El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión definitiva de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes

Consideraciones

Es un argumento indiscutible que el sector carretero constituye un renglón de trascendental relevancia para el de-sarrollo nacional. Nuestras vías de comunicación son las arterias principales por las cuales fluyen personas y productos, formando verdaderos ejes a partir de los cuales se establece la infraestructura de nuestro país.

En razón de esto, dicho sector ha sido y seguirá siendo primordial para esta Soberanía, que año con año aprueba los presupuestos para su mantenimiento y ampliación. Y es, con este tipo de acciones, con las que favorecemos la reactivación económica del país, apoyando a la industria de la construcción que, está demostrado, deriva en sucesivas derramas económicas a otros sectores.

Por ello, llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara Colegisladora, y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización, por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos.

Esta empresa tiene su sede en León, Guanajuato, y ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace tres años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil, que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra con la consiguiente pérdida de recursos y el peligro latente para los conductores.

Me refiero a estos tres años de obra que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún, e inclusive entre el centro de la República y Cancún, siendo este último un gran destino turístico, lo que ha costado innumerables pérdidas materiales por accidentes y un número importante de vidas humanas.

El subsecretario de Infraestructura, arquitecto Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado del 21 de abril del año pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año la obra se terminaba, pero no fue así.

Los medios de comunicación de Yucatán, en especial el periódico Por Esto!, han seguido puntualmente estas anomalías. Incluso, se especula que dicha empresa goza de privilegios en el territorio nacional por una presunta vinculación de sus dueños, Cosme Mares y esposa Josefina Hernández, con un hijo de Marta Sahagún de Fox.

Finalmente, en su reciente comparecencia de octubre pasado ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, confirmó la rescisión de los siete contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora es la suspensión de la obra.

Se habló incluso de asignar los contratos a empresas locales, pero luego se dijo que no, que los tramos quedarían inconclusos al menos hasta enero de 2005, cuando iniciaría otro proceso de licitación.

Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los Estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán entre otros, siendo que en una mayoría de ellos, no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, mucho menos, nadie es responsable.

Entre las irregularidades, el 17 de septiembre pasado fue publicado en Quintana Roo un artículo en el cual se menciona que la empresa guanajuatense, que trabaja el tramo Bacalar-Chetumal, les pagó a los transportistas de esa zona, con un cheque sin fondos.

Por estas razones, ciudadanos senadores por el Estado de Yucatán propusieron a nuestra Colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sendas investigaciones sobre el particular, para deslindar responsabilidades.

No obstante, recientemente la SCT dio a conocer las sanciones por el atraso en la obra Mérida-Kantunil que recibirá la empresa Facopsa, por el incumplimiento de los contratos y por ejercer parte de los anticipos, ascendiendo, en cifras redondas, a $17 millones, de los cuales $15 millones son por el uso de anticipos y los $2 millones restantes por los retrasos.

Nos parece, ciudadanos diputados, que esta sanción no corresponde al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido a nuestra entidad federativa, y que falta aún por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, en los cuales, según se ha publicado en la prensa peninsular, también ha incurrido en anomalías.

Particularmente en el caso de Yucatán la pérdida de vidas humanas es irreparable, y en poco aliviaremos la pena de los deudos si se le aplica al responsable una sanción equivalente a una palmadita en el hombro.

A más decir, parecería que, efectivamente, esa empresa es de las consentidas por tener vínculos con el poder presidencial, situación que es necesario e imperativo aclarar.

Ahora, la terminación de la carretera Mérida-Kantunil podría retrasarse indefinidamente porque la empresa Fabricación y Colocación de Pavimentos (Facopsa) apeló la decisión del gobierno federal de retirarle la concesión de la vía; la ampliación, una de las más importantes de la Federación en el estado podría incluso, demorarse hasta un año, demostrando así una estrategia de Facopsa para negociar con el Gobierno Federal la restitución de la concesión.

Por lo anterior expuesto y para resolver definitivamente sobre el asunto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que conozca, investigue e informe, si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y/o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa, sobre los tramos carreteros Mérida-Kantunil, Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, así como a la supervisión del estado físico y condiciones establecidos en el título de concesión de la autopista Kantunil-Cancún.

Segundo. Se solicite a la misma ASF que realice una auditoria especial sobre los fondos federales invertidos en dichos tramos carreteros, así como el impacto económico sobre las finanzas nacionales que ha tenido la irresponsabilidad de Facopsa y la pasividad de la SCT. Particularmente, revisar la correcta aplicación de multas en proporción a dichos daños económicos, con la finalidad de determinar las sanciones correspondientes tanto a los particulares como a los servidores públicos que hubieren incurrido en responsabilidad.

Diputado: Roger David Alcocer García(rúbrica).