SESION DEL MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De ciudadanos.
De los Congresos de los estados de Coahuila y Nayarit.
Protesta de ciudadano diputado.
De la Junta de Coordinación Política.
Efemérides
Sobre el ciudadano Andrés S. Viesca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la C. Dip. Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyectos de Decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos, para prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
Tres de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyectos de Decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
Dictamen a discusión
De la Comisión de Equidad y Género con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de noviembre, discusión y votación).
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo sobre el cumplimiento de los Acuerdos Agrarios del Gobierno Federal ante las Organizaciones Campesinas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación con la Procuraduría General de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la realidad que vive el autotransporte federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la situación de los indígenas en el estado de Nayarit, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que las secretarías: de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la reducción del precio del gas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para crear una Comisión Especial que coadyuve y dé seguimiento a los proyectos de desarrollo regional para el Sur-Sureste de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la integración de los Diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la problemática del precio del frijol, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
A las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Agenda política
Comentarios sobre la integración del gabinete, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con veintiún minutos del jueves veintiocho de noviembre de dos mil, con la asistencia de doscientos noventa y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos.
Comunicación del diputado Javier Usabiaga Arroyo, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Llámese al suplente.
Comunicación de la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, por la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal. Se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Llámese al suplente.
El Presidente informa que a las puertas del Salón de Sesiones, se encuentra el ciudadano Abelardo Escobar Prieto, electo como diputado suplente en la segunda circunscripción, y designa a una comisión que lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, entra en funciones de inmediato.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la contratación de personas con discapacidad por parte de la Cámara de Diputados. En votación económica se aprueba.
Hablan sobre el octagésimo noveno aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolu-cionario Institucional; y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática.
Se refiere al aniversario del asesinato de los hermanos Serdán, el diputado Benito Vital Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
Hablan sobre el Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres, las diputadas: María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática; Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
La Secretaría informa, a las doce horas con treinta y un minutos, que existen registrados cuatrocientos sesenta diputados. Se ordena el cierre del sistema de registro electrónico.
Continúan con el tema las diputadas: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; María del Rocío García Gaytán, del Partido Acción Nacional; y Olga Haydée Flores Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas al artículo veintiocho de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita permisos para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede permisos para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Para presentar proposiciones con proyecto de punto de acuerdo, hacen uso de la palabra los diputados:
Para el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados Luis Gerardo Rubio Valdéz y Rubén García Farías, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el desarrollo del Istmo de Tehuantepec como puerta de acceso para la región sur.
Se turna a las comisiones de Comunicaciones, de Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su instrumentación.
Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es de primera lectura. Se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente informa que se encuentran representantes de varias organizaciones sociales interesadas en la regularización de vehículos de procedencia extranjera, y solicita a los grupos parlamentarios la integración de una comisión para atenderlos.
Continúan con las proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Social.
Se refieren al mismo tema los diputados: Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México; y José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
La proposición se turna a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública; Comercio y Fomento Industrial, y de Agricultura y Ganadería.
Josefina Hinojosa Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la revisión de las percepciones económicas de los trabajadores al servicio del Estado y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Secretario de Gobernación la adecuada revisión del gasto en materia de comunicación social. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, para que se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y zonas más pobres del país.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se refieren a la integración de los órganos electorales en el Estado de Yucatán, los diputados: Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional; Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática; y Rosa Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados: Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucio-nario Institucional, en dos ocasiones; y Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.
Se pronuncian sobre la situación de los pensionados y jubilados de las instituciones de seguridad social, los diputados: Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; José María Rivera Cabello, del Partido Acción Nacional; y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al
orden del día de la próxima sesión y el Presidente
clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos, citando
para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de noviembre
de dos mil, a las once horas.
DEL C. EMILIO ZEBADUA
México, DF, a 27 de noviembre de 2000.
Dip. Ricardo Francisco García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
El 31 de octubre de 1996, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión me distinguió al designarme como Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cargo que he ejercido con el mejor de mis empeños y con estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que establece nuestra Constitución.
El día de ayer el señor Gobernador electo del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, me honró con la invitación a participar como Secretario de Gobierno en su administración que inicia el próximo 8 de diciembre. Considerando la trascendencia que para el desarrollo democrático y armónico del país representa el estado de Chiapas, comunico, de manera respetuosa, a esa Honorable Soberanía que he decidido aceptar dicho encargo. En consecuencia, y por este conducto, presento mi renuncia a partir del día 30 de noviembre del año en curso al cargo de Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Finalmente, deseo hacer patente mi reconocimiento irrestricto por el apoyo y el respeto que esa Honorable Cámara ha brindado en todo tiempo al Instituto Federal Electoral en el desempeño autónomo de sus funciones constitucionales.
Atentamente
Dr. Emilio Zebadúa (rúbrica)
Consejero electoral
DEL C. JUAN MOLINAR HORCASITAS
Ciudad de México, Distrito Federal, 23 de noviembre de 2000.
Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LVIII Legislatura
PRESENTE
Sirva la presente para solicitarle sea el amable conducto para presentar ante la H. Cámara de Diputados mi renuncia, a partir del 30 de noviembre, al cargo de consejero electoral del Instituto Federal Electoral con el que fui distinguido el 31 de octubre de 1996. Lo anterior para los efectos conducentes.
Agradezco la confianza conferida.
Atentamente
Juan Molinar Horcasitas (rúbrica)
Consejero electoral
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión
México, DF.
En sesión celebrada en esta fecha por el Pleno de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del estado de Coahuila, se trató lo relativo a un planteamiento sobre el "Programa Nacional de Abasto Social", presentado por el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al resolverse sobre este asunto, el Pleno del Congreso aprobó el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos asignados al Programa Nacional de Abasto Social.
Segundo: Solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que contemple el Programa de Abasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2001.
Conforme a sus términos, este Punto de Acuerdo se comunica a esa H. Cámara de Diputados, para su conocimiento y la atención que resulte Procedente.
Atentamente
Saltillo, Coahuila, a 14 de noviembre del año 2000
El Presidente de la Mesa Directiva
Dip. Heriberto Ramos Salas (rúbrica)
Punto de Acuerdo que presenta el diputado Juan Alejandro de Luna González, en representación del grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado.
La distribución del gasto público en nuestro país, ha sido uno de los aspectos más discutidos en los últimos años. Las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población han ido de la mano con la atención a la pobreza extrema de millones de mexicanos que por diferentes razones se han ido rezagando, quedando en condiciones de desventaja que requieren urgentemente de apoyos básicos en materia de alimentación.
La atención a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública, el empleo, el campo, el equipamiento urbano, etc., se han mantenido en el ánimo de los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en los momentos de elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, sin embargo, aún falta mucho por discutir sobre el tema relacionado con el abasto social.
Si bien es cierto que el programa de abasto social, en estos momentos no constituye la solución de fondo al problema de la pobreza en México, también es cierto que se requiere como un paliativo importante que atenúe los efectos negativos del desarrollo social, en lo que llegan con plenitud sus beneficios a las familias actualmente en desventaja.
Para el año 2000 se asignaron, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 715 millones de pesos al Programa Nacional de Abasto Social, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha, sólo ha liberado 418 millones, es decir, a escasos 15 días de terminar su ejercicio constitucional el Presidente Zedillo, apenas se ha aplicado el 58% de dicho presupuesto.
¿Qué habrá de ocurrir con este presupuesto durante el mes de diciembre, en caso de que no sea liberado en su totalidad?
¿Habrá la disposición de continuar con la aplicación presupuestal para tan importante programa?
Estas y otras dudas asaltan a las familias beneficiadas en nuestras comunidades, ya que en nuestro estado existe una agrupación denominada "Consejos Comunitarios de Abasto", organismo que abarca Coahuila y la Región Lagunera de Durango, encargado de operar, en coordinación con Diconsa, el programa de abasto social en 695 comunidades.
A través de este Programa se benefician alrededor de 58,000 familias de escasos recursos, llevándoles un margen de ahorro superior al 14% en precios al consumidor,
Productos básicos como maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, leche liconsa, abarrotes y mercancías generales, son ofrecidos por esta organización de Consejos Comunitarios de Abasto en beneficio de la economía y la alimentación de los más necesitados, contribuyendo, además, a evitar el encarecimiento irracional de estos productos al aumentar la oferta en el mercado y elevar los niveles de competitividad.
Por lo anteriormente señalado y con fundamento en el compromiso que los representantes populares tenemos frente a las demandas de la comunidad, el grupo parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido Revolucionario Institucional, se permite poner a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito de que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen, en su totalidad, los recursos asignados al Programa Nacional de Abasto Social.
Segundo: Solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contemple el Programa de Abasto Social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2001.
Atentamente
Saltillo, Coah., a 14 de noviembre del año 2000.
Por el Grupo Parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Partido
Revolucionario Institucional
Dip. Juan Alejandro de Luna González
CUATRO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión
PRESENTE
De conformidad con lo previsto por los artículos 53, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d) del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos Secretarios de la Honorable XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente
En sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de octubre del presente año, la Honorable Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo que tiene por objeto solicitar respetuosamente a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe en su caso, incremento sustancial al presupuesto destinado a la Educación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Tepic, Nayarit, 6 de octubre del año 2000.
Ciudadanos Diputados Secretarios
N. Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Filiberto Delgado Sandoval (rúbrica)
Honorable Asamblea Legislativa:
A la Comisión Legislativa que suscribimos, nos fue turnada por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la solicitud presentada por el C. Diputado Carlos Enrique García Cambero, para la emisión de Punto de Acuerdo con el fin de solicitar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el apoyo de los Legisladores Federales Nayaritas integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las autoridades educativas en el Estado, se analice y apruebe en su caso, incremento sustancial al presupuesto destinado al ramo educativo.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 40 y 57 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, procedimos a la elaboración del dictamen y proyecto de acuerdo de referencia, en razón de las siguientes:
Consideraciones
1.- La Constitución de 1917, en su última reforma del 5 de marzo de 1993 deja de manifiesto la obligación del Estado de proporcionar educación, así como la de recibirla, desde preescolar a secundaria, otorgando facultades a los particulares para impartirla en todos sus tipos y modalidades, concediendo al Estado la facultad de otorgar y retirar el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares.
Esta última reforma adiciona la fracción V al artículo 3o. que incorpora al texto constitucional el compromiso del Estado de promover los tipos y modalidades distintas a la educación preescolar, primaria y secundaria necesarias para el desarrollo del país, agregando expresamente la educación superior, y en forma tácita a modalidades como la educación para adultos, la educación especial y la indígena. Esta última reforma ratifica la enorme importancia que para el futuro del país tiene la educación.
2.- La educación constituye un fin en sí mismo, dado que permite el desarrollo integral del ser humano y propicia las condiciones materiales e intelectuales que le posibilitan el acceso a los conocimientos y las herramientas científicas técnicas para transformar su realidad y con ello, sus condiciones de vida.
La sociedad padece un rezago educativo que supera los 35 millones de mexicanos que no han concluido su instrucción básica, condenados a engrosar las filas de los millones de personas excluidas de las posibilidades de desarrollo.
3.- En México, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se amplía día con día, son cada vez más los millones de mexicanos que se debaten en la llamada extrema pobreza. La disyuntiva de la educación pública es ser o no ser popular. Si sigue siendo popular, será el más efectivo motor de ascenso para las clases sociales en condiciones de pobreza, porque éstos sólo pueden mandar a sus hijos a las escuelas públicas.
4.- El problema en los países pobres como el nuestro, radica en la disyuntiva de si se fortalece a la educación privada con recursos fiscales, o si éstos, en caso de incrementarse, se entregan a la educación pública, que nos pertenece a todos. Si la influencia neoliberal encuentra cómo justificar que la libertad de educación no solo presupone libertad de conciencia, libertad para elegir el tipo de educación, y además, el dinero captado por el Estado vía impuestos, vaya a subsidiar mediante becas y otros mecanismos crediticios a estudiantes de escuelas privadas, entonces estaremos presenciando mayor decremento de la educación pública, que en los nuevos tiempos del cambio, seguirá en penuria.
5.- No basta la reconciliación que nos hermane en propósitos y compromisos, es necesario seguir luchando por un incremento al presupuesto educativo. No es posible continuar con los supuestos incrementos que para el año que transcurre sobrepasó apenas el 4% del Producto Interno Bruto; estamos a la mitad de lo recomendado por la UNESCO, cuando otras naciones dedican a la educación hasta el 16% de dicho producto.
En base a estas consideraciones los integrantes de la Comisión que suscribe, estimamos procedente la propuesta, por lo que de conformidad a los artículos 97 y 144 del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, proponemos a esta soberanía el siguiente:
Acuerdo
Primero.- Se solicita respetuosamente a la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, analice y apruebe en su, caso, incremento sustancial al presupuesto destinado a la educación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Segundo.- Se solicita respetuosamente a la autoridad educativa del Estado de Nayarit, canalice mayores recursos financieros a la educación pública básica y universitaria en el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Transitorio
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y publíquese en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado.
Segundo.- Comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los Legisladores Federales por el Estado de Nayarit, solicitando su apoyo; a la autoridad educativa local, así como a todos los Congresos de los Estados de la República para que suscriban acuerdos similares.
Dado en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil.
Comisión de Educación y Asuntos Culturales
Dip. Presidente, no firma por ser el autor de la iniciativa
Carlos Enrique García Gambero
Dip. Vicepresidente
David Estrada Cervantes (rúbrica)
Dip. Secretario
Jorge Rubio Reynoso (rúbrica)
Dip. Vocal
Gilberto Padilla Peña (rúbrica)
Dip. Vocal
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión
PRESENTE
De conformidad a lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 inciso d) del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos Secretarios de la Honorable XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente
En sesión pública ordinaria celebrada el día 17 de octubre del presente año, la Honorable Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión considere en el Presupuesto de Egresos 2001 el incremento de participaciones federales a estados y municipios y se les otorguen nuevas potestades tributarías, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Tepic, Nayarit, 18 de octubre del año 2000.
Ciudadanos Diputados Secretarios
N. Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Filiberto Delgado Sandoval (rúbrica)
Honorable Asamblea Legislativa:
Los integrantes de la Comisión de Gobierno Legislativo, habiendo analizado la difícil situación por la que atraviesan las Haciendas Públicas del Estado y de los municipios de la entidad, y la carga de obras y servicios públicos bajo su responsabilidad, más las necesidades sociales que deben atender, solicitamos al Pleno de la Asamblea Legislativa la aprobación del acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, considere un incremento a las participaciones federales que anualmente aprueba para los Estados y sus Municipios; en atención a las facultades que nos otorga el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit, los miembros de la Comisión que suscribe, sometemos a su criterio el presente proyecto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Consideraciones
Que las tendencias institucionales jurídico-económicas actuales se han propuesto fortalecer la autonomía de los Estados y Municipios, particularmente la de su hacienda pública. Sin embargo, persisten prácticas inequitativas en la distribución de la riqueza nacional, que obstaculizan el desarrollo de importantes regiones del país y concentran los beneficios de los recursos públicos en las zonas y de mayor riqueza.
En la reforma constitucional de 1999, los diputados de la LVII Legislatura Federal colocaron al municipio en el centro del desarrollo nacional, planteando la urgente necesidad de dotar a los gobiernos municipales de los recursos económicos suficientes para prestar con eficacia los servicios y la obra pública a su cargo, y atender de manera satisfactoria las demandas comunitarias.
Las políticas de Estado en materia de descentralización y desconcentración de funciones y de aplicación del gasto público no han sido lo intenso que se esperaba, ni han revertido la situación de indigencia hacendaría de las Entidades Federativas y los Municipios; ambas instancias de gobierno continúan padeciendo de estrechez financiera en agravio de los sectores sociales y de las poblaciones a las que atienden en su ámbito de competencia, atadas por los Convenios de Coordinación Fiscal y para el Desarrollo, que las remiten a marcos reducidos de captación de recursos propios para el financiamíento y ejecución de obra directa.
En esa relación dentro de un federalismo que aun no alcanza su madurez e inhibe el desarrollo de las regiones del país por el centralismo con el que opera, los ingresos por participaciones de la federación son la principal fuente de las haciendas del Estado y sus municipios con la que atienden el gasto público de sus atribuciones, funciones y facultades.
Para promover e impulsar el desarrollo regional, el equipamiento urbano de las comunidades y la calidad de vida de la población de los municipios, el gobierno federal tiene que incrementar el Fondo General de las Participaciones, el Fondo de Fomento municipal y los Fondos de Aportaciones destinados a dotar a la entidad y los municipios de mayores recursos vía: Fondo General de Participaciones, de Fortalecimiento a los Municipios y de Infraestructura Social.
Los gobiernos locales tienen el diagnóstico de la problemática de sus entidades y municipios, y contemplan en los Planes Estatales de Desarrollo las propuestas para su atención, en consecuencia, en una primera etapa, las acciones de fortalecimiento a las haciendas municipales debe hacerse mediante el incremento substancial de los Fondos Federales de Participaciones, con el objetivo de que Estado y Municipios dispongan de mayores recursos financieros que consoliden la autonomía en su administración y en la aplicación de recursos para la obra y los servicios públicos.
Para el logro de los objetivos antes señalados, debemos demandar que, en el Presupuesto de Egresos del año 2001, la Honorable Cámara de Diputados Federal, de acuerdo a la facultad exclusiva que le confiere la Constitución de la República en el artículo 74 fracción IV, apruebe mayores recursos para Estados y Municipios para el fortalecimiento de su autonomía financiera.
Por lo expuesto en los considerandos, con fundamento los artículos 97 y 144 fracción III del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo; solicitamos a esta Honorable Asamblea Legislativa, se discuta y apruebe por así convenir a los intereses de la sociedad, el siguiente:
Acuerdo
1.- Se solicita a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, la aprobación de un incremento a las Participaciones Federales que se entregan a las Entidades Federativas y Municipios de conformidad al Punto de Acuerdo suscrito por la LV Legislatura del Estado de Coahuila.
2.- Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de incrementar las participaciones que se distribuyan a Estados y Municipios.
3.- Se establezcan sin producir duplicidad, nuevas potestades tributarias a los gobiernos de las Entidades Federativas y a los Municipios, con la finalidad de ampliar las fuentes de financiamiento local.
Transitorios
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
Segundo.- Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la Honorable LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los estados de la República, solicitando su adhesión al presente acuerdo.
Dado en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca Calderón" del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de octubre del dos mil.
Comisión de Gobierno Legislativo
Dip. Presidente
Raúl Mejía González (rúbrica)
Dip. Vicepresidente
N. Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Dip. Vicepresidente
J. Isabel Campos Ochoa (rúbrica)
Dip. Secretario
Gilberto Padilla Peña (rúbrica)
CC. Diputados Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
PRESENTES
En sesión pública ordinaria celebrada el día 24 de octubre del presente año, la Honorable Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo que tiene por objeto enviar a la Cámara de Diputados el rechazo enérgico a la importación del frijol que el Poder Ejecutivo Federal pretende realizar a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.
Lo que se remite para su conocimiento, con plena confianza de que ustedes apoyarán nuestra postura al respecto.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 25 de octubre del año 2000.
Ciudadanos diputados secretarios
N. Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Filiberto Delgado Sandoval (rúbrica)
H. Asamblea Legislativa:
Por instrucciones de la Mesa Directiva, nos fue turnado el Punto de Acuerdo remitido por la LVI Legislatura del estado de Zacatecas, en relación a la importación de frijol que pretende realizar el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Bajo el marco normativo derivado del contenido del artículo 73, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, los integrantes de la Comisión que al rubro se señala, procedimos a su estudio, análisis y dictaminación, de conformidad a las siguientes:
Consideraciones
Primera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XX del artículo 27 consigna la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de promover la generación del empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional; asimismo, consigna el fomento a la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación técnica, organización de la producción, su industrialización y comercialización, considerando estas actividades de interés público.
Segunda.- El 14 de Julio pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para licitación pública números 038/2000, 039/2000 y 040/2000 expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, invitando a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, por una cantidad de 45,116 toneladas, amparándose en los tratados de libre comercio suscritos con los países mencionados.
Tercera.- Grave resulta el perjuicio a la economía de los productores nacionales dicha medida. Nuestra Constitución, como se ha descrito en el considerando primero, consigna la obligación del Estado para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. A la fecha, Nayarit almacena 26,600 toneladas de frijol pignorado, de las cuales 8,500 toneladas corresponden al ciclo 1998-1999 y del ciclo 1999-2000, 18,100 toneladas, lo que hace necesario priorizar la comercialización del frijol mexicano. Si bien es cierto que el Estado suscribió tratados de libre comercio con diversos países, es imperativo reorientar la política exterior con la finalidad de construir una comunidad internacional más democrática y humanista en oposición a la globalización regida por el capital financiero, criterios de mercado y de exclusión.
En virtud de lo expuesto, no existe duda de que el ciudadano Presidente, dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, debe detener dichas licitaciones hasta en tanto se comercialicen las más de 120,000 toneladas que aún se encuentran embodegadas en nuestro país, por lo que, con fundamento en los artículos 97 y 144, fracción III, del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, la Comisión que suscribe, se adhiere a la propuesta emitida por el Honorable Congreso del estado de Zacatecas y somete a la consideración de la XXVI Legislatura, el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit rechaza enérgicamente la importación del frijol que se propone en la publicación de la convocatoria para la licitación pública 038/2000, 039/2000 y 040/2000, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de julio del 2000, expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la importación de frijol por la cantidad de 45,116 toneladas de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, en virtud de que tal acción, afecta gravemente la economía de los productores de frijol nacionales y particularmente de los nayaritas.
Segundo.- Se Solicita al dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, detener dichas licitaciones, hasta en tanto se comercialicen las más de 120,000 toneladas que aún se encuentran almacenadas en nuestro país.
Transitorio
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del estado.
Segundo.- Envíese el presente acuerdo al Honorable Congreso de la Unión solicitando su apoyo y comuníquese al Honorable Congreso de Zacatecas, para su conocimiento, al ciudadano dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al ciudadano Herminio Blanco, titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que surta los efectos legales procedentes.
Dado en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil.
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros
Dip. Presidente
J. Guadalupe Flores García (rúbrica)
Dip. Vicepresidente
Carlos Rodríguez Valdivia (rúbrica)
Dip. secretario
Donaciano Robles Ceniceros (rúbrica)
Dip. vocal
Rodrigo González Barrios (rúbrica)
CC. Diputados secretarios de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión
PRESENTES
De conformidad a lo previsto por los artículos 53, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27, inciso d), del Reglamento de Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, los suscritos secretarios de la Honorable XXVI Legislatura, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:
En sesión pública ordinaria celebrada el día 24 de octubre del presente año, la Honorable Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo que tiene por objeto solicitar a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que a la brevedad posible revise, discuta y apruebe en su caso, la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, que le fue remitida por la H. Cámara de Diputados, de acuerdo a las consideraciones y motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 25 de octubre del año 2000.
Ciudadanos diputados secretarios
N. Alonso Villaseñor Anguiano (rúbrica)
Filiberto Delgado Sandoval (rúbrica)
H. Asamblea Legislativa:
A la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Forestales nos fueron turnados sendos Puntos de Acuerdo remitidos por la IX Legislatura del H. Congreso de Baja California Sur y XVI Legislatura del H. Congreso del estado de Baja California, en los cuales se exhorta a cada uno de los Congresos locales de la federación, para que promuevan ante la Cámara de Senadores que revise, dictamine y apruebe favorablemente la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que le fue remitida por la Cámara de origen para tal fin.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, párrafo III, de la Constitución Política del Estado Libre-y Soberano de Nayarit, y del contenido del artículo 73, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, los miembros integrantes de la Comisión que al rubro se señala, procedimos a su estudio, análisis y dictaminación de conformidad a los siguientes:
Antecedentes
I.- De las garantías y fortalezas que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a) El artículo 25: menciona que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientara la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
c) El artículo 27, fracción XX: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
d) El artículo 28 nos dice: el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.
II.- Es de reconocer los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la República para cumplir los señalamientos constitucionales anteriormente citados, al crear organismos, instituciones y programas que impulsen y fomenten las actividades agropecuarias tales como la Sagar, CNA, Banrural, Semarnap, Fira, Firco, Aserca y muchas más instituciones y programas como Alianza para el Campo, Procampo, Progresa, Empleo Temporal, Fonaes, Fonden, etcétera.
III.- Con lo anterior, entenderíamos que los problemas del campo están superados, sin embargo los objetivos de los programas no se logran y las instituciones no cumplen cabalmente con sus funciones.
Con base en estos antecedentes exponemos las siguientes:
Consideraciones
Primera.- Que la Ley de Desarrollo Rural contiene los elementos básicos para la formulación de una política de Estado hacia las actividades productivas que se practican en el sector rural buscando garantizar el cumplimiento de las metas que en materia de justicia social, equidad y de desarrollo económico y productivo plantea la Constitución de la República.
Segunda.- La Ley de Desarrollo Rural, aprobada por la Cámara de Diputados, es un reflejo de las demandas y necesidades del sector rural mexicano y en particular de quienes en él se dedican a las actividades productivas.
Tercera.- Que es responsabilidad del Senado de la República la revisión, dictaminación y aprobación en su caso de la Ley Federal de Desarrollo Rural
Cuarta.- Que de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política de México a la Cámara de Diputados en la formulación y aprobación del Presupuesto de Egresos del año 2001, los Legisladores Federales deben cumplir con la elevada función para la que fueron electos por el pueblo de México. Aprobando con urgencia la Ley de Desarrollo Rural.
En atención a los antecedentes y considerandos establecidos así como a los acuerdos alcanzados en el VI Encuentro Nacional de Legisladores Locales del Sector Agropecuario con la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión llevado a cabo en la Ciudad de Mexicali los días 18 y 19 de mayo del año en curso, los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios Forestales y Mineros ponemos a la consideración del Pleno de ésta H. XXVI Legislatura para su discusión y aprobación el siguiente proyecto de:
Acuerdo
Unico.- La XXVI Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Senadores, para que en los términos previstos por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proceda a analizar, dictaminar y aprobar en su caso la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que en su oportunidad la Cámara de Diputados aprobó y le remitió para su revisión y resolución.
Transitorio
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del estado.
Segundo.- Túrnese copia a las Legislaturas de los estados de la República para que se manifiesten ante el Congreso de la Unión en términos similares.
Dado en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil.
Comisión de Asuntos Agropecuarios,Forestales y Mineros
Dip. Presidente
J. Guadalupe Flores García (rúbrica)
Dip. Vicepresidente
Carlos Rodríguez Valdivia (rúbrica)
Dip. secretario
Donaciano Robles Ceniceros (rúbrica)
Dip. vocal
Rodrigo González Barrios (rúbrica)
DOS DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 7 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Hugo Cotero López, Samuel Balderas Romero, Martha Elena Meléndez Martínez, Denix Irene Nevárez Terrazas, Víctor Manuel García Quintero, Juan Fernando Rodríguez Andrade, María de Lourdes Cetina Presuel, Gustavo Aragón Hernández, Carlos Fernando Hernández Zamarrón, Fiona Clark Leithead, César Alberto Villegas Torres, Jorge Montiel Luna e Imelda Sepúlveda Nevárez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; y en los Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 21 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; y en los Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado c) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Hugo Cotero López, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Samuel Balderas Romero, para prestar servicios como asistente de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Elena Meléndez Martínez, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Denix Irene Nevárez Terrazas, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel García Quintero, para prestar servicios como intendente en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Juan Fernando Rodríguez Andrade, para prestar servicios como empleado de oficina del Departamento de Sistemas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Cetina Presuel, para prestar servicios como asistente de sistemas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Gustavo Aragón Hernández, para prestar servicios como empleado de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Fernando Hernández Zamarrón, para prestar servicios como almacenista/embarques en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana Fiona Clark Leithead, para prestar servicios como asistente consular en la Agencia Consular de los Estados Unidos de América, en Cancún, Quintana Roo.
Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso al ciudadano César Alberto Villegas Torres, para prestar servicios como asistente de servicio consular especial, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo Décimo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Montiel Luna, para prestar servicios como asistente de investigador en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Imelda Sepúlveda Nevárez, para prestar servicios como operadora de teléfonos en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de noviembre de 2000.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
J. Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor
Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo
Anaya Llamas, secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica),
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora (rúbrica); Tomás Coronado Olmos (rúbrica);
Omar Fayad Meneses (rúbrica); Alejandro Rafael García Sáinz
Arena; Federico Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández
Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles Pérez;
José Narro Céspedes (rúbrica); José César
Nava Vázquez; Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana (rúbrica); Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica); José Jesús Reyna García;
Adrián Rivera Pérez (rúbrica); Eduardo Rivera Pérez;
Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica); César Augusto Santiago
Ramírez (rúbrica); David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica);
Ricardo Torres Origel (rúbrica); Jaime Vázquez Castillo (rúbrica);
Néstor Villarreal Castro (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 22 y 23 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Salvador Tejeda Pérez y Andrés Ramírez Meza, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas de Belize y del Perú, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 28 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Belize y del Perú, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado c) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Antonio Agustín Pérez Rangel, para prestar servicios como chofer-mensajero, en la Embajada de Belize, con sede en la Ciudad de México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Georgina Salazar García, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Rubén Salvador Tejeda Pérez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Andrés Ramírez Meza, para prestar servicios como empleado de limpieza, en la Embajada del Perú, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 29 de noviembre de 2000.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
J. Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor
Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo
Anaya Llamas, secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica),
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora (rúbrica); Tomás Coronado Olmos (rúbrica);
Omar Fayad Meneses; Alejandro Rafael García Sáinz Arena;
Federico Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández
Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles Pérez;
José Narro Céspedes (rúbrica); José César
Nava Vázquez; Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana; Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica);
José Jesús Reyna García; Adrián Rivera Pérez
(rúbrica); Eduardo Rivera Pérez; Jorge Esteban Sandoval Ochoa
(rúbrica); César Augusto Santiago Ramírez; David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica); Ricardo Torres Origel (rúbrica);
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica); Néstor Villarreal
Castro (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
TRES DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN PERMISO A CIUDADANOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Embajador Carlos Alberto de Icaza González, licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, maestro José Luis Barros Horcasitas y Vicealmirante De Justicia Naval licenciado en derecho Homero Torreblanca Nambo, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes Grados les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Panamá, Portugal, Honduras y Guatemala, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado c) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Portugal.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al maestro José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco de Morazán, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante de Justicia Naval licenciado en derecho Homero Torreblanca Nambo, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Mérito Militar de Tercera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de noviembre de 2000.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
J. Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor
Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo
Anaya Llamas, secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica),
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora (rúbrica); Tomás Coronado Olmos (rúbrica);
Omar Fayad Meneses (rúbrica); Alejandro Rafael García Sáinz
Arena; Federico Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández
Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles Pérez;
José Narro Céspedes (rúbrica); José César
Nava Vázquez; Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana (rúbrica); Germán Arturo Pellegrini
Pérez (rúbrica); José Jesús Reyna García;
Adrián Rivera Pérez (rúbrica); Eduardo Rivera Pérez;
Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica); César Augusto Santiago
Ramírez (rúbrica); David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica);
Ricardo Torres Origel (rúbrica); Jaime Vázquez Castillo (rúbrica);
Néstor Villarreal Castro (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto, que concede permiso a los ciudadanos Embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, Contralmirante del Cuerpo General Rafael Valdez Lizárraga y Capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Carlos Miguel Salazar Ramonet, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados, les confieren los gobiernos de las repúblicas de Honduras, Francesa y Federal de Alemania, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco Morazán, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Contralmirante del Cuerpo General Rafael Valdez Lizárraga, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la Defensa Nacional, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Carlos Miguel Salazar Ramonet, para aceptar y usar la condecoración Deportiva Alemana, que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de noviembre de 2000.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
J. Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor
Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo
Anaya Llamas, secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica),
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora (rúbrica); Tomás Coronado Olmos (rúbrica);
Omar Fayad Meneses; Alejandro Rafael García Sáinz Arena;
Federico Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández
Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles Pérez;
José Narro Céspedes (rúbrica); José César
Nava Vázquez; Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana; Germán Arturo Pellegrini Pérez; José
Jesús Reyna García; Adrián Rivera Pérez (rúbrica);
Eduardo Rivera Pérez; Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica);
César Augusto Santiago Ramírez; David Augusto Sotelo Rosas
(rúbrica); Ricardo Torres Origel (rúbrica); Jaime Vázquez
Castillo (rúbrica); Néstor Villarreal Castro (rúbrica);
Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
Honorable Asamblea:
En escrito de fecha 20 de octubre del año en curso, el ciudadano ingeniero Enrique Carlos Madero Bracho, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Rio Branco, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesario para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano ingeniero Enrique Carlos Madero Bracho, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Rio Branco, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Brasil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de noviembre de 2000.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente;
J. Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor
Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; José Guillermo
Anaya Llamas, secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica),
secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica); José
Francisco Blake Mora (rúbrica); Tomás Coronado Olmos (rúbrica);
Omar Fayad Meneses; Alejandro Rafael García Sáinz Arena;
Federico Granja Ricalde (rúbrica); Lorenzo Rafael Hernández
Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo (rúbrica); Miguel
Angel Martínez Cruz (rúbrica); Rodrigo David Mireles Pérez;
José Narro Céspedes (rúbrica); José César
Nava Vázquez; Ricardo Augusto Ocampo Fernández (rúbrica);
Fernando Ortiz Arana; Germán Arturo Pellegrini Pérez; José
Jesús Reyna García; Adrián Rivera Pérez (rúbrica);
Eduardo Rivera Pérez; Jorge Esteban Sandoval Ochoa (rúbrica);
César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica); David Augusto
Sotelo Rosas (rúbrica); Ricardo Torres Origel (rúbrica);
Jaime Vázquez Castillo (rúbrica); Néstor Villarreal
Castro (rúbrica); Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON PROYECTO DE LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
A la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, el día 24 de octubre del año 2000, fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas de ley presentadas ante el pleno de la Cámara, para los efectos constitucionales a que haya lugar. A estas iniciativas se integró una más turnada en Septiembre del año 2000 para los mismos fines, y que fue presentada en la LVII Legislatura, el 27 de abril del mismo año.
En primer término, las fracciones parlamentarias de los siguientes partidos: Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; de la Sociedad Nacionalista; Convergencia por la Democracia; y Alianza Social, sometieron a la consideración del pleno la Iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el 24 de octubre de 2000.
En segundo término, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa de Ley General del Instituto de la Mujer el 24 de octubre de 2000.
En tercer lugar, la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura hizo llegar a la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura una Iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril del año 2000, denominada "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres".
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 numeral 2, fracción X, 45 numeral 6, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las tres iniciativas descritas, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
2. El propio 24 de octubre del año 2000 se dio cuenta a las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, de la presentación de las iniciativas que se describen en el proemio de este dictamen.
3. El día 31 de octubre del año 2000, la Mesa Directiva de la Comisión de Equidad y Género sesionó y posteriormente, en sesión plenaria acordó efectuar el análisis y .comentarios acerca de los asuntos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados, emanados de su sesión ordinaria del 24 de octubre del 2000, en torno a dos iniciativas de ley y de manera extraoficial se dio a conocer la tercera iniciativa presentada el 27 abril del año 2000.
4. El 9 de noviembre, en sesión plenaria de Comisión, se analizaron las exposiciones de motivos de las tres iniciativas, su organización lógica y jurídica, así como su distribución capitular, su contenido y la estructura orgánica del organismo. Durante este proceso, la Comisión acordó tomar como base de la discusión la Iniciativa de "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres", a la que se fueron sumando las diversas aportaciones contenidas en la Iniciativa de "Ley General del Instituto de la Mujer" y en la Iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres". También se incorporaron las valiosas opiniones externadas por diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión, así como las de otros legisladores quienes, sin ser miembros de la Comisión, tuvieron voz para expresar con claridad sus puntos de vista. Se otorgó un voto de calidad a la Mesa Directiva a fin de presentar un anteproyecto de dictamen a la Comisión. Ejercicio que se realizó en varias sesiones.
5. El 22 de noviembre se señalaron las coincidencias y se acordó sostener bajo el procedimiento de reunión de trabajo permanente, las consultas necesarias hasta la elaboración final de proyecto de dictamen, mismo que se puso a consideración el 23 del mismo mes.
6. En virtud de las amplias coincidencias conceptuales y de propósitos de las Iniciativas de Ley referidas, la Comisión decidió examinarlas en conjunto y emitir un dictamen unitario, que recoge los diversos puntos de vista expresados por las y los legisladores.
CONSIDERACIONES GENERALES
En cuanto a la naturaleza jurídica del ordenamiento sometido a la consideración de la Comisión, éste se trata de una Ley Orgánica, por la cual se crea y define la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de un organismo o entidad pública descentralizada con autonomía técnica y de gestión.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad pública propuesta, las Iniciativas de Ley presentadas coinciden en señalar que ésta debe crearse con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el quehacer de la sociedad.
Las entidades paraestatales típicas de la Administración Pública Federal se encuentran reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si bien esta ley ha permitido normar la operación de dichas entidades, este esquema no es del todo compatible con la naturaleza del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que por las funciones que tienen encomendadas debe ser objeto de un tratamiento específico y normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.
Consecuentemente, se someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para adicionar el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.
En cuanto a su denominación, la Comisión determinó que el nombre de la entidad pública debe ser el de "Instituto Nacional de las Mujeres" que aparece en la primera Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "A", en lugar de "Instituto de la Mujer" o de "Instituto Nacional de la Mujer", que aparece en la segunda Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "B" o "Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres" que propone la Iniciativa presentada en la LVII Legislatura, que en lo sucesivo será denominada Iniciativa "C". El primer concepto abarca a la amplia gama de mujeres que serán objeto de atención de la entidad, cuya pertenencia está referida a los distintos sectores, edades y condiciones socio-económicas y culturales de las mismas. En cambio, la segunda denominación es de carácter general y abstracto, lo cual produce un efecto de distanciamiento entre la institución y sus potenciales destinatarias. En el caso de la tercer denominación se considera que el nombre propuesto es extremadamente extenso, a pesar de abonar a la claridad de su objeto.
Las iniciativas "A" y "B" señalan que la Ley es "de orden público", lo que significa que el legislador impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad. La Iniciativa "A" adiciona en su Artículo 1º que la Ley será "de observancia general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta última precisión amplía el objeto y clarifica el ámbito de aplicación territorial y material de la Ley, por lo que debe prevalecer sobre la Iniciativa "B", que limita el objeto a la creación del Instituto.
La Comisión determinó modificar el Artículo 2º de la Iniciativa "A" para retomar el texto propuesto en el Artículo 1º de la Iniciativa "B" para quedar como sigue: "Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo público descentralizado, ..."
La Comisión modificó y adicionó el Articulo 3º de la Iniciativa "A" que resultaba limitativo en cuanto a los sujetos de la ley, para ampliarlo tanto a mujeres como a hombres, mexicanos y extranjeros.
Se modifica en la Iniciativa "A" el objeto general y se amplían los objetos específicos, para incorporar las propuestas de las Iniciativas "B" y "C".
Por acuerdo de la Comisión, se modifica la atribución contenida en el artículo 7, fracción sexta de la Iniciativa "A", a fin de que la denominación del programa rector de la institución sea el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres".
La Comisión acordó modificar el artículo 13 de la Iniciativa "A" para incluir la propuesta contenida en la Iniciativa "B", para otorgar voz y voto a las y los vocales propietarios de la Junta de Gobierno. Al mismo, determinó ampliar dicha Junta de Gobierno con la incorporación de las personas que aparecen en la fracción segunda, incisos a), b), c), d) y e). Adicionalmente, acordó incluir a las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial (Economía), y de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); independientemente de que también podrá invitarse, según lo requiera el orden del día, a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Por acuerdo de la Comisión, se modifica el artículo 17, fracción XIV, a fin de garantizar que el informe anual se rinda ante la Junta de Gobierno y se envite a dicha sesión al Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y los Presidentes de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.
La Comisión acordó modificar el artículo 18 de la Iniciativa "A", relativo al nombramiento de la Presidenta del Instituto, quedando como sigue: El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que someta a su consideración la Junta de Gobierno.
Con base en las anteriores consideraciones generales, la Comisión de Equidad y Género somete a la aprobación de esta Soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de sus potencialidades, tanto de condiciones favorables en su entorno familiar y comunitario, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país.
En los últimos años, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades de género en su nivel de vida, motivadas por la interpretación construida que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos, en general, en la cultura de las personas y de las instituciones.
La falta de una cultura de equidad de género explica las razones por las que no hemos encontrado soluciones al por qué entre las mujeres están los más de los pobres, por qué hay mayor grado de analfabetismo en las mujeres adultas y mayor abandono escolar entre las niñas y jóvenes. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay más desnutrición femenina que masculina, por qué a trabajo igual, a las mujeres se les da menor salario que a los hombres. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos públicos y privados de alto nivel decisorio y tantos otros porqués, que nos están exigiendo respuestas.
El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres.
Las mujeres representan un poco más del cincuenta por ciento de los habitantes del territorio nacional y su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada.
Al Estado Mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía.
En el caso de las mujeres, la búsqueda de la igualdad jurídica, social, económica y familiar, sólo se puede lograr con una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas. Todas éstas deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la persona humana, a la decisión individual, libre e informada, y a la necesaria responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros, para alcanzar el bienestar general. Se ha hecho manifiesta esta preocupación, en la permanente lucha de las organizaciones de mujeres, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino".
Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado Mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de sexo.
A partir de esta reforma constitucional y, una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión, la desigualdad y la discriminación de que son objeto, se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.
En 1974 se estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975.
En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo año, en Nairobi, Kenia.
En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.
El 8 de marzo de 1996 el Presidente de la República aprobó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. "Alianza para la Igualdad", en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. A este Programa se le dotó de. dos órganos autónomos denominados Consejo Consultivo y Consejo Social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres, desde la óptica d e la sociedad civil.
Para dar cumplimiento ala aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos Foros, el Presidente de la República creó en 1998 la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado Coordinación General y, otro, un Consejo Intersecretarial. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la Coordinación General amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio Programa.
En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con el objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de cuatro conferencias mundiales y varias regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción.
Entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998.
En la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín de 1995, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre. Esto fue como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del sexo, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional.
La Declaración Política y la Plataforma de Acción fueron aprobadas por los 189 Estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII Período Extraordinaria de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el año 2000: Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" realizada en junio del presente año en la ciudad de Nueva York.
En el plano regional latinoamericano se han celebrado siete Conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y, en febrero de este año, se realizó la Octava Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú".
Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres.
La presencia de la Comisión Nacional de la Mujer, particularmente, de su Coordinación General, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, entendida esta como el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer. Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una Entidad pública descentralizada, con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y, en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la perspectiva de género nos ofrece la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre factores de genero y crear las condiciones que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.
Con base en lo anterior, se formula la presente Iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones gozará de la autonomía que se derive de esta Ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres. Dicho Instituto se ocupará de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá, asimismo, la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal, afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro país.
La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, está compuesta por 39 artículos divididos en nueve capítulos que se denominan: Disposiciones Generales, De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, De la colaboración de los Tres Poderes de la Unión, Del cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, y Del Régimen Laboral respectivamente; así como contar con diez artículos transitorios.
El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la que participarán los y las titulares de las Dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género.
Participarán representantes gubernamentales; de la sociedad civil; como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género; y mujeres representativas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Participarán también representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. Los y las integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto.
El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esta Iniciativa, tiene como fundamento jurídico constitucional el párrafo segundo del Artículo 4º que establece que: "El varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer las disposiciones necesarias para su debida observancia.
A mayor abundamiento, el Gobierno de México, en cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981 que en su Artículo 3º establece "Los Estados Partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".
Por otra parte, el Artículo 4º, párrafo primero de la Convención señala que: "la adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación, en los términos definidos por la presente Convención, y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de inequidad; estas, medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados...".
Consecuentemente, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se promueve la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo han venido recomendando reiteradamente las Conferencias Mundiales de la Mujer, que recomiendan el establecimiento de "...un mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...".
Con base en lo anterior, la Comisión de Equidad y Género
presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, para su aprobación,
el siguiente texto de la Ley que quedaría como sigue
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo l.- La disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Artículo 2.- Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres y hombres mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, y las los mexicanos en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; quienes podrán participarán en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.
Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Bajo los criterios de:
- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
- Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.
Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación.
La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.
La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;
III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.
La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales;
IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales: 1) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia: "Convención de Belém do Pará".
Artículo 7.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación;
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.
IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;
V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;
VI. Elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, objeto de esta Ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Evaluar el Programa periódica y sistemáticamente, cuidando de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de los tres poderes de la Unión. Promover su ejecución en los Estados y Municipios y entre los sectores de la sociedad en general, y proponer innovaciones;
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
VIII. Participar, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del Instituto;
IX. Promover, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con la equidad de género y las mujeres;
X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de la equidad de género y las mujeres;
XI. Promover ante los tres poderes del gobierno federal la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política;
XII. Establecer vinculación con el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar las reformas jurídicas necesarias que garanticen el accesos equitativo y no discriminatorio en el ejercicio de los derechos de las mujeres;
XIII. Establecer vinculación con el Poder Judicial de la Federación y con los de las Entidades Federativas, para impulsar acciones que en materia de impartición y procuración de justicia, eliminen cualquier, forma, de discriminación contra las mujeres;
XIV. Establecer vinculación con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para. las mujeres;
XV. Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y la banca multilateral para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;
XVI. Promover y desarrollar el uso de metodologías con perspectiva de género para la planeación, elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de políticas públicas;
XVII. Propiciar las condiciones, competencias y sensibilización necesarias para legitimar ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;
XVIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, cuando así lo requiera;
XIX. Apoyar Iniciativas de Ley que mejoren la situación y condición económica, política, social y cultural de las mujeres;
XX. Promover que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos plenamente en las leyes respectivas, tal como han sido definidos en el plan internacional, procurando su protección, respeto y cumplimiento;
XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres;
XXII. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;
XXIII. Realizar, promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de las mujeres en los diversos campos de la realidad social;
XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional coma internacional sobre los temas de las mujeres;
XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;
XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional;
XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;
XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas;
XXIX. Emitir informes de evaluación periódica de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;
XXX. La actualización el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica, y
XXXI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 9.- El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.
Capítulo II
De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional
de las Mujeres
Artículo 10.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
Artículo 11.- El Instituto contará con un órgano de Control Interno que formará parte de su estructura.
Artículo 12.- En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo conducente, así como los principios generales del derecho en lo que no se opongan a la presente Ley.
Artículo 13.- La Junta de Gobierno estará integrada por:
II.- Las y los Vocales Propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:
a. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
- Gobernación;
- Relaciones Exteriores;
- Hacienda y Crédito Público;
- Desarrollo Social;
- Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Medio Ambiente y Recursos
Naturales);
- Comercio y Fomento Industrial (Economía);
- Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación);
- Educación Pública;
- Salud;
- Trabajo y Previsión Social;
- Reforma Agraria;
- Procuraduría General de la República;
- Instituto Mexicano del Seguro Social;
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado;
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
- Instituto Nacional Indigenista;
- Instituto Nacional de la Juventud;
- Instituto Nacional de la Senectud; y el
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
b. Un integrante por cada grupo parlamentario mayoritario representado en la Cámara de Diputados y el mismo número en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que tengan más del 8% de la integración de las mismas, más un integrante de cada uno de los tres grupos parlamentarios del Senado de la República que alcancen el mismo porcentaje.
c. Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal;
d. Cuatro integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social, incluidas sus titulares;
e. Diez mujeres representativas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos representantes de organizaciones empresariales, dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género; una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres representativas en la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres.
En la primera reunión, la Junta de Gobierno establecerán los lineamientos para designar por consenso, de las tres cuartas partes de los integrantes, a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II, inciso e) y definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.
Los integrantes de la Junta de Gobierno, serán suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deberán ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares.
En la segunda sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, la Presidenta del Instituto designará una Secretaria Técnica y una Prosecretaria.
Artículo 14.- Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto;
III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;
V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto;
VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera;
VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 13, fracción II, inciso e de esta Ley;
VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias;
IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria;
X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;
XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;
XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidenta, con la intervención que corresponda al Comisario;
XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;
XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas;
XVI. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social, y
XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.
La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Dirección General con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes.
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de las y los vocales propietarios presentes y la Presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria Ejecutiva del Instituto; la Secretaria Técnica y la Prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la o el Comisario Público del Instituto Nacional de las Mujeres.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter
Capitulo III
Del Nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres
Artículo 16.- Para ser Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:
II.- No haber sido condenada por delito intencional alguno, o inhabilitada por la Contraloría de la Federación;
III.- Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley, y
IV.- No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los miembros de la Junta de Gobierno.
II. Administrar y representar legalmente al Instituto;
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;
IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos;
VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;
VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;
VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;
X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del Instituto;
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público;
XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Presidentes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación;
XV. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos propietario y suplente;
XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y
XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno.
Artículo 19.- La Presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo período de tres años.
Capítulo IV
Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional de las Mujeres
Artículo 20.- La Presidenta del Instituto propondrá a al Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaría Ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:
II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior;
III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa; y
IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley.
II. Someter a la consideración de la Presidenta del Instituto Nacional, proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno; y
III. Auxiliar a la Presidenta en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico.
Artículo 22.- El Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un Consejo Consultivo y un Consejo Social.
Artículo 23.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres, cuyos participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, propuestas a la Junta de Gobierno a través de las organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas.
El propio Consejo Consultivo determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por un Consejera Presidenta.
Artículo 24.- Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.
Artículo 25.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Esta se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. El propio Consejo Social determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por una Consejera Social Presidenta.
Artículo 26.- Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.
Artículo 27.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:
II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general;
III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres, y
IV. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto.
II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional,
III. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta Ley.
IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta Ley;
V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad.
VI. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto.
Capítulo VI
De la Colaboración de los tres Poderes de la Unión.
Artículo 30.- Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión proporcionarán la información pertinente, en los términos de las peticiones que el Instituto les formule y colaborarán con el Instituto Nacional de las Mujeres dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.
Artículo 31.- Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.
Artículo 32.- En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para el logro de los fines del Instituto Nacional de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los Organismos Estatales de las Mujeres, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para el apoyo, orientación y promoción de los programas de carácter nacional.
Capítulo VII
Del Cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres.
Artículo 33.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.
Como resultado de la evaluación del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá emitir recomendaciones para los legisladores, autoridades, y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, apoyen la ejecución del citado Programa.
Capítulo VIII
Del patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto
Nacional de las Mujeres
Artículo 34.- El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará:
II.- Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;
III.- Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7, fracciones XV, XXV y XXVII, y
IV.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.
Artículo 36.- La gestión del Instituto estará sometido al régimen del Presupuesto Anual de la Administración Pública Federal.
Artículo 37.- El Instituto Nacional de las Mujeres queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.
Capítulo IX
Del Régimen Laboral
Artículo 38.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 39.- Las y los trabajadores del Instituto quedan incorporados
al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- En tanto se nombra a la Presidenta prevista en el artículo 18 y a las vocales propietarias señaladas en el artículo 13 fracción II, inciso e; las anteriores no se considerarán integrantes del órgano de Gobierno.
TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres, preservándose los derechos de los trabajadores de la Coordinación General.
CUARTO.- Las y los actuales funcionarios y servidores públicos de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente de la Presidenta, conforme a lo dispuesto por esta Ley.
QUINTO.- La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento;
SEXTO.- Para el nombramiento de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la Junta de Gobierno hará la presentación de su propuesta en los términos del artículo 18 de esta Ley, dentro de los noventa días siguientes a aquel en que esta Ley entre en vigor.
SÉPTIMO.- El Consejo Consultivo y el Consejo Social creados mediante Decreto del Poder Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de Mujer 1995-2000, de fecha 8 de marzo de 1996, los que han venido operando en virtud de su representatividad social, continuarán desempeñando sus funciones.
OCTAVO.- La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.
NOVENO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley, así como el capítulo relativo a la Comisión Nacional de la Mujer, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998.
DÉCIMO.- Se abroga el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1996.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil.
Suscriben el Presente Dictamen de Iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, firman las y los Diputadas y Diputados Federales.
Diputadas y diputados: Concepción González Molina, Presidenta (PRI) rúbrica; Olga Haydée Flores Velázquez, secretaria (PRI) rúbrica; Silvia América López Escoffie, secretaria (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos; María del Rocío García Gaytán, secretaria (PAN) rúbrica; María de los Angeles Sánchez Lira, secretaria (PRD) rúbrica; Moisés Alcalde Virgen (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Esveida Bravo Martínez (PVEM) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Nelly Campos Quiroz (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Pedro Pablo Cepeda Sierra (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, María Elena Chapa Hernández (PRI) rúbrica, Rosa Delia Cota Montaño (PT) rúbrica, Maricruz Cruz Morales (PRI) rúbrica, Genoveva Domínguez Rodríguez (PRD) rúbrica, María de las Nieves García Fernández (PRI) rúbrica, Josefina Hinojosa Herrera (PRI) rúbrica, Victoria Ruth Sonia López Macías (PAN) rúbrica, Martha Patricia Martínez Macías (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Leonila Méndez Herrera Alba (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal (PRD) rúbrica, Griselda Ramírez Guzmán (PAN) rúbrica sólo para lectura con reserva en diversos artículos, Silvia Romero Suárez (PRI) rúbrica, Maricela Sánchez Cortés (PRI) rúbrica, Martha Silvia Sánchez González (PRI) rúbrica.
(Es de primera lectura y publíquese nuevamente en la Gaceta
Parlamentaria).
Los suscritos diputados y diputadas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promovemos ante esta alta representación la siguiente Iniciativa:
"Adicionar la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra Carta Magna, a fin de que el Congreso legisle en materia de turismo, para establecer las Bases Generales de Coordinación de la facultad concurrente entre la federación, entidades federativas y municipios", lo anterior bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
En virtud de la gran diversidad de destinos turísticos que México ofrece al mundo, de la importancia que ha ocupado esta actividad y toda vez que nuestro país cuenta con los recursos naturales y humanos suficientes para competir con potencias turísticas tales como Francia, España, Italia y Estados Unidos.
Sabedores de que la aportación del turismo al Producto Interno Bruto durante el periodo 1998-1999 fue de 8.2 por ciento; que se captó el 3.1 por ciento por concepto de destino turístico a nivel mundial, y que se obtuvo el décimo tercer lugar en cuanto a ingresos captados, superando el lugar 17 obtenido en 1995.
Conscientes de que México ha venido ocupando la séptima posición mundial en llegada de turistas; que en 1998 y parte de 1999, los ingresos captados por concepto de visitantes internacionales fueron superiores a los del petróleo y sólo superados por exportaciones manufactureras.
Que el número de turistas que llegó al país en el primer cuatrimestre del año pasado fue de 6 millones 857 mil personas, superior en 2.8 por ciento respecto al mismo lapso en 1998.
Conocedores de que los ingresos generados por los turistas alcanzaron 2 mil 277 millones de dólares, monto inferior en 2.1 por ciento respecto a lo reportado en el mismo periodo del año previo.
Sabedores de que el turismo inició como una actividad meramente comercial y que debido a la importancia que ha ido cobrando requiere ser tratada como una actividad integral de prioridad nacional.
Conscientes de que México puede y debe ocupar uno de los primeros sitios en cuanto a capacitación de turismo y convertir esa actividad en una de las principales fuentes de ingresos del país.
Si bien es cierto que existen programas, objetivos estratégicos, consejos consultivos, convenios de coordinación, planes de promoción, de desarrollo y de servicios turísticos; diversas comisiones, grupos y convenciones; etcétera; no menos cierto es que el turismo requiere de una base que establezca los lineamientos generales para regular esta actividad con el fin último de que los resultados que genere sean para beneficio común.
A efecto de potencializar los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno en los que participen los sectores público, privado y social, y a fin de que los municipios y estados, "células básicas de la organización política", sean los que definan el destino que se debe dar a aquellos bienes susceptibles de ser utilizados dentro de su territorio para el turismo.
Cabe hacer mención que como resultado del Acuerdo Nacional para el Turismo hacia el Tercer Milenio, realizado por los diputados de la Legislatura pasada de la Comisión de Turismo, se detectó que dada la diversidad de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de turismo, podría provocar políticas encontradas, situación que motiva a la creación de bases legislativas que permitan concurrir a los diversos órdenes de gobierno y sector privado en materia de turismo.
Por todo lo anterior, la Iniciativa en comento pretende que este H. Congreso entre al análisis y discusión y a fin de que se precise con claridad en materia de turismo, las bases legislativas para la participación concurrente entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
Con esta precisión, de que la facultad del Congreso de la Unión es para legislar en materia turística pero bajo la tónica de la concurrencia, con lo que se pretende impulsar el auténtico federalismo, entendido éste como una organización estatal no sólo de división territorial, sino de una distribución de competencia del poder o atribuciones, recursos y responsabilidades.
Para Acción Nacional, el federalismo junto con su división de poderes entre las autoridades federales y locales es un soporte del gobierno constitucional libre, y es indispensable en un régimen democrático, es decir, una estructura política federal que establezca una división de poderes, pero también de funciones, para eficientizar la función pública y evitar el abuso de un poder central, la mayoría de las veces ajeno a las necesidades y exigencias locales.
En otras palabras, el federalismo es una forma de movilizar y amalgamar esfuerzos entre los diversos órdenes de gobierno, mediante la diversificación o descentralización de las políticas públicas, como en esta iniciativa se propone.
En fin, esta iniciativa pretende de una vez por todas echar abajo con hechos, aquella frase que establece que lo general es lo federal y la excepción lo local.
Por último, a manera de conclusión debe quedar claro que lo federal debe ser la excepción a un campo reducido de tareas que definitivamente no sea factible transferir a los estados.
En consecuencia y con apoyo en la disposición constitucional invocada en el proemio, elevamos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Artículo 73. ...
XXVIII. Para legislar en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, Estados, Municipios, Distrito Federal, así como la participación de los sectores privado y social.
XXIX. a XXX. ...
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
San Lázaro, DF, a 28 de noviembre del 2000.
Diputados: María Cruz Martínez Colín (rúbrica),
Mercedes Hernández Rojas (rúbrica), Pablo Arnaud Carreño
(rúbrica), Esteban Sotelo Salgado (rúbrica), Fernando Ugalde
Cardona (rúbrica), Armando Enríquez Flores (rúbrica),
Daniel Ramírez del Valle (rúbrica), Sonia López Macías,
Clemente Padilla Silva (rúbrica), Juan Ignacio García Zalvidea
(rúbrica), Roberto Bueno Campos, Luis Alberto Villarreal García
(rúbrica), Jesús Mario Garza Guevara (rúbrica).
DE ADICIONES AL ARTICULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, EN LA SESION DEL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2000
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
Tal vez el mayor problema que enfrenta nuestro país es la pérdida de biodiversidad, de la cual, México es un líder mundial, ya que se encuentra en el quinto lugar mundial entre los países denominados como megadiversos, y es el número uno en especies de reptiles.
Muchas veces y en virtud de que es en las ciudades en donde habitan la mayor parte de mexicanos, nos preocupamos más por la situación ambiental de estos centros urbanos que de la situación que guarda el campo mexicano, en el cual, desgraciadamente y según la opinión de muchos expertos es donde se vive la mayor tragedia ambiental del país, ya que día a día se pierden centenares de hectáreas de bosques y de selvas; ecosistemas que se encuentran entre los más ricos del planeta.
No debemos olvidar que aparte de la obligación moral que tenemos de cuidar a las especies silvestres que habitan en el territorio nacional, existe un gran potencial económico derivado de la conservación de las mismas, así, el acceso a los recursos genéticos es hoy en día una realidad que genera mercados millonarios, y donde México tiene un gran potencial para participar en ellos, por otro lado, México espera en el mediano plazo que el sector turístico ocupe el lugar de privilegio entre las actividades económicas del país, ya que debido a nuestra vecindad con los Estados Unidos y las bellezas naturales de nuestra patria, representan una ventaja comparativa respecto de otros países. Es por lo antes mencionado que resulta prioritario el conservar nuestra diversidad, lo cual solo se podrá hacer en base de una regulación que se congruente con las expectativas de crecimiento y de conservación que tiene México.
Existen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente una serie de normas e instrumentos que se utilizan para evitar la mala utilización de los recursos naturales, entre estas normas e instrumentos destacan dos: Las áreas naturales protegidas y la evaluación de impacto ambiental.
Las área naturales protegidas son las zonas dentro del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, y la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual el poder ejecutivo a través de la Secretaría facultada para tal efecto, establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condicionantes establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Debemos tomar en consideración que en virtud de la importancia de los ecosistemas que se encuentran el las áreas naturales protegidas por la Federación, la actual fracción XI del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé que quien pretenda realizar una obra dentro de un área natural protegida, deberá obtener previamente una autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría correspondiente. Si bien es adecuado que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevea que para la realización de obras en áreas naturales protegidas se requiera de una autorización previa en materia de impacto ambiental, consideramos que la disposición es incompleta e incongruente con el espíritu de todo el artículo 28 del mencionado ordenamiento, ya que la fracción X del mismo artículo se refiere a obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, y esteros conectados con el mar, así como a sus litorales o zonas federales.
Por lo que se puede apreciar de la citada fracción X, el legislador le da una relevancia especial a cierto tipo de ecosistemas, por lo cual decidió protegerlos, analizando previamente cualquier obra o actividad que se pretenda llevar a cabo en dichos lugares, lo anterior debido a que una actividad puede resultar igual o mas dañina para un ecosistema que una obra, y no hay razón para considerar que los ecosistemas especiales o frágiles, como son los de las áreas naturales protegidas, y los establecidos en la fracción X del mencionado artículo 28, no sean protegidos mediante el instrumento preventivo de la evaluación del impacto ambiental.
Los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como integrante del Poder Revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de
Decreto.- Por el que se adiciona la fracción XI del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo Unico.- Se adiciona la fracción XI del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:
Unico.- Esta ley entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de noviembre del 2000.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Coordinador;
Francisco Agundis Arias, Vicecoordinador; José Antonio Arévalo
González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas
y Chozas (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega (rúbrica),
José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa
Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica),
Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina
Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica),
Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth
Spezia Maldonado (rúbrica).
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su sesión ordinaria correspondiente a noviembre, el miércoles 29 del mismo mes, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión
anterior realizada el 25 de octubre pasado.
4. Informe de la Junta Directiva del trámite seguido a la petición
de entrega del expediente que contiene Dictamen con Proyecto de Decreto
de reformas a los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
5. Informe de la Junta Directiva del trámite seguido a la propuesta
con punto de acuerdo para reubicar a pobladores de la congregación
Mundo Nuevo del municipio de Coatzacoalcos.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Lista de asistencia.
Lectura del acta de la reunión de instalación.
Programa de trabajo trienio 2000-2003.
Propuesta de creación de la Subcomisión de la Cuenca
Lerma-Chapala-Santiago y de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo.
Propuesta de documento de opinión emitida por la Comisión
de Recursos Hidráulicos a la Iniciativa de reformas a los párrafos
quinto y sexto del artículo 27 y la fracción XVII del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999 del Sector Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jesús Burgos Pinto
Presidente
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A su reunión con el lic. José Luis Romero Hicks, coordinador en materia de vivienda del equipo de transición del Presidente electo Vicente Fox, el miércoles 29 de noviembre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Presentación de los miembros del equipo de transición
en materia de vivienda.
3. Presentación de los integrantes de la Comisión de
Vivienda.
4. Palabras del dip. Salvador López Orduña, Presidente
de la Comisión de Vivienda.
5. Palabras del lic. José Luis Romero Hicks. Proyecto de Vivienda.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Salvador López Orduña
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D, cuarto nivel.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Revisión y aprobación, en su caso, del programa de
trabajo.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Silvano Aureoles Conejo
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 29 de noviembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio D, segundo nivel.
Orden del Día
1. Verificación de quórum.
2. Propuesta para la creación de los grupos de trabajo.
3. Procedimiento para la integración de los grupos.
4. Lineamientos para la elaboración del plan de trabajo.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 29 de noviembre, a las 10 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D, cuarto nivel.
Orden del Día
1. Informe de las subcomisiones de trabajo.
2. Integración de la Subcomisión para la Elaboración
de Dictámenes.
3. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo que sostendrá con la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, encabezada por su Presidente, Excmo. sr. Guennady N. Seleznev, el miércoles 29 de noviembre, a partir de la 11:30 horas, en el salón Protocolo, ubicado en el edificio A planta principal.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A su reunión extraordinaria, el miércoles 29 de noviembre, a las 12 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Revisión y aprobación, en su caso, del Programa de
Trabajo.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Silvano Aureoles Conejo
Presidente
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria, el miércoles 29 de noviembre, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Bienvenida al C. Presidente de la Comisión Nacional del Deporte,
lic. Ivar Sisniega Campbell.
3. Intervención del C. Presidente de la Comisión Nacional
del Deporte, lic. Ivar Sisniega Campbell.
4. Intervención de los CC. diputados.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Arturo Escobar y Vega
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 29 de noviembre, a las 16 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D tercer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Proyecto de programa de trabajo de la Comisión.
4. Calendario de reuniones con funcionarios de la Administración
Pública Federal vinculados al tema de Radio, Televisión y
Cinematografía.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el miércoles 29 de noviembre, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
I. Registro de asistencia.
II. Avance en el seguimiento de acuerdos de las reuniones previas.
III. Revisión de dictámenes pendientes.
IV. Contratación de asesores.
V. Horario de verano.
VI. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Auditorio Sur.
Orden del Día
1. Declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las
actas de las sesiones realizadas el 12 y 17 de octubre, así como
la del 8 de noviembre del año en curso.
3. Reunión de trabajo con la representación del equipo
de transición del área de política social del Presidente
electo Vicente Fox.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Cantú Torres
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Protocolo, ubicado en la planta baja del edificio A, para la revisión de la función 16/ "Comunicaciones y Transportes", de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999.
Atentamente
Dip. Luis Pazos de la Torre
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Leona Vicario, planta baja del edificio H.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
del 15 de noviembre de 2000.
3. Integración final de subcomisiones y temas de la agenda legislativa
de la Comisión.
4. Entrega a las subcomisiones de los puntos de acuerdo turnados a
la Comisión.
5. Propuesta para presentar al Pleno el Punto de Acuerdo sobre el Presupuesto
para el Sector Turismo.
6. Información del Derecho de Servicios Migratorios Marítimos.
7. Información de la reunión con el Consejo Nacional
Empresarial Turístico, a celebrarse el jueves 30 de noviembre de
2000, en punto de las 9 horas.
8. Reunión de trabajo de la Comisión con las Comisiones
de Turismo del Senado de la República y de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
9. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión plenaria, el miércoles 29 de noviembre, a las 18 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Informe de las subcomisiones de trabajo.
2. Integración de la Subcomisión para la Elaboración
de Dictámenes, Opiniones y Resoluciones.
3. Integración de la Subcomisión para Elaborar la Propuesta
de Atención a las Demandas de los Pueblos Indígenas en el
Presupuesto de Egresos del 2001.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de noviembre, a las 18 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura del acta de la reunión anterior.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Propuesta del seminario de actualización para los miembros
de la Comisión.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
Al taller Seguridad Social; teoría y práctica, reforma, perspectivas y retos, que se realizará el miércoles 29 de noviembre, en el salón Verde, ubicado en el edificio A, segundo nivel.
Programa
10:20-10:30
Intervención del dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente
de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
10:30-10:40
Inauguración
Conferencias magistrales
10:45-11:30
Modelos europeos y americanos de seguridad social
Expositor: Dr. Alejandro Bonilla García
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
11:30-12:15
La seguridad social en América Latina: evolución,
reforma y retos
Expositor: Mtro. Pedro Moreno Salazar
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X)
12:15-12:45
Sesión de preguntas y respuestas
12:45-13:00
Receso
13:00-13:45
El derecho a la seguridad social en México: evolución,
reforma, perspectivas y retos
Expositor: Dr. Néstor de Buen Lozano
Ex Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
13:45-14:30
Seguridad social en pensiones: ¿Qué ha pasado con
las reformas?
Expositor: Act. Carlos Soto Pérez
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
14:30-15:00
Sesión de preguntas y respuestas
15:00-16:00
Receso
16:00-16:45
El sistema de pensiones mexicano
Expositor: Dr. Alejandro Villagómez Amezcua-Manjarrez
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
16:45-17:30
Seguridad social en salud. Evolución y tendencias de reforma
en México: ¿Hacia dónde vamos?
Expositor: Dr. Gustavo Leal Fernández
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A)
17:30-18:15
La iniciativa de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social y los retos para el futuro próximo
Expositor: Act. Alejandro Hazas Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
18:15-19:00
Sesión de preguntas y respuestas
19:00
Clausura
Atentamente
Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión de trabajo que sostendrá con la Delegación de Ucrania, el sábado 2 de diciembre, a partir de las 10:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el edificio C, planta baja.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (SIID)
Se informa a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados a la LVIII Legislatura, que ya pueden consultar por Internet el directorio telefónico de los miembros de esta Legislatura, que fue integrado gracias a la información proporcionada por los grupos parlamentarios y diputados federales.
La consulta se podrá hacer en la dirección de Internet de la Cámara: www.cddhcu.gob.mx, en la sección Pleno-CC. Diputados: Directorio telefónico de diputados federales. LVIII Legislatura.
Para mayor información, marque el teléfono 5628.1300,
extensión 4724.
DE LA DIRECCION GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA
Diario de los Debates (1917-2000) en internet
Consulte las versiones estenográficas de todas las sesiones y las comparecencias a través de internet.
www.cddhcu.gob.mx/servddd
Además:
Para mayor información, marque el teléfono 56281300, extensión
1367.