Versión estenográfica de la comparecencia del C. Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados.
Presentación del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa.
Intervención del PVEM, a cargo del dip. Jorge Emilio González Martínez.
Intervención del PT, a cargo del dip. Luis Patiño Pozas.
Intervención del PAN, a cargo del dip. Carlos Medina Plascencia.
Intervención del PRD, a cargo del dip. Porfirio Muñoz Ledo.
Intervención del PRI, a cargo del dip. Arturo Núñez Jiménez.
Sesión de preguntas y respuestas.
VERSION ESTENOGRAFICA DE LA COMPARECENCIA DEL C. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, SECRETARIO DE GOBERNACION, ANTE LA COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, LLEVADA A CABO EL DIA 26 DE ENERO DE 1998, EN EL VESTIBULO DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO
El C. Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dip. Santiago Creel Miranda: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En razón que están presentes la mayoría de los integrantes de esta Comisión, se declara que existe quórum para llevar a cabo la presente sesión.
En primera instancia me permitiré hacer una breve introducción, posteriormente explicaré el formato y la mecánica de esta reunión de trabajo, para posteriormente dar paso a su desahogo.
Ciudadano Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores.
El valor político de un evento no se determina únicamente por la calidad de sus participantes, por el momento en el que ocurre, por el lugar en donde se desarrolla o por los temas que se abordan, su importancia además debe buscarse sobre todo en los efectos sociales que produce, y más propiamente en el bienestar que pueda lograr.
¿Cuántos actos políticos se han esfumado, no digamos con el paso de los días, sino de las horas, cuántos discursos muy aplaudidos, de impecable oratoria son ahora sólo eco del olvido? ¿Cómo evitar que sigamos contribuyendo a esa serie de expectativas políticas frustradas, en descrédito de nuestras instituciones, de la actividad política en general y en merma de nuestro proceso de transición?
Con esto en mente, ¿cómo hacer para que esta reunión de trabajo que hoy se da inicio, sea algo más que un efímero primer encuentro entre representantes de dos distintos poderes del Estado?
El día de hoy se reanuda el diálogo político entre los diputados y el responsable de la política interior del país, un diálogo que había estado suspendido desde el inicio de esta LVII Legislatura. Ahora los diputados hemos dado el primer paso para su restablecimiento, y lo hacemos, a mi juicio, no solamente para iniciar un diálogo, sino principalmente con el ánimo de establecer un nuevo marco de relación que permita la colaboración de dos poderes en un plano de absoluta igualdad.
No podemos permitir que sigan las prácticas del pasado, y menos que en el marco de una nueva correlación de fuerzas políticas se vuelva a intentar vulnerar el principio de la división de poderes. Cuando éste se puso en riesgo el diálogo perdió sentido, las diferencias se tornaron insuperables, y como es obvio, los enconos se escalaron.
No sobra decir que eso fue lo que sucedió en el pasado reciente, y que hoy esperamos podamos empezar a remontar con sincera disposición de respeto al marco constitucional vigente.
Los resultados electorales del 6 de julio pasado marcaron un nuevo rumbo político para el país, no sólo la pluralidad se vio fortalecida, sino además por vez primera vivimos la experiencia a nivel federal de lo que la ciencia política describe como un gobierno dividido, o más propiamente, como un gobierno de responsabilidad compartida.
Ante esas circunstancias, el diálogo político entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se vuelve una condición necesaria para el buen funcionamiento de la República y también para el logro de las transformaciones políticas y sociales que el país necesita.
Desde el inicio de la presente administración se ha intentado de manera infructuosa sostener un diálogo político con miras a desarrollar lo que se ha denominado la reforma del Estado. Los acuerdos políticos producto de ese diálogo, siempre accidentado, las más de las veces han sido incumplidos. Ahí están y siguen esperando mejor suerte, entre otros, los veinte compromisos por la democracia, los denominados Compromisos por un Acuerdo Político Nacional, o Pacto de Los Pinos, los llamados Acuerdos de Bucareli para el logro de una reforma electoral por consenso, o los acuerdos de San Andrés Larráinzar, cuyo cabal cumplimiento hoy se torna indispensable.
También han sido múltiples las agendas consensadas como factores políticos para el desahogo de la reforma del Estado, que hasta ahora sólo han servido para meras discusiones académicas.
El propio Congreso a través de la Cocopa, aportó lo que quizás ha sido la agenda más completa, la cual aborda inclusive, aspectos económicos y sociales, que ante los bajísimos niveles de bienestar social, no pueden dejarse a un lado de la discusión política.
No es momento, ciertamente, para sólo ver el pasado. Ello podría resultar interminable e infructuoso. Sin embargo, es claro que los incumplimientos a la palabra dada, han resultado muy costosos para todos.
La actividad política ha cedido su espacio a los conflictos sociales, en algunos casos a la violencia. El estado de derecho está severamente dañado y la desconfianza en las instituciones va en su demérito cada vez más acuciado .
Urge una recomposición de la República, que concluya con un acuerdo político nacional, el cual permite impulsar eficazmente la reforma del Estado, único camino para alcanzar, pacífica y ordenadamente, los cambios que deben concluir en una auténtica transición hacia la democracia.
El tiempo apremia, puesto que la competencia política de los años venideros, seguramente dificultará su curso. Es por ello que se vuelve urgente iniciar estos trabajos. No podemos permitir que se siga desaprovechando irresponsablemente el poco tiempo con que contamos. Es hora de definiciones.
El desarrollo político del país no puede seguir esperando por causa de voluntades simuladas, si lo que se desea es un auténtico avance, no hay más que empezar por el cumplimiento de los acuerdos políticos suscritos, para el desahogo de las agendas ya consensadas y por establecer cuanto antes una metodología que permita la participación plural e incluyente, de todos los factores políticos y sociales, que deseen participar en este esfuerzo nacional.
Ese es a mi juicio el verdadero sentido del diálogo que hoy se inicia en este recinto de San Lázaro. No podrá ser de otra manera, puesto que fueron precisamente los incumplimientos, junto con el reiterado desdén de la nueva realidad política, surgida de las elecciones federales pasadas, lo que ha constituido el mayor obstáculo para el desarrollo político del país.
Lo urgente, sin duda, en el plano legislativo y de la reforma del Estado, es empezar por resolver las modificaciones constitucionales, sobre los derechos de los pueblos indígenas establecidas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Es difícil pensar que sin este paso inicial, se pueda avanzar en otros campos de la reforma del Estado. Una vez más, no perdamos el tiempo, facilitemos de esta manera los cambios para el logro de una paz digna y justa en esa región del país, con la cual todos los mexicanos estamos en deuda.
Está en la voluntad política de los que hoy concurrimos a la presente reunión de trabajo, que éste no sea un evento más de los tantos intrascendentes que ha habido, y que sirva para construir el logro del bienestar social que requiere México.
Esperamos que los encuentros con el Secretario de Gobernación, en el seno de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sean frecuentes y productivos, de que el cumplimiento a la palabra dada siempre se manifieste en los hechos, para así asegurar un diálogo permanente, que se convierta en la regla que conduzca las relaciones políticas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Ahora, pasaré a explicar lo que se ha convenido como reglas, para llevar a cabo este evento.
La mecánica para el desarrollo de la presente reunión de trabajo, que fue aprobada por la mesa directiva en esta Comisión, con el aval de cada uno de los grupos parlamentarios, es el siguiente:
1o.- El Secretario de Gobernación hará una presentación de hasta por treinta minutos, la cual le hemos solicitado que aborde los temas relativos a la política interior, a la reforma del Estado, a la seguridad pública y al conflicto que hoy se vive en Chiapas.
Posteriormente a la presentación del Secretario se llevarán a cabo cinco intervenciones de hasta por 10 minutos para que los distintos grupos parlamentarios puedan fijar su posición en torno a los planteamientos que realice el ciudadano Secretario. Al finalizar estas cinco intervenciones, se abrirá un receso de 15 minutos, después de este receso se dará paso a la última etapa de esta sesión de trabajo, la cual constará de 17 ciclos de intervenciones dividido en cuatro temas, cada ciclo durará trece minutos y se dividirá en tres secciones: la primera estará a cargo de un diputado que previamente haya solicitado su registro para intervenir, registro mismo que ya ha sido acordado por esta mesa directiva en su orden y prelación.
La duración de la primera intervención del diputado será hasta por tres minutos; la segunda en este ciclo la tendrá el Secretario de Gobernación para que pueda dar su respuesta hasta por un tiempo de cinco minutos más. Y finalmente el mismo diputado tendrá derecho a hacer un último comentario o réplica hasta por otros 5 minutos adicionales. Después de la décimo séptima intervención, concluirá este evento.
Con esto damos paso al segundo punto del Orden del Día que es la intervención del ciudadano Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
Señor Secretario, tiene usted la palabra.
PRESENTACION DEL C. SECRETARIO DE GOBERNACION, FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
-Srio. de Gobernación lic. Francisco Labastida Ochoa: Muchas gracias señor presidente.
Distinguidas señoras y distinguidos señores diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:
En primer lugar deseo agradecer a todos ustedes la atenta invitación que la Comisión me hizo por conducto de su presidente, el diputado Santiago Creel, para asistir a esta reunión de trabajo, con la que reanudamos el diálogo público entre la Secretaria de Gobernación y la Cámara de Diputados.
El Presidente Ernesto Zedillo refrenda, por mi conducto, su respeto al Poder Legislativo de la Unión y su plena disposición para que avancemos juntos en todas las medidas que contribuyan al desarrollo político de México, con una perspectiva democrática que otorgue a los mexicanos progreso y bienestar, libertad, justicia y seguridad, confianza y certidumbre.
Con el mayor interés y el mejor ánimo, abordaremos
los cuatro temas sugeridos por la mesa directiva de esta comisión
para conformar la agenda de trabajo de la reunión, a ellos habré
de referirme enseguida, sin perjuicio de que en el diálogo subsecuente
tratemos otros temas de interés.
Criterios básicos de política interior:
Al asumir el cargo de Secretario de Gobernación manifesté mi plena disposición a mantener con los Poderes Legislativo y Judicial, una relación estrecha y permanente, basada en el respeto y en la cooperación mutua. Por ello, acudo a esta reunión con voluntad constructiva y con pleno apego al principio constitucional de división de poderes.
Nuestro país se transformó profundamente en estos años; como todo el proceso histórico, su transformación continuará. Es nuestra responsabilidad conducir, no detener esa transformación. Conducirla procurando siempre que la transformación signifique evolución, no retroceso; se realice como producto de la tarea política, de la definición clara de un mejor proyecto de nación que anhelamos los mexicanos, como resultado del diálogo que entre los Poderes de la Unión y la sociedad formulemos, para que entre todos construyamos nuestro proyecto histórico, la unidad nacional enmarcada en la soberanía, la democracia y la vigencia plena de las libertades, de los derechos humanos y de la justicia para todos.
Las líneas rectoras de la política interior están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en las que habremos de basarnos. El Plan enfatiza que en el ámbito político el compromiso fundamental del gobierno es con la democracia. A este principio habremos de subordinar nuestra actuación.
El objetivo principal de la política interior sigue siendo el definido por el Presidente Zedillo desde el inicio de su mandato: avanzar. Cito: "hacia la normalidad democrática que dé certidumbre y confianza a todos los actores políticos y sea el sustento de una vida política pacífica y de una intensa participación ciudadana. " Comparto plenamente esos compromisos y ese objetivo. En la Secretaría de Gobernación buscaremos dar continuidad al esfuerzo ya desplegado, reforzar la disposición al diálogo y al entendimiento para que juntos hagamos frente a las tareas del México diverso y plural que hoy vivimos.
La reanudación del diálogo público entre la Cámara de Diputados y la Secretaria de Gobernación, es una oportunidad invaluable para consolidar una relación basada en el respeto, el diálogo y la cooperación. Para ello, ofrezco desempeñarme con espíritu de concordia y buena fe; ofrezco hablar con la verdad y respetar escrupulosamente todas las opiniones; ofrezco escuchar, evaluar y atender las propuestas que sean presentadas no por su origen sino por sus méritos.
Como regla de oro de las relaciones humanas, sólo pido en reciprocidad, lo mismo que ofrezco. Mantendremos legalidad e institucionalidad en la conducción de la política interior y consolidaremos los avances logrados en materia democrática, a lo largo de la presente administración.
Ahora contamos con un sistema electoral diseñado por todos, que asegura elecciones libres y justas, como quedó comprobado el 6 de julio pasado.
Tenemos un Poder Judicial reformado, garante de la vigencia plena de la Constitución y las leyes. Es decir, del estado de derecho.
Mucho hemos avanzado en la puesta en práctica de un nuevo federalismo que se exprese en las relaciones entre los Tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.
Debemos profundizar y avanzar en nuevas reformas y en los cambios que la nación requiere, especialmente en materia de justicia y seguridad, en la solución pacífica del conflicto en Chiapas, y de manera fundamental, en la reforma del Estado.
Continuaremos en la búsqueda de los objetivos con nuevas iniciativas, con renovado espíritu de diálogo, con nuevos métodos y nuevas prácticas; hablamos de cambio de énfasis y de método. De énfasis, porque en la Secretaría de Gobernación nos proponemos concentrar la atención en el cumplimiento de una agenda de trabajo jerarquizada, que responda a los intereses superiores de la República, a las demandas más sentidas de la sociedad y de sus principales actores políticos y sociales.
De método, porque daremos garantías a la más amplia participación ciudadana y de todos los interesados en los diversos temas de la agenda política nacional.
En este empeño deseamos fortalecer la unidad de los mexicanos en torno a lo fundamental: Preservar la soberanía nacional, garantizar libertad y justicia y ampliar la vida democrática.
Debemos tener presente que en un sistema político democrático, la estabilidad social y un ambiente de gobernabilidad, influyen de manera decidida en el desarrollo de la sociedad.
Tenemos que consolidar estos principios para no detener el progreso nacional, la atención de las demandas sociales, la creación de empleos y la mejoría en el nivel de vida de la población.
Es en torno a esos objetivos por todos compartidos, que proponemos definir la agenda y las prioridades del método y los plazos necesarios para su consecución, sin que nadie decline sus banderas, sin que nadie renuncie a sus legítimas aspiraciones, antepongamos lo que nos une, de tal forma que las diferencias puedan resolverse en un marco de legalidad, civilidad y diálogo.
Fortalezcamos nuestra unidad y demos cauce democrático a la diversidad y pluralidad, para que se manifiesten con libertad plena y apego a la ley, en tolerancia y respeto, condición positiva unamos esfuerzos para dar a nuestra nación rumbo seguro y perspectiva cierta.
Diálogo y negociación para resolver el conflicto en Chiapas.
Para el Gobierno Federal es fundamental avanzar en una negociación que permita resolver el conflicto en Chiapas. Esta situación daña a todos, al propio estado de Chiapas, a sus habitantes, al clima político nacional, a las perspectivas de nuestro desarrollo, a la imagen internacional del país.
Estamos convencidos de que es necesario intensificar el diálogo y la negociación para dar a Chiapas, lo más pronto posible, una paz justa y digan, construida por todos.
El gobierno de la República quiere la solución del conflicto, no para que las cosas queden igual, lo quiere, como vía necesaria para restablecer la concordia y la armonía en el estado. Busca su solución como requisito indispensable para que Chiapas avance, para acabar con la injusticia, para combatir la pobreza, para que el estado se desarrolle.
Queremos el silencio a las armas que erradique la violencia y siente las bases de la concordia. El gobierno de la República no ha utilizado ni utilizará, la fuerza para solucionar los problemas. Acude al diálogo y la negociación para avanzar. Los límites están claramente marcados; no podemos aceptar la violencia, nadie la quiere.
Queremos construir entre todos, una nueva relación entre los indígenas de México, la sociedad y el Estado mexicano. Una relación que combata a la pobreza, elimine la explotación y la exclusión que han sufrido los pueblos indígenas de México.
Una relación que genere más y mejores empleos, que les permita contar con mejor acceso a una alimentación adecuada, más y mejor reubicación, servicios de salud y vivienda, y que atienda preferentemente a las zonas y grupos marginados .
Una relación que respete la cultura y los derechos humanos de los indígenas mexicanos.
Una relación que salvaguarde el estado de derecho y que aplique la ley sin excepciones ni privilegios.
Pongámos énfasis en alcanzar el retorno de la tranquilidad en Chiapas y paralelamente en el desarrollo económico del Estado, pero sobre todo en el desarrollo para quienes más lo requieren: las comunidades más pobres.
Los límites de lo que no puede aceptar el gobierno ni que desean los mexicanos, es que la solución violente el Estado de derecho, divida a la nación, lesione nuestra soberanía o genere problemas superiores a los que trata de solucionar.
El gobierno mexicano refrenda su decisión de honrar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y basarse en los Acuerdos de San Miguel para conducir el diálogo y la negociación. Es indispensable construir etapas que nos permitan avanzar, acelerar el proceso y adoptar medidas de distensión.
En consecuencia, los elementos básicos de una estrategia para solucionar el conflicto en Chiapas deben ser: intensificar entre todos, Gobierno federal y estatal, partidos, Cocopa, Conai, EZLN, el diálogo y la negociación para alcanzar a la brevedad posible la paz.
Conforme a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar formular un proyecto de ley que satisfaga plenamente a las partes, que respete nuestra pluralidad cultural y étnica, que fomente el desarrollo de las regiones atrasadas, que propicie la incorporación de los indígenas al desarrollo económico y social de México.
Distender entre todos, con palabras y con hechos, la actual situación de conflicto y encono.
Colaborar entre todos a que la ayuda humanitaria llegue a todos los grupos .
Acelerar la atención de las demandas sociales.
Realizar y ejecutar de forma participativa los programas de desarrollo social y económico para comunidades y zonas marginadas y para todo el Estado.
Con base en estos elementos de estrategia considero convenientes, entre otras, las siguientes acciones:
Acciones para Chiapas
He escuchado sus opiniones y retomado sus planteamientos y puntos de vista para consensuar los elementos de la nueva estrategia.
Deseo dejar constancia de reconocimiento por su esfuerzo, aportaciones y por el diálogo constructivo. Creo que hoy la solución del conflicto está más cerca.
Quiero tratar un punto que ha sido motivo de muchos comentarios, la actuación del Ejército Mexicano. Esta actuación ha sido de gran disciplina y patriotismo, ha dado testimonios de alta responsabilidad al resistir toda provocación, su presencia en Chiapas ha estado regida por la ley. Es contradictorio solicitar su salida y al mismo tiempo exigir el desarme de los grupos y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si pueden revisarse ante solicitudes y en lugares específicos en que actualmente se encuentran.
La inmensa mayoría de los chiapanecos ha expresado su voluntad para que se mantenga la presencia del Ejército en los puntos conflictivos, porque es garantía de seguridad. En los lugares en donde ha estado no hemos tenido que lamentar hechos de sangre, ha llevado ayuda humanitaria a todas las regiones que si lo han solicitado, les ha llevado alimentos, servicios médicos, medicinas y asistencia social.
Quisiera, por último, señoras y señores diputados, compartir con ustedes una reflexión.
México ha dado un trato singular a este conflicto, fue capaz de dar una solución legal al EZLN interviniendo en ello no sólo el Poder Ejecutivo sino también el Legislativo en búsqueda de una solución.
No se ha hecho uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto. El gobierno de México ha buscado el diálogo y la negociación.
Culminemos entre todos este proceso. Hagámoslo no sólo por la única vía que es factible, la política, sino hagámoslo rápidamente.
Todos estamos comprometidos con este proceso, nadie puede tener una excusa válida para no contribuir. Demos de nueva cuenta el ejemplo de que podemos, anteponiendo los intereses superiores del país y con el diálogo y la negociación, abrir un espacio de esperanza, de conciliación y de concordia.
Seguridad Pública
Pocos problemas preocupan tanto a los mexicanos como el crecimiento de la criminalidad que el país ha sufrido. Atacarla es un objetivo de la máxima prioridad para el gobierno de la República.
Hoy en día priva en la sociedad un sentimiento de inseguridad. En los últimos años el número y la peligrosidad de conductas antisociales se ha incrementado en forma alarmante y se ha asentuado en las entidades y ciudades con mayores concentraciones de población y riqueza.
La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales reclamos sociales que exige una atención inmediata y decidida de todas las instancias encargadas de la procuración y la impartición de justicia. El alto grado de impunidad prevaleciente, la corrupción, la deficiente persecución de los delincuentes, la insuficiencia de resultados en la procuración e impartición de justicia, la equívoca interpretación y aplicación de la ley, generan desconfianza en las autoridades y en los cuerpos policiacos e inhiben las denuncias.
Algunos centros penitenciarios tienen una excesiva población, es urgente ampliarlos y construir otros.
La solución de los problemas de seguridad pública requieren que trabajemos unidos los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos contra la delincuencia. Requerimos mejores leyes, más acordes a la nueva, organizada y creciente criminalidad que estamos enfrentando; más recursos económicos para intensificar los programas; cero tolerancia contra la delincuencia y la corrupción para combatir de raíz este problema que lastima, hiere y preocupa a todos los mexicanos de buena fe.
Hoy 95 de cada 100 delitos que se registran en el país son del fuero común, les compete a los procuradores y judicaturas estatales combatirlos. Hay un gran número de averiguaciones previas sin resolver, incumplimiento preocupante de órdenes de aprehensión, deficiencias notorias en el equipamiento policial y en la capacidad de los ministerios públicos así como en materia de instrucción de procesos.
También tenemos rezagos en infraestructura penitenciaria. No existen programas efectivos de rehabilitación y se aplica deficientemente la Ley de Normas Mínimas.
Ante este panorama, el gobierno federal tiene como prioridad abatir la delincuencia y recuperar la confianza de los mexicanos en los cuerpos de seguridad pública y en los órganos encargados de la procuración, administración e impartición de justicia, así como mejorar las condiciones penitenciarias.
La seguridad pública es obligación y competencia exclusiva del Estado, recae en los tres niveles de gobierno la responsabilidad de garantizar y salvaguardar la integridad y los derechos del ciudadano mediante la prevención, la persecución y el castigo a delincuentes infractores, pero también otorgar las oportunidades para su reinserción social.
Sin embargo, es de suma importancia fomentar y comprometer la participación ciudadana en las tareas de seguridad pública entre sociedad y gobierno con la decidida concurrencia de padres de familia y maestros así como de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales; inculcaremos y difundiremos conductas colectivas y particulares de respeto a la legalidad impulsando la educación integral y los valores éticos, morales, culturales y cívicos para lograr una cultura de respeto a la ley y aprecio por la justicia que los mexicanos practiquemos cotidiana y permanentemente.
El Presidente Zedillo, desde el inicio de su Mandato, ha propuesto importantes reformas y adiciones a la Constitución en materia de Seguridad Pública, artículos 21 y 73 fracción XXIII que fueron otorgados por el Honorable Congreso de la Unión con el fin de establecer los fundamentos jurídicos pertinentes para coordinar con eficiencia y aplicar con efectividad una política nacional de seguridad pública.
En consecuencia, entró en vigor la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública.
El Senado de la República tiene para su consideración una nueva iniciativa presidencial presentada a fines del año pasado que implica sustanciales modificaciones y adiciones a la Constitución, a la Ley de Amparo y a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales en materia del Fuero Federal.
Por su parte, las instituciones de procuración de justicia se encuentran en un proceso de reestructuración desde el inicio de la presente Administración; la Secretaría de Gobernación establecerá una coordinación eficiente y respetuosa con los gobiernos estatales y municipales para combatir la delincuencia. Hay recursos de gran cuantía para ello, a diferencia del periodo de 85-95 en donde se invirtieron en Seguridad Pública menos de mil millones de pesos en este año están revistos en el presupuesto de la Secretaría más de 2 mil 700 millones de pesos que agregados a las aportaciones estatales permitirán una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos.
En un solo año invertiremos cerca de cuatro veces lo que se invirtió en once, la inversión en Seguridad Pública no tiene precedente, crece aún más rebasando los 5 mil millones de pesos, un esfuerzo económico para combatir la delincuencia se acompañará de otras medidas, un Programa Integral de Seguridad Pública que fortalezca particularmente los puntos más débiles de dicho sistema que premie y estimule los elementos que sirven con honestidad y vocación de servicio a la comunidad y combata a la corrupción.
Dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública para este año se contempla realizar coordinamente con los gobiernos estatales las siguientes acciones: Reestructuración de los cuerpos de seguridad, instalación y operación eficiente de las academias de policía; formación, superación y profesionalización de los agentes policiacos y del Ministerio Público tanto de la Federación como de las entidades; evaluación y supervisión permanente de los elementos de seguridad; revaloración y dignificación de la carrera y función policial; nueva conciencia de servicio y compromiso hacia la comunidad de los cuerpos policiacos; modernización de técnicas de investigación del delito; instalación y operación de laboratorios criminalísticos; instalación y operación de sistemas integrales de información y comunicación; construcción y equipamiento de centros de readaptación social.
En sus orígenes los estados modernos surgieron para cumplir una tarea que en ellos depositó la sociedad que emergía del atraso y la ley del más fuerte: asegurar a todos la seguridad personal, familiar y patrimonial. Ahí radica el origen de los derechos del ciudadano ante la ley y ante la autoridad. Hoy, en vísperas del nuevo milenio la evolución de las sociedades modernas, la globalización económica y la interdependencia de las naciones producen fenómenos negativos cuya manifestación extrema es el aumento de la delincuencia y la proliferación de bandas criminales. Los problemas que en materia de seguridad enfrenta el país se originan en la doble vertiente de la pobreza nacional y del crimen organizado más allá de nuestras fronteras.
Frente al primero, debemos actuar sobre las causas, elevar nuestra escala de valores, erradicar la marginación, el atraso y la pobreza e igualar oportunidades. Contra el segundo, debemos unirnos para combatirlo con eficacia y decisión, pues constituye la más grave amenaza contra nuestra convivencia como sociedad y nuestra integridad como nación.
El Estado mexicano habrá de cumplir su responsabilidad y compromiso de brindar a todos los ciudadanos, a todas las personas, seguridad y tranquilidad para su integridad y la de sus familias; también en su patrimonio. Para ello habremos de trabajar decididamente.
Recuperaremos, para nosotros y para nuestros hijos, el derecho a vivir seguros y tranquilos, a transitar por nuestras calles y caminos, a disfrutar de los espacios privados y públicos. Lo haremos aplicando toda la fuerza de la ley y todos los recursos a nuestro alcance.
Reforma del Estado
Desde el inicio de su gestión, el Presidente de la República convocó a todas las fuerzas políticas nacionales para avanzar en la reforma del Estado, que desemboque en una plena normalidad democrática. El diálogo, el respeto y la tolerancia, seguirán siendo los mecanismos utilizados para consolidar la normalidad democrática que exige el país. Con este ánimo se abordará desde la Secretaría de Gobernación con las fuerzas políticas nacionales, los temas para la reforma del Estado.
Los acuerdos entre el gobierno y los partidos políticos nacionales, de enero de 1995, dieron paso a la reforma electoral y del gobierno del Distrito Federal, que hoy son realidad. Ahora debemos avanzar en los otros temas de la agenda, para que México cuente con un sistema político cuya estructura y reglas sean producto del acuerdo en lo fundamental de todos los actores.
Avanzar en la normalidad democrática, supone pactar una serie de reformas que cumplan de manera simultánea dos condiciones: tener una decidida orientación democrática y propiciar la gobernabilidad. Lo primero se vincula en forma directa a la ampliación de las libertades, lo que supone el rechazo a cualquier forma de violencia como medio para resolver las diferencias; la aceptación de las elecciones como única vía legal y legítima para acceder a los cargos de representación popular y la consolidación de las normas e instituciones, que hacen posible la competencia electoral en condiciones de legalidad y equidad.
Es necesario avanzar en reformas que den paso a la extensión de la democracia en nuevos ámbitos del quehacer político, social y económico. Las reformas deben ser sustento de la gobernabilidad democrática, entendida ésta como la garantía que las instituciones del Estado cumplirán sus facultades y obligaciones en el marco del estado de derecho, con eficacia y apego a la ley. Para tal objetivo debemos acordar los cambios que contribuyan a la construcción de nuevas relaciones entre los tres Poderes de la Unión y entre los tres órdenes de gobierno, y entre ellos la sociedad y los partidos políticos.
Democratización y gobernabilidad no son necesariamente procesos concurrentes; es necesario diseñar una estrategia que los haga simultáneos y compatibles. La gobernabilidad, para ser permanente, debe estar apoyada en la democracia y ésta debe cimentarse en normas, instituciones y políticas, con capacidad de permanencia en el mediano y largo plazo.
El Jefe del Ejecutivo realizó una convocatoria a los partidos políticos y al Honorable Congreso de la Unión, a fin de avanzar en la formulación y puesta en práctica de políticas de Estado, construir a través del diálogo y el consenso el piso común que dé a la República certidumbre y horizonte; es un paso necesario para este propósito.
Se han dado ya pasos firmes en varios ámbitos de la reforma del Estado, como son los casos, para citar sólo los más relevantes, de la reforma al Poder Judicial de la Federación o del nuevo federalismo, que incrementó las facultades y los recursos de las autoridades estatales y municipales.
En el mismo nivel de importancia debe ser ubicada la reforma del gobierno del Distrito Federal que dio término a la privación del derecho de los capitalinos a elegir de manera directa a su gobernante. La reforma electoral de 1996, colocada de común acuerdo como requisito para la normalidad democrática, acreditó ya sus méritos al propiciar, en el año pasado, los comicios más competidos y menos impugnados de nuestra historia, lo que vino a sumarse al avance logrado en la elección presidencial de 1994.
Ahora la obligación de todos es dar a la pluralidad política cauce positivo, ello se logrará a través de una institucionalidad que haga de la cooperación, el diálogo y la corresponsabilidad, prácticas cotidianas en la vida política de México.
Superemos la tentación de convertir la nueva correlación de fuerzas partidistas en generadora de conflictos entre las instituciones del Estado, avancemos hacia un sistema político en el que los estímulos a la cooperación sean más poderosos que los de la confrontación. Dejemos de lado ataques infundados, diatribas estridentes, acusaciones tremendistas, hagamos entre todos que la seriedad y el respeto caractericen a la actividad política.
Refrendo ante ustedes, señores diputados, el firme propósito del Presidente de México de avanzar en la reforma del Estado. Por vocación democrática y responsabilidad ante la nación, el titular del Ejecutivo Federal reitera hoy su convocatoria para emprender el diálogo para esa reforma. Es una convocatoria amplia e incluyente, a los partidos políticos nacionales, a los legisladores federales y locales, a los gobiernos de las entidades federativas, a los ayuntamientos y también a las organizaciones de la sociedad, a las fuerzas de la cultura, a la intelectualidad, a todos los mexicanos y mexicanas que comparten en anhelo de trabajar por un presente de mayor justicia, seguridad y progreso, y construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.
Es propósito y propuesta del gobierno de la República reinstalar cuanto antes la mesa central para la reforma del Estado, y definir ahí entre todos la agenda de temas inmediatos que serán abordados, el método para alcanzar acuerdos y los plazos para entregar a la sociedad resultados.
Por el diálogo y acuerdos de los meses previos, y por recientes expresiones y objetivos por parte de las dirigencias nacionales de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios, sugiero con todo respeto cuatro temas iniciales en los que, espero, podemos llegar a acuerdos en este mismo año: régimen político, seguridad y justicia, nuevo federalismo y extensión de derechos y participación ciudadana. En ellos están contenidas buena parte de las preocupaciones que la sociedad y los partidos políticos han manifestado en los meses recientes.
Someto a su consideración una premisa con la franqueza que he ofrecido practicar como Secretario de Gobernación. Por idiosincracia e historia, por voluntad y para beneficio de la nación, hemos sido en la mayor parte de nuestra vida independiente, somos y creo que debemos seguir siendo, una República con un régimen presidencial.
Las nuevas acciones de reforma del Estado para las que el Presidente Zedillo ha convocado, deben avanzar en la dirección del esfuerzo ya realizado, hacer de la Presidencia de México una institución democrática acotada por las leyes, responsable ante la sociedad y respetuosa de los otros poderes públicos y órdenes de gobierno.
Hagamos de esta nueva etapa del diálogo para la Reforma del Estado oportunidad para que la sociedad se exprese de manera activa y directa, para que escuchemos ideas y propuestas de las organizaciones sociales, de los sindicatos y organizaciones campesinas, de los productores rurales y los empresarios privados, de las universidades y centros de investigación superior, de los especialistas y de los formadores de opinión pública.
El consenso es nuestro propósito, un consenso que se apoye en la sociedad y que de ella obtenga la fortaleza de las reformas que se enfrentan.
Los partidos políticos seguirán teniendo papel preponderante en este proceso, pues constituyen las organizaciones a través de las cuales los ciudadanos participan de manera organizada en la vida política nacional.
En síntesis, se trata de una convocatoria políticamente incluyente y de amplio espectro social, de una propuesta que del consenso hace propósito, no motivo para retardar las decisiones que la sociedad y el país nos están exigiendo.
Señoras y señores diputados, la reforma del Estado es un compromiso compartido, que nadie espere de ella la solución de intereses particulares o de grupo, tampoco la solución anticipada de resultados de la competencia en el terreno electoral.
Estamos construyendo la nueva estructura política del país para ser una nación más justa, más democrática y más libre.
Que todos hagamos de la Reforma del Estado compromiso superior y tarea común, es el objetivo con el que debemos comprometernos.
Si avanzamos, habremos cumplido la misión más elevada a la que cualquier mexicana y mexicano aspiran: poder servir a México. Muchas gracias.
-El C. Presidente Santiago Creel: Le agradecemos sus palabras
al Secretario de Gobernación. Ahora pasaremos a la tercera etapa
de nuestra reunión de trabajo. Tendrán, hasta por 10 minutos,
cada uno de los distintos grupos parlamentarios, para fijar su posición
en torno a los distintos temas que se han señalado como materia
de esta reunión.
El orden será el siguiente: En primera instancia intervendrá el Partido Verde Ecologista de México, con el diputado Jorge Emilio González Martínez; en segundo lugar, el Partido del Trabajo, con el diputado Luis Patiño Pozas; en tercer lugar, el Partido Acción Nacional, con el ingeniero Carlos Medina Plascencia; en cuarto lugar de intervención la tendrá a cargo el Partido de la Revolución Democrática, con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, y por último, en quinto lugar, el Partido Revolucionario Institucional, a cargo, la intervención del diputado Arturo Núñez Jiménez.
Tiene la palabra el diputado Jorge Emilio González Martínez,
en representación del Partido Verde Ecologísta de México.
-El C. dip. Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Licenciado Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación. El Partido Verde Ecologista de México y su grupo parlamentario, representado en esta Cámara de Diputados, siempre se han manifestado en favor de buscar una solución pacífica al grave conflicto social, político y, por desgracia, militar, que es padecido por nuestros compatriotas chiapanecos.
Sin embargo, también nos hemos expresado en el sentido de que una solución real al conflicto sólo podrá encontrarse en el entendimiento, la unidad, el respeto de todas las partes y, sobre todo, superando la injusticia, intolerancia y discriminación que lo han alimentado a lo largo de siglos y que, aun ahora, a pesar de los intentos de encauzar mayores recursos al Estado de Chiapas, lo han seguido alimentando.
Por todo ello, y asumiendo la obligación que tenemos, no sólo como representantes populares, sino también como mexicanos, exigimos a todas las partes involucradas el cese a la violencia, para que en un clima de paz y respeto se dialogue abierta y sinceramente, sin intransigencia ni encono alguno, para encontrar una solución satisfactoria, tomando como base los valores nacionales comunes a todos los mexicanos y así lograr finalmente la unidad y concordia nacionales, y aprender, de una vez para siempre, a convivir compartiendo los valores mencionados, sin renunciar a nuestra gran diversidad cultural.
Hoy en día se escuchan voces más allá de nuestras fronteras que piden ya la intervención de la comunidad internacional para solucionar el conflicto en Chiapas.
En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México expresa su profunda inquietud porque haya quienes pretendan encontrar fuera un remedio a los problemas que sólo los mexicanos estamos llamados a solucionar.
México siempre ha sido un país que en su política exterior ha defendido los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención y el de solución pacífica de las controversias. Y tales principios rectores de nuestra política exterior tienen sustento y sentido muy firme si observamos con cuidado nuestra accidentada historia nacional.
No podemos ahora, suponiendo que nos anime la buena fe, pedir que esos principios sean vulnerados y, peor aún, en un asunto de interés nacional.
De actuar de manera contraria, estaríamos permitiendo que aquéllos que en el pasado han pretendido imponer a los mexicanos sus formas y estilos de vida o someternos a su fuerza e imperio, vinieran nuevamente a involucrarse en nuestros asuntos internos.
Para resolver el conflicto chiapaneco, insisto, debemos acudir a nuestros valores nacionales. Apelar a la auténtica buena fe de las partes involucradas en el conflicto. Apoyar todos los esfuerzos realizados por las instancias de mediación y concordia, para que cumplan con los objetivos para los que fueron formadas.
Exigir que se cumpla la palabra empeñada. Hacer un llamado al gobierno federal, para que el Ejército mexicano regrese a sus cuarteles, no sin antes haber asumido un compromiso expreso de los grupos, que legal o ilegalmente, poseen y utilizan armas en el estado de Chiapas, para deponer las mismas y toda actitud beligerante, y así crear un clima propicio, para la atención de los auténticos problemas de los chiapanecos, y superar de esta manera paulatina, pero con firme decisión, sus ancestrales rezagos.
Será imposible olvidar, y no podemos hacerlo, que sólo Chiapas se encuentra inmerso en problemas sociales, económicos y políticos. Todo el país es azotado por la pobreza, altos índices de criminalidad e inseguridad, corrupción, bajos niveles educativos, y en general graves problemas que no podrán ser resueltos, si antes no se toma la decisión de ir a su raíz y erradicar las causas que nos han hecho una sociedad llena de contrastes, desigualdades e injusticias.
En México, los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. La inseguridad amenaza a todos y a cada uno de nosotros de forma cotidiana. El deterioro ambiental ha llegado a niveles alarmantes, que nos ponen en riesgo de perder la gran riqueza de biodiversidad de la que hemos sido dotados, amén de estar dispuestos a niveles de contaminación, que ya son causa de muerte y enfermedad entre gran parte de la población, lo que afecta claro todos estos problemas a los grupos más desprotegidos de la sociedad.
La corrupción y la delincuencia de cuello blanco, han llegado a niveles de escándalo sin par en la historia de México, beneficiando con ello, claro, a los grupos económicos más poderosos y a la delincuencia organizada.
El narcotráfico ha pasado a ser un problema de seguridad nacional, a ser además un problema de salud pública. Cada día más y más jóvenes mexicanos, pasan a engrosar la lista de aquellos que caen víctimas de los grandes carteles de la droga.
Todos los problemas mencionados, sólo podrán ser resueltos en el marco de una auténtica reforma del Estado. Así pues, el Partido Verde Ecologista de México, propone abordar este tema desde una triple perspectiva, cuyos temas mínimos de discusión serían los siguientes:
1o. Reforma de los órganos poderes y estructura del Estado. Rubro éste dentro del cual proponemos se contemplen ya mecanismos jurídicos de participación social directa, en la toma de decisiones públicas, tales como el referéndum y el plebiscito.
El federalismo, pacto fundamental adoptado por los estados que integran a la Unión y el municipio libre, entidad básica de nuestra organización política, deben ya dejar de ser palabras huecas en nuestro texto constitucional.
Sólo mediante el fortalecimiento de la vida política y económica de estados y municipios, se logrará liberar la fuerza creadora de nuestro pueblo, sin sujetarla al ya asfixiante control que siempre ha tenido la Federación.
Dos son a nuestro modo de ver, los aspectos básicos que debe contemplar una reforma en este aspecto. Por un lado, la disminución del excesivo número de facultades conferidas por la Constitución y las leyes a los poderes federales, para que éstas sean asumidas directamente por los estados de la Unión, y la ampliación de las facultades de los municipios, a efecto de hacer realidad su libertad. Y por el otro, la dotación de mayores partidas presupuestales, para que sea posible a estados y municipios, asumir nuevas responsabilidades.
Además de lo ya mencionado, es indispensable que los titulares de los órganos del Estado, cumplan adecuadamente la labor que sus cargos les confiere. Esto deberá ser la norma que rija de ahora en adelante.
El segundo punto: la reforma política electoral. La gran pluralidad que tiene México, ha generado fenómeno de fragmentación del voto, circunstancia ésta muy delicada, sobre todo tratándose de la elección de Presidente de la República y gobernadores de los estados, ya que se podría dar el caso de que un gobernante accediera el poder sin contar siquiera con un 40 por ciento de la votación ciudadana.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México propone la inclusión en nuestro sistema electoral y únicamente para el caso de Presidente de la República y gobernadores de los estados, de la doble vuelta electoral para que cuando menos quien resulte electo cuente con la mayoría absoluta de la votación ciudadana. Esta es una idea entre otras que seguramente deberán de ser incluidas en la supuesta reforma electoral que debemos de realizar.
La tercera y posiblemente la más importante es la reforma socioeconómica. Sólo mediante la traducción de las reformas propuestas en mejores niveles de vida, en el abatimiento de los niveles de pobreza, de desnutrición, de bajo nivel educativo de amplios sectores sociales y de la desigualdad generalizada que existe en nuestro país, nuestra labor como reformadores habrá quedado satisfecha. Sin ello, será insuficiente y no cumplirá con el mandato que hemos recibido de la ciudadanía.
En tal sentido, el Partido Verde Ecologista de México propone el establecimiento de un modelo de desarrollo que sea incluyente y sostenible, sin el cual estaremos condenando a la sociedad a la perpetuación de la pobreza, el deterioro de su entorno y finalmente al fracaso de nuestras aspiraciones de construir una nación más libre, digna y democrática.
Sólo con muestras reales de voluntad política tanto del gobierno federal como de los partidos políticos nacionales y de las demás fuerzas políticas del país se podrán dar avances reales que nos conduzcan por un camino seguro hacia el cambio que tanto exige la sociedad mexicana. Muchas gracias.
-Presidente: Muchas gracias por su intervención diputado
Jorge Emilio González .
Ahora tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Luis Patiño
Pozas, en representación del Partido del Trabajo.
-Dip. Luis Patiño Pozas: Gracias, diputado Creel Miranda.
Nosotros quisiéramos partir de consideraciones generales que nos parecen importantes antes de abordar directamente el tema. La primera, y creo que ya lo destacó el diputado Santiago Creel, el evento está enmarcado en reiniciar el diálogo del Poder Ejecutivo, de la Secretaria de Gobernación en particular con el Poder Legislativo.
Y consideramos que efectivamente sería lamentable desperdiciar esta nueva oportunidad que se nos presenta, desperdiciarla lamentablemente en enfrentamientos estériles. Consideramos que es importante efectivamente tomar en cuenta esto.
Segundo, también creemos que el nombramiento del Secretario de Gobernación, ha creado una expectativa y una nueva esperanza, sobre todo en aquéllos que están más involucrados en los conflictos. En ese sentido también creo que debemos de poner en primer plano la voluntad política de todos los aquí presentes, para que efectivamente esa esperanza no quede solamente en eso y se materialice en una práctica política que signifique la solución de los conflictos.
Tercero, reconocer que el discurso del nuevo Secretario de Gobernación coincide con el diagnóstico que desde la oposiciones habíamos venido haciendo. Sólo por destacar un ejemplo, es la aplicación de la Ley de Explosivos y Armas de Fuego, que efectivamente no se aplica al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene otra categoría, fue un debate que dimos en la Comisión Permanente y ahí no coincidíamos con la fracción parlamentaria del PRI. Hoy el Secretario de Gobernación, coincide con el diagnóstico que hacíamos.
Es importante que este nuevo discurso efectivamente nos coloque o tengamos la claridad de que haya una nueva situación política distinta a la del 22 de diciembre pasado, y que en ese sentido parece que el Ejecutivo ha entendido que para resolver el conflicto, sobre todo de Chiapas, es necesaria voluntad política. Pero que también la mayor cuota de voluntad política, precisamente le corresponde al Poder Ejecutivo.
Así las cosas, me parece que el debate ha cambiado de terreno y que hoy este debate se debe caracterizar por definir acciones, por fijar fechas y compromisos para que actuemos de cara a la nación y que ésta nos lo demande.
Bajo esas cosideraciones generales, nos parece que el asunto de la seguridad pública, que es el primer tema al que nos referimos ya entrado al debate, es la preocupación, es la mayor preocupación después de los ingresos para cada una de las familias mexicanas. No hay lugar alguno de la República en donde no se haya incrementado la delincuencia y donde se pueda decir que se goza de condiciones adecuadas de seguridad pública, ya sea ésta en zonas rurales o sea en zonas urbanas.
Efectivamente, el señor Secretario acaba de explicar una serie de medidas que están planteando para resolver este asunto.
Coincidimos en algunas de ellas, en otras tendríamos efectivamente que discutir la particularidad de implementarla. Solamente a este respecto agregaríamos que se debe conceder iniciativa popular para denunciar y perseguir los delitos derivados del abuso de autoridad, particularmente cuando se vinculen con el hampa organizada.
En el transcurso del periodo de sesiones, nosotros, como Partido del Trabajo, presentamos una iniciativa de ley que contemple efectivamente la iniciativa popular.
Entonces al respecto de la seguridad pública, lo volvemos a reiterar.
Queremos subrayar que la sociedad mexicana ha llegado a límites de tolerancia. Si no queremos entrar al peligroso terreno del cuestionamiento de la legitimidad del gobierno, y por lo tanto de la ingobernabilidad, es preciso que la dependencia a su cargo, considere de manera seria y responsable, el papel que en este delicado problema le corresponde.
En cuanto a la reforma del Estado, pensamos que efectivamente México está viviendo una tradición política; el modelo de Estado autoritario y de partido casi único, con una ciudadanía incipiente e inexistente ¡Ya no existe! No solamente ha entrado en crisis, esa sociedad ya no existe. Con ello se han debilitado las formas habituales de hacer política y se requiere avanzar firmemente en una nueva manera de instrumentar la política, un nuevo pacto social entre el Estado y los nuevos actores.
La reforma del Estado, por lo tanto, debe considerar la forma que adquirirá el futuro del Estado mexicano, su relación con la sociedad y el tipo de organización que deben ser impulsadas.
La estructura de poder autoritario se sostenía sobre las bases de organizaciones corporativas que inhibían y anulaban la vida democrática a su interior.
El crecimiento de la ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil, ha rebasado esos márgenes estrechos que inspiraban la forma del ejercicio del poder público.
Por eso nos congratulamos que efectivamente a la brevedad posible se instale la mesa central de la reforma del Estado, y que uno de los puntos básicos y fundamentales, sea la discusión de la participación ciudadana.
Efectivamente ¿cómo vamos a avanzar de manera democrática al mismo tiempo que destruimos y desmantelamos las instituciones corporativas que hasta el momento han inhibido la participación de la sociedad? ¡Bienvenida! Le tomamos la palabra, señor Secretario de Gobernación, y esperamos efectivamente que a la brevedad iniciemos ese debate.
Por último, señor Secretario, queremos referirnos a la situación en Chiapas. También habíamos elaborado un documento distinto al que estoy en este momento presentando a consideración de ustedes; pensamos que los acontecimientos del viernes a la fecha han venido también cambiando la situación y que es necesario reconocer esta nueva situación.
La reciente declaración del Presidente Zedillo en Canacín, Yucatán, ponen en claro que en relación a los Acuerdos de San Andrés no se dará marcha atrás o por lo menos así lo interpretamos.
Aquí queremos plantear ante los medios y ante las otras fracciones parlamentarias que nos explique con claridad si vamos a volver a empezar la discusión o si efectivamente nos vamos a enfrentar a una nueva etapa de desgaste en el conflicto con el EZLN.
Por eso, señor Secretario, cuando se dice que en Chiapas se ha perfilado una guerra de baja intensidad, pensamos que no estamos muy equivocados del diagnóstico. Durante cuatro años el conflicto ha perdurado y si hacemos el balance de los resultados encontraremos que esto es desfavorable a los indígenas, al pueblo mexicano en general y al estado de Chiapas en particular. La cuota de sangre y sufrimiento ha venido creciendo desmesuradamente.
Hoy, con su discurso, con sus declaraciones, parece que el Gobierno rectifica. Rectificar cuando no se tiene la razón no es denigrante; por el contrario, enaltece a quien lo hace. El Gobierno y usted tienen la palabra, señor Secretario.
Muchas gracias.
[Aplausos de los grupos parlamentarios del PT, PRD, PAN y PVEM]
- El C. Presidente Diputado Santiago Creel Miranda [PAN]: Muchas
gracias, diputado Luis Patiño Pozas.
Ahora tiene la palabra el señor ingeniero Carlos Medina
Plascencia, diputado representante del Partido Acción Nacional.
-- El C. diputado Carlos Medina Plascencia: Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación; señores de los medios de comunicación; señoras y señores: Si nos pusiéramos a repasar lo que se ha dicho desde el principio de la administración del Presidente Ernesto Zedillo, tal vez el tema que más ha ocupado los espacios de los discursos políticos y de los medios de comunicación ha sido el de la Reforma del Estado. Inclusive usted al asumir el cargo lo primero que declara, por si ya no se hubiera dicho todo, es "que su primer compromiso es impulsar la Reforma del Estado". Hagamos algunas reflexiones indispensables.
Se reforma lo que está fuera de forma, lo que no funciona; el Estado mexicano no ha funcionado para alcanzar sus fines fundamentales de seguridad, justicia social, democracia y bien común.
Bastaría referirnos al concepto que la Organización de las Naciones Unidas ha creado para medir el desarrollo de los pueblos ante la insuficiencia de hablar del producto interno bruto, de los índices macroeconómicos o de la cobertura de los servicios públicos.
Introdujo el concepto denominado: Indice de Desarrollo Humano. Con este criterio, México ocupa el lugar 45 en el contexto mundial. El escenario no es menos que dramático en la protección de derechos humanos y en la distribución de la riqueza.
Con estos datos se confirma nuestra anterior aseveración: ¡El Estado mexicano ha fracasado como instrumento de la sociedad para alcanzar sus fines!
Nosotros creemos que es claro lo que hay que reformar y creemos también que están identificadas las primeras fuerzas que se oponen al cambio. Y estamos también ciertos que el elemento ausente es la voluntad política.
¿Qué debemos cambiar? ¡El presidencialismo aberrante y centralizador! ¡El partido oficial imbricado con el Gobierno! ¡Las viejas prácticas que se sustentan en la impunidad que es ostentosa en México! ¡Los aparatos gubernamentales encargados de procurar y administrar justicia! ¡La inmensa distancia entre lo que las normas prescriben y lo que en la realidad acontece! Tenemos claro entonces que hay que cambiar. ¿Cómo cambiarlo? Algunas cosas, por desgracia las menos, mediante leyes. Otras cosas, por desgracia las más, concurriendo a una serie de voluntades y de diversos factores que no es fácil conjuntar. Algún político decía "que a veces en nuestro oficio hay que sumar peras y manzanas". Con todo respeto, ésa es una de sus tareas.
El PAN ha avanzado en distintas propuestas para conseguir esos fines. Hemos presentado distintas iniciativas para descentralizar la vida nacional y conseguir así el auténtico federalismo; para fortalecer el Poder Legislativo, porque de esta forma controlaremos el ejercicio del poder; para que se supervisen con eficacia las cuentas públicas; para que el PRI se convierta en un auténtico partido político, dejando de utilizar un emblema que lo identifica con el todo de la nación, cuando solamente representa a una parte y, en fin, diversas propuestas en materia de administración de justicia y en otros temas de interés nacional, las cuales venimos haciendo desde que nuestros primeros legisladores arribaron en 1946 a la Cámara de Diputados, habiendo presentado hasta la fecha más de 600 iniciativas, muchas de ellas después adoptadas por el gobierno y su partido y corresponden hoy ya al derecho vigente.
No es presunción afirmar entonces que el PAN ha sido un auténtico precursor de la reforma del Estado.
Hemos hecho propuestas económicas así como propuestas en materia de política social, para que eficazmente se combata la marginación respetando la dignidad de la persona humana. Aquí quiero hacer énfasis en que al PAN no le ha temblado la mano para suscribir acuerdos y apoyar iniciativas y propuestas que sean positivas para el pueblo de México, vengan éstas de donde vengan.
Dejamos claros nuestros compromisos y que nadie se llame engañado. Sabemos cumplir nuestra palabra. Tenemos la coherencia que nos dan nuestros principios con el PAN. Gobierno, partidos políticos contendientes y ciudadanía han sabido y saben a qué atenerse.
Nunca apostamos por el todo o nada, desde el principio nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, apostó a largo plazo al mejoramiento gradual, a la lucha civilizada.
Señor Secretario, no se puede exigir confianza cuando ésta no se otorga. Es característica de dictadores y partidos dogmáticos reducir las alternativas del pensamiento y de la acción a los extremos, el que ellos asumen que es la solución total y la oposición opuesta que ellos califican de perversa y condenable: o se elige su Paraíso o tenemos que ser condenados a nuestro Infierno.
Desacralicemos y desatanicemos los acuerdos, si esto se logra es porque las partes encontraron coincidencia y no porque correspondan al chantaje o a la venta. Si éstos no se logran es porque prevalecen principios y se deben respetar nuestras desavenencias, como nosotros respetamos las de nuestros adversarios.
Presumir la buena fe es un principio jurídico y de elemental convivencia. La mala fe no se presume ni mucho menos se supone, se prueba.
México está iniciando una auténtica vida de partidos y de Poder Legislativo. Estamos llamados a hacer pedagogía política. La política, si no enseña, es estéril. El conocimiento que no se aplica es teoría vana.
Legitimidad y eficacia son los dos atributos que deben caracterizar a un estado de derecho. El Poder Legislativo contribuye a dar legitimidad, que es a final de cuentas consenso, confianza, credibilidad, correspondencia entre conductas de gobernantes y gobernados y lo que las normas prescriben.
El Poder Legislativo también le da sustento mediante la elaboración de normas y la aprobación de políticas, a la eficacia del gobierno, que no es otra que la de responder las demandas populares y a la de mejorar los niveles de vida del pueblo de México.
El análisis objetivo de nuestra realidad política en las postrimerías de este siglo, que se inicia con la euforia de nuestro movimiento revolucionario, es negativo. Por la continuidad y la estabilidad se sacrificaron los valores de la justicia y el bien común. Por la complacencia con la deshonestidad y con la corrupción, se deterioró la moral social. Por la preservación de un partido hegemónico acudiendo al triunfo a cualquier precio, se impidió el avance hacia la democracia.
Hoy tenemos que vigorizar la división de poderes, pero a su vez la cooperación entre los mismos. Debemos aprender a vivir con la atención natural que se da entre los poderes en todo estado de derecho.
En el plano normativo constitucional se declara al Diputado representante de todo el pueblo o de la nación en su conjunto, en el ámbito de las realidades es común que las lealtades se ciñan más a las decisiones de partido por lo que el Representante Parlamentario se ve enfrentado ante opciones de no fácil solución.
En este dilema hemos armónicamente conjuntado las aspiraciones democráticas que se contienen en nuestros documentos de oferta política y los anhelos de una sociedad que es nuestra fuente de representatividad.
Con todo lo anterior queremos señalarle señor secretario, que el Grupo Parlamentario del PAN asume su compromiso histórico en un momento crucial de nuestra vida política, sabremos desempeñar nuestro papel con dignidad en un Poder Legislativo auténtico que ejerza plenamente sus atribuciones y aportaremos nuestras propuestas para que por fin la reforma del estado, la reforma electoral denominada definitiva para la paz en Chiapas sean asequibles al pueblo de México y también sabremos exigir, como es nuestro papel de partido de oposición, a que los funcionarios gubernamentales cumplan con el suyo.
Estamos inmersos a fin de cuentas, en la tarea largamente prolongada de culminar nuestra transición política hacia una democracia, las expectativas sobre su desempeño como Secretario de Gobernación se enfocan en las tareas que usted debe emprender para resolver las graves omisiones de su antecesor, tendrá usted que remontar los saldos negativos que pesan en el ánimo del país y se presentan como obstáculo para el diálogo nacional.
Las elecciones de julio pasado fueron una muestra inobjetable de lo que se puede lograr cuando hay un estado de diálogo y de respeto a la ley, sin embargo el viejo reclamo panista de elecciones claras y equitativas aún no podemos considerarlo como plenamente satisfecho, mucho nos tememos señor Secretario, que en los 14 procesos electorales a realizarse en este año volveremos a padecer las ancestrales prácticas antidemocráticas que siempre han enturbiado los comicios.
En este sentido, nos encontramos ante la paradójica descrita por el Presidente de nuestro partido que opina que mientras más eficaz y transparente es la política electoral a nivel federal menos lo es en los comicios locales donde los gobiernos quedan con las manos libres para la arbitrariedad. Los procesos electorales de este año marcarán la ruta a seguir en la sucesión presidencial del año 2000, la claridad en todas y cada una de las campañas y jornadas comiciales de este año será prioritaria para nuestro partido, esperamos que también lo sea para usted en su calidad de responsables de la política interior.
Algunos sectores del gobierno federal, los partidos políticos, las organizaciones gubernamentales, en fin, la sociedad mexicana en su conjunto, está de acuerdo en que la solución del conflicto en Chiapas debe alcanzarse por la vía pacífica, cualquier otra acción es y será inaceptable para el PAN. Consideramos que ha existido una falta de voluntad política por continuar con medios pacíficos la búsqueda de la paz y el gobierno supone que la continuación de las negociaciones depende solamente de las respuestas de una de las partes dejando de lado las contribuciones que la Cocopa y la Conai han realizado para resolver el conflicto. No nos engañamos, sabemos que el eje fundamental del estancamiento se encuentra al menos en unas declaraciones del gobierno en la solución al debate sobre la autonomía de las comunidades indígenas y al respeto a los derechos humanos de los miembros de las propias comunidades.
Entendemos que es un tema muy delicado y de que su solución impactará a todos los aspectos de la vida política, económica y social de las entidades donde se asientan las comunidades indígenas, pero estamos ciertos de que es principalmente dentro del Poder Legislativo donde deben mirarse de forma abierta y respetuosa estas discusiones para que pasen a formar parte del marco constitucional con amplia legitimidad y aprobación del pueblo de México. Muchas gracias.
(aplausos)
-El C. Presidente:- Muchas gracias, diputado Carlos Medina.
Ahora tiene la palabra en representación del PRD, el diputado
Porfirio Muñoz Ledo.
-El C. diputado Porfirio Muñoz Ledo: ciudadano Secretario de Gobernación. enhorabuena que se reanuda hoy formalmente el diálogo con el responsable de la política interior del país. Tengamos claro sin embargo, que esta no es una pasarela de candilejas ni la plataforma de lanzamientos, sino un foro parlamentario en el que viene usted a debatir, a escuchar y a ser escuchado, en una atmósfera de respeto mutuo y en un marco de sobriedad republicana. Es natural que haya usted decidido exponer un panorama general de sus preocupaciones y de sus proyectos.
Convenimos, sin embargo, en que el tema que sacude a la nación y de cuya solución depende encauzar los demás, es el de Chiapas. Si no encontramos una solución pacífica y satisfactoria a la cuestión chiapaneca, difícilmente podremos reencontrar el espíritu de consenso que haga posible otros cambios.
De este problema depende pues, la relación entre las fuerzas políticas del país, la credibilidad del gobierno, la voluntad real de transitar hacia un estado de derecho y de avanzar en la reforma del Estado. De su solución dependen entre otras cosas, su continuidad en el cargo, señor Secretario.
Por esta razón, permitanos que nos concentremos en el tema de Chiapas. Conoce usted nuestras posiciones y nuestra contribución desde 1994 a la creación de un marco jurídico y de una atmósfera política tendiente a la solución pacífica del conflicto. Estaríamos de acuerdo con usted en que sería necesario alejarnos de los ataques infundados, las diatribas estridentes y las acusaciones tremendistas. Esta es la razón por la que estamos en profundo desacuerdo con expresiones vertidas por el ciudadano Presidente de la República hace unos días, en las cuales acusa de utilización indebida al conflicto de Chiapas, de protagonismos, de propósitos políticos inconfesables, de facilitar la injerencia externa a quienes no tienen sus mismos puntos de vista sobre este asunto.
Tampoco estaríamos de acuerdo, por lo que usted ha expresado, en que el gobierno de la República dijera coincidir o estar de acuerdo con los Acuerdos de San Andrés, pero refutarlos inventando fantasmas a quienes se les atribuye pretensiones.
Dice por ejemplo el ciudadano Presidente, que no podría su gobierno aceptar interpretaciones de estos, que atenten contra la soberanía, la unidad nacional, que pongan en riesgo garantías individuales, libertades públicas, derechos humanos, contengan formas de gobierno antidemocráticas, autoritarias o problemas de fanatismos.
Nosotros invitaríamos al gobierno federal a que nos dijera en qué textos y en qué proyectos se han urdido tales despropósitos en contra de la República. Creemos, ya que tales espectros no existen, que se trata de una manera indirecta o de una expresión indirecta, para desacreditar los Acuerdos, el proyecto al que llegó la Comisión de Concordia y Pacificación.
El Partido de la Revolución Democrática, en su Consejo del día de ayer resolvió exhortar al Ejecutivo federal a cumplir sin dilación los compromisos contraídos en los Acuerdos de San Andrés en cuanto a las reformas constitucionales legales institucionales que dichos acuerdos contienen. El PRD sostiene que el texto redactado por la Cocopa refleja fielmente el espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés, por lo que apoyaremos esta propuesta para efectuar las reformas correspondientes.
Quiero recordarle, ciudadano Secretario, que de acuerdo con la Ley de Concordia y Pacificación, la Cocopa es la institución coadyuvante del diálogo, a quien se encomendó que llegara a acuerdos de consenso.
Quiero recordarle que el texto de Cocopa es el único que ha sido aprobado por las partes de la controversia, por los partidos políticos, cuyos representantes son miembros de Cocopa, por las organizaciones no gubernamentales interesadas y por la Asociación Nacional de los Pueblos Indios. No es pues, tiempo de darle forma a los Acuerdos de San Andrés, porque ya la tienen, es tiempo de que aprobemos ese texto.
El Consejo del PRD acordó asimismo, solicitar que el Ejército cese en las funciones que sólo competen a la autoridad civil, y que se limite a aquellas exclusivas de la disciplina militar, como lo dispone el artículo 129 constitucional. Es urgente que las fuerzas armadas dejen de involucrarse en una guerra de contrainsurgencia que puede provocar nuevos actos de genocidio. El ejército, por su propio prestigio y por la integridad de las instituciones, debe de cumplir en nuestro criterio, un papel positivo en la transición democrática y evitar ser utilizado en el futuro como una fuerza represiva en contra del pueblo mexicano.
Hemos también solicitado que se desmantele y se desarme a los grupos paramilitares que operan en Chiapas. En esa dirección se deben investigar y castigar a quienes organizaron, armaron y adiestraron a esos grupos paramilitares.
El gobierno federal deberá garantizar que la existencia y funcionamiento de esos grupos armados, íntimamente relacionados con una estrategia de contrainsurgencia, cese de inmediato. Es urgente, al respecto, evitar que el desplazamiento de población continúe con el drama humano que conlleva, indispensable garantizar el regreso de los desplazados a sus comunidades y reconocer su derecho a recibir ayuda a través de las instituciones que ellos mismos acepten.
Consideramos fundamental, ciudadano Secretario, el fin de la impunidad, no hay transición democrática con borrón y cuenta nueva. La PGR debe llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación de la masacre de Acteal. Las líneas fundamentales de esa investigación, según consta en el informe de la Procuraduría, se dirigen claramente hacia la complicidad de los agentes de la autoridad, la pasividad del gobierno del estado y la injerencia de agentes del poder público en el armado y en la estrategia combativa de esos grupos.
Para terminar, ciudadano Secretario, faltarían temas fundamentales en la estrategia integral de distensión, que se adoptó desde el 11 de septiembre de 1995 en San Miguel, y en el caso de que aprobásemos las reformas constitucionales y legales conducentes, deberían establecerse las mesas que de acuerdo con la agenda están previstas: sobre bienestar y desarrollo, democracia y justicia, destino de las mujeres chiapanecas, y la reconciliación entre todos los sectores del estado.
Habría que proceder finalmente, señor Secretario, a crear el clima institucional y político que permitiera la plena autodeterminación del pueblo de Chiapas. En los acuerdos que alcanzamos con el Gobierno el 9 de febrero de 1995 está incluida la elaboración y adopción por consenso entre las partes, y por referéndum de la población, de una nueva Constitución Política del estado de Chiapas y la elección de autoridades legítimas y aceptadas por todas las partes.
Será necesario, ciudadano Secretario, fortalecer en el futuro la relación entre los poderes, a efecto de evitar las asperezas, las incomunicaciones, los malentendidos y las alianzas clandestinas.
Esta Cámara fue agredida en su integridad en un pasado reciente, y ello no debe volver a ocurrir, es indispensable que haya transparencia, constitucionalidad en los actos del gobierno para que exista un genuino equilibrio de poderes.
Retomo de su texto una expresión que me parece oportuna. Dice usted que hay que hacer de la Presidencia de México una institución democrática, acotada por las leyes, responsable ante la sociedad y respetuosa de los otros poderes públicos y órdenes de gobierno.
Eso, lo sabemos bien, nunca ha existido, pero tiene que ser sin escapatorias ni dilaciones para asegurar la continuidad de las instituciones nacionales. Muchas gracias.
-El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Porfirio Muñoz Ledo.
Ahora tiene la palabra, en representación del PRI, el diputado
Arturo Núñez Jiménez.
-El C. dip. Arturo Núñez Jiménez: Ciudadano presidente de la Comisión. Ciudadano Secretario de Gobernación. Compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores. La diputación priísta en esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales da la bienvenida al Secretario de Gobernación, en el marco de la colaboración respetuosa, propositiva y de amplios horizontes que en favor de los altos intereses de la República debe existir entre la representación nacional y el Poder Ejecutivo de la Unión.
Para la Cámara de Diputados, que hace de la deliberación y el intercambio de ideas su método cotidiano de trabajo, las reuniones que celebran sus comisiones legislativas con los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, constituyen una oportunidad excelente para tratar a fondo las diversas políticas públicas que en el ámbito de su respectiva competencia atiende cada uno de ellos.
En ese propósito, los priístas afirmamos que la Reforma Política del Estado, promovida a iniciativa del Presidente Zedillo, reporta ya avances sustanciales en lo que atañe, entre otras, a las reformas judicial, electoral y del Distrito Federal, pero que requiere ahora de un nuevo impulso para concretar transformaciones en otros ámbitos de la vida pública de la nación que no admiten más diferimientos.
El surgimiento de una nueva sociedad, el agotamiento de anteriores modelos de interacción social y competencia política, los requerimientos de un mundo cada vez más globalizado, así como el desfase de diversos ordenamientos legales con respecto a problemas y necesidades inéditos, nos colocan en un momento crucial en el que tenemos que tomar decisiones trascendentes para poner al día la relación Estado-sociedad y generar nuevos consensos que cohesionen firmemente al México de fin de siglo.
En esta perspectiva, la Reforma Política del Estado se propone adecuar el modelo de organización política institucional a las exigencias de la actual etapa de desarrollo del país.
Ello supone la consolidación de la cultura democrática y la construcción de nuevos acuerdos que permitan el afianzamiento de un régimen republicano, equilibrado en la distribución del poder, así como el establecimiento de un andamiaje jurídico-administrativo más eficaz para el ejercicio de las tareas de gobierno.
El grupo parlamentario del PRI, considera que la Reforma Política del Estado no puede ni debe ser vista como patrimonio exclusivo de alguna fuerza en particular, ni tampoco ser condicionada en su desenvolvimiento a la satisfacción de exigencias coyunturales. Se trata, más bien, de un proceso que involucra al conjunto de la nación y que por ello no puede plantearse como un juego de suma cero entre los diversos actores políticos involucrados en su concreción.
Para ello, es necesario que alcancemos una visión compartida del futuro que esté por encima de divergencias circunstanciales.
Debe señalarse que el impulso primario y decisivo de la Reforma Política del Estado, proviene de la propia sociedad mexicana, inserta en un proceso de transformación en todos los órdenes. Se trata de una sociedad cada vez más plural, demandante, participativa y organizada que exige de mayores y mejores espacios institucionales para manifestar sus puntos de vista y participar en los asuntos públicos.
No estamos frente a una reforma de corte exclusivamente gubernamental, aunque ella cuente con el compromiso e impulso explícito del gobierno. Tampoco estamos frente a una transformación que responda sólo a uno u otro proyecto partidista, aunque todos los partidos políticos se encuentren comprometidos con ellas.
No tenemos que cambiarlo todo. Estamos ante un esfuerzo que incluye a los tres órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, lo que explica y justifica, que haya sido denominado, efectivamente, como reforma política del Estado.
Lo que se dirime con la reforma, es la posibilidad de afirmar las bases que le den viabilidad al marco jurídico institucional de la interacción política nacional, lo que tendría que ser razón suficiente, para sumar esfuerzos en el contexto de una visión global, que no desatienda el mediano y largo plazos.
En síntesis, con la participación corresponsable y oportuna de todos, podremos generar las condiciones objetivas necesarias, para consolidar una plena gobernabilidad democrática, que impulse de manera integral el desarrollo político de la nación y garantice cabalmente mayores niveles de eficacia en la gestión pública, a ello se compromete nuestro grupo parlamentario.
La seguridad pública es un tema insoslayable en nuestra senda política inmediata. La violencia y la criminalidad que han azotado a la sociedad mexicana en estos últimos años, representa uno de los mayores retos para el futuro de la república. La intranquilidad y la incertidumbre que hoy padece la población, atentan contra unan de las funciones básicas del Estado: la de garantizar la seguridad de las personas y de su patrimonio.
Nuestro grupo parlamentario considera que la delincuencia representa un problema sumamente complejo, que para ser erradicada requiere de la corresponsabilidad de sociedad y gobierno. Tanto sus causas como sus efectos, atañen a las mas diversas dimensiones de la vida colectiva, factores económicos, sociales y culturales, así como la presencia creciente del crimen organizado, han incidido en el agravamiento paulatino de este fenómeno.
No es exagerado afirmar, que la viabilidad de las instituciones políticas, económicas y sociales, enfrenta serios riesgos en un clima de incertidumbre y miedo. Los efectos nefastos de la inseguridad pública, restringen la libertad e impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
Los diputados del PRI, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir, desde el ámbito de nuestras competencias, al abatimiento de la criminalidad y la eliminación de la impunidad.
Garantizar la seguridad pública, con lleva una revisión a fondo de los procedimientos relacionados con la procuración y la impartición de justicia. Requiere también de una mayor capacitación, modernización tecnológica, equipamiento, remuneración y moralización de los cuerpos policíacos, así como de una gran participación social, que coadyuve a reducir los riesgos y estrechar los lazos entre la sociedad y sus órganos de protección.
Estamos ante una cuestión en la cual, más allá de la militancia política, lo trascendente es brindar condiciones de seguridad para la vida en comunidad. Por ello, postulamos que las acciones en marcha y las que se emprendan en lo sucesivo, deben contemplar estrictamente el respeto a los derechos humanos, a la competencia coincidente de los municipios, los estados y la federación, en un marco de coordinación, y a la determinación de las medidas de mayor urgencia, para reducir los efectos de la criminalidad.
A nuestro juicio, este tema deja ver la urgencia por reactivar a la brevedad el proceso de reforma del Estado, a través de ellas estaremos en mejores condiciones de combatir la inseguridad en el marco del estado de derecho. Nunca será legítimo recurrir a métodos ilegales, para luchar contra la ilegalidad.
En lo que respecta al conflicto de Chiapas, nuestro grupo parlamentario asume que representa un enorme reto para la imaginación, la voluntad y la perseverancia políticas.
La magnitud del problema, explicable por los enormes rezagos sociales, que acumulados han configurado una situación de grave deterioro en la calidad de vida, especialmente de los indígenas, obliga a una actuación responsable, decidida y honesta por parte del gobierno, los partidos, las asociaciones religiosas y las organizaciones ciudadanas, de manera tal que se genere la confianza suficiente para revertir la situación prevaleciente.
Ciertamente, el conflicto en Chiapas, ha tenido la virtud de recordarnos a todos los mexicanos, la profundidad de los agravios y las injusticias que afectan a la población indígena del país.
Sin embargo, lo que no puede dejar de condenarse, una y otra vez, es la utilización de la violencia, como método para satisfacer las legítimas demandas de las comunidades.
Precisamente la semana pasada en Yucatán, el Presidente de la República reiteró que no será la violencia sino la ley, la que resuelva el conflicto. Convocó a todos a ser parte activa de la solución y no factor de una división que propicie cada vez más encono.
Desconfiamos de los que afirman que sólo ellos quieren la paz. Este es objetivo de la inmensa mayoría de los mexicanos, no de unos cuantos. La paz no se logra con exclusiones ni mentiras; no depende de aprobaciones doctrinarias ni filiaciones partidistas; sólo el diálogo y la negociación, que son los recursos por excelencia de la política democrática, pueden ayudarnos a encontrar las salidas al conflicto chiapaneco.
Lo que se juega en Chiapas es demasiado grave y complejo para tratarlo desde perspectivas unilaterales o con objetivos políticos de corto plazo. El intercambio de ideas y la concertación, únicas vías legítimas para arribar a soluciones reales, no deben supeditarse a intereses partidistas regidos por la rentabilidad electoral, ni ser rehenes de la búsqueda de usufructos políticos revestidos de reclamos democráticos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Todos los partidos deben ser suficientemente maduros para distinguir la línea divisoria que existe entre la legítima lucha política y la distorsión o el agravamiento interesado del conflicto con miras a acrecentar el capital político propio. No debe retardarse más la reanudación del diálogo, si valoramos en su justa dimensión los puntos de acuerdo ya existentes y reconocemos la importancia de una traducción jurídica de los mismos, que no provoque problemas mayores a los que se intentan resolver, estaremos en el camino para construir la paz con justicia y dignidad que México anhela y Chiapas merece.
Quienes participamos en la vida pública de México, debemos mostrar a la nación que no hay otro recurso más importante que la práctica de una política abierta y responsable, capaz de funcionar como instrumento de progreso y factor de unidad dentro de la diversidad.
Tendría que quedar muy claro que la política no es la continuación de la guerra por otros medios y que verla así, sólo conduce a estados prepolíticos en los que la fuerza y el avasallamiento original, originen efectos negativos para la convivencia colectiva y el desarrollo nacional.
El proceso de cambio que vivimos nos obliga a entender a la política como la vía necesaria para la construcción de un orden de todos y para la transformación de tendencias e inquietudes sociales en normas jurídicas, con lo que ello conlleva en cuanto a racionalidad y posibilidad de convivencia civilizada.
La política no es mera lucha por el poder, sino que es ante todo, actividad organizadora y constructiva con vocación de servicio, con visión de Estado.
Ciudadano Secretario de Gobernación: en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, estamos ciertos de que su presencia en esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales resultará fructífera para el diálogo político respetuoso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Hemos escuchado con interés sus planteamientos y estaremos atentos a las respuestas que dé a los cuestionamientos tanto de los diputados priístas como de los otros grupos parlamentarios, con el ánimo de expresar a la nación que la pluralidad política no impide sino que alienta y enriquece la convivencia democrática. Muchas gracias.
- Presidente: Muchas gracias diputado Arturo Núñez Jiménez.
Ahora, vamos a decretar un receso en términos del mecanismo previamente acordado. Este receso será de hasta por 15 minutos. Muchas gracias.
RECESO
-El C. Presidente Santiago Creel Miranda (A las 12:17 horas): Vamos a reanudar la sesión.
Pediría a los señores diputados que pasen a tomar asiento en esta Mesa de Trabajo. Igualmente le pediría a nuestros invitados y a los medios de comunicación, que nos ayuden regresando cada uno a sus lugares, para que podamos dar inicio a esta sesión de trabajo.
Corresponde ahora, en esta última etapa de nuestra reunión de trabajo, la sesión de preguntas y respuestas. En esta etapa los diputados participantes tendrán hasta tres minutos para plantear su pregunta al ciudadano Secretario de Gobernación, quien a su vez dispondrá de cinco minutos para efectuar su respuesta.
Posteriormente el diputado que haya efectuado su pregunta, dispondrá de hasta cinco minutos más para hacer sus comentarios o réplicas.
Se ha convenido tener 17 intervenciones; cada una de ellas con
una duración aproximada de 13 minutos.
Orden de las intervenciones para la etapa de preguntas y respuestas
A continuación voy a dar lectura al orden en el cual van a hacerse las intervenciones, orden que ha sido previamente acordado por la Mesa Directiva, con el aval de los distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar, el Partido Revolucionario Institucional, participara el diputado Rafael Oceguera Ramos.
Por el Partido Verde Ecologista de México, a cargo del diputado
Jorge Emilio González.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan García
de Quevedo.
Por el Partido del Trabajo, el diputado Luis Patiño Pozas.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Tulio
Hernández Gómez.
Por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan José
Rodríguez Prats.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el
diputado Pablo Gómez Alvarez.
El diputado Miguel Quiroz Pérez, por el Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Juan Miguel Alcántara Soria, por el Partido
Acción Nacional.
El diputado Alvaro Arceo Corcuera, por el Partido de la Revolución
Democrática.
El diputado Agustín Arroyo Vieyra, por el Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Felipe Urbiola Ledesma, por el Partido Acción
Nacional.
El diputado Demetrio Sodi de la Tijera, por el Partido de la
Revolución Democrática.
La diputada Juana González Ortiz, por el Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio, por el Partido
Acción Nacional.
El diputado Jesús Martín del Campo, por el Partido
de la Revolución Democrática.
El diputado Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario
Institucional.
De acuerdo con el orden previamente establecido, ahora tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera Ramos, por el Partido Revolucionario Institucional.
Intervención del dip. Rafael Oceguera Ramos
-El C. dip. Rafael Oceguera Ramos: Muchas gracias, diputado Presidente.
Evidentemente que esta mesa no es una plataforma de lanzamiento de candidaturas presidenciales, es una mesa para la reflexión, es una mesa para el análisis, es una mesa para que todos comprometamos nuestro esfuerzo y nuestra acción para encontrarles solución a los grandes retos que el país confronta en esta hora de su existencia.
Señor Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa: a mi grupo parlamentario, al grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional, le causa especial satisfacción escuchar en la intervención que usted ha tenido en esta mesa de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una clara vocación de compromiso con la solución de los problemas que actualmente confrontamos en Chiapas.
Advertimos en el análisis y en la exposición del problema, una actitud suya, de profundo compromiso con el gobierno de la República que encabeza el Presidente Zedillo. Ello nos identifica. Nosotros los diputados del partido gobernante, estamos por una solución negociada, que nos aparte del fantasma o del espectro de la violencia, y que nos lleve a fortalecer nuestra vida democrática y nuestro proyecto republicano.
El gobierno no usará la fuerza del Estado y honrará los Acuerdos de San Andrés, señaló en Canaxin, Yucatán, el Presidente Zedillo a propósito de la necesidad urgente de pactar una paz digna en Chiapas que le devuelva la calma y el sosiego al país que auténticamente quiere vivir un estado de derecho.
Con este discurso y con este hecho en los últimos días hemos visto otros muchos que nos hablan de un clima de distensión, que contrasta con el escenario de confrontación que por la ausencia de diálogo durante varios meses habíamos estado viviendo.
Todo ello nos lleva a una mayoría de diputados de este Congreso, que provenimos de las diversas regiones del país y que representamos a la gran mayoría de los ciudadanos que viven en paz y demandan de la preservación del sistema de leyes como la mejor garantía de concordia y unidad nacionales, a acuñar un sentimiento de esperanza y optimismo en la consecución de la anhelada paz para aquella región chiapaneca, tan entrañable para todos y tan requerida de solidaridad en su lucha por resolver estructuralmente el problema de fondo, que es el de la pobreza ancestral en que viven millares de compatriotas.
Señor Secretario Francisco Labastida Ochoa:
siendo evidente e indiscutida la voluntad del Presidente Zedillo de no usar la fuerza y de comprometer una serie de acciones de gobierno que garanticen una salida política dentro de la ley, mi pregunta es, señor Secretario: ¿podemos esperar que en los próximos días se reanude el diálogo con los rebeldes de Chiapas y se pacte la paz digna y definitiva para esa entidad, que restablezca la concordia y la unidad indispensables para el desarrollo general del país?
Por su atención, muchas gracias.
- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda [PAN]: Muchas gracias, diputado Oceguera.
Ahora tiene la palabra el señor Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
- El C. licenciado Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación: Muchas gracias por su pregunta, señor diputado Rafael Oceguera.
Usted plantea un tema que quisiera abordar como todos, con la mayor seriedad y con escrúpulo. "¿Podemos esperar que en los próximos días --pregunta usted-- se restablezca el diálogo y la firma de los acuerdos de paz?". Yo le diría que la paz y la firma de los acuerdos y el diálogo están al alcance de los hombres y de las mujeres que estamos actuando en política. Pero esto no es sólo un acuerdo que dependa de una de las partes, no depende sólo de una posición; depende de lo que hagamos entre todos y en particular de las disposiciones al diálogo que tenga el propio EZLN, si no sería un monólogo. Lo que estamos tratando es de construir un diálogo, restablecerlo.
Y yo agregaría: que espero que el clima que se está construyendo con hechos y con palabras nos lleve a ello. Pero no sería responsable de mi parte hacer un pronóstico sobre fechas y acuerdos. Sí hacer un balance diciendo que observo con objetividad que está más cerca hoy el diálogo que antes y que están más cerca los acuerdos hoy de lo que estaban hace algunas semanas. Creo que hemos avanzado. Creo que estas bases nos van a permitir en los siguientes días, semanas, tener consolidaciones significativas. Sólo resalto que para que ellas fructifiquen tenemos que poner, de ambas partes, decisión, colaboración, y decisión para culminar este proceso que tan largamente ha visto el pueblo de México que hemos continuado.
Yo hago votos, y no sólo votos, pondré de mi parte todo lo que sea necesario para que ello culmine y culmine pronto. Espero haber satisfecho su pregunta, señor diputado.
- El C. Presidente: Muchas gracias ciudadano Secretario.
Ahora tiene la palabra, si así desea ejercitarla, el diputado Oceguera.
- El C. diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (PRI): Sí, muchas gracias diputado Creel.
Señor Secretario de Gobernación: nosotros, los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del partido gobernante, del partido del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, compartimos en términos absolutos el planteamiento que está contenido en la intervención que usted acaba de tener al inicio de esta comparecencia.
Usted nos habla de una estrategia, de una estrategia que tiene cinco líneas generales para desarrollarse en la búsqueda del diálogo y de la consecusión de una paz justa para Chiapas.
También nos habla de doce acciones que implican el compromiso de las diferentes partes en la solución del problema. Entre estas acciones vemos el mantenimiento de una actitud de compromiso con los desplazados, vemos también el mantenimiento de un compromiso para evitar el bloqueo de los caminos, garantizando el libre tránsito de los chiapanecos, vemos, en fin, un mínimo de planteamientos que es indispensable (que) todas las partes representadas en esta mesa, asumamos y comprometamos para lograr su plena realización.
Creo que nadie de los aquí presentes somos ajenos al drama que actualmente se vive en la entidad chiapaneca y la apuesta de todos es en contra de la violencia y en favor de la prevalencia del diálogo y de la negociación por encima de la confrontación y por encima de la guerra inclusive.
Reciba el Secretario de Gobernación y el gobierno de la República, por conducto de nosotros, una actitud clara de compromiso con la empresa de lograr la paz y de garantizar que la paz sea un valor que haga posible que la justicia, que el desarrollo, que el bienestar y el progreso, sea el patrimonio de todas las comunidades indígenas y de todos los mexicanos al fin.
Gracias por su atención, señor Secretario.
(Aplausos).
- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Oceguera.
De acuerdo con el orden preestablecido, ahora tiene la palabra el diputado Jorge Emilio González Martínez.
Intervención del dip. Jorge Emilio González Martínez
- El C. diputado Jorge Emilio González Martínez (PVEM): Muchas gracias, diputado Presidente.
Señor Secretario de Gobernación: en los días recientes se ha generado una fuerte controversia que es ya del conocimiento de la opinión pública, en la que diversos analistas han pretendido interpretar la razón por la cual el gobierno federal se ha abstenido de suscribir el proyecto de iniciativa de reformas constitucionales elaborado por la Cocopa, para dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena.
Entre los argumentos mencionados se ha dicho que, por un lado, dicha iniciativa y los Acuerdos de San Andrés, constituirían un retroceso en la condición de los pueblos indígenas de nuestro país hasta condiciones anteriores a la expedición de las leyes de reforma. Y, por otro lado, también se ha dicho que la iniciativa y los acuerdos, de ser aceptados plenamente, pondrían en peligro la integridad de la soberanía nacional.
Mi partido y mi grupo parlamentario, tomando en cuenta lo antes dicho, le pregunta: ¿cuál será entonces la estrategia concreta que el gobierno federal llevará a cabo para destrabar el proceso de pacificación en el estado de Chiapas?
Señor Secretario, aunado a la gran presión económica que las políticas económicas en la materia han ejercido y ejercen sobre el pueblo de México, que son, valga decirlo, las causantes de la desesperanza e insatisfacción que nos llevaron a padecer el conflicto chiapaneco y que además han sumido a 40 millones de mexicanos a la pobreza, la insalubridad, falta de trabajo y la frustración, además de todo ello tenemos que padecer también un clima insostenible de violencia e inseguridad, la delincuencia se ha adueñado de nuestras calles, de nuestras carreteras, nuestros parques, nuestros mercados y lo más grave, amenaza adueñarse también de nuestros hogares.
¿Qué debemos hacer los mexicanos para que el gobierno federal tome ya las medidas efectivas para que este clima de zozobra nacional sea superado? Programas van y vienen pero la violencia ahí está, la falta de coordinación de las organizaciones policíacas de nuestro país, su falta de profesionalismo y capacitación, cuando bien nos va su corrupción y cuando no, su complicidad o participación directa en los hechos delictivos.
¿Qué se va a hacer para combatir este cáncer social que pone en riesgo, sin duda alguna, a la seguridad nacional?. Narcotráfico, robo de vehículos, secuestros, robo a mano armada son la constante cotidiana que padecemos todos los días. Es fundamental, señor Secretario, que nos informe acerca de las estrategias concretas que su Secretaría seguirá para combatir la inseguridad pública y la delincuencia y que, en el curso de su implementación se garantice, promueva y facilite la participación no sólo de partidos y organizaciones políticas sino de todos aquellos ciudadanos e instituciones que deseen y tengan algo que aportar para la solución de esta grave problemática. Muchas gracias por la respuesta.
-El C. Presidente: Muchas gracias, diputado González Martínez.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación: En las dos preguntas que plantea el señor diputado González Martínez, trata dos temas de gran complejidad que en los cinco minutos que hemos convenido voy a intentar responder, señor diputado.
Su primer pregunta es ¿cuál estrategia para destrabar el problema de Chiapas? Yo creo que en lo básico está planteado: de una parte atender las demandas sociales; en segundo término apoyar y llevar ayuda humanitaria a desplazados, hacer un programa para regresar a los desplazados, distender la zona e intensificar el diálogo, pero en la parte conducente a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, yo quiero reiterar y refrendar la posición del gobierno. Lo respeta en su cabalidad y en su totalidad.
La pregunta entonces es como si estamos de acuerdo todas las partes en los Acuerdos de San Andrés ¿qué es lo que impide que estos se lleven a un proyecto de Ley a consideración del H. Congreso? En nuestra opinión, en mi opinión en particular, el texto jurídico que se elaboró -perdón- el primer texto jurídico a la primer propuesta que elaboró la Cocopa, tiene inconvenientes jurídicos de tal magnitud que no pueden hacer de ninguna manera que el jefe del Ejecutivo lo suscriba.
Voy a tratar de ilustrarlo. Define, y ésta es una síntesis apretada, como regiones autónomas todas aquellas que están ocupadas por población de mayoría indígena sin definir con exactitud dicho territorio; define las mismas que serán sujetos de explotación colectiva, todos los bienes y todas las tierras que conforman el hábitat de estas regiones; y no estamos hablando sólo de Chiapas, estamos hablando de las 57 etnias que existen en el país en prácticamente todos los Estados de la República, incluso en Chiapas, en el municipio de Chenalhó, el 35 por ciento de las tierras de explotación comunal aproximadamente un 20 por ciento es de explotación ejidal, hay cerca de un 17 por ciento o 15 por ciento de propiedad privada.
Tal como está redactado el proyecto, el primer proyecto de Ley que elaboró la Cocopa que por cierto no tiene esta facultad, implica tal como está definido, insisto, que diera lugar a que se haría de una explotación colectiva por los grupos indígenas de las tierras ejidales y de las tierras privadas, que estaríamos de hecho, al insertarlo en la Constitución, creando un problema de tenencia de la tierra y conflictos sociales, no sólo en el norte del estado de Chiapas y en la selva, sino en todo el estado de Chiapas y en todas las regiones indígenas del país.
Esto significaría que de hecho estaríamos provocando conflictos entre los grupos sociales del país, de una consideración muy superior al problema que estamos tratando de solucionar; estaríamos provocando fuegos en todo México y nos parece a nosotros que no podemos avalar una iniciativa que contenga un proyecto de tan graves consecuencias para el país como he mencionado.
Quisiera abundar sobre el particular: no está en el espíritu OIT ni en la letra del Decreto 169 de OIT, no está en la letra de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar dichos conceptos. Esto corresponde a la redacción, al primer proyecto jurídico que formuló la Cocopa; no responde al espíritu, creo, de ninguno de los partidos, ni de ninguna de las fuerzas políticas, instituir un problema superior al que estamos tratando de solucionar.
Entonces mi pregunta es: si es así, si así opinan los juristas más destacados del país ¿por qué no revisamos dicho proyecto y hacemos algo que les satisfaga, no sólo a los partidos, sino que le dé la tranquilidad a la ciudadanía de que no se van a generar problemas superiores en todo el país y se van a incendiar múltiples zonas de México con el proyecto de ley que se ha integrado?.
Recordemos, insisto, que es una propuesta de modificaciones a la Constitución que es nuestra Ley Suprema, y en consecuencia todas las leyes secundarias tienen que supeditarse a ella.
Igual podría decir con relación a las disposiciones sobre medios masivos de comunicación, que de hecho anulan todas las leyes correspondientes secundarias, en donde regulan la forma de adscribir las concesiones de radio y de televisión anulándola de hecho y provocando un régimen que no es el que estamos buscando en el fondo, pero que sí da lugar la forma ambigua del primer texto de estas incongruencias o ambiguedades.
Es por ello que nosotros creemos que hay un camino que es revisar la ley y adecuarla para que exprese con fidelidad y sin problemas lo que expresan los Acuerdos de San Andrés, y el otro camino es tomar el segundo texto que elaboró la Cocopa y tomarlo porque supera con mucho el primero, y tomarlo con el proyecto sobre el cual podemos trabajar. Cualquiera de las dos vías, a nosotros nos parecen aceptables.
Por lo que toca a su segunda pregunta, señor diputado -creo que me estoy excediendo en el uso del tiempo- sólo le diría que el programa es un programa integral que tiene que poner el acento en donde están los problemas. El 95 por ciento de la delincuencia del poder común, corresponde entonces a los gobiernos de los estados resolver este problema, pero corresponde a la Federación llevar auxilio con tecnología, con diseño de programas, con recursos financieros para juntos hacer en todo el país programas que estén a la altura de las justas demandas de los mexicanos.
Espero haber respondido su pregunta, señor diputado.
- El Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Tiene la palabra el diputado Jorge Emilio González Martínez.
-El dip. Jorge Emilio González Martínez: Muchas gracias, señor Presidente, pero no voy a usar mi derecho de réplica.
-El Presidente: Muchas gracias, diputado González Martínez.
Siguiendo con el orden preestablecido, ahora tiene la palabra el diputado Juan García de Quevedo.
Intervención del dip. Juan García de Quevedo
-El dip. Juan García de Quevedo: Con su permiso, señor Presidente.
Señor Secretario: Chiapas asombró, alertó, indignó a la conciencia de la nación; se dio confusión e incertidumbre. El levantamiento armado obligó a pensar lo impensable, a ver como real lo que parecía imposible.
El lenguaje de la guerra y toda la racionalidad que esto implica, fue silenciado por el gobierno de la República que con una extraordinaria rapidez de reflejos y una capacidad política sorprendente, a unos cuantos días de declarada la guerra establece la paz, la negociación y el diálogo, es decir, ante la guerra, la política; ante las armas, la razón política, diálogo y negociación.
Esta es, ésta ha sido la posición ética y política del gobierno de la República y la posición de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional.
Chiapas, señor Secretario, significa fundamentalmente al indígena olvidado, al indígena visto como lo otro, lo ajeno, lo extraño, como sujeto de la antropología o la poesía, como sujeto de discursos, pero jamás siendo el indígena y su injusta realidad su propio discurso.
La desigualdad en Chiapas es estructural, la pobreza es estructura, el hambre y la miseria tienen una larga y feroz historia. Larga y feroz historia donde políticos, religiones y sacerdotes han fracasado, unos en su proyecto de redención y otros en su proyecto de realización social. Como prueba los dramáticos hechos.
Parece, señor, que ahora sí los indios de Chiapas quieren escribir su propia historia sin criollos iluminados que les digan cómo y por dónde caminar, menos a ser sujetos de intereses estratégicos de partido para lograr presencia y permanencia. Los indígenas -y sus causas profundas del conflicto de Chiapas no pueden ser otras que el abandono y la pobreza, abandono y miseria- sólo tienen una solución: desarrollo e inversiones, llevar el desarrollo de la nación a Chiapas.
Los indígenas reclaman trabajo, empleo, atención médica, educación, es decir participar del desarrollo de la nación, y no ser siempre los olvidados. Chiapas quiere la paz para que se inicie inmediatamente una estrategia de desarrollo que respete su singularidad regional y su especificidad, estructura cultural, desarrollo que no implique pérdida de identidad y olvido de sí mismos, pero que la condición de ser indio no signifique fatalmente hambre y miseria, opresión y degradación.
Señor Secretario, esta guerra, esta paz, estos acuerdos, estos desacuerdos que son parte fundamental de negociaciones políticas, de políticos ¿hasta cuándo va a paralizar la acción del gobierno para realizar obras sociales y de desarrollo que combatan miseria y opresión en los pueblos indígenas, miseria y opresión que son las causas fundamentales del levantamiento?
¿Cómo impulsar, señor Secretario, proyectos de inversión que respeten la memoria indígena, la tradición, los valores, lengua y cultura, con la modernización que implica el desarrollo?
Señor Secretario, en estricta lógica, si el gobierno de la República no quisiera la paz, habría hecho la guerra. A muy pocos días de que al gobierno de la República se le declaró la guerra, el gobierno de la República estructuró la paz. ¿Qué es, a su juicio, señor Secretario, lo que en estos años de negociación y diálogo, no han permitido el restablecimiento de la paz y el estado de derecho en Chiapas?
Por sus respuestas y consideraciones, muchas gracias, señor Secretario.
El C. Presidente: Muchas gracias diputado García de Quevedo.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
El C. Secretario de Gobernación: Me está preguntando una opinión, señor diputado Juan García de Quevedo, sobre hechos en los cuales yo no participé. Pero en la lectura de los documentos de los sucesos, me permiten concluir que lo que tenemos que hacer hacia adelante es adelantar rápidamente, acelerar los procesos de negociación.
Los elementos fundamentales es llegar a un acuerdo sobre el proyecto de reformas a la Constitución; hacer un programa que, por cierto, me permito enfatizarlo de atención de necesidades sociales en el estado, que ya está diseñado y en ejecución, y que tiene como propósito que el nivel de atención de las necesidades sociales de los chiapanecos en el año 2000, esté en el promedio de la República. Es decir, que las atenciones en materia (de) educación, de salud, de agua potable, de alcantarillado, de caminos, de electricidad, compense el rezago que históricamente Chiapas ha tenido, que se cierre la brecha que la atención de estas demandas Chiapas ha tenido, y es por ello que los recursos destinados a este propósito están creciendo.
Siendo esto importante, sin embargo, necesita además una estrategia de impulso al desarrollo económico y a la generación de empleo, como una parte fundamental para solucionar los problemas del bajo nivel de vida que tiene Chiapas.
Cerca del 40 por ciento de los asalariados en Chiapas reciben menos del salario mínimo, a diferencia del país en donde la mayor parte se está concentrando sobre los dos salarios mínimos.
Esto sólo lo podemos corregir de fondo si impulsamos la inversión y la creación de empleos de forma acelerada intensa en el estado.
Quiero con ello, pues, enfatizar que la estrategia tiene que ser múltiple. De una parte la atención de demandas sociales, en lo cual se está actuando; de otra, formular y ejecutar un programa que impulse mucho la inversión del sector privado; que se acompañe con inversiones del sector público; que generen una infraestructura y condiciones para impulsar el desarrollo agropecuario de las agroindustrias, el turismo y otras actividades, y de otra, crear un clima que haga respetar y aplicar estrictamente la ley .
¿A qué me refiero con ello? En Chenalhó, un municipio de escasos 132 kilómetros y 30 mil habitantes, en muy escasos días, del 12 de octubre al 15 de diciembre, si la memoria no me falla, hubo 14 hechos de violencia por razones políticas o de tenencia de tierra. No se detuvo a ninguno de los responsables, y esto generó un ambiente de agresividad, encono y venganza creciente.
Seis de estas agresiones fueron de simpatizantes de un partido; 8 de las otras agresiones, fueron de simpatizantes de otro partido.
Hay que aplicar la ley, con rigor, sin distingos, a cualquiera de estas agresiones que se hayan cometido.
No puede pedirse que la ley sólo se aplique a una de las partes, si no van a seguir creciendo el clima de encono, de animadversión y de odio que existe en la región con esta escalada que tan funestos y lamentables resultados ha tenido.
¿Qué puede desatorar la paz? Creo que intensificar lo que hemos mencionados; formular entre todos un proyecto de ley que nos satisfaga ampliamente, no sólo a los partidos y al gobierno, a los chiapanecos, desde luego, y que les satisfaga a los mexicanos.
Tenemos una responsabilidad histórica. Un proyecto de ley de reforma a la Constitución es para todo México, no sólo para un estado. Tenemos entonces que hacer un proyecto a la altura de las expectativas y de las demandas de los chiapanecos y también de todos los mexicanos.
-El C. Presidente: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado, si desea hacer uso de su derecho de réplica.
De acuerdo con el orden preestablecido, ahora tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas, del PT.
Intervención del dip. Luis Patiño Pozas
- El C. dip. Luis Patino Pozas: Gracias, diputado Presidente. El asunto Chiapas, en los últimos 4 años, ha cruzado la vida política nacional e impactado a la comunidad internacional.
Ciertamente la localización geográfica del conflicto de intereses es acotada, pero no es menos cierto que los conceptos y propuestas trascienden a la sociedad mexicana.
No es admisible que sólo la interpretación del gobierno federal, quien es representativo de una fracción de la sociedad, el PRI, sea la que prevalezca en las posibilidades de solucionar conflictos.
La sociedad mexicana e internacional han sido influidas por los sucesos de Chiapas y viceversa. Ciertamente, desde la Corona española no se habían puesto tan íntimamente en el centro de la discusión, los derechos y la cultura indígena, por lo menos no con tanta pasión y razón.
El Partido del Trabaio tiene base social en Chiapas, militantes y simpatizantes han participado desde hace varias décadas en organizaciones populares, campesinas, estudiantiles. Más recientemente, en procesos electorales, municipales y distritales.
Más que como partido, como una de las expresiones sociales, nos interesa una solución justa, digna y pacífica, a la situación tan complicada que se vive.
En nuestra opinión, la autonomía como concepto, tiene una solución práctica. De hecho lo practicamos en las organizaciones campesinas, sindicales y populares donde participamos ¿a qué el miedo de que los pueblos indígenas, que de hecho también lo realizan, se le dé forma legal?
Por otra parte, ¿alguien se atrevería a afirmar que la conformación actual de los municipios, obedeció a la voluntad popular? Desde luego que no, y menos en Chiapas, donde como sabemos que no pasó la revolución agraria, y en 1919 la Ley Agraria sólo autorizaba reparto de tierras de aquellos predios mayores a ocho mil hectáreas. Curiosamente, Ocosingo, el principal centro del conflicto, es el municipio con mayor superficie en la entidad. Luego, entonces ¿por qué aferrarse a situaciones a todas luces injustas?
En nuestra posición, que si bien la reforma política, aún con asegunes, puesto que es perfectible, ha garantizado en buena medida la participación de organizaciones y partidos políticos, no es la única forma de expresión popular en Chiapas. Son los pueblos indígenas, con y sin partido, quienes reclaman respeto a sus decisiones.
La reforma política en consecuencia, tiene en este caso que asumir otras formas. Así no es un problema de carácter partidario, sino de grupos y pueblos indios, que durante más de 500 años han sido despojados, desplazados, discriminados y reducidos en el ejercicio de sus derechos y desarrollo autónomo, aún siendo y queriendo ser mexicanos.
La reanudación del diálogo, con la firme determinación de respetar la voluntad de los pueblos en cuanto a su demarcación territorial y la búsqueda de espacios y atención a quienes han sido desplazados, por lo tanto es una premisa que públicamente debe asumirse.
La distensión militar el diálogo con negociación, sin engaños, sin disimulos, sin trampas y con voluntad de respetar los acuerdos, es fundamental para evitar nuevos brotes violentos.
La agenda Chiapas debe involucrar más directamente al legislativo local, pero de manera plural y no como hasta ahora, participando una sola parte del conflicto, con el objeto de adecuar, como seguramente será necesario, lo que legalmente se derive en materia territorial y otros aspectos.
Realmente deben realizarse de manera simultánea muchos diálogos permanentes en los lugares de conflicto, para encontrar respuestas concretas y específicas a problemas concretos y específicos, en el marco de los Diálogos de San Andrés, que también deben de ser permanentes. De no atender así el conflicto, se pueden enconar aún más los problemas específicos entre la población, en espera de soluciones generales.
Finalmente, reiteramos, es la base quien decide. Garanticemos con la reinicialización inmediata de los diálogos, la opción de libre expresión popular y su respeto. En este caso, principalmente de los indígenas, pero también de quienes no lo son, y viven en condiciones similares.
Señor Secretario, queremos con esta argumentación, preguntarle ¿cuál es el procedimiento que la Secretaría de Gobernación propone, para garantizar que las decisiones de los pueblos indígenas se tomen y respeten, en este proceso de reanudación del diálogo, de retiro y reubicación del ejército, de ratificación de los Acuerdos de San Andrés y de aprobación de la ley propuesta por la Cocopa?.
Por su respuesta, gracias, señor Secretario.
-Presidente: Muchas gracias diputado Luis Patiño Pozas.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-C. Secretario de Gobernación: Yo estoy de acuerdo con muchos de los conceptos que el señor diputado Luis Patiño Pozas ha vertido. Creo que todos buscamos una solución justa y digna. Estamos totalmente de acuerdo y lo hemos repetido en la remunicipalización. Creemos que además debe de intensificarse. Creemos que hay que respetar la autonomía, la cultura, la dignidad y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Respeto a sus decisiones. Hay que hacer un programa para los desplazados y hay que tener un diálogo sin engaños y desde luego hay que involucrar al Legislativo local y reanudar cuanto antes el diálogo.
Su pregunta sobre el procedimiento para garantizar que podamos avanzar, yo diría que está mucho en estas vertientes que hemos trabajado, en instrumentar estas líneas básicas de estrategia y de programa de acción para las siguientes semanas, acelerar e intensificar lo que se ha venido desarrollando y destrabar el punto que parece se ha convertido en el punto nodal que nos permita llegar a una solución pronto. Un acuerdo sobre un proyecto de ley no sólo que satisfaga a los partidos, negociado con el EZLN, que satisfaga a la sociedad y que nos dé la seguridad a los juristas, a los señores legisladores, al Ejecutivo, de que responde con cabalidad, interpreta fielmente los Acuerdos de San Andrés.
No creo que si estamos de acuerdo en lo básico, que son los acuerdos de San Andrés, la forma nos separe. Si estamos de acuerdo que son los Acuerdos de San Andrés, encontremos la mejor forma de expresión jurídica al fondo, que es lo que nos debe de unir, nos debe de unir los Acuerdos de San Andrés, no nos debe de separar la forma de expresión de ellos. Y como nosotros creemos que la forma de expresión contiene expresiones que dan lugar a interpretaciones que no son lo que buscamos de fondo, creo que tenemos que mejorar dicha forma. Por eso es nuestra exhortación para que juntos lo hagamos, que no sea un proyecto sólo de una parte, sino que sea un proyecto colectivo y obviamente en ese proyecto colectivo tiene que estar comprendido desde luego el EZLN.
-Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas.
-Dip. Patiño Pozas: Bien. Entiendo que efectivamente tratando de poner en primer plano la voluntad política, y también comprendiendo que la mayor cuota de voluntad política la tiene que poner el Ejecutivo, simplemente la respuesta del señor Secretario no satisface la pregunta que ha hecho mi partido por mi conducto. Es decir, siguen habiendo generalidades, siguen habiendo evasivas y no encontramos una respuesta concreta de procedimiento para que efectivamente esto se lleve a cabo.
En la primera intervención que hicimos decíamos que es tiempo de efectivamente discutir acciones, poner fechas y poner compromisos para que efectivamente, de cara a la nación, las partes involucradas podamos efectivamente darle cuenta a la nación. Si esto no lo realizamos, si efectivamente continuamos con posiciones generales, creo que nos van a dar otros cuatro años y seguiremos discutiendo y la sangre indígena seguirá corriendo.
Señor Secretario, no estamos satisfechos con su respuesta.
-Presidente: Muchas gracias, diputado Patiño Pozas.
Ahora tiene la palabra el diputado Tulio Hernández Gómez, por el Partido Revolucionario Institucional.
Intervención del dip. Tulio Hernández Gómez
-Dip. Tulio Hernández Gómez: Señor Secretario, me parece muy importante que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llegó a la organización de esta reunión de intercambio, de diálogo y que juntos sabemos que son cuatro los puntos que se han tocado, tanto por las posiciones de nuestros compañeros de cada circunscripción, de cada grupo, de cada grupo político, de cada partido en la Cámara y del documento que usted presentó. Y yo quisiera subrayar en este momento lo relativo a la reforma del Estado. Creo que es muy importante que las condiciones sociopolíticas y económicas del periodo que estamos viviendo y que es el fin del siglo, y nuestro paso hacia una realidad diferente, se están dando las circunstancias y el reto para fortalecer el desarrollo justo y democrático de la nación.
En el caso concreto de la reforma del Estado, se ha hablado también de unas mesas que se van a organizar para que lo que más se dé, sea este diálogo, este intercambio, estas coincidencias y aun la superación de nuestros diferentes puntos de vista en la reforma del Estado.
Desde luego que también quisiera subrayar que esto implica que no se puede hacer ninguna tarea sin la actividad política como un producto vano y social, indispensable, atractivo, apasionante, aunque históricamente ya se hubiese apuntado alguna vez que lo mejor sería una sociedad libre, con bienestar, paz y justicia, pero sin política, y también sin la existencia del Estado .
Simplemente quiero subrayar que considero que es una oportunidad importante para afirmar algo que en este siglo se ha vivido en muchas partes, y lo hemos vivido en todos los niveles, académicos y sociales. Se confunde al Estado con el gobierno. A veces parece que el Estado es sólo el gobierno. Hay muchas frases todavía un poco inseguras y no se afirma bien que el Estado es fundamentalmente la nación, la población, su casa, que es su territorio, las normas que le permiten vivir, que es su Constitución y su estructura jurídica, y también su sistema político y de gobierno. Por eso me parece que este es un reto muy interesante para que esta reforma del Estado, nos permita, como ya se apunto por varios de nuestros compañeros de diversos partidos y de su propio documento, hablar de que se requiere la participación de todos los sectores de la nación, que es el elemento número uno del Estado. Esto implica que estas mesas que se organicen o estos organismos, estos instrumentos para escuchar puntos de vista e intercambiar y llegar a los acuerdos de la reforma del Estado, nos permitan a todos entender que la sociedad es muy compleja pero también hay que entender que la gente del campo, del desarrollo urbano, los académicos, todos tienen derecho y también el reto de contribuir a esta reforma del Estado.
Mi pregunta es muy simple, no se tocó en este momento pero pienso que uno de los aspectos esenciales sería que nos ayudáramos todos y Gobernación también nos diera su propuesta, sobre la comunicación social, la comunicación y difusión que se pueda tener para dar a conocer lo que avancemos en estos pasos, en estos importantes asuntos de la reforma del Estado.
No estoy diciendo con esto, sino algo muy simple, aunque parezca muy simple. Se busca que la comunicación del esfuerzo para llegar a la reforma del Estado que ahora se propone, sea una información sencilla y clara, porque nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra nación quiere saber más de qué es lo que se va a proponer, y que no se siga con confusiones de que la reforma del Estado sólo va a ser sobre el gobierno o sobre el Poder Ejecutivo y que éste es un asunto que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el sistema federal, el municipal. Y que si hay coincidencias, esto explica que la política no es un asunto de juego de futbol o pelea de gallos para ver quién gana, sino que todos por encima de nuestras diferencia, encontremos aquellos objetivos y coincidencias que permitan el crecimiento del Estado nacional, el estado de derecho, el estado político, el estado de la nación mexicana.
Por su respuesta, sobre cómo se organizaría este mecanismo de comunicación social, muchas gracias.
-El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Tulio Hernández. Tiene la palabra el ciudadano Secretario.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa: Creo, señor diputado Tulio Hernández, que sería de los temas que se podrían examinar en la mesa central. Adoptar una línea de comunicación, una definición de cómo se quiere hacer y por conducto de quién. Hay una experiencia muy rica registrada en 1995, creo que podríamos basar más en ello, pero fundamentalmente lo que yo diría es que deberemos de procurar llegar a ello por consenso y definir las líneas y las estrategias más claras en esta materia.
Recogería su inquietud transportándola a una propuesta, para que fuera uno de los puntos que en la agenda se tratara y se definiera por los partidos, para definir cómo abordaríamos esta materia tan importante a la cual usted se ha referido, señor diputado.
- El C. presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
¿Quisiera tener una segunda intervención, diputado?
- El C. diputado Tulio Hernández Gómez: Sí, muy brevemente. Creo que este comentario del Secretario de Gobernación nos permitiría también llegar a que este mecanismo de comunicación social pues no sea de "boletines solemnes y estrictos", pero sí que sea producto también de un consenso, porque muchos de estos esfuerzos que se hacen: cada quien da por su lado su noticia. Y dicho de otra manera: toda noticia, según el tono que se ponga y el estilo que se quiera, pues despierta distintas referencias, distintas reflexiones. No se trata de perder la diversidad sino pienso que -y esto lo digo con todo afecto a todos nuestros compañeros- la comunicación social no nos ayude exclusivamente a quienes hablamos o a cada una de nuestras fracciones parlamentarias, sino que nos ayude a que lo que se va logrando sea motivo de interés, de participación y de apoyo de todos los sectores de la sociedad mexicana.
Muchas gracias.
-- El C. presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputado Tulio Hernández.
Ahora tiene la palabra por el Partido Acción Nacional el diputado Francisco José Paoli Bolio.
Intervención del dip. Francisco José Paoli Bolio
-Dip. Francisco José Paoli Bolio: Ciudadano Secretario de Gobernación;
Ciudadanos legisladores; invitados; miembros de los Medios de Comunicación:
Para el Partido Acción Nacional hay una preocupación fundamental en torno de la solución al conflicto de Chiapas: que de esta solución salgamos con una nación fortalecida, en la que los distintos actores tengan garantizados sus derechos individuales y sociales, sus autoridades ejerzan atribuciones clara y precisamente atribuidas, sin menoscabo del ejercicio de la soberanía, la integridad territorial y la disposición de los recursos estratégicos.
Dentro de esa preocupación es indispensable incorporar con precisión y pertinencia los derechos de los pueblos indígenas, en un marco de autonomía en ese contexto.
En función de esta premisa quisiéramos preguntarle: sabiendo que la interrupción del diálogo entre el gobierno y el EZLN ha hecho crecer el conflicto y lo ha exacerbado haciendo fracasar una estrategia subyacente que buscaba exactamente lo contrario ¿cuáles son los elementos clave de una nueva estrategia -como usted ha dicho- que nos lleve de inmediato al diálogo ¿cuáles son los pasos que la Secretaría a su cargo y el negociador gubernamental recientemente designado van a dar para reanudar el diálogo y la concertación con el EZLN de la manera más directa posible?
Segundo: ¿Cuál es la posición del gobierno en términos de flexibilizar sus objeciones u observaciones a la formulación jurídica de la Cocopa? ¿Dónde encuentra usted él o los nudos principales de este desentendimiento?
Tercero: ¿En cuanto a la presencia del Ejército en la zona de conflicto, cuáles son a su juicio las condiciones para promover su retiro progresivo y qué esperaría obtener de la contraparte para ese retiro?
Y cuarto, ¿cuál será la relación de la autoridad federal, en este caso representada por usted, pero que se multiplica en diversos agentes, con los llamados ayuntamientos autónomos, creados en Chiapas al margen de la ley en decenas de municipios?. ¿Cuál será el trato político y económico a esas organizaciones y cómo se advierte su existencia y actuación en función de la estrategia integral de paz?. ¿Específicamente cuándo iniciarán, si es que tienen prevista una fecha, los trabajos de remunicipalización y redistritación que configurarían una estructura para ir avanzando hacia acuerdos mayores?.
Por sus respuestas, muchas gracias anticipadamente.
- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Paoli.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
- El C. lic. Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación: Le rogaría al señor diputado que comprendiera que le voy a contestar de manera sintética, porque me hizo cinco preguntas y tengo cinco minutos. Entonces, tengo un promedio de un minuto para cada una de las respuestas.
La primera es ¿cuáles son los pasos que la Secretaría va a dar para reanudar el diálogo con el EZLN?. De hecho éstos creo que ya se han iniciado. Prefiero no ser muy amplio sobre ello por razones obvias, pero ya se han iniciado y espero que consoliden y que éste se reanude. Pero le diría que ya se han iniciado estos pasos para reanudar el diálogo.
¿Cómo flexibilizamos la posición jurídica? fue su segunda pregunta. Bueno, por lo que toca a la primera propuesta de la Cocopa, la Secretaria de Gobernación formuló cerca de 27 observaciones. Consideramos que de ellas cerca de cuatro son las fundamentales, las otras consideraciones las retiraríamos y planteamos que nos sentemos a dialogar, examinar, los textos que en opinión de los juristas más destacados del país, contienen ambiguedades y pueden dar lugar a problemas mayores de los que estamos procurando resolver.
Podemos ir sobre este camino de hacerlo juntos, podemos irnos sobre un camino de hacerlo junto con el EZLN, podemos tomar el camino de redactarlo y convertirlo en propuesta. Yo creo que cualquier estrategia con flexibilidad nos adaptamos. Quiero destacar con ello que nos importa llegar a resultados y no vamos a hacer de las formas el impedimento para acceder a ellos. Con flexibilidad, en diálogo, en espíritu constructivo, creo que podemos construir entre todos una propuesta, señor diputado.
Su tercera pregunta, ¿cuáles son las condiciones para promover el retiro progresivo del Ejército?. Creo que las condiciones se refieren fundamentalmente a evitar violaciones de la ley, a evitar clima de inseguridad, a evitar existencia de grupos armados, a la aplicación de la ley, los que permitirán el retiro gradual del Ejército de algunas de sus posiciones. En otras el Ejército tiene que permanecer. Tenemos una frontera muy grande, tiene que estar presente en ella. En Chiapas existe la mayor capacidad de generación de energía eléctrica del país, tiene que estar presente el Ejército para salvaguardar las instalaciones estratégicas. Pero creo que en la medida en que el clima de distensión, las provocaciones avancen y existan menos armas en la región, esto se podrá dar en etapas subsecuentes.
Su cuarta pregunta es ¿cuál es la posición sobre los municipios autónomos?. Y se liga con el último punto de los trabajos de remunicipalización. Los trabajos de remunicipalización ya se hicieron, señor diputado, lo que importa de ellos no es que se hayan realizado técnicamente, sino que reflejen los deseos que expresan los diferentes grupos y esto significa que se hagan de manera participativa. Debe ser un trabajo espléndidamente formulado, pero lo que debe significar es que en ese trabajo se vean reflejadas las partes, en los trabajos técnicos están ejecutados pero lo que debemos de hacer es que no nos sea compartido por todos los actores y todas las fuerzas políticas, creo que tenemos una base para ir a un diálogo, definir o redefinir lo que se ha ejecutado y a avanzar de manera rápida, hay base técnica formulada lo que importa es tener sobre ellos los acuerdos políticos como lo obligan en los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
La razones obvias por las cuales no se han hecho todas las partes, es que este diálogo está interrumpido, espero haber satisfecho sus preguntas señor diputado.
-El C. Presidente: Muchas gracias, señor Secretario.
Ahora tiene la palabra el diputado Paoli Bolio.
-El C. diputado Francisco José Paoli Bolio:- Ciudadano Secretario de Gobernación: Para nosotros es fundamental ir concretando lo más puntualmente posible estos pasos que se van a dar y en este sentido nos es de primordial importancia reiterar y avalar plenamente los diez puntos de acuerdo a los que llegaron la Cocopa y la Conai en una reunión muy reciente.
En este punto y sin pretender ahora referirme a los diez puntos, quisiera establecer nuestra posición en función del primer punto de estos acuerdos respaldándolos todos porque este respaldo implica que estamos primero ante una nueva etapa, ante una nueva circunstancia que podría inscribirse en esta nueva estrategia para la superación del conflicto en Chiapas; y, segundo, estamos ante algunas necesidades que también son inéditas, tan es así, que las dos instancias de coadyuvancia y mediación lo establecen en su primer punto y relevo esto porque creo que es de la mayor trascendencia en función de los nudos en los que estamos atorados para la negociación.
Se refiere precisamente el primer punto a los Acuerdos de San Andrés y dice: "la concreción de los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena es el punto central de la crisis en la que actualmente se encuentra el diálogo. De su cumplimiento depende fundamentalmente la reanudación de este, por tanto la estrategia para reactivarlo deberá ser en primer lugar las reformas legislativas en materia indígena.
Pero no está dando este acuerdo conjunto de Cocopa y Conai un documento que está terminado, que está absolutamente redondeado, sino que en su primera frase "la concreción de los acuerdos de San Andrés", está implicando que tenemos que hacer un esfuerzo para lograr una concreción que sea aceptable por todos.
En segundo lugar, me gustaría o me hubiera gustado haber escuchado cuáles son esos 4 puntos fundamentales, y ya no habrá ocasión de hacerlo, al menos en una respuesta inmediata, pero ojalá encontrara usted en las respuestas posteriores la posibilidad de decirnos cuáles son estos cuatro de los 27 que originalmente había hecho el gobierno en los cuales insiste porque estos son los nudos a los que yo estaba refiriendo en mi pregunta inicial, si fuera tan gentil aunque entiendo que no será de inmediato por el formato que hemos adoptado para esta mesa de trabajo.
Celebro, finalmente, que hubiera un espíritu de flexibilidad en toda esta negociación que empieza a reflejarse en la reducción de las observaciones y quisiera insistir en que ella debe llevarse, claro con tino y con responsabilidad, porque aquí estamos en presencia de intereses superiores de la nación que son los primeros que tenemos que salvaguardar.
Y con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias por sus anteriores respuestas y ojalá esta de los cuatro nudos principales nos la pudiera precisar más adelante.
El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Paoli. Ahora tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del dip. Pablo Gómez
-El dip. Pablo Gómez: Ciudadano Secretario: para evitar ser acusado de realizar ataques infundados y declaraciones tremendistas, considerando que también hablar de ataques infundados puede ser un ataque infundado y referirse a declaraciones tremendistas puede ser un lenguaje tremendista, quiero hacerle unas preguntas y espero unas respuestas igualmente concretas.
¿Comparte el gobierno la idea de la Procuraduría General de la República de que la matanza de Acteal tuvo como una de sus finalidades la venganza?
Segunda: ¿Hay alguna matanza semejante a la de Acteal en la historia contemporánea del pueblo tzotzil?
Tercera: Usted habla de grupos armados, ¿podría dar a la Cámara en este momento las denominaciones de dichos grupos y los nombres de sus dirigentes?
Cuarta: ¿Podría darle a la Cámara en este momento los nombres de los partidos o de las personas o de ambos, que buscan favorecer propósitos políticos a partir del conflicto de Chiapas?
Quinta: ¿Tiene usted ahora consigo los nombres de las personas y las organizaciones que -cito al Presidente de la República- desean, buscan, motivan, invocan o facilitan la injerencia externa para hacer lo que los mexicanos podemos lograr?
Y última: ¿Considera el gobierno, en este momento, directa o indirectamente a través de su propio grupo parlamentario, presentar una iniciativa unilateral al Congreso sobre Derecho de los Pueblos Indios?
-El presidente: Muchas gracias, diputado Pablo Gómez. Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación: Son seis preguntas; voy a tratar, además estoy obligado por tiempo a ser igual de concreto en sus respuestas que en sus formulaciones.
Quien ha realizado la investigación sobre la matanza de Acteal, sobre lo cual hay 49 detenidos hasta el momento, tanto directamente responsables como un presidente municipal y algunos policías, es la Procuraduría General de la República; es quien conoce a fondo el proceso y es quien puede dar todos los elementos de juicio de ello y si la memoria no me falla, hace cuatro días tuve una reunión con diputados de todos los partidos para tratar abundantemente sobre el tema.
Hasta donde conozco la investigación de la Procuraduría, hubo varios móviles en este muy lamentable acontecimiento y dentro de ellos la venganza. Creo que lo que tenemos que hacer es examinar el documento de la Procuraduría, en donde están contenidos todos los elementos que hasta el momento se pueden proporcionar, porque por razones obvias hay elementos que en tanto no concluya la investigación no deben de proporcionarse, no sólo porque la ley lo obliga, sino porque frustra todo el proceso de investigación y de detención de otros presuntos responsables.
Que yo sepa no hay ninguna otra matanza similar en el pueblo tzotzil, en su segunda pregunta.
De grupos armados la Procuraduría ha recogido denuncias sobre doce grupos armados; lo vieron con los señores diputados y ahí se trató dicha información. No sé si la Procuraduría haya ya, además de haber recogido las denuncias, verificado los datos, porque obviamente aquí se tiene que actuar con estricto rigor jurídico, y después de la denuncia se procede a la investigación.
No puedo darle nombre de partidos que favorecen propósitos políticos, no los identifico, de grupos o personas que favorecen injerencia externa. Yo diría que para no hablar de grupos o personas que favorecen injerencia externa voy a decir lo que a nosotros nos preocupa, a mí en lo particular.
Tenemos evidencias claras de grupos, de extranjeros que en las zonas en conflicto están participando políticamente. Se pudo constatar en fechas muy recientes, con pinta de mantas, con actitudes en donde estaban propiciando e impulsando que no se aceptara la ayuda humanitaria que estaba llevando el Gobierno, y en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Secretario de Salud, y creo que es inaceptable que con el propósito de hacer, o con la bandera de hacer un trabajo humanitario, cualquier grupo intervenga, de extranjeros, en acuerdos y soluciones que nos corresponde a los mexicanos.
No considera --con relación a su última pregunta- el Gobierno presentar una iniciativa única del Gobierno sobre los pueblos indios. Creemos que debemos de llegar a una solución sobre esta materia, como sobre otras básicamente de consenso, que tenemos que encontrar vía la política y la negociación, fórmulas que nos satisfagan --como lo he dicho en varias partes- a todos.
Estamos tratando de construir -insisto- vía la política y el diálogo, soluciones consensadas.
El C. Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
El C. dip. Pablo Gómez Alvarez: Muchas gracias.
Bueno, excepto la última pregunta, que le agradezco su respuesta y además la celebro y le manifiesto que estamos de acuerdo con ella, es decir con que el gobierno no presente al Congreso una iniciativa unilateral, sino que busque una iniciativa consensada entre las dos partes, de conformidad con lo establecido en la propia ley que para esto efectos se aplica, pero en lo demás no contesta usted mis preguntas, señor Secretario, porque no me refiero a lo que opina la PGR, sino a lo que opina el Gobierno.
En relación con los grupos armados de los que usted habla, no me explico cómo pude usted hablar de grupos armados sin saber cuáles son y quiénes son sus dirigentes. Entiendo que no está eludiendo mi pregunta, sino que desconoce la respuesta, es decir que se está hablando sin saber de qué se está hablando concretamente.
Dice usted que no identifica por otra parte a los partidos que están tratando de realizar propósitos políticos, que no los identifica, es decir que no identifica a los partidos de los que habla el Presidente de la República, ¿quién los puede identificar entonces, a los que realizan actividad en el extranjero? Entonces el Gobierno no puede hablar de lo que está hablando el Presidente, no nos puede dar información de a qué se está refiriendo el Presidente de la República. ¿El Presidente de la República acaso se está refiriendo entonces a cosas de las que tampoco conoce en absoluto, está hablando sin saber de qué habla? Esas son cosas graves. En fin.
En relación con las organizaciones no gubernamentales o con los extranjeros, que dice usted que aconsejan no recibir ayuda humanitaria del Gobierno, quiero decirle que los que no quieren aceptar ayuda humanitaria del Gobierno son los zapatistas, son "las abejas", son los de las arrieras nocturnas, son los perredistas, esa es su línea política. No necesitan que venga ningún extranjero a decirles qué es lo que tienen que hacer. Son mayores de edad, saben lo que quieren, conocen a sus amigos, saben quiénes son sus enemigos. No necesitan asesoramiento.
Creo que ya es hora de que modifiquemos nuestro concepto sobre esos mexicanos, que han sido durante años considerados como individuos sin razón o con poca razón.
Nosotros estamos planteando la necesidad de que en Chiapas haya un nuevo gobierno. Nos parece que el partido de usted no puede gobernar, ya lo demostró. En cada ocasión cambia de gobernador, no encuentra a un gobernador que pueda gobernar, porque todos ellos se tienen que apoyar en los grupos priístas que están armados, que defienden su poder con violencia. No tienen otro remedio. O se apoyan en ellos o no puede gobernar. Entonces al apoyarse en ellos lo que hay es un desgobierno.
Quizá un gobierno sin partido en Chiapas, para impulsar reformas políticas y sociales, para realizar la reforma municipal, para realizar la reforma del gobierno, para realizar el proceso de una nueva Constitución en el Estado, para realizar la Ley Agraria, que se requiere local, para realizar algunas otras reformas todavía más importantes que éstas, es de carácter social.
Eso sería quizá una de las posibles soluciones. La Federación en su conjunto tiene que hacerse cargo de esto.
Creo que, por otro lado, lo de Acteal fue un acto de terrorismo no un acto de venganza. Y ha alcanzado alguno de sus propósitos, pero también ha generado una respuesta nacional e internacional muy importante. Y yo celebro que la respuesta de los partidos políticos, de algunos partidos políticos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, de organizaciones de los pueblos indios de México, haya generado cierta modificación, aunque sea muy parcial y muy retórica todavía de la conducta gubernamental respecto de los asuntos de Chiapas.
Y vamos a seguir insistiendo. Vamos a tratar de politizar aún más este fenómeno político.
Acteal fue un acto político; fue un acto de terrorismo. La situación de Chiapas está presidida, digamos, por una situación de carácter político, son los partidos quienes tienen que buscar solución; son los partidos, aunque no sólo los partidos, quienes tienen que movilizar a sus integrantes para proponer las soluciones.
Por último, quiero decirle que el mundo se entere de primera mano de la opinión de los partidos y de los grupos de mexicanos, no es promover injerencias. ¿O acaso sólo el gobierno y el PRI pueden hacer política exterior? Nosotros no aceptamos esto, no lo aceptaremos nunca más.
Haremos lo que en cada momento corresponda, y llevaremos nuestra voz, porque quiero decirle, de manera muy enfática, no hemos dicho fuera algo que no estamos diciendo dentro. Tenemos un sólo discurso. Muchas gracias.
-El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Pablo Gómez. Ahora tiene la palabra el diputado Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional. Por un error en la lista me adelanté en el orden. Tiene la palabra, efectivamente, el diputado Miguel Quiroz Pérez, por el Partido Revolucionario Institucional.
Intervención del dip. Miguel Quiroz Pérez
-El C. dip. Miguel Quiroz Pérez: Señor Secretario: Mi pregunta versará sobre uno de los temas que son considerados dentro de los trabajos de la mesa central a la que usted se refirió en su intervención, concretamente al nuevo federalismo.
Se ha planteado la posibilidad de establecer nuevo tipo de gobiernos locales, en donde se modifique la relación de los poderes locales entre sí, las de éstos con los gobiernos municipales, acelerar los procesos de descentralización y desconcentración en decisiones políticas y económicas.
Se ha incluso hecho mención los temas sobre la duración de los períodos de ejercicio constitucional, la reelección en los cargos principalmente de diputados integrantes de los ayuntamientos.
Se ha hablado también de la conveniencia de rediseñar estrategias para la administración de las grandes zonas conurbadas interestatales.
Se ha planteado también el rediseño del marco normativo, que regula al municipio libre, fortaleciendo las posibilidades de que éste, además de ser un eficaz prestador de servicios públicos, sea un verdadero promotor del desarrollo. Y se ha hablado del federalismo fiscal.
Mi pregunta concreta, señor Secretario, es independientemente de las conclusiones que se lleguen en esta mesa central, ¿qué criterios alienta el gobierno federal sobre el federalismo fiscal? ¿Habrá que modificar las bases que establece nuestra Constitución en los artículos 26, en el 40, en el 41, en el 73, en el 115, en el 117, en el 131? ¿Hasta dónde llegará esta idea que ha venido desarrollando el propio gobierno, en cuanto al federalismo fiscal de las entidades y de los municipios? Por su respuesta muchas gracias, señor Secretario.
-El C. Presidente: Muchas gracias diputado Quiróz Pérez. Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación: Creo que el tema del federalismo fiscal lo deberíamos de abarcar desde dos vertientes. Recojo en ello muchas de las inquietudes de fiscalistas pero también de gobernadores y de los propios partidos políticos. En una parte no sólo es la distribución de los recursos, entre los tres niveles de gobierno sino de otra parte también es la distribución o redistribución de responsabilidades. Me parece que es parte de la materia de fondo, que puede ser examinada en la mesa central, para definir la agenda sobre ello.
Pero de otra parte, creo que también se puede tratar el tema de la capacidad tributaria que tienen las tres instancias de gobierno. Y hablo en ello como ex gobernador, si hacemos un análisis objetivo de la capacidad tributaria que tienen municipios, gobiernos de los estados y federación, creo que podemos concluir que los gobiernos de los estados, tienen una capacidad tributaria muy limitada. Me parece que deberíamos de evaluar y considerar, cómo darle a los gobiernos de los estados mayor capacidad tributaria, sin violentar la coordinación fiscal, pero reconociendo la problemática de cada uno de los estados, y examinando cómo puede ponerse de acuerdo la población y sus gobiernos para adelantar en este proceso.
De otra parte, permítanme ustedes hacer una reflexión, en uso de los dos minutos que aún me quedan.
Estamos cayendo, en el problema de Chiapas, en un círculo vicioso. De una parte se le expide y exige, con razón al gobierno, pide programas de desarrollo social, ayuda humanitaria e impulse el desarrollo económico de las regiones que están más desatendidas y con más marginación y con mayor pobreza.
Y de otra parte, como decía el señor diputado Pablo Gómez, se impide que dicha asistencia llegue, por razones políticas, como él mismo ha mencionado.
Si no rompemos este círculo vicioso, creo que estamos impedidos todos los mexicanos, de poder hacer lo que todos los mexicanos estamos pidiendo. Es decir, le estamos pidiendo al gobierno que desarrolle programas de atención y que lleve ayuda humanitaria, y al mismo se le está impidiendo que esto se ejecute con normalidad.
Creo que aquí todos tenemos que poner nuestra cuota de esfuerzo y de voluntad para que podamos distender la zona, si no no lo vamos a lograr. Si no se le puede pedir a una sola de las partes que contribuya al proceso, todos tienen que participar, todos tenemos que participar en ello, si no estamos frustrando lo que estamos solicitando y eso es una absoluta incongruencia.
-Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Tiene la palabra el diputado Quiróz Pérez.
-Dip. Miguel A. Quiróz Pérez: Señor Secretario, señor presidente, muchas gracias.
-Presidente: Muchas gracias a usted, si usted declina, seguimos en el orden preestablecido.
El dip. Juan Miguel Alcántara Soria, del Partido Acción Nacional, tiene la palabra.
Intervención del dip. Juan Miguel Alcántara Soria
Dip. Juan Miguel Alcántara Soria: Ciudadano Secretario: cuando desarrolló usted en su exposición inicial el tema de la reforma del estado, reiteraba la decisión del gobierno federal, por definir políticas de estado y las ponderaba usted estas políticas como aquéllas que establecieran un piso común que diera certidumbre hacia adentro y hacia afuera del país. Esta percepción de las políticas de estado me preocupa en la medida que pudiera yo percibirlas incompletas. Y para poder arribar a un consenso sobre lo que aquí y ahora consideremos debe ser la reforma del estado, yo quisiera previamente explorar la posibilidad de que superemos conflictos de semántica, problemas de nomenclatura; qué entendemos por Estado aquí y ahora.
Pregunto esto porque en los últimos años pareciera que el Estado Mexicano ha claudicado de su misión, ha renunciado a funciones elementales que tienen que ver con la generación de condiciones que permitan el desarrollo integral de todos los mexicanos.
Y como no compartimos una visión de estado que renuncie a su misión, quisiéramos en primer lugar cuál es su visión, de tal manera que a partir de ella podamos cotejarla para, en siguientes etapas ponernos de acuerdo sobre lo que se debe de reformar. Nuestro coordinador ya ha hablado del fracaso del Estado Mexicano y no nos interesa repetir esos fracasos, si previamente no podemos consensar una idea de estado adecuada para los mexicanos de hoy en este tiempo.
En un segundo aspecto quisiera referirme a algo que parece muy atendible. Se ha reiterado la decisión de buscar consensos a partir de, lo dijo en su intervención, de nuevos métodos y de nuevas prácticas. Pareciera que hubiera tácito aquí un compromiso que yo quisiera ver explícito. Porque la última reforma legal electoral de este país, se hizo sin consenso. Queremos saber si esta posibilidad está totalmente descartada de la visión gubernamental.
Por otro lado, cuando habla usted de los temas a atender que pasarán por nuevas relaciones entre los tres poderes y también nuevas relaciones, decía usted, entre los tres órdenes de gobierno, se refirió usted a que este último aspecto involucraría a la sociedad en relación con los partidos y a la sociedad en relación con el gobierno.
Yo quisiera saber qué mecanismos el Gobierno Federal piensa adoptar o propone, para que los mexicanos tengamos garantizado el acceso a la información, y especialmente el acceso a la información que genera, dispone, almacena y administra el gobierno federal.
Finalmente, quisiera preguntarle, cuando habla usted de la reinstalación de la Mesa Central, implicará una agenda de temas, un método y plazos para dar resultados a la sociedad, que se puede pensar sea este mismo año, en estas condiciones que harían posible la reforma del Estado consensada, quisiera preguntarle por algo que aquí se ha mencionado casi tangencialmente, ese orden de autoridad que es el más inmediato al ciudadano, y que es el orden municipal.
¿Cuál es su visión de cómo fortalecer a los municipios de nuestro país en lo político y en lo financiero?
Por sus respuestas, muchas gracias.
-El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Alcántara Soria. Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa: Señor diputado: Voy a intentar darle una respuesta a usted, que agregue puntos de vista y elementos sobre temas tan importantes como los que ha mencionado. Pero me permito refrendar, antes de decirlo, que el propósito fundamental de la mesa no es tanto captar la opinión del Secretario de Gobernación, sino fundamentalmente construir entre todos consensos tanto sobre temas, sobre mecánica, así como a las definiciones sobre ello.
Entendí que cuando me preguntaba sobre "visión de Estado", si me refería al gobierno o al Estado. La respuesta es obvia: es el Estado mexicano. Son los tres poderes de los cuales estamos hablando, y en este sentido está contenidas las palabras que tuve la oportunidad de pronunciar con ustedes al inicio de la reunión.
En segundo punto, mencionaba usted que la Reforma se hizo sin consenso. Hasta donde recuerdo, hubo consenso sobre las reformas constitucionales. Hubo un sólo punto de diferencia en ello. O sea, tuvimos, creo, o tuvieron los partidos y el gobierno, oportunidad de estar prácticamente de acuerdo en todas las cosas, excepción hecha de un punto. Yo creo que es un avance importante que prácticamente en todas las materias se haya logrado acuerdo, a excepción hecha de uno.
La tercer pregunta que es acceso a la información que genera el Estado, es obvio, abriendo e informando oportunamente de forma amplia, veraz, sobre todo lo que ocurre en la vida pública. Si hubiera algún punto específico, creo que podríamos tratarlo sobre cómo su inquietud y cómo abordarlo en detalle en la mesa correspondiente.
Y por último, es obvio, creo que compartimos el espíritu municipalista y su fortalecimiento se da con recursos y con funciones, con capacidad para atender las demandas de la población. No sólo es que el municipio esté más cerca de la población, en lo cual coincidimos totalmente, sino que además genera, yo creo, una gran dinámica, una gran capacidad participativa de muchas maneras y formas debemos de impulsarlo.
Espero haber atendido a sus preguntas.
-El C. Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Alcántara Soria.
-El C. dip. Juan Miguel Alcántara Soria: Solamente si se me permite, para expresar mejor un comentario que hice.
Me referí a la última reforma legal electoral, entendiendo por ésta, no la reforma constitucional, sino la reforma a la Ley Reglamentaria, específicamente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se hizo sin consenso y que queremos pensar que ahora hay el compromiso del Gobierno Federal por construir las condiciones que hagan posible que lleve una total legitimidad cualquier reforma constitucional o legal que implique los temas de la reforma del Estado, para que no sea una sola fuerza la que defina las reglas. Evidentemente que en materia constitucional requieren del concurso de varias de ellas, de esas fuerzas, pero el problema es cuando se dá la reforma constitucional y luego alguno pudiera pretender ya en la reforma reglamentaria de ley secundaria, no buscar los consensos que se buscaron en el primer tiempo. Muchas gracias por su atención.
-- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Alcántara Soria.
Ahora tiene la palabra, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alvaro Arceo Corcuera.
Intervención del dip. Alvaro Arceo Corcuera
-- El C. diputado Alvaro Arceo Corcuera (PRD): Gracias, señor Presidente.
Yo también tengo más de una pregunta para el señor Secretario, probablemente como resultado del pálpito de que la concreción todavía no nos visita en este aquí y en este ahora.
Señor Secretario: ¿Cuáles son concretamente las interpretaciones a los Acuerdos de San Andrés en los que no está de acuerdo el gobierno?.
Una más. ¿Lo no suscribible por el gobierno no había sido ya firmado por los representantes del gobierno, por los representantes de todos los partidos políticos, incluyendo el del gobierno?.
Una tercera. ¿Por qué decidió el gobierno frenar durante dos años el proyecto de Cocopa, pese a estar suscrito desde ese entonces?.
Por último. ¿Quiénes son los que formulan propuestas que atentan contra la soberanía, la unidad nacional, las garantías individuales, las libertades, los derechos humanos y en cambio promueven los fueros, los privilegios excluyentes y el desprecio a las minorías?.
Esas son mis preguntas, señor Secretario.
- El C. lic. Francisco Labastida Ochoa: Si quisiera repetir la última pregunta, diputado Arceo Corcuera.
-- El C. diputado Alvaro Arceo Corcuera: Con mucho gusto.
¿Quiénes son los que formulan propuestas que atentan contra la soberanía, la unidad nacional, las garantías individuales, las libertades, los derechos humanos y en cambio promueven los fueros, los privilegios excluyentes y el desprecio a las minorías?. Estos conceptos fueron vertidos por el señor Presidente de la República.
-- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Arceo Corcuera.
Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-- El C. lic. Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación: Señor diputado Alvaro Arceo Corcuera, cuando decimos que son interpretaciones nos estamos refiriendo particularmente a parte de los artículos del proyecto jurídico que elaboró Cocopa, a eso específicamente nos referimos. He mencionado ya dos de ellas y no son problemas menores. Hemos dicho en sesiones privadas también, con amplitud, por qué estas interpretaciones, por llamarle de alguna forma, o proyecto jurídico, el primer proyecto jurídico de Cocopa, no ocurre así con el segundo, no reflejan con claridad el espíritu de Cocopa.
La segunda pregunta que dice: ¿Por qué frenó el proyecto de Cocopa?. Por la misma razón que le referí con la primera. Contiene una redacción que contiene vaguedades que conducen a problemas mayores que los que está tratando de solucionar. He dicho y repito que la interpretación jurídica que se desprende de dicho artículo, lo han escrito y lo han opinado eminentes juristas, da lugar a interpretaciones jurídicas en nuestra Constitución que provocaría problemas sociales y políticos de mucha mayor magnitud en todo el país que los que tratan de solucionar; está en alguna interpretación al extremo, expropiando las regiones, las tierras, tanto de carácter ejidal como privada en las regiones en donde hay mayoría de población indígena. Si éste no es el propósito que se está buscando, modifiquemos entonces el proyecto jurídico número 1 o adoptemos el proyecto jurídico número 2.
Yo insisto en que si hay una aceptación de que contiene inexactitudes no debemos vaguedades y genera problemas, no debemos de impulsarlo de ninguna forma a proyecto legislativo.
De otra parte quiero agregar a usted que nunca el gobierno aceptó dicho proyecto. Aceptamos y hacemos honor al acuerdo sobre los Acuerdos de San Andrés Larráinzar no sobre el proyecto jurídico que interpreta los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
-- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Tiene la palabra el diputado Arceo Corcuera.
-- El C . diputado Alvaro Arceo Corcuera:
Señor Secretario: ¿Cuál es el texto o donde está este texto del segundo proyecto de la Cocopa del que se está hablando? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo podemos tener acceso a ese proyecto?
Por otro lado sí quisiera insistir en que es conveniente, que es necesario que se concrete cuáles son los reparos, ya sea en interpretación o en cualquier otro renglón que se tiene en contra el texto suscrito, a fin de que los eminentes juristas de que se ha hablado y de que deberían de estar considerados dentro del Poder Judicial de este país y dentro del Poder Legislativo de este país, ahí es donde deben de estar los eminentes juristas, puedan dar su opinión al respecto.
De tal suerte que se pueda tener una valoración más clara, de buena fe, de si realmente los acuerdos se oponen con tal vigor al llamado estado de derecho que puedan generar problemas mayores que los que intentan resolver. Esto último es asimismo una vaguedad. No sabemos cuáles son estos problemas que pueden generar, cuáles son esos problemas que se pretenden resolver y por qué se ha llegado a la conclusión de ese resultado catastrófico. Seguimos hablando con vaguedades a dos años del acuerdo.
Me parece que lo más conveniente en el caso de Chiapas, como en el resto de los asuntos del país, es saber con claridad a que nos atenemos y tener también muy claro que el Estado de derecho lo hacemos nosotros, que el Estado de derecho no puede ser roto cuando se está proponiendo precisamente una modificación o unas modificaciones constitucionales que estarían, desde luego, dentro del Estado de derecho, dentro de un nuevo marco del Estado de derecho.
Queremos estar de acuerdo con la ley y solamente conociendo las implicaciones o los temores del Gobierno o de una parte del Gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, podremos juntar los talentos de los juristas del Poder Legislativo y hacer lo mejor que convenga a México. Gracias, señor Secretario.
-- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputado Arceo Corcuera.
Ahora, ahora sí ya tiene la palabra el diputado Agustín Arroyo Vieyra.
Intervención del dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra
-- El C. diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra [PRI]: Ya hemos visto, compañeros legisladores, que hay temas en la agenda nacional que están relacionados respecto de otros que tienen igual y quizás mayor importancia.
Hay circunstancias en las que todos sin excepción estamos inmersos: los inmediatos, los que ponen en riesgo nuestra integridad, ubicación y perspectivas dentro de la vida en comunidad. Los de la seguridad. Los de la vigencia plena de los más auténticos y virtuosos derechos humanos.
La seguridad vista de manera integral. No podemos segmentar esta problemática. No nos queda más que tratarla de manera global. En sus distintos niveles de jerarquía, desde sus niveles hasta los sistemas de inteligencia o seguridad nacional, hasta los más precarios: los sistemas de organización de las policías preventivas municipales, pasando por todos los rubros que ustedes conocen y que ya están listados.
Este es un tema fundamental, es quizás la neurosis de nuestro tiempo, una situación que por incierta y riesgosa no nos permite vivir en paz. Vemos con esperanza que en el lenguaje de su intervención hay conceptos que tienen qué ver con una escala ontológica en la que el mínimo ético, el contenido de valor de la norma y acciones de gobierno están presentes. Es urgente que la sociedad mexicana reivindique señaladamente las conductas ejemplares de sus ciudadanos, de aquellos ciudadanos que cuidan como patrimonio fundamental su honorabilidad personal.
A los de mi generación, a los de esta generación, nuestros viejos así nos lo enseñaron. Nuestro diseño legal se ha visto rebasado en una estructura que a la mejor ya no es la más oportuna, tenemos que hurgar en diseños novedosos, tomados ¿por qué no? de las mejores experiencias y orientaciones modelos exitosos y conceptualizar el problema en un ímpetu general que involucre a todos los niveles de gobierno y de la sociedad para comenzar a aportar significados y urgentes avances en la asignatura pendiente.
En este tenor es que aún consciente de los planes y programas que al respecto existen en la Dependencia a su cargo, sería deseable que nos comentara de primera mano la concepción que usted personal e institucionalmente tiene para enfrentar a esta lacra que la sociedad mexicana está padeciendo en niveles verdaderamente vergonzosos y en especial sobre el fortalecimiento y adecuación legal y por ende, los mecanismos de coordinación que con respeto a la Ley y a los niveles de autonomía de gobierno son fundamentales.
Las conductas delictivas no tienen frontera y luego los límites geográficos entre estados y por lo tanto competenciales, son estímulo para la evasión de la mano de la justicia por parte de los judiciables, de ahí que la coordinación institucional sea imprescindible.
Muchas gracias.
-El C. Presidente: Muchas gracias diputado Arroyo Vieyra.
Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
- El C. Secretario de Gobernación: Coincido fundamentalmente con lo que ha expresado el señor diputado Agustín Arroyo Vieyra sobre la necesidad de tener una coordinación institucional y la urgencia de atacar este problema que lastima y lacera a toda la población.
Creo que con recursos, con programas integrales y con una mejor coordinación podemos avanzar fundamentalmente en este y en los siguientes años, en un asunto de tan alta prioridad para todo el país.
Informaría adicionalmente, si me lo permite el señor diputado Agustín Arroyo Vieyra, dos o tres precisiones sobre temas que se han tratado con anterioridad. El proyecto número 2 de Cocopa lo tiene (la) Cocopa, lo formuló la anterior Cocopa entre ellos un distinguido militante del PRD, Heberto Castillo y fue aprobado por toda la Cocopa y lo tiene la Cocopa.
Han sido de otra parte planteados en extensu durante sesiones muy largas que han sido de más de cuatro horas aún con vaguedades, las precisiones de los problemas jurídicos que le vemos al texto número uno de Cocopa, no ha dado lugar a dudas las observaciones que sobre ello hemos formulado, insisto, en reuniones largas en donde hemos examinado el texto original del Decreto 169 de la OIT, el texto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la comparación con el texto número uno y la comparación también con las modificaciones del que se le tienen que formular; entonces no hay ninguna vaguedad en ello; preciso adicionalmente, cuando se dice que la Secretaria no conoce algunas cosas es que lo tienen que conocer las áreas correspondientes, el Gobierno también en la Procuraduría General de la República y a él le corresponde, en un gobierno que tiene división de funciones, conocer y decidir sobre los asuntos de su competencia.
Y agrego al final: el Presidente sí sabe con exactitud de lo que habla. Yo no voy a interpretarlo.
-El Presidente: Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el diputado Arroyo Vieyra.
- El dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadano Secretario: Volviendo al tema de la seguridad, tendríamos que decir que las estadísticas en esta materia carecen de márgenes de confiabilidad, porque debemos de reconocer que el crédito que la sociedad tiene en las instituciones de procuración de justicia no es la más adecuada. Confiamos en que en la medida en que estos programas avancen, tengamos estadísticas más confiables y estoy cierto y seguro que la Secretaría a su cargo tendrá los elementos de número necesarios para partir de datos que puedan ser ciertos.
La naturaleza de los delitos ha cambiado. Desgraciadamente los más dramáticos, trágicos, los que evidencian la miseria humana, los que ponen en riesgo nuestra condición de hombres libres, están aumentando. No podemos perder nuestra capacidad de asombro, no podemos aprender a convivir con la violencia urbana.
Confiamos en que la experiencia personal e institucional y los antecedentes del titular del ramo, coadyuven a la instrumentación de mejores formas de coordinación entre niveles de gobierno, para enfrentar este grave mal. En este tema, la disposición de todos debe de ser tajante.
Esperamos también una política integral que comience por la conciencia de nuestra juventud respecto de la bondad o maldad de las conductas sociales o antisociales, del peligro de popularizar las imágenes de anti-héroes y de riesgo de tolerar como camino del éxito, el abuso de los demás o la transgresión de la ley.
Tendremos que reconocer que el problema por complejo no es fácil de resolver, que los dineros del presupuesto son elementos fundamentales, pero que no bastarán mientras no perméen actitudes que beneficien los fines planteados.
No olvidemos que el derecho, finalmente es una norma de moral social, provista de sanción política. Estaremos atentos a la minuta que envíe el Honorable Senado de la República en las adecuaciones legales que están en tránsito. Eso en lo inmediato nos toca y trataremos de hacerlo bien.
En estos tiempos, la única intolerancia válida, es la intolerancia en contra de la impunidad. Esta intolerancia comienza con el concepto que al respecto difundamos con toda energía en todos los procesos educativos.
Es fundamental concretar con toda solidez, una verdadera cultura al respecto en todos los órdenes y con todas las herramientas a nuestro alcance.
Ciudadano Secretario, por su respuesta, y compañeros legisladores por su atención, muchas gracias.
- El Presidente: Muchas gracias diputado Arroyo Vieyra.
De acuerdo con el orden que previamente se ha establecido, tiene la palabra el diputado Felipe Urbiola Ledezma, del Partido Acción Nacional.
Intervención del dip. Felipe Urbiola Ledezma
- El dip. Felipe Urbiola Ledezma: Gracias, señor Presidente.
Yo sé que el asunto de Chiapas es sumamente interesante, tiene mucho que platicarse de ello, pero no creo que podamos agotarlo en esta mesa, por eso trataré sobre seguridad pública; exclusivamente intentaré ser concreto en mis preguntas.
En primer lugar comentarle que encuentro en las palabras que usted dijo al respecto, los tres ejes que para mi son fundamentales en la materia de seguridad pública. Primero la existencia de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene que ser eficiente, que tiene que ser real, que tiene que ser actuante y permanente. En segundo lugar, la confianza en la autoridad, como elemento indispensable para que la seguridad pública pase a ser ese concepto que de inmediato es un problema, una insatisfacción social a lo que usted decía cuando definía la seguridad pública como la función que corresponde al Estado y que es un servicio público. Y por último la cultura de respeto a la ley.
Yo creo que estos tres elementos son sumamente indispensables cuando hablamos de seguridad pública. Necesitamos confianza en la autoridad, la cultura de respeto a la ley y un verdadero sistema de seguridad pública. Realmente la cultura de respeto a la ley se va a dar, creo, cuando le tengamos confianza a la autoridad y la confianza a la autoridad no se puede lograr más que por un solo mecanismo: ganándosela. Ganarse la confianza significa abandonar el grave conflicto que existe entre el discurso, la voluntad y las acciones de los gobernantes.
A veces el discurso es bueno, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, la voluntad en algunas ocasiones también permite creer que vamos en el camino adecuado, pero las acciones contradicen lo que luego resulta. Cada vez encontramos un problema de narcotráfico mayor, un problema de delincuencia creciente, un problema de corrupción vinculado con estas dos acciones que son tal vez las más importantes, sumamente difícil, pero hay avances en materia legislativa que tengo que reconocer, pero esos avances tienen que llegar a hacerse realidad.
Creo que estamos en el punto de quiebre en materia de seguridad pública, en el momento en el cual tenemos que cambiar nuestro concepto de las causas que originan la inseguridad pública, y no solamente decir que se trata de un problema por la gran pobreza que los habitantes de México tienen, sino que va mucho más allá, es un problema de falta de democracia todavía, democracia como dice nuestra Constitución, como una forma de gobierno. Es un problema de transparencia, algo que también estamos reclamando continuamente, y es un problema de real división y respeto entre los poderes para que este esfuerzo que tienen que hacer los tres poderes pueda tener resultados.
Hay muchos temas alrededor de esto y que me hacen a mí entender que se está dando la crisis de rompimiento en materia de seguridad pública. Cada vez encontramos más síntomas en los cuales no hay una verdadera coordinación en ninguna de las funciones de la seguridad pública, la prevención de la delincuencia parece a veces abandonada por las instancias federales y estatales, y se le deja muy escasamente con los pocos recursos que tienen a los municipios. La persecución de los delitos se contradice con la impartición de la justicia.
¿Cuántas veces encontramos la diferencia de criterios entre la Procuraduría, que dice haber implementado adecuadamente una averiguación, y el Poder Judicial, que dice que aquella está sumamente imperfecta y tiene que soltar al delincuente? Esto nos debe de preocupar continuamente, la rehabilitación ya no se diga. No existe un reo que haya salido rehabilitado, y no solamente por lo que usted mencionaba, la deficiencia de programas, sino las mismas condiciones, muchas veces infrahumanas, a que se somete a los delincuentes en proceso de readaptación.
Me preocupa también -y paso a las preguntas- la participación del ejército cada vez mayor, cada vez más creciente, en materia de seguridad pública.
Quisiera hacerle cinco preguntas que están relacionadas, pueden ser contestadas en un solo acto.
En primer lugar. ¿Qué ha pasado con el Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia superior de esta materia que usted preside, y el seguimiento de la constitución de los demás consejos, estatales y municipales en materia de seguridad pública, que me digan que realmente está creándose un Sistema Nacional de Seguridad Pública?
¿Qué avances hemos logrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Hay una gran cantidad de registros: Nacional de Información, de Personal de Seguridad Pública, de Armamento, en fin, que parece que ser desde su proyección por ahí en el programa de 95-2000, han avanzado de manera mucho muy lenta, de manera totalmente contraria a la emergencia que tenemos en materia de seguridad pública;
En tercer lugar, si se han emitido criterios, directrices o propuestas para la distribución de los recursos que forman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, o continuaremos con el esquema de recursos totalmente etiquetados, como ya ha sucedido con anterioridad.
Si se tienen diseñadas algunas reformas o adecuaciones al Programa Nacional de Seguridad Pública 95-2000, o todavía se considera que es adecuado y correcto el planteamiento que éste tiene.
Y por último, si no hemos confundido la tarea que le corresponde al ejército en su participación en materia de seguridad pública. ¿No estaremos ante una violación al artículo 129?
Por su atención, gracias.
El C. Presidente: Muchas gracias diputado Felipe Urbiola.
Tiene la palabra el Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
El C. Secretario de Gobernación: Preguntas muy concretas y de mucho fondo, señor diputado. Voy a tratar de referirme a ellas en un lapso tan escaso como 5 minutos para abordarlas.
Permitan ustedes comentar algo. En esta materia, por existir un problema muy fuerte en el estado del cual soy originario, que es Sinaloa, me tocó desarrollar un programa integral, muy de fondo, que atacó todas las vertientes. Sólo voy a hablar de los resultados: logramos reducciones en los índices de delitos de entre el 50, 60 hasta el 95 por ciento. Hacerlo fue construir un sistema, implicó avances tecnológicos en equipos de comunicación, transmisión, en equipamiento de los cuerpos de seguridad, en mejoramiento de las procuradurías, laboratorios, etcétera, muchas de las tareas aquí mencionadas.
Pero para mí, dentro de todo ello, hay un punto fundamental que es el recurso humano: Los funcionarios de niveles medios y superiores que participan en todo el proceso de seguridad. Si no mejoramos su capacitación profesional, si no mejoramos los estímulos y reconocimientos a ellos, si no combatimos de fondo la corrupción, si no trabajamos con tolerancia cero, todos los recursos económicos que se utilicen y los mejores programas pueden fracasar.
Esto pasa necesariamente por el mejoramiento profesional y de moralidad de los encargados de aplicar el Programa Nacional de Seguridad Pública.
Este será punto fundamental en lo que se haga en los siguientes años.
Con esta muy breve interrupción, le digo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública sí está funcionando, pero le vamos a plantear modificaciones en la estrategia para darle integralidad al programa y concentrar la atención en los puntos críticos de toda la cadena del Programa Nacional de Seguridad Pública.
La seguridad pública tiene tanta fuerza como tenga debilidad uno de sus eslabones. Si tenemos, por ejemplo, una gran capacidad en policía judicial, pero no tenemos el personal suficiente o no está capacitado en las agencias del Ministerio Público, poco adelantaremos en ello por los problemas que son de la opinión pública. No servirá esto de nada también si no los equipamos tecnológicamente.
Es, pues, un programa integral que trata de poner énfasis en los puntos más débiles en la cadena de seguridad que en cada uno de los estados existe, y esto nos lleva a que tenemos que trabajar en apoyo de los señores gobernadores, en total coordinación con ellos, detectando cuáles son nuestros puntos críticos para apoyar su fortalecimiento.
Vamos a plantear el programa en sus características globales, pero estamos avanzando también en la evaluación, estamos con los datos que ha captado el Consejo Nacional de Seguridad Pública para detectar los puntos débiles y focalizar la atención del programa y dar de esta manera los resultados más rápidos posibles.
De otra parte, la participación del ejército se da a solicitud de los gobiernos de los estados.
Creo, en lo personal, que vamos a realizar una tarea muy intensa para mejorar, capacitar y superar los cuerpos policíacos con los cuales están trabajando, así como agencias del Ministerio Público y, si las judicaturas estiman conveniente, también establecer programas vía capacitación y escuelas ad hoc para mejorar la impartición de justicia en cada uno de los estados.
Es todo en esta síntesis tan apretada, señor diputado, haber atendido a sus preguntas.
- El C. Presidente: Muchas gracias, ciudadano secretario. Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Urbiola.
- El C. dip. Felipe Urbiola Ledesma: Señor Secretario. Hace unos momentos yo hablaba del discurso, la voluntad y las acciones. Según el planteamiento de lo que me hace, agradezco sus comentarios, y comparto con usted que efectivamente hay que fortalecer la creación de un sistema real que funcione y que cualquiera de los eslabones que falle, generará la ineficiencia del sistema mismo.
En este sentido estamos hablando de un gran compromiso. Se habla de tolerancia cero, se habla de mejora profesional, modificaciones integrales, en fin.
Este discurso tiene, implica voluntad. Yo solamente le diré, que daremos seguimiento a los resultados que tenga la Secretaría en este sentido, a las acciones que se generen de ellos, y estamos muy interesados en ello, queremos ser vigilantes de lo mismo, coadyuvantes en esa relación de respeto que debe de haber entre poderes, y que esperamos que los resultados se den. De esta manera lograremos lo que hemos dicho, que es la confianza que creo que todavía falta muchísimo, pero hay que trabajar de manera conjunta.
Yo retomo aquello que usted decía: todos contra la delincuencia. Si, no es un aval a la acción gubernamental, es un compromiso también como Legisladora.
-El C. Presidente: Muchas gracias diputado, Felipe Urbiola. Ahora tiene la palabra de acuerdo con el orden preestablecido, el diputado Demetrio Sodi de la Tijera del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del dip. Demetrio Sodi de la Tijera
- El C. diputado Demetrio Sodi de la Tijera: Señor Secretario, primero un comentario muy breve sobre parte de lo que usted informó, creo que lo que es real es que en estos tres años, lo no ha habido es política interior, lo que no ha habido es reforma del Estado, y lo que no ha habido es seguridad pública.
Y, bueno, el caso de Chiapas, lo único real, es que cada esta situación se pone más extensa, es más difícil y más conflictiva, más violenta y más muertos. Y en lugar de haber avanzado en estos tres años, hemos ido para atrás. No ha habido una estrategia para lograr la paz, y hoy esperábamos una estrategia integral, y desgraciadamente no creo que tengamos una respuesta con relación a eso.
Para nosotros el tema central por eso era Chiapas, y debia haber sido el tema único desde nuestro punto de vista de esta comparecencia. Pero yo quisiera profundizar en el caso de Chiapas.
Existe un aparente callejón sin salida, del cual obviamente tenemos el compromiso todos de salir. Por un lado, el ejército zapatista exige que cambien las condiciones para él políticas y sociales para iniciar el diálogo, mientras que el gobierno lo que ha exigido es que se inicie el diálogo para cambiar las condiciones, y sin decirlo cada vez aprieta más y más y más, sobre todo en el cerco militar.
Si queremos lograr el diálogo y la paz en Chiapas, lo primero que hay que hacer es que el gobierno cumpla con su palabra. Sabemos que lograr un acuerdo que nos conduzca a la paz no es fácil. El ejército zapatista exige que se acabe la agresión del Ejército; usted ha dicho que el Ejército ha actuado con disciplina y patriotismo, apegado a la ley.
Pero con todo respeto, señor Secretario, es claro que nunca ha estado en la zona de conflicto. Aquellos que hemos estado en la zona de conflicto, y que estuvimos después de que el Ejército estuvo y tomó varias comunidades el 9 de febrero de 1995, le podemos decir que lo único que no ha habido en el Ejército es disciplina y patriotismo, y sobre todo ningún compromiso con las comunidades.
Recorriendo muchas comunidades de Las Cañadas, lo único que vimos fue saña, coraje, revanchismo por parte de los soldados. Destrozaron todo lo que tenían enfrente, mataban ganado, destrozaban cualquier implemento de los campesinos, cortaban, por ejemplo, el sistema de agua, cada metro de la manguera que surtía de agua a las comunidades, para que no pudieran repararla.
Por eso las comunidades no quieren que el apoyo llegue a través del gobierno, porque no solamente no le tienen confianza, le tienen temor, y la opción es que el gobierno lo entregue, hay muchas organizaciones no gubernamentales, que podían cumplir perfectamente con esta función. Y si realmente el objetivo es que ayude el apoyo, pues no lo condicionemos a que sea el gobierno. Si hay voluntad, abramos otras vías.
La segunda condición para el diálogo, es que se cumpla con los Acuerdos de Larráinzar y se apruebe la ley propuesta por la Cocopa. Aquí nos preocupa porque usted dice que la segunda propuesta de la Cocopa, obra en poder de la Cocopa. Bueno, no obra en poder de los representantes del PRD, entonces una propuesta, segunda propuesta de la Cocopa, que no es toda la Cocopa, es de parte de la Cocopa, y no hay un consenso de los demás grupos parlamentarios.
Pero para tratar de salir del aparente callejón sin salida en caso de encontrarlos, lo primero sería que el gobierno en serio parara la agresión del Ejército. En serio. Y estamos hablando de cosas reales, no de cosas teóricas, es decir, aquellos que hemos estado en las comunidades, vemos cómo ha actuado el Ejército, y eso es de lo que estamos hablando, no de la teoría sino lo que sucede realmente en las comunidades.
Y para eso falta una decisión primero del gobierno, que el gobierno de el primer paso.
Y en cuanto a los Acuerdos de Larráinzar, no hay duda de que el gobierno no está de acuerdo en cumplir con, o en aceptar que se apruebe la ley propuesta por la Cocopa, o sea se está hablando de una modificación, la postura del PRD es que se apruebe tal cual está la primera propuesta de la Cocopa. Pero como tenemos que avanzar mi propuesta o mi pregunta sería la siguiente: Suponiendo que se presentara o que se va a negociar o a buscar un nuevo acuerdo sobre una alternativa, a la Ley de la Cocopa, si esta ley no cuenta con el acuerdo de los zapatistas, no tiene ningún objeto porque el objeto de la reforma constitucional es cumplir con un compromiso, lograr dar justicia a las comunidades indígenas, pero sobre todo lograr la paz y para logras la paz la ley que se apruebe en el Congreso, tendría que contar con el respaldo total de los zapatistas, sino no se logra la paz, sino nada más los ponemos más contra la pared y hacemos aún más conflictivo y difícil el proceso y no podríamos lograr el objetivo fundamental de la pacificación en Chiapas.
Mi pregunta es: ¿existiría el compromiso del gobierno a que los acuerdos o la modificación constitucional que se dé para los derechos indígenas, tenga la total aprobación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional?. Gracias por su respuesta.
Presidente: Muchas gracias, diputado Demetrio Sodi.
Ahora, tiene la palabra el C. Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario de Gobernación Francisco Labastida
Ochoa
- C. Secretario de Gobernación: Sobre su segunda pregunta, sí, el propósito es que haya un documento totalmente aceptado, negociado con el EZLN. Ese es el propósito, yo creo que todos podemos contribuir a lograrlo, no estamos hablando de planteamientos ni unilaterales de gobierno contra partidos, ni siquiera con una parte de los partidos y tampoco estamos hablando de un planteamiento unilateral sin incluir al EZLN. Desde luego éste es el propósito y es lo que estamos tratando de lograr.
Señor diputado, hago de su consideración dos elementos o pongo a su consideración dos elementos: el primero, hubo una evaluación detallada sobre los reclamos y quejas que se habían presentado sobre la actuación del ejército, en la investigación no resultó que estas quejas estuvieran fundamentadas en hechos. Yo pongo simplemente a su consideración que hasta donde conocemos, de las quejas que se han investigado, no estuvieron sustentadas ni validadas en hechos.
Hago también la reflexión a usted de que si el ejército hubiera estado en la zona de Acteal, no se hubiera presentado la matanza; lo que nos ha permitido llevar la tranquilidad a varias regiones del Estado de Chiapas, es la presencia del ejército. Si hubiera estado el ejército ahí o en Ocosingo, no se hubiera presentado la matanza en primer lugar y luego el homicidio de la señora.
Reconozcamos que traemos en estos casos, un serio problema, que es lo que nos ocurrió en Ocosingo, de estructura de las policías. No puede ser, es inconcebible, es injustificable, que una manifestación se haya encontrado, se haya enfrentado con un grupo de policías que están armados con rifles. Si la reestructuración de los cuerpos policíacos permite diseñar cuerpos específicos para el tipo de circunstancia que van a vivir y hubieran tenido ahí un grupo de granaderos, no hubieran tenido que lamentar más que unas piedras y unos golpes de uno y otro lado, pero no los lamentables decesos de personas, que hemos tenido que padecer. Entonces se necesita una reestructuración de fondo, de estructura, de los cuerpos policíacos. A eso me referí.
Y por último señor diputado, comparto el punto de vista de que tenemos que distender para que las pláticas vayan en este sentido. Las acciones van así, no sólo en palabras sino en hecho. La liberación de los presos que tienen acceso y derecho a los beneficios que la ley otorga va en este propósito, la reestructuración de los cuerpos policíacos va en este propósito; el haber mencionado él que revisaremos en término de solicitud los planteamientos de movilización de ciertas posiciones del ejército, en donde haya solicitud, va en este propósito, en palabra y en hechos queremos crear un clima de distensión para favorecer el diálogo.
- Presidente: Muchas gracias, ciudadano secretario.
Ahora tiene la palabra el diputado Demetrio Sodi.
- Dip. Demetrio Sodi: Primero, qué bueno que existe el compromiso en este momento ya público del gobierno, de que cualquier acuerdo, cualquier iniciativa que se envíe al Congreso para que sea aprobada, tiene que contar con el apoyo zapatista porque es realmente la forma de lograr la paz.
La otra sería, sacamos, mayoriteamos una iniciativa, una reforma constitucional y sigue el problema vigente en Chiapas queramos o no. Entonces qué bueno que es público este compromiso.
En cuanto a lo de (no se entiende) deveras sí lo comento porque por alguna razón tuvimos la oportunidad, aquí, Pablo Gómez y yo, y otras gentes, de recorrer cerca de 18 comunidades, después de la entrada del Ejército del 9 de febrero. Y realmente era de veras de dar coraje, no saeb de tristeza, de la agresión de los soldados. De veras, acababan con todo. Entonces aquí sí les estoy hablando no de algo que me dijeron, algo que pude ver y pudimos ver personalmente.
Por eso creo que cualquier medida que se tome para ir alejando al Ejército de esas comunidades, será el primer paso para que se creen las condiciones de diálogo para luego negociar lo que serían las modificaciones constitucionales con base en los Acuerdos de Larráinzar, y que inclusive podría permitir y hasta ojalá se diera, la aceptación de revisar la primera iniciativa de la ley.
Sí me gustaría que nos enviara usted, porque no la tenemos, la segunda propuesta de la Cocopa, sobre reformas constitucionales, no la tenemos ni el Grupo Parlamentario ni en el partido. Entonces sería muy importante para conocer de qué estamos hablando, y hacer una evaluación de cuáles son las diferencias y poder avanzar en ese sentido.
Por último, yo sí creo que desgraciadamente esta es la última oportunidad que tenemos en este sexenio, de lograr la paz en Chiapas. Es decir, han pasado 5 secretarios de Gobernación, cada secretario ha puesto su gobernador, del momento, ha habido cinco comisionados para la paz o coordinadores, y creo que esta es la última oportunidad que tenemos realmente de resolverlo y el tiempo no es tan largo, como todos quisiéramos.
Todos vemos muy positivas las propuestas que usted está haciendo, los compromisos que está adquiriendo.
Nos preocupa el discurso del Presidente. Nos preocupa que el Presidente haga acusaciones sin tener sustento, porque finalmente los cinco secretarios de Gobernación que han fracasado, cuatro, perdón, esperemos que el actual no, pero los cuatro secretarios que han fracasado, dos de este sexenio, no puede atribuirse a los secretarios.
El que no ha estado dispuesto realmente a negociar la paz, el que no ha entendido el momento político que vive el país, es el Presidente de la República, y ojalá que el Presidente rectifique su posición, si no, nuevamente fracasaremos en lograr la paz y tendremos, desgraciadamente que enfrentarnos a un problema de violencia en los próximos tres años o a la presión cada día mayor de la sociedad nacional e internacional, para buscar una salida pacífica al problema de Chiapas. Gracias.
- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Demetrio Sodi. A continuación tenemos la intervención de la diputada Juana González Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Intervención de la dip. Juana González Ortiz
- LA C. dip. Juana González Ortiz: Con su venia, señor Presidente. Señor Secretario: Ciertamente que es muy amplia la gama de responsabilidades que quedan dentro de esta Secretaría y tiene un gran realce el aspecto de Chiapas. Pero mi fracción también considera importante otros aspectos que me permito hacer notar a continuación.
Las mujeres somos en México mayoría tanto en la población como en el Padrón Electoral. En un país como el nuestro en que la democracia representa al mismo tiempo, valor y aspiración constante y en el que se pretende que sus habitantes accedan a niveles de bienestar adecuados para hacerla posible también.
Debemos hacer notar que en este sector de la población que representa más del 50 por ciento de participación en la responsabilidad nacional, aún persisten graves situaciones que no permiten gozar de la garantía de igualdad que tiene nuestra Constitución y que hace de los reclamos de equidad y género, un compromiso de la sociedad.
Rezagos en comunidades indígenas, por supuesto que existen; pero también existen en las zonas que no lo son, en donde un gran número de mujeres deben hacer frente a la responsabilidad de hijos y hogar, ante la ausencia del esposo y de los hijos que emigran al país vecino ante falta de oportunidades.
La pobreza en las etnias es evidente y urge atenderlos. Pero también requerimos de mayor atención en los empleos y los salarios de las mujeres trabajadoras a quienes en muchos de los casos se les asignan menores ingresos en igualdad de circunstancias.
Estamos en contra de la violencia como medida de solución, por supuesto. Pero también como grave mal que aqueja a la familia en las zonas rurales y urbanas que requieren de medidas preventivas y de acciones efectivas de procuración e impartición de justicia.
Recientemente aprobamos reformas legales que llevan un espíritu de protección, pero debemos contar con medios para hacerlas efectivas.
El número de madres solteras también se ha incrementado, y con ello, la incorporación a la vida económica del país con las consecuentes repercusiones en los diferentes ámbitos sociales y familiares.
Abatir la pobreza extrema en las zonas indígenas, es impostergable, sí, pero también en las zonas rurales del resto del país, que sufren de la misma situación .
Las zonas urbanas y los suburbios de las ciudades, también claman por atención y todo ello requiere programas y recursos cada vez más justos. Mi pregunta, señor Secretario, es: ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interior, que tiene contemplada para hacer efectivos los instrumentos de apoyo y las disposiciones legales en favor de este amplio sector de la población?
Por su respuesta, muchas gracias señor.
-- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada González Ortiz.
Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-- El C. licenciado Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación: La estrategia creo que no debe ser solo de la Secretaría de Gobernación. Ella espera actuar como catalizador para poder consensar políticas que se relacionan con la mujer, pero que también influyen algunas en su aplicación generalizada sobre el status que la misma guarda en este momento en la situación del país. Quiero ilustrar lo que estoy tratando de explicar.
Dictamos una política de crecimiento económico rápido en el país que genere empleos cuando menos arriba del crecimiento demográfico de la fuerza de trabajo. Esta es la posibilidad de que las mujeres encuentren mejores opciones de trabajo y también los hombres.
Tenemos que tener adicionalmente políticas selectivas para quitar toda la discriminación que pueda existir en contra de las mujeres. Y ahí la Secretaría del Trabajo propone que dentro de las mesas particularmente este tema sea abordado.
Existe, como ustedes saben, la Comisión Nacional encargada de fomentar la mayor participación de las mujeres y de abrir oportunidades, de tal manera que tengan no sólo igualdad de oportunidades sino que se borre la brecha que existe en este momento. Esto tiene que pasar por múltiples instrumentos. Tiene que pasar por los instrumentos de oportunidad de acceso a los puestos directivos, a los puestos políticos. Tiene que pasar también por instrumentos económicos. Tiene que pasar por programas sociales para el campo y para la ciudad, específicamente diseñadas para las mujeres.
Se ha avanzado en esta materia sin lugar a dudas en los años pasados. Pero creo que estas concepciones necesitan además más recursos económicos los programas. Necesitan definirse y precisarse a nivel de detalle y necesitamos trabajar juntos en un tema que es de la mayor importancia para la mujer. La evolución del país se mide en muy buena medida por la participación de las mujeres no solo en el trabajo, sino en los puestos directivos.
Creo que este propósito común debemos de hacerlo nuestra bandera y definirlo en puntos concretos, en los cuales trabajemos en los meses y en los años siguientes.
Hay un programa muy rico en esta materia. Creo que debemos de aterrizarlo e instrumentar y llevarlo a cabo con otras acciones y sobre todo más recursos, más participación, actuación de más instancias para poder hacer un propósito que nos es importante no solo a las mujeres, sino también a todos los hombres del país.
-- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra la diputada Juana González Ortiz.
-- La C. diputada Juana González Ortiz: Sí, señor, muchas gracias.
A propósito precisamente de que sabemos que en toda actividad que se desarrolla se requiere canalizar recursos para ser efectivos. Quisiera nada más concretar nuestro pensamiento.
El esfuerzo de concertación y diálogo que se ha realizado permanentemente por el Gobierno Federal en la búsqueda de la paz en Chiapas, no puede ni debe dejar de tener el reconocimiento más amplio de parte de todas las fuerzas políticas, pero son dejar de lado el resto de la población.
Se debe saber que cada vez que nos alejamos del consenso deseable con respecto a un arreglo determinado, hay un costo económico, perfectamente cuantificable, que corresponde pagar a los ciudadanos contribuyentes y electores nuestros. Y que desvía precisamente de la aplicación a otros sectores de la población.
Es importante que todos los mexicanos sepan cuánto estamos pagando por hacer posible la paz, cuánto estamos pagando por tener la mayor consideración ante una insurgencia municipal con banderas pretendidamente nacionales. Cuánto nos cuesta intentar una Reforma de Estado para conciliar demandas irreconciliables en este momento. Con el Estado de derecho que hasta ahora ha garantizado una convivencia social.
Para el logro de los objetivos que se plantea la política interior en su amplia gama de responsabilidades, es importante reivindicar la política como una acción civilizada y patriótica, buscando en todo momento el consenso pero solo como ideal.
Muchísimas gracias por su atención y gracias a todos.
-- El C. Presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias diputada González Ortiz.
Ahora tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional.
Intervención del dip. Juan José Rodríguez Prats
-- El C. diputado Juan José Rodríguez Prats (PAN): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario: De todo lo dicho aquí de todo lo que se ha expuesto, podríamos tal vez llegar a la conclusión de que la política interior buscaría establecer un equilibrio entre estabilidad y cambio, sin perder desde luego los fines del Estado, sus valores fundamentales.
Usted en su exposición habla de avanzar hacia la normalidad democrática y ofrece usted conducirse con la verdad. Y la verdad sin duda alguna es un valor de la democracia. Habla usted también de aceptar las elecciones como única vía de acceder al poder.
Con todas estas intenciones y partiendo y desde luego presumiendo su buena fe, sin lugar a dudas la lucha más difícil de usted va a estar hacia adentro del gobierno, hacia adentro del partido oficial. No, no somos los partidos de oposición las fuerzas más importantes que se van a resistir a esos cambios y esto es natural, no nos sorprende, en todos los sistemas políticos las fuerzas que se resisten están internamente. Dicen que la democracia es una fruta que tiene una corteza muy atractiva, muy sabrosa carnosidad, pero tiene una semilla dura. ¿Dónde esta la semilla dura del sistema político mexicano?. Pues en la mentalidad autoritaria, en sus connotados funcionarios que están deteniendo el avance democrático, podemos poner muchos ejemplos, me voy a referir nada más, por ser muy selectivo, a tres conspicuos ejemplos.
El caso de Tabasco, por ejemplo, si no lo menciono mi bancada me lo reclama, 72 millones de dólares gastados por el partido oficial, una aportación de 4 millones de dólares. En Tabasco discutimos por varios meses qué era Ernesto Zedillo para Roberto Madrazo, ¿cómplice o rehén?. Ya superamos la discusión, puede ser las dos cosas, se inicia con una complicidad y se acaba siendo rehén. Si alguien me explica esto; no son diatribas estridentes ni ataques infundados, con mucho gusto estoy dispuesto a retractarme si alguien me explica por qué ahí no se llegó a fondo y se atacó la impunidad.
Chiapas. Roberto Albores Guillén después, señor Secretario, que usted declaró y ahí están sus declaraciones en La Jornada, que grupos priístas estaban inmiscuidos, después de que lo dijo el coadjutor, después de que lo dijo la Procuraduría, llega Roberto Albores y dice que el 4 de octubre el PRI ganará las elecciones en Chiapas; ante el inmenso reto, diría yo hermoso reto de ser gobernador de Chiapas en este momento, el señor asume el liderazgo priísta .
Y Puebla, ahí en donde está su colega de aspiraciones o contendiente intrapartidista. Mire usted qué acaba de entrar una iniciativa en el Congreso local que es verdaderamente un atropello a la Constitución, al municipio, crea un cuarto poder, establece una relación del Congreso Local con las autoridades municipales, las autoridades delegacionales, establece otro sistema para distribuir los recursos. Fíjese que yo creo que ni es siquiera un atentado contra Puebla ni contra el PAN, es un reto al nuevo Secretario de Gobernación. Y no crea usted que estoy amarrando navajas.
Usted habla de tres niveles de gobierno. ¡Ya está la litis fijada!. El dice que solamente hay dos niveles de gobierno. El señor Gobernador de Puebla dice que solamente hay dos niveles de gobierno y que en Puebla el Congreso Local, ya mañana, un auténtico albazo legislativo, un atropello de mi paisano, nos lo quitaron los poblanos, pero los tabasqueños no los vamos a demandar de despojo ¡eh!, que se queden con él.
Con todo eso, señor Secretario, su lucha más dura, más difícil va a estar ahí. Son catorce los procesos locales que se nos vienen este año. Entonces, señor, no estamos aquí sus adversarios. Sus adversarios fuertes, rijosos, resistentes al cambio, aferrados al viejo sistema, están dentro del gobierno y en estos catorce procesos locales en donde estarán casos como el Durango, casos como Oaxaca, como Tlaxcala, con terribles disparidades económicas, como Chihuahua desde luego. Entonces, yo quisiera hacerle esta pregunta ya muy concreta: ¿Está usted dispuesto a detener estas fuerzas del retroceso, de la impunidad, de la barbarie, del México autoritario que se niega a reconocer una nueva realidad para garantizar que estos catorce procesos electorales, que esta reforma fiscal aprobada, en donde el Presidente de la República y todos los partidos llegamos a la conclusión que había que hacerle llegar recursos a los municipios, está usted dispuesto a que esto siga avante en su desempeño como Secretario de Gobernación?. Muy concretito y muy sencillo, señor Secretario.
-- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Rodríguez Prats. Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
-El C. Secretario de Gobernación: La Secretaría de Gobernación, señor diputado, tiene que coadyuvar a que los procesos políticos se desarrollen en la normalidad y con respeto estricto a la Ley. Como usted sabe y conoce muy bien que los Estados son soberanos, pero hay siempre un clima de relación con ellos que puede permitir coadyuvar a que los procesos se desarrollen en la mayor legalidad y con toda la normalidad democrática. Esto es lo que tiene que buscar la Secretaría de Gobernación.
Creo que parte de las reformas ya se han realizado y debemos de continuar en las mismas, ha habido en muchos Estados reformas a las Leyes Electorales que dan garantía de mayor seguridad en el proceso, ha habido en muchos de los Estados creación también de autoridades independientes y este es un proceso que entre todos debemos de buscar promover y construir y bueno, la capacidad de negociación por los Partidos Nacionales y con los Gobiernos de los Estados la utilizaremos para que estas diferencias se puedan solucionar.
Yo creo que la democracia es un valor que compartimos todos los Partidos, la democracia es un valor que busca y que defiende sin lugar a dudas no sólo el Gobierno sino el Titular del Ejecutivo de manera muy clara y decidida el Presidente Ernesto Zedillo. Creo que todos los Partidos debemos hacer causa común para buscarla y defenderla y dentro de ello la Secretaría de Gobernación cumpliendo con las funciones que tiene por ley encomendadas las ejercerá.
-El C. Presidente: Muchas gracias, ciudadano Secretario de Gobernación.
Tiene la palabra el lic. Rodríguez Prats.
- El C. diputado Juan José Rodríguez Prats: Bueno, dos reflexiones de entrada no me dijo usted nada de lo que está haciendo el Gobernador de Puebla para quitarle las participaciones que el Acuerdo a las Reformas Aprobadas por el Congreso de la Unión le correspondían y que está tratando de impedir con esta Ley pero eso de que "El que calla otorga", yo entiendo que lo va usted a detener esa Ley y que no saldrán perjudicados los municipios de Puebla.
En segundo lugar le quiero recordar que el 116 dice "que las Constituciones y las Leyes de los Estados en materia Electoral garantizarán que, y señala cómo deben ser los procesos locales entonces ese concepto de soberanía ya ni en Derecho Internacional Público existe, ya hay algunas controversias, hay audaces apoyadas por algunos partidos que todavía están sosteniendo ese concepto de soberanía que protege impunidades y permite atropellos a la ley. Yo quiero aquí recordar las palabras que dijo Ernesto Zedillo Ponce de León antes de asumir la Presidencia de la República: "Ahora si no habrá más dedazos ni partido de Estado" dicho esto por el doctor Ernesto Zedillo quiere decir que estaba reconociendo que sí había un partido de Estado y que sí había dedazos algunas pruebas debe tener.
"Pensamos -dijo ante los Presidentes y Coordinadores del PRI- en un partido autónomo frente al Gobierno y frente a los intereses particulares, en un partido transparente en sus finanzas y capaz de competir en condiciones de equidad con otros partidos. Creo firmemente -añadió- en que la democracia exige una sana distancia entre mi Partido y el Gobierno, la Constitución señala con precisión el espacio que a cada uno corresponde y mi compromiso será mantener diáfana la distancia que debe separarlos. Los priístas no queremos un Estado que se apropie del Partido ni un Partido que se apropie del Estado".
Carlos Castillo Peraza dice una frase "de que la violencia es el fracaso de la política y la política sólo fracasa si fracasa la palabra". Aquí están las palabras del Presidente de la República del hoy Presidente de la República. Usted se compromete con la verdad, los tres años que vendrán para México serán sumamente difíciles y nosotros esperamos que haya un gran impulso a la democracia y el freno a las fuerzas retardatarias que están frenando el desarrollo, que están impidiendo el desarrollo y una transición clara y exitosa hacia la democracia.
Recientemente en la Comisión Permanente, ya que se habla de Chiapas, recordé una frase que me llama mucho la atención, que estaba en la barda del panteón de un municipio, Zapalutla. Desgraciadamente le quitaron el nombre, no sé por qué le quitaron el nombre, ahora le pusieron La Trinitaria, entre tantas cosas mágicas que pasan en Chiapas, pero en esa barda dice: "Aquí yacen los muertos que viven en Zapalutla", y da la impresión de que la frase llama a jocosidad, pero si uno la medita más quiere decir que los muertos viven en el recuerdo, en la memoria, en el agradecimiento y porque hay un sentido de trascendencia, y yo creo que aquí es en donde estamos fallando en la política mexicana, ese sentido de trascendencia, de verla con grandeza, sin mezquindades, con generosidad.
Decía don Adolfo Ruiz Cortines que nunca él se había encontrado en tal aprieto como ser Secretario de Gobernación y pre-Candidato a la Presidencia de la República. Está usted en ese aprieto, en donde el equilibrio y el cumplimiento del deber se riñen todos los días.
¿Cómo decir, cómo ver la prensa, cómo verle la cara a Bartlet, cómo ver todo el grupo duro? Va usted a sufrir un largo proceso porque a eso todavía somete algunos políticos este viejo sistema político mexicano que quisiéramos que trascendiera y que por fin llegara la democracia. Muchas gracias.
- El Presidente: Muchas gracias, diputado Rodríguez Prats . Ahora tiene la palabra, como penúltima participación de esta sesión de trabajo, el diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
Intervención del dip. Jesús Martín del Campo
- El dip. Jesús Martín del Campo: Señor Secretario de Gobernación:
Mi primer comentario es que es un mal método acudir al testimonio de un distinguido legislador, legislador del Partido de la Revolución Democrática, el senador Heberto Castillo, porque no creemos que se haya llevado a la tumba secreto alguno ni que haya que acudir a ella para que podamos tener el documento del que usted habla. Pienso más bien que se trata de una argucia porque ninguno de los legisladores del PRD pertenecientes a la anterior conformación de la Cocopa, habló nunca de un documento distinto al que públicamente se dio a conocer, ni tampoco de que hayan visto que se haya guardado en caja fuerte alguna o algún escritorio particular o secreto de la Secretaría de Gobernación. Nosotros sólo conocemos uno, que públicamente fue aprobado por todos los partidos que participan en la Cocopa.
Entonces ¿qué estatus tiene ese supuesto documento? ¿Se trata de una estrategia que ya tiene definida el gobierno de justificar a toda costa, modificar un primer punto de vista de consenso sobre el contenido de los acuerdos de San Andrés Larráinzar?
El Presidente de la República dijo en Kanasín, Yucatán, que el gobierno está de acuerdo con los Acuerdos de San Andrés, literalmente, pero hemos venido viendo una contradicción entre las intenciones declaradas y las acciones o los pasos concretos que se dan para buscar una salida pronta y eficaz al conflicto que se ha derivado del alzamiento del EZLN.
Concretamente hoy mismo usted, invocando ese supuesto segundo documento y algunos argumentos de por qué es peligroso para la soberanía del país, para algunos conceptos de integración del territorio y de respeto a la autoridad o a los niveles de autoridad que existen en la Constitución, en los hechos, desde mi punto de vista, está contradiciendo la firma del Acuerdo 169, del Convenio 169 de la OIT, que fue precisamente invocado, explícita mencionado en tres apartados de los Acuerdos de San Andrés.
En el texto se habla del artículo 13.2 del Convenio de la OIT sobre tierras; se habla también del 14 y se habla también del 15 y el 16, en donde se refiere del concepto de tierra y territorios, del acceso colectivo al disfrute de los territorios y de cómo se deben respetar incluso las formas de organización colectiva de la población indígena.
Es explícito; México es un país firmante. Incluso en el texto de San Andrés, en el texto de la Cocopa, que ahora se quiere echar hacia atrás, diríamos algunos del PRD que no se va tan a fondo en el uso de ese Convenio de la OIT aplicado a la realidad mexicana.
Entonces, nos preocupa si hay tal deseo que vaya acompañado de pasos concretos, de respetar, como dijo el Presidente de la República en Kanasín, de estar de acuerdo con los Acuerdos de San Andrés.
Paso rápidamente a otra preocupación....
...ejército hasta la realidad recientemente. Es real que avanzó hacia una zona en donde anteriormente no estaba ubicado el ejército, y sin la eficacia que se decía era por la que se buscaba su participación: desarmar a los grupos paramilitares. Fueron a la zona donde no están los grupos paramilitares, aparecieron rápidamente supuestos o reales implementos armados de bases supuestas del EZLN, y teniendo datos que la propia Procuraduría reconoce en un primer informe, acerca de doce grupos paramilitares, no se desarma a uno solo de los paramilitares de los cuales hay elemento e información, y sin embargo hacen aparecer un arsenal fantasma o real del EZLN.
Usted dijo recientemente que había tomado el cargo de Secretario de Gobernación, una declaración que es preocupante. ¿La Secretaría de Gobernación busca realmente el contacto con el EZLN para este acuerdo de consenso, o le preocupa más al Secretario encontrar a un señor real o supuesto, llamado Marcos Guillén? ¿De qué se trata?, es reducir la dimensión del problema y la función de buscar un real contacto con el EZLN.
¿Por qué también una difusión excesiva de un sólo punto de vista sobre los Acuerdos de San Andrés -el del Ejecutivo- con una campaña, que no dudamos es costosa, y también con el uso del tiempo oficial, en donde no se cumple esa pretensión que se había discutido en la anterior discusión de Reforma del Estado, de que haya una distribución más plural de los tiempos oficiales en los medios?. Ahora hay francamente una campaña excesiva, que como han señalado legisladores de mi partido en las anteriores participaciones, sí denota que el Presidente no quiere escuchar, no quiere que se difundan otros puntos de vista sobre lo de San Andrés Larráinzar respecto a la solución, o de cómo se puede sacar adelante este conflicto.
¿Por qué no se usan los medios para difundir también los otros puntos de vista y se abre el debate sobre este asunto de Larráinzar hacia la sociedad?
Pregunto finalmente si hay alguna investigación, o está en curso alguna investigación sobre la existencia de campos de entrenamiento -a partir de testimonios que algunas personas han dado- en el estado de Campeche y en los límites entre Tabasco y Chiapas.
Presumiblemente hay ciudadanos de origen israelí. La Secretaría de Gobernación tiene que dar los permisos de ingreso de personas, tiene que saber a qué vienen, y se habla ya de datos de un rancho particular en el municipio de Champotón.
Estamos previniendo a tiempo. Autoridades de Chiapas, hoy reconocido por la propia Procuraduría General de Justicia, dicen que el Gobierno local de Chiapas, funcionarios del gobierno recibieron información de movimientos en Acteal, previos a la masacre execrable que se cometió ahí, y hubo posibilidades de evitarlo, incluso sin la presencia del ejército. Usted dice que si hubiera estado el ejército (no se entiende), había avisos y la Procuraduría General de la República en su informe que ha dado recientemente a varios legisladores, del cual se puede disponer, dice que hubo avisos previos. Ahora estamos avisando y por eso hago la pregunta de si hay en curso alguna indagación sobre estos campos de entrenamiento en los límites de Tabasco y Chiapas y en el estado de Campeche.
Gracias por sus respuestas.
El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Martín del Campo.
Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
- El C. Secretario de Gobernación: Recibimos una denuncia que fue formulada por un miembro del Poder Legislativo sobre estos grupos que usted menciona, ya ha sido turnada a la Procuraduría para que corresponda y proceda la investigación del caso. Se está trabajando sobre ello, según me informó el señor Procurador.
Por lo que toca, señor diputado, a su comentario de la segunda propuesta, déjeme decirle que no es una argucia, ésta fue elaborada, fue elaborada por muy distinguidos miembros de la Cocopa.
Cuando nosotros hemos hecho comentarios de forma y de fondo es sobre la primer propuesta, ésta segunda no la hemos discutido con los miembros. Hemos dicho también que está a consideración de los partidos examinar si corresponde trabajar con más facilidad sobre la primera propuesta, haciendo las modificaciones del caso, o sobre la segunda, pero no es ninguna argucia. El documento y la propuesta existió, sobre ella presentó incluso algunas observaciones la Secretaría de Gobernación. El documento existe y está en poder de la Cocopa, como lo hemos mencionado .
¿No sé si estás son las dos preguntas básicas de usted, señor diputado?
-El C. Presidente: Gracias, ciudadano Secretario. Ahora tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán.
-El C. dip. Jesús Martín del Campo: No, voy a responder. Hago uso de la réplica. El cansancio. Quiero decir que el PRD se ha propuesto alentar una profunda reforma democrática del Estado, en la que ciudadanos, agrupamientos sociales y partidos políticos se involucren en forma decidida en este ejercicio, los Poderes de la Unión juegan un rol principal. Los ejes programáticos de esta reforma, según nuestra apreciación, tiene casi todos que ver con el modo cómo se resuelva el conflicto de Chiapas.
Si hablamos de un nuevo régimen de libertades políticas, estamos hablando también del tratamiento discriminatorio e inadecuado que se da a la población de origen étnico, de origen indígena en nuestro país.
Si hablamos de una política abierta de información y de comunicación, estamos hablando también de cómo se usa abusivamente por el Poder Ejecutivo el uso de los medios para tratar, ése sí, de dividir a los mexicanos entre quienes apoyan al Presidente y son verdaderos patriotas, y quienes disentimos del Presidente, con todo derecho, y somos colocados como apátridas, incluso por tener intercambios de información, de acuerdo con los acuerdos parlamentarios internacionales, con parlamentarios de otros países.
Si hablamos de una reforma electoral integral, tendremos que considerar también las formas de participación política de las comunidades indígenas, siempre respetando el espíritu de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales es signatario el gobierno de México.
Si hablamos de un equilibrio efectivo de poderes, tendríamos que, como se decía anteriormente, señalar que hay una imposición desde el centro de cinco gobernadores en Chiapas, cuya sucesión de errores ha significado un ciclo, un ciclo no virtuoso, sino un ciclo equivocado que ha llevado a nuevos errores porque se está conculcando la posibilidad de desarrollar elecciones libres en Chiapas para que surja un gobernador que tenga la legitimidad del voto de los ciudadanos.
Entonces cualquiera de los temas de la llamada Reforma del Estado y de Política Interior, nos conducen hoy al asunto de Chiapas, y las respuestas que hasta ahora nos ha dado son por lo menos limitadas, insatisfactorias desde el punto de vista del PRD, y sigue habiendo, desde nuestra perspectiva, un lenguaje doble entre las declaraciones o las intenciones y las acciones prácticas para que lleguemos a una solución pacífica con justicia y dignidad en el caso de Chiapas.
- El C. Presidente: Muchas gracias, diputado Martín del Campo. Como última intervención, tenemos la del diputado Fidel Herrera Beltrán, del PRI.
Intervención del dip. Fidel Herrera Beltrán
- El C. dip. Fidel Herrera Beltrán: Ciudadano Secretario de Gobernación. Ciudadanos diputados. En un sano ejercicio parlamentario, hemos venido desahogando esta reunión de trabajo, con respuestas muy puntuales acerca de las principales preocupaciones que la nación expresa por conducto de sus representantes.
El planteamiento de diálogo con que el Secretario de Gobernación inició su intervención, resulta esencial para la construcción política. Es, sin embargo, incompatible con el llamado terrorismo verbal, con el dogmatismo sectario, con esas frases sobrevivientes de la época del pensamiento único.
El diálogo es una visión insustituible de la democracia, y el diálogo entre partidos, entre legisladores, entre Poderes de la Unión, se convierte en un arma muy poderosa para el acuerdo que propicie el desarrollo, la justicia.
Por eso, la calumnia o la amenaza, no pueden ser instrumento de trabajo político de representantes populares.
La función de foro que desarrolla el trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. La función de debate de las Cámaras, la función de tribuna de los parlamentarios, tiene que hacer posible leyes y el diseño de políticas públicas que impliquen soluciones, que construyan, que avancen.
Pero exige igualmente conocer y reconocer la voluntad y el esfuerzo de todos los actores, y moverse con pensamiento libre y creativo por encima de intereses. Pensar primero en la nación.
Reiteradamente hemos escuchado aquí, que del conflicto en Chiapas, sólo resulta responsabilidad para el presidente de la República, para el Ejército mexicano y para el Partido Revolucionario Institucional.
Las tres son mentiras absolutas. Y no negamos nosotros el derecho que asiste al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a su trabajo internacional y a su trabajo político. A confesión de parte relevo de preguntas y de respuestas.
Se ha dicho con mucha claridad qué se ha hecho. Se ha hecho diciendo las mismas mentiras que se dicen en México, y eso no construye ni ayuda. Si alguien ha hecho por la paz y está comprometido con la paz, es Ernesto Zedillo Ponce de León, y eso lo saben los mexicanos.
Ahora, la razón política nos obliga, a pesar de todos los obstáculos, a perseverar para alcanzar la paz en Chiapas, el acuerdo para el desarrollo político y la construcción del régimen democrático, que es un requerimiento de toda la sociedad.
Y necesitamos en el marco del equilibrio y del respeto de poderes desarrollar nuestras funciones, conforme a las leyes y conforme a nuestro mandato, en los límites que la Constitución impone a nuestro trabajo. No se trata que los Legisladores nos convirtamos en procuradores o en Secretario de Relaciones Exteriores. Se trata de que hagamos un compromiso, como tiene que levantarse en esta hora de México, para encontrarle la salida política al conflicto en Chiapas.
Mi pregunta, señor Secretario, usted nos dijo también que ha venido dialogando con los partidos, que ha venido entrevistándose con actores políticos de las formaciones políticas del país, ¿qué respuesta ha encontrado con las dirigencias, con estos militantes, en torno de la paz en Chiapas y en torno del compromiso de continuar con la reforma del Estado?
Y dos, ¿en qué otra experiencia del caso similar en el mundo como el de Chiapas, se puede encontrar un reconocimiento de lo trabajado por el gobierno federal de México en este caso, que incluye por cierto una ley para la concordia, la conciliación y la paz? ¿En qué otro caso de conflicto similar tantos esfuerzos hechos con tanta dedicación y con tanta valentía, se pueden encontrar que no hayan sido correspondidos por una de las partes en el conflicto?
- El C . Presidente: Muchas gracias, diputado Fidel Herrera Beltrán. Ahora tiene la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación.
Respuesta del C. Secretario Francisco Labastida Ochoa
- El C. Secretario de Gobernación: Lo mencionaba en mi intervención, señor diputado Fidel Herrera, y con gusto lo reitero y lo refrendo. Creo que México ha puesto un ejemplo al no hacer uso de la fuerza y declararlo así, y también declarar y comprometer que en el futuro tampoco hará el uso de la fuerza, para solucionar los problemas que existen en Chiapas .
En este sentido, comparto totalmente su punto de vista. Lo he dicho hace un momento y lo refrendo. El presidente de la República, desde el principio de su gobierno, hizo y está realizando esfuerzos permanentes para defender la paz en Chiapas, no sólo por no aplicar la fuerza, también por promover una legislación que le da una salida jurídica a la existencia del EZLN.
No olvidemos nunca que no fue el gobierno mexicano quien declaró la guerra, fue el EZLN. No olvidemos nunca que desde el principio se creó un régimen especial para la existencia del EZLN entre el Poder Legislativo, a una propuesta del Ejecutivo, que expidió una ley adecuada para ello, para propiciar que sea la negociación y la política la solución de los problemas.
Refrendo por ello sus puntos de vista, los comparto y agregaría que ha dado muestras claras el Presidente de la República, en palabras y en hechos, de su actitud.
Creo que los hechos hablan más que mil palabras. Investigación a fondo de todos los lamentables y execrables incidentes, masacres, que han ocurrido en el estado, fueron inclusive adoptados, atraídos el fuero federal, con el propósito de buscar escrupulosamente la aplicación de la justicia y no permitir bajo ningún concepto, que nadie se escapara de ella.
La actitud del Gobierno de la República y del Presidente Zedillo, ha sido una, desde el principio de su gobierno y se mantendrá invariable: Búsqueda de la paz por todos los conceptos; búsqueda de una solución pacífica para el Estado de Chiapas, no sólo para solucionar los problemas de hoy, sino para establecer con ello, las condiciones que le permitan al estado prosperar, generar empleos, desarrollarse y atender particularmente a los grupos marginados; respeto sin lugar a dudas, de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, superación de las fórmulas jurídicas propuestas porque para eso está el uso de la inteligencia y de la voluntad para superar lo que hemos construido entre todos por los seres humanos. No podemos negarnos a perfeccionar lo que está escrito en este momento. Si nos convencemos de que esto es perfectible como lo es, si nos convencemos de que el texto propuesto implica mayores problemas que los que trata de resolver, como estamos convencidos, creo que entre todos por la vía política, por la fuerza de las ideas, podemos avanzar en este sentido.
Creo que tenemos la oportunidad Legislativo y Ejecutivo, de avanzar en los temas fundamentales del país, no sólo sobre Chiapas, sino también sobre la reforma política Refrendo la mejor disposición del Presidente de la República de hacer de este foro excepcional por su pluralidad y la calidad de quienes en él participan, una vía para avanzar en la evolución política del país. Y que ésta sea la que le dé seguridad hacia el desarrollo de todos los mexicanos.
Agradezco a ustedes mucho señores diputados y a usted, señor Presidente, el que nos hayan recibido en esta su casa.
-Presidente: Muchas gracias ciudadano Secretario de Gobernación, tiene su derecho a comentario o réplica el diputado Fidel Herrera Beltrán.
-Dip. Fidel Herrera Beltrán: Aunque por la puntualidad en la respuesta mi grupo parlamentario toma la determinación de sólo limitar esta intervención a hacerle entrega al Secretario de un documento que los doce diputados federales del PRI de Chiapas nos han entregado y a finalmente, hacer una reflexión para el compromiso que ocupa ahora nuestra responsabilidad.
Está en nuestras manos parte de lo que se refiere a la paz, pero más que nada de la construcción democrática de los grandes asuntos de México, está en esta Cámara, en el espacio de nuestro trabajo, en el esfuerzo que realicemos por continuar con prácticas como éstas, en la relación con el gobierno, en la relación con la sociedad en su conjunto, podemos todos con México por encima de cualquier otro interés, encontrar vías de aportación y de construcción. Muchas gracias.
-Presidente: Muchas gracias diputado Herrera Beltrán, antes de dar por concluida esta reunión de trabajo, deseo a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, agradecer la presencia del ciudadano Secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa y hago votos para que ésta sea una primera de muchas reuniones en este marco de respeto, diría yo, en este nuevo marco de relación de respeto y de igualdad. Muchas gracias, con esto concluimos la reunión.
Terminó a las 15: 20 horas