Orden del Día de la sesión del martes 22 de junio de 1999

Propuestas

• De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de adiciones al Proyecto de Decreto que reforma el Título II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Incluye fe de erratas al dictamen publicado en Gaceta Parlamentaria el domingo 20 de junio de 1999.

• De la Comisión de Pensionados y Jubilados, de su reunión ordinaria celebrada el jueves 22 de abril de 1999.

• De la Comisión de Protección Civil

• De la Comisión de Equidad y Género, al curso Análisis de Presupuesto Público Federal 1999, que se llevará a cabo los día 24 y 25 de junio, de las 10 a las 14 horas, y de las 16 a las 18 horas.
• De la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a su décimo primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 12 horas.
• Del Comité de Comunicación Social, a su reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 15 horas.
• De la Comisión Investigadora de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, a su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 17 horas.
• Del Comité de Asuntos Internacionales, a la conferencia que dictará el doctor Antonio Alonso Concheiro, sobre el tema Escenarios para el futuro de México, misma que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 18 horas.
• De la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, a su reunión de trabajo con el actuario Fernando Agraz Rojas, director de LICONSA, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 17 horas.
• De la Comisión de Salud, a su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 17 horas.
• Del Instituto de Investigaciones Legislativas a su Segundo Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Temáticas Parlamentarias de México, 1999.
• De la Comisión de Protección Civil al Foro Nacional Hacia la Construcción del Marco Jurídico de la Protección Civil Mexicana que se llevará a cabo los días 28 de junio, 14, 21 y 28 de julio y 4 y 18 de agosto de las 9 a las 15 horas.

SESION DEL MARTES 22 DE JUNIO DE 1999. INICIO 10 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con Proyecto de Decreto que reforma el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos. ( Discusión en lo general y votación).
 
 

DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS, DE ADICIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TITULO II DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INCLUYE FE DE ERRATAS AL DICTAMEN PUBLICADO EN GACETA PARLAMENTARIA EL DOMINGO 20 DE JUNIO DE 1999.

Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 22 de junio de 1999.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presentes

Como es de su conocimiento, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ha procedido a la dictaminación de diversas iniciativas de reformas al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por diputados de los distintos Grupos Parlamentarios de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.

El Dictamen producido por esta Comisión ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 20 de los presentes mes y año, a efecto de su análisis y discusión en la sesión del Pleno conforme lo disponga la Mesa Directiva de esta Cámara.

En una revisión final realizada por el conjunto de los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sobre el Dictamen producido, se estimó conveniente y oportuno realizar algunas modificaciones respecto de la publicación hecha en la Gaceta Parlamentaria, con el objetivo de aclarar y precisar, en su caso, diversas expresiones y términos sobre el Decreto que se propone, a cuyos efectos nos permitimos reseñarlas a continuación, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pongan en conocimiento del Pleno, para los efectos correspondientes:

1. En razón de que el acto de rendición de protesta de ley de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara, que se desarrolla en los párrafos 8, 9 y 10 del artículo 16 del Proyecto de Decreto de reformas al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos constituye un requerimiento innecesario dado que en forma previa todos los diputados de la Legislatura han rendido la protesta correspondiente ante la Presidencia de la Mesa de Decanos, se estima pertinente eliminar los párrafos 9 y 10, de suerte que el párrafo 8 del citado artículo 16, quede de la siguiente forma:

8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presidium, y los miembros de ésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones.

En razón de lo anterior, los actuales párrafos 11 y 12 del artículo 16 del Proyecto de Decreto, se recorren en su orden para ser los párrafos 9 y 10, respectivamente.

En el párrafo 10, que corresponde a la nueva numeración, se recorre, se consideró oportuno cambiar su parte inicial de la siguiente manera, a fin de evitar en lo posible la reiterada utilización de la frase "en el supuesto":

10. En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.

2. En el artículo 19 del Proyecto de Decreto, se ha considerado prudente añadir una última frase al final de su único párrafo, a fin de precisar con toda claridad la necesidad de que los Grupos Parlamentarios, una vez alcanzados los entendimientos necesarios para la formulación de la lista con los nombres y cargos de los integrantes de la Mesa Directiva, la suscriban de conformidad. En tal virtud, la redacción de dicho párrafo es la siguiente:

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia política, así como experiencia en la conducción de asambleas. La mencionada lista será suscrita por los Grupos Parlamentarios.

3. En el artículo 21, párrafo 2, inciso d), se acordó sustituir el uso de la expresión "modalidades", por el de "formas", por técnica jurídica y claridad, en lo que se refiere a las atribuciones de la Mesa Directiva para determinar, durante las sesiones, lo relativo a los debates, discusiones y deliberaciones. De esta suerte, la redacción del citado inciso d), del párrafo 2, del artículo 21 queda en los siguientes términos:

d) Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

4. En el artículo 24, que se ocupa de las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, en lo relativo al inciso a), se ha considerado necesario clarificar su redacción, de suerte que se precise de mejor manera su actuación en los diversos ámbitos de la actividad legislativa, en concordancia con el texto constitucional. Así, la redacción de este dispositivo, es la siguiente:

a) Presidir las sesiones del Congreso General, las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la Presidencia de la Comisión Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva formará parte de la propuesta de diputados que deberán integrarla;

5. En el artículo 27, y con el mismo objetivo de evitar la utilización reiterada de algunas palabras, se propone utilizar, en vez de la alocución "los términos", la siguiente:

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

En el párrafo 2 de este mismo artículo, con el objeto de clarificar la adecuada naturaleza de los Grupos Parlamentarios, se ha decidido sustituir la palabra "representado", en relación con los mismos, para quedar como sigue:

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

En el inciso b), del párrafo 3, del citado artículo 27, como ya se ha razonado, se decidió sustituir la expresión "en los términos", de la siguiente manera:

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y

6. En el artículo 28, párrafo 2, se realiza también una sustitución de las palabras "el término" por las de "el ejercicio", de modo que dicho numeral quede redactado en los siguientes términos:

2. Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo. Con base en las comunicaciones de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.

7. En el artículo 31, párrafo 1, y a efecto de que queden claramente determinados los mecanismos de apoyo a los diputados considerados como sin partido por no haberse inscrito o dejado de pertenecer a un Grupo Parlamentario, se acordó modificar su redacción, eliminando la frase "en lo individual", para quedar en los siguientes términos:

1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.

8. En el artículo 32, párrafo 2 y por la multicitada razón de corrección de estilo, se sustituye el uso de las palabras "el término", por las de "la duración", por lo que este numeral queda como sigue:

2. Será Presidente de la Junta, por la duración de la Legislatura, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara.

9. En el artículo 39, en el inciso a), párrafo 1, se decidió cambiar su redacción por una más acorde con las atribuciones de que se quiere dotar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Este inciso queda de la siguiente manera:

a) Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones;

10. En el artículo 40, párrafo 3, se ha estimado procedente precisar el rango constitucional de las tareas de control que con carácter de evaluación realizan las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a cuyo fin, dicho párrafo debe enunciarse de la siguiente forma:

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En este orden de ideas, cabe precisar también la redacción del apartado de Consideraciones en materia de las Comisiones y los Comités, en su segundo párrafo, a cuyo efecto debe modificarse, en la página 12, primera columna, el texto de la parte media del citado párrafo, en los siguientes términos:

Después de intensas sesiones de intercambio de puntos de vista, en el texto que presenta este Dictamen se establece la distinción del objeto de las comisiones, al enunciar que éstas elaboran dictámenes, informes, opiniones o resoluciones para hacer posible que la Cámara desarrolle las funciones que le señalan la Constitución y las leyes. Sin mencionarlo en el articulado, las normas que se proponen precisan que a las comisiones de la Cámara, según el caso de la que se trate, pueden corresponderles alguna o algunas de las funciones siguientes: de dictamen sobre iniciativas de ley o decreto; de solicitud, recepción y análisis de información; de control evaluatorio de la administración pública; de dictamen para dar cumplimiento a la facultad de designar servidores públicos; de preparación de proyectos de ley y desahogo de consultas sobre los ordenamientos que rigen el funcionamiento de la Cámara; de coordinación con la entidad de fiscalización de las finanzas públicas; de conocimiento y resolución de denuncias por responsabilidad de servidores públicos; y de investigación sobre el funcionamiento de las entidades de la Administración Pública Federal.

11. En el artículo 43, párrafo 1, y con el mismo objeto señalado en puntos anteriores, de lograr una mejor expresión y claridad en la norma que se propone, se ha revisado su redacción, quedando ésta como a continuación se indica:

1. El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

12. En el artículo 44, párrafo 3, en lo que se refiere a la propuesta de integración de las comisiones que realice la Junta de Coordinación Política, se modifica su redacción a fin de que obedezca de mejor modo a la señalada atribución. La redacción final a considerarse es la siguiente:

3. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

13. En el artículo 45, párrafo 4, con el objeto de precisar cuestiones que resultan importantes en cuanto al trabajo de las comisiones, para que puedan cumplir a plenitud sus atribuciones, se estima prudente eliminar su parte inicial, e incorporarla en el texto subsistente, con lo que dicho dispositivo queda de la siguiente manera:

4. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión.

14. En el artículo 46, con la misma finalidad señalada en el punto anterior, se perfecciona la redacción de sus párrafos 1, 2, 4 y 6, de modo que estos numerales, tengan la siguiente redacción:

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

2. No procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. .............

4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la Dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.

5. ..............

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

2. El Secretario General de la Cámara será nombrado por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el término de cada Legislatura, pudiendo ser reelecto; continuará en sus funciones hasta la realización de la elección correspondiente.

16. En el artículo 50, párrafo 3, se consideró prudente ampliar la caracterización de los Centros de Estudios de Derecho y Sociales, creados en el ámbito de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para que sus denominaciones sean como sigue:

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; y de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

17. En el artículo Séptimo Transitorio, en lo que se refiere a la redistribución de los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias y especiales vigentes, así como de los comités, y para la mejor comprensión de las reformas que se contienen en el Decreto respectivo, se adiciona, al final de la que se considera en este dispositivo, una segunda tabla en la que se contengan, en la primera columna los comités que actualmente funcionan en la Cámara y, en una segunda columna, los órganos o áreas de servicio que asumirán sus funciones:

De igual forma, y previa la revisión detallada del Dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 20 de los presentes mes y año, a que se ha hecho referencia, se detectaron diversas erratas en el texto del mismo, las que se indican a continuación, señalándolas en negritas a fin de que se consideren en la versión definitiva del Dictamen que se someta a votación del Pleno.
 

Fe de Erratas

Apartado de Consideraciones del Dictamen:

Página 13, segunda columna, segundo párrafo, penúltimo renglón.

Dice: .... en los plazos que le señale el correspondiente ......
Debe decir: en los plazos que les señale el correspondiente ......
 

Página 14, segunda columna, quinto párrafo, cuarto renglón.

Dice: Este órgano lo propone al Pleno, que a su vez le nombra por las dos terceras partes .......
Debe decir: Este órgano propone su titular al Pleno, que a su vez lo nombra por las dos terceras partes .......
 

Texto del Decreto:

Página 20, ARTICULO 21, párrafo 2, inciso i).

Dice: i) Las demás que le atribuye esta ley, .........
Debe decir: i) Las demás que le atribuyen esta ley, ..........

Página 24, ARTICULO 35, párrafo 1, inciso g).

Dice: g) Las demás que le atribuyen esta ley, o los ordenamientos relativos.
Debe decir: g) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.
 

Página 25, ARTICULO 37, párrafo 1, inciso e).

Dice: e) Las demás que se deriven de esta ley o que le sean conferidos por la propia Junta.
Debe decir: e) Las demás que se deriven de esta ley o que le sean conferidas por la propia Junta.
 

Página 28, ARTICULO 46, párrafo 6, inciso f).

Dice: f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas .......
Debe decir: f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnados a las mismas ......
 

Página 33, ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO, inciso a).

Dice: a) Los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias y especiales vigentes, así como de los comités se distribuirán de la siguiente forma:
Debe decir: a) Los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias y especiales vigentes, así como de los comités, se distribuirán de la siguiente forma:
 

Página 33, ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO, cuadro de comisiones, primera columna, última fila.

Dice: Comisión Información, Gestoría y Quejas.
Debe decir: Información, Gestoría y Quejas.

Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Dip. Fidel Herrera Beltrán, Presidente, PRI (rúbrica)
Dip. Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, Secretario, PAN
Dip. Francisco Epigmenio Luna Kan, Secretario, PRD
Dip. Jorge Canedo Vargas, Secretario, PRI
Dip. Francisco José Paoli Bolio, PAN
Dip. Santiago Creel Miranda, PAN
Dip. Juan Miguel Alcántara Soria, PAN
Dip. Sandra Lucía Segura Rangel, PAN
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez, PRD
Dip. Pablo Gómez Álvarez, PRD
Dip. Demetrio Javier Sodi de la Tijera, PRD
Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra, PRI (rúbrica)
Dip. José Luis Benjamín Lamadrid Sauza, PRI (rúbrica)
Dip. Ignacio Mier Velasco, PRI
Dip. Gil Rafael Oceguera Ramos, PRI
Dip. Miguel Quirós Pérez, PRI (rúbrica)
Dip. Mauricio Alejandro Rossell Abitia, PRI, (rúbrica)
Dip. Miguel Sadot Sánchez Carreño, PRI, (rúbrica)
Dip. Luis Patiño Pozas, PT
Dip. Jorge Emilio González Martínez, PVEM
 
 

DE LA COMISION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS, DE SU REUNION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 22 DE ABRIL DE 1999

Siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve, se llevó a cabo la octava reunión ordinaria de la Comisión de Pensionados y Jubilados, en el Salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo en San Lázaro, contándose con la asistencia del diputado Alberto Curi Naime, presidente de la misma, de los CC. diputados Jesús Francisco Martínez Ortega y Rodrigo Maldonado Ochoa, en su calidad de secretarios, y de los diputados Juan Bueno Torio, Julio Castrillón Valdés, Ramón Corral Avila, Héctor Rodolfo González Machuca, José Pascual Grande Sánchez, Félix Hadad Aparicio, Alberto López Rosas, Francisco Javier Ponce Ortega y Horacio Veloz Muñoz; al tenor de la siguiente orden del día:

1. Lista de presentes.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Solicitud de propuestas a los miembros de la Comisión, a fin de continuar las visitas a instalaciones de instituciones de seguridad social.
4. Informe de las recomendaciones enviadas a las legislaturas de las entidades federativas para que se otorguen descuentos a los pensionados y jubilados, en predial, agua y transporte público.
5. Informe de asuntos de gestión atendidos.
6. Asuntos generales.

Habiéndose verificado la existencia del quórum legal, el presidente solicitó la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de haberse remitido previamente y, en su caso, aprobarla de no haber comentarios, dispensa que fue otorgada, aprobándose por unanimidad.

En el desahogo del tercer punto de la orden del día, relativo a la propuesta de continuar las visitas a instituciones de seguridad social, los CC. diputados indicaron las diversas instituciones y entidades a las que consideran conveniente realizar visitas para verificar las condiciones en que se otorgan las prestaciones a los pensionados y jubilados y, de esta manera, contar con más elementos que permitan, con racionalidad, equilibrar el criterio de la Comisión. Al respecto, se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo CPyJ-32-98. Se aprobó que los CC. diputados enviarán a la Comisión sus respectivas propuestas, especificando lugar, institución, fechas, y demás datos que se consideren necesarios para integrar el programa correspondiente.

En el desahogo del cuarto punto previsto, relativo al informe de las recomendaciones formuladas a los Congresos Estatales para incorporar en su legislación descuentos en predial, agua y transporte público a los pensionados y jubilados, se informó que 27 de las 32 legislaturas locales han dado respuesta en los siguientes términos generales: que la propuestas serán incorporadas en su legislación particular; que los casos donde ya se están dando estos beneficios mediante acuerdos específicos, analizarán la posibilidad de contemplarlos en su legislación; que estos beneficios ya se encuentran contemplados en su marco jurídico, lo cual se da en la mayoría de las entidades federativas; y en el menor de los casos, que las recomendaciones han sido turnadas a las comisiones ordinarias correspondientes. Analizada la información, de este punto, se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo CPyJ-33-98. Se instruyó a la secretaría técnica de la Comisión llevar a cabo la actualización y complementación de la información correspondiente a los descuentos que por concepto de predial, agua y transporte público se otorgan a los pensionados y jubilados en cada una de las entidades federativas del país.

En el desahogo del quinto punto de la orden del día, se rindió el informe de las 132 acciones de gestión que la Comisión ha realizado, correspondientes a las diversas solicitudes y demandas recibidas al 15 de abril de 1999 por pensionados y jubilados.

En el último punto de la orden del día correspondiente a asuntos generales, el Presidente de la Comisión dio lectura al informe previamente elaborado por el dip. José Angel Frausto Ortíz, secretario de la Comisión, relativo a la visita realizada por la Directiva al Congreso de la República de Chile y a las principales instituciones de seguridad social de este país. Sobre el particular, se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo CPyJ-34-98. Se instruyó a la secretaría técnica elaborar un comparativo que permita apreciar las principales diferencias entre el régimen pensionario de la República de Chile y el de nuestro país.

En este mismo punto, se abordó la difícil situación económica por la que atraviesan los pensionados y jubilados, por lo que se tomaron los siguientes acuerdos:

Acuerdo CPyJ-35-98. Se acordó que por conducto de la Directiva de la Comisión se revise la posibilidad de que los pensionados y jubilados puedan acceder de manera más directa al Programa de Proyectos Productivos que opera la Secretaría de Desarrollo Social.

Acuerdo CPyJ-36-98. Se acordó que por conducto de la Directiva de la Comisión se revise con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las posibilidades de lograr un mejoramiento económico en los ingresos de los pensionados y jubilados.

Asimismo, en este punto de asuntos generales, se planteó la importancia de continuar el estudio y revisión de los regímenes de pensiones en otros países que tengan experiencias importantes en esta materia, por lo cual se tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo CPyJ-37-98. La Comisión aprobó que la secretaría técnica inicie los trámites y gestiones a fin de que un grupo plural de la Comisión realice una visita a la República de España, cuyo sistema de pensiones constituyen el antecedente inmediato de los regímenes latinoamericanos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las diez horas con veinticinco minutos del mismo día, se dio por finalizada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia legal la presente acta el presidente, los secretarios, y los demás miembros asistentes a la sesión.

Diputados: Alberto Curi Naime, presidente; José Angel Frausto Ortiz, secretario; J. Francisco Martínez Ortega, secretario; Rodrigo Maldonado Ochoa, secretario; Ramón Corral Avila, H. Rodolfo González Machuca, José Pascual Grande Sánchez, Francisco Javier Ponce Ortega, Juan Bueno Torio, Julio Castrillón Valdés, Félix Hadad Aparicio, Horacio Veloz Muñoz (rúbricas).
 
 

DE COMISION DE PROTECCION CIVIL

Foro Nacional Hacia la Construcción del Marco Jurídico de la Protección Civil

México, por sus características de ubicación geográfica, por lo diverso y complejo de su territorio y por su riqueza natural y humana está llamado a jugar un papel protagónico en materia de protección civil.

La protección civil, entendida en su sentido más amplio, como el conjunto de acciones diversas encaminadas a la salvaguarda de la vida, los bienes y el entorno de los individuos que conforman la sociedad, brinda una oportunidad insospechada para revisar y rediseñar las prioridades y las políticas públicas de naciones como México.

El 6 de mayo de 1986, como una consecuencia de diversas calamidades registradas en el país, especialmente en los primeros años de la década de los ochenta, pero particularmente de los sismos de septiembre de 1985, el Gobierno de la República, haciéndose eco de una sentida demanda ciudadana, estructurada por la Comisión Nacional de Reconstrucción, creó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Los gobiernos, a fin de dar respuesta a la necesidad de brindar protección a las personas ante la presencia de diversos agentes perturbadores, han desarrollado, en mayor o menor grado, sistemas de protección civil, de un alto contenido social, que usualmente persiguen tres propósitos básicos:

- La organización del gobierno en sus distintos órdenes, comprendiendo todo lo largo y ancho del territorio nacional;

- La concertación con los sectores privado y social, así como con los grupos académico, voluntario, vecinal y no-gubernamental, que permita definir la forma y alcances de su participación en actividades de prevención, auxilio y recuperación de la protección civil; y

- La inducción en la sociedad civil, de una conciencia previsora ante la posibilidad ú ocurrencia de los desastres, fomentando así la generación, adopción y consolidación de una cultura de protección civil.

Un desastre, nos dicen las Bases del Sistema Nacional de Protección Civil, es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un daño severo y pérdidas para sus miembros, de tal manera que el entramado social se desajusta y se impide el cumplimiento de sus actividades esenciales, afectando el funcionamiento vital del mismo.

Un desastre, nos lo dicen los hechos, es un evento agresivo, inesperado, que arrasa nuestra propiedad, destruye nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y nos deja indefensos, temerosos, con una total inseguridad ante el futuro y supeditados únicamente a la ayuda que, merced a un compromiso social del gobierno, o a la solidaridad de la gente, nos pueda ser proporcionada.

La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de las calamidades, cualesquiera que sea su origen, hace prioritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y materiales que las mismas originan, incidiendo en el proceso de desarrollo de las comunidades, considerando que la mayor parte de las veces causan un retraso, y hasta un retroceso muy desfavorable, y que el costo social y económico de las mismas siempre será mayor que el que hubiera significado la inversión oportuna de recursos en prevenirlos.

En las décadas recientes, diversas causas estructurales, preponderantemente de orden político, económico, étnico, religioso, bélico, y otras derivadas del modelo de desarrollo vigente, han determinado que en muchos países, y México no es la excepción, la dinámica de los grupos sociales haya tenido como una de sus manifestaciones principales, la migración de importantes núcleos de población hacia ámbitos urbanos, acarreando con ello la ocupación de zonas de alto riesgo con las consecuencias que ello implica.

Así, en un supuesto favorable, cuando las personas logran contar con un empleo estable e ingresos económicos regulares, el fenómeno referido ha originado nuevas y más audaces soluciones de urbanismo y vivienda, para dar respuesta a la necesidad de las personas de contar con espacios para desarrollar su vida y sus actividades dignamente; dichas formas, sin embargo, se caracterizan por revestir condiciones de menor seguridad, en relación a las disponibles hace algunas décadas.

Por otro lado, para aquellas personas que no han tenido acceso a esas oportunidades, que usualmente se integran al sector informal de la economía, la opción ha sido el sumarse a conglomerados humanos asentados irregularmente, por lo general en condiciones de vulnerabilidad que ponen en peligro su vida, su integridad física, e incluso, sus posesiones y la naturaleza, formando cinturones de miseria que circundan y alteran el desarrollo armónico de las comunidades, así como el suministro oportuno, adecuado y eficaz de los servicios.

En efecto, lugares como cañadas, laderas de cerros y lechos de ríos, son comúnmente ocupados, e incluso, espacios localizados en una estrecha vecindad con la industria, condicionando el aumento del riesgo al que se exponen las personas ante la ocurrencia de fenómenos, tanto de origen natural, como aquellos derivados de la acción humana.

Paralelamente, un interactuar desordenado y anárquico entre las personas y su entorno, ha generado la afectación del mismo, creando un continuo perjudicial que incide en los procesos de desarrollo, el menoscabo de la seguridad individual y colectiva y el deterioro ambiental.

Es importante recordar que en las últimas décadas hemos sido testigos y estamos cada vez más conscientes de que nuestro planeta se ha visto afectado por un conjunto de cambios climáticos que se traducen en condiciones de mayor vulnerabilidad de las sociedades. Los signos de estos cambios se registran en intensas sequías y huracanes o en el fenómeno de El Niño. Muchos de estos fenómenos pueden ser pronosticados, lo que se hace en algunos países, incluyendo el nuestro.

Desde la óptica de la protección civil, la anterior es una de las lecturas que permiten comprender que los desastres se presenten cada vez con más frecuencia, cobren un creciente número de víctimas, y afecten en mayor medida a la naturaleza, explicando adicionalmente la interacción de dicha política pública con las problemáticas representadas por otras, como las de asentamientos humanos, vivienda, etc.

Desde su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil ha carecido de un marco jurídico específico, que le otorgue sustento y solidez, habiendo operado desde 1986 a la fecha, tomando como base una serie de Decretos del Titular del Ejecutivo Federal -de Aprobación de las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil; de Creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres; de Creación del Consejo Nacional de Protección Civil; de Aprobación del Programa de Protección Civil 1995-2000; y el Acuerdo que establece las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)-, así como Legislación secundaria que asigna a la Secretaría de Gobernación responsabilidades específicas en materia de respuesta a emergencias -Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Población, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

Siendo la protección civil en nuestro país, un campo relativamente nuevo, y el crecimiento y expansión de sus actividades, por lo necesario y urgente de las mismas, un proceso de aceleradas características, es evidente la necesidad de que exista un marco legal que encuadre y ofrezca certeza jurídica y permanencia a dicha política pública.

Este proceso, además de coadyuvar a la generación de la conciencia individual y colectiva de auto-preparación y auto-protección, deberá dejar estipulados, de modo definitivo, los cursos de acción, responsabilidades y tareas a desempeñar por cada uno de los sectores y grupos organizados de la sociedad, ante la posibilidad, ocurrencia y consecuencias de las calamidades, y permitirá la adecuación de la normatividad específica ya existente aplicable a cada tipo de fenómeno.

En esas consideraciones, el marco jurídico con que actualmente se cuenta en protección civil, es incipiente, y los espacios en que esta política pública discurre hacen necesaria la estructuración y adopción de uno suficiente y adecuado, que estructure y regule adecuadamente las participaciones, actividades y responsabilidades de las instancias interactuantes en ese contexto.

Lo anterior hizo evidente la necesidad de que el Honorable Congreso de la Unión, en su LVII Legislatura, se involucrara en el asunto; así, el 30 de septiembre de 1997, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del propio año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permita a la población mitigar los efectos de los desastres a través de la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.

Al efecto, la Comisión, integrada por una representación plural de veinticuatro diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN, se agrupó en cuatro subcomisiones: de Prevención; de Auxilio y Recuperación; de Financiamiento, Convenios y Enlaces; y de Difusión y Capacitación.

En ese contexto, se presentó a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el 9 de octubre de 1997, durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la actual legislatura, una iniciativa, que en términos generales fue bien acogida, para adicionar una fracción XXIX-I al artículo 73 de nuestra Carta Magna, que faculte al Congreso de la Unión a fin de que legisle en la materia.

Tras el análisis y discusión, realizado en el seno de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Protección Civil, se han concretado forma, alcances y términos de la misma, habiéndose aprobado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 1998, y en el de la Cámara de Senadores, el 11 de diciembre último, estando ahora en el proceso de pasar a las legislaturas estatales, a efecto de reunir la aprobación de la mayoría de las mismas, lo que, una vez cumplimentados los requisitos formales y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, le dará plena vigencia y sustentará la realización de la consulta pública que derive en la referida ley.

Esta reforma permitirá, una vez completado el desarrollo del referido proceso de consulta pública, así como de recopilación y análisis de información relativa, nacional e internacionalmente:

- Establecer las bases de coordinación, que encauzarán las acciones conjuntas de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la recuperación posterior;

- Fijar los alcances, términos de operación y responsabilidades de consulta, opinión y coordinación de las estructuras consultivas del Sistema Nacional de Protección Civil, como el Consejo Nacional, y sus órganos operativos, así como su conformación y estructuración

- Convocar la integración de los grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad las reglas de su accionar, y fomentando la participación activa y comprometida de la sociedad;

- Dejar sentadas las bases de elaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de Protección Civil; y

- Eliminar la discrecionalidad, en aspectos como la declaratoria de desastre, las acciones de respuesta, o las medidas de seguridad que necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de esos fenómenos, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma de decisiones.

Adicionalmente, se visualiza en el mediano plazo, cuando se hubiera promulgado la ley correspondiente, introducir las modificaciones necesarias, en otras leyes secundarias, como pudieran ser la del Ejército y la Fuerza Aérea; la de Marina; la de Salud; la del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la de Asentamientos Humanos, por mencionar solo algunas de las más relevantes, a fin de propiciar la generación de un cuerpo legislativo sólido y homogéneo, previendo todos aquellos aspectos que deriven en disposiciones de orden público e interés general.

La protección civil responde actualmente a la voluntad política de enfrentar los retos derivados del desarrollo del país: de enfrentarlos con decisión, orden y coordinación, considerando la participación amplia y activa de la población. La participación de todos, sociedad y gobierno en este proceso histórico, acredita el interés creciente que la protección civil y el estudio y prevención de los desastres viene generando.

Al volcar nuestros propios conocimientos y experiencias en el ejercicio de análisis, reflexión y dictaminación que esta iniciativa brinda, se alcanzará asimismo, la certeza y la tranquilidad de nuestra aportación a la seguridad individual, colectiva y del medio en que nos desenvolvemos.

Bajo la concepción de corresponsabilidad, en el marco de compromisos compartidos y con el ánimo solidario que identifica a la sociedad mexicana, privilegiando el trabajo preventivo, y especialmente aquél que derivará en la generación y consolidación de una cultura nacional de protección civil, avanzaremos hacia la edificación del porvenir de vida segura y digna que deseamos todos para nuestra patria.

Al efecto, y en la materialización de los programas de trabajo que, conjuntamente, los legisladores integrantes de la Comisión y las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil han llevado a efecto, se perfilaron una serie de temas, no limitativos, que parecieran ser aquellos en los que se centra la problemática que actualmente enfrenta la protección civil en el país, y que modula o acota la acción de las personas y grupos involucrados en ella

Por esto, a continuación se formulan comentarios encaminados a presentar la forma y los alcances de dichos temas:

1. Planeación de la Protección Civil.

Desde su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil ha orientado sus acciones principalmente por medio de tres programas nacionales: el primero, contenido en las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986; el segundo, denominado Programa Nacional de Protección Civil 1990-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 1991; y el tercero, actualmente en vigor, denominado Programa de Protección Civil 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de julio de 1996.

En los tres casos, esos documentos han contenido los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas cuantificables correspondientes a dicho Sistema Nacional, por los períodos 1986-1988, 1989-1994 y 1995-2000, desprendidos, el segundo y el tercero, de sendos procesos de consulta pública, siendo sancionados los dos últimos por el Consejo Nacional de Protección Civil, cuya vigencia alcanza la de la administración federal en cuyo marco fueron estructurados e impulsados.

Con dichos programas, la política pública de protección civil se ha insertado en lo dispuesto por la Ley de Planeación, y el Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo que originaría que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, estructuraran y pusieran en marcha sus respectivos procesos de consulta-planeación.

De conformidad con dicho marco jurídico y programático, la protección civil debió haber ingresado a los mecanismos de planeación-presupuestación-asignación de recursos, tanto en el orden federal, como a través de los mecanismos que la legislación prevé como los idóneos para la coinversión entre la federación y los estados y municipios.

En la práctica -sin menoscabo de reconocer los avances en organización y creación de una fuerza de reacción ante las emergencias-, solo en algunos casos, a nivel de las entidades federativas, se han elaborado programas estatales en la materia, y una porción reducida de municipios han hecho lo propio en ese orden de gobierno. Así, es posible inferir que esta es una de las lecturas para comprender que el desarrollo del Sistema Nacional, se haya dado de una manera fragmentada y desarticulada y su crecimiento marcadamente gradual.

Resulta de fundamental importancia considerar dentro de la planeación y el diseño de los programas, la prevención de los desastres, de manera que se actúe con suficiente anticipación en la reordenación de los asentamientos humanos y del territorio con miras a reducir la vulnerabilidad.

Es evidente que una política pública de las características de la protección civil, debe sujetarse -adicionalmente a la promulgación de leyes y emisión de reglamentos, o en su caso, instalación de Consejos, en los que hay notorios avances-, a planes y programas claros, con metas bien definidas y medios para su consecución, suficientes, pues de lo contrario su desarrollo podría tornarse incierto, y avanzar a la zaga de las calamidades que cada vez con mayor intensidad y recurrencia azotan al país.

2. Financiamiento de la Protección Civil.

Dado que en México, los procesos de planeación-presupuestación se encuentran íntimamente ligados, la problemática referida en el apartado anterior, ha repercutido en el hecho de que, desde su creación y hasta la fecha, el Sistema Nacional de Protección Civil haya carecido de una asignación presupuestal de carácter regular, que permita el desarrollo armónico de la misma.

Así, como refiere uno de los integrantes de más antigüedad en el Sistema, "...la protección civil avanza por impulsos catastróficos...", lo que ha significado que, ante la ocurrencia de grandes calamidades ocurridas en años recientes, el recurso financiero haya fluido, diluyéndose en cuanto el tiempo pasa.

No obstante, la voluntad política de las autoridades del Sistema Nacional se ha manifestado en dicho sentido, puesto que de sus recursos de operación, adquirieron en el pasado equipo de cómputo, fax y radio-comunicación, mismo que se otorgó en calidad de comodato a las entidades federativas y a veinte de los municipios más recurrentemente afectados en el país.

No es sino hasta 1998, cuando las gestiones realizadas por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 1995, 1996 y 1997, se materializaron en forma de una asignación extraordinaria, del orden de los 120 millones de pesos, distribuidos en los años 98, 99 y 2000, para equipar a las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios que integran el Programa de Cien Ciudades, con elementos de transporte, comunicación e informática.

Pero independientemente de que en el futuro la protección civil se integre de manera definitiva a dichos procesos de asignación de recursos financieros, sobre todo los incorporados a los procesos de coinversión reflejados en los convenios únicos de desarrollo social, es importante considerar otras posibilidades que permitan el financiamiento de estas acciones.

De esa forma, deben estudiarse alternativas tales como la creación de fideicomisos; la recepción de donaciones (especialmente aquellas deducibles de impuestos); el cobro de derechos por servicios o productos -como es el caso de asesorías, supervisiones y ediciones que al momento tienen un carácter gratuito-; la creación de alguna tasa impositiva especialmente dedicada a estos propósitos; la imposición de sanciones cuyo producto pueda ser, bajo supervisión, utilizado de manera directa por las dependencias de protección civil, o cualesquiera otra que se estime pertinente.

En dichos esquemas será muy importante que coordinada y corresponsablemente se involucren sociedad y gobierno, especialmente mediante la aportación de fondos que financien especialmente actividades preventivas, y típicamente, todas aquellas enfocadas a la generación y consolidación de la cultura nacional en la materia.

La propia operación de dichas áreas, su equipamiento, la capacitación, la difusión, la disposición de recursos inmediatos para emergencias, el sostenimiento a organizaciones voluntarias, altruistas, vecinales y/o no-gubernamentales, son algunos de los capítulos pendientes en esta política pública, que podrían subsanarse si se exploran nuevas posibilidades de financiamiento y disponibilidad de recursos.

Por otro lado, desde 1996, el Gobierno Federal creó un Fondo Nacional para Desastres, cuya operación es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y desde 1997, un fondo revolvente para atención inmediata en emergencias, cuya administración recae en la Secretaría de Gobernación.

Estos fondos han sido un apoyo importante para el financiamiento en situaciones de emergencia, pero han resultado insuficientes para solventar, por ejemplo, los costos finales que arrojaron las problemáticas suscitadas en 1997, en los estados de Guerrero y Oaxaca, por el paso del huracán Pauline, o en 1998, en Chiapas, por lluvias torrenciales.

No obstante, en el análisis y aprobación del presupuesto para 1999, la Cámara de Diputados, a instancia de la Comisión de Protección Civil decidió incrementar su monto, y considerar la posible aplicación de una parte del mismo, para el financiamiento de acciones preventivas, según se consigna en los lineamientos de operación del mismo, recientemente publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Lo que es importante reiterar, es que la asignación de recursos financieros a la protección civil, con ser vital para la misma, debe tener un carácter permanente y suficiente, y en su caso, poder ser complementada por la vía o las vías que se estimen adecuadas.

3. Educación, Capacitación y Adiestramiento para la Protección Civil.

Generar y consolidar una cultura de protección civil, entendida como la adopción individual y colectiva de una conciencia de la prevención, debe ser asumida, evidentemente, como una tarea ardua, compleja y de largo aliento, cuya consecución requiere de procesos integrales de educación, que faciliten el aprendizaje de nuevas aptitudes y la puesta en práctica de nuevas actitudes.

Aun cuando esta es tarea de todos, sociedad y gobierno, con demasiada frecuencia se increpa al servidor público de la protección civil porque no ha sido capaz de crear dicha cultura, sin hacer una mínima reflexión sobre el particular. Así, cuando los desastres se presentan, parece muy cercano el cuestionar porqué no se ha insertado dicha cultura en las personas.

Valdría la pena hacer un cuestionamiento a ese respecto: ¿cuántas veces en su vida, una persona promedio se ve afectada de manera directa por un desastre, que impacte su persona, su núcleo familiar, sus bienes o su entorno?. Para la generalidad de las personas, un desastre es un evento remoto, del que comúnmente se tiene noticia a través de los medios de comunicación, formándose la imagen en el espectador, de que aquello pasa en otra dimensión, en otro planeta, o en el mejor de los casos, en otro ámbito espacial distante y distinto al propio.

Luego, pareciera que la referida generación y consolidación de la cultura de protección civil, es un proceso mucho más complejo de como usualmente se le visualiza, que requiere para su resolución, de un trabajo integral y complejo, de los distintos ámbitos que inciden en la vida cotidiana de las personas, como es la salud, la educación, la alimentación, la seguridad pública, el uso de la electricidad, la conducción de un automóvil, etc., para los que comúnmente no se es previsor, a efecto de crear una conciencia integral de la prevención, enfocada a todos esos ámbitos.

Desde su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado numerosas acciones encaminadas a la generación de dicha cultura de protección civil, especialmente a través de la educación de las personas, especialmente en el ámbito institucional, por medio de los programas internos de protección civil, y en el educativo, donde inclusive se han incorporado contenidos de protección civil, seguridad pública, ecología y salud pública, en los libros de texto gratuitos, a nivel de primaria, y en los programas de estudio a nivel de secundaria. Es, entonces importante, reafirmar dichas acciones dándoles un vigoroso impulso, especialmente en el marco de la ley nacional en la materia.

Sin embargo, es claro que estas acciones, por sí mismas no propiciarán ese cambio y adopción de mentalidad referido al principio de este apartado, así como la consolidación de la cultura de protección civil. Es menester establecer un continuo entre las diversas instituciones involucradas y la población en general, que con un carácter permanente incidan en ese proceso educativo.

Pero no tan solo es necesaria la inducción de la adopción de esas conductas de auto-cuidado y auto-preparación, de cara a los desastres; en un buen porcentaje, los cuadros directivos, técnicos y operativos que han formado y forman el ámbito institucional de la protección civil son muy bienintencionados, pero no menos empíricos, ya que generalmente no han sido objeto de alguna preparación, entrenamiento y/o formación específica.

Lo anterior se debe, fundamentalmente a la inexistencia de instituciones que impartan una currícula específica en la materia, que abarque los aspectos teórico-prácticos, desde sus etapas elementales hasta las altamente especializadas; a la alta rotación de los cuadros -operativos, técnicos y directivos-; y a la ausencia de un servicio civil de carrera en la misma, mismo que se antoja como muy necesario y su instrumentación impostergable.

Esfuerzos tales como los diplomados impartidos tanto por instituciones públicas - típicamente el Centro Nacional de Prevención de Desastres- como privadas, son enfocados a núcleos reducidos de profesionales, especialmente por una capacidad instalada moderada y una planta de docentes en proceso de conformación, lo que ha dado como resultado un alcance gradual de los objetivos para los que han sido diseñados e impartidos.

Es pues, impostergable, abordar el planteamiento e instrumentación encaminada a la educación para la protección civil, contemplando tanto sus aspectos teóricos como los prácticos, y desde lo más elemental hasta lo altamente sofisticado.

4. Información, Difusión y Divulgación para la Protección Civil.

Parte complementaria del proceso educativo es la representada por la emisión de información útil para la protección civil, desde la encaminada a orientar a la población, hasta la altamente científico-técnica, dirigida a los profesionales y estudiosos de los aspectos que componen esta política pública.

Un punto de partida enfocado a este apartado, lo representa la necesidad de contar, en todo el país, con una imagen que identifique a la protección civil, pues en la actualidad, cada entidad federativa, muchos municipios y desde luego la federación, cuentan y emplean imágenes muy diversas para ese fin. Una de las hipótesis de por qué los mensajes emitidos por las autoridades, no han permeado de la manera esperada, podría ubicarse, precisamente en la ausencia de ese elemento identificador a nivel nacional.

Hace algunos años se hicieron intentos por dotar a la protección civil mexicana de un elemento que funcionara en ese sentido: el símbolo internacional de la protección civil fue descartado a nivel federal, por estar asociado, desde su origen a conflictos armados, a los que México por tradición es ajeno; sin embargo, los intentos que se han realizado, no han impactado de modo definitivo, por lo que cabría la posibilidad de retomar y analizar nuevamente el tema para su resolución.

En el pasado, merced a la buena voluntad de los productores y emisores, tanto de radio como de televisión, pero también a la utilización de tiempos oficiales, expresados a través de un convenio de cooperación suscrito en 1993, reactivado en 1998, fue posible la emisión de campañas de comunicación social, los años 93, 94 y 96, que representaron un importante esfuerzo de planeación-logística, ya que contenían series de mensajes diferenciados, enfocados a los diversos tipos de calamidades que se registran en distintas zonas del país.

Las campañas no tuvieron igual suerte con los medios impresos, dado que tajantemente se exigió la correspondiente retribución económica, por cierto muy considerable, por la inserción de los mismos mensajes en sus espacios.

Sería imprescindible valorar la posibilidad de que la emisión de mensajes preventivos y de auxilio fuera asumida como una responsabilidad permanente de los medios de comunicación, otorgándoles horarios más accesibles para toda la población; esto incluye que la difusión se pueda hacer de manera independiente a la utilización de tiempos oficiales.

A nivel de las entidades federativas y municipios, la comunicación social para la protección civil ha implicado grandes esfuerzos, que sin embargo aún no han alcanzado a generar un nicho propio para la protección civil en la atención y la conciencia de las personas.

Aún más, sondeos de opinión realizados con posterioridad a las campañas, demostraron en su momento que, por su corta duración, escasos impactos y refuerzos, las campañas no lograron generar los procesos de recordación que de las mismas se esperaban, ni alcanzaron la amplitud y profundidad que se pretendía.

En otro renglón, las guías y manuales elaborados y editados en 1993 y 1994, y re-editados en 1999, para orientar la organización e instrumentación de planes y estructuras institucionales, estatales, regionales y municipales en la materia -entre los que destacan el Atlas Nacional de Riesgos, el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional, y las Guías de Programas Internos, Planes Municipales, Mapas de Riesgos, Comunicación Social, Refugios Temporales, Simulacros, y de Respuestas Iniciales en caso de Problemas derivados del Manejo de Materiales Peligrosos-, aún reconociendo el importante esfuerzo financiero materializado por las autoridades del Sistema Nacional, se han editado y distribuido como por oleadas, sin lograr que los mismos se tornaran en una estrategia consistente y permanente.

Lo anterior exige ponderar la posibilidad de que dichos documentos sean incorporados a los programas de las instituciones del sistema educativo nacional, como un ejercicio de carácter permanente, para arraigarlos en la mentalidad y la práctica cotidiana de los educandos, permeando a la sociedad en su conjunto.

Mejor suerte han corrido los documentos de divulgación científica, en razón de que el CENAPRED, que es el brazo científico y técnico del Sistema, es la instancia que ha sido responsabilizada legalmente con la función y los recursos para ese efecto, lo que ha propiciado una más fluida gestión de este particular, pero limitada, por razón natural, al medio académico y científico.

Es evidente que, para que efectivamente se genere y consolide una cultura de protección civil en las personas, los esfuerzos en materia de comunicación social, en sus distintos niveles, deben contar con los apoyos y recursos necesarios para que tengan una presencia permanente en todos los ámbitos nacionales, con el empuje y la profundidad necesarios para que la información, pero sobre todo el aprendizaje y la práctica de conductas seguras, se afirme en las conciencias y en las conductas de las personas.

Asimismo, que los referidos documentos de información y divulgación puedan tener el tratamiento de cualquier obra literaria, y por lo tanto, ser promocionados a través de casas editoriales, que por sus características no tengan una finalidad preponderantemente comercial y lucrativa, como es el caso de la Universidad nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica.

5. Operación de la Protección Civil.

A partir de su creación, el Sistema Nacional de Protección Civil ha atendido una muy importante cantidad de calamidades de diversa índole en el país, con oportunidad y razonable éxito, salvaguardando la vida, bienes y entorno de un importante número de personas, para lo cual se echó mano de la tecnología más elemental disponible, tanto en materia de informática, como de comunicaciones, transportes y equipamiento de identificación y protección personal.

Destacan en ese orden de ideas, los huracanes, Gilbert. Diana, Gert, Henriette, Roxanne, Opal, Pauline y otros; los volcanes de Colima, Tacaná y Popocatépetl; los sismos que han afectado especialmente los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Colima; los incendios forestales de los años 1989 y 1998; y los múltiples y recurrentes accidentes derivados del manejo de materiales y residuos peligrosos.

Al paso del tiempo, se fueron conformando y sumando a dichas actividades, grupos y personas que, en mayor o menor medida, aportaron sobre todo su voluntad de participación, por encima de conocimientos, capacitación, especialización y/o equipamiento adecuados.

Un renglón específico en este sentido, es el representado por los cuerpos de bomberos del país. Deficientemente capacitados y equipados, mal remunerados, sin las condiciones elementales de seguridad laboral para ellos y sus familias, se constituyen actualmente en uno de los soportes importantes para las acciones de respuesta inmediata de la protección civil, exigiendo una atención que no admite demora.

Sin embargo, importantes fenómenos sociales, como los aludidos al principio de este documento, continúan sucediendo, generando considerables núcleos de población en situación de vulnerabilidad. Esto último, interactuando con fenómenos naturales como la sismicidad, el vulcanismo, en general los hidrometeorológicos, especialmente asociados a problemáticas como el cambio global, el calentamiento de la corteza terrestre y El Niño Oscilatorio del Sur, y tecnológicos, como los problemas derivados del manejo de materiales peligrosos, incrementan la frecuencia de calamidades y sus impactos destructivos.

Paradójicamente, a medida que los sistemas de protección civil avanzan, los resultados de impactos destructivos aumentan en sus afectaciones y saldos de víctimas, daños y pérdidas.

Un factor adicional, representado por la velocidad con que evoluciona la tecnología, especialmente aquella referida a las comunicaciones y el procesamiento de información, hacen prácticamente imposible, a menos que se esté en un constante proceso de inversión-actualización, el estar permanentemente al día.

De la misma manera es deseable poner énfasis en la coordinación y complementación del conjunto de instituciones públicas y concesionadas que brindan servicio de información sobre monitoreo y alertamiento temprano acerca de fenómenos naturales que pueden y son pronosticados, con la misma intención de fortalecer las politicas públicas que prevengan la ocurrencia de desastres en el país.

Ante estas realidades, las estructuras operativas de la protección civil, especialmente representadas por organizaciones altruistas, y en menor medida por los órganos gubernamentales, se encuentran siempre en desventaja, dado que usualmente no cuentan con los recursos, el equipamiento y la infraestructura, que facilite una actuación que debiera ser crecientemente oportuna y eficaz.

En este aspecto, es vital reiterar en la necesidad de que la operatividad de la protección civil gire en torno al Sistema nacional, incluyendo las acciones emprendidas por las unidades estatales y municipales, toda vez que son éstas, precisamente, las responsables de atender, como organismos de primera respuesta, las situaciones de emergencia.

6. Participación Social en la Protección Civil: Grupos Voluntarios, Vecinales y No-Gubernamentales.

Ya se hacía referencia en el apartado anterior, al surgimiento y proliferación, en todo el territorio nacional, de organizaciones asistenciales, de rescate o servicios médicos pre-hospitalarios, enfocadas a la atención de personas, al amparo de la protección civil en el país.

No habiendo una estrategia específica respecto al tema, se ha originado una corriente que ha crecido de manera anárquica y desarticulada, que ha sido resuelta de manera discrecional en el orden estatal y municipal, existiendo en la actualidad un sinnúmero de organizaciones que, como común denominador, carecen de capacitación adecuada, de especialización, de equipamiento específico, de un padrón regular de integrantes, así como, en muchos casos, de una existencia formalizada desde el punto de vista jurídico.

En muchas entidades y municipios, dichas agrupaciones actúan al margen de la autoridad, sin supervisión ni control, lo que ya ha generado más de algún problema en perjuicio de las personas, que incluso ha trascendido al ámbito judicial, lo que evidencia la necesidad de establecer reglas de participación de dichas agrupaciones en acciones de protección civil.

En otra vertiente, organizaciones vecinales y no-gubernamentales, enfocadas principalmente a aspectos de derechos humanos y ecología, han surgido y proliferado, incidiendo de manera lateral en acciones de protección civil, por lo que es importante convocarlos a involucrarse de manera decidida puesto que, es menester recordar, los objetivos de la protección civil solo se alcanzarán cuando exista una participación corresponsable y comprometida de sociedad y gobierno.

La educación y la comunicación para la protección civil requieren incuestionablemente de la participación de estas organizaciones, como elementos atomizadores de la información que propicie que las personas, de manera individual y colectiva, adquieran y practiquen conductas de auto-cuidado y auto-preparación, de cara a los desastres, asumiendo de ese modo una conciencia de la prevención, pero invariablemente, tanto en situaciones de normalidad como de emergencia, actuando bajo la coordinación de la autoridad de protección civil correspondiente.

En esta línea, las autoridades del Sistema Nacional, especialmente en los años 1998 y 99, han propiciado un acercamiento con dichas organizaciones, mediante la organización e impartición de cursos, conferencias, seminarios y simposia, enfocados a las tareas y operaciones que dichos grupos están llamados a cumplir.

7. Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Un factor fundamental para sustentar tanto la planeación como la toma de decisiones en materia de protección civil para la prevención de desastres, es la importante aportación que representa la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Para todos es evidente que planes como los correspondientes a los volcanes o huracanes, serían virtualmente impensables sin el sustento que les brinda la comunidad científica, en el ámbito de las universidades e instituciones de educación superior.

Sin embargo, una importante barrera para fomentar dicho sustento, es la incorporación de la investigación enfocada a los desastres, con especial énfasis en los fenómenos naturales o tecnológicos de mayor impacto y recurrencia, en la agenda pública respectiva y la ministración de recursos económicos que financien la realización de la misma.

La opción institucional representada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ha realizado importantes aportaciones, materializadas en las reformas al reglamento de construcciones del Distrito Federal, propuestas orientadas a la construcción segura de vivienda de interés social, o el seguimiento puntual de la actividad del Volcán Popocatépetl y del Volcán de Colima; en otro nivel, ha contribuido al rubro de divulgación científica, por medio de diversas publicaciones de ese corte.

En lo que toca al desarrollo tecnológico, de igual modo, variados ejemplos se cuentan en México, como el sistema de alerta sísmica del Distrito Federal, o el propio equipamiento relacionado con el monitoreo vulcanológico, como el que se da en los estados de México, Morelos y Puebla, en Colima y Jalisco, y en Chiapas, que dan cuenta de los esfuerzos realizados por los científicos mexicanos que, sin embargo, enfrentan múltiples y diversas trabas para culminar, sobre todo por la escasez de recursos financieros disponibles.

Lo que resulta claro es que debe imprimirse un fuerte y decidido impulso a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, enfocado específicamente a la prevención y actuación ante los desastres, y esta última enfocada como un elemento impulsor del desarrollo nacional, puesto que no es permisible que las calamidades continúen azotando, como ha sucedido en años y acontecimientos recientes, amplias zonas del país y numerosos núcleos de población, por carecer de los elementos que permitan actuar y alertar con la oportunidad suficiente.

8. Intercambio Internacional.

El Sistema Nacional de Protección Civil, desde su creación, ha suscrito compromisos bilaterales de cooperación en esa materia, con varios países: Japón, Estados Unidos de América, Guatemala, Francia, España y la Unión Soviética, y se ha adherido a la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas denominada Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.

Es reconocido a nivel internacional, y esto se hizo patente en la Conferencia Internacional del Decenio para la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada en Yokohama, Japón, en 1994, que México es de los pocos países que han abordado con amplitud el tema.

Sin embargo, el avance de dicho intercambio internacional es más bien discreto; en efecto, se ha avanzado de modo distinto pero importante en los compromisos que se tiene con Japón -la existencia y algunos de los productos del Centro Nacional de Prevención de Desastres lo acreditan-; con los países vecinos -Estados Unidos y Guatemala-, de los cuales los resultados han sido cíclicos; y se cuentan ya algunos avances de los compromisos con Francia y más recientemente con España.

México ha ofrecido eventual cooperación sobre todo a los países del istmo centroamericano y el cono sur, especialmente en situaciones de desastre, en las que solidariamente ha acudido en apoyo de varios de ellos; y en situación de normalidad, mediante la capacitación y formación de cuadros administradores de emergencias, entre los cuales figura también España, a la que se asistió en 1994 para impartir un curso de preparación ante calamidades.

Sin embargo no se ha desarrollado una acción sistemática que permita obtener y capitalizar los conocimientos, experiencias y tecnología desarrollados por países cuyos sistemas de prevención y atención de emergencias datan de mucho tiempo antes del Sistema Nacional de Protección Civil.

Lo anterior evidencia la necesidad de dejar establecidos los lineamientos que permitan materializar acciones y obtener apoyos, que impulsen el avance de la protección civil mexicana, especialmente en lo que se refiere a los desarrollos tecnológicos enfocados específicamente a estas materias.

Adicionalmente sería importante insertar la protección civil en las políticas y estrategias de intercambio internacional, instrumentadas por el gobierno mexicano, de modo que se conviertan en una acción permanente y consistente, que permita la formación de cuadros directivos, técnicos y operativos, estableciendo compromisos con los receptores de dichos beneficios, de manera que sus resultados sean capitalizables por el referido Sistema Nacional.

Esto ha sido puesto en la mesa, recientemente por el denominado Grupo de Río, que reunido en México, ha evidenciado la necesidad de instrumentar mecanismos comunes que faciliten la respuesta coordinada y solidaria a situaciones de emergencia que, como el huracán Mitch en 1998, azotaron de manera muy violenta a diversos países, sobre todo del istmo centroamericano.

Esto se visualiza, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, como la necesidad de contar en la región latinoamericana con sistemas nacionales de protección civil, que establezcan programas de prevención, auxilio y recuperación adecuados a las necesidades e idiosincrasia de cada nación, institución de redes nacionales y regionales de protección civil, así como una red regional de telecomunicaciones e intercambio de información para el monitoreo de fenómenos perturbadores y atención de emergencias.

9. La Responsabilidad del Servidor Público en la Planeación y Operación de la Protección Civil.

Este es un aspecto del desarrollo de la protección civil mexicana que se encuentra poco explorado y menos aterrizado. Ante calamidades ocurridas en el pasado en algunos puntos del país, se ha actuado de inmediato contra los reales o supuestos responsables de la prevención, auxilio y recuperación, sin bases reales, obedeciendo solamente una inercia del momento.

De manera dispar y falta de homogeneidad- a veces soportada con decretos, acuerdos, leyes locales, reglamentos, o nada-, las instancias de protección civil en los órdenes federal, estatal y municipal, han establecido la forma y los alcances de la responsabilidad de sus integrantes. Lo anterior se ve reflejado especialmente en aspectos tan importantes como la coordinación de actividades y la atención de situaciones de emergencia.

De manera discrecional, ante una emergencia dada, se exige al responsable de la administración de la protección civil tener la solución ante situaciones que, en muchos casos, rebasan ampliamente su ámbito natural de actuación, así como los magros recursos de que ha sido dotado.

Sin embargo, al paso de los años, y al ir teniendo la protección civil cada vez una mayor presencia en la vida nacional, se hace indispensable dejar específicamente establecidas dichas responsabilidades en dos vertientes:

- Hasta donde deben llegar las funciones del responsable de la planeación y operación de la protección civil, a modo de impedir que muchas de sus acciones tengan un carácter eminentemente discrecional, evitando o eliminando los actos y decisiones que, en muchas ocasiones han derivado en excesos y abusos que se justifican por el propio entorno generado por la emergencia; y

- Hasta donde debe ser exigible al propio responsable de la planeación y operación de la protección civil, el tener respuestas para situaciones de emergencia, muchas veces por encima o muy alejadas a su ámbito natural de responsabilidad, o incluso aquellas que recaen en el ámbito de otras políticas públicas.

Se trata de encontrar un justo medio que permita al servidor público de la protección civil cumplir suficientemente con sus responsabilidades, de manera oportuna y eficaz, pero también ubicar en su contexto los alcances que la misma debe tener, es decir, ni un ápice más de lo permisible, pero ni uno menos de lo necesario.

10. Interacción y Delimitación de la Protección Civil y otras Políticas Públicas.

La protección civil nació y se ha desarrollado en nuestro país, como una política pública eminentemente concertadora y coordinadora.

Concurren al logro de sus objetivos, los recursos humanos, materiales y financieros adscritos a las dependencias responsables de otras políticas públicas tales como la seguridad nacional, la planeación del desarrollo urbano, la regulación del uso del suelo, la vivienda, la educación, la ecología, la salud, la alimentación, las comunicaciones y transportes y otras tantas, que están llamadas a participar en tareas de prevención, auxilio y recuperación.

Es menester, entonces, dilucidar la forma y el foro en que dichas dependencias determinarán las modalidades y los alcances de su interacción, para alcanzar los objetivos de la protección civil.

Esto, que en sus orígenes fue más o menos soslayado, se ha hecho cada vez más evidente, y su resolución se hace cada vez más urgente, de tal modo que, tanto en situaciones de normalidad como en emergencias, y la recuperación posterior, se establezcan los lineamientos de coordinación, los alcances y responsabilidades, a fin de que la preparación y las respuestas sean cada vez más oportunas y eficaces, y el ejercicio de los recursos lo más racional y eficiente posible.

Una vía de solución puede ser la revitalización de un espacio que parece adecuado, que es el ofrecido por el Consejo Nacional de Protección Civil, al que concurren las referidas dependencias y organismos involucrados en la protección civil y la atención de emergencias.

Creado en 1990, es un órgano colegiado que encabeza el Presidente de la República, estando su administración encomendada a la Secretaría de Gobernación. En 1990, estableció una serie de procedimientos de operación, tanto para estados de normalidad, como de emergencia, en los que previó la forma y alcances de sus participaciones.

Dichos procedimientos, para cuya puesta en marcha, el propio Consejo determinó la estructuración de un Comité de Auxilio y Recuperación, un Comité de Solidaridad Externa, un Comité de Presupuesto y una Comisión Consultiva y de Participación Social para la Protección Civil, fueron revisados y ratificados en 1992.

Su responsabilidad comprende funciones tales como el traslado de personas y bienes; el establecimiento y administración de refugios temporales; la atención médica y sanitaria de emergencia; el acordonamiento y resguardo de zonas afectadas; el otorgamiento de apoyo a países hermanos en situaciones de emergencia; y la obtención y administración de apoyos procedentes de otros países, cuando México es afectado por calamidades.

Una vía complementaria podría ser la adopción prioritaria y obligatoria del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, como parte del cuerpo normativo de la protección civil, así como los mecanismos que permitan su actualización permanente y perfeccionamiento, así como su instrumentación en el ámbito federal, estatal y municipal.

Elaborado, editado y distribuido en 1994, por primera vez, y revisado, actualizado y reeditado, en el año en curso, en el que se incorporó un ejercicio de consulta y concertación con las dependencias y organismos involucrados en acciones de prevención, auxilio y recuperación, definiéndose sus funciones e interacciones, así como los parámetros de planeación necesarios, atendiendo a distintos tipos de fenómeno y posibles calamidades.

Cualesquiera que sea la determinación que se adopte al respecto, es importante que dicho esquema se reproduzca en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, a efecto de que el desarrollo de la protección civil sea debidamente regulado, para facilitar la coordinación, consolidación y arraigo en la vida cotidiana de los mexicanos.

El presente documento no es ni pretende ser, un análisis exhaustivo del avance del Sistema Nacional de Protección Civil, como conjunto de organismos, funciones y relaciones, ni de la protección civil mexicana, en tanto que política pública.

Mucho más se podría decir, especialmente en su abono, si se sumara el cúmulo de acciones y aportaciones individuales y colectivas que han realizado todas las personas que, durante la existencia del Sistema Nacional han entregado su esfuerzo, su experiencia y sus puntos de vista al avance de la misma.

Busca, preponderantemente, establecer cuál es el estado del arte en la materia, reconociendo sus fortalezas, pero también, sus debilidades, sus potencialidades, pero también sus limitaciones.

Pretende, eso sí, atisbar en la viabilidad que la adopción de un marco jurídico específico, amplio y suficiente, nacional, integral, incluyente y federalista, especialmente conformado por una ley que establezca las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal, y los municipios, puede ofrecer ahora, y de cara al ingreso de México al siglo XXI, a esta importante política pública.

Vale concluir el presente documento de trabajo recordando lo manifestado por alguna de las personas que han pasado por las responsabilidades de la protección civil mexicana, en el sentido de que "...la protección civil no es propiedad de nadie, pero es patrimonio de todos. Nadie puede arrogarse su paternidad, pero nadie debe permanecer ajeno a ella. La protección civil es un espacio privilegiado al que concurren todas las ópticas, todas las conciencias, todas las experiencias y todas las voluntades, porque su finalidad es la preservación de la vida humana...".

Palacio Legislativo, 10 de junio de 1999

Atentamente
Dip. Noemí Z. Guzmán Lagunes
Presidenta
 
 
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

La Subcomisión de Presupuestos Etiquetados encabezada por la dip. Ma. Elena Cruz Muñoz, presidenta colegiada de la Comisión de Equidad y Género, invita al curso:

Análisis de Presupuesto Público Federal 1999

A los C. diputados y diputadas de la LVII Legislatura, secretarios técnicos, asesores y personal de apoyo interesados en el tema.

Inscrito en la necesidad de que los integrantes del Poder Legislativo posean los conocimientos técnicos necesarios para ejercer de manera plena las facultades constitucionales conferidas de: examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El objetivo fundamental del curso es analizar el gasto público en diferentes perspectivas, desde el desglose por clasificación, hasta las perspectivas macroeconómicas, así como su evaluación y control por parte del Poder Ejecutivo.

El curso se inscribe dentro del Programa Institucional de Presupuesto y Gasto Público que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, CIDE, está llevando acabo con apoyo de la Fundación FORD. Entre otras cosas, este programa busca acercar el trabajo académico del CIDE a diversos sectores de la sociedad mexicana, en esta ocasión a servidores públicos de la H. Cámara de Diputados.

Las sesiones del curso son de aspectos generales hasta el desglose de las particularidades del Presupuesto Público Federal para 1999.

El contenido general del curso se compone de 3 partes, enumeradas a continuación en el programa anexo, que comprende:

Lugar: Salón de Usos Múltiples del edificio D, segundo piso, H. Cámara de Diputados

El costo del curso será: de $2,000.00 (dos mil pesos), por persona si el cupo es de 25, si éste fuese mayor el costo será menor.

La inscripción se realizará en las instalaciones de la Comisión de Equidad con la copia del depósito efectuado en cualquier Banco Bital en la cuenta: CIDE, AC, número 4011747797 Sucursal Lilas.

Para mayores informes comunicarse a la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, a la ext. 1253 con la lic. Ma. de Jesús Méndez Alvarado, Secretaria Técnica.

Calendario *

Clasificación económica del Presupuesto, Yailén Valdés, 24 de junio, de 10 a 12 horas.
Gasto social, estados y municipios en el Presupuesto de 1999, John Scott, 24 de junio, de 12 a 14 horas.
Nueva Estructura Programática (NEP), Juan Ortega, 24 de junio, de 16 a 18 horas.
Estrategias alternativas para el ejercicio del gasto público, Carlos Moreno, 25 de junio, de 10 a 12 horas.
Instancias y mecanismos de vigilancia y control (Organo Superior de Fiscalización), Juan Pablo Guerrero, 25 de junio, de 12 a 14 horas.

* Todos los profesores son de tiempo completo del CIDE.

Atentamente
Dip. María Elena Cruz Muñoz
Presidenta Subcomisión de Presupuestos Etiquetados
 
 
 

DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS

A su décimo primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 12 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer nivel del edificio H.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y en su caso, aprobación del acta anterior.
3. Los Asentamientos Humanos Irregulares, teniendo como invitado especial al lic. Arturo Orci Magaña, director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.
4. Revisión. Propuesta de iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, turnada a esta Comisión.
5. Informe de las reuniones de difusión sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Adquisiciones.
6. Proyecto de trabajo para el periodo septiembre a diciembre de 1999.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. arq. Angelina Muñoz Fernández
Presidenta
 
 
 

DEL COMITE DE COMUNICACION SOCIAL

A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Asistencia.
2. Informe de la Junta Directiva.
3. Presentación de los nuevos miembros del Comité.
4. Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto:
* Criterios generales para la asignación de Publicidad Institucional.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Francisco de Souza Mayo M.
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA CFE Y LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

A su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Domingo Yorio Saqui
Presidente
 
 
 

DEL COMITE DE ASUNTOS INTERNACIONALES

A la conferencia que dictará el doctor Antonio Alonso Concheiro, sobre el tema Escenarios para el futuro de México, misma que se llevará a cabo el martes 22 de junio, a las 18 horas, en la biblioteca del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba número 29, colonia centro.

Sinopsis

En lo que va del siglo que está concluyendo México ha sufrido grandes transformaciones demográficas, económicas, políticas y socioculturales. Las transiciones vividas por nuestro país, que parecen haberse acelerado en los últimos lustros, se han dado en un entorno internacional que también parece estar marcado por los grandes cambios. Algunas de las transformaciones han sido ruidosas, turbulentas, y han ocurrido en lapsos relativamente breves; otras han sido más pausadas y silenciosas. Unas y otras han marcado nuestro presente y parecen condicionar nuestro futuro.

¿Hacia dónde se dirigen México y su entorno? ¿Qué podría esperarnos en el año 2030 y en el camino hacia él? ¿Cuáles podrían ser algunas de las transformaciones que habremos de vivir de hoy en adelante? ¿Cuáles serán nuestro límites y oportunidades?

Pronosticar el futuro con cierto grado de certeza es imposible (y que bueno que así sea, porque lo contrario significaría estar predestinados a un futuro único, independientemente de lo que de ahora era adelante hiciésemos). Sin embargo, si bien no podemos asegurar cómo será el futuro, sí podemos especular como podría ser (conjugando una buena dosis de imaginación y otra de razonamiento). En otras palabras, podemos construir escenarios alternativos sobre el futuro de México y su entorno internacional. Explorar el futuro tiene, además de su valor contemplativo, un valor práctico. La prospectiva (del latín pro, delante y spectare, mirar), como la historia, nos permiten entender mejor nuestro presente y por ende, mejorar nuestros procesos de toma de decisiones. El futuro no sólo se imagina; también se construye.

Se invita muy especialmente a los señores diputados y profesionistas de ésta H. Cámara de Diputados a este importante evento.

Atentamente
Dip. Julio Faesler Carlisle
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE DISTRIBUCION Y MANEJO DE BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS

A su reunión de trabajo con el act. Fernando Agraz Rojas, director de LICONSA, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 17 horas, en las oficinas de dicha dependencia.

Atentamente
Dip. Víctor Manuel López Balbuena
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE SALUD

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el segundo nivel del edificio F.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
3. Informe del desarrollo de la primera etapa del Foro Nacional La Salud de los Mexicanos.
4. Informe del avance en la organización de la segunda etapa del Foro Nacional La Salud de los Mexicanos.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.

Atentamente
Dip. Santiago Padilla Arriaga
Presidente
 
 
 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS A SU SEGUNDO CONCURSO DE TESIS PROFESIONALES SOBRE TRANSICION DEMOCRATICA Y TEMATICAS PARLAMENTARIAS DE MEXICO, 1999

Objetivo

Con el fin de dar continuidad a nuestra tradicional promoción de investigaciones profesionales sobre los temas relacionados con el estudio de la realidad política de nuestro momento, y de la misma forma fomentar la titulación con base en trabajos y reflexiones novedosas y serias que contribuyan al análisis de los nuevos escenarios que el país enfrenta, se convoca a nuestro Segundo Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Temáticas Parlamentarias.

Bases

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por:

Primer Lugar: 20,000.00 y edición por el Instituto de Investigaciones Legislativas.
Segundo Lugar: 15,000.00 y publicación en la revista Quórum.
Tercer Lugar: 10,000.00 y reconocimiento del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Para más información o mayores precisiones comunicarse con la lic. Irma Eréndira Sandoval, Coordinadora de Investigaciones al 56 28 14 21 con fax: 5542 30 62 y dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam. mx
 
 
 

DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL

Al Foro Nacional Hacia la Construcción del Marco Jurídico de la Protección Civil Mexicana.

México es un país expuesto a riesgos. Diversas y muy variadas manifestaciones de fenómenos naturales y tecnológicos han impactado, con distintos grados de severidad al territorio nacional, causando daños a las personas y afectaciones de distinta magnitud a sus bienes, la infraestructura y el entorno.

Las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, aprobadas por un Decreto del Ejecutivo Federal el 6 de mayo de 1986, así como los Programas, Nacional de Protección Civil 1990-1994, y de Protección Civil 1995-2000, han reconocido la necesidad y la importancia de que los mexicanos contemos con un marco jurídico nacional en la materia.

Sin embargo, hasta el momento se sigue careciendo del mismo, y el avance en dicho proceso se ha registrado en las entidades federativas, especialmente, y en algunos municipios, que han promulgado sus leyes o reglamentos específicos.

El Honorable Congreso de la Unión ha dado los primeros pasos, expresados en la gestión de la iniciativa de modificación del texto constitucional, a efecto de adicionarle una fracción XXIX-I al artículo 73, que facultará al propio Congreso para legislar en materia de protección civil.

Es importante, entonces, continuar las estrategias encaminadas a la construcción del marco jurídico nacional en la materia, que permita,

* Sentar las bases de coordinación, que encauzarán las acciones conjuntas de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la recuperación posterior;

* Fijar los alcances, términos de operación y responsabilidades, de las estructuras consultivas del Sistema Nacional de Protección Civil, como el Consejo Nacional, y sus órganos operativos;

* Convocar la integración de los grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad las reglas de su accionar, y fomentando la participación activa y comprometida de la sociedad;

* Dejar sentadas las bases de elaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de Protección Civil; y

* Eliminar la discrecionalidad, en aspectos como la declaratoria de desastre, las acciones de respuesta, o las medidas de seguridad que necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de esos fenómenos.

Por lo anterior, la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con el objeto de alcanzar una iniciativa de Ley de consenso, sustentada en una base amplia de participación social, a la que concurran las ópticas, experiencias y aportaciones de la comunidad toda, para su presentación al Pleno por conducto de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados,

Convoca

Al personal profesional, técnico y operativo de dependencias y organismos gubernamentales, organizaciones privadas, sociales, instituciones académicas y grupos altruistas voluntarios, vecinales y no-gubernamentales, que desarrollan tareas de, o afines a la protección civil, interesadas en el tema, al Foro Nacional

Hacia la Construcción del Marco Jurídico de Protección Civil Mexicana

Que se verificará abordando los temas: Planeación de la Protección Civil; Financiamiento de la Protección Civil; Educación, Capacitación y Adiestramiento para la Protección Civil; Información, Difusión y Divulgación para la Protección Civil; Operación de la Protección Civil; Participación Social en la Protección Civil: Grupos Voluntarios, Vecinales y No-Gubernamentales; Investigación y Desarrollo Tecnológico; Intercambio Internacional; La Responsabilidad del Servidor Público en la Planeación y Operación de la Protección Civil; e Interacción y Delimitación de la Protección Civil y otras Políticas Públicas.

El desarrollo de la consulta se materializará en las siguientes sedes y fechas correspondiendo a la primera y la última las ceremonias de inauguración y clausura, y a las restantes la consulta propiamente dicha:

Fechas y Sedes

* Junio 28 en Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF.
* Junio 14 en Morelia Michoacán.
* Junio 21 en Hermosillo Sonora.
* Julio 28 en Veracruz, Veracruz.
* Agosto 4 en Toluca Edo de Méx.
* Agosto 18 en Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF.

El Foro se llevará a cabo en reuniones plenarias, que se desarrollarán de las 9:00 a las 15:00, con arreglo al siguiente procedimiento:

Los asuntos relativos a esta convocatoria, su contenido, el programa de trabajo y sus eventuales ajustes y/o modificaciones, así como cualquier otro tocante al tema serán resueltos en acuerdo por la Comisión de Protección Civil.

Por la Comisión de Protección Civil

Atentamente
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta

Dip. Martín Matamoros Castillo
Secretario

Estrella Vázquez Osorno
Secretaria

Oscar Aguilar González
Secretario