Los suscritos, diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en los términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente iniciativa, encaminada a reformar el artículo 135 de la misma Constitución, para hacer posible, sin romper el orden constitucional, la convocatoria a un congreso especial, que formule una nueva Constitución federal. Esta propuesta, se funda en la siguiente exposición de motivos.
Exposición de Motivos
I. La actual Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, cuenta a la fecha con 83 años y varios meses de vigencia, lo que hace de ella un caso de excepción, si la comparamos con el tiempo que duraron otras constituciones mexicanas; la de 1824, en varios intervalos en que no estuvo en vigor hasta 1857, las conservadoras de 1836 y 1843, no más de unos pocos años, y la de 1857, sesenta años, de los cuales los diez primeros correspondieron a las guerras que su misma entrada en vigor provocó y de sus últimos 40 años, correspondiendo treinta y tres a la dictadura porfiriana y siete a la Revolución Mexicana. Esta excepcionalidad en su prolongada duración, no ha sido sin embargo, un transcurso apacible y sin problemas; por el contrario, la Constitución de 1917, ha sido reformada en innumerables ocasiones y en algunas de ellas, en artículos que como el 3º el 123, el 130 y otros, que eran considerados como torales e inamovibles.
II. Como muchos o quizá como todos los temas alrededor de la Constitución, el de la Reforma Constitucional, está ligado íntimamente con el de la soberanía popular y por ende con el de la representación.
Al hablar de reformar una Constitución, necesariamente se tiene que hacer referencia al sujeto capaz de tal reforma y se impone además, una retrospección al tema del poder constituyente. En esta propuesta nos adentraremos en el tema de las reformas constitucionales y principalmente en el de una nueva constitución, a partir de la anterior y por encima de la anterior.
Los autores antiguos y modernos, han tratado ampliamente este asunto; quienes siguen las tesis positivistas, reducen el problema al texto mismo de la ley fundamental, si ésta prevé y autoriza modificaciones, reformas o enmiendas, las mismas se podrán llevar a cabo, precisamente mediante el procedimiento que el mismo texto legal establezca. El positivismo jurídico no toma en cuenta para el análisis y la lógica jurídica, nada que no se encuentre dentro de la norma misma. Su aportación a la lógica del derecho constitucional es sin duda útil para la aplicación estricta de la ley, pero incompleta para la ciencia jurídica, la cual requiere del conocimiento del contenido de la norma, además del estudio de su forma.
Mario de la Cueva y otros constitucionalistas mexicanos y extranjeros, entre ellos el teórico alemán Karl Schmidt, van más allá de la posición puramente letrista de los seguidores de Kelsen y sostienen que aun cuando el texto de la Constitución, como sucede en la nuestra de 1917, autorice reformas y adiciones y señale el procedimiento e imponga los requisitos, esta autorización de modificaciones, no puede abarcar a todo el cuerpo constitucional, no puede referirse de ninguna manera a las decisiones políticas fundamentales, ya que dichas decisiones representan una voluntad soberana del pueblo que asume y adopta ciertos principios básicos para su propia organización y gobierno, que no toleran estar sujetos a la revisión de un poder constituido, ni podrán tampoco modificarse por conducto de representantes; esto es, que para que esa decisiones básicas puedan reformarse o sustituirse, se requerirá la voluntad popular expresada directamente, por el medio que sea factible. Sólo el pueblo mismo, en ejercicio directo de su soberanía tendrá la facultad de llevar a cabo cambios fundamentales.
Otro tema también esencial, en la discusión de la reforma constitucional, es el de los cambios a la ley o su permanencia indefinida en el tiempo, nadie propone ni propondría, que las leyes, incluidas las constituciones, sean promulgadas para tener vigencia eterna; las leyes son fenómenos culturales que responden a las realidades y circunstancias de lugar y momento; pero por otro lado, tampoco se puede pensar en leyes que estén sujetas a un proceso permanente de modificaciones, a un vaivén constante que las haga inaplicables en la práctica, generadoras de inseguridad y propiciadoras de corrupción.
El dilema entre permanencia e inmovilidad de las leyes, entre seguridad y certeza por un lado y cambios constantes y repetidos por el otro, esta presente permanentemente en estas cuestiones; puede haber leyes constitucionales como la española de 1978, que este año cumple veintidós años de vigencia y ha sido modificada una sola vez, o pueden haber leyes, como la Constitución mexicana de 1917, que a la fecha ha sufrido trescientas ochenta y una alteraciones y que de sus ciento treinta y seis artículos, solamente mantienen la redacción original treinta y ocho, según el estudio acucioso publicado por el Sistema Integral de Información y Documentación de la Cámara de Diputados.
Según otra contabilidad, la del maestro Enrique Sánchez Bringas, en un cuadro publicado en su texto Derecho Constitucional, en el que analiza, no las veces en que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación alteraciones a los artículos constitucionales, sino el número preciso de estas alteraciones, aun cuando sean producto de una misma iniciativa de reformas, la cifra alcanza el total de ochocientas veintidós modificaciones, entre las cuales dice el maestro Sánchez Bringas, encontramos quinientas quince reformas, cuarenta derogaciones, e inclusive, lo cual no deja de producir asombro, nueve modificaciones a artículos transitorios.
Entre estos dos extremos, el de no cambiar nada por años a un texto constitucional, o cambiar constantemente y sin limitación alguna, al grado de que el último texto no tenga nada en común con el original, debe de buscarse un justo medio, que permita la flexibilidad necesaria y que impida la inseguridad jurídica y los cambios caprichosos.
Por supuesto que han existido soluciones encaminadas a buscar ese justo medio; el constituyente mexicano de 1824, que estuvo integrado sin duda por hombres previsores, encontró una solución que a nuestro parecer se coloca en esa posición equilibrada entre el constante manoseo de la Carta Magna o el inmovilismo de ésta por largos años; establecieron los integrantes de aquel primer Congreso Mexicano, una regla según la cual ningún proceso de observaciones a la constitución, preludio entonces de cambios a su texto, podría iniciarse con anterioridad a 1830, esto es que al menos durante seis años sería posible calibrar si las instituciones jurídicas correspondían o no a la realidad sociológica de la República naciente.
Esta medida serviría para detener por un tiempo al menos, la tentación de efectuar cambios circunstanciales para atajar problemas de momento o para satisfacer ambiciones transitorias de personas o de grupos.
Por cierto, no sobra recordar que la misma Constitución de 1824 determinó preservar algunos principios que el constituyente declaró como inamovibles, con lo que se adelantó a la concepción teórica posterior de las decisiones políticas fundamentales; en su artículo 171 estatuía "Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados".
En el mismo orden de ideas, en 1970, el maestro Rafael Preciado Hernández, director entonces del Seminario de Filosofía del Derecho, de la facultad de derecho de la UNAM, en un debate político sobre la reforma democrática de las estructuras, sostenía que antes de pensar en reformar las que se encontraban vigentes en las leyes, teníamos que probar primero durante un tiempo, sí las mismas, aplicadas a cabalidad y cumplidas fielmente, eran buenas o malas, dado que entonces (como antes y ahora), muchas de las leyes vigentes simplemente no se cumplían o se cumplían a medias.
En fin, el dilema entre una constitución perpetua o casi perpetua e inamovible y una constitución en proceso constante de reformarse, se ha resuelto siempre mediante un sistema de cambios, sujeto a métodos y reglas peculiares y específicas, a requisitos y términos, que el maestro Sánchez Bringas en la obra ya citada, tipifica en cuatro posibles sistemas, que se pueden encontrar en la actualidad vigentes en diversas partes del mundo.
El primero, es el sistema de las constituciones que pueden ser modificadas por el mismo órgano y con los mismos procedimientos y requisitos que se utilizan para modificar la legislación ordinaria.
Una segunda fórmula es idéntica a la anterior, pero con el requisito adicional de que, para la modificación constitucional se exige la intervención de dos legislaturas, una que recibe la propuesta y la inmediatamente posterior que debe de discutirla y en su caso, aprobarla.
Una tercera posibilidad es aquella que exige para el inicio del procedimiento o para su culminación, la intervención directa de ciudadanos a través de una iniciativa popular o bien de un referéndum para la aprobación final.
Y por último se encuentra el sistema propio de los estados federales, en el que además del Congreso Federal, intervienen en la reforma los Congresos de los estados federados.
En México, a pesar de antecedentes, del conocimiento de experiencias en otros países y de oportunas advertencias, como se puede ver de las estadísticas a que antes nos hemos referido, cada nuevo presidente, incluido el actual, llegaba con su cartapacio de temas de campaña bajo el brazo, para incluirlos a tuertas o derechas en el texto de nuestra Carta Magna.
Esta práctica de cambiar constantemente la Constitución, como ha sucedido durante más de ochenta años, ha sido causa de muchos males a nuestra sociedad, tan aceleradamente, tan inopinadamente, pierde majestad y respeto; sus destinatarios se acostumbran a verla no como la ley máxima que se encuentra por encima de voluntades personales o de grupo, sino como la expresión de la voluntad de los poderosos del momento, que por tanto cambiará cuando éstos caigan y vengan nuevos y pasará de moda tan pronto pasen de moda quienes la sostienen.
Juan Miguel de Mora, en un célebre libro escrito hace unos tres lustros, llamado Con la venia del señor Presidente, decía que la letra de la Constitución y las de todas las demás leyes de la República, son letra muerta ante la voluntad del jefe del Estado.
¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tantas modificaciones a la Constitución? ¿Y por qué tan aceleradamente aprobadas? La respuesta es variada y la explicación del fenómeno debe de servirnos de sustento para reflexionar en soluciones de fondo y valederas a mediano plazo al menos; para ello, es necesario afrontar el problema de sí las reformas constitucionales, sean éstas sólo de artículos aislados o de instituciones completas, o bien se refieran a la totalidad del texto constitucional, lo que implicaría una nueva Constitución de la República.
Por ello y para explorar una de las causas de los constantes cambios, que es precisamente la de la voluntad que hasta hace poco era omnímoda para el Presidente de la República, quiero recordar algunos hechos de la historia no tan remota, que son muestra de cómo se manejaba este asunto en México, antes de los cambios cualitativos que se han producido en el Poder Legislativo y en general en la política nacional.
Siendo presidente Luis Echeverría, tuvo la ocurrencia de que fuera gobernador del estado de Sonora uno de los jóvenes políticos que destacaban en su gobierno, pero la constitución del estado exigía una edad que el beneficiado de la voluntad presidencial no alcanzaba aún; pues muy sencillo, se cambió la constitución, se disminuyó la edad mínima requerida para ser gobernador, el Ejecutivo y el Legislativo del estado obsequiosos con la voluntad presidencial aprobaron y publicaron la reforma, tan rápidamente como les fue posible, para que el futuro joven gobernador tuviera tiempo de registrar su candidatura.
Mucho antes, en 1925, Alvaro Obregón y Plutarco Ellas Calles, modificaron una de las decisiones políticas fundamentales de la Constitución de 1917, al abolir el principio de la no reelección, que había sido la bandera del movimiento maderista y que era una especie de principio sagrado para los revolucionarios, quienes estaban en el poder, quisieron abrir la posibilidad para una segunda elección de Alvaro Obregón y les bastó quererlo para lograrlo.
Los ejemplos podrían repetirse ad infinitum, las modificaciones al artículo tercero constitucional de Abelardo Rodríguez, Avila Camacho y las últimas de Salinas, fueron todas pensadas, redactadas y finalmente aprobadas sin que la ciudadanía tuviera nada que hacer frente a los cambios, sino opinar a posteriori.
Cuando el presidente López Portillo estatizó la banca y luego cambio los artículos 28, 73 y 123, para darle fundamentación jurídica a su desaguisado, tampoco lo hizo contando con la opinión o la voluntad del pueblo; en las elecciones llevadas a cabo unas cuantas semanas antes de la expropiación de la banca, el único partido que proponía esa medida, era el ya desaparecido Partido Popular Socialista, que en el proceso electoral alcanzó una parte insignificante de los votos, y el PRI, partido con mayor votación reconocida, que era al que pertenecía el presidente, no había tocado el tema ni en programas, ni plataformas y ni siquiera en discursos de campaña, por lo que en este caso se hizo más evidente el atropello presidencial.
Con estas características peculiares y propias de nuestro sistema constitucional, es que debemos acercarnos al tema de la reforma constitucional, ellas lo marcan y lo perfilan como un sistema diferente y por tanto atípico en las definiciones.
Una cita más de un hecho propio; siendo el que propone ésta, diputado a la Quincuagésima Segunda Legislatura, hice, pensando en estos mismos problemas, una propuesta de modificaciones al artículo 135, para que, independientemente de los trámites y aprobaciones que requiere según nuestra Carta Magna una reforma constitucional, se añadiera uno más, que la Cámara de Diputados diera su voto una vez que en el siguiente proceso electoral posterior a la iniciativa de reformas, los partidos políticos hubieran dado a conocer en sus campañas políticas el proyecto, y dado a conocer a sus electores sus puntos de vista al respecto. De esta manera, los diputados electos para la siguiente legislatura, que serían los que tendrían a su cargo la última fase del proceso de enmienda constitucional, irían con una especie de mandato expreso de los votantes, ya que la reforma propuesta había sido tema de la discusión y del debate electorales y por tanto, una cuando menos de las causas de que los votantes se hubieran inclinado por uno u otro partido, habría sido su opinión sobre las reformas propuestas.
En conclusión, según las tendencias de los últimos debates públicos y según la opinión de políticos, politólogos y académicos, en México nos acercamos cada vez más al hecho necesario de revisar toda la Constitución, por ello, es indispensable, prepararnos debidamente para que el paso trascendental, que más temprano o más tarde tiene que darse, se dé en forma pacífica y con una amplia participación de todos los mexicanos.
III.- Conocemos las objeciones que con una concepción formalista del derecho se hacen a la posibilidad de un cambio total de un ordenamiento constitucional a partir del anteriormente vigente; juristas distinguidos, entre ellos el sueco Alf Ross, consideran imposible un orden jurídico nuevo, sin la destrucción del orden jurídico anterior y sostienen que para la aprobación de una nueva Constitución, es indispensable el rompimiento con el orden anterior, ya sea este rompimiento violento o pacífico.
El problema anterior, llamado de "autorreferencia", sostiene que cada autoridad es creada por una ley, pero la ley es a su vez creada por una autoridad, hasta llegar a la autoridad suprema, no creada por ley alguna; esta teoría, supone que la autoridad inicial, el Congreso Constituyente, es el poder originario, soberano, a partir del cual se deriva todo un orden jurídico hermético, una unidad incomunicable con otras.
Esta objeción se supera, si consideramos que el único poder soberano es el del pueblo, como lo reconoce el artículo 39 de nuestra Carta Magna y que es éste, quien a través de sus representantes, toma sus propias decisiones y altera y modifica la forma de su gobierno en ejercicio del derecho inalienable que tiene para ello.
Los representantes del pueblo, lo son tanto si integran el llamado poder constituyente, como si integran los poderes constituidos.
Desde este punto de vista, es el mismo pueblo el que crea un orden jurídico nuevo, porque está aun por encima de la constitución vigente y anterior o simplemente la modifica, altera o corrige sin suprimirla; ambas acciones crean un nuevo orden, o amplían, alteran o modifican el vigente, son ejercicio de la soberanía popular.
Es perfectamente posible, que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, decida a partir del orden establecido, sin romper con él, elaborar una nueva ley constitucional, a través de mecanismos jurídicos, así como si de esta forma lo decide, puede según todos lo reconocen, romper el sistema anterior y construir uno nuevo.
Si puede cambiar de Constitución a partir de una revolución, con mayor razón, el pueblo soberano, debe poder cambiar la vigente por otra, en forma incruenta y sin rompimiento del orden vigente.
Para ello, será necesario prever mecanismos jurídicos para que esto sea posible, con la salvedad de que el órgano que debe redactar el nuevo orden o la nueva Constitución, no debe ser llamado poder o Congreso Constituyente, porque no es un poder soberano, sino congreso redactor de una nueva Constitución, norma suprema que entrará en vigor, cuando la mayoría popular lo determine.
IV.- En este orden de ideas, es perfectamente posible modificar el artículo 135 constitucional, con objeto de que así como contiene normas y procedimientos para adicionar o reformar la Constitución, contenga también reglas para la elaboración de una nueva, la diferencia es de grado y no de esencia.
El procedimiento que se propone, incluye una secuela de actos jurídicos, que se inician con la propuesta de la convocatoria al Congreso Redactor de la nueva Constitución, continúan con la aprobación de la propuesta por el Congreso de la Unión, después viene la convocatoria al Congreso, la redacción del proyecto de Constitución y finalmente, la aprobación plebiscitaria del mismo por el voto libre, directo y secreto de la mayoría de los ciudadanos, en ejercicio democrático de la soberanía popular.
Con fundamento en lo expuesto, sometemos a esta honorable
representación nacional, el siguiente
Proyecto de Decreto, por el cual se reforma el artículo
135 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 135. La presente constitución puede ser adicionada, reformada o cambiada en su totalidad por una nueva Constitución.
Para las adiciones o reformas, se requiere que cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, por el voto de al menos dos terceras partes de los individuos presentes, apruebe las reformas o adiciones y que éstas además sean aprobadas por la mayoría de los Congresos de los estados. Para este último efecto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contará como una legislatura estatal.
Para cambiar en su totalidad la constitución, se convocará a un congreso redactor de una nueva constitución, mediante el siguiente procedimiento:
2.- Pueden también solicitar el inicio del proceso de una nueva constitución, ciudadanos que representen al menos 20 por ciento del padrón de electores, o uno o varios partidos políticos, que hayan obtenido al menos el 50 por ciento de la totalidad de votos en la última elección federal.
3.- La solicitud para que se inicie el proceso para convocar a un Congreso Redactor de una nueva Constitución, se presentará ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
4.- La solicitud será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual en un término de ocho días, verificará que llene los requisitos a que se refieren alguno de los incisos 1 o 2 de este mismo artículo, y presentará al pleno inmediatamente un proyecto de convocatoria a un Congreso Redactor de la nueva Constitución, en el término de tres meses como máximo, la convocatoria deberá ser aprobada por ambas Cámaras.
5.- El Congreso Constituyente, que se reunirá en la fecha y el lugar que fije la convocatoria, se integrará por trescientos diputados al Congreso Redactor de la nueva constitución, que serán electos por voto universal y directo, en cada uno de los 300 distritos electorales en que se dividirá al país para el efecto de esta elección.
6.- El proceso electoral, la emisión de boletas, los recursos y procedimientos, se llevarán a cabo en los términos que contenga la convocatoria y en lo que ésta sea omisa, conforme a la legislación electoral federal. El proceso se encomendará al Instituto Federal Electoral y la máxima autoridad jurisdiccional en la materia lo será el Tribunal Federal Electoral.
7.- Podrán participar como candidatos a ser diputados al Congreso, todos los ciudadanos que soliciten su registro, sin necesidad de que sean respaldados por algún grupo o partido político, con el único requisito de que tengan domicilio en el distrito en que se postulan.
8.- La elección se llevará a cabo en la fecha en que lo indique la convocatoria; será diputado por el distrito, el candidato que obtenga la mayoría simple de votos.
9.- El Congreso se integrará con los diputados que hayan obtenido del Instituto Federal Electoral su constancia de haber obtenido mayoría en su distrito, se reunirán en el lugar y la fecha señalados, presidirán en forma provisional de entre aquellos que hayan sido legisladores, los tres de mayor edad, que tendrán los cargos de Presidente, Secretario y Vocal y durarán en su cargo tan sólo el tiempo que se requiera para que se elija una mesa directiva definitiva.
10.- El término para la elaboración de la nueva Constitución, será de seis meses. Una vez terminado el proyecto, se convocará a un plebiscito, mediante el cual los ciudadanos de toda la República votarán "sí" o "no" a la nueva constitución. De votar la mayoría "sí", la Constitución entrará en vigor en la fecha que el Congreso Constituyente lo determine; el mismo Congreso convocará a elecciones para integrar los nuevos órganos del Estado. Las autoridades del régimen anterior se mantendrán en sus cargos, en tanto no tomen posesión las nuevas autoridades y las leyes vigentes bajo la Constitución anterior, continuarán en vigor en todo lo que no contradiga a la nueva.
11.- De ser mayoría el "no", el Congreso se disolverá, seguirá en vigor esta Constitución y no se podrá iniciar un nuevo proceso para integrar un Congreso Redactor de la nueva Constitución, sino hasta que hayan transcurrido al menos cinco años.
Diputados: Bernardo Bátiz Vázquez
(rúbrica), Bruno Espejel Basaldúa (rúbrica), Fernando
Elías Hernández Mendoza (rúbrica), Sergio George Cruz
(rúbrica), Lenia Batres Guadarrama (rúbrica), Adolfo González
Zamora.
El foro Americas Telecom 2000, UIT tuvo como propósito reunir a los principales oradores y encargados de elaborar las políticas de telecomunicaciones de la región americana, para discutir en áreas que van desde el comercio electrónico de alta tecnología, hasta la oferta de servicios básicos a las comunidades rurales más distantes, en un enfoque coordinado de la región de América, a fin de superar los principales obstáculos para enfrentar el reto de la entrada a la sociedad de la información y en armonía con las principales tendencias del mercado global.
Buscar acuerdos para una sólida conectividad de toda la infraestructura esencial, en el propósito de impulsar una economía regional de la información, que rompa la barrera de grandes disparidades en el campo regulatorio y propicie acuerdos para la existencia armónica de una infraestructura regional integrada.
Promover que el sector privado tome la delantera en la implantación de infraestructura de telecomunicaciones, en tanto corresponda a los Estados establecer un marco regulatorio adecuado y regionalmente integrado.
Precisar que en un mercado cada vez más regionalizado y globalizado, todo lo que se hace, sea en el campo comercial o de políticas, fatalmente repercutirá o coincidirá con aquello que en la materia se hace los Estados vecinos.
El foro se integró por tres grandes temas:
Con frecuencia se ha descrito la mundialización como la atenuación de las fronteras nacionales y una cierta reducción de las prerrogativas y competencia de los estados nacionales. Ningún campo como el de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, Internet y el comercio electrónico ha destacado tanto el "papel de vanguardia" del sector privado.
La desregulación, la privatización y la mayor utilización de los mecanismos del mercado se han convertido poco a poco en la regla, dando por resultado importantes beneficios para un gran número de países en desarrollo.
Pero a medida que el sector empresarial y los gobiernos fueron aceptados y asumiendo estas nuevas responsabilidades, han surgido desafíos sin precedente y nuevos problemas han tenido que abordarse. Por un lado, el buen gobierno se ha convertido en un tema reiterado en debates y negociaciones, tanto en el ámbito público como privado. Las dimensiones social, cultural y política de las redes planetarias de la información han ocupado un lugar central en los debates en curso sobre la gestión, la arquitectura y las normas que deben regir dichas redes. Por otro lado, algunas responsabilidades tradicionales de los gobiernos, por ejemplo la educación, el acceso y el servicio universal, así como la equidad social, se ha revisado o incluso reformado.
Mundialmente hablando, la cuestión de las posibles "disparidades en la digitalización" debe examinarse como un asunto de interés común, en el cual los gobiernos naciones, las empresas privadas y las organizaciones internacionales competentes tienen un papel importante que desempeñar. Desde el punto de vista nacional y regional, las situaciones específicas de Americas Telecom 2000 UIT.
Nuevo Ejercicio de Poder y Suministro de Servicio Público
Los distintos países en desarrollo y de las zonas afectadas por la pobreza, como es el caso de América Latina y el Caribe, se han beneficiado de diversos esfuerzos positivos de cooperación regional en materias relacionadas con la tecnología de la información y las telecomunicaciones; ¿cómo han influido estos esfuerzos en el ejercicio del poder y el suministro de servicios públicos y de qué manera esta experiencia puede ser aprovechada por otros países en desarrollo?
Acceso al servicio universal
En El Foro se cuestionó los alcances del concepto "universal", dado que en el contexto latinoamericano no se tiene una definición por diferencia de ingresos y capacidad económica.
"Universal" puede tomarse como el que todos tengan acceso a la comunicación, pero en tal sentido, estudios de la Universidad Argentina concluyeron que en occidente el acceso universal sólo llega al 10 por ciento de la población.
Colombia, impulsa el cumplimiento del acceso universal a través de obligar en cada licitación a que las empresas operadoras instalen casetas públicas, obligándoles también a la capacitación. Las casetas públicas pueden constituirse como telecentros atendidos por mujeres de la comunidad.
Las organizaciones que dan servicio al público, deben contar con una política reguladora que reduzca las actuales iniquidades para el acceso y uso de los servicios digitales e información. En estas organizaciones deben incluirse escuelas, universidades, centros de salud, centros y organizaciones comunitarias, telecentros y grupos sin fines de lucro que trabajan propiciando acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El propósito es dotar a las comunidades de una infraestructura que permitan el acceso tecnológico para agregar valor al saber colectivo de la población de los países, puede atender a las siguientes recomendaciones que señala el "Manifiesto de Papallacta, Ecuador" del 31 de marzo de 2000:
2.- Las regulaciones domésticas deben reconocer la legitimidad de los acuerdos especiales y descuentos en favor de organizaciones e instituciones educativas, sociales y culturales que proveen acceso o facilitan el uso de la Internet para la mayoría de la gente que se encuentra sin este servicio.
3.- El acceso a servicios avanzados y de banda ancha debe estar disponible para pueblos rurales y lejanos.
4.- Cuando una nueva tecnología de telecomunicaciones solicita permiso o licencia gubernamental, los grupos que proveen acceso público deben ser abordados mediante un tratamiento especial, que incluya descuentos favorables para conectividad y equipos que sean necesarios para su uso.
5.- Asignar espectros electromagnéticos sin licencia para uso público, con el propósito de aumentar la conectividad en comunidades rurales y lejanas de cada país, o en otros lugares que carecen de estos servicios y tienen muy pocas o ningunas alternativas en el mercado.
6.- Establecimiento de un grupo consultivo dentro de UIT que provenga del sector de acceso público que estará informado sobre las nuevas tecnologías y los cambios logrados en las políticas que afectaran a los grupos mencionados en el punto 2 como objetivos.
7.- Crear un foro para el diálogo abierto de manera que los grupos y organizaciones de la sociedad civil tengan la oportunidad de influir en las políticas sobre telecomunicaciones públicas.
Los telecentros implican el uso de un medio tecnológico que permitirá una nueva forma de comunicación de la comunidad local a la comunidad social, a través del envío y recepción de información de diversos contenidos, mediante el uso común de equipos de computo y la utilización de la Internet, en modalidades de casetas públicas.
En esta modalidad del uso comunitario de equipos de computo en las zonas rurales, el Estado además de su función reguladora, debe actuar como subsidiario financiero de las comunidades para adquirir e instalar la infraestructura y su acceso a Internet. En esta función promotora del Estado, la clave está en la eficacia de la capacitación y en promover la participación de las áreas rurales y poblaciones.
En esta propuesta para lograr una sociedad informatizada, las mujeres pueden y deben jugar un papel determinante, si en ellas se depositan las direcciones de los telecentros, dándoles con ello acceso a la información y a la capacitación.
En Chile, la política de dirección de los telecentros hacía la mujer, se orientó a dar ocupación a las madres solteras.
Ecuador es promotor de un movimiento para que, dada la creciente disparidad de riqueza y el ingreso, así como el alto costo de los servicios de comunicación, información y uso de Internet, que impide a la mayoría de las personas la posibilidad de acceder a estos servicios; sean los gobiernos de cada país y sus entidades reguladoras de telecomunicaciones quienes garanticen el acceso universal para todos los ciudadanos y organizaciones públicas independientes, pagando un costo razonable.
En las organizaciones públicas deben quedar incluidas escuelas, universidades, bibliotecas públicas, centros de salud y organizaciones comunitarias, telecentros y grupos sin fines de lucro que trabajan propiciando acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
INTELSAT (Consorcio entre Estados miembros que se asocian para costear la infraestructura y proporcionarse segmento espacial a cambio de sus cuotas por servicio) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), están por firmar un convenio para proporcionar servicio vía satélite en apoyo a la creación de centros básicos comunitarios con introducción de Internet, cuyo costo será de dos mil dólares por el uso del segmento espacial, que se reduce a una tarifa de 10 o 20 centavos de dólar por minuto en el manejo de voz y datos sin costo adicional.
Otra alternativa para llevar información a las comunidades es dotarlas de computadoras con acceso a CD ROM, cuyo diskete costaría cincuenta centavos de dólar, y estos puede reeditarse y usarse sin tener que pagar la conectividad de la línea telefónica o el uso del segmento espacial.
Contar con la infraestructura y operar centros de computo comunitarios, no basta, es necesaria una política estatal para determinar los contenidos de la información que cumplan metas de desarrollo de la nación de que se trate.
La estrategia estatal debe involucrarse con planificación, recursos humanos, desarrollo económico, estructura tecnológica, contenidos informáticos dirigidos a las comunidades en aspectos de salud, agricultura, educación, cultura, ecología y otros.
Los programas piloto para telecentros, tienden a fracasar, ya que cada comunidad tiene su propia idiosincrasia y necesidad de información muy específica.
En América Latina, existe mucha demanda de servicio básico por parte de las comunidades que presionan a los gobiernos, que carecen de una solución. Deben buscarse alternativas a través de incentivos gubernamentales dirigidos a la competencia entre proveedores comerciales y los de tecnología de computo más potente y barata.
Esta experiencia regional sobre "Servicio Universal" y su apertura a Internet, debe analizarse con preocupación en México, ya que la privatización vista como objeto de autorregulación de los servicios, abandona políticas dirigidas a elaborar proyectos para incorporar a las comunidades a la era de la tecnología electrónica que les permita adicionar valor a la información que reciben y por ende a elevar su calidad de vida, educación, salud y cultura.
Enfoque social de Internet
Es importante a través de Internet, promover la paz, hay que estimular la colaboración de las naciones. UNESCO ha promovido capacitación de la nueva tecnología desarrollando el debate de políticas.
No debe enfatizarse sólo en el aspecto de tecnologías, también debe promoverse la discusión internacional de la responsabilidad global para el acceso universal a la información, toda vez que tenemos el derecho universal a comunicar nuestra herencia cultural. La responsable discusión en temas combinando ética y moral.
La UNESCO organiza una reunión de empresas gubernamentales y no gubernamentales sobre turismo sexual. Así se decidió crear en Internet un foro de ética: "fosetica".
Respecto al contenido abierto de Internet, la UNESCO promueve el compromiso de flujo libre de información responsable, y para garantizarlo propone en el sector educativo que los estudiantes debatan este tema con profesores y bibliotecarios que puedan enseñarles a cruzar esta ruta virtual. El debate de contenido abusivo de la información, ha sido algo muy difícil de liderar en términos de familia responsable de la educación.
Una Nueva Era para el Comercio Electrónico
El mercado de la información y de las telecomunicaciones en América evoluciona rápidamente debido tanto a la singular dinámica de sus mercados nacionales como al desarrollo mundial de la industria. Los avances en materia de tecnología y servicio, las expectativas de los consumidores y la apertura de los mercados en el ámbito mundial ponen más que nunca sobre el tapete las políticas de información y telecomunicaciones y los regímenes de reglamentación.
Este nuevo enfoque para determinar cualitativamente los grados de desarrollo que se alcanzan entre avance tecnológico, servicios, expectativas de los consumidores y apertura de mercados en el ámbito mundial dan nacimiento a un nuevo concepto: "futuro de las infocomunicaciones".
Tradicionalmente en la relación jurídica de comercio se establece el principio del contrato entre comprador y vendedor, como consecuencia de una transacción comercial. Ahora bien, en el campo de las telecomunicaciones y la interconexión estatal y regional, este principio se rompe, como consecuencia de la autorregulación que campea para determinar las consecuencias jurídicas entre usuarios, empresas operadoras y comerciantes oferentes vía Internet, lo cual lleva a formular la interrogante: ¿con qué garantía cuenta un usuario de Internet de que la información que recibe es cierta, auténtica y adecuada a los valores culturales de la sociedad a la que pertenece, que lo que se le ofrece comercialmente es lo que recibirá cumpliendo la norma de calidad obligada en el país del usuario que lo adquiere, que lo que se le cobrará será el precio ofertado sin cargos adicionales o duplicidad de cobros?
Son preocupantes las prácticas en los países latinoamericanos, en tanto transitan de una regulación de monopolio estatal con exceso de proteccionismo, a un modelo de liberalización que da excesivas facilidades para la apertura de la competencia.
Así también, esta información electrónica minimiza la mano de obra en las transacciones comerciales, lo que a futuro fomentará crisis por la desocupación de aquellos trabajadores que atienden directamente al cliente y todo lo que implica la atención en centro comercial.
Actualmente de la población de los países latinoamericanos, el 45 por ciento, en promedio, tiene una sola línea final sin acceso a celular o Internet. Pero, en prevención del futuro desarrollo del uso de esta tecnología que inexorablemente se adoptará como práctica mundial, debe impulsarse la adopción de políticas estatales para capacitar en trabajos vinculados al área de la información. Práctica que ya se implementa en la Unión Europea.
Si en el acceso de la información vía Internet, la libertad es la regla, la transacción comercial no puede dejarse a la libre regulación; por el contrario, esta debe implementarse sobre la base del derecho de cada Estado y mediante convenios internacionales cuando la transacción es de carácter regional.
Actualmente el uso de Internet para la transacción comercial, representa altos costos de acceso, altos precios de los proveedores de servicios y pocos contenidos en español y pocos contenidos locales. Por ello se recomienda la intervención de políticas estatales que promuevan el acceso de Internet a costos racionales y elaborar una regulación.
El comercio electrónico es global, en que el mercado sin reglas convencionales desafía la reglamentación en cuanto a cuál es la ley que se aplica en caso de controversia, la del comprador o la del oferente electrónico, de qué manera se garantizan los derechos de autor, de la propiedad industrial, pago de aranceles, de las normas de calidad, de la confidencialidad (en Brasil existe el precedente de la Suprema Corte, en cuanto a que la transacción protegida por confidencialidad de acuerdo al derecho nacional, también se aplica a datos).
El comercio electrónico plantea la interrogante de cuál instrumento formaliza la adquisición, y es aquí donde se está pensando en la firma digital. Chile ya cuenta con una propuesta de ley.
Esta nueva cultura electrónica conlleva para los estados la responsabilidad de implementar políticas comerciales especiales y de protección al consumidor, así como el compromiso de establecer, buscar convenios internacionales para el comercio electrónico regional que impida aceptar instancias supragubernamentales de regulación.
Otro aspecto de esta modalidad de transacción mercantil, es el cómo repercutirá en la economía del país y cómo se acreditará la recaudación fiscal.
En Europa se celebró la cumbre de Bruselas sobre información llegando a la recomendación de las siguientes metas:
2.- Se fomente el acceso más barato a las telecomunicaciones, para ver el comportamiento de precios y cómo influye en la producción de trabajo y negocios. Así como lograr tarifas fijas para Internet.
3.- Acelerar el uso del comercio electrónico y dentro de la regulación agregar firma electrónica y responsabilidad para adquisiciones. Implementar procedimientos de convenio.
4.- Desarrollar programas de investigación, para poder ofrecer Internet rápido a universidades europeas.
5.- Uso de tarjetas inteligentes para servicios médicos, pagos de servicios públicos, pagos fiscales.
6.- Propiciar la creación de capitales de riesgo para tecnología de punta.
7.- Desarrollar dispositivos de acceso a la información avanzada.
8.- Desarrollar una tarjeta inteligente que en apoyo a la asistencia médica permita tener de inmediato el registro de antecedentes médicos de los pacientes.
9.- Transporte inteligente apoyado en tarjetas para que los medios de transporte tengan sistemas de seguridad sofisticada, a efecto de evitar embotellamientos de tráfico en estructura terrestre o aérea.
10.- Impulsar entre los Estados miembros de una región, regulaciones en protección a la confidencialidad de la información.
DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE SOBRE LA VISITA DE LA COMISION DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA ASAMBLEA POPULAR NACIONAL DE LA REPUBLICA POUPULAR DE CHINA
Por una invitación del Dip. Alejandro Jiménez Taboada Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente durante su pasada visita a Guillin, China el 30 de abril arribaron procedentes de Washington, D. C., miembros de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea Nacional Popular China, Presididos por el Diputado Wang Tao, Vicepresidente de la misma. Fueron recibidos en el salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el Excmo. Sr. Embajador Shen Yunao, el Primer Secretario Bao Esheng y el Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente Dip. Alejandro Jiménez Taboada.
El programa que se les preparó fue de seis días y consistió en un recorrido a las ruinas de Teotihuacán, a la Ciudad de México y al Museo de Antropología e Historia, visita Protocolaria a la Cámara de Diputados y entrevista con la Dip. Ma. de las Mercedes Juan López Vicepresidenta de la Mesa Directiva. Estuvieron presentes: El Excmo. Sr. Embajador Shen Yunao y los Diputados Federales Dip. Alejandro Jiménez Taboada Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Dip. Roselia Margarita Barajas Olea Secretaría de la Comisión de Ecología y Medio, Dip. Lino Cárdenas Sandoval Secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Dip. Baldemar Dzul Noh Secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Dip. Julio Faesler Carlisle Presidente del Comité de Asuntos Internacionales, Dip. Alfredo Phillips Olmedo Presidente de la Comisión de relaciones Exteriores. Poco después se les ofreció un banquete en este mismo recinto en donde se expusieron puntos del Proceso Legislativo Ecológico y Ambiental de ambos países. Se intercambiaron experiencias parlamentarias y los invitados mostraron un gran interés en estos temas.
Los Diputados Mexicanos a través del Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente entregaron a los visitantes Memorias de Foros celebrados por esta Comisión entre los cuales destacan, la Procuración de Justicia Ambiental, Ecoturismo y también las Reformas a la LEEGEPA entre otros.
El interés que mostró la delegación visitante se debe a la prioridad que ha dado el Gobierno de la República Popular China a la problemática ambiental.
Por otra parte los Legisladores Chinos tuvieron a bien invitar a los Legisladores Mexicanos a visitar su país para enseñarles sus experiencias.
Ese mismo día por la tarde los integrantes de la Comitiva China y los Diputados Federales se reunieron con la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca M. en C. Julia Carabias Lillo, donde intercambiaron impresiones sobre la Política Ecológica y Ambiental de China y México. Inmediatamente después la comitiva salió de la Ciudad de México rumbo al Parque Acuático Natural Las Estacas, en el estado de Morelos.
Al día siguiente los integrantes de ambas Comisiones pudieron disfrutar de la paz del trópico en un río de aguas cristalinas que serpentea durante un kilometro a lo largo del lugar, que por cierto es ejemplo del ordenamiento ecológico y el aprovechamiento sustentable.
Posteriormente se visitó en Lerma Estado de México, la Planta de tratamiento de aguas Municipales Ecosis I. Al termino del recorrido fueron invitados amablemente por los directivos de la misma a un banquete en donde se sirvieron manjares de la cocina mexicana.
Al día siguiente la comitiva arribó a las Ruinas de Cholula en el Estado de Puebla, las cuales despertaron gran interés en los visitantes. Ese mismo día la comitiva probó las delicias de la comida poblana en conocido restaurante de la Ciudad de Puebla.
Finalmente se les dio una cordial despedida el sábado
seis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde
partieron rumbo a su natal Beijing.
Lista de Asistentes de la Delegación China
Jefe de la Delegación
Sr. Wang Tao. Nacido noviembre de 1931. Miembro del Comité Permanente y Vicepresidente de la Comisión de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea Popular Nacional de China. Asesor de la Corporación General de petróleo y gas natural de China. Era Ministro de la Industria de petróleo de China y Gerente General de la Corporación General de petróleo y gas natural de China.
Miembros de la Delegación
Hu Ming. Nacido julio de 1931. Miembro del Comité Permanente y de la Comisión de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea Popular Nacional de China, Vicepresidente del Partido de la Revolución Democrática de China y subdecano del Instituto de Diseño y Estudio sobre industria carbonera.
Jian Xioake. Nacido enero de 1921. Miembro de la Comisión de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea popular Nacional de China, Presidente del Fondo de Protección del Medio Ambiente de Beijing y del Instituto de ciencia de Medio -Ambiente de Beijing y del Instituto de Ciencia de Medio Ambiente de Beijing. Era Director General de Protección del Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Beijing.
Chen Qiang. Nacido noviembre de 1934. Miembro de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea popular Nacional de China y Teniente de la Fuerza Aérea de China.
Cai Rensang. Nacido enero de 1931. Miembro de la Comisión de Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Novena Asamblea Popular Nacional de China.
Comitiva
Luo Jianhua. Jefe de la División de investigaciones de la Comisión de protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Popular Nacional de China.
Wang Hue. Funcionario de la oficina de Leyes de la Comisión de protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea popular Nacional de China.
Bu Haiyang. Secretario particular del jefe de la
delegación.
DEL COMITE DE BIBLIOTECA E INFORMATICA
A los eventos culturales y recreativos a celebrarse durante el mes de mayo.
DE LA COMISION DE SALUD
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 31 de mayo, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior.
3. Informe en relación a la reunión del
Grupo
Parlamentario Regional sobre el Control del Consumo de Tabaco y del
seminario Por un Mundo Libre de Tabaco.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Santiago Padilla Arriaga
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO REGIONAL Y APOYO A LA PRODUCCION
Al seminario Presente y Futuro del Desarrollo Regional en México, el 28 de junio del presente año, de 18 a 20 horas, en el auditorio Norte, con la participación de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AC (Amecider), a través de sus principales investigadores.
El registro de participantes se realizará a de las 17 a las 17:45 horas, en el lugar citado anteriormente, y a los teléfonos 5420-1831, 5628-1300, ext. 1831, o en las oficinas de esta Comisión, en el edificio D, tercer nivel.
Programa
Miércoles 28 de junio
17:00 a 17:45 horas: Registro de participantes.
18:00 a 19:00 horas: Conferencia magistral.
Atentamente
Dip. José E. Bonilla Robles
Presidente de la Codrap
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
En coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas de la UNAM, invita a diputados federales, senadores, diputados locales, secretarios técnicos, asesores y personal de los Congresos locales, al Seminario de Derecho Constitucional Parlamentario del nuevo Milenio (Segunda Generación), que se llevará a cabo del 7 de junio al 3 de agosto de 2000, en sesiones vespertinas de las 16 a las 21 horas, en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados.
Programa
Atentamente
Lic. José Luis Herrera
Secretario técnico