La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
Considerando:
I. Que conforme a lo dispuesto por el artículo
77, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras puede, sin la
intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas
a su régimen interior;
II. Que el artículo 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión
de Régimen Interno y Concertación Política es el órgano
de gobierno de la Cámara de Diputados facultado para suscribir acuerdos,
cuyo fin es el de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas,
políticas y administrativas. Aprueba el siguiente:
Acuerdo para el uso de los vehículos propiedad de la H. Cámara de Diputados
1. El presente acuerdo tiene como fin regular el uso y
asignación de los vehículos propiedad de la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.
2. Este acuerdo es de observancia obligatoria para todos
los grupos parlamentarios, diputados y servidores públicos de esta
H. Cámara.
3. El Comité de Administración evaluará,
en marzo de cada año, la situación del parque vehicular y
definirá la necesidad de reposición o baja.
4. Para efectos de las presentes normas, se considerará
como automóvil tipo económico aquel cuyo modelo sea Tsuru
típico o su equivalente.
Asimismo se considerará como automóvil
tipo medio aquel cuyo modelo sea Contour o Stratrus semiequipado o su equivalente.
5. Tendrán derecho al uso de un automóvil
tipo medio las siguientes personas:
a) Las Comisiones y Comités que justifiquen ante
el Comité de Administración la necesidad de vehículos.
b) Los coordinadores de los grupos parlamentarios.
c) El secretario técnico de la CRICP.
d) El C. oficial mayor o su equivalente.
e) El C. tesorero o su equivalente.
f) El coordinador de Comunicación Social o su
equivalente.
5. Tendrán derecho al uso de un automóvil tipo económico los siguientes servidores públicos:
a) El secretario particular del oficial mayor.
b) El secretario particular del tesorero.
c) Directores generales o su equivalente.
6. A los grupos parlamentarios se les asignará
un vehículo a cada uno, más un número proporcional
de acuerdo a los recursos disponibles.
7. Los vehículos comprendidos en este acuerdo
serán del uso exclusivo de la H. Cámara de Diputados y sólo
podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus actividades.
8. Todo vehículo de la H. Cámara asignado
a grupo parlamentario o servicio tendrá un resguardo firmado por
el responsable administrativo correspondiente. El mantenimiento de los
vehículos estará a cargo de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios y la vigilancia de éste en cada
grupo parlamentario estará a cargo del responsable respectivo.
9. A ningún vehículo propiedad de la H.
Cámara de Diputados se le podrá colocar emblemas, lemas,
escudos o nombres de algún partido político.
10. Los grupos parlamentarios, diputados y servidores
públicos que reciban uno o varios vehículos propiedad de
la H. Cámara de Diputados serán responsables de su buen uso.
El mantenimiento y servicio de los vehículos, correrá por
cuenta de la H. Cámara de Diputados, los cuales se realizarán
en talleres autorizados por la misma, a través de su Departamento
de Transportes.
11. Los grupos parlamentarios, diputados y servidores
públicos que reciban uno o varios vehículos propiedad de
la H. Cámara de Diputados, tendrán derecho al uso de ellos
de conformidad con lo establecido en este acuerdo, durante la LVII Legislatura
o durante el tiempo que duren en sus funciones, debiendo ser entregados
al Comité de Administración de la Cámara de Diputados
a más tardar el día 15 de agosto del año 2000.
Transitorios
1. Todos aquellos que tengan en su poder vehículos
propiedad de la H. Cámara de Diputados sin que tengan derecho a
ello, de conformidad con el presente acuerdo, deberán devolverlos
a más tardar el 31 de marzo del año en curso.
2. Este acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación en la CRICP.
Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente ( PRD, rúbrica),
Dip. Arturo Núñez Jiménez (PRI,
rúbrica),
Dip. Carlos Medina Plascencia (PAN, rúbrica),
Dip. Jorge Emilio González Martínez (PVEM,
rúbrica),
Dip. Alejandro González Yáñez (PT,
rúbrica).
PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA PROBLEMATICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL, EL CUAL SE TURNO A LAS COMISIONES DE COMERCIO Y DE ASUNTOS
FRONTERIZOS EN LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL 17 DE MARZO DE 1998
Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, vengo hoy ante esta Honorable Asamblea con el propósito de llamar su atención respecto de un problema que amenaza con obstaculizar el avance económico de la región fronteriza norte.
Me refiero al vencimiento del régimen arancelario de dicha región fronteriza programado para el 31 de diciembre del presente año.
La finalización de dicho régimen provocará sin lugar a dudas efectos negativos para la competitividad de la actividad comercial, sobre todo en el estado de Baja California, en donde podríamos sufrir fuga masiva de compradores, disminución de ventas del sector comercial y cierre de establecimientos.
Este régimen, llamado de transición del esquema antiguo de zona libre hacia el régimen ordinario general del país ha permitido un comercio flexible, con condiciones de competencia frente al extranjero, dado que permite al menos hasta 1998. La importacion de bienes de consumo duraderos y no duraderos con tasas arancelarias de 0 y de 5 por ciento.
Este mecanismo ha funcionado con base en dos decretos emitidos el 29 de diciembre de 1995, que sustituyen a los que a su vez suplieron el régimen de zona libre que estuvo vigente desde junio de 1939 hasta enero de 1994.
De esta manera el tratamiento de excepción, que no de privilegio, que se dio a Baja California en materia arancelaria, entró en proceso gradual de extinción desde 1994, para desaparecer en el año 2000 con la incorporación al régimen ordinario comercial del país, en virtud de que las barreras arancelarias del mayor proveedor del país (Estados Unidos de Norteamérica) se eliminaron, pero sin tomar en cuenta que nuestro estado tiene un flujo comercial importante con países fuera del área de Norteamérica, principalmente la cuenca del Pacífico asiático, por lo que se perderán las ventajas que se tenían para comerciar con ellos.
Este cambio de régimen arancelario implicará para el comerciante-importador abandonar sus fuentes de abasto o seguir importando mercancía con tasas arancelarias mas elevadas que repercutirán en el consumidor.
Son más de 10 000 fracciones arancelarias que pasarán a partir de 1999 de una tasa máxima del 5 por ciento a una del 35 por ciento.
Señoras y señores diputados, Baja California ocupa el segundo lugar en recaudación por concepto de impuesto sobre comercio exterior sólo después de Tamaulipas, con lo que se compensa claramente el costo del tratamiento arancelario que recibe el estado.
Baja California es líder en personal ocupado en el sector comercial, su nivel de ventas, valor agregado e ingresos brutos totales lo hacen el estado con mayor productividad relativa.
De igual forma Baja California es líder en población mejor remunerada toda vez que el 58 por ciento de la población se sitúa en los rangos de más de 2 salarios mínimos y más de 10 salarios mínimos, su tasa de desempleo es de 1.2 por ciento, la más baja del país.
Baja California es el único estado con saldo positivo en sus transacciones fronterizas, capta casi el 50 por ciento de los ingresos totales de la frontera norte, lo que hace evidente la capacidad competitiva del sector comercial.
El sector comercial de Baja California es el de mayor participación estatal en el PIB con respecto a los demás estados fronterizos.
Sin embargo, la actividad económica fronteriza ha estado sujeta a un proceso de regulación creciente que ha contribuido a entorpecer los flujos de importación.
Ciertamente se flexibilizaron algunos procedimientos con la apertura comercial del país pero han aparecido medidas regulatorias que pretenden garantizar protección al consumidor y evitar prácticas desleales, pero al final de cuentas el comercio fronterizo que vive de suyo una realidad de mayor grado de apertura comercial que el resto del país es quien recibe los efectos negativos de dichas medidas.
Por ejemplo existen medidas como la Norma Oficial Mexicana, autorizaciones sanitarias, cuotas compensatorias etc., que resultan inoperantes en nuestra región porque no se adaptan a la operatividad comercial regional, tal es el caso de la falta de laboratorios para verificar la calidad de los productos, o la aplicación de cuotas compensatorias que pretenden proteger productos nacionales que finalmente no llegan a nuestra entidad o no surten la demanda, provocando la necesidad de importar pagando con el costo adicional de las cuotas.
Compañeras y compañeros diputados, resulta indispensable para el comercio fronterizo la continuación del régimen en comento, a fin de obtener los beneficios arancelarios que el decreto concede, de tal manera que no se interrumpa el proceso de consolidación del sector.
Y no se obstaculice el desarrollo económico de una las regiones mas progresistas del país pero que de igual forma tiene que hacer frente al más poderoso competidor del norte en virtud del Tratado de Libre Comercio.
Por lo anterior creemos necesario que esta Cámara se pronuncie a favor de la continuación de los decretos de la región fronteriza que otorgan beneficios arancelarios para las importaciones originarias de terceros países hasta el 31 de diciembre del 2005.
a) Con el fin de dar oportunidad a que se incremente la
concurrencia, a la región fronteriza, de productos de origen nacional
y los de los países con los que México tiene acuerdos comerciales.
b) Con el propósito de que el sector comercial
de la región fronteriza consolide su capacidad competitiva internacional.
c) Dado que dentro de la actividad comercial es de vital
importancia la planeación financiera y mercadológica y que
la incertidumbre que priva en estos momentos en la zona fronteriza puede
incluso generar perjuicios económicos en el presente año.
Los suscritos diputados federales de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados de la LVII Legislatura se pronuncia por ampliar la vigencia de los decretos de la región fronteriza en lo que se refieren a los beneficios arancelarios para las importaciones originarias de terceros países hasta el 31 de diciembre del año 2005.
Segundo: Hágase del conocimiento del Ejecutivo.
Dip. Jesús González Reyes (rúbrica),
Dip. Ricardo Fernández Candia (rúbrica),
Dip. Juan Marcos Gutiérrez G. (rúbrica),
Jorge Esparza Carlo (rúbrica),
Dip. Francisco Javier Reynoso (rúbrica),
Francisco Vera González (rúbrica),
Fortunato Alvarez E. (rúbrica),
Elihar Flores P. (rúbrica),
Dip. Trinidad Escobedo Aguilar (rúbrica).
Exposición de motivos
En la reflexión para la enmienda a la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos que proponemos con esta iniciativa, es inevitable hacer un breve repaso de otros textos constitucionales como antecedente que contribuya a ilustrar la fundamentación de la reforma que sometemos a la consideración de esta Soberanía.
En efecto, la Constitución estadounidense, expedida el 17 de septiembre de 1787, la más antigua del mundo en vigencia, reconoce en la institución del Presidente de la República tres elementos esenciales:
1. Que el Poder Ejecutivo es unipersonal.
2. Que el Presidente es el comandante en jefe de las
fuerzas armadas.
3. Que el Ejecutivo tiene a su cuidado la fiel ejecución
de las leyes.
En el caso norteamericano, toda la fuerza y poderío que ha tomado la institución presidencial proviene no de los enunciados constitucionales, sino de la interpretación que a los mismos ha dado la Suprema Corte de ese país.
A partir de la Guerra Civil, la Corte estadounidense amplió las facultades del Primer Mandatario, estableciendo con claridad los preceptos de seguridad nacional como privilegio del Ejecutivo, la dirigencia de la política exterior y la coordinación de los asuntos públicos.
Era claro que la anarquía figuraba como preocupación fundamental en las reflexiones de los constituyentes norteamericanos, con motivo de la sublevación de 1786 en el estado de Massachusetts dirigida por Daniel Shay, y no dudaban en la necesidad de crear un gobierno federal vigoroso, con un poder ejecutivo fortalecido que pudiera controlar ese tipo de contingencias, propósito que el gobierno de la Confederación había sido incapaz de lograr.
La Constitución estadounidense, que llegó traducida a México en 1823, y la Constitución de Cádiz de 1812, reinstaurada en nuestro país hacia 1820, fueron tomadas en cuenta para dar forma al Poder Ejecutivo en México.
Promotor del federalismo entre los mexicanos, Miguel Ramos Arizpe, quien fuera diputado a las Cortes de Cádiz y conocedor de la Constitución norteamericana, fue quien promovió un Poder Ejecutivo unitario, con las facultades suficientes para afrontar las emergencias a las que el país se enfrentaba y seguiría enfrentando posteriormente.
La unicidad en la figura del Primer Mandatario representaba el vigor necesario para tomar decisiones con celeridad y secreto, y el temor de que un sólo presidente se convirtiera en déspota o tirano estaría disipado, para Ramos Arizpe y otros constituyentes mexicanos, por varios candados del sistema político, como el tener un mandato fijo de cuatro años, contar con un régimen federal y, sobre todo, con un sistema de responsabilidad política para el titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, no fue fácil aceptar la unicidad en la figura del Primer Mandatario, pues se dieron varias propuestas para implantar un Ejecutivo colegiado, entre las que destacaron la del ilustre yucateco Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, padre del juicio de amparo, y la de Miguel Guridi y Alcocer, antiguo diputado a las Cortes de Cádiz, quienes proponían depositar el Ejecutivo en tres y dos personas respectivamente.
Pero la propuesta más original se dio el 13 de febrero de 1824 en voz del diputado Demetrio del Castillo, quien propuso un triunvirato integrado por un Presidente, un Vicepresidente y un Presidente designado que entraría en funciones de Presidente al concluir el periodo del primero. Se argumentaba que la concurrencia de varios intelectos en la toma de decisiones evitaría festinar las mismas y, además, que el segundo y el tercero nombrados en la jerarquía del poder tendrían la facultad de supervisar los actos del Presidente y de acusarlo ante el Congreso para que éste fincara la responsabilidad política que procediera en caso de violar la Constitución.
Tal propuesta parecía satisfacer todas las inquietudes que se generaron en el Congreso Constituyente de 1824 y resultaba imbatible frente a la insistencia de Ramos Arizpe en favor del Ejecutivo único. Sin embargo, este diputado reiteraría su postura sobre la necesidad de discreción y celeridad en la toma de decisiones, y como contrapropuesta planteó la formación de un Consejo de Gobierno integrado por la mitad de los senadores, quienes velarían porque los actos del Primer Mandatario fueran dictados conforme a la Constitución y a las Leyes, fortaleciendo al mismo tiempo el Federalismo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, pues los senadores, símbolo clásico de la representación de las entidades federadas, tendrían participación en las decisiones ejecutivas; asimismo, el titular del Ejecutivo, al consultar al Consejo de Gobierno, compartía responsabilidades con el órgano que precisamente se encargaría de su juicio político.
La fórmula de Ramos Arizpe fue finalmente aprobada el 14 de julio de 1824, con un Poder Ejecutivo unitario, aunque asesorado y supervisado por un Consejo de Gobierno que funcionó en México de 1825 a 1853.
Esta estructura constituyó un alejamiento del modelo norteamericano, como lo acusa el hecho de que la Constitución de 1824 otorgó al Presidente plenas facultades para nombrar y remover a los secretarios de Estado, lo cual fue un rasgo distintivo de nuestro presidencialismo en comparación con el estadounidense.
El control que nuestra Constitución otorgó al titular del Ejecutivo es, de alguna manera, consecuencia del concepto de unicidad en el presidencialismo que, además, está sustentado en el régimen de responsabilidad política del Presidente, ya que si éste era responsable de sus actos, lo menos que podía hacer el constituyente era otorgarle una absoluta libertad para nombrar y remover a sus colaboradores, así como sancionados en caso de incumplimiento a sus acuerdos.
Entre las diferencias notables de ambos regímenes presidenciales destaca que en 1824 la reelección presidencial mexicana fue limitada al supuesto de que pasaran cuatro años después de su primer periodo de ejercicio. Esto fue implantado en México por sugerencia de Fray Servando Teresa de Mier, quien en el Congreso se pronunció por evitar que un Presidente en funciones se entregase a la labor política de su reelección. Posteriormente, la reelección sería liberalizada en la Carta Magna de 1857 y manipulada por las reformas constitucionales de Porfirio Díaz y Alvaro Obregón, para concluir prohibiéndose en forma absoluta en 1933.
Sometida a embates inéditos, la institución presidencial mexicana se encuentra en el punto crítico de una revaluación que apremia. Con breves antecedentes inmediatos ilustrativos advertimos que el presidencialismo se consolidó a pesar de las limitaciones que al Poder Ejecutivo impuso la Constitución de 1857, prevenida por el temor de una nueva Alteza Serenísima, porque sublevaciones intestinas e invasiones externas exigieron todas las virtudes de energía y unidad que se esperaban del titular del Ejecutivo. Restaurada la República, Benito Juárez fue el primero en tratar de fortalecer constitucionalmente a la presidencia, en su tiempo itinerante y acosada por el imperialismo.
A pesar de los excesos porfiristas que auguraban para México un sistema presidencial inspirado en la desconfianza hacia el Poder Ejecutivo, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, propicia la eliminación del sistema de elección congresional al señalar que si bien los constituyentes del 57 concibieron al Poder Ejecutivo libre en su esfera de acción para desarrollar su política, sin más limitaciones que respetar la Ley, no completaron su pensamiento porque le restaron prestigio haciendo mediata su elección. Fue entonces que el constituyente Francisco J. Mújica, con la idea de unidad y vigor del Ejecutivo bien plantada en la convicción de los mexicanos, lo eleva en 1917 a la categoría de "guardián de la sociedad".
México tiene hoy un régimen presidencial por mandato de su Carta Magna, cuyo artículo 80 deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo al que denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este es, el cimiento jurídico de la unicidad que caracteriza al ciudadano responsable del gobierno federal.
Su importancia obvia requiere la mayor sustentación posible del voto ciudadano para ejercer cabalmente sus funciones con la aceptación mayoritaria de la sociedad, dispuesta solidariamente así a participar en la construcción de un México incluyente, igualitario y plural, en el que todos tengan los mismos derechos y obligaciones en las leyes y en los hechos.
Atravesamos por una época de transformaciones impetuosas, subrayada por vertiginosos cambios institucionales en todo el mundo, como respuesta a circunstancias y necesidades apremiantes. México no es la excepción. De cara al proceso electoral del año 2000, el bipartidismo dejó ya de caracterizar a nuestra vida política en sus resultados electorales, pues vivimos la insurgencia de una pluralidad creciente que corresponde a una mayor participación e interés de la ciudadanía en la cosa pública. La crisis del sistema político mexicano, en su transición hacia una democracia plena, nos sitúa de lleno ante la necesidad de afrontar los nuevos retos que a la Nación emplazan con un Poder Ejecutivo cuya fortaleza esté cimentada en una mayoría absoluta del electorado.
Aunque aún faltan dos años para definir la sucesión presidencial, ya están afectando visiblemente el escenario político mexicano, con características diferentes y rostros nuevos, turbulencias intestinas y presiones externas. Hoy como ayer, estas condiciones exigen de nueva cuenta las virtudes de un presidente "guardián de la sociedad" para el México del nuevo milenio.
Consecuentemente proponemos, para obtener el amplio respaldo popular que un Ejecutivo fuerte requiere, que si en una primera elección ningún candidato a la Presidencia de la República obtiene la mayoría absoluta de los votos, se realice entonces una segunda elección en la que sólo participen quienes en la primera hayan obtenido las dos votaciones más altas, de manera que en la segunda vuelta alguno de los contendientes alcance la mayoría absoluta para dar una base sólida de apoyo popular a la institución presidencial.
En Europa, las constituciones de Francia, Portugal y Austria contemplan el empleo del ballotage, la segunda vuelta; en Latinoamérica, las de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Haití, Perú, Ecuador y Brasil. Para ilustrar nuestra ponencia recogemos el caso de Brasil, en cuya Constitución el artículo 77, fracción III, se asienta: "Si ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se procederá a una nueva elección dentro de los 20 días posteriores a la proclamación de los resultados; concurrirán a dicha votación los dos candidatos más votados y se considerará electo aquél que obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos. El 15 de noviembre y el 17 de diciembre de 1989, los brasileños efectuaron las dos vueltas de sus comicios con los siguientes resultados: en la primera , Fernando Collor de Mello, 28.52 por ciento; José Inacio Lula da Silva, 16.08 por ciento y Leonel Brizola, 15.45 por ciento; y en la segunda : Collor, 49.94 por ciento y Lula 44.23 por ciento. No era lo mismo ser presidente con el voto de sólo un 28.52 por ciento del electorado que con el voto del 49.94 por ciento.
En México, las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 dieron al Partido Revolucionario lnstitucional el 50.28 por ciento de los votos, al Frente Democrático Nacional un 30.8 por ciento y al Partido Acción Nacional el 17.7 por ciento.
Posteriormente, desde las elecciones presidenciales de 1994 quedó clara la tendencia relevante hacia el pluripartidisrno al obtener el PRI un 50.13 por ciento de la votación, el PAN un 26.69 por ciento y el PRD un 17.07 por ciento. Esta tendencia fue ratificada más tarde con los resultados electorales federales para diputados en 1997, cuando el PRI, el PAN y el PRD recibieron, respectivamente, el 39.97 por ciento, el 27.20 por ciento y el 26.29 por ciento de los sufragios.
Por otra parte, el 17 de agosto de 1997 San Luis Potosí exploró con buen éxito la segunda vuelta, en 23 de 58 municipios donde ningún candidato obtuvo inicialmente la mayoría absoluta que establece la legislación electoral de esa entidad.
Lo anterior nos augura para el año 2000 unas elecciones presidenciales muy reñidas entre los candidatos de los tres partidos políticos principales, comicios que podrían desembocar en la victoria de alguno de ellos con un porcentaje precario inferior al 50 por ciento de los votos. Tendríamos una Presidencia sin el respaldo popular necesario para el cabal desempeño de sus funciones.
Precipitados los tiempos electorales del año 2000, México se anticiparía con esta reforma a una posible crisis política, si el candidato triunfador se alzara, pongamos por ejemplo, con sólo un 33.4 por ciento de los sufragios: el Presidente así elegido tendría una oposición electoral mayoritaria del 66.6 por ciento, cifra de muy malas expectativas, renuente a su proyecto de gobierno. Peor nos iría si el triunfo se diera, diluida la votación entre cinco partidos, con el 28.52 por ciento de los sufragios como los que obtuvo el candidato brasileño Collor en la primera vuelta de la jornada electoral que lo llevó al poder.
Resulta obvio que para su aplicación en los próximos comicios presidenciales, nuestra propuesta en favor de la segunda vuelta, o ballotage mexicano, requiere adecuaciones complementarias en materia electoral.
Esta propuesta reconoce en la sociedad mexicana las condiciones de pluralidad que destacan en el panorama político nacional; supera un esquema bipartidista ya inoperante y apunta al desarrollo y fortalecimiento de un régimen democrático, con partidos auténticos, de tesis doctrinarias y postulados programáticos independientes del poder público, y con existencia definida por el favor de sus afiliados y simpatizantes.
Por las razones expuestas, el suscrito, en uso de las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II, 72, y de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone la siguiente iniciativa de:
Decreto que Reforma el Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Unico.- Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 81.- La elección del Presidente será directa, en los términos que disponga la Ley Electoral, y requerirá de la mayoría absoluta de los votantes. Para este efecto, de ser necesario, se celebrará una elección de segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios.
Transitorios
Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de marzo de 1998.
Dip. Rafael Alberto Castilla Peniche (rúbrica).
Secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo:
Resulta de gran importancia que los proyectos que habrá de realizar esta Comisión y las respectivas subcomisiones con base en el Plan de Trabajo 1997-2000 aprobado por quienes la integramos, se traduzcan en una respuesta a las necesidades y expectativas del Movimiento Cooperativo Nacional. En consecuencia es conveniente que tales proyectos sean avalados, apoyados e incluso enriquecidos precisamente por quienes integran dicho movimiento.
Por lo anterior, se ha considerado la conveniencia de propiciar la formación de un órgano colegiado de consulta y opinión integrado por personas representativas del Cooperativismo Mexicano, dirigentes de cooperativas exitosas, de uniones, federaciones y confederaciones de todas las ramas de actividades, instituciones de asistencia técnica al cooperativismo, académicos y teóricos en la materia cooperativa, así como la Directiva y coordinadores de esta Comisión. A tal grupo le denominaremos Consejo Consultivo de la Comisión de Fomento Cooperativo.
Se pretende que los integrantes de tal consejo celebremos reuniones una vez al mes en esta Cámara de Diputados. En dichas reuniones, además de tener la oportunidad de escuchar de viva voz la problemática que afecta al Movimiento Cooperativo Nacional en sus diferentes sectores, regiones y áreas de actividad, así como una serie de recomendaciones, sugerencias y propuestas de trabajo y colaboración, expondremos tanto el Plan de Trabajo de la Comisión como los Subprogramas de Trabajo para 1998 de cada una de las subcomisiones, y comentaremos las acciones emprendidas y su grado de avance a fin de escuchar las opiniones y puntos de vista de los participantes. Esto se traduce en un trabajo en el que estaremos colaborando tanto representantes de la nación como representados, lo cual repercutirá en una mayor precisión respecto de las actividades de esta Comisión y coadyuvará a que las federaciones, uniones y confederaciones fortalezcan sus relaciones y se logre un consenso para la constitución del Consejo Superior del Cooperativismo.
Hemos programado que la primera reunión del Consejo Consultivo del Cooperativismo se celebre el día 18 de marzo del presente año en un desayuno, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales de esta Cámara de Diputados. Se anexa al presente una lista de las personas a quien se invitará a formar parte del Consejo Consultivo.
Compañero diputado, espero contar con su participación en la reunión señalada y en las subsecuentes que celebre el Consejo, por lo que de antemano le agradezco sus comentarios y su confirmación de asistencia.
Atentamente
Dip. Emilio González Márquez
Presidente
PRIMERA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO
Orden del Día
Por parte de esta H. Cámara de Diputados, asistirán:
Dip. Emilio González Márquez,
Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo.
Dip. Antonio Alvarez Hernández,
Secretario.
Dip. José Carlos Cota Osuna,
Secretario.
Dip. Gonzalo Augusto de la Cruz Elvira,
Secretario.
Dip. Carlos Fernando Rosas Cortés,
Coordinador de la Subcomisión de Organización
y Promoción.
Lic. José Luis Martínez González,
Secretario técnico de la Comisión de Fomento
Cooperativo.
Lic. Rosendo Rojas Coria,
Asesor técnico.
Dr. Juan José Rojas Herrera,
Asesor técnico.
Invitados
Lic. Manuel Antonio Murúa Mejorada,
Director de la Escuela de Cooperativismo de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Prof. Florencio Eguía Villaseñor,
Asesor cooperativista de la Caja Popular Mexicana.
Lic. Luis Juárez Cadena,
Director general del Instituto Mexicano de Desarrollo
Cooperativo.
Lic. Alberto Antonio Loyola Pérez,
Intelectual cooperativista.
Lic. Jesús Carlos Hernández Martínez,
Intelectual cooperativista.
Lic. Ernesto Montiel Cázares,
Gerente general de la Federación de Cooperativas
de Occidente.
Pbro. Manuel Velázquez Hernández,
Director general del Secretariado Social Mexicano.
Lic. Guillermo Alvarez Cuevas,
Director general de la Sociedad Cooperativa de Cementos
La Cruz Azul.
Lic. Felipe Figueroa Ruiz,
Gerente general de la Unión de Cajas Populares,
Cooperativas y Sociedades de Ahorro y Préstamo.
Sr. Elías Escobar Díaz,
Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual.
Prof. Saúl Díaz Morales,
Presidente del Consejo de Administración de la
Confederación Nacional Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Lae. Jorge López Gudiño,
Gerente general de la Caja San José de Tlajomulco.
Lic. Andrés Puente Cruz,
Gerente general de la Caja La Libertad, SCL.
Sr. Jorge Muñoz Villanueva,
Presidente de la Confederación Nacional Mexicana
de Cooperativas Pesqueras.
Lic. Mario Rechi Montiel,
Intelectual cooperativista.
Sr. Miguel Acosta Ruelas,
Intelectual cooperativista.
Sr. Javier Vargas Macías,
Presidente del Consejo de Administración de la
Caja Popular San Miguel de Mezquitán.
Sr. Apolinar Medina Arista,
Asesor educativo de la Federación Regional de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Noreste.
Ing. Ramiro Ramírez González,
Gerente general de la Sociedad Cooperativa de Productores
de Leche de Acatic.
Lic. Isabel Cruz Hernández,
Director general de la Asociación Mexicana de
Uniones de Crédito del Sector Social.
Sr. Gerardo Gómez Castillo,
Director general de la Sociedad Cooperativa Alijadores
de Tampico.
Ing. José de Jesús García Robles,
Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa Rural de Compra-Venta y Comercialización El Grullo Jalisco.
Ing. Rafael Armando Medina Puga,
Director general de la Caja Crescencio A. Cruz.
Cp. Federico Montes Cedillo,
Catedrático de Cooperativismo.
Cp. Ramón Ruiz Castro,
Asesor de la Sociedad Cooperativa de Cementos La Cruz
Azul.
Lic. José Hernández Domínguez,
Gerente general de la Caja Popular La Monarca.
Ing. Gerardo González Dueñas,
Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la Comarca Lagunera y Coordinador
de la Unión de Cooperativas Agropecuarias del Norte del País.
Mc. Miguel García Olvera,
Catedrático en materia cooperativa.
DE LA COMISION DE COMERCIO
Asu reunión que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo de 1998, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A su cuarta reunión plenaria que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo de 1998, a las 15 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Presentación de documento de posicionamiento y estrategia sobre compresión de representaciones foráneas de Sectur y recorte presupuestal a la promoción turística (preservación de las funciones sustantivas de promoción).
5. Asuntos generales:
5.1 Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona
La Ley de Pesca.
5.2 Fecha de reunión con el Secretario de Turismo.
5.3 Reunión con el CNET.
5.4 Propuesta de módulos de análisis del
trabajo en Comisiones.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, AL SEMINARIO SEGURIDAD PUBLICA
La LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas y la Comisión de Seguridad Pública, le invita al seminario Seguridad Pública, que se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo de 1998 salón Verde de la H. Cámara de Diputados 16 a 20 horas.
Objetivo
Promover la reflexión y discusión del tema de Seguridad Pública, coadyuvando al mejor entendimiento del problema y sus posibles resoluciones en la Agenda Legislativa de la LVII Legislatura.
Dirigido a
Legisladores, funcionarios públicos y de gobierno con responsabilidades en la materia, académicos e investigadores, profesionales de los medios de comunicación y público en general.
PROGRAMA
18 de marzo
Moderador: Sadot Sánchez Carreño, diputado federal, secretario de la Comisión de Seguridad Pública.
16:00-16:25 Dip. Armando Salinas, Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública de la Asamblea del DF.
16:25-16:50 José Espina von Roehrich, diputado
federal, secretario de la Comisión de Seguridad.
16:50:-17:15 Mtro. Martín Barrón, investigador
del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
17:15-17:40 Dip.Victorio Montalvo Rojas, Presidente de
la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
17:40-18:00 RECESO.
18:00-18:25 Dr. Rafael Ruíz Harrel, profesor de
la UNAM y asesor de la Comisión de Seguridad Pública.
18:25-18:50 Alberto López Rosas, diputado federal.
18:50-19:15 Dr. Fernando Tenorio Tagle, investigador
del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
19:15-19:40 Preguntas y Comentarios.
19 de marzo
Moderador: Alberto López Rosas, diputado federal, secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas.
16:00-16:25 Dr. José Luis Alvarado Ruíz,
director de Planeación Académica del Programa Nacional de
Capacitación Penitenciaria, de la Secretaría de Gobernación.
16:25-16:50 Lic. Alfredo del Valle, profesor de la UNAM
y asesor de la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara
de Diputados.
16:50:-17:15 Mtro. Carlos Castillejos, Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
17:15-17:40 Mtro. Víctor Avila Cenicero, Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
17:40-18:00 RECESO.
18:00-18:25 Dr. Ignacio Carrillo Prieto, coordinador
general del Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria, de
la Secretaría de Gobernación.
18:25-18:50 Dr. Gilberto Espinoza Alvarez, Academia Nacional
de Seguridad Pública.
18:50-19:15 Dr. Raúl Carrancá y Rivas,
profesor emérito de la UNAM.
19:15-19:40 Clausura.
Informes e inscripciones en: Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Tel. 628 1313, ext. 2313 y 2314. Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. Tel. 628 1421 y 542 3062.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
Se convoca a los diputados miembros de la Comisión de Seguridad Pública, a que asistan a la segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de marzo de 1998, a las 8:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A una breve reunión de trabajo que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 1998, al término de la reunión de la sesión ordinaria, en la sala de juntas de esta Comisión, ubicada en el edificio C, PB, oficina 002, donde habremos de ultimar detalles de la comida-reunión de trabajo que se llevará a cabo con la embajadora Rosario Green, Secretaria de Relaciones Exteriores, que se efectuará el viernes 20, a las 14:30 horas en la propia Cancillería
Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
A su reunión de trabajo que se celebrará el próximo jueves 19 de marzo de 1998, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales del recinto legislativo de San Lázaro.
Atentamente
Dip. Enrique Ibarra Pedroza
Presidente
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A su reunión que tendrá lugar el martes 24 de marzo de 1998, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales del recinto legislativo de San Lázaro.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO
A la reunión ordinaria (desayuno) que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo de 1998, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día