN; Monraz Sustaita, César Alejandro (rúbrica), PAN; Pazos de la Torre, Luis Alberto (rúbrica), PAN; Ramírez Ávila, Francisco Raúl (rúbrica), PAN; Riojas Santana, Gustavo, PSN; Rocha Díaz, Salvador (rúbrica), PRI; San Miguel Cantú, Arturo (rúbrica), PAN; Silva Beltrán, Reyes Antonio (rúbrica), PRI; Tamayo Herrera, Yadira Ivette (rúbrica), PAN; Ugalde Montes, José Luis, PRI; Ulloa Pérez, Emilio, PRD; Yunes Zorrilla, José Francisco, PRI; Zepeda Berrelleza, Hugo Adriel (rúbrica), PAN.
 
 

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática integrantes de las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público, después de analizar con detenimiento el dictamen de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular presentada para su discusión en sesión de comisiones unidas correspondiente al día 17 de abril del 2001, emiten el presente voto particular, en base a los siguientes considerandos.

1.- La Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular representa una reacción conservadora encaminada a frustrar el proceso de legislación democrática a favor del cooperativismo mexicano.

Como es sabido, durante la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados elaboró un paquete legislativo integrado por tres iniciativas de ley, a saber: 1) la Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo referente al Sector Social de la Economía, que fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados desde abril de 1999; 2) la Iniciativa de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) de 1994, aprobada por unanimidad en la sesión del Pleno de los Diputados, el 17 de abril del 2000 y, 3) la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros que, por falta de tiempo y ante la premura por resolver otros asuntos más urgentes, en la recta final del último periodo ordinario de sesiones de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión que concluyó el 30 de abril del 2000, se quedo en moción suspensiva, en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con este conjunto de reformas legislativas, la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados, realizó un esfuerzo sin precedentes con el objeto de dotar al sector social de la economía mexicana de una marco jurídico propio acorde a su naturaleza asociativa autogestiva y democrática y a sus fines solidarios y no lucrativos.

La elaboración de la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros, respondió, entre otras cosas, a la necesidad de subsanar el deficiente marco regulatorio a que se hallan sujetas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo dado que la actual Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) sólo incluye unos cuantos artículos en los que se hace referencia a algunos aspectos de la vida asociativa de este tipo de organismos, pero en su artículo 33, traslada a la SHCP la responsabilidad de elaborar y emitir las disposiciones administrativas y regulatorias a las que debían sujetarse las cooperativas en el desempeño de sus actividades propiamente financieras, escuchando con tal fin la opinión de la Confederación Nacional respectiva y la del Consejo Superior del Cooperativismo; sin embargo, después de seis años de promulgada la LGSC, la SHCP, a pesar de los problemas que ya se habían detectado en el funcionamiento de algunas cooperativas de ahorro y préstamo, no daba muestras de interés o de disposición para cumplir con este mandato de Ley.

Probablemente una de las acciones más relevantes en el proceso de consulta a las bases para la elaboración de la Iniciativa de Ley de las Cooperativas de Servicios Financieros, haya sido la realización del Primer Foro Nacional sobre Financiamiento Cooperativo y Solidario, celebrado en la ciudad de México durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 1998.

La Convocatoria del Foro apareció firmada por las Comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Senadores y por las principales organizaciones financieras solidarias del país. Contó con la participación de 496 delegados procedentes de toda la República y con la asistencia de representantes de organizaciones internacionales procedentes de Canadá, Francia, Colombia, Estados Unidos, España y Bélgica. Por parte del sector público, participaron representantes de la SHCP, del FIRA, del Banrural, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes fueron testigos del enorme interés del sector financiero popular en avanzar y consolidarse en beneficio del país.

En aquella oportunidad, Rodolfo Gómez, Director Adjunto de Banca Múltiple de la SHCP, al hacer uso de la palabra en la ceremonia de clausura, manifestó la disposición de las autoridades financieras para iniciar, en lo inmediato, la discusión de las reglas administrativas, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la LGSC, debían aplicar las cooperativas de ahorro y préstamo para el manejo de sus operaciones financieras. Al final del evento los directivos de la Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo le tomaron la palabra al señor Gómez, acordando reunirse para fijar una agenda de trabajo que permitiera elaborar el proyecto de reglas administrativas.

Días después, la agenda fue fijada y a partir de entonces dio inicio un proceso que duró poco más de seis meses, en el transcurso del cual se elaboro un proyecto de reglas administrativas, pero que finalmente ya no fue asumido por las autoridades financieras por que en su opinión, más que reglas administrativas, lo que el subsector financiero solidario de México requería era una Ley de carácter marco, una conclusión genial a la que la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y la mayoría de las organizaciones financieras con vocación social del país habían llegado desde hacia más de un año, logrando avances significativos en la configuración de lo que más tarde sería la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros.

Así, cuando a finales de 1999 y principios del 2000, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo se dirigieron a las autoridades financieras para conocer su opinión general y recoger sus observaciones en lo particular con respecto al anteproyecto de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros, lo que obtuvieron como respuesta fueron sendos proyectos alternativos en los que el énfasis principal estuvo colocado, desde el principio, en la función reguladora y fiscalizadora de la actividad de ahorro y préstamo al margen de los intereses asociativos y gremiales de los sujetos responsables del desempeño de dicha actividad.

No obstante lo anterior, en el dictamen de la Iniciativa de Ley que se presento para su discusión ante el pleno de los Diputados en abril del 2000 se recogieron algunas de las observaciones y recomendaciones contenidas en los proyectos alternativos elaborados por las autoridades financieras por considerar pertinente su incorporación en el cuerpo general de la iniciativa de Ley.

Desafortunadamente, en la sesión del 29 de abril del 2000, el pleno de los Diputados decidió colocar bajo moción suspensiva a la Iniciativa de Ley para las Cooperativas de Servicios Financieros, lo que abrió el espacio para que desde la SHCP se replanteará un nuevo proceso de elaboración de un ordenamiento jurídico distinto tendiente a regular el funcionamiento operativo de los organismos financieros solidarios del país.

El triunfo electoral de Vicente Fox en las elecciones del 2 de julio y sus promesas de renovar el aparato gubernamental con nuevos funcionarios públicos, así como de fomentar a la Banca Social, revivieron la esperanza de empujar el proceso de reforma legislativa, desde el gobierno federal, con un profundo compromiso social. Sin embargo, muy pronto dicha esperanza se comenzó a frustrar, primero, con el arribo de un equipo tecnocrático y proempresarial en la presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo que prácticamente está planteando ignorar el trabajo legislativo que hereda de la LVII Legislatura y empezar de cero y luego con el mantenimiento e incluso promoción de algunos de los funcionarios que al interior de la SHCP, venían encabezando el proceso de regulación de la actividad de ahorro y crédito popular.

Por otra parte, la agudización de la problemática de los defraudados en las Cajas de José Ocampo Verduzco, abonó el terreno para que el viraje fiscalizador y controlador del marco regulatorio destinado a los organismos financieros solidarios del país, empezara a cobrar un relativo predominio, siendo en este marco en el que se inscribe la presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados de dos Iniciativas de Ley de Ahorro y Crédito Popular, el 26 de octubre del 2000, por parte de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN-PVEM, respectivamente.

En realidad se trata de la misma Iniciativa de Ley elaborada por la SHCP, la única diferencia consiste en que la Iniciativa presentada por el PAN se propone la creación de un Instituto y un Fondo Nacionales de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Instituciones que, además de aparecer como un injerto artificial en el cuerpo de la Iniciativa de Ley, se presentan como una concesión de arriba hacia abajo al viejo estilo paternalista y populista. Da la impresión de tratarse de una especie de compensación a las Cooperativas por los grandes prejuicios contenidos en el resto de la Iniciativa de Ley. Si la intención era elaborar una Iniciativa que retomara los aspectos positivos tanto de la Iniciativa de Ley que crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros como de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, el resultado ha sido un híbrido mal hecho en el que el sector cooperativo ha sido el más afectado.

Desde entonces, bajo la coordinación de la SHCP y a espaldas del movimiento cooperativo mexicano, ha proseguido el proceso de reafinamiento de la citada iniciativa de Ley, conociéndose, a la fecha, ocho versiones distintas de la misma y el dictamen que ahora analizamos.

El espíritu de la Ley ha sido establecido desde el principio como esencialmente regulador y fiscalizador por lo que no contiene ni una sola medida de fomento y promoción para las cooperativas y si en cambio se configura como un grave atentado al cooperativismo en la medida en que se pretende regular bajo el mismo precepto legal tanto a las cooperativas como a las sociedades anónimas por acciones, lo que prácticamente significa desconocer los avances logrados por el derecho social y cooperativo en nuestro país, decretando el imperio del derecho mercantil.

2.- La iniciativa de Ley presentada no está adecuadamente motivada y carece de fundamento legal.

Teóricamente la intención que motiva la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular consiste en propiciar el equilibrio entre el sector público, el privado y el social, estableciendo para éste último disposiciones claras que lo estimulen y fortalezcan. Sin embargo, dicha intención no se cumple, pues la mayoría de las disposiciones jurídicas contenidas en el cuerpo de la Iniciativa de Ley no sólo facilitan el libre acceso de las empresas del sector privado en la actividad de ahorro y crédito popular sino que privilegian el papel de intermediarias financieras de las empresas capitalistas por acciones en detrimento de la posición de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por lo cual se trata de un ordenamiento jurídico cuya motivación resulta contradictoria y contrapuesta a las disposiciones jurídicas contenidas en su articulado.

3.- La Iniciativa de Ley presentada es violatoria del artículo 25 constitucional y de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente.

Si se lee con atención, el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que la economía nacional se forja con el esfuerzo productivo de tres tipos de empresas claramente diferenciadas: las empresas del sector público, las del sector privado y las del sector social. Este reconocimiento constitucional da cima a uno de los pilares fundamentales que sostienen la obra económica del país como lo es el concepto de economía mixta en cuyos marcos las empresas de los tres sectores deben desarrollarse en igualdad de condiciones y prerrogativas.

En el espíritu del artículo 25 constitucional está implícito el reconocimiento a las diferencias tanto de tipo asociativo como de finalidad económica existentes entre los tres tipos de empresas arriba indicadas. Es ya un lugar común decir que las empresas del sector privado se crean por inversionistas que cuentan con los recursos suficientes y que están dispuestos a arriesgarlos con el objeto de emprender un negocio rentable en virtud de lo cual se considera como legitimo que este tipo de empresarios tengan como finalidad última la valorización máxima de su capital y que, en consecuencia, administren sus empresas como un negocio individual o de un reducido número de accionistas, siendo el monto del capital lo que determina la capacidad de influencia sobre las políticas de este tipo de empresas. Las sociedades cooperativas, en cambio, son empresas de propiedad social y tienen como objetivo generar empleo e ingreso para sus socios los cuales las administran bajo criterios democráticos, otorgándole a cada socio un voto independientemente de sus aportaciones al capital social. Entre esos dos puntos extremos se sitúan las empresas del sector público, creadas con recursos de la nación y cuyo objeto principal consiste en controlar los sectores estratégicos de la economía nacional, promoviendo el bien común y preservando la soberanía nacional.

Sin embargo, en la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, las cooperativas son incorporadas, junto con las sociedades anónimas, en un mismo ordenamiento jurídico que resulta ajeno a su naturaleza asociativa y a sus fines empresariales. Definitivamente se trata de una Iniciativa de Ley inapropiada para las cooperativas que al pretender pasar por alto las diferencias esenciales que éstas mantienen con las empresas del sector privado hace nugatorio el principio de economía mixta, al pretender dar un tratamiento semejante a dos entidades esencialmente distintas.

El dictamen de la Iniciativa de Ley presentado pretende superponerse a la LGSC, siendo que en orden jerárquico se trataría de una ley derivada y secundaria que lógicamente no debiera entrar en contradicción con una Ley General que se halla por encima de ella. Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre. En la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentran diversas disposiciones ajenas y contradictorias a la LGSC que no sólo afectan a las cooperativas que se dedican de manera preponderante a las actividades de ahorro y préstamo, sino a todos los tipos de cooperativas existentes.

A título de ejemplo, citamos aquí la disposición contenida en el artículo 38 fracción I, en la que se establece que el acta constitutiva de las cooperativas y sus modificaciones, deberán ser protocolizadas únicamente ante Notario o Corredor Público, cuando la LGSC, con el propósito de facilitar los procesos de constitución legal de las cooperativas, les permite que su acta constitutiva pueda ser protocolizada ante un amplio espectro de autoridades que incluye desde un juez de distrito hasta un notario público, siempre que éstas cuenten con fe pública.

Más grave aún, resulta la disposición contenida en el artículo 40 mediante el cual se decreta que "la cooperativa podrá integrar una Institución Fundadora la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno". Esta medida no solamente es ajena a la LGSC vigente, sino que constituye una amenaza al carácter autogestivo de las cooperativas, al pretender que personas morales, que no asumen los derechos y obligaciones de los socios individuales, cuenten con una posición privilegiada para participar de manera permanente en los órganos de administración y gobierno de las cooperativas, privilegio que, como en cualquier transacción comercial, se concede a cambio de su apoyo financiero. A todas luces resulta evidente que esta disposición puede ser válida para una sociedad por acciones, pero en ningún caso para una sociedad cooperativa, entendida como empresa social donde el hombre y no el capital constituyen el fin último de su existencia y razón de ser.

En definitiva, todo este cúmulo de disposiciones "innovadoras" propias de los actuales tiempos de predominio del "libre mercado", carecen de validez legal sino se reforma previamente la LGSC, trámite legislativo que, como ya se indico anteriormente, se halla en manos de la Cámara de Senadores que hace las veces de Cámara revisora de la minuta que contiene el dictamen de la Iniciativa de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la LGSC, enviada por la Cámara de Diputados desde abril del 2000. Si no se concluye este proceso legislativo, legalmente las cooperativas no podrán ser reguladas por ninguna otra disposición jurídica con carácter de ley.

Nuestro interés por defender la naturaleza asociativa de las cooperativas, diferenciándolas claramente de cualquier otro tipo de empresa, no debe interpretarse como una actitud cerrada y opuesta a cualquier mecanismo de colaboración con las empresas de los sectores público y privado. Todo lo contrario. Nosotros pensamos que tal como se establece en la Iniciativa de Ley para Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros debe permitirse la posibilidad de transformación de las cooperativas en sociedades anónimas y de las sociedades anónimas en cooperativas, medida que permite que los interesados en participar en las actividades de ahorro y crédito popular, pero que no estén convencidos de las bondades que su figura jurídica les reporta, puedan cambiarla sin mayor dificultad.

Hablar de certeza jurídica, en términos asociativos, significa dejar claro entre los promotores de la organización empresarial que la opción por determinada figura jurídica entraña un compromiso inicial de respeto a la naturaleza asociativa de la empresa que se crea, empresa que deberá ser administrada y gestionada de acuerdo a determinados criterios y parámetros o bien en función de ciertos principios y valores en el caso de las cooperativas. Si no se presta la atención suficiente a esta cuestión podemos incurrir en un doble efecto negativo, pues por una parte, se desnaturalizarían las cooperativas y, por la otra, se facilitarían las condiciones para llevar a cabo actos de simulación en gran escala de empresas privadas que se cobijarían bajo la figura cooperativa, sin serlo en realidad.

Igualmente ventajosa será la posibilidad de permitir el establecimiento de alianzas estratégicas y complementarias entre las entidades asociativas de los diferentes sectores, siempre que el procedimiento establecido, garantice que éstas se den en igualdad de condiciones y que sean mutuamente benéficas, sin que por ello se vea afectada la naturaleza asociativa de las empresas que establezcan dichas alianzas.

4.- La Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular genera una grave situación de sobreposición de leyes.

En el dictamen de la iniciativa de Ley en comento se decreta la creación de una nueva figura jurídica: la Sociedad Financiera Popular, con carácter de sociedad anónima por acciones. Al mismo tiempo, aunque totalmente descontextualizadas, se mantiene la figura de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. En cambio a todas las demás figuras del sector financiero social (Cajas Solidarias, Fondos de aseguramiento y Cajas Populares que se han acogido a las figuras de Sociedad o Asociación Civil), así como a otras entidades del sector privado que realizan actividades de ahorro y crédito como las Instituciones de Asistencia Privada, las Uniones de Crédito, y algunas Organizaciones No Gubernamentales, entre otras, prácticamente, se les obliga a transformarse en cualquiera de las dos figuras asociativas consagradas en dicha ley, pero se mantiene vigente su legislación respectiva, lo cual genera una situación de sobreposición de leyes al crearse una nueva ley con pretensiones de ser de orden general, pero manteniendo la vigencia de las leyes particulares. Es evidente que, en una gran cantidad de aspectos, las disposiciones de la ley general no corresponden con el contenido de las leyes particulares, lo cual nos coloca en una situación de caos jurídico pues los destinatarios de la ley, según la conveniencia del momento, podrán perfectamente apelar a una u otra ley, sin que incurran en ningún tipo de violación.

Esta consideración, los promotores de la Iniciativa de Ley, únicamente la tomaron en cuenta en el caso de las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP´s) las cuales mediante el decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) que acompaña el dictamen de la Iniciativa de Ley presentada, prácticamente se quedan sin piso jurídico, al derogarse la legislación que les dio vida en 1991.
 
 

5.- La elaboración de una Ley de orden general para regular una actividad económica determinada implica establecer normas de organización, operación y funcionamiento idénticas para los sujetos sociales destinatarios de ésta.

Este principio básico de la elaboración de una Ley socialmente justa y equitativa para todos los actores sociales implicados constituye una de las principales deficiencias del dictamen de la iniciativa de Ley presentada. Algunos cuantos ejemplos nos permiten constatar que en los marcos de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular que se propone las cooperativas se hallan en situación claramente desventajosa.

a) En la LGSC las cooperativas que se dedican de manera preponderante a las actividades de ahorro y préstamo están consideradas dentro del rubro de las cooperativas de consumo y como tales no están autorizadas para operar con el público en general, sino exclusivamente con aquellos que acepten el compromiso de ser socios. Por lo tanto, si en la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular a las Sociedades Anónimas, además de reclutar "socios", se les permite operar con clientes, es evidente que éstas cuentan con una ventaja competitiva, de la que carecen las cooperativas, y que lógicamente les permitirá un más fácil acceso al control de los mercados.

b) Derivado de lo anterior tenemos otra desventaja para las cooperativas en términos de las mayores dificultades que éstas tendrán para el reclutamiento de nuevos socios pues es claro que para la mayoría de los interesados en operar con las empresas que se dediquen a prestar los servicios de ahorro y crédito popular, les resultará más accesible y cómodo operar con una sociedad anónima que no exige un compromiso activo con la gestión de la empresa, que ingresar a las cooperativas que si requieren de este compromiso. En estas condiciones, a las cooperativas les resultara cada vez más difícil cumplir con una parte básica de su misión social que consiste en educar a los socios en el hábito del ahorro con criterios solidarios mediante una empresa de propiedad social, gestionada democráticamente.

c) Normalmente las cooperativas de ahorro y préstamo se forman con personas de escasos recursos económicos, que reúnen sus ahorros para otorgarse créditos en condiciones accesibles a su modesta posición económica. Como producto de ello, los certificados de aportación que les confieren el carácter de socios con plenos derechos son de bajo monto y como consecuencia, el capital social de este tipo de empresas es también reducido si se compara con los fondos que se pueden constituir con las aportaciones de "socios accionistas" que, motivados por la rentabilidad que pueda obtener su capital invertido en la actividad de ahorro y crédito popular, permitirá a las Sociedades Financieras "Populares" disponer de un capital "social" mucho más cuantioso como para alcanzar una mayor cobertura en la prestación del servicio. Las desventajas para las cooperativas en términos de los montos de capital que se pueden manejar saltan a la vista y no requieren mayores argumentos sobre todo cuando estamos analizando una iniciativa de Ley de carácter elitista que establece cuatro categorías de entidades financieras, diferenciadas por el tipo de operaciones que pueden realizar a partir de los montos de capital de que disponen y que por añadidura exige, como requisito de su constitución, que la entidad y sus directivos comprueben su solvencia económica y moral.

Definitivamente el mercado abierto y sin salvaguardas para las auténticas cooperativas de ahorro y préstamo lo único que puede acarrear a mediano o largo plazo será su declive y eventual bancarrota. La reciente experiencia colombiana confirma esta tesis. O las cooperativas hacen valer sus derechos como empresas sociales sin fines de lucro, operando en un terreno de juego con reglas acordes a su naturaleza asociativa, o se entrega en su totalidad la actividad financiera a las empresas del sector privado.

6.- La Iniciativa, presa de una visión simplista y conductista, pretende dar una salida autoritaria a un problema de carácter social y jurídico.

Ante el problema generado como producto de los fraudes cometidos en algunas Cajas Populares, los promotores de la Iniciativa de Ley, pretenden resolverlo con mayor control y vigilancia. Esta solución es tan banal como suponer resuelto el problema de la inseguridad social por el simple hecho de incrementar el número de policías, dejando intactas las causas estructurales que generan la pobreza y la exclusión social.

La historia reciente de los intermediarios financieros del país demuestra que los que ahora se pretenden erigir en garantes de la legalidad y del buen funcionamiento de las entidades de ahorro popular apelando a una mayor fiscalización y supervisión de sus operaciones, (las autoridades de la CNBV y de la SHCP) son justamente los responsables del fracaso de al menos dos de las figuras asociativas financieras que surgieron como una alternativa para el manejo profesional y honesto de las finanzas populares pero que finalmente no pudieron cumplir con tales expectativas, nos referimos a las Uniones de Crédito y a las Sociedades de Ahorro y Préstamo, unos organismos financieros que a pesar de estar reguladas y ser objeto de la supervisión directa de las autoridades financieras, hoy en día, se hallan sumidas en una profunda crisis y sin posibilidades reales de conseguir un reposicionamiento en el futuro inmediato.

Más aún debemos recordar que los fraudes cometidos recientemente en las Cooperativas de Ahorro y Préstamo tienen su origen en el vacío jurídico existente en la LGSC, vacío jurídico que se prolongo excesivamente debido a que las autoridades financieras no cumplieron con el mandato legal que les ordenaba emitir las reglas de operación de las cooperativas de ahorro y préstamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la LGSC, por lo que visto en sus justos términos ha sido esta grave omisión de las autoridades financieras lo que generó el problema que ahora padecemos.

Las cooperativas de ahorro y préstamo existen en nuestro país desde hace cincuenta años, cuarenta de los cuales sobrevivieron sin amparo jurídico, han sorteado las más diversas crisis económicas y hoy en día constituyen el actor social más importantes y con mayor potencialidad dentro del sector financiero social de México.

A lo largo de estos cincuenta años, las cooperativas de ahorro y préstamo han acumulado una enorme experiencia de autorregulación que ha demostrado su eficiencia, pero ahora según los postulados de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, simplemente se pretende desconocer y borrar de un plumazo.

Nosotros pensamos que la crisis actual de las Cajas populares -extrañamente magnificada por los medios de comunicación como si atendieran a los dictados de ciertos círculos de poder- es momentánea y fácilmente superable si se actúa con sensibilidad y responsabilidad social. Pero sobre todo estamos convencidos que esta crisis al haber puesto de manifiesto la enorme vulnerabilidad del marco regulatorio de las Cajas Populares representa una excelente oportunidad para avanzar y consolidar a esta figura del sector social dotándola de un marco jurídico acorde a su naturaleza y fines.

Nuestra posición no postula la ausencia total de regulación y supervisión, lo único que exigimos es que ésta sea adecuada a los sujetos y que se reconozca su capacidad de autorregulación.

La propuesta jurídica alternativa ya existe, en su momento fue aprobada en la Comisión de Fomento Cooperativo con los votos de los legisladores del PRD y el PAN, ahora éstos últimos han cedido a la presión de las autoridades financieras y prácticamente han renegado del espíritu solidario y promotor contenido en la Iniciativa de Ley que crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros.

7.- La Iniciativa no contiene ni una sola medida de fomento y promoción para las cooperativas.

Como se indicó líneas arriba la razón de ello se debe a que para los promotores de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular las cooperativas sólo funcionarán bien si se refuerzan los aspectos relativos al control y fiscalización de sus actividades. Los Principios y valores, como toda ideología, no solamente no ayudan sino que incluso estorban al adecuado desempeño de estas instituciones en el mercado globalizado, por tal motivo, en la iniciativa de Ley propuesta no existe ni la más mínima referencia a la doctrina cooperativa que, como se sabe, constituye una de las principales aportaciones de las cooperativas al desarrollo empresarial del mundo.

Por otra parte, la concepción del libre mercado presente en la iniciativa propuesta al pasar por alto las diferencias asociativas existentes entre las diferentes empresas que se dedican a prestar los servicios de ahorro y crédito, sólo se preocupa por legislar la actividad económica con los fríos criterios técnico-contables, donde los sentimientos, intereses y expectativas de los hombres y mujeres de carne y hueso que se hallan detrás de la actividad económica, no importan.

Todo esto explica por que en el artículo primero de la Iniciativa de Ley, al definir el carácter y el ámbito de aplicación de la ley, sus promotores sólo la definen como de "orden público y de observancia general en el territorio nacional", pero no les preocupa otorgarle el carácter de utilidad social, denominación ésta última que implicaría concederle a las cooperativas un tratamiento singular. Únicamente cuando se reconoce que más allá del simple manejo financiero del ahorro popular, las cooperativas cumplen con toda una serie de funciones económicas y sociales de beneficio social, como las que a continuación detallamos, se justifica otorgarles un marco regulatorio de fomento y promoción.

A nivel micro económico las cooperativas crean empleo autogenerados entre sus socios y empleos asalariados indirectos por medio del desarrollo de sus actividades económicas. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) calcula que actualmente las cooperativas dan empleos directos a 800 millones de personas en todo el mundo y generan 100 millones de puestos de trabajo entre sus empleados. Aunado a lo anterior, las cooperativas son capaces de producir un incremento periódico de los ingresos y los niveles de vida de sus socios.

A nivel macro económico también generan efectos significativos entre los que destacan el equilibrio de la oferta y la demanda en los mercados locales y regionales que obtienen las cooperativas de consumidores; la integración a la vida económica de grupos marginados como los que no pueden permitirse los costos de vivienda que imperan en el mercado normal, los desempleados estructurales, los indígenas o la juventud desempleado; el suministro de los servicios que antes correspondían al Estado como la salud, la educación, la distribución de agua potable y otros a un costo más bajo y con mayor calidad. Últimamente las cooperativas han comenzado a participar en una serie muy amplia de funciones sociales complementarias, como la atención a las personas de la tercera edad, los niños y los minusválidos. Con el despliegue de todas estas actividades, las cooperativas cumplen con una función social que ninguna empresa privada puede lograr, nos referimos a su función redistributiva de la riqueza, ayudando a reducir la pobreza y atenuar la tensión social.

Desde el punto de vista social, las cooperativas actúan como escuelas de educación democrática para sus socios. Gracias a su principio de afiliación abierta, ofrecen a la gente de cualquier condición (jóvenes y viejos, hombres y mujeres) un lugar de formación para poner en práctica los valores cooperativos de honestidad, transparencia, equidad, igualdad, responsabilidad, solidaridad, sometimiento voluntario a la división social del trabajo y a la disciplina de grupo y preocupación por la comunidad. Al formar ciudadanos educados en los principios del humanismo social, las cooperativas cumplen una invaluable función de integración social y contribuyen de manera decisiva a mantener la estabilidad y el equilibrio social.

Pero si lo antes expuesto no fuera suficiente, vale añadir que las cooperativas han participado activamente en la protección del medio ambiente, ya sea a través del impulso de proyectos de reciclamiento de desperdicios o del desarrollo de actividades productivas que bajo estructas normas tecnológicas y de control de calidad, generan productos ecológicos de alto valor nutricional para satisfacción de los consumidores finales.

Todos estos efectos sociales y económicos deben ser reconocidos y valorados y por lo tanto las entidades asociativas que hacen tal contribución, si se desea que desplieguen aún más sus potencialidades, deben ser tratadas, en la ley y en las políticas públicas, con un criterio diferenciado al del frío cálculo de costos-resultados.

8.- La facultad exclusiva otorgada a las autoridades financieras para autorizar las solicitudes de operación de las entidades financieras populares, o revocarlas en su caso, ata a los sujetos de la ley a una relación de dependencia y supeditación frente al poder público y reedita un corporativismo estatal ya caduco y superado.

A diferencia de la LGSC en la cual el procedimiento de constitución de las cooperativas hace automático su reconocimiento y registro, en la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular se establece un mecanismo burocrático y unilateral que deja en manos de las autoridades financieras la decisión final sobre la procedencia o no de la solicitud de autorización para operar como Entidad Financiera Popular.

La formación de los Organismos Financieros Solidarios no debe estar controlada de manera exclusiva por el gobierno, otorgándole el poder de decidir si las considera aceptables o no. Proceder de esta forma significaría reproducir la vieja cultura política basada en el corporativismo y el paternalismo, reforzando la dependencia de las organizaciones de la sociedad civil respecto del Estado. El monopolio de decisión sobre el registro de las entidades financieras es violatorio del derecho constitucional de libre asociación y constituye un freno burocrático y autoritario a la autogestión social. Dicho control absoluto del Estado resulta incluso opuesto al discurso liberal en boga y ya ha demostrado con creces su inviabilidad.

En efecto, como se recordará, la reforma de la LGOAAC en 1991, mediante la cual se creó la figura de las SAP´s, dejó en manos de las autoridades financieras la facultad de decidir unilateralmente acerca de las solicitudes de autorización para operar como SAP´s. Como producto de ello, de una lista de más de 250 solicitudes sólo se autorizaron 20, y más tarde, al producirse un cambio inexplicable en las prioridades o preferencias del gobierno, muchas solicitudes se quedaron en las oficinas gubernamentales, sin que sus promoventes tuvieran ninguna mecanismo de salvaguarda ante la cerrazón gubernamental. Una situación semejante se presentaba en los marcos de la Ley cooperativa de 1938. Por lo tanto, si ya lo vivimos y comprobamos su ineficacia, no volvamos a cometer el mismo error que únicamente contribuye a reforzar el carácter autoritario del Estado.

9.- El procedimiento de regulación contenido en la iniciativa de Ley no respeta la integridad de las cooperativas como instituciones autónomas controladas por ciudadanos libres.

El artículo 32 de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular concede a la CNBV, como función exclusiva, la de emitir la regulación prudencial que deberán observar los sujetos de la Ley, a quienes únicamente les corresponde acatar las normas de regulación que emita la autoridad, pero sin posibilidad alguna de opinar y muchos menos de aprobar las medidas regulatorias de la actividad de ahorro y crédito popular.

Este planteamiento antidemocrático y unilateral, contrasta radicalmente con la propuesta contenida en la iniciativa de Ley que crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros en la cual la función de regulación prudencial corresponde a un órgano colegiado integrado paritariamente por representantes de las autoridades financieras y del propio movimiento cooperativo. Establecer un mecanismo de regulación con estas características, facilita que las normas de regulación surjan del consenso de las partes involucradas, lo cual garantizaría una aplicación más efectiva y racional basada en el autocontrol de un movimiento social que es tomado en cuenta tanto en la fase de deliberación como en la de aplicación de la norma, auto control o auto disciplina que no se consigue por medio de la imposición de la norma.

Pero, los promotores de la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, presas de una especie de sicosis normativa no dudan en incorporar como parte de la ley hasta los detalles más elementales de la aplicación de la norma, ejercicio que se efectúa al margen de la experiencia práctica y sin considerar los diferentes tamaños de las empresas involucradas, al proceder de esta manera se corre el riego de establecer para un largo período de vigencia medidas regulatorias que más tarde pueden evidenciarse como improcedentes o bien decretar procedimientos de control de carácter general para sujetos que ameritarían un tratamiento específico. Amen de que una legislación demasiado detallada favorece una interferencia excesiva del Estado en los asuntos de las cooperativas.

10.- La iniciativa de Ley no permite avanzar hacia mayores niveles de integración del sector financiero cooperativo e impide que los organismos de integración cooperativa puedan actuar como auténticos organismos reivindicativos.

La tendencia a la dispersión en la representación de intereses actualmente presente en el sector financiero cooperativo se refuerza al abrirse la posibilidad de crear más de una Confederación Nacional de las Cooperativas Financieras con lo cual su capacidad de interlocución ante los diferentes grupos de interés de carácter público o privado se ve mermada.

Al igual que los organismos de base, la creación de las Federaciones se ve sometida a un proceso de autorización unilateral por parte de las autoridades financieras; pero, una vez autorizadas, a las Federaciones se les otorgan atribuciones excesivas que implican una concentración excesiva del poder, sin que las cooperativas de base puedan efectuar una verdadera función de fiscalización sobre la actuación de sus representantes quienes seguramente estarán más preocupados por rendirle cuentas a quien les otorgó el registro que a sus propios representados.

De acuerdo con las atribuciones asignadas a los organismos de integración (federaciones y confederaciones) en la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular es evidente que la constitución de dichos organismos más que como un reconocimiento al derecho de federarse para la legitima defensa de los intereses gremiales o sectoriales de los cooperativistas, es vista simplemente como una medida técnica para asegurar la supervisión y vigilancia de los organismos de base en el caso de las federaciones y para la administración del Fondo de Seguros en el caso de las Confederaciones. Bajo esta lógica los organismos de integración cooperativa se ven reducidos a simples instancias administrativas, no existiendo el espacio necesario para que puedan desarrollar sus funciones tradicionales de representación y promoción de los intereses inmediatos e históricos de los cooperativistas; así, de organismos reivindicativos, creados por la iniciativa y voluntad de los organismos de base, se transforman en instancias burocráticas destinadas a desempeñar una función limitada a las tareas técnicas y administrativas.

11.- El procedimiento para ejercer la supervisión prudencial de las Entidades Financieras Populares sólo de manera formal recae en los organismos de integración.

En realidad las autoridades financieras se cuidan de dejar bien claro que no renuncian a ejercer directamente la función de supervisión y vigilancia en el momento que lo consideren conveniente y en relación con cualquier Entidad Financiera. Además, las Federaciones y Confederaciones, en la medida en que no participan en la definición de los mecanismos de regulación prudencial, en su labor de supervisión, aplican una normatividad decidida desde las alturas. Por todo ello, no resulta exagerado adelantar la hipótesis de que los directivos de los organismos de integración terminarán convirtiéndose en una especie de supervisores al servicio de las autoridades financieras, pero sin sueldo ni prestaciones laborales.

Pero la falta de responsabilidad de las autoridades financieras llega incluso al extremo de otorgar a los directivos de los organismos de integración la facultad de aplicar sanciones como si se tratara de instancias investidas de autoridad legal. En realidad y tal como se expresa en la iniciativa de Ley que crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros los únicos facultados para imponer sanciones son los funcionarios de Hacienda. Las tareas de supervisión de las federaciones y la Confederación deben limitarse al nivel de la denuncia o la previsión ante la posible comisión de delitos o infracciones.

12.- La creación de los fondos de seguros de depósitos no se asume como una responsabilidad social del poder público sino como un requisito más que debe cumplirse para obtener la autorización para operar como Entidad Financiera Popular.

A diferencia de la iniciativa de Ley que crea las Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros, en la cual se estipula la creación de un solo fondo nacional de depósitos y estabilización, constituido con recursos públicos y de las propias entidades financieras con vocación social, en la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular no se propone la creación de un solo fondo, sino de múltiples fondos creados a nivel de las federaciones o las confederaciones con recursos aportados únicamente por los organismos financieros. Con este planteamiento el poder público queda eximido de toda responsabilidad en relación a contribuir financieramente para dar certidumbre a las actividades de los organismos financieros solidarios, disposición discriminatoria que conviene recordar, no se aplicó en el caso de la Ley que crea el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

13.-En la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular las autoridades financieras gozan de todos los privilegios sin asumir ningún tipo de riego o responsabilidad.

Para el cumplimiento de los postulados de la Ley de Ahorro y Crédito Popular las autoridades financieras no comprometen ni recursos financieros ni humanos. Es más se cuidan muy bien, junto con las demás dependencias del poder público, de salvaguardar sus intereses imponiendo una disposición que los libera de toda responsabilidad, la disposición de referencia se halla contenida en el artículo 5 de la iniciativa de ley que a la letra dice: "El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Entidades ni los Organismos de integración, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o clientes".

Las autoridades financieras parecen ignorar que el éxito en la prestación del servicio de ahorro y crédito depende enteramente de la confianza que las instituciones prestadoras de dicho servicio sean capaces de generar entre los usuarios de tales servicios, pero no asumir ninguna responsabilidad por las actividades de unas instituciones que han sido autorizadas por ellos mismos y además obligar a que este hecho se publicite abiertamente es tanto como exigir que un restaurante coloque un letrero en el que se manifieste que la Secretaría de Salubridad y Asistencia no se hace responsable de las consecuencias que sobre la salud de los comensales pueda acarrear el consumo de alimentos o bebidas en ese establecimiento.

14.- La iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular ha sido elaborada al vapor y sin consultar suficientemente a sus destinatarios.

La iniciativa de Ley propuesta es un documento prácticamente desconocido entre los socios de las cooperativas de ahorro y préstamo del país. Su elaboración ha sido principalmente de gabinete pues a la fecha no se ha realizado un solo evento o Foro público donde los socios de las cooperativas pudieran conocer y opinar acerca del contenido de la iniciativa de Ley. En términos reales la iniciativa de Ley fue elaborada, bajo la conducción de la SHCP, en el tiempo récord de seis meses, período durante el cual se realizaron unas cuantas reuniones de trabajo con gerentes y directivos de algunas organizaciones sociales, quienes no han informado debidamente a sus socios. Como producto de las reuniones de trabajo efectuadas se elaboraron ocho versiones de la iniciativa de Ley que esencialmente son idénticas pues en realidad no se retomaron muchas de las observaciones que algunos representantes de los organismos financieros expresaron durante la celebración de las citadas reuniones de trabajo. A final de cuentas, en el dictamen de la iniciativa de Ley presentada, sólo se puso lo que las autoridades financieras y algunos diputados de las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN quisieron.

Finalmente, tampoco es cierto que para la elaboración de la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular se haya retomado el trabajo desarrollado por la Comisión de Fomento Cooperativo de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión. Todo lo contrario, los promotores de la Iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, no se identifican con los postulados contenidos en la Iniciativa de Ley que crea las Cooperativas de Servicios Financieros, iniciativa de Ley ésta última de la cual no retoman ni uno solo de sus artículos. En realidad los nuevos legisladores hicieron caso omiso de un trabajo que implico alrededor de 30 meses de consulta permanente con los organismos financieros solidarios del país y renunciaron así a su papel como poder legislativo al supeditarse acríticamente a las propuestas emanadas del poder ejecutivo federal. De este modo revivieron una de las tradiciones más funestas de la cultura política dominante: el hecho de que en México por ser un país de régimen presidencialista, centralista y autoritario, el gran legislador es el poder ejecutivo y las Cámaras legislativas actúan como simples cajas de resonancia.