Gaceta Parlamentaria, año I, número 192, miércoles 27 de enero de 1999

Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27 de enero de 1999

Comunicaciones

Iniciativas Oficios Dictámenes Proposiciones Informes Convocatorias  
 
 
 

Orden del Día 
SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, DEL MIERCOLES 27 DE ENERO. INICIO 11 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del C. dip. Leonardo García Camarena.

De los Congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Iniciativas

El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa que adiciona un párrafo cuarto a la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Turno a Comisión).

Oficios

De la H. Cámara de Diputados, con el que se remite el expediente que contiene aprobaciones de las legislaturas de los estados, respecto de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la H. Cámara de Senadores, con el que se remite el expediente que contiene aprobaciones de las legislaturas de los estados, en relación con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 transitorio, del Decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de marzo de 1997.

De la Secretaría de Gobernación, diecinueve con los que se remiten las hojas de servicios de los CC. Roberto Badillo Martínez, Ernesto Arcos Oropeza, Rigoberto Castillejos Adriano, Jesús Alvarez Pérez, Rigoberto Rivera Hernández, Leonardo Roberto Chiapa Aguirre, Domiro Roberto García Reyes, Jorge Juárez Loera, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Manuel Eliezer Castro Gómez, Javier del Real Magallanes, Noé Antonio Ordóñez Herrán, Máximo Pastrana Guadarrama, Ramón Celaya Barrera, Marcial Rafael Macedo de la Concha, Antonio Tortajada Morán, Joaquín Taboada Martínez, Carlos Enrique Adam Yabur y Valentín Rodríguez Altamirano, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión).

Del Gobernador del Banco de México, con el que se remite, para dar cumplimiento al artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, la exposición sobre la Política Monetaria que la Institución se ha propuesto seguir en el ejercicio de 1999. (Turno a Comisión).

Informe sobre el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos de la Institución, correspondiente al ejercicio de 1999, para dar cumplimiento al artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México. (Turno a Comisión).

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con Proyecto de Decreto que concede permiso a la C. Eva María Zuk Lichota, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito en el grado de Cruz de Caballero de la República de Polonia, que le confiere el gobierno de dicho país. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).

De la Primera Comisión, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los CC. Emilio García Riera y Luis Martínez Rivera, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).

De la Primera Comisión, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los CC. Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, José Luis Barros Horcasitas y Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Honduras. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).

De la Primera Comisión, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los CC. Rodolfo Becerril Straffon, Jolanta María Nitoslawska Romer de Palacios, Sergio Pitol Deméneghi, Albert Gallatín Stebelski Orlowski, Jerzy Karol Hausleber Roszczewska, Honorata Anna Zarnecki de Santos Burgoa, Manuel Marrón y González, Francisco Savín y Vásquez y Adam Wajda Liro, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Polonia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con Punto de Acuerdo relativo al nombramiento del C. Sergio Joaquín Romero Cuevas, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Paraguay. (Discusión, votación y protesta).

De la Segunda Comisión, con Punto de Acuerdo relativo al nombramiento del C. Francisco Galán Méndez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Nicaragua. ( Discusión, votación y protesta).

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que se dé seguimiento a la solicitud de registro, del Sindicato de Trabajadores Académicos de CONALEP. (Turno a Comisión).

Agenda Política

Comentarios sobre la Cuarta Visita del Papa Juan Pablo II a México. (Deliberativo).

Comentarios sobre la sentencia condenatoria a Raúl Salinas de Gortari, a cargo del C. dip. Victorio Montalvo Rojas, del grupo paralamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo).

Comentarios sobre las declaraciones del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en torno a la publicidad de los gobernantes, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional (Deliberativo).

 
Sesión Secreta.

 

 

 

 


Comunicaciones 

DEL DIP. LEONARDO GARCIA CAMARENA

7 de diciembre de 1998

Dip. Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE

Sr. Presidente:

Por su conducto notifico al H. Congreso que he sido invitado por el C. gobernador constitucional del estado de Jalisco, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, a colaborar en su equipo de trabajo. Por lo anterior, con base en los artículos 62 y 79, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia a mi cargo a partir del próximo 31 de enero.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Dip. Leonardo García Camarena (rúbrica)
 

 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre del año en curso por la H. XVI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, se tomó el Acuerdo de remitir a ustedes, copia certificada del Punto de Acuerdo presentado por las Comisiones Unidas de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Ganadería y Pesca.

Asimismo, se anexa fotocopia certificada del Acta de la Sesión celebrada ese mismo día.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra atenta y distinguida

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Mexicali, BC, a 18 de diciembre de 1998.

Dip. lic. Edgar A. Fernández Bustamante
Presidente
Dip. dr. Efrén Macías Lezama
Secretario

 

 

C. Presidente de la H. XVI Legislatura del estado de Baja California

Las comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganadería y Pesca, con fundamento en lo dispuesto en artículo 36 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, así como en lo establecido por los artículos 26, 44, 114, fracción III, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, presentamos a la consideración de esta H. XVI Legislatura del estado de Baja California, el presente Dictamen de reunión de trabajo de Comisiones Unidas, para iniciativa de Punto de Acuerdo Económico con el resolutivo de apoyo bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Como seguimiento a los trabajos del Primer Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario, se realizó en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, el segundo Encuentro. Derivada de estas actividades, se planteó la posición en relación a la problemática del campo mexicano y su posible solución.

2. En primer término, se planteó la revalorización del papel que juega el campo mexicano en el desarrollo del país, en razón de que, para 1998 se tiene estimada la importación de aproximadamente 15 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que implica tener una balanza agropecuaria deficitaria; más endeudamiento en el exterior; y estar cada vez más necesitados de contar con una real política de desarrollo rural.

A este respecto, las estadísticas nos dejan en claro que el sector agropecuario está desconectado, desvinculado, de los sectores secundarios y terciarios de la economía, ya que de 1994 a la fecha el Producto Interno Bruto agropecuario ha decrecido, mientras que la economía en su conjunto ha crecido en promedio un 3 por ciento anual.

3. En segundo término, se cree urgente revalorar el papel del campo, porque debemos alcanzar la seguridad alimentaria; y se debe plantear la recuperación del sector agropecuario, porque el modelo económico actual no asegura un aumento del empleo y el ingreso rural; así como porque al reactivarse el crecimiento agropecuario se contribuiría al abatimiento de la pobreza del campesinado, que sólo por el hecho de vivir en el campo, está en desventaja con el habitante de la ciudad.

4. En tercer término, se debe avanzar en la consolidación de un federalismo real mediante el cual se dé a los sujetos y organizaciones de productores una verdadera transferencia de recursos, funciones y responsabilidades .

Esta federalización plena tendrá que dar mayor autonomía a los estados y municipios al darse la descentralización de funciones y responsabilidades, donde el gobierno federal debe tener un carácter normativo más que de ejecutor de programas, y los gobiernos estatales tendrán que asumir, con los recursos necesarios, las responsabilidades operativas y de formulación de programas estatales, para promover un desarrollo económico tomando en cuenta la vocación de sus regiones.

Por lo que un elemento esencial en el fortalecimiento del federalismo se sustenta en el mejor desempeño de los municipios, como una de las formas de gobierno más cercana a la sociedad.

En esta propuesta de federalización hay que cuidar que no se caiga en el error del centralismo. Deberá de instrumentarse entre todos los actores: gobierno federal, estatales y municipales, congresos locales, organizaciones y productores, y se debe de caminar en la búsqueda de un acuerdo estatal entre todos los actores, donde se dé un sistema de contrapesos entre los diferentes poderes y organizaciones.

5. En cuarto término, es necesario implementar un proyecto agropecuario nacional con programas de largo, mediano y corto alcance, con políticas sectoriales que reflejen las necesidades de las diferentes regiones, no nada más que se realicen acciones en el marco de planeación centralizada. De nada sirve tener el recurso si no hay una política sectorial estatal definida.

En estos contextos, el análisis nos definirá si podemos desarrollarnos con las instituciones que tenemos, si son necesarias o hay que crear nuevas instituciones estatales y municipales que los nuevos cambios nos exigen, todo lo anterior, nos lleva a plantearnos la necesidad de desarrollar y capacitar los recursos humanos que van a operar en un futuro próximo las políticas y programas sectoriales.

La actividad económica en el campo es una de las de más alto riesgo, por sus peculiares características, tanto en el ámbito mundial como nacional; es por ello que nos exige implementar políticas que den certidumbre al campo mexicano.

6. En quinto término, es importante definir si desde el inicio del proceso de siembra hasta el de cosecha contamos con todos los elementos a nuestro favor, por lo que, aun así veremos que no son suficientes para dar certidumbre a la actividad, porque un mundo globalizado, con pocos controles al coyotaje e intermediarismo, el proceso de comercialización se torna en una de las principales limitantes para la rentabilidad de la actividad.

Por lo tanto, para alcanzar la rentabilidad del sector agropecuario, debe existir un apoyo a la comercialización, con fondos suficientes que permitan fijar un precio objetivo o de referencia que se pueda sostener con apoyos gubernamentales, y que en caso de no necesitarse, al no darse fenómenos naturales adversos o caídas de los precios, dichos fondos puedan asignarse a otras ramas de la producción agropecuaria.

También se debe discutir, en la fijación de los precios de referencia, la posibilidad de establecerlos de acuerdo a la productividad de las diferentes regiones del país.

En este punto de la comercialización vemos cómo la mayoría de los subsidios van encaminados al consumo y no a la productividad.

7. En sexto término, es importante discutir la política de apoyos y subsidios del gobierno federal a los productores agropecuarios, para que ésta se dé en un marco de igualdad y reciprocidad como la que aplican los países socios de México en el Tratado del Libre Comercio y la Comunidad Europea, esto segurarnente, permitirá competir en condiciones más justas sin tomar en cuenta algunos otros factores.

Por lo que en materia presupuestal, se acordó definir un aumento de recursos, discutiendo a la vez a quienes beneficiará, de acuerdo a la filosofía de cada programa, lo que dio como resultado la aprobación de un Punto de Acuerdo de dicha reunión en los siguientes términos:

UNICO.- Que se envíe el presente documento, que fija posición en relación a la discusión programática y presupuestal para el campo, a las legislaturas estatales, al H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural y a la Presidencia de la República, con el propósito de realizar, a nivel nacional, una gran discusión que permita revalorar y redimensionar el papel del campo mexicano y de un verdadero federalismo: y que en el corto plazo, para el ejercicio presupuestal de 1999, se modifiquen los criterios para la asignación presupuestal y la formulación de programas del sector agropecuario.

8. Con base en lo anterior, en reunión celebrada en la Ciudad de México el día 19 de octubre de 1998, se acordó solicitar a las legislaturas estatales su apoyo, lo que se informó a este H. Congreso del estado, recibido que fue el Punto de Acuerdo en comento, el Presidente de la Mesa Directiva; conforme a la facultad conferida en el inciso e de la fracción II del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, acordó turnarla a las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganadería y Pesca, para su análisis y resolución.

9. Estas Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganadería y Pesca, en sesión de trabajo celebrada el 19 de noviembre de 1998, discutió y votó el Punto de Acuerdo de referencia, estimando viable que este H. Congreso del estado se solidarice para efecto de solicitar al H. Congreso de la Unión se incremente el gasto público en el sector agropecuario, en virtud de la trascendencia que conlleva la materia agropecuaria, lo que se traduciría en el beneficio que representa la aplicación de mayores fondos a dicho rubro, redundando en una mayor productividad y desarrollo del sector agropecuario.

Con base en los antecedentes anteriormente expuestos, se elaboran los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que es facultad de los diputados presentar ante el Pleno de esta Soberanía, punto de acuerdo económico, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, así como 26, 44, 114, fracción III, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.

Segundo.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados dictaminar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que deberá empezar a analizarse a más tardar el día 15 de noviembre del año en curso, el relativo al ejercicio fiscal de 1999.

Tercero.- Que el Presupuesto Federal asignado al ramo agropecuario para el ejercicio fiscal de 1998, no ha satisfecho muchas de las necesidades que este importante sector demanda, como son entre otras cosas, el acceso a recursos que tengan una calendarización que se ajuste a los ciclos naturales y de necesidades del sector agropecuario; la recanalización de recursos a partidas prioritarias; análisis y revisión de las políticas agropecuarias de cara al Tratado de Libre Comercio y al marco de la globalización; y así mismo el de buscar la definición de mecanismos de evaluación de los programas agropecuarios.

Por lo que bajo los anteriores antecedentes y considerandos, estas Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganadería y Pesca someten a la consideración de esta Honorable Asamblea para su aprobación, los siguientes puntos

Resolutivos

PRIMERO.- Que este H. Congreso del estado de Baja California se pronuncie a favor de que la Cámara de Diputados de la Honorable LVII Legislatura federal, autorice en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, para el rubro en materia del sector agropecuario, un incremento equivalente hasta el 8 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto; asimismo, que los programas de Alianza para el Campo, y el Procampo, tengan un calendario de aplicación del presupuesto que se ajuste a los ciclos naturales y de necesidades.

SEGUNDO.- Que se solicite a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, del gobierno federal, lo siguiente:

a) Se haga una recanalización de recursos a partidas prioritarias.

b) Se revise la normatividad de los Programas de Procampo y de Alianza para el Campo.

c) Se haga revisión de las políticas agropecuarias de cara al Tratado de Libre Comercio y al marco de la globalización.

d) Se busque la definición de mecanismos de evaluación de los programas agropecuarios.

TERCERA.- Se autorice solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, reunión de trabajo para discutir las necesidades presupuestales del sector agropecuario.

CUARTA.- Se busque espacios de participación por parte de este H. Congreso del estado y sus comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural y Ganadería y Pesca, a través de Convenios con la Secretaría de Fomento Agropecuario del gobierno del estado, para participar en los Consejos Estatales Agropecuarios.

QUINTO.- Aprobado que sea de conformidad el presente Punto de Acuerdo Económico, se remita a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Presidencia de la República, minutas que deberán integrarse con copias certificadas de esta propuesta de Punto de Acuerdo Económico, del acta de las sesiones que contengan en su caso el debate que produzca el mismo y la votación correspondiente, para su análisis, estudio y dictaminación a que haya lugar.

Dado en la Sala de Sesiones de este H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, a los 19 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Comisiones Unidas de Agricultura y Desarrollo Rural: Dip. Servio Avitia Nalda, Presidente, Miguel Delfín Castro, secretario; Sergio Loperena Núñez, Héctor Baltazar Chiprés, vocales. (Rúbricas). Ganadería y Pesca: Dip. Sergio Loperena Núñez, Presidente, Alejandro Pedrín Márquez, secretario; Gilberto Flores Muñoz, Sergio Avitia Nalda, Miguel Delfín Castro, vocales. (Rúbricas).

 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz, BCS, a 22 de diciembre de 1998

Año de la Minería y de la Heroica Defensa de Baja California Sur

CC. Diputados secretarios de la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Por este conducto el Congreso del estado de Baja California Sur se permite comunicar a esa H. Cámara de Diputados que en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de diciembre del año en curso aprobó para su envío Acuerdo Económico emitido por la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros de este Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de Acuerdo Económico tendiente a propiciar proponer y gestiona, soluciones, mediante recursos particularmente en el proceso de elaboración del Presupuesto Federal destinados a esta zona Agrícola del Municipio de Comondú, BCS, ante la Emergencia económica en la que se encuentra la actividad agrícola del Valle de Santo Domingo, en lo particular, y el campo mexicano en el general; presentada por los CC. diputados lic. María Juana Hernández Paularena, TLQ Francisco Javier Obregón Espinoza e ing. Jesús Guillermo Bermúdez Almada, integrantes de esta VIII Legislatura local dando a conocer la propuesta para apoyar y propiciar los Foros de Consulta con la participación conjunta de los Congresos estatales y ese Cuerpo Legislativo.

En relación a lo anterior nos permitimos anexar copia certificada del Acuerdo Económico del Dictamen de referencia para la intervención que corresponda a esa Honorable Representación.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad de enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. Domingo Valentín Castro Burgoin, Presidente
Dip. Francisco Guadalupe Mendoza, secretario
 

La VIII Legislatura del Congreso del estado de BCS, en sesión ordinaria del 17 de diciembre de 1998, aprobó un punto de acuerdo, de conformidad a los siguientes antecedentes:

I. Con fecha 26 de mayo del año en curso, se turnó a esta Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros, para su estudio y Dictamen, la Iniciativa de Acuerdo Económico presentada por los CC. diputados lic. María Juana Hernández Paularena, Francisco Javier Obregón Espinoza e ing. Jesús Guillermo Bermúdez Almada, con el objeto de que la suscrita Comisión emitiera un pronunciamiento mediante el cual esta VIII Legislatura del Congreso del estado, recomendara al Jefe del Ejecutivo del estado, para que con base en las facultades que le otorga el artículo 79 de la Constitución Política de la entidad, fuera declarada Zona de Desastre Económico el Valle de Santo Domingo y que en coadyuvancia a las gestiones del Ejecutivo estatal, se solicitara la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y asimismo fuera solicitada a la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, su participación para buscar soluciones a la problemática de esta Zona Agrícola y de esta forma se avanzara en el rescate de la economía de esta región del estado.

Dicho Acuerdo Económico planteó en el ámbito de las atribuciones del Poder Legislativo en la entidad, la posibilidad de pronunciarse en relación a la situación de esta importante región agrícola con base en los diversos considerandos de la Iniciativa que entre otros, tomaron en cuenta los cambios estructurales que en la materia se han dado en el país en los últimos años, concretándose esta política de manera general, en un modelo de economía abierta y de amplia competitividad que ha afectado la forma de producción en el campo, por lo que es urgente rediseñar nuevos esquemas de producción.

Dentro de las consideraciones del Proyecto de referencia, se hace hincapié en las difíciles circunstancias en las que se encuentra la zona agrícola de la entidad, mismas que para ser resueltas no sólo basta con su reconocimiento, sino que el establecimiento de compromisos y la implementación de medida adecuadas que den cause a la reactivación de la zona agrícola del estado.

II. Derivado de la Iniciativa anterior, el día 9 de junio del mismo año, el pleno aprobó, previo dictamen, un punto de acuerdo en donde fundamentalmente plantearon dos aspectos:

A) El reconocimiento de la situación de emergencia económica en que se encuentra la actividad agrícola del Valle de Santo Domingo y consecuentemente la solicitud al Ejecutivo de la entidad para que tomara las medidas necesarias previstas en el artículo 79, fracción XL, de la Constitución Política del estado de Baja California Sur, a efecto de buscar los recursos y los mecanismos de intermediación necesarios que buscaran soluciones estructurales y definitivas a la problemática existente a través de un programa emergente que atendiera esta actividad productiva.

B) Se instruyó específicamente a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros, ampliada con los CC. diputados iniciadores del Acuerdo en cuestión, para los efectos de dar seguimiento a las acciones que se emprendieran, derivadas de dicha resolución de parte de la VIII Legislatura al Congreso del estado, así como para solicitar la información correspondiente que permitiera observar los avances sustantivos en relación a los problemas de referencia.

Para dar cumplimiento y seguimiento a las acciones señaladas en el Dictamen en comento, los días 9 y 10 de julio se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Dichas reuniones tuvieron por sede la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y el propio Valle de Santo Domingo. De ahí derivaron propuestas como la de implementar el Programa de Desarrollo Sustentable, teniendo como objetivo principal el sostenimiento de los aprovechamientos de aguas subterráneas y de las actividades agropecuarias, ajustando las extracciones a las dotaciones autorizadas e incrementar el ingreso de los productos mediante sistemas de producción y tecnificación del riego que permitan elevar los niveles de eficiencia en el uso y manejo del agua y de la energía eléctrica a nivel parcelario.

En estas reuniones, las organizaciones de productores propusieron como alternativas de solución, resolver el esquema de los problemas económicos y a la vez, enfocar un camino de desarrollo que resulte en rentabilidad para la actividad agropecuaria, a través de la creación de un organismo para el desarrollo del Valle de Santo Domingo, sustentado con fondos de la Federación, dirigidos a dos puntos fundamentales:

a) El tratamiento de los actuales adeudos y carteras vencidas y

b) A las actividades productivas y de fomento, de acuerdo a la documentación entregada a la Comisión de Agricultura de la Honorable Cámara de Diputados Federal, este organismo propuesto deberá operar en conjunción con el programa emergente que en su momento presentará el Ejecutivo estatal

Considerando

La importancia que tiene para lograr una soberanía alimentaria el apoyo que se le brinde al campo mexicano, su productividad y desarrollo, se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida económica del país. De ahí que esta Comisión considere que el Fomento Agropecuario que sea dirigido al Valle de Santo Domingo, que presenta 80 por ciento de la producción agrícola del estado, se verá reflejada en un crecimiento sustancial en la economía estatal.

De la iniciativa que da origen al presente Dictamen es de resaltar el señalamiento respecto a la importancia que tuvo la no participación de los organismos de agricultores en la formulación de planes y acciones de gobierno, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Planeación desde 1983. Esta marginación contribuyó a la problemática actual, toda vez que el proceso de planeación y programación se ha centralizado por funcionarios que no tienen acceso directo a la evolución de las variables económicas que inciden en forma singular en el Valle de Santo Domingo.

Por otro lado, las condiciones económicas han variado notablemente a partir del año de 1982 para el campo sudcaliforniano, ya que además del encarecimiento de insumos y maquinarias aunado al aumento en las tasas de interés y las características geográficas de la zona hacen sumamente problemático el acceso a mercados nacionales.

Mientras no se logren costos de producción más bajos y precios de venta mayores, la rentabilidad de la actividad agrícola dejará, por necesidad, a un lado la producción de granos, que son los que contribuyen a una autosuficiencia y soberanía alimentaria; por lo tanto no se podrán evitar los graves desequilibrios que se han presentado en años recientes en relación a la importación de grandes cantidades de estos productos, con la consecuencia de la excesiva fuga de divisas.

Por lo que esta Comisión considera que esta tendencia negativa de inversión al campo debe ser revertida a efecto de lograr mayores montos año con año en términos reales, que permitan canalizar recursos a la tecnificación, a la compra de insumos a precios adecuados infraestructura agrícola, asistencia tecnológica, y en general, las acciones de gobierno deben ser el marco en el que la producción sea alentada tal como ocurre con nuestros socios comerciales. Con todos estos elementos, esta Comisión Dictaminadora somete a su consideración el siguiente acuerdo económico:

Primero.- La VIII Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, en coadyuvancia con la Comisión de Agricultura de la H. Cámara de Diputados, hará de manera atenta, la petición al Ejecutivo Federal, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, para que se canalicen recursos adicionales al campo, así como abordar con propuestas alternativas a las actualmente vigentes, el problema de la cartera vencida en el campo y los adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad que, por sus montos, son los más destacados y que mayores efectos negativos tienen en el proceso de producción agrícola, solicitando la reducción de la tarifa. Dichas alternativas que pudieran estar orientadas a los siguientes aspectos:

A) Realizar una estratificación de productores conforme a su solvencia económica.

B) Apoyar un Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable con base en:

1. El análisis de cada unidad de producción;

2. La realización de un proyecto productivo para determinar la viabilidad de cada unidad de producción.

3. De ser factible, reestructurar su cartera vencida ante la Banca y el adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad, y hacer su compromiso de pago a largo plazo.

4. Solicitar crédito y tecnificar, para posteriormente recibir beneficio de la Alianza para el Campo.

C) Buscar la Asociación en participación con Inversionistas foráneos.

D) Satisfacer las necesidades de las agroindustrias locales, bajo contrato.

E) Incrementar la organización interna, a través de la formación de sociedades de producción que permita el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, y

F) Mayor flexibilidad en las tasas de interés que aplica el Fondo de Reconversión, para que el productor pueda liquidar sus compromisos al término de sus cosechas.

Segundo.- Se instruye a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros, para los efectos de dar a conocer a la Comisión de Agricultura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre este acuerdo económico y solicitar su respectivo apoyo durante el proceso de elaboración del presupuesto para 1999, con objeto de gestionar recursos emergentes que puedan ser destinados a la zona agrícola del Valle de Santo Domingo misma que se encuentra en franca crisis.

Tercero.- Se instruye a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros, para los efectos de dar a conocer a los Congresos estatales este Punto de Acuerdo, a fin de lograr su apoyo en la revisión de la política federal hacia el campo que nos permita, en el ámbito de las respectivas atribuciones, colaborar con el Ejecutivo federal en propuestas de soluciones a los problemas que enfrenta tan importante actividad económica para el país.

Cuarto.- Se instruye a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Mineros, para los efectos de dar a conocer a la Comisión de Agricultura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la propuestas de esta VIII Legislatura para apoyar y propiciar los Foros de Consulta con la participación conjunta de los Congresos estatales y ese Cuerpo Legislativo, con objeto de analizar y dar seguimiento de la problemática que afecta el campo mexicano, buscando establecer mecanismos más eficientes, desde el ámbito del Poder Legislativo, para la atención de la problemática del campo y sobre todo de participar con la posibilidad de hacer planteamientos que contribuyan a la solución de los mismos particularmente en el proceso de la elaboración del presupuesto federal.

Sala de Sesiones "Gral. José María Morelos y Pavón" del Poder Legislativo.- La Paz, Baja California Sur, a los 17 días del mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y ocho.

Lic. Domingo Valentín Castro Burgoin, Presidente del H. Congreso del estado de Baja California Sur; dip. cp. Francisco Gpe. Mendoza, secretario

 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

Cuernavaca, Mor., noviembre 24 de 1998.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, tenemos el honor de informar a usted (es), que en sesión de esta fecha el H. Congreso del estado, eligió Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva, por el mes de diciembre, correspondiente al segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Hugo Carbajal Aguilar.
Vicepresidente: Dip. Arturo Mazari Arizmendi.
Reitero a Usted (es) la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El C. Oficial Mayor del H. Congreso del estado de Morelos
Lic. Antolín Escobar Cervantes (rúbrica)

 

 
DOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

En sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre del año en curso, la Honorable VIII Legislatura Constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo, designó al C. lic. Carlos Román Soberanis Ferrao, como oficial mayor, del H. Congreso del estado.

Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta Legislatura para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal, Q. Roo, a 17 de noviembre de 1998
Dip. Israel Barbosa Heredia, secretario

 

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

La VIII Legislatura constitucional del estado, en cumplimiento al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el día 15 de diciembre del presente año, se procedió a la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente: Diputado Jorge Mario López Sosa.
Primer Secretario: Dip. Luis Orlando Pérez Escobedo.
Segundo Secretario: Dip. Iván Santos Escobar.
Diputado Antonio Rico Lomelí.
Diputada María Esther Montufar Bailón.
Diputado Israel Barbosa Heredia.
Diputado Alvaro Lozano Ocampo.

Asimismo, se procedió a la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cd. Chetumal, Q. Roo, a 15 de diciembre de 1998
Dip. Israel Barbosa Heredia, secretario
 

 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Cd. Victoria, Tam., a 2 de diciembre de 1998.

C. Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 23 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los numerales 23, 25 y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle(s) que en Sesión de Junta Previa celebrada en esta fecha, fueron electos los diputados Enrique Duque Villanueva y Ma. Dolores Salomón Villanueva, como Presidente y suplente, respectivamente, para integrar la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Pleno Legislativo durante los primeros quince días del mes de diciembre del actual, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas.

Sin otro particular, reiteramos a Usted (es) nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dr. Enrique Javier Navarro Flores
C. Reynaldo García Martínez
Secretarios.

 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

La Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del estado, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Esta Soberanía Recomienda a las instituciones acreedoras una suspensión temporal de acciones judiciales, hasta la resolución del programa de apoyo a deudores.

Segundo.- Se exhorta a las H. Legislaturas de las diferentes entidades federativas a promover en el ámbito de su competencia la misma recomendación.

Lo que transcribimos a Usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Atentamente
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Xalapa; Ver., noviembre 19 de 1998.

Abel Chávez Fernández, Presidente
Adolfo Mota Hernández, secretario (rúbricas)

 
 
 
 

Iniciativas 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE REMITE INICIATIVA QUE ADICIONA UN PARRAFO CUARTO A LA FRACCION V DEL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Diputado licenciado Edgar Arturo Fernández Bustamante y diputado doctor Efrén Macías Lezama, Presidente y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la Honorable XVI Legislatura constitucional del estado de Baja California, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones ordinarias del primer año de su ejercicio legal, con fundamento en los artículos 27 y 28, ambos en su fracción I, de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, así como los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción III, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Honorable XVI Legislatura del estado de Baja California por nuestro conducto presenta a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del Dictamen núm. 170 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, aprobado por el Pleno de esta Soberanía, con fechas 17 y 18 de septiembre de 1998, en sesión extraordinaria celebrada por la Honorable XV Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Baja California, para efectos de que se inicie el proceso legislativo y la misma sea turnada a la Comisión dictaminadora para su estudio, análisis y dictaminación conrespondiente.

Para efecto de cumplimentar lo dispuesto por el artículo transitorio tercero del Dictamen precitado, se anexa minuta que se integra con la documentación siguiente:

A) Copia certificada de la Iniciativa de Decreto presentada ante el Pleno del Congreso del estado de Baja California, con fecha 11 de abril de 1996, por el diputado Miguel Guerrero Cruz;

B) Copia certificada del Dictamen núm. 170 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado de Baja California en la forma descrita; y

C) Copia certificada del Diario de Debates de la sesión extraordinaria celebrada por la Honorable XV Legislatura estatal con fechas 17y 18 de septiembre del presente año, en la cual se hace constar el debate verificado para su aprobación respecto del Dictamen número 170 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Mexicali, BC, a 23 de diciembre de 1998

Lic. Edgar Arturo Fernández Bustamente
Presidente
Dr. Efrén Macíaz Lezama
Secretario
 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

DICTAMEN núm.. 170

Honorable Asamblea:

Fue turnada a esta Comisión para su estudio, análisis y dictaminación, la Iniciativa de Decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante esta Soberanía, por el ciudadano diputado Miguel Guerrero Cruz, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 44, fracción II, 48, fracción, I, 49, fracción II, 64, 67, 114, 116, 128, 129, 130 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, procedió al estudio y análisis de la Iniciativa de reforma precitada, la cual se dictamina con base en los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 1996, el ciudadano diputado Miguel Guerrero Cruz, integrante de la fracción parlamentaria del Partido

Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 27 y 28, ambos en su fracción I, de la Constitución Política local; así como el numeral 114, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, presentó ante el Pleno de la Honorable XV Legislatura constitucional, la iniciativa de Reforma precitada.

II. Recibida, que fue la Iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, conforme a la facultad conferida por el inciso e, de la fracción II del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

III. La Comisión que suscribe en base a lo dispuesto en la fracción I del artículo 49 de la Ley Orgánica antes citada, remitió la iniciativa en comento a la Subcomisión de Legislación Estatal para su análisis, estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen correspondiente.

IV. Una vez recibido el Proyecto de Dictamen enviado por la Subcomisión de Legislación Estatal, y analizado que fue en todos y cada uno de sus términos, esta Comisión lo estimó procedente y viable jurídicamente, mismo que sirve de antecedente para que en cumplimiento de lo previsto en la fracción II del artículo 49 de la Ley Orgánica anteriormente citada, se realice el presente Dictamen, bajo el siguiente,

Análisis y Estudio

El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se pretende adicionar, se encuentra ubicado en el Título Tercero, Capítulo II, denominado "Del Poder Legislativo," sección I, que específicamente trata "De la Elección e Instalación del Congreso", y señala en siete fracciones los requisitos que la Carta Magna exige para ser electo diputado federal.

Asimismo, las primeras fracciones del artículo en comento contienen las condiciones de carácter positivo, es decir, condiciones que deben reunir los aspirantes a ocupar el puesto o cargo de diputado federal, y son las siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener veintiún años cumplidos, y ser originario o vecino del estado o territorio en que se lleven a cabo las elecciones.

Por otro lado, los requisitos señalados en el artículo invocado a partir de la fracción IV a la VII, son condiciones de cárácter. negativo, que limitan el derecho de los aspirantes a una curul federal, para salvaguardar que el voto sea un acto espontáneo y libre, es decir, que quien aspire al cargo no pueda alterar la verdadera expresión de la voluntad popular, evitando que estos se coloquen en una situación de ventaja respecto de los restantes contendientes, y puedan ejercer acciones. aprovechando el cargo público que desempeñan para obtener beneficios que lo favorezcan en el resultado de la elección, la cual debe ser enteramente libre.

La fracción VII del precepto en mención, no señala ninguna incapacidad en forma específica, sino que establece la concordancia con el artículo 59, esto es, aplica el Principio Ideológico de la Revolución Mexicana, la No Reelección; que es relativa para los senadores y diputados al Congreso de la Unión, en virtud de que no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, salvo el caso de los suplentes que no han desempeñado el cargo de propietario.

La intención legislativa, es regular y restringir el derecho a los diputados estatales, ya sean propietarios o suplentes, para que, durante el periodo del encargo para el que fueron electos, no puedan desempeñar ninguna otra comisión o empleo por el que perciba sueldo, ya sea de la Federación o de los estados, tampoco puedan desempeñar dos cargos federales de elección; ni uno de la Federación y otro de un estado de la República Mexicana que sea también de elección popular, salvo que el nombrado elija renunciar definitivamente al cargo de elección popular que desempeña para aceptar alguno de los dos, conforme a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley Suprema. De ahí que los preceptos legales, deben irse adecuando a las exigencias políticas y sociales que el pueblo demanda en su constante evolución democrática.

La motivación sustentada por el ponente de la Iniciativa de reforma al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajusta a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 5 del mismo ordenamiento supremo; que dice, sólo prodrán ser obligatorios, el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Este precepto legal establece los cargos que son de ejercicio obligatorio para todos los mexicanos que encuadren dentro de la hipótesis jurídica consagrada en este precepto constitucional.

De la modificación a la Iniciativa

Como resultado del estudio y análisis de la Iniciativa en examen, el cual fue enriquecido con las opiniones vertidas en las sesiones de trabajo que celebró este órgano auxiliar, se juzgó conveniente modificar la redacción de la propuesta original en base al principio de igualdad; es decir, conforme al Dictamen número 165 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el artículo 18, fracción m, de la Constitución Política del estado, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, no pueden ser electos diputados locales, si no se separan provisionalmente noventa días antes de la elección.

En este sentido, y correlativamente a la anterior hipótesis, se propone que los diputados locales no puedan ser electos diputados federales o senadores al Congreso de la Unión, sino se separan noventa días antes de la elección, en forma provisional; consecuentemente debe adecuarse la intención del legislador, adicionándose un párrafo cuarto, sin alterar el orden sistemático del precepto, incluyendo en su redacción a los presidentes municipales, síndicos, regidores, y a los diputados de las legislaturas locales, para quedar como sigue:

"Artículo 55.- ...

I a IV...

V....

.......

.......

Los diputados de los estados, presidentes municipales, síndicos, y regidores, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan provisionalmente de sus cargos noventa días antes de la elección;

VI a VII. ... "

Seguido el proceso legislativo en todas sus etapas legales, y una vez estudiadas las propuestas de los integrantes de la Subcomisión de Legislación Estatal, incorporándose las que se consideraron jurídicamente procedentes, esta Comisión suscribe el presente Dictamen bajo los siguientes,

Considerandos

PRIMERO.- Que es facultad de este Congreso local reformar, abrogar y derogar las Leyes y decretos que expidiere; así como legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado; asimismo es facultad de los diputados presentar Iniciativas de Leyes y Decretos, conforme lo disponen los artículos 27 y 28 ambos en su fracción I de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California.

SEGUNDO.- Que dentro de las atribuciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se encuentra la de conocer los asuntos que están relacionados con reformas o adiciones a la Constitución Particular del Estado, acorde a lo previsto en la fracción II del artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

TERCERO.- Que esta Comisión emite el Dictamen correspondiente, verificando que se haya observado debidamente lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

CUARTO.- Que del estudio y análisis a la Iniciativa en estudio, en cuya exposición de motivos el autor de la Iniciativa presenta ante esta Soberanía las razones y argumentaciones que justifican la adición propuesta al ordenamiento jurídico citado, esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la consideró conveniente, viable y jurídicamente procedente en lo general y, en lo particular con las observaciones que se hicieron en el Capítulo de Análisis y Estudio del presente proyecto; asimismo, la Comisión que suscribe consideró necesario modificar la propuesta de esta reforma original, quedando como Iniciativa de decreto de reforma que adiciona un párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Carta Magna, al efecto de salvaguardar los principios de orden, sistematización y congruencia que debe de contener todo ordenamiento jurídico; además de respetar los Principios de Legalidad y de Supremacía Constitucional, siendo el espíritu de la propuesta el proteger honesta y eficientemente la voluntad de los sufragantes, que se refleja el quehacer legislativo de los diputados estatales, presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes tienen el deber político moral y la obligación constitucional de cumplir con el cargo representativo durante el periodo para el cual fueron electos en la entidad federativa de su juridicción.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 27 y 28, ambos en su fracción I, de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California; y los artículos 44, fracción II, 48, fracción I, 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I, 64, 67, 114, 116 y 128 a 130 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Baja California, la Comisión que suscribe somete a la consideración del Pleno de esta Honorable XV Legislatura Constitucional del estado de Baja California, los siguientes puntos,

Resolutivos

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de reforma que adiciona un párrafo cuarto a la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55.-

I a IV.- ....

V. .........

.............

.............

Los diputados de los estados, presidentes municipales, síndicos, y regidores, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan provisionalmente de sus cargos noventa días antes de la elección;

VI a VII.- ...

Transitorio

UNICO.- La presente Reforma entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Seguido el proceso legislativo por todas sus etapas legales, aprobado el presente dictamen como Iniciativa de esta Honorable XV Legislatura constitucional del estado de Baja California; elabórese la minuta correspondiente consistente en la Iniciativa de reforma, diario de debate de la presente sesión y dictamen correspondiente.

TERCERO.- Envíese al Congreso de la Unión para su análisis, estudio, opinión, y en caso de aprobación, su dictaminación, con las copias de la misma, debidamente cotejadas y certificadas.

Dado en la sala de Comisiones Dr. Francisco Dueñas Montes de este Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, al primer día del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Dip. Ramiro Paz Hernández, Presidente, dip. Enrique J. Echegaray y Ledesma, secretario; dip. Abraham Correa Acevedo, Javier Julián Castañeda Pomposo, Carlos Arturo Montejo Favela, José Cervantes Govea, vocales (Rúbricas).

 
 
 
 
 
 

Oficios 

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Por instrucciones de los ciudadanos secretarios de esta Honorable Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto me permito remitir a ustedes el expediente que contiene las aprobaciones de las Legislaturas de los Estados de- Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, en relación con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16, 19, 22 y 123 de la Carta Magna.

Reitero a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 25 de enero de 1999.
CP Jorge Valdés Aguilera, Oficial mayor (rúbrica).

 
 

DE LA H. CAMARA DE SENADORES

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Para conocimiento de esa Comisión Permanente y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes el expediente con aprobaciones de las Legislaturas de los estados de: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, en relación con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 transitorio del Decreto por el que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de marzo de 1997.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida

México, DF, a 18 de diciembre de 1998
Lic. Jorge Mendoza Alvarez, oficial mayor
 

 

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE SE REMITEN HOJAS DE SERVICIOS DE CIUDADANOS

CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de la Defensa Nacional se dirigió a esta de Gobernación enviando la hoja de servicios de:

C. General de División Diplomado de Estado Mayor Roberto Badillo Martínez (2957690) (Oficio de la Segob núm. 1608).

C. General de División Piloto Aviador DEM Aéreo Ernesto Arcos Oropeza (7808709) (Oficio 1615).

C. General de División DEM Rigoberto Castillejos Adriano (4454461) (Oficio 1607).

C. General de División DEM Jesús Alvarez Pérez (495611) (Oficio 1604).

C. General de División DEM Rigoberto Rivera Hernández (495508) (Oficio 1602).

C. General de División Piloto Aviador Leonardo Roberto Chiapa Aguirre (1881401) (Oficio 1616).

C. General de Brigada DEM Domiro Roberto García Reyes (5528134) (Oficio 1591).

C. General de Brigada DEM Jorge Juárez Loera (5629778) (Oficio 1599).

C. General de Brigada DEM Rolando Eugenio Hidalgo Eddy (5528227) (Oficio 1601).

C. General de Brigada DEM Manuel Eliezer Castro Gómez (4720200) (Oficio 1606).

C. General de Brigada DEM Javier del Real Magallanes (5000969) (Oficio 1610).

C. General de Brigada DEM Noé Antonio Ordóñez Herrán (5528171) (Oficio 1611).

C. General de Brigada DEM Máximo Pastrana Guadarrama (5629779) (Oficio 1612).

C. General de Brigada Médico Cirujano Ramón Celaya Barrera (4614427) (Oficio 1609).

C. General de Brigada de Justicia Militar y Licenciado Marcial Rafael Macedo de la Concha (6461995) (Oficio 1605).

C. General de Brigada Antonio Tortajada Morán (3467616) (Oficio 1613).

C. General de Brigada DEM Joaquín Taboada Martínez (3403127) (Oficio 1614).

C. General de Brigada Carlos Enrique Adam Yabur (4748823) (Oficio 1603).

General Brigadier DEM Valentín Rodríguez Altamirano (6714617) (Oficio 1600).

Que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la Hoja de Servicios de (los) citado(s) militar(es), con carácter devolutivo.

Reitero a Ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 18 de diciembre de 1998.

Por acuerdo del C. Secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica).

 

 

DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, CON EL QUE SE REMITE LA EXPOSICION SOBRE LA POLITICA MONETARIA QUE LA INSTITUCION SE HA PROPUESTO SEGUIR EN EL EJERCICIO DE 1999

México, DF, 26 de enero de 1999.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, envío a esa H. Comisión la exposición sobre la política monetaria que la Institución se ha propuesto seguir en el ejercicio 1999.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente,
Guillermo Ortiz Martínez (rúbrica)

 
Junta de Gobierno del Banco de México: Gobernador: Guillermo Ortiz Martínez; subgobernadores: Everardo Elizondo Almaguer, Guillermo Güémez García, Jesús Marcos Yacamán, José Julián Sidaoui Dib.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, la Junta de Gobierno de esta institución envía al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente exposición sobre la política monetaria correspondiente al ejercicio comprendido del l de enero al 31 de diciembre de 1999.

I. Introducción

El propósito fundamental del programa monetario del Banco de México para 1999 es el de contribuir a la reducción de la inflación. La insistencia del Banco en la consecución de este fin se explica no sólo por la obligación que tiene de cumplir con su mandato constitucional. También refleja la asimilación de una abrumadora evidencia empírica, derivada tanto de la experiencia propia como de otros países, que señala que el aumento persistente y errático de los precios produce consecuencias muy perjudiciales sobre el desempeño de las economías y sobre el bienestar material de la población. Entre los efectos indeseables que genera la inflación, destacan los que causa sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso y el poder adquisitivo de los salarios.

Durante 1998, la economía mexicana tuvo, en general, una evolución favorable, sobre todo si se considera el adverso entorno externo que se enfrentó. Las principales perturbaciones del exterior consistieron en una pronunciada caída del precio del petróleo; un deterioro importante de los términos de intercambio del país; un menor crecimiento económico en el mundo; y una fuerte contracción de los flujos de capital del exterior. En buena medida, esto último fue consecuencia de la gran volatilidad observada en los mercados financieros internacionales, producto de una crisis global que ha sido calificada como la más severa de los últimos 50 años.

La política económica adoptada en 1998 permitió que los choques del exterior pudieran ser absorbidos, sin afectar de manera significativa a la actividad productiva y a la posición externa de la economía mexicana. Sin embargo, como parte del ajuste ante las perturbaciones aludidas, la moneda nacional se depreció sustancialmente. Ello redundó en un aumento de la inflación de 1998 por arriba de la registrada en 1997, y en una desviación respecto de su objetivo de más de seis puntos porcentuales -a pesar de que el Banco de México restringió repetidamente la política monetaria durante el año-. La Junta de Gobierno de este instituto central encuentra altamente insatisfactorio este resultado, por lo que juzga urgente que se recupere la tendencia descendente del ritmo de crecimiento de los precios que se había observado en 1996 y 1997. De ahí que el Banco de México procurará, a través del manejo ordenado de la política monetaria, una pronta inflexión en la tendencia de la inflación, de tal forma que se pueda alcanzar el objetivo establecido para 1999.

El diseño del programa monetario para el año en curso, ha requerido tomar en cuenta tanto la inercia inflacionaria heredada de 1998, como las medidas de política monetaria adoptadas en ese periodo, sobre todo las que se encuentran aún en vigor. Por tanto, antes de presentar el programa, en las siguientes secciones se hace un breve recuento de lo sucedido en el frente inflacionario durante el año pasado y de las reacciones consecuentes de la política monetaria, enmarcando el análisis en el entorno externo relevante. También se hace un breve repaso de la evolución de la economía del país durante 1998. A continuación se presentan las perspectivas del escenario externo para 1999, el cual sin duda luce complicado. Empero, en esa misma sección se destaca la solidez actual de la economía mexicana, la cual se ha venido forjando en los últimos años, en parte como respuesta a las acciones de política fiscal y monetaria que se han aplicado precisamente en previsión de tiempos difíciles. Esto da entrada a una descripción detallada del programa monetario para 1999. La exposición cierra con una serie de consideraciones que reiteran la necesidad y la viabilidad de la estabilización.
 

II. 1998: Un Año Complicado para el Abatimiento de la Inflación

II.1 Entorno Externo: Desfavorable en Extremo

El entorno externo en el que se desenvolvió la economía mexicana durante 1998 fue sumamente adverso, a la vez que sorpresivo. Si bien desde finales de 1997 se previó que la crisis de los países asiáticos podría tener consecuencias nocivas sobre la economía mexicana, derivadas sobre todo de la caída de los precios del petróleo y de la reducción de los flujos de capital del exterior, prácticamente nadie anticipó la intensidad y las secuelas de esta problemática.

Durante el primer trimestre, el factor más relevante fue la profundización de las dificultades en Asia. A pesar de que la situación en los países más afectados por la turbulencia iniciada a mediados de 1997 tendió a estabilizarse, esto no ocurrió sino hasta después de un periodo de incertidumbre y volatilidad financiera relativamente prolongado, y de una desaceleración económica mayor a la anticipada. Las principales razones de lo anterior fueron el tiempo requerido para acordar las condiciones para obtener asistencia financiera, y las dificultades políticas que la instrumentación de las medidas correctivas ocasionaron al interior de cada nación. Estas circunstancias afectaron negativamente a otras economías, tanto emergentes como desarrolladas.

Uno de los países que más se vio impactado por los acontecimientos financieros que comentamos fue Japón. La economía japonesa se encuentra sumida en una recesión, en buena parte debido a la crisis bancaria que padece. La situación económica de Japón ha inducido una contracción significativa de las importaciones de ese país, lo cual ha incidido a su vez sobre las exportaciones de otros países, particularmente de los asiáticos. Por otra parte, la debilidad de las instituciones financieras japonesas trajo como consecuencia una fuerte contracción de los recursos canalizados hacia el resto de Asia y, por consiguiente, presiones devaluatorias sobre las divisas de la región, destacando el caso de las monedas de China y Hong Kong, situación que a la fecha continua siendo materia de preocupación.

Uno de los efectos más importantes de la disminución en el ritmo de crecimiento de las economías asiáticas, ha sido el reforzamiento de la tendencia a la baja de los precios del petróleo, que se venía observando desde mediados de 1997. De hecho, el precio de la mezcla mexicana llegó a cotizarse a menos de siete dólares por barril, su nivel más bajo en más de veinte años, ejerciendo fuertes presiones sobre las finanzas públicas del país. Los precios de otras materias primas también se redujeron, e incluso los precios internacionales de productos manufacturados sufrieron caídas importantes. Además, la desfavorable evolución de los precios de buena parte de las mercancías de exportación mexicanas se vio acentuada durante la segunda parte de 1998 por un menor ritmo de actividad económica en Latinoamérica y en Estados Unidos. Por el efecto convergente de todos estos factores, durante 1998 los términos de intercambio de México se deterioraron en 5.5 por ciento (ver gráfica 1).
 

La inestabilidad de los mercados financieros internacionales, iniciada a mediados de 1997, se intensificó en agosto de 1998 con la decisión del gobierno ruso de devaluar su moneda y declarar una moratoria unilateral sobre el pago de sus obligaciones, internas y externas. Las dificultades de pago de Rusia, que tuvieron su origen en desequilibrios fiscales persistentes a través de varios años, se vieron particularmente afectadas por el contagio de la crisis asiática, la cual contribuyó a acelerar el proceso de deterioro ya latente en la economía rusa. A1 igual que en otros países, una vez estallada la crisis en Rusia también se presentó un periodo prolongado de inestabilidad política, motivado por las dificultades para instrumentar las reformas correctivas necesarias.

El colapso de la economía rusa fue muy perjudicial para los mercados financieros internacionales. Su consecuencia más seria fue que indujo un cambio cualitativo muy importante en la forma con la que evalúan el riesgo soberano los participantes en dichos mercados. Al no habérsele extendido a Rusia un apoyo internacional efectivo, se rompió con una falsa sensación de seguridad que existía en cuanto a invertir en una gama diversa de países, en particular en los que intrínsecamente se encuentran débiles. Esta situación, junto con la imposición de controles de capital por parte de Malasia, provocó que los inversionistas internacionales mostraran una acentuada aversión respecto a los mercados de economías emergentes.

Como consecuencia lógica de lo anterior, se desataron salidas de capital de las economías emergentes (principalmente en los meses de agosto y septiembre de 1998), en particular de aquéllas con finanzas públicas desequilibradas, sistemas financieros débiles y regímenes de tipo de cambio predeterminados. El fenómeno afectó en lo particular a Latinoamérica: Ecuador y Colombia tuvieron que devaluar, mientras que las monedas de Brasil y Venezuela sufrieron grandes presiones. Según se recordará, el peso mexicano también se depreció sustancialmente a finales de agosto y septiembre, en particular debido a que nuestros mercados de cobertura cambiaria representaron, a los ojos de muchos e importantes inversionistas extranjeros, un vehículo apropiado para cubrir los riesgos de una posible devaluación del real brasileño 1.

Una manifestación del deterioro de las expectativas de los mercados financieros internacionales respecto al futuro de las economías emergentes, a partir de finales de agosto, se ilustra en la gráfica 2. Ahí se muestra el considerable ajuste alcista que experimentó el rendimiento neto de los bonos Brady a descuento de varias economías. Como era de esperarse, el ajuste fue mayor en el caso de aquéllos países (Brasil y Venezuela) que se vieron aquejados por mayores presiones, derivadas de desequilibrios macroeconómicos y de incertidumbre política.

La crisis llegó a su momento de mayor tensión durante septiembre, cuando las enormes pérdidas que sufrieron los inversionistas por la gran volatilidad en los mercados emergentes dieron lugar a una importante contracción de la liquidez. Los recursos se canalizaron a activos de los considerados "seguros?, cualidad que en ese momento sólo parecían cumplir los instrumentos de deuda emitidos por países desarrollados. Esta situación llegó a causar la quiebra de algunos fondos de inversión (de los llamados "hedge funds") en Estados Unidos, y motivó que se cuestionara la solidez de los bancos con exposición al riesgo en países emergentes. Estas instituciones reaccionaron reduciendo las líneas de crédito abiertas a esos países, haciendo su situación aún más difícil. El caso más agudo fue el de Brasil, cuya moneda estaba enfrentando un fuerte ataque especulativo. En esos momentos, la crisis financiera internacional fue calificada como la más seria de los últimos 50 años.

La situación se distendió a principios de octubre, una vez que la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió relajar su postura monetaria. En Brasil. el Presidente Cardoso fue reelecto, y anunció un paquete de ajuste económico avalado por el Fondo Monetario Internacional, otras instituciones financieras internacionales y el Banco de Pagos Internacionales. Asimismo, las agencias multilaterales y los países del G-7 actuaron rápidamente para aligerar, cuando menos parcialmente, la gran contracción del crédito que se dio en los mercados internacionales.

De lo expuesto se deriva que el canal de transmisión de la crisis que resultó más importante, fue aquél que operó a través de los flujos de capital.

Así, la incertidumbre causada por la crisis asiática y demás acontecimientos, generó una contracción importante en los movimientos de recursos hacia los mercados emergentes. En México, la situación descrita se reflejó en una depreciación considerable del tipo de cambio de la moneda nacional. A su vez, ello incidió en una inflación mayor a la prevista; expectativas inflacionarias más elevadas; alza de las tasas de interés; y una incipiente desaceleración de la actividad económica. En respuesta a estos eventos, en el transcurso del año el Banco de México ajustó varias veces su política monetaria.
 

II.2 Actividad Económica: Alentadoramente Robusta

Durante 1998, la economía mexicana logró avances en distintos rubros, incluyendo un elevado ritmo de crecimiento de la producción, que propició un aumento significativo de la ocupación y que estuvo acompañado de mejorías en las remuneraciones reales de los trabajadores.

Las perturbaciones provenientes del exterior constituyeron el factor que más afectó la evolución de los distintos indicadores económicos, en particular de las variables nominales como el tipo de cambio, las tasas de interés y, por supuesto, la tasa de inflación. La política económica, en particular la fiscal y la monetaria, estuvo orientada a varios fines: mitigar la inestabilidad macroeconómica causada por las turbulencias externas; moderar las presiones inflacionarias; y mantener la viabilidad de las cuentas con el exterior. Así, se crearon condiciones que permitieron sostener el ritmo de crecimiento económico.

El aspecto más destacado de la evolución de la actividad económica en 1998 fue el alto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, no obstante las difíciles condiciones mencionadas. En los primeros tres trimestres de 1998, el PIB real registró un crecimiento anual acumulado de 5.3 por ciento. Esto prolonga una expansión que arrancó al final de 1995, y debe considerarse un resultado muy positivo, tanto por la situación externa ya referida, como en comparación con el desempeño del resto de las economías, tanto industriales como en desarrollo. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año la actividad económica se desaceleró, en respuesta tanto a la menor disponibilidad de recursos para financiar el gasto interno, así como a la debilidad de la demanda externa que afectó a las exportaciones. Se estima que el PIB real haya aumentado 4.8 por ciento en 1998.

El año pasado, el gasto privado de inversión constituyó el componente más dinámico de la demanda agregada. En los primeros tres trimestres, el rubro en cuestión creció 19.9 por ciento en términos reales en relación con el mismo periodo del año precedente. Todos los componentes de la inversión fija bruta total presentaron aumentos, sobresaliendo el correspondiente al gasto real en maquinaria y equipo. No obstante, para el cuarto trimestre del año se estima una desaceleración de este componente del gasto, en buena medida como reacción a la expectativa de un menor crecimiento económico en 1999, la restricción de recursos del exterior y las mayores tasas de interés. Se estima que en todo el año la inversión privada haya aumentado 17.2 por ciento, lo que representa la segunda tasa anual más alta observada en los últimos dieciocho años.

Otro elemento a destacar fue el aumento del consumo privado, que resultó de 7.9 por ciento anual en los primeros tres trimestres del año. Este comportamiento hizo posible un incremento importante del consumo per cápita, que superó al correspondiente del PIB, y condujo a una reducción de la tasa de ahorro interno. El gasto de consumo de los hogares en bienes durables fue más acelerado que el destinado a los no durables y a los servicios.

Por otra parte, cabe mencionar la contracción en términos reales del gasto público en consumo e inversión, en respuesta al impacto sobre los ingresos fiscales originado por la caída del valor de las exportaciones petroleras. En los primeros tres trimestres de 199S, dicho gasto se contrajo 4.5 por ciento con relación al mismo periodo del año precedente. La caída más severa se registró en la formación bruta de capital, que se redujo 13.0 por ciento, en contraste con la baja del consumo, que fue de 1.9 por ciento.

Con todo, es oportuno mencionar que los ajustes presupuestales llevados a cabo para amortiguar las consecuencias de la perturbación petrolera fueron oportunos y exitosos. De no haberse modificado la política fiscal en respuesta al desplome del precio del petróleo, el sector público hubiera tenido que recurrir al financiamiento interno -al no haber amplias oportunidades de financiamiento externo-, desplazando al sector privado del mercado crediticio nacional mediante las altas tasas de interés reales que hubieran resultado. También es posible que el tipo de cambio se hubiera depreciado más, dando lugar a una mayor inflación y, de manera indirecta, al uso del impuesto inflacionario.

Así pues, al procurar absorber la totalidad del quebranto petrolero en este año mediante medidas fiscales restrictivas, el sector público no tuvo que recurrir a financiamiento adicional, se evitó utilizar el impuesto inflacionario y, en consecuencia, se mitigó el impacto del choque sobre el crecimiento económico. De aquí se desprende un mensaje por demás importante: el causante de los trastornos económicos fue la perturbación inicial y no la respuesta de política. Esta no puede evitar o anular los choques; sólo puede procurar que la economía los asimile al menor costo social posible.

En adición al ajuste fiscal, otros factores también contribuyeron a que el descalabro petrolero no causara un problema de balanza de pagos. Entre ellos, se puede mencionar la gran diversificación de nuestras exportaciones (las petroleras ahora representan alrededor del 6 por ciento del total); el monto de nuestros activos internacionales; la libre determinación del tipo de cambio y de las tasas de interés.

Conviene efectuar una breve comparación de los resultados económicos alcanzados en 1998 con los obtenidos en 1986, ya que en ambos años la economía nacional se vio afectada por una fuerte disminución del precio internacional del petróleo (si bien la magnitud del choque petrolero de 1986 fue mayor que la de 1998). Una muestra de la solidez con que ahora cuenta la economía mexicana y de la efectividad de la política económica que se adoptó en 1998, es que en este periodo los resultados alcanzados fueron muy superiores a los obtenidos en 1986. En particular, destaca que la inflación en el último año mencionado se elevó a 105.7 por ciento, tasa que se compara con la de 18.6 por ciento observada en 1998. En cuanto a la actividad económica, ésta presentó una contracción importante en 1986, al disminuir el PIB en 3.1 por ciento, mientras que el crecimiento económico estimado para 1998, de 4.8 por ciento, es uno de los más altos registrados en la economía mundial. Otros aspectos a considerar son el empleo y los salarios reales. Ambas variables mostraron caídas en 1986, lo que se compara en 1998 con aumentos en el número de trabajadores asegurados en el IMSS, la significativa disminución que mostró la tasa de desempleo abierto y la mejoría que reportó la mayoría de los indicadores de salarios reales.

Lo anterior demuestra que la economía mexicana está ahora más preparada para absorber perturbaciones del exterior de lo que estuvo en el pasado. Esto como resultado, por un lado, de la flexibilidad de la política económica vigente, y, por el otro, de las políticas de cambio estructural que se han llevado a cabo en los últimos años.

Cabe señalar que la producción creció en la mayoría de los sectores de la actividad económica, con excepción del agropecuario, que se vio afectado por condiciones climáticas adversas. De esa manera, en los primeros tres trimestres del año el PIB del sector industrial arrojó un crecimiento anual de 7.1 por ciento, mientras que el de servicios aumentó 5.2 por ciento. En contraste, el PIB del sector agropecuario se contrajo 1.6 por ciento. Así pues, en general, durante la mayor parte del año hubo una incidencia poco significativa de las fuertes alteraciones externas en el crecimiento económico nacional.

El mercado laboral en 1998 se caracterizó por la recuperación de la demanda de trabajo. Si se considera la afiliación al IMSS (al 15 de diciembre de 1998) de los trabajadores permanentes y eventuales urbanos, el año pasado se crearon 942,000 empleos, con un aumento del 9 por ciento. El significativo abatimiento de la desocupación en las ciudades dio lugar a que en el bimestre noviembre-diciembre, la tasa de desempleo se ubicara en 2.6 por ciento de la población económicamente activa, su nivel más bajo desde finales de 1992 (ver gráfica 3).

También cabe destacar los aumentos al salario integral en las negociaciones contractuales, que a lo largo del año superaron tanto a la inflación observada como a la esperada durante su vigencia.

La mejoría en el empleo y los aumentos salariales explican el importante incremento en términos reales de la masa salarial en los sectores manufacturero, comercio y construcción.

Durante la mayor parte del año, la productividad del trabajo en el sector manufacturero creció a un ritmo superior al correspondiente a la remuneración real por trabajador. Esto contribuyó a que hubiera reducciones en los costos unitarios de la mano de obra, lo cual ayudó a fortalecer la competitividad internacional de las empresas del sector. De hecho, el significativo crecimiento registrado por las exportaciones no petroleras se explica, en buena medida, por el dinamismo de las manufactureras. Durante 1998, el valor de las exportaciones no petroleras mostró un crecimiento anual de 11.4 por ciento, mientras que las manufactureras crecieron un poco más (11.7 por ciento). Ambos rubros de exportación se desaceleraron hacia los últimos meses del año como efecto de una menor fortaleza de la demanda externa; una mayor competencia de los productos asiáticos en los mercados del exterior; y la disminución de los precios internacionales de varios productos de exportación.

Por su parte, la caída del valor de las exportaciones petroleras obedeció a la debilidad de la demanda internacional de petrolíferos y la consecuente reducción del precio de la mezcla mexicana. Durante 1998, el valor de las exportaciones petroleras fue menor en 4,182 millones de dólares al del mismo periodo del año precedente. Ello impactó de manera significativa tanto al saldo de la balanza comercial como al de la cuenta corriente. La disminución del precio mundial del crudo se agudizó hacia finales del año, afectando de manera aún más adversa las finanzas públicas y las expectativas económicas.

En cuanto a las importaciones, éstas aumentaron por tres causas principales: la expansión de la actividad productiva nacional; la expansión de la demanda interna; y el propio crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, las compras del exterior se desaceleraron hacia el segundo semestre del año.

Como consecuencia de lo anterior, la balanza comercial arrojó un saldo deficitario de 7.7 miles de millones de dólares durante 1998, según la estimación preliminar. Por su parte, se calcula que el déficit de la cuenta corriente, aún a pesar de haber sido acrecentado por la caída en el valor de las exportaciones petroleras resulte moderado como proporción del PIB (3.7 por ciento). En los primeros tres trimestres del año, dicho déficit resultó de 11.5 miles de millones de dólares. Cabe notar que, al desestacionalizar las cifras, el desequilibrio descendió entre el segundo y tercer trimestres.

En contrapartida, el moderado superávit de la cuenta de capital se sustentó fundamentalmente en entradas de recursos de largo plazo. Aun cuando el saldo de la inversión extranjera directa en 1998 fue quizá ligeramente inferior al de 1997, su monto y comportamiento demuestran que en el exterior se mantiene una percepción favorable sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país. En cuanto a otras formas de flujo de capital, la severa restricción que prevaleció en 1998 en cuanto a la disponibilidad de recursos crediticios externos tanto para el sector público como para el privado, dio lugar a que tales movimientos fueran muy reducidos durante el año y, de hecho, resultaran negativos en el tercer trimestre. En todo caso, el superávit de la cuenta de capital fue suficiente para permitir una acumulación de activos internacionales.

En resumen, se puede decir que a pesar del difícil entorno externo, el desempeño de la economía mexicana en 1998 fue satisfactorio.
 

II.3 Choques Inflacionarios

La inestabilidad de los mercados financieros internacionales, la caída en el precio del petróleo y, en general, el deterioro de los términos de intercambio, generaron presiones sobre la cotización de la moneda nacional, mucho mayores que las anticipadas. La depreciación del peso impactó los precios de los bienes comerciables internacionalmente, lo que indujo movimientos al alza en las expectativas de inflación. A su vez, esto se reflejó en las revisiones salariales contractuales, y en mayores precios para una amplia variedad de bienes y servicios. Además, los aumentos inesperados de algunos precios sujetos a control oficial, la entrada en vigor en diciembre pasado del incremento del salario mínimo para 1999 y una elevación atípica de los precios de las frutas y legumbres (por factores climáticos) contribuyeron, aunque en menor medida, a generar una inflación superior al objetivo original del Banco de México. La desviación ocurrió a pesar de que el instituto emisor restringió la política monetaria en varias ocasiones. En tal resultado pesó de manera fundamental el hecho de que las depreciaciones abruptas de la moneda nacional tienden a impactar los precios con rapidez, mientras que las medidas monetarias restrictivas afectan la evolución de la inflación con rezago.

En el cuadro 1 se muestra en detalle la trayectoria de la tasa de variación del INPC en periodos mensuales y anuales.

Destaca en el cuadro anterior que la tasa de la inflación anual alcanzó su nivel más bajo en mayo pasado (15.0 por ciento), y que a partir de entonces se incrementó sucesivamente. Es decir, la dirección descendente de la inflación anual observada durante 1996 y 1997 se revirtió en 1998 a partir del mes de junio (ver gráfica 4). El aumento acumulado del INPC durante el año fue de 18.6 por ciento, mayor que el registrado en el mismo lapso de 1997 (15.7 por ciento), y también muy superior al objetivo de 12 por ciento.

Como se señaló, los factores que explican el ritmo de inflación durante 1998 fueron los siguientes: la rápida depreciación de la moneda nacional (ver gráfica 5); el impacto de ésta sobre las expectativas inflacionarias y su consecuente efecto sobre las negociaciones salariales contractuales; los ajustes de los precios sujetos a control oficial; y el ascenso inusual de los precios de las frutas y legumbres. Resulta conveniente profundizar, mediante el análisis detallado de algunos subíndices del INPC, en la manera en que los factores citados incidieron sobre la inflación.

Los movimientos del tipo de cambio afectan a la inflación por dos vías: (i) de manera directa, a través de su impacto sobre el precio de los bienes comerciables; e, (ii) indirectamente, al influir sobre las expectativas de inflación, las cuales afectan a su vez al proceso de determinación de los salarios, y modifican, por tanto, otros precios en la economía.

Para observar el impacto de ambos efectos sobre la inflación, en la gráfica 6 se presentan las variaciones anuales del INPC y las correspondientes a los subíndices de bienes comerciables y no comerciables De esa gráfica se desprende que, después de contribuir sustancialmente al descenso de la tasa de inflación en 1996 y 1997, las variaciones de los precios de los bienes comerciables tuvieron un punto de inflexión en enero de 1998, acentuándose su tendencia ascendente a partir de mayo, cuando se aceleró la depreciación del tipo de cambio Por tanto, dicho subíndice ejerció presiones que hicieron que la inflación anual mostrara una incipiente dirección hacia arriba.

El comportamiento del tipo de cambio también afecta la inflación de manera indirecta, a través de su efecto sobre las expectativas, las cuales influyen en la determinación de otros precios en la economía, como los salarios. A su vez, los salarios inciden sobre los precios de los bienes no comerciables. Como se puede apreciar en la gráfica 6, la tasa de crecimiento anual de los precios de los bienes no comerciables comenzó a aumentar a partir de agosto, lo que indica la influencia del efecto indirecto comentado.

En el caso de México, las expectativas inflacionarias se ven fácilmente afectadas por los movimientos del tipo de cambio, debido a la alta correlación histórica entre éstos y la tasa de crecimiento de los precios (ver gráfica 7). No debe sorprender, por tanto, que las expectativas de inflación de los agentes económicos hayan respondido, de manera ágil, a los cambios abruptos que mostró la paridad durante 1998 (ver gráfica 8).

Las modificaciones de las expectativas de inflación se transmiten a los precios, fundamentalmente, a través de la presión que ejercen sobre las revisiones salariales. Es decir, si la inflación esperada se eleva, los trabajadores demandan mayores aumentos salariales, a los que las empresas accederán en la medida que presuman que dichos aumentos pueden trasladarse al precio de los productos y servicios. Si el proceso se extiende a diferentes sectores de la economía, la inflación se elevará, con sus indeseables secuelas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso y los salarios reales.

Otro de los factores causantes de que la inflación anual haya avanzado durante 1998 a un ritmo mayor que el esperado, fueron las variaciones de algunos precios sujetos a control oficial. En particular, a lo largo del año se acordaron tres incrementos a los precios de la tortilla (49.1 por ciento) y la masa (39.9 por ciento), mientras que en noviembre se elevó el precio de las gasolinas (15.9 por ciento). Estos movimientos tuvieron, sin duda, un efecto directo sobre el INPC. Además, se ha constatado que las revisiones inesperadas de estos precios tienden a afectarla dinámica de la inflación, pues inciden sobre las expectativas de la misma manera que la descrita para el tipo de cambio. En la gráfica 8, se puede observar con claridad el incremento que tuvieron las expectativas de inflación después del anuncio de los aumentos de los precios administrados por el sector público.

Es pertinente señalar que las medidas descritas en materia de precios y tarifas públicas, si bien en muy corto plazo se reflejaron en mayores tasas de inflación, son sin embargo, determinantes para avanzar en el proceso de estabilización, ya que coadyuvan a mantener las finanzas públicas en orden.

Por último, en 1998, los precios de las frutas y legumbres aumentaron 45.3 por ciento como consecuencia de los adversos factores climáticos que se presentaron a lo largo del año.

Así pues, el diferencial de 6.6 puntos porcentuales entre la inflación observada en 1998 y la meta establecida al final del año previo, se explica prácticamente en su totalidad por el comportamiento inesperado del tipo de cambio; de los salarios 2; de los precios de las frutas y legumbres; y de los precios administrados por el sector público. Sus aportaciones al diferencial en cuestión fueron, respectivamente, de 2.19, 1.59, 1.47 y 1.33 puntos porcentuales.
 

II.4 Reacción de la Política Monetaria a los Choques Inflacionarios

El programa monetario para 1998 se diseñó ante la eventualidad de que tuviera que aplicarse en un ambiente internacional hostil. Por esta razón, el programa previó el uso de reglas específicas para evitar la causa más elemental de inflación: la generación de excesos de oferta de dinero. Además, y de gran importancia en la coyuntura prevaleciente, el programa estableció la posibilidad de ajustar la postura de política monetaria a través de acciones discrecionales en caso de perturbaciones inflacionarias imprevistas.

En congruencia con ello, y en respuesta a los sobresaltos inflacionarios, durante 1998 el Banco de México restringió progresivamente la política monetaria. La intención fue procurar que las variaciones del INPC, consecuencia de los choques, se quedaran como impactos de una sola vez, y afectaran lo menos posible tanto las expectativas de inflación como la inflación subyacente. De ahí que en el transcurso del año pasado, el banco central haya aumentado seis veces el "corto" (ver gráfica 9). Al poner en "corto" al sistema bancario, el banco central ejerce una influencia al alza sobre las tasas de interés. Dicho impulso se produce, sobre todo, por la señal que a través de esa acción se envía al mercado, indicando que el banco central considera que las tasas de interés deben elevarse.

Ante la agudización de las condiciones adversas en los mercados financieros internacionales, en agosto el Banco de México tomó medidas complementarias, destinadas a reforzar el efecto restrictivo de los "cortos" Las más importantes fueron:

Como se estableció en la sección II.3, el factor que más contribuyó a elevar las presiones inflacionarias fue la depreciación de la moneda nacional, la cual, como se muestra en la gráfica 9, se manifestó fundamentalmente en agosto y septiembre. Además, los ajustes en noviembre a los precios de la gasolina y el diesel, y al salario mínimo en diciembre pasado, también impactaron de manera considerable al INPC en el último bimestre. Esto explica que las acciones restrictivas en lo monetario se hayan concentrado en el segundo semestre del año. Asimismo, los "cortos" que se aplicaron a partir de finales de junio, junto con la mayoría de las medidas complementarias que se adoptaron en agosto, se mantuvieron vigentes por el resto del año. En parte debido a esta razón, las tasas de interés nominales, después de su abrupto incremento a finales de agosto, se conservaron de ahí en adelante a niveles -aunque decrecientes- de casi el doble de los observados durante los primeros siete meses. Las tasas de interés reales también se incrementaron sustancialmente, como se muestra en la gráfica 10. Esto es una muestra evidente de la naturaleza restrictiva de la política aplicada por el Banco de México durante la segunda parte de 1998.

Las medidas de política monetaria aplicadas en agosto y septiembre limitaron la depreciación de la moneda nacional, e incluso coadyuvaron a inducir una apreciación del tipo de cambio a partir de su nivel más alto. Sin duda, esta evolución del tipo de cambio en los últimos meses del año mitigó las presiones inflacionarias.

El "corto" acordado por la Junta de Gobierno el 30 de noviembre fue cualitativamente distinto a los precedentes. Estos últimos intentaron contrarrestar perturbaciones inflacionarias inesperadas. El del final de noviembre, se aplicó con los dos siguientes propósitos en mente: paliar el proceso de revisión al alza de las expectativas inflacionarias para el siguiente año, que se dio en respuesta a los ajustes en precios públicos -en todo caso, para evitar el efecto de los ajustes de precios administrados sobre la inflación, no es razonable suprimirlos, pues en ese caso se generaría un problema fiscal o de desbasto- que se anunciaron en ese entonces; y evitar reacciones desordenadas de precios para estar en posibilidad de alcanzar la meta de inflación de 13 por ciento en 1999. De ahí la decisión de la Junta de Gobierno de actuar de manera anticipada en lo monetario, para aumentar la probabilidad de conseguir el objetivo planteado y así propiciar que el compromiso desinflacionario del Banco de México vaya ganando una mayor credibilidad.

De la sección II.3. se desprende también que, como se señaló, hacia finales del año la inflación de 1998 se vio afectada no sólo por el tipo de cambio, sino también por la evolución de los precios de las frutas y legumbres, y de aquellos cuyo comportamiento depende de decisiones administrativas de las autoridades (gasolinas, tortillas, electricidad, etc.). Si del INPC se restan los renglones correspondientes a las frutas y legumbres y a los precios sujetos a control oficial, se termina con un subíndice de precios que responde fundamentalmente al tipo de cambio, a los salarios y, en general, a las condiciones monetarias. Este subíndice es más útil para evaluar la ejecución de la política monetaria, pues el Banco de México no puede determinar las condiciones climáticas, ni los precios administrados. Al subíndice referido se le podría llamar "inflación subyacente"

En la gráfica 11 se presenta la trayectoria de la "inflación subyacente" En dicha gráfica resalta que en el periodo junio-diciembre de 1998, la trayectoria de esa variable se encontró por debajo de la correspondiente a la inflación medida a través del INPC, y se mantuvo a niveles relativamente constantes. Esto indica que una buena parte de las presiones inflacionarias derivadas del comportamiento del tipo de cambio fueron neutralizadas.

Es cierto que la astringencia monetaria pudo haber sido más intensa, en un intento por anular las presiones inflacionarias imprevistas. Sin embargo, dada la magnitud de las perturbaciones, la brevedad del periodo en que éstas se concentraron y el tamaño de la contracción monetaria que se hubiera requerido para neutralizar por completo las sorpresas en la inflación, la Junta de Gobierno del Banco de México no juzgó conveniente proceder de tal manera: las consecuencias sobre el sector real de la economía hubiesen sido perjudiciales. En buena medida, los perjuicios en cuestión se suscitan debido a que los agentes económicos no ajustan de inmediato a la baja sus expectativas inflacionarias, en función de las acciones de la autoridad. Así, si el banco central intentara cancelar enteramente el impacto directo de las modificaciones en precios relativos sobre la inflación, las medidas monetarias tendrían un efecto depresivo sobre la actividad económica, el empleo y la inversión, amén de otros impactos negativos sobre el sistema financiero -que incluso podrían hacer que el esfuerzo antinflacionario resultara insostenible-. Esta conclusión no atañe exclusivamente a México. Son precisamente los altos costos que acompañan a todo intento de contención brusca (o reducción acelerada) de la inflación, lo que explica la tendencia de los bancos centrales a graduar la intensidad de sus medidas, para lograr a fin de cuentas, la estabilidad de precios.

Otros aspectos de la ejecución del programa monetario para 1998 pueden ser evaluados a la luz de la evolución de la base monetaria, de los activos internacionales netos y del crédito interno neto.

a) Base Monetaria

Como parte del programa monetario para 1998, el Banco de México dio a conocer un pronóstico de la trayectoria diaria de la base monetaria para dicho año. La difusión de ese pronóstico responde al propósito de que el público cuente con una referencia sobre la evolución de la demanda de billetes y monedas en circulación, consistente con el marco macroeconómico previsto al inicio del año. Al comparar el saldo observado de la base monetaria con la trayectoria estimada, se observa que este agregado monetario se mantuvo prácticamente todo el tiempo dentro del intervalo de confianza que se deriva del pronóstico. Dicho intervalo se calcula con una desviación estándar del modelo estimado, y se incluye para captar el impacto de perturbaciones transitorias sobre la demanda de billetes y monedas (ver gráfica 12). Si bien en algunas etapas se demandaron saldos monetarios por arriba del límite superior especificado, ello ocurrió por la cercanía de un periodo vacacional ("puente") cuyo efecto es difícil de predecir adecuadamente. Sin embargo, una vez transcurridos los días festivos referidos, la base monetaria continuó evolucionando dentro de lo anticipado.

El que la base monetaria haya seguido el patrón previsto al inicio de 1998, amerita una explicación, dado que la inflación observada superó en más de 6 puntos porcentuales al objetivo para el año. La cantidad adicional de base que se demandó a causa de la mayor inflación, fue compensada por el efecto depresivo que ejercieron las mayores tasas de interés sobre la demanda de medios de pago 3. A su vez, las mayores tasas de interés resultaron fundamentalmente de la menor disponibilidad de recursos financieros del exterior asociada a la crisis mundial, y del hecho de que el Banco de México restringiera su política monetaria. Así pues, las acciones adoptadas por el instituto central, en respuesta a las mayores presiones inflacionarias, coadyuvaron a que la base monetaria se comportara conforme a lo previsto.

En congruencia con lo anterior, la expansión monetaria se desaceleró en forma significativa, prolongando una tendencia establecida en 1997, según se aprecia en la gráfica 13.

Los movimientos descritos avalan la idea de que la política monetaria asumió la posición lógica frente a las presiones inflacionarias. Empero, no hay que olvidar que el impacto final deseado, esto es, sobre el dinamismo de los precios, se logra con rezago: esperar una reacción instantánea es ignorar los tiempos implícitos en la operación de los mecanismos de transmisión, y las restricciones que imponen los costos de la desinflación.

b) Activos Internacionales Netos

Del 31 de diciembre de 1997 al cierre de 1998, los activos internacionales netos 4 aumentaron 3,656 millones de dólares (md). Este incremento fue sustancialmente superior al mínimo previsto en el programa monetario de 1998 (1,000 md). Sin embargo, el comportamiento de dichos activos mostró cierta variabilidad, particularmente durante el segundo semestre, como consecuencia de los choques externos que afectaron a la economía mexicana en ese lapso. Mientras que de enero a julio los activos internacionales netos se incrementaron en 1,378 md gracias al ejercicio de las opciones de venta de dólares al instituto central (netas de las divisas vendidas en subasta durante el mismo período), desde mediados de agosto hasta principios de octubre se redujeron. Ello se explica, fundamentalmente, por las ventas de divisas que se efectuaron al Gobierno Federal para hacer frente al servicio de la deuda externa pública (1,886 md) y por las operaciones que se realizaron en el mercado cambiario, tanto mediante el mecanismo de ventas automáticas en subasta (610 md), como a través de la intervención discrecional efectuada el 14 de septiembre (278 md) 5.

Debido a lo exiguo de los flujos de capital fresco hacia los países denominados emergentes, y dada la precaria situación del mercado petrolero, en el cuarto trimestre hubiera sido muy difícil cumplir con la meta de acumulación de activos internacionales netos. Sin embargo, ello se consiguió porque se efectuaron las siguientes operaciones:

i) Disposición, a principios de octubre, por parte del Gobierno Federal, de una línea de financiamiento contingente a cuenta de un grupo de bancos del exterior por aproximadamente 2,660 md;

ii) Financiamientos recibidos a mediados de diciembre por el Gobierno Federal de organismos financieros multilaterales (Banco Mundial y BID) por aproximadamente 950 md; y

iii) Recursos provenientes de PEMEX por 1,500 md, por concepto de la venta adelantada de derechos de cobranza de una parte de las exportaciones de petróleo crudo para 1999.

c) Crédito Interno Neto

E1 crédito interno neto se define como la diferencia entre el monto de la base monetaria y el valor de los activos internacionales netos. En consecuencia, la evolución de ese concepto se explica por el desarrollo de los otros dos. Toda vez que la trayectoria de la base monetaria se mantuvo dentro del intervalo previsto para el año, a la vez de que se cumplió con el compromiso de acumulación mínima de activos internacionales, el crédito interno neto respetó sus límites establecidos.

Asimismo, en la medida en que las variaciones del crédito interno neto y de los activos internacionales netos se combinaron para satisfacer la demanda de base, se puede afirmar que el descenso del crédito interno neto no implicó, por si mismo, restricción monetaria alguna (ver gráfica 14).

***

A pesar de que la inflación durante 1998 se explica fundamentalmente por la incidencia de choques externos mayúsculos, hay que reconocer que ha sido insatisfactoria. Dado que la inflación de 1998 resultó mayor a la de 1997, y que aún se encuentra en un ritmo elevado e inestable, resulta prioritario restablecer su tendencia decreciente. De no recuperarse esa dirección, se deterioraría la percepción sobre el riesgo México de los inversionistas; se reduciría aún más el financiamiento externo; el plazo promedio de la deuda disminuiría; y su costo aumentaría. De esta manera, se acentuaría la vulnerabilidad de la economía frente a perturbaciones de origen externo y, más pronto que tarde, observaríamos una tasa de inflación creciente, con todos sus efectos negativos sobre el crecimiento económico, los salarios reales y la creación de empleos.
 

III. Perspectivas para 1999

Para 1999, se vislumbra que México seguirá enfrentando un escenario externo complicado. Sin embargo, cabe destacar que la economía mexicana cerró en 1998 con una situación relativamente sólida, propicia para continuar creciendo y creando empleos aun en un ambiente internacional poco favorable. Si se combinan estos factores con la prolongación de políticas prudentes -en particular en lo fiscal y monetario-, es razonable esperar para 1999 un crecimiento real del PIB de 3 por ciento, lográndose a la vez una reducción importante de la inflación.

El escenario externo donde se desarrollará nuestra economía en 1999 se vislumbra adverso debido a varios factores. En primer lugar, por la previsión de que persista la debilidad de la demanda en el mercado petrolero internacional, lo que ocasionará que el precio del crudo se mantenga deprimido, de hecho, a un nivel inferior a su promedio de 1998. Así, se ha decidido moderar, de manera coordinada con otros países, la plataforma de exportación de crudo con el propósito de no profundizar la debilidad del precio del energético. A lo anterior, habría que agregar que las proyecciones para 1999 de la actividad económica mundial indican que ésta mantendrá una tasa de crecimiento modesta, mientras que la economía de nuestro principal socio comercial mostrará incluso un ritmo menor (ver cuadro 2). E1 magro crecimiento del producto mundial se traducirá en una expansión lenta del comercio global, así como de las importaciones de los países industriales. Por tanto, es probable que tal situación conduzca a que los precios internacionales de nuestras exportaciones, tanto de materias primas como de bienes manufacturados, continúen en niveles bajos. Todos estos factores apuntan hacia un menor crecimiento económico en el año, y a una expansión moderada de las exportaciones mexicanas.

Otro factor que previsiblemente afectará el crecimiento económico en 1999 es que se anticipa que los flujos netos de capital privado hacia Latinoamérica sigan siendo relativamente reducidos (ver cuadro 3). Esta situación se explica por tres factores fundamentales: (i) la propensión al riesgo por parte de las instituciones financieras internacionales privadas no se ha normalizado, por lo que mantendrán una actitud muy conservadora; (ii) el universo de inversionistas potenciales en los mercados emergentes se ha reducido, debido a la desaparición de algunos fondos de inversión de los llamados "hedge funds"; y (iii) algunos inversionistas institucionales se han desilusionado con los mercados financieros de países en desarrollo, debido a que en los últimos años éstos han mostrado una volatilidad mucho mayor a la anticipada.

Lo reducido de los flujos de capital del exterior será uno de los factores que contribuirán a la desaceleración prevista del crecimiento económico de México, de 4.8 por ciento en 1998 a 3.0 por ciento en l999. A su vez, se anticipa que la moderación de la demanda interna del sector privado, así como el mantenimiento de la disciplina fiscal, propiciarán que este año se reduzca el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto último es congruente, por supuesto, con la limitada disponibilidad de recursos externos.

Un aspecto adicional del entorno internacional que cabe resaltar, es que la situación financiera de muchas naciones sigue siendo muy frágil. Lo mismo puede decirse de las perspectivas de algunos mercados financieros de países industrializados. Una evolución desfavorable en estos frentes podría inducir mayor volatilidad en los mercados nacionales y complicar así la lucha contra la inflación. De ahí que ante la posibilidad de un marco internacional volátil y difícil, sea deseable que las políticas económicas sean flexibles y que exista coordinación entre ellas.

Lo sucedido durante enero del presente año en Brasil, y sus repercusiones sobre el sistema financiero internacional, es evidencia palpable de los riesgos mencionados. Después de que la moneda brasileña enfrentó un fuerte ataque especulativo -alimentado principalmente por las dificultades que se han encontrado para llevar a cabo el ajuste fiscal requerido-, las autoridades monetarias de Brasil decidieron el 13 de enero desplazar hacia arriba la banda de referencia para la cotización de su divisa. Al no haber sido acompañada dicha medida por una mayor restricción fiscal y monetaria, a los pocos días (15 de enero), la banda resultó insostenible y el real tuvo que flotar, depreciándose inmediatamente más de 15 por ciento.

Ante el temor de una contracción adicional en la disponibilidad de recursos externos por la crisis brasileña, el peso mexicano se depreció significativamente. Inmediatamente después del desplazamiento de la banda del real, la cotización de la moneda nacional se elevó, alcanzando incluso un nivel de 11.4 pesos por dólar. En respuesta a esta situación, el Banco de México decidió restringir la política monetaria, aumentando el "corto" de 130 a 160 millones de pesos. Ello, con el objeto de limitar la depreciación de nuestra moneda nacional, restablecer el orden en el mercado cambiario y preservar las posibilidades de alcanzar el objetivo de inflación de 13 por ciento en 1999. El tipo de cambio reaccionó favorablemente a la medida, estabilizándose temporalmente en alrededor de 10.50 pesos por dólar. Sin embargo, al determinarse la flotación del real un par de días después, la gran volatilidad en los mercados se reavivó. En este segundo episodio, la moneda nacional también se depreció considerablemente una vez que se conoció la noticia (superando momentáneamente el nivel de 11 pesos por dólar), pero más tarde en el día sobrevino una rápida corrección, terminando el peso incluso con una apreciación respecto al dólar (a 10.25 pesos por dólar). Esta reacción favorable del tipo de cambio (también observada en las tasas de interés y en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores), fue inesperada. Si bien las autoridades brasileñas han insistido en que se reforzarán las políticas fiscal y monetaria, y el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos han expresado su apoyo a las acciones adoptadas, no cabe duda que la situación en Brasil continuará siendo, cuando menos por algunos meses, un factor de incertidumbre en el ámbito financiero internacional.

Ante la perspectiva de un entorno externo difícil para 1999, el Gobierno Federal ha venido preparando el terreno desde hace varios meses para poder preservar un marco macroeconómico sólido y consistente en el año. En este sentido, el Ejecutivo Federal propuso una meta fiscal para el año en curso de un déficit económico de 1.25 por ciento del PIB, menor al del año pasado. El H. Congreso de la Unión aprobó la propuesta. Esta política permitirá mantener las finanzas públicas en orden, con lo que el Gobierno no presionará al alza las tasas de interés; no desplazará al sector privado de los mercados crediticios; apoyará el ahorro interno del país; y evitará la gestación de desequilibrios en la balanza de pagos.

Por otro lado, la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, recientemente aprobadas por el H. Congreso de la Unión, representan un primer paso hacia la conformación de un sistema financiero más sólido, un sistema que facilite un desarrollo económico acelerado en un ambiente de estabilidad de precios. En este sentido, también se han dispuesto normas prudenciales que permitan a los bancos una adecuada administración de los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. Como ejemplo de esto último, recientemente el instituto central reforzó un conjunto de disposiciones tendientes a procurar que las instituciones de banca múltiple mantengan liquidez suficiente para cubrir sus pasivos de corto plazo en moneda extranjera.

Una política monetaria comprometida con el abatimiento de la inflación -como la propuesta en esta exposición- es otro de los ingredientes que se requieren para asegurar un entorno macroeconómico firme.
 

IV. Programa Monetario para 1999

En noviembre pasado, el Ejecutivo Federal dio a conocer los Criterios Generales de Política Económica para 1999. Con la concurrencia del Banco de México, en dicho documento se planteó la meta de inflación para el año. A partir de ese dato, en la presente sección se precisan las principales características de la política monetaria que, en principio, hará posible la consecución del propósito referido.

IV.1 Objetivo del Programa

El objetivo primordial del programa monetario de 1999 es contribuir a la reducción de la tasa de inflación a 13 por ciento. Este porcentaje se refiere a la elevación del nivel general de los precios de diciembre de 1999 con respecto al del mismo mes del año inmediato anterior.

Este objetivo fue determinado considerando los principales factores del caso: la herencia inflacionaria de 1998 a 1999; las perspectivas de la economía mexicana y del entorno externo; los ajustes de los salarios mínimos y de los precios y tarifas públicas para el año en curso; y la mayoría de las medidas fiscales adoptadas para alcanzar un déficit de 1.25 por ciento del PIB. Tomando en cuenta estos antecedentes, se estima que con una política monetaria adecuadamente restrictiva, se podrá alcanzar el objetivo inflacionario planteado.

Lo anterior se apoya en el reconocimiento de que, si bien una política monetaria coherente es un elemento indispensable en la lucha contra la inflación, por lo general no resulta suficiente para lograr el resultado deseado. Para conseguir el abatimiento de la inflación que la sociedad demanda, al menor costo social posible, la política monetaria requiere de la concurrencia del resto de las políticas económicas.

IV.2 Algunas Consideraciones Preliminares

En el diseño de un programa monetario orientado a reducir la inflación, resulta clave el entendimiento del proceso que genera el fenómeno. Si el banco central suministra una mayor cantidad de dinero primario que la demandada por los agentes económicos, se genera un desequilibrio, que se traduce en inflación. Pero el Banco de México, al igual que el resto de los bancos centrales autónomos del mundo, ha cancelado explícitamente esta posibilidad. Ello, mediante la regla que establece que su operación diaria esté orientada a igualar la oferta con la demanda de base. Este es precisamente uno de los elementos fundamentales del programa para 1999.

Por lo común, entonces, las presiones inflacionarias se derivan de otros factores, entre los que destacan los siguientes: (a) los choques externos que pueden redundar en depreciaciones cambiarias abruptas; (b) las variaciones inesperadas de precios y tarifas públicos; y (c) la negociación de salarios contractuales incompatibles con la meta inflacionaria y con el incremento de la productividad. Estas perturbaciones generan impactos inmediatos en el nivel general de precios, e impulsan la inflación, tal como sucedió en 1998.

El incremento de precios así inducido, eleva la demanda de base monetaria que el Banco de México tiene que satisfacer, dando lugar a la correlación positiva que normalmente existe entre inflación y agregados monetarios. Si el instituto central atiende una mayor demanda de dinero primario a la tasa de interés del mercado (y el choque inflacionario no es transitorio), se terminará validando los impulsos iniciales. Sin embargo, si el banco central decide satisfacer la mayor demanda de base a una tasa de interés mayor a la del mercado, el instituto emisor contrarresta, cuando menos parcialmente, el impacto inflacionario de las perturbaciones exógenas descritas. Esto último es lo que sucede cuando el Banco de México restringe la política monetaria, por lo general aplicando o incrementando el "corto". Las mayores tasas de interés resultantes pueden revertir parcialmente el impacto de los choques exógenos (por ejemplo, limitando la depreciación del tipo de cambio, o induciendo incluso su apreciación), y moderar la corrección al alza de las expectativas inflacionarias.

En el mediano plazo, el aumento de las tasas de interés que se derive de la respuesta de las autoridades monetarias a las mayores presiones inflacionarias, reducirá el crecimiento de la base monetaria y, eventualmente, de los precios. Este efecto se podría ver reforzado por el impacto que tendría sobre la demanda de dinero un menor crecimiento económico, asociado con la elevación del costo de los fondos prestables. Además, la demanda de base se moderará en respuesta a la contención de la inflación que se logre.

Lo que a la postre se persigue es que, por virtud de acciones oportunas de política monetaria, el Banco de México logre que los empresarios, los trabajadores y los inversionistas consideren, al tomar sus decisiones, la posible reacción de la autoridad ante perturbaciones del INPC y se minimicen así las repercusiones sobre las expectativas inflacionarias. Por un lado, esto haría posible que los choques no se reflejaran inmediatamente en mayores precios y, por el otro, evitaría que los agentes económicos hicieran asignaciones de recursos que, al no materializarse las expectativas, generarían costos reales en la economía. De esta manera, disminuiría el impacto que dichas alteraciones puedan tener sobre la economía y crecería la credibilidad del público en los objetivos de inflación. Este es el proceso mediante el cual la meta de desinflación se puede ir convirtiendo en el ancla nominal de la economía.

Ahora bien, el dilema al que se enfrenta el Banco de México es el grado en que puede contrarrestar los choques inflacionarios. Las restricciones que al respecto se encaran son fundamentalmente dos:

Lo anterior indica que, al aplicar la política monetaria, el Banco de México enfrenta dilemas de difícil resolución. Por ello, es indispensable que en su programa monetario el instituto central incorpore instrumentos para poder ajustar oportunamente su política monetaria. Esta debe ser flexible, de tal forma que se puedan encarar con oportunidad las perturbaciones inflacionarias inesperadas que surjan. No por casualidad otro de los elementos fundamentales del programa monetario, responda a la finalidad de dotar al Banco de México de ese tipo de medios.

IV.3 Elementos del Programa Monetario

Al igual que en ocasiones anteriores, la Junta de Gobierno establece como uno de los elementos fundamentales de su programa monetario para 1999, una regla de operación básica orientada a ofrecer la mayor seguridad de que este instituto central no creará autónomamente excesos de base monetaria. E1 Banco de México reitera que, como norma general, ajustará diariamente la oferta de dinero primario, de forma tal que corresponda a su demanda. Cualquier desequilibrio en la liquidez, que resulte de errores en la estimación diaria de la demanda de base, será corregido de inmediato mediante las operaciones que el banco central lleve a cabo en el mercado monetario.

En términos técnicos, este criterio equivale a que, al determinar diariamente sus operaciones de mercado abierto, el Banco de México persiga un objetivo de cero en los saldos acumulados 6 de las cuentas corrientes que el instituto emisor lleva a los bancos comerciales, o en el monto del "corto" que esté en vigor. También implica que el Banco de México esterilizará el impacto monetario que resulte, entre otras razones, de las variaciones de los activos internacionales netos, y de las operaciones que efectúe la Tesorería de la Federación en su cuenta con el instituto emisor.

La aplicación estricta de esta regla podría implicar que el Banco de México acomodaría pasivamente la demanda de base monetaria que se manifestara. Esto podría ser fuente de algunos problemas: en lo específico, el instituto central podría, eventualmente, estar satisfaciendo una demanda de dinero congruente con un patrón de inflación superior al deseado.

Para estar en condiciones de detectar una desviación semejante y actuar en consecuencia, el Banco de México compara cotidianamente la evolución de la base con la trayectoria que, en principio, se estima coherente con el objetivo de inflación para el año. Esta última es muy difícil de precisar a priori debido a los siguientes factores: (a) la relación entre inflación y base puede cambiar con el tiempo; (b) los supuestos básicos para pronosticar la demanda de base para el año (referentes al crecimiento del PIB y la evolución de las tasas de interés) pueden no materializarse; y (c) la relación entre la demanda de base y las variables que explican su evolución también se puede modificar con el tiempo. Por eso, el Banco de México debe evaluar continuamente las diferencias que puedan resultar entre lo programado y lo realizado, así como analizar otros indicadores que proporcionan información sobre la evolución futura de la inflación. Estos son el tipo de cambio; las mediciones disponibles sobre las expectativas de inflación; los salarios contractuales; y el grado de sobrecalentamiento de la economía (relación entre PIB potencial y PIB observado).

En todo caso, debido a que el movimiento diario de la base monetaria es una referencia general y conveniente para el seguimiento de la política monetaria, nuevamente se publica en esta exposición, como se ha hecho desde 1997. La trayectoria referida, estimada a partir de la información disponible en enero de 1999, es congruente con el objetivo de inflación para el año, siempre y cuando se materialicen los supuestos que más adelante se mencionan. Por tanto, representa otro de los elementos fundamentales del programa monetario. La trayectoria en la gráfica 15, refleja también la acusada estacionalidad que tiene en México la demanda de billetes y monedas en circulación.

En lo específico, el Banco de México plantea que durante 1999 la base monetaria aumente 18.1 por ciento 7 respecto de su monto al cierre de 1998 (131,109 mp)8. Así, el crecimiento esperado de la base es superior al resultado de combinar las proyecciones para 1999 del crecimiento real del PIB (3 por ciento) y de la inflación (13 por ciento), en virtud de que se anticipa una remonetización del orden de 1.5 por ciento del monto de la base al cierre de 1998. Es pertinente recordar que la remonetización responde a la evolución de las tasas de interés y de las expectativas inflacionarias. Debido a que se esperan disminuciones de estas variables en el transcurso de 1999, se estima que dichas variaciones induzcan una mayor demanda de dinero primario.

El flujo anual de base se estima en 23,780 m.p., el cual da lugar, a su vez, a un saldo de 154,889 m.p. al cierre de 1999 (ver anexo). El intervalo de confianza para dicha cifra del saldo de la base monetaria, tomando una desviación estándar de los residuales que el modelo estima es, al cierre de 1999, de 159,000 a 150,800 m.p.

Como en años pasados, la trayectoria de la base monetaria en 1999 servirá principalmente como referencia para el caso en que se presenten desviaciones importantes entre lo observado y lo programado. El Banco de México evaluará dichas desviaciones, y sólo en caso de que éstas respondan a circunstancias que impliquen presiones inflacionarias adicionales, será de esperarse que se restrinja la política monetaria.

El Banco de México puede ajustar la oferta de dinero primario a la demanda, ya sea por medio de variaciones de su crédito interno o de sus activos internacionales netos. El banco central tiene relativamente mayor control sobre el crédito interno que sobre los activos internacionales. Por lo mismo, la administración de éste es, desde un punto de vista potencial, la manera más fácil de crear un exceso de base monetaria. En respuesta a estas consideraciones y con el propósito de reforzar la seguridad de que el instituto central no generará deliberadamente presiones inflacionarias, el Banco de México ha decidido nuevamente incorporar en su programa monetario límites trimestrales a la variación del crédito interno. Estos límites tienen el carácter de complemento al primer elemento fundamental del programa monetario. Puesto que el crédito interno se define como la diferencia entre la base monetaria y los activos internacionales netos, los límites referidos son el resultado de la evolución prevista de estos dos rubros.

La variación esperada de la base monetaria que se reporta en la gráfica 15, se derivó de las trayectorias anticipadas del PIB, las tasas de interés y la inflación. Por otra parte, a partir del pronóstico de las transacciones cambiarias que, según se estima, el Banco de México realizará con el Gobierno Federal y Pemex, y de las adquisiciones de moneda extranjera que probablemente se harán en virtud del ejercicio de opciones de venta de dólares al banco central por las instituciones de crédito, la Comisión de Cambios ha decidido establecer un compromiso para 1999 de cuando menos no desacumular activos internacionales netos. Este compromiso es reflejo de dos factores fundamentales: (a) el difícil entorno externo que se vislumbra para 1999, y en el cual se prevén al menos precios deprimidos del petróleo; acceso limitado por parte del Gobierno Federal a los mercados internacionales de capital; y reducidos flujos de capital privado a los mercados emergentes; y (b) la apreciación, por parte de la Comisión, de que si bien el nivel de reservas internacionales del país no es óptimo, si es suficiente para enfrentar con holgura durante este año las obligaciones del país con el exterior en un escenario adverso.

El cuadro 4 reporta los límites trimestrales adoptados para 1999 de las variaciones del crédito interno y de los activos internacionales netos.

Como se dijo, siendo el crédito interno la diferencia entre la base monetaria y los activos internacionales netos, aquél puede disminuir al aumentar dichos activos sin que ello se traduzca en una contracción de la base. Por consiguiente, de producirse una disminución en el crédito interno, ello no implicaría restricción para la economía, ya que la absorción de pesos resultante de esa disminución se compensaría con la inyección de moneda proveniente de la compra de divisas por parte del banco central.

E1 primer elemento fundamental del programa monetario, así como sus medidas complementarias, están encaminados a evitar que el propio Banco de México produzca excesos de oferta de base monetaria. Lamentablemente, dichas bases no garantizan por si solas el abatimiento deseado de la inflación. Esto se debe a que, como ya se explicó, es posible la aparición de presiones inflacionarias adicionales por otras vías. Por un lado, las perturbaciones del exterior podrían causar una depreciación excesiva de la moneda nacional. Por otro, los aumentos salariales contractuales podrían resultar superiores al objetivo de inflación más los avances en productividad. Asimismo, podría haber ajustes imprevistos en los precios públicos para mantener las finanzas públicas bajo control.

Cualquiera de los eventos citados induciría elevaciones en las tasas de interés, las cuales tenderían a mitigar las presiones inflacionarias indeseables. Sin embargo, también podría suceder que el ajuste automático de las tasas no fuese suficiente para asegurar un comportamiento razonable de la inflación. En tal situación, el Banco de México consideraría restringir la política monetaria, en cuyo caso se utilizaría como instrumento el "corto".

Mediante la ampliación del "corto" el instituto central aumenta su objetivo negativo de saldos acumulados 9 de las cuentas corrientes que le lleva a la banca. A1 poner más "corto" al sistema, el banco central ejerce una influencia alcista sobre las tasas de interés, que se produce, sobre todo, por la señal que a través de esa acción se envía al mercado, conforme se explicó antes.

La experiencia sugiere que las modificaciones del "corto" influyen sobre las tasas de interés, más por el mensaje que se manda por este conducto, que por su existencia misma. E1 banco central podría adoptar un "corto" no sólo para apoyar la lucha antiinflacionaria, sino para combatir situaciones desordenadas en los mercados cambiario o de dinero (en caso de que el tipo de cambio se deprecie rápidamente en un lapso muy corto de tiempo, o que las tasas de interés se encuentren anormalmente bajas).

Por simetría y en previsión de que llegue a ser necesario, el Banco de México también debe contar con la facultad de poder relajar la política monetaria. Esto podría ser conveniente cuando la evolución de la inflación indique que, de mantenerse todo igual, la tasa de inflación de referencia será mucho menor que la inflación objetivo.

En tal caso, sería indicado que el Banco de México adoptase una política monetaria más laxa. Esto equivaldría tanto a reducciones del "corto", como a que el banco central aplique "largos" mediante los cuales efectúa sus operaciones de mercado abierto con el fin de que se acumulen saldos positivos en el conjunto de las cuentas corrientes que lleva a las instituciones de crédito.

Lo dicho en los párrafos precedentes se puede resumir como sigue: el Banco de México, en la coyuntura actual de gran volatilidad en los mercados financieros, necesita contar con la facultad de poder ajustar discrecionalmente la política monetaria, en particular para hacerla más restrictiva cuando sea necesario. Esto da lugar al último elemento fundamental del programa monetario para 1999:

El Banco de México podrá ajustar la política monetaria, en caso de que se presenten circunstancias inesperadas que lo hagan aconsejable.

El instituto central utilizará los "cortos" adoptando una política monetaria más restrictiva, principalmente en las siguientes circunstancias:

(a) Cuando detecte presiones inflacionarias futuras incongruentes con el logro del objetivo de abatimiento de la inflación. En particular, la política monetaria procurará siempre neutralizar los efectos secundarios de los choques exógenos sobre los precios, y actuará en ocasiones de manera precautoria, contrarrestando parcialmente los efectos inflacionarios directos de los precios clave en la economía. El objetivo final es que los ajustes necesarios en los precios relativos afecten sólo moderadamente al INPC -elevando su nivel-, pero sin deteriorar las expectativas inflacionarias. Esto último, a fin de evitar que la dinámica inflacionaria se torne perversa;

(b) Cuando se necesite restaurar el orden en los mercados cambiarios y de dinero; y

(c) Cuando las expectativas de inflación se desalinien considerablemente respecto al objetivo.
 

Es pertinente señalar que, en el pasado el Banco de México ha utilizado otros instrumentos para reforzar la postura monetaria restrictiva. En particular, se hace referencia a los depósitos obligatorios de los bancos comerciales en el instituto central, y al uso temporal de un piso para la tasa de interés interbancaria 10. Sin embargo, más que representar instrumentos alternativos al "corto", se trata de mecanismos que lo complementan, y cuya finalidad es la de hacerlo más eficiente. De ahí que se prevea que, en lo fundamental, el Banco de México utilizará el "corto" como instrumento para indicar modificaciones en su postura monetaria.
 

V. Consideraciones Finales

Durante 1998, el desempeño de la economía mexicana fue favorable, en particular si se considera la condición adversa del entorno externo. El país se encuentra en una situación sólida para continuar creciendo y crear empleos durante el año en curso. Si se combinan estos factores con la aplicación de políticas prudentes, y si se profundiza y extiende la reforma estructural en los sectores clave de la economía, podremos aspirar a una transición suave al próximo milenio.

Sin embargo, la junta de Gobierno del Banco de México considera que el repunte de la inflación registrado en 1998 es inconveniente y riesgoso. En consecuencia, reitera su intención de lograr en el futuro próximo una inflexión en la tendencia alcista del crecimiento de los precios. Para el caso, el instituto central hará el uso que sea necesario de los instrumentos previstos en esta exposición. Indudablemente, el objetivo de 13 por ciento para la inflación de 1999 es un propósito ambicioso en medio del entorno prevaleciente, pero es de gran importancia conseguirlo para marcar el camino hacia una desinflación gradual y sostenible.

No está por demás repetir, cuantas veces sea necesario, que el abatimiento de la inflación no es un objetivo que debe buscarse por si mismo. La inflación causa inequidad e ineficiencia, razones más que suficientes para que combatirla sea una prioridad social. El alza acelerada de los precios incide en forma nociva en tres aspectos del desempeño de la economía: crecimiento económico, salarios reales y distribución del ingreso. Estas conclusiones no se derivan de un ejercicio académico, sino de la elocuente evidencia empírica de nuestro país:
 

Frente a estos costos sociales, no cabe más que una postura decidida de desinflación. Esta es precisamente la tarea común que le compete encabezar al Banco de México. Una vez que se consiga una estabilización duradera, México podrá disfrutar de los dividendos correspondientes, a través de un mayor crecimiento económico sostenible, salarios reales en ascenso y una mejor distribución del ingreso.

Una razón por la cual la inflación es muy perjudicial para la solidez del marco macroeconómico, es porque daña a las finanzas públicas. Este fenómeno se deriva fundamentalmente del aumento del servicio de la deuda pública que resulta de las mayores tasas de interés reales y nominales que produce la inflación. Para ilustrar el punto, se puede decir que una disminución sostenible de 5 puntos porcentuales en el ritmo de crecimiento de los precios, podría llegar a reducir el déficit económico del sector público en aproximadamente 0.8 por ciento del PIB, mientras que el déficit operacional podría caer en 0.2 por ciento del PIB.

La política monetaria influye sobre la inflación a través de distintos canales; empero, los mecanismos no operan instantáneamente. Además, cuando la sociedad ha sufrido por mucho tiempo el flagelo de la inflación, es lógico que los agentes económicos reaccionen con lentitud y escepticismo frente a las decisiones estabilizadoras de las autoridades. En consecuencia, el éxito final requiere de dos virtudes: constancia para aplicar las acciones, y paciencia para esperar sus resultados.

Por tanto, la línea de visión adecuada al adoptar un programa de desinflación, debe trazarse mucho más allá del horizonte inmediato. Con esta óptica, la Junta de Gobierno estima que es razonable proponer, como meta del esfuerzo estabilizador para el próximo quinquenio, una aproximación gradual a la "inflación externa".

Otra enseñanza que nos ha dado la experiencia, es que la estabilidad de precios no puede conseguirse, a un costo aceptable, sólo mediante la política monetaria. E1 logro de esa meta, requiere de una conjunción congruente de políticas. En el año en curso, el objetivo del déficit fiscal económico de 1.25 por ciento del PIB es coherente con una reducción significativa de la inflación.

En un ambiente continuamente cambiante, el instituto central debe mantener una actitud vigilante respecto a la evolución de la inflación, con objeto de detectar oportunamente perturbaciones desestabilizadoras y poder actuar en consecuencia en lo individual, y en coordinación con otras entidades públicas. Asimismo, para estar en condiciones de conseguir la estabilidad, a un costo aceptable, se requiere de la defensa pública y convincente, por parte del banco central, de sus tesis y de sus acciones.

La referencia al "costo aceptable" tiene un sustento teórico y práctico clave, y se relaciona con el papel de las expectativas. Si por razones históricas, o por una apreciación peculiar de las circunstancias actuales y futuras, el público supone que el alza de precios previsible es superior a la planteada por el gobierno, y actúa en consecuencia, se generará una condición potencialmente muy indeseable para un programa de estabilización. En tal estado de cosas, si las autoridades se ciñen con rigor a la meta oficial y emplean en su obtención todos los instrumentos a su disposición, los planes de los agentes económicos no podrán materializarse: el aumento de precios será menor que el esperado. Dada la rigidez que caracteriza al sistema económico mexicano, la frustración de las expectativas se traducirá en ventas decepcionantes, acumulación de inventarios, sobreproducción, reducción de utilidades, contracción del empleo, entre otros efectos. En una palabra, ello se verá reflejado en una recesión de la actividad económica. La desinflación se habrá logrado, pero el costo aparente del ejercicio será muy alto. Por razones que apelan al sentido común, el sacrificio descrito será mayor cuanto más grande sea la diferencia entre las estimaciones del público y las intenciones oficiales; esto es, en lenguaje común, entre menor sea la credibilidad.

Siguiendo la línea de razonamiento trazada en el párrafo anterior, se entiende entonces la importancia crucial que reviste la existencia de un "consenso social" a favor de la estabilidad. Si quienes toman las decisiones adoptan en lo fundamental la idea de la desinflación, las actitudes y las políticas se establecerán en concordancia. Por tanto, las discrepancias entre lo planeado y lo factible serán menores, reduciéndose en consecuencia el "costo" del ajuste.

Aplicando lo anterior a nuestra realidad inmediata, sería muy conveniente que en las próximas negociaciones salariales que se lleven a cabo, los acuerdos no se sustenten en expectativas de inflación extrapoladas a partir de la burbuja inflacionaria de diciembre pasado y del mes en curso. Es de esperarse que ésta se disipe en febrero, y que no mucho después se vea la inflexión en la tendencia de la inflación, en congruencia con el objetivo para el año. El Banco de México ha estado orientando sus acciones para conseguir este resultado. Por tanto, si estos factores no se incorporan en las expectativas de inflación al momento de las negociaciones salariales, los costos de las empresas subirán, habrá un menor crecimiento del empleo y los ingresos reales de los trabajadores no se incrementarán conforme a lo deseado. Así, en la medida en que las expectativas de inflación se ajusten más ágilmente en respuesta a la política monetaria, menos gravoso será el proceso de desinflación.

Considerando lo apuntado, debe resultar evidente la importancia de que las metas establecidas, los instrumentos a utilizar y los resultados que se obtengan se conozcan con claridad por todos los participantes en el proceso.

Al respecto, no sobra recordar que el 13 por ciento propuesto por el Ejecutivo Federal se determinó a la luz de las condiciones prevalecientes en noviembre de 1998. El asunto se discutió y se convino con el banco central; y finalmente, se incorporó en forma explícita en la formulación del Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos, que resultaron aprobadas por la representación popular. Así, puede decirse con propiedad que el objetivo se ha establecido, esta vez y en el pasado reciente, con la nitidez adecuada.

En lo que toca a los medios utilizados para combatir la inflación, el Banco de México se ha ocupado de explicar su naturaleza, la mecánica conceptual de su influencia y la forma específica de su operación.

En los últimos tiempos, el Banco de México ha intensificado sus esfuerzos de comunicación; para el futuro próximo, ha decidido acentuar este intento, consciente de que, en una sociedad democrática, la única vía legítima y efectiva para alcanzar un propósito común -la estabilización- es convencer a los ciudadanos de la bondad del objetivo y de la pertinencia de los medios.

Este documento cumple con el mandato legal que obliga al banco central a informar al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal sobre su actuación y sus planes. Pero su designio es más ambicioso: es el intento por reiterar la noción de que la inflación reduce -si no es que anula, en caso extremo- la utilidad del dinero como unidad de cuenta, como medio de pago y como almacén de valor. La fortaleza de una moneda depende de que el público confíe en que puede desempeñar dichas funciones con eficacia. La Junta de Gobierno expresa así su convicción de que retornar a la estabilidad y revigorizar el peso mexicano, son una y la misma cosa.
 

VI. Anexo

NOTAS

1. Algunos inversionistas estimaron que si el real brasileño se ligara a devaluar, la cotización del peso se "contagiaría", razón por la cual se daría una depreciación de la moneda nacional (cosa que no sucedió del todo en enero de 1999 cuando en efecto flotó el real). Con ese supuesto, la venta del peso a futuro o mediante opciones sería una buena cobertura ante una depreciación del real. El tipo de cambio al contado del peso en relación con el dólar se vio afectado, pues las instituciones financieras mexicanas, que fueron la contraparte de las citadas operaciones de cobertura, a su vez equilibraron su posición comprando dólares contra pesos en el mercado spot.

(2) Es importante resaltar que los movimientos de los salarios contractuales no son necesariamente autónomos del comportamiento del tipo de cambio.

(3) El crecimiento económico fue similar al originalmente contemplado.

(4) Los activos internacionales netos se definen como la reserva bruta, más los créditos convenio con los bancos centrales a más de seis meses, a lo que se restan los adeudos totales con el FMI y con bancos centrales derivados de convenios establecidos a menos de seis meses. Asimismo, se considera el resultado por el cambio de valor en términos de dólares de los EUA de las operaciones de compraventa de divisas concertadas a la fecha.

(5) Ver "Informe sobre la Política Monetaria" de septiembre de 1998.

(6). Para una descripción detallada del mecanismo de saldos acumulados, ver el Informe Anual del Banco de México de 1996.

(7) Todos los bancos centrales enfrentan una gran incertidumbre hacia el año 2000, debido a que el cambio de milenio podría generar un aumento extraordinario, pero transitorio, de la demanda de billetes y monedas. El Banco de México ha venido trabajando desde 1997, en conjunto con otras autoridades y con los intermediarios, para evitar que la llegada del año 2000 afecte la operación del sistema financiero nacional. En caso de que se presentara el incremento referido en la demanda por medios de pago, el Banco de México lo satisfacería, pues no se generaría un exceso de oferta monetaria que pudiera afectar el proceso inflacionario. La probable incidencia de este fenómeno sobre la evolución de la base en 1999 no está incorporada en la trayectoria presentada, debido a que no se tienen elementos sólidos para cuantificarla. Sin embargo, por lo ya dicho, si este factor genera a la postre desviaciones de la trayectoria, no significará que el instituto central esté expandiendo el circulante de manera deliberada.

(8) La cifra de 131,109 m.p. corresponde al saldo al cierre de 1998 de los billetes y monedas en circulación. La cifra correspondiente de la base fue 419 m.p. superior a la anterior debido a un error de pronóstico de la demanda de dinero primario al 31 de diciembre de 1998. Puesto que este error se revirtió al día siguiente, para el cálculo de la trayectoria de base para 1999 se consideró el saldo de los billetes y monedas en circulación al cierre del año pasado.

(9) Hay que recortar que al inicio de 1999 estaba en vigor un "corto" de 130 m.p. Ver sección II.4 de este documento.

(10) Ver el Informe sobre la Política Monetaria de septiembre de 1998.
 
 
 

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE E INVERSION EN ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1999, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51, FRACCION I, DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO

México, DF, 26 de enero de 1999.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción I, de la Ley del Banco de México, informo a usted sobre el presupuesto de esta Institución, correspondiente al ejercicio de 1999.

El presupuesto del Banco está estructurado en dos partes: la primera respecto del Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y la segunda representa a la Inversión en Activo Circulante por Concepto de Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica.
 

Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos

Gasto Corriente.- Comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo.

Inversión en Activos Fijos.- Prevé las erogaciones cuyo fin es la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como para la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.
 

Presupuesto de Inversión en Activo Circulante por Concepto de Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica

Producción de Billete.- Corresponde a las erogaciones por adquisición de materia prima, pago de mano de obra y otros gastos relacionados con la fabricación y colocación de billete.

Adquisición de Moneda Metálica.- Incluye el costo de adquisición de la moneda metálica, sus gastos asociados y los de colocación.

A efecto de mantener la congruencia que debe guardar la evolución del presupuesto del Banco con la del Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo establece el artículo 46, fracción XI, es de señalarse que fue elaborado conforme a los siguientes escenarios macroeconómicos:

Incremento Salarial Promedio: 15.05%

1) INPC a Diciembre 1999: 13.00%

INPC Promedio Anual: 16.20%

1) Tipo de Cambio Nominal Promedio: $11.08 por dólar americano

Inflación Externa promedio: 2.30%

La Junta de Gobierno en sesión de fecha 15 de enero de 1999, conforme a las facultades que le confiere la Ley del Banco de México en su artículo 46, fracción XI, aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y el de Inversión en Activo Circulante por Concepto de Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica de la Institución para el ejercicio financiero que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999, en los siguientes términos:

El presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos expresado en millones de pesos asciende a la cantidad de 1,438.4 correspondiendo 1,181.6 al gasto y 256.8 al activo fijo.

Con relación al ejercicio de 1998, el presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos presenta un incremento nominal de 224.7, equivalente al 18.5%, y un aumento del 2.0% en términos reales.

Por lo que se refiere al presupuesto de inversión en activo circulante expresado en millones de pesos asciende a la cantidad de 858.4 integrado por 339.7 para la producción de billete y 518.7 para la adquisición de moneda metálica.

Con relación al ejercicio de 1998 el presupuesto de inversión en activo circulante presenta un incremento nominal de 184.4, equivalente al 27.4% y un aumento del 9.6% en términos reales.

En los 4 anexos que acompaño al presente, se contiene la información concerniente al desglose del referido presupuesto.

Atentamente
Guillermo Ortiz (rúbrica)
 

1) El tipo de cambio y el INPC que se utilizan como referencia para el cálculo de este presupuesto, se obtuvo del documento de "Criterios Generales de Política Económica" correspondiente a la Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999, por lo que no debe considerarse como un pronóstico del Banco Central.

 

 

 

 

 


Dictámenes 

DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN DIVERSOS PERMISOS A CIUDADANOS

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que la ciudadana Eva María Zuk Lichota, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito en el Grado de Cruz de Caballero de la República de Polonia, que le concede dicho país.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente.

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana Eva María Zuk Lichota, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito en el Grado de Cruz de Caballero de la República de Polonia, que le concede dicho país.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de diciembre de 1998.

 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos licenciados Emilio García Riera y Luis Martínez Rivera, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que les confiere el Gobierno del Reino de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Emilio García Riera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis Martínez Rivera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.

 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, José Luis Barros Horcasitas y Pedro José González-Rubio Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confiere el Gobierno de la República de Honduras.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano maestro José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José Cecilio del Valle, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Morazán, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de diciembre de 1998.

 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los Ciudadanos senador Rodolfo Becerril Straffon, Jolanta María Nitoslawska Romer de Palacios, embajador Sergio Pitol Demeneghi, lic. Albert Gallatín Stebelski Orlowski, Jerzy Karol Hausleber Roszczewska, Honorata Anna Zarnecki de Santos Burgoa, Manuel Marrón y González, Francisco Savín y Vásquez y Adam Wajda Liro, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de Polonia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al Ciudadano senador Rodolfo Becerril Straffon, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comendador, que el confiere el Gobierno de Polonia.

Articulo Segundo.- Se concede permiso a la Ciudadana Jolanta María Nitoslawska Romer de Palacios, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al Ciudadano embajador Sergio Pitol Demeneghi, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al Ciudadano licenciado Albert Gallatín Stebelski Oriowski, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al Ciudadano Jerzy Karol Hausleber Roszczewska, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno de Polonia

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la Ciudadana Honorata Anna Zarneski de Santos Burgoa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al Ciudadano Manuel Marrón y González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Articulo Octavo.- Se concede permiso al Ciudadano Francisco Savín y Vásquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Articulo Noveno.- Se concede permiso al Ciudadano Adam Wajda Liro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el Gobierno de Polonia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de diciembre de 1998.

La Primera Comisión: Sen. Amador Rodríguez Lozano, Presidente, dip. Francisco Loyo Ramos, secretario, sen. Luis Mejía Guzmán, secretario, dip. Alejandro Ordorica Saavedra, secretario, sen. José Trinidad Lanz Cárdenas, dip. José Luis Lamadrid Sauza, sen. Auldárico Hernández Gerónimo, sen. Esteban Maqueo Corral, dip. Fidel Herrera Beltrán, dip. César Jáuregui Robles, dip. Luis Patiño Pozas.

 

 
DE LA SEGUNDA COMISION, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y la elaboración del dictamen respectivo, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, hace en favor del ciudadano Sergio Joaquín Romero Cuevas, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República del Paraguay, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Romero Cuevas, consta que nació en la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, el dieciocho de julio de mil novecientos cuarenta y siete. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que realizó estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y que cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, al cual ingresó en 1968 como Canciller "B"; ascendió a Canciller "C" en 1971; a Vicecónsul y Tercer Secretario en 1972; a Segundo Secretario en 1974; a Primer Secretario y Consejero en 1976; a Ministro en 1986; y el 1° de abril de 1991 fue nombrado Embajador.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrito a la Dirección General del Servicio Diplomático y a la Dirección General para América Latina y El Caribe.

En el exterior ha estado adscrito a nuestras embajadas en Haití, El Salvador, Venezuela, Vietnam, Uruguay, Australia y Guatemala. Con el rango de Embajador fungió como tal en Haití de l993 a 1996, y en Nicaragua de 1996 a la fecha.

En acatamiento del Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Sergio Joaquín Romero Cuevas, a una reunión donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país y el estado que en la actualidad mantiene la relación bilateral de México con Paraguay.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina, pudimos comprobar el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. Se reconoció su trayectoria y su pertenencia al Servicio Exterior de Carrera.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Romero Cuevas posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano Sergio Joaquín Romero Cuevas, reúne en su persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República del Paraguay. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de

Acuerdo

Unico.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Sergio Joaquín Romero Cuevas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República del Paraguay.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 1999.

Segunda Comisión: Sen. Francisco Molina Ruiz, Presidente (rúbrica), sen. Beatriz Paredes Rangel, secretaría (rúbrica), dip. Fernando González Corona, secretario, sen. Héctor Sánchez López, secretario, sen. José Antonio Valdivia (rúbrica), sen. Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), sen. Guadalupe Gómez Maganda (rúbrica), dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica), dip. Arely Madrid Tovilla (rúbrica), dip. Samuel Maldonado Bautista (rúbrica), sen. Enrique Franco Muñoz (rúbrica).

 

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y la elaboración del dictamen respectivo, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República, hace en favor del ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez, consta que nació en la ciudad de San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí, el diez de octubre de mil novecientos treinta y ocho. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su curriculum vitae se establece que realizó estudios de Derecho, y que cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, al cual ingresó el 16 de octubre de 1957 como Canciller de Tercera. Posteriormente, ascendió a Canciller de Segunda en 1958, a Vicecónsul en 1962, a Tercer Secretario en 1964, a Segundo Secretario en 1966, a Cónsul de Segunda en 1968, a Primer Secretario en 1969, a Consejero en 1971, y a Ministro en 1975. En 1976 fue nombrado Embajador de México.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a la Dirección General del Servicio Consular, y a la Dirección General de Protocolo donde fungió como Director General.

En el exterior se ha desempeñado con diferentes categorías en los Consulados Generales de México en Houston, en Toronto, y en Nueva Orleans; y en nuestras Embajadas en Haití, en Honduras, en Chile, en Francia, en Canadá, y en Cuba. Posteriormente, con el rango de Embajador actuó en Nicaragua, en Colombia, en Dinamarca, en Bolivia, en Corea, en Nicaragua, en Finlandia y en Paraguay.

En acatamiento del Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982, y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Galán Méndez a una reunión en donde dialogamos la política exterior de nuestro país y el estado que en la actualidad mantiene la relación bilateral de México con la República de Nicaragua.

En la citada entrevista, el Embajador designado demostró su conocimiento sobre la situación política, económica, social y cultural de la República de Nicaragua así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral con esa nación. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan su nivel de información. En particular, valoramos su pertenencia al Servicio Exterior de carrera.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano Galán Méndez reúne en su persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de

Acuerdo

Unico.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Nicaragua.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 1999.

Segunda Comisión: Sen. Francisco Molina Ruiz, Presidente (rúbrica), sen. Beatriz Paredes Rangel, secretaría (rúbrica), dip. Fernando González Corona, secretario, sen. Héctor Sánchez López, secretario, sen. José Antonio Valdivia (rúbrica), sen. Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), sen. Guadalupe Gómez Maganda (rúbrica), dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica), dip. Arely Madrid Tovilla (rúbrica), dip. Samuel Maldonado Bautista (rúbrica), sen. Enrique Franco Muñoz (rúbrica).

 

 

 

 


Proposiciones 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE CONALEP

Los profesores del Conalep y la libertad de asociación

Tuvieron que transcurrir casi 20 años desde la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que sus docentes lograran conformar un organismo sindical para la defensa de sus intereses. Luego de varios esfuerzos infructuosos, el 2 de febrero de 1997 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep, y en marzo de ese mismo año solicitó su registro a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuatro meses después, esa dependencia se declaró incompetente para otorgar el registro, alegando que las relaciones laborales del Conalep se regían por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional, por tratarse supuestamente de trabajadores al servicio del Estado. Por tal razón, la petición debía presentarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Ante esta medida, en junio de 1997 el sindicato interpuso un amparo, el cual le fue resuelto favorablemente en septiembre de ese año. Solicitado el recurso de revisión por la Secretaría del Trabajo, el 29 de enero de 1998 se ratificó la resolución a favor del SintaConalep, en el sentido de que esa dependencia era competente para expedirle el registro, pues las relaciones laborales entre el Conalep y sus trabajadores se rigen por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional y, consecuentemente, por la Ley Federal del Trabajo.

Desoyendo la obligación impuesta por el juez, en abril de ese mismo año la Secretaría del Trabajo indebidamente requirió al SintaConalep que acreditara la relación laboral de todos sus agremiados. A pesar de que esa exigencia carecía de sustento legal, como la propia Secretaría acabaría admitiendo posteriormente, los solicitantes cumplieron esta solicitud el 21 de julio de 1998, y anexaron diversas pruebas documentales para demostrar que los profesores del Conalep le prestan a esa institución un trabajo personal subordinado, característico de las relaciones laborales.

También señalaron que, de considerarse insuficientes esas probanzas, se realizara una inspección en los diversos planteles, lo cual la Secretaría efectivamente hizo. Sin embargo, para evitar que con las visitas se acreditara que los docentes realmente son trabajadores, el Conalep despidió a casi la totalidad de los afiliados al sindicato solicitante. En lugar de reaccionar contra esa medida, en diciembre pasado la Secretaría del Trabajo decidió negar el registro sindical. Se tardó casi dos años para resolver la petición del SintaConalep, cuando la ley señala seis meses para ello. Aún más, en una decisión sin precedente, violatoria de la Constitución, la ley y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, esa dependencia asumió atribuciones jurisdiccionales de las que carece, al determinar que los profesores del Conalep se rigen por la legislación civil.

Con total desacato al marco jurídico, la Secretaría del Trabajo negó el registro a un sindicato que desde un inicio cubrió todos los requisitos legales, aduciendo que los peticionarios son trabajadores por honorarios. No importó que antes el Poder Judicial hubiera resuelto previamente que las relaciones laborales de los trabajadores del Conalep, se regulan por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional. Para eludir su obligación, después de perder ante los tribunales el alegato de que se trataba de trabajadores al servicio del Estado, en abierto fraude a la ley decide que los profesores en realidad son prestadores de servicios profesionales.

No encontramos en el país una institución educativa en donde se prive a todo el personal académico de sus derechos laborales. Mucho menos existe precedente de que una autoridad avale tal irregularidad. La insustentada y absurda resolución de la Secretaría del Trabajo, condena a más de 18 mil docentes del Conalep a mantenerse en un indigno régimen de simulación, que ilegalmente los priva de su condición laboral y del ejercicio de sus derechos colectivos. Así, por una parte tenemos a un patrón que intenta resolver de tajo el problema despidiendo a los sindicalistas, y por la otra a una autoridad que artificiosamente elude el cumplimiento de la ley, que tolera los despidos, y que al negar el registro sindical se convierte en cómplice y ejecutor de este escandaloso ataque al derecho de asociación.

No reconocer la existencia jurídica e intervenir en otros aspectos de la vida interna de las organizaciones sindicales; como la toma de nota de sus directivas y de sus estatutos, es una intromisión excesiva del Estado, una injerencia injustificada y un rasgo ominoso de control y dominación autoritarios, que ha servido por décadas para marginar a las organizaciones obreras independientes. Por eso vengo a esta tribuna a elevar mi más enérgica protesta por la actuación del Secretario de¡ Trabajo, y a exigirle que restituya la legalidad y respete el derecho de asociación de los profesores del Conalep.

¿Cómo podremos transitar a un sistema de relaciones laborales acorde con ,los retos de nuestro tiempo, si en los hechos se cancela el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores? ¿Qué está pasando con la política laboral en nuestro país, que ha orillado al SintaConalep a solicitar la intervención de la Organización Internacional del Trabajo para que se respete el derecho de asociación? ¿En manos de quién está el derecho del trabajo, si los responsables de hacer cumplir la ley son sus principales infractores? Por ejemplo, los trabajadores del Sindicato Democrático de la Semarnap llevan esperando más de siete meses, sin haber obtenido aún del Tribunal Laboral Burocrático la toma de nota de su directiva. Por su parte, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante una determinación carente de sustento jurídico, recientemente le negó al Sindicato del Colegio de Bachilleres el derecho a la contratación colectiva.

Así las cosas, hoy los trabajadores están librando la batalla por la libertad de asociación, lo mismo en una empresa de arneses en Aguascalientes, que en un ingenio azucarero en Veracruz.

Señores legisladores:

La democratización del mundo del trabajo es paso obligado en la agenda de la transición política en nuestro país. Se requiere que las relaciones entre los actores productivos y el Estado se desarrollen en un ámbito libertario que preserve la dignidad del trabajador. A pesar del discurso modernizador, de las nuevas exigencias de la sociedad, de la producción, y de la eventual reforma a la legislación laboral, perviven en el accionar del Estado viejos patrones de control político que hay que desterrar para siempre.

Afortunadamente se ha venido conformando una agenda de consenso en materia de libertad de asociación, con fuerte sustento en nuestra tradición nacional, en la legislación internacional -incluyendo la OIT- y el Acuerdo Paralelo en materia laboral del Tratado de Libre Comercio. Destacan entre otros puntos: el registro sindical y toma de nota libres; radio de acción autónomo de los sindicatos; voto secreto; transparencia en el registro de los contratos colectivos; participación de los trabajadores en la contratación colectiva y supresión del apartado de excepción.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 21, fracción III, 58 y 179 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a esta Presidencia de la Comisión Permanente que turne a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las H. Cámaras de Diputados y de Senadores, la siguiente:

Proposición

Unica.- Que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las H. Cámaras de Diputados y de Senadores, den seguimiento, a la solicitud de registro del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep, y coadyuven para que las autoridades competentes garanticen la vigencia plena del derecho de asociación, y el respeto irrestricto a la Constitución, los convenios internacionales y la ley laboral vigentes en nuestro país. Para ello, que consideren la conveniencia de sostener una entrevista en breve término con el Secretario del Trabajo y Previsión Social, a efecto de cumplir con los propósitos enunciados.

México, DF, enero 27 de 1999.

Sen. Rosa Albina Garavito
 

 

 

 


Informes 

DEL COMITE DE ADMINISTRACION, SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Informe trimestral del ejercicio del presupuesto de la H. Cámara de Diputados correspondiente al periodo septiembre-noviembre de 1998

Integración por capítulo de gasto (miles de pesos)

Servicios personales               172,908.3
Materiales y suministros          22,451.8
Servicios generales                 127,091.6
Transferencias 681.5
Bienes muebles e inmuebles     16,528.1
Obras públicas                             6,382.8

Total                                        346,044.1
 
Importa el presupuesto la cantidad de 346,044.1 trescientos cuarenta y seis millones 44 mil pesos.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a 9 de diciembre de 1998. Dip. Ramón Corral Avila, Presidente; CP Gregorio Guerrero Pozas, tesorero general (rúbricas).

 

Presupuesto de la H. Cámara de Diputados correspondiente al mes de enero de 1999

Integración por capítulos de gasto (miles de pesos)

Servicios personales                76,922.2
Materiales y suministros         10,391.81
Servicios generales                  42,047.4
Transferencias                                 19.2
Bienes muebles e inmuebles      4,511.5
Obras públicas                            3,431.11

Total                                       137,323.2

Importa el presupuesto la cantidad de 137 millones 323 mil pesos.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 21 de enero de 1999. Dip. Ramón Corral Avila, Presidente; CP Raúl Sánchez Angeles, tesorero general (rúbricas).

 

Presupuesto de la H. Cámara de Diputados correspondiente al mes de febrero de 1999

Integración por capítulos de gasto (miles de pesos)

Servicios personales                  68,111.0
Materiales y suministros             3,688.9
Servicios generales                    47,430.3
Transferencias                                   23.3
Bienes muebles e inmuebles        5,912.0
Obras públicas                               4,379.7

Total                                          129,545.2

Importa el presupuesto la cantidad de 129 millones 545 mil pesos.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 21 de enero de 1999. Dip. Ramón Corral Avila, Presidente; CP Raúl Sánchez Angeles, tesorero general (rúbricas).

 
 

DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CON EL PRESUPUESTO DE DIETAS, HONORARIOS, SUELDOS Y GASTOS DE ESA H. CAMARA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 1999

Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la H. Cámara de Senadores por el mes de enero de 1999

AA 02 00 200 CAMARA DE SENADORES

Servicios personales                         26,035,200
Materiales y suministros                    2,383,300
Servicios generales                           40,536,400
Ayudas, subsidios y transferencias      263,700
Bienes muebles e inmuebles                  400,200

Total                                                $69,618,800

Importa el presente presupuesto la cantidad de sesenta y nueve millones seis cientos diez y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional.

México, DF, a 14 de enero de 1999. Sen. Manuel Medellín Milán (rúbrica), Presidente de la Comisión de Administración, sen. Ernesto Navarro González, secretario de la Comisión de Administración, sen. Benito Rosell Isaac (rúbrica), secretario de la Comisión de Administración, lic. Graciela Brasdefer Hernández (rúbrica), tesorera del Senado de la República.

 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias 

DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL

A su reunión de trabajo del miércoles 27 de enero, a las 15 horas, en el salón ubicado en el edificio D, 2 piso, de esta H. Cámara de Diputados.

Orden del Día

1. Lista de presentes.
2. Lectura del Acta de la sesión anterior.
3. Presentación del Programa de Protección Civil para 1999.
4. Visita a la Central Núcleoeléctrica de Laguna Verde, así como a las instalaciones de Pemex, ubicadas en la zona sur de Veracruz.
5. Propuesta para realizar un recorrido por los países de Argentina, Chile y otros países de Sudamérica, para conocer sus Programas de Protección Civil.
6. Propuesta de la Subcomisión de Prevención para el desarrollo de Foros de Consulta para la construcción del Marco Jurídico de la Protección Civil.
7. Propuesta para realizar un trabajo de investigación y su publicación respectiva con la Organización Panamericana de la Salud.

Atentamente
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta