Honorable Asamblea Federal:
Los diputados integrantes de la IX Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, en ejercicio de la facultad contenida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de ese Poder Legislativo Federal, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, misma que presentamos al tenor de los siguientes:
Antecedentes
A través de los años, nuestro país ha contado con una serie de disposiciones jurídicas, contenidas en diversas normas de distinta jerarquía legal, generalmente orientadas a promover prácticas pesqueras racionales, que además de fomentar una actividad productiva, brinde oportunidades de empleo y haga de la pesca una fuente de alimentos para nuestro pueblo; esta larga tradición normativa y legislativa relativa al uso y conservación de recursos marinos comienza a mediados del siglo pasado, siguiendo durante la primera parte del presente siglo. Sin embargo, es hasta 1923 que se expide el primer reglamento de pesca marítima y fluvial de la república mexicana en donde se señalaron como atribuciones de la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento, aspectos sobre la conservación y promoción de la riqueza nacional, la autorización de permisos y contratos, vedas, clasificación de la pesca, finalidades y aprovechamiento, y es a partir de este primer cuerpo normativo en el que habría de sustentarse la primera Ley de Pesca emitida en 1925; Ley que articula de manera más consciente la importancia que le es atribuida a la actividad pesquera y en particular a la conservación y cuidado de esta riqueza nacional.
Igualmente la nueva concepción social del trabajo que se estableció en el país en los años treinta, trajo como consecuencia que la legislación pesquera fuera modificada, ya que en 1932 entró en vigor una nueva Ley de Pesca y al final de esa década se expidieron leyes relacionadas, tanto con las aguas territoriales como con las sociedades cooperativas, lo que consolidó un enfoque de aprovechamiento social de esta riqueza natural.
Con la introducción de los nuevos sistemas de pesca, de conservación, industrialización y sistemas de trabajo, así como el aprovechamiento de especies que antes no eran susceptibles de explotación, surgieron actividades comerciales y de transformación industrial que no estaban previstas en el marco normativo de esa época; por esta razón se hizo necesaria la actualización de la normatividad vigente. Esta actualización se logró al concretarse una Ley en materia pesquera en 1947; posteriormente vinieron modificaciones adicionales al marco legal pesquero, en 1950 y 1951, años en que se vinculó la actividad pesquera como un tema de estrecha relación a la alimentación popular.
En tiempos pasados, cuando la disponibilidad de recursos y los niveles de producción eran superiores a los actuales, además de que la densidad poblacional inversamente era inferior, la normatividad pesquera establecía medidas preventivas, que pudieron significar rigor para los depredadores o pescadores furtivos, pues la Ley Federal para el Fomento de la Pesca de 1972, en su artículo 78 bis, disponía pena corporal de 1 a 8 años de prisión, a los que poseyeran o adquirieran productos pesqueros para comercializarlos o industrializarlos, sin haber obtenido la documentación que acreditara su procedencia legal, incluso a los que carecían de dicha documentación y los proporcionaban o vendían a terceros, lo que aunado al Régimen de Especies Reservadas, se traducían en una definitiva protección, no solamente para los pescadores organizados, sino para la existencia, seguridad y desarrollo a nuestras comunidades pesqueras, cuyo único medio de vida, es y ha sido la pesca.
Finalmente, en 1986 fue aprobada la Ley Federal de Pesca, pero con el advenimiento de un enfoque de modernización en la vida de México, que fortalece la economía ya no sólo en lo interno en un ámbito protegido, si no con una nueva orientación que evitara esquemas regulatorios que inhibiera la productividad y generaran una sana competencia, se sometió al Congreso de la Unión y fue aprobada la actual Ley de Pesca en 1992.
Las acciones del sistema de organización social para la pesca, no se ha limitado para proporcionar el mejoramiento de quienes se agrupan o asocian con estas organizaciones, sino que también ha influido como definitivo elemento de beneficio, produciendo una repercusión de mejoría, a todos los que integran dichas comunidades, logrando ser realidad su justa y equitativa distribución de la riqueza general, y con ello, irrefutable ensayo social.
Históricamente, por lo que hace a los pescadores organizados en sociedades cooperativas, asentadas en la región pacífico-norte y zona sur de Baja California Sur, han sido los que en gran medida han soportado los costos para la introducción y sostenimiento de servicios públicos comunitarios como caminos, escuelas, clínicas hospitalarias, red y suministro de agua potable, instalaciones deportivas, red y suministro de energía eléctrica, entre otros, por lo que las inversiones sociales han sido cuantiosas, con el doble mérito desde luego, por lo difícil de los accesos a los respectivos centros de población, circunstancias que indudablemente deben ser tomadas en cuenta, para garantizar la permanencia y el desarrollo de las referidas comunidades pesqueras asentadas en los litorales no sólo del estado de Baja California Sur, sino de los otros estados con litorales, como Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Exposición de Motivos
Uno de los aspectos que en los últimos años viene afectando de manera singular el desarrollo de la actividad pesquera nacional, lo constituye el pirateo o pesca ilegal de especies de origen marino, principalmente de aquellas con el más alto valor comercial, como son los casos de abulón, langosta, camarón, callo de hacha, almeja mano de león, etc., provocando una verdadera anarquía en la industria, una sensible baja en los niveles productivos, incluso una seria amenaza de extinción de algunas especies como la totuaba, la vaquita y la tortuga marina, en flagrante atentado al consumo y riqueza nacional, induciendo además en muchas poblaciones pesqueras, evidentes trastornos sociales, dada la dependencia existente entre las comunidades que se sostienen y viven de la actividad pesquera y la disponibilidad de los recursos.
El problema de la pesca ilegal de recursos del mar, cuya actividad no solamente ha afectado a los pescadores organizados como titulares de permisos y concesiones para la explotación pesquera, ha trastocado las instituciones del propio gobierno, al darse circunstancias de corrupción, anarquía social, evasión fiscal y desvío de recursos económicos en labores de inspección y vigilancia que bien podrían destinarse para inversiones sociales, así como a la investigación y desarrollo de infraestructura pesquera. Es así, que se hacen necesarias las reformas al Código Penal Federal, a efecto de que se establezcan medidas que puedan significar rigor para los pescadores furtivos, ya que por una parte, actualmente la legislación pesquera sanciona dichos actos sólo como multas administrativas, que en muchos de los casos quedan sin ejecución, porque el domicilio del infractor es incierto, ya que en la mayoría de los casos, el mismo no tiene arraigo en las comunidades o lugares donde son sorprendidos, y por otra parte, el Código Penal Federal establece como delito y sanciona con pena privativa de la libertad a quienes intencionalmente capturan especies de origen marino declaradas en veda, siendo el caso que la ilegal explotación de dichos recursos se realizan en toda época del año, estando o no declarada la veda y sin respetar desde luego tallas o medidas oficiales.
La presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda del artículo 420 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, a efecto de que el inculpado que realice las conductas descritas en esa fracción sobre las especies denominadas abulón, camarón, langosta, callo de hacha o almeja mano de león, estando o no declaradas en veda sin respetar tallas o medidas oficiales o sin haber obtenido la documentación que acredite su procedencia legal, no se verá beneficiado con la libertad provisional bajo caución y, asimismo, se impongan las mismas penas contenidas en dicho artículo al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita, autorice o tolere cualquiera de las conductas señaladas en la referida fracción segunda.
Consideramos que estas reformas representan un avance invaluable en la defensa de la explotación nacional de los recursos marinos, ya que se ampliaría la aplicación de esta norma en todo tiempo, estando o no declaradas en veda las especies mencionadas, pues la explotación ilegal de estas especies se da en toda época del año.
En virtud de lo anterior, y toda vez que para la configuración del delito en actividad de pesca ilegal se requiere de elementos que definitivamente no corresponden a la realidad que se presenta día con día en los hechos, sugerimos la incorporación a la Ley mediante las reformas o adiciones correspondientes, de elementos específicos, que sin transgredir situaciones de orden social, protejan y tutelen aquellas especies de cuya disponibilidad signifique la permanencia, estabilidad y desarrollo de comunidades pesqueras.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esa Honorable Asamblea Federal, el siguiente:
Proyecto de Decreto
A través del cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 420 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común, y para toda la República, en materia de fuero federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 420.- Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de mil a veinte mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de la comisión del delito, a quien:
II. ...
El inculpado que realizare las conductas mencionadas en esta fracción sobre las especies denominadas abulón, camarón, langosta, callo de hacha o almeja mano de león, estando o no declaradas en veda sin respetar tallas o medidas oficiales o sin haber obtenido la documentación que acredite su procedencia legal, no se verá beneficiado con la libertad provisional o bajo caución para los efectos legales correspondientes. Las mismas penas previstas por este artículo se le impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualquiera de la conductas señaladas en esta fracción.
(III a V...)
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
La Paz, Baja California Sur,
a los ocho días de junio de 1999.
Atentamente
IX Legislatura del Congreso de Baja California Sur.
Diputados: Alejandro Felix Cota Miranda (rúbrica),
Antonio Lucero Lucero (rúbrica), dr. Benito Murillo Aguilar (rúbrica),
lic. Siria Verdugo Davis (rúbrica), Alvaro Gerardo Figuera (rúbrica),
José Rosario Verdugo Verduzco (rúbrica), Dominga Zumaya Alucano
(rúbrica), César Uzcanga Amador (rúbrica), Soledad
Saldaña Bañales (rúbrica), lic. Javier Gallo Reyna
(rúbrica), prof. José Javier Santoyo Lara (rúbrica),
Irma Patricia Ramírez Gutiérrez (rúbrica), dr. Francisco
Amador Hernández (rúbrica), prof. Pedro Graciano Osuna López
(rúbrica), Leobardo Redona Romero (rúbrica), Juan Sánchez
Ortiz (rúbrica), Juan Sebastián Romo Carrillo (rúbrica),
Pedro Enrique López (rúbrica), Víctor Manuel Martínez
de Escobar Cobela (rúbrica), Placido Fidel Cota Valles (rúbrica),
arq. Daniel Carrillo Maya (rúbrica).
DE DECRETO PARA MODIFICAR LOS ARTICULOS 9 Y 10 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1999
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
PRESENTES
Los suscritos diputados federales miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar por su conducto la siguiente:
Iniciativa de decreto para modificar los artículos 9 y 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999.
Exposición de Motivos
El titular del poder ejecutivo ha expuesto en diversos documentos la política de su administración en materia agropecuaria:
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1997 manifestó: "Los objetivos de la política de desarrollo del sector agropecuario se orientan a incrementar los ingresos netos de los productores". "Las líneas de acción de la política sectorial están enfocadas a fortalecer la rentabilidad del sector".
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1998 el presidente subrayó: "El objetivo es centrar todos los esfuerzos en el aumento de la productividad y la rentabilidad". "La estrategia debe estar dirigida a elevar de manera permanente los ingresos de los productores".
En el tercer informe de gobierno el presidente de la República señaló:
"El ahorro interno es base primordial del crecimiento" "El ahorro interno será la base del financiamiento de la inversión". Lo anterior forma parte de la política económica de Estado
La política de precios de los granos básicos tradicionalmente en manos del gobierno por conducto de Conasupo, sufrió un drástico cambio al decidir el gobierno retirarse de la comercialización de las cosechas, dejando a los productores más expuestos a los precios y condiciones de los mercados internacionales, aunque nuestros costos de insumos: fertilizantes, energía, combustibles, semillas, refacciones maquinaria, intereses, agroquímicos, fletes, agua, etc. aumenten a ritmos muy por encima de los externos. Estas diferencias han causado la descapitalización, los desequilibrios y penurias que vive y sufre el sector agrícola productor de granos básicos. La política de precios que tradicionalmente se manejó, siempre consideró el incremento de los costos para la fijación de los mismos; reponía el poder adquisitivo al productor.
Una muestra palpable de la situación crítica del sector agropecuario, es su cartera vencida. Los saldos al inicio del programa de rescate de deudores, sumaban $63 mil millones de pesos que adeudaban 802 mil productores. El Fondo para el Rescate de Deudores Agropecuarios (FINAPE) y el programa Punto Final, solamente han reestructurado el 68 por ciento de los montos vencidos. Quedaron por fuera 200 mil productores, por no tener efectivo para abonar y/o garantías adicionales que ofrecer. Sus saldos suman más de $20 mil millones de pesos.
Resulta preocupante que los deudores que reestructuraron no podrán pagar al vencimiento, por no estar generando los flujos suficientes, a causa del bajo ingreso en la venta de sus cosechas de granos básicos.
Otra consecuencia negativa de la insuficiencia de ingresos es la falta de redituabilidad y en consecuencia de utilidades; esto impide beneficiarse de programas dentro de la Alianza para el Campo; los mismos fueron constituidos para incentivar o promover la inversión; así por ejemplo, en el Programa de Mecanización, el productor que necesite comprar un tractor debe contar con el 90 por ciento del valor.
Los ingresos resultantes de los cultivos de granos básicos no son suficientes para sostener a la familia del productor, abonar a las carteras vencidas y mucho menos para renovar su maquinaria.
Para los productores de básicos, los ingresos de las cosechas son lo que los salarios para los trabajadores, su única fuente de sustento de ellos y sus familias.
La actualización anual de los salarios mínimos, pretende acercar los mismos a los incrementos de la inflación para efecto de mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Los productores de granos básicos piden un trato similar, equitativo y equiparable al del sector trabajador y además congruente con la política agropecuaria delineada por el Ejecutivo federal y plasmada en los documentos anteriormente señalados.
Una política de ingresos al productor que le siga empobreciendo a el y a la población dependiente del campo, es riesgosa; ahora es tiempo de invertir en la estabilidad y tranquilidad del país.
Los precios que SAGAR por conducto de su órgano técnico ASERCA ha establecido para los granos básicos durante 1999, son los mismos en términos nominales a los pagados en 1997, es decir este es el tercer ciclo agrícola con los mismos precios nominales.
El argumento que manifestó la autoridad hacendaria y de agricultura ante la reiterada petición de los productores por precios más altos que generaran ingresos mayores, siempre consistió en insuficiencia de recursos fiscales; no negaron ni niegan incluso actualmente la razón y justicia de la petición, pero, no se han concedido los apoyos en la proporción requerida.
Los gobiernos de todos los países apoyan a su sector primario, pero es más justificado hacerlo en países como México, donde todavía dependen del campo más del 25 por ciento de la población.
El comportamiento de las variables macroeconómicas durante 1999, ha sido muy positivo, tanto la paridad, el precio del petróleo, las tasas de interés; lo anterior nos permite contar con recursos para responder positivamente a la petición de recuperar el poder adquisitivo de los productores de granos básicos.
El presupuesto de egresos para 1999, estableció un monto de $1,574 millones de pesos para apoyos a la comercialización de granos básicos; dicha cifra es menor en 45 por ciento al monto autorizado en 1998 de $2,458 millones de pesos.
Proponemos modificar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, mediante una reasignación de montos. Reduciremos $1,790 millones de pesos al ramo 24 de Deuda Pública y adicionaremos el mismo importe al ramo 9 correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para aplicarse exclusivamente para apoyos complementarios a la comercialización de trigo, arroz, maíz y sorgo en base al anexo adjunto que forma parte de la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en las disposiciones constitucionales y secundarias invocadas al inicio, los diputados firmantes nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
Iniciativa de decreto que modifica los artículos 9 y 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999
Artículo Unico.- Se modifican los artículos 9 y 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999.
Artículo 9.-
Ramo Administrativo Cantidad
1.......
$............
2.......
$.............
3........
$............
4........
$............
5........
$............
6........
$............
7.........
$............
8 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural $23,212,953,200.00
9.........
$............
10........
$...........
11........
$...........
12........
$...........
13.........
$..........
14.........
$............
15..........
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16..........
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17.........
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18..........
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20..........
$............
21.........
$...........
27..........
$.............
31..........
$..............
32..........
$..............
................
................
...............
................
Artículo 10.-.............
Ramo General Cantidad
19................
$................
23................
$...............
24 Deuda Pública $133,569,142,661.00
25............
$................
28............
$...............
29............
$...............
30............
$...............
33.............
$................
Suma: $552,099,871,496.00
.................
Artículo transitorio
Unico.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reiteramos a ustedes Ciudadanos Secretarios nuestra distinguida
consideración.
Palacio Legislativo, 10 de agosto de 1999.
Atentamente
Diputados: Javier Castelazo (rúbrica), Adalberto
Balderrama (rúbrica), Felipe Rangel (rúbrica), Felipe de
Jesús Preciado (rúbrica), Emilio González (rúbrica),
Fortunato Alvarez (rúbrica), Jeffrey Jones Jones (rúbrica),
Ricardo Ortiz (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica),
Armando Rangel (rúbrica), Luis Villanueva (rúbrica), Espiridión
Sánchez (rúbrica), Joaquín Montaño Yamuni (rúbrica),
Abelardo Perales (rúbrica).
DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL
Al personal profesional, técnico y operativo de dependencias y organismos gubernamentales, organizaciones privadas, sociales, instituciones académicas y grupos altruistas voluntarios, vecinales y no-gubernamentales, que desarrollan tareas de, o afines a la protección civil, interesadas en el tema, al Foro Nacional
Hacia la Construcción del Marco Jurídico de Protección Civil Mexicana
Que se verificará abordando los temas: Planeación de la Protección Civil; Financiamiento de la Protección Civil; Educación, Capacitación y Adiestramiento para la Protección Civil; Información, Difusión y Divulgación para la Protección Civil; Operación de la Protección Civil; Participación Social en la Protección Civil: Grupos Voluntarios, Vecinales y No-Gubernamentales; Investigación y Desarrollo Tecnológico; Intercambio Internacional; La Responsabilidad del Servidor Público en la Planeación y Operación de la Protección Civil; e Interacción y Delimitación de la Protección Civil y otras Políticas Públicas.
El desarrollo de la consulta se materializará en las siguientes sedes y fechas correspondiendo a la primera y la última las ceremonias de inauguración y clausura, y a las restantes la consulta propiamente dicha:
Fechas y Sedes
2. Las aportaciones, comentarios y sugerencias que las personas u organizaciones determinen elaborar y presentar, tanto de manera directa en las sesiones de trabajo, como por los medios electrónicos mencionados, deberán enfocarse al contenido de dicho documento, a efecto de centrar la discusión, aunque dado que su carácter no es limitativo, podrán entregarse aquellos que se estimen como importantes para enriquecer el análisis y discusión del tema.
3. En el desarrollo de las sesiones, se procederá, entre las 10:00 y las 12:30 horas, a dar lectura al referido documento base, y posteriormente se dará paso a las intervenciones de especialistas en la materia, seguidas de un panel de reflexión entre los referidos ponentes, y sesiones de preguntas y respuestas, entre ellos y el público asistente; posteriormente, de las 12:30 a las 14:30 horas, se realizará la lectura de todos los trabajos libres que sean inscritos durante el periodo de registro de la reunión, por parte de sus autores. de las 14:30 a las 15:00 horas se leerán las conclusiones y se procederá a la clausura del evento. Los trabajos libres que no alcanzaran a leerse se incorporarán, en todos los casos, al proceso de análisis y elaboración del documento final de la consulta.
Los asuntos relativos a esta convocatoria, su contenido, el programa de trabajo y sus eventuales ajustes y/o modificaciones, así como cualquier otro tocante al tema serán resueltos en acuerdo por la Comisión de Protección Civil.
Por la Comisión de Protección Civil
Atentamente
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta
Dip. Martín Matamoros Castillo
Secretario
Estrella Vázquez Osorno
Secretaria
Oscar Aguilar González
Secretario
DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL H. CONGRESO DE LA UNION
A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el miércoles 18 de agosto a las 10 horas en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el cuarto piso del edificio D de este Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Francisco de Souza Mayo
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO REGIONAL Y APOYO A LA PRODUCCION
A su quinta reunión del presente periodo extraordinario que se llevará a cabo el viernes 27 de agosto a las 8:45 horas en el salón C del restaurante Los Cristales.
En dicha reunión habrá un intercambio de opiniones con el dr. Bela Szabadi secretario de Estado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural así como diputado de la Asamblea Nacional de la República de Hungría.
Atentamente
Dip. José E. Bonilla Robles
Presidente
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
Al Segundo Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Temáticas Parlamentarias en México, 1999.
Objetivo
Con el fin de dar continuidad a nuestra tradicional promoción de investigaciones profesionales sobre los temas relacionados con el estudio de la realidad política de nuestro momento, y de la misma forma fomentar la titulación con base en trabajos y reflexiones novedosas y serias que contribuyan al análisis de los nuevos escenarios que el país enfrenta se convoca al Segundo Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Temáticas Parlamentarias.
Bases
1. Podrán participar en el certamen todos los trabajos
de tesis de maestría y doctorado de estudiantes mexicanos
o residentes en el país, titulados en cualquier institución
de educación superior mexicana, que hayan sido elaborados hasta
antes de mayo de 1999.
2. Los trabajos podrán ser individuales o realizados
por equipos que no excedan tres personas.
3. Los trabajos deberán ser inéditos.
4. El fallo del jurado será inapelable.
5. Se podrá declarar desierto cualquier lugar.
6. Se podrán otorgar menciones honoríficas
a los trabajos que así lo ameriten.
7. El cierre de esta convocatoria es el 30 de septiembre
de 1999.
Temas
Transición Política
Partidos Políticos en México
Procesos de Democratización en México
Reforma del Estado
Parlamentarismo y Presidencialismo
Prospectiva Política y Parlamentaria
Economía y Política
Políticas Públicas
Análisis de iniciativas de Ley
Reformas Parlamentarias
Condiciones
1. Los trabajos deberán entregarse bajo seudónimo.
2. En un sobre cerrado se adjuntarán los datos completos de los concursantes (nombre real, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico e institución de procedencia). Este sobre será rotulado únicamente con el título del trabajo y el seudónimo utilizado para el concurso.
3. Deberán entregarse dos ejemplares del trabajo en cuya portada solamente aparecerá el título y el seudónimo, no deberá señalarse el nombre de la institución de procedencia.
4. Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, Edificio B Planta Baja en av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México DF, con atención a la lic. Yolanda Silvia Olvera o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 30 de septiembre de 1999.
Jurado
Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por:
Diversos especialistas de la ciencia política,
el derecho y áreas afines
Catedráticos e investigadores de instituciones
de educación superior
La mesa directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas
Premios
Primer Lugar: 20,000.00 y edición por el Instituto
de Investigaciones Legislativas.
Segundo lugar: 15,000.00 y publicación en la revista
Quórum.
Tercer Lugar: 10,000.00 y reconocimiento del Instituto
de Investigaciones Legislativas.
Para mayor información comunicarse con la lic. Yolanda Silvia Olvera, coordinadora de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Legislativas a los siguientes teléfonos: 56 28 14 21 o al 56 28 13 00 ext. 3129, fax 55 42 30 62 y dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam.mx
Atentamente
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
Presidente
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
A las instituciones educativas, de investigación, investigadores interesados y estudiosos en general a presentar Proyectos de Investigación y Estudios sobre el
Congreso y Temas Parlamentarios
Objetivo
Con el fin de promover y difundir la producción académica que desde una perspectiva teórica, histórica, comparativa o técnica auspicie temas relacionados con el estudio de las funciones, la actividad y las prácticas de la vida parlamentaria en México y en otros países. Y en la búsqueda de impulsar el desarrollo de un centro de documentación sobre el análisis de legislaturas, se prevé brindar apoyo financiero y/o de publicación a proyectos de investigación que sobre Estudios del Congreso Mexicano y temas Parlamentarios postulen investigadores independientes o instituciones académicas y de investigación.
Bases generales de participación
1. Podrán participar en la postulación todos los trabajos de investigadores mexicanos o residentes en el país o cualquier institución de educación superior mexicana y que sean acompañados de un proyecto de investigación rigurosamente estructurado, cuyos avances permanezcan inéditos para la fecha de cierre de esta convocatoria.
2. Los proyectos de investigación podrán tener de uno a tres coordinadores generales, en cuyos casos se indicará quién será en última instancia el responsable principal de continuar y finalizar la investigación.
Temas
Historia del Congreso Mexicano
Análisis Comparativos sobre Derecho Parlamentario
Análisis sobre Reformas Constitucionales
Consolidación del Poder Legislativo en la Historia
Mexicana
Evolución de la Organización y Práctica
Legislativa
Estructura y Funcionamiento de las Legislaturas
Importancia del Poder Legislativo en los Procesos de
Transición Democrática
Estudios Comparativos sobre Congresos a Nivel Nacional
e Internacional
Prospectiva Política y Parlamentaria
Procedimiento
1. Deberán enviarse tres ejemplares del proyecto de investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, antes del 31 de diciembre de 1999.
2. Se tomarán en cuenta la claridad y la coherencia en el planteamiento de los objetivos, así como en la elaboración de los programas de trabajo y de difusión y la estimación de los costos reales del proyecto en todas sus etapas.
3. Todas las propuestas deberán incluir un programa detallado para la totalidad del trabajo que se propongan realizar, incluyendo las etapas de planeación, investigación, desarrollo, producción, obtención de recursos adicionales, difusión etc., según sea el caso.
Financiamiento
Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo financiero que contemple las necesidades propias del programa de trabajo de cada uno, siendo entregado en función de su cronograma de actividades, así como un apoyo en la publicación de los resultados finales.
Documentación
Todas las propuestas deberán estar acompañadas de la documentación que se indica enseguida. Las propuestas incompletas, o cuyo material no se ajuste a las especificaciones indicadas, no serán turnadas al Comité de Evaluación.
1. Original y dos copias del proyecto (máximo 20
cuartillas).
2. Original y dos copias de la síntesis del proyecto
(máximo cinco cuartillas).
3. Original y dos copias del presupuesto detallado del
costo total del proyecto.
4. Original y dos copias del cronograma de actividades.
5. Original y dos copias de curriculum vitae, resumido
(máximo dos cuartillas). Deberá destacarse la trayectoria
previa en relación con la disciplina del proyecto que se pretende
realizar.
Consideraciones finales
A partir de la fecha de entrega del proyecto, el Comité de Evaluación integrado por la Mesa Directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas, quien a su vez podrá auxiliarse de especialistas y miembros, del Consejo y del Equipo Editorial de la Revista Quórum, tendrá un plazo máximo de sesenta días hábiles para responder oficialmente a través de un dictamen sobre las posibilidades de financiamiento y/o publicación de la propuesta en cuestión.
Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, Edificio B Planta Baja en Av. Congreso de la Unión s/n, Col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México DF, con atención a la lic. Yolanda Silvia Olvera o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 31 de diciembre de 1999.
Para mayor información comunicarse con la lic. Yolanda Silvia Olvera, coordinadora de Investigaciones del Instituto de investigaciones Legislativas a los siguientes teléfonos: 56 28 14 21 y 56 28 13 00 ext. 3129; fax 55 42 30 62, dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam.mx
Atentamente
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
Presidente