Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los actos de terrorismo perpetrados el 9 de enero de 2024 en agravio del pueblo de la República del Ecuador, suscrita por el diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Klaus Uwe Ritter Ocampo , diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pone a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El 8 de enero de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó el estado de excepción en su país por 60 días, esto posterior a la confirmación de su gobierno sobre la desaparición de Adolfo Macías “Fito”, líder del crimen organizado que escapó de una cárcel de la ciudad de Guayaquil, y por los posteriores motines en distintas cárceles de Ecuador.

El 9 de enero del mismo año, una emisión en directo de la cadena de televisión ecuatoriana “TC” fue interrumpida por la irrupción de personas encapuchadas y armadas en un estudio de grabación. El suceso ocurrió mientras se reportaban los secuestros de siete policías y múltiples explosiones. En el mismo día, la Universidad de Guayaquil fue tomada por criminales armados. En ambos casos se tomó a la población civil como rehén.

Ante los graves acontecimientos, el presidente Daniel Noboa publicó un decreto en el que declaró la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador y en el que ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos.

Asimismo, dicho decreto identifica a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.

En respuesta a los lamentables sucesos en Ecuador, el Gobierno de México condenó mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los actos violentos cometidos en ese país, y aseguró mantenerse al tanto del desarrollo de los hechos. En el comunicado puede leerse lo siguiente: “Condenamos enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos de delincuencia organizada y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo ecuatorianos”.

De igual forma, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina y de República Dominicana condenaron los actos de violencia registrados en Ecuador y expresaron su apoyo al presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con las autoridades en Ecuador, el saldo total de los atentados registrados el 9 de enero en Guayaquil, señalaron que 10 personas murieron (entre ellos dos policías), además de reportar a 3 heridos. Además hubo 13 delincuentes detenidos, que de acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, serán procesados por el delito de terrorismo. También se reportaron quemas de automóviles, explosiones, saqueos y tiroteos en todo el país, así como ataques a 29 edificios, entre ellos 5 hospitales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena los actos de terrorismo perpetrados el 9 de enero de 2024 en agravio del pueblo de la República del Ecuador, le expresa su solidaridad, y manifiesta su respaldo a las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa como respuesta para garantizar la seguridad en su país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a publicar sus criterios para la designación de personas titulares de dependencias locales, centros educativos, oficinas de registro civil, oficinas de recaudación y organismos autónomos locales, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Marisol García Segura del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El pasado nueve de enero, el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, a través de su cuenta en la red social “X”. Denunció que el Partido Revolucionario Institucional no cumplió con lo pactado en un acuerdo político, en el marco de la conformación de la coalición “Va por México”, integrada por el partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.

En la citada publicación, Marko Antonio Cortés Mendoza destacó lo siguiente:

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quién miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho.

El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que @AccionNacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura.

En honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a las dirigencias nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación.

En el PAN somos serios, sí honramos nuestros compromisos, no pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución.

Manolo Jiménez, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición, por el bien de México y de Coahuila. Confío que le darás resultados a la gente que eligió y cumplirás tu palabra”1 .

Cabe destacar que la publicación se acompaña de dos fotografías en las que detalla el acuerdo político que incluye la repartición de secretarías de gobierno, notarías, dirección de escuelas, entre otras posiciones, para pronta referencia se muestra la imagen compartida por el presidente del Partido Acción Nacional.

Si bien el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) contempla en su artículo 36, inciso e) que son derechos de los partidos políticos nacionales: “Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos de este Código”2 .

Igualmente, en el artículo 93o del Código Federal de Procedimientos Civiles en los numerales 1 y 2: “Los partidos políticos nacionales podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en este Código”3 .

También en el artículo 98o de ese mismo Código se detalla, en el numeral 1. los requisitos que deben de contener los acuerdos de coalición:

“Artículo 98

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a) Los partidos políticos nacionales que la forman;

b) La elección que la motiva;

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos;

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién ostentaría la representación de la coalición4 ;

Además, en el mismo artículo, pero en sus numerales 2 y 3 se detalla que en los convenios de coalición también se deberá de incluir la distribución del gasto para no rebasar los topes establecidos por el mismo código, así como la distribución de tiempo en los medios de comunicación.

Habiendo revisado lo concerniente a la integración e inscripción formal de las coaliciones como parte de los derechos de los partidos políticos, se advierte que en ningún momento la ley contempla que como parte de dichos acuerdos se incluya la asignación de posiciones de gobierno, titulares de instituciones escolares, notarias y mucho menos la negociación de titulares de organismos autónomos.

Las coaliciones electorales tienen el propósito de alcanzar objetivos políticos y sociales a través de la vía democrática, pero ello no implica que una alianza electoral tenga un impacto directo en la gestión gubernamental de la persona electa. Es decir, los acuerdos de coalición tienen un propósito de operatividad y competitividad que por el bien de la ciudadanía termina cuando culmina el proceso lectivo.

Es preocupante que como parte de un acuerdo no vinculante para la formación de una coalición electoral se contemple la repartición de posiciones de gobierno, notarías, direcciones de centros escolares así como la titularidad de organismos autónomos.

No se omite mencionar que la designación de magistrados, de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Coahuila en su artículo146o se contempla que:

Artículo 146o: Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, serán hechos por el Gobernador del Estado de la lista de candidatos que le presente el Consejo de la Judicatura y sometidos a la aprobación del Congreso, o en su caso, de la Diputación Permanente, cuando proceda, el que la otorgará o negará dentro del improrrogable término de cinco días.

El procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se hará en base a la propuesta que haga el Consejo de la Judicatura entre las ternas que le hayan presentado los Poderes del Estado, organismos públicos autónomos, Municipios y los trabajadores por conducto de sus representantes sindicales, en los términos de la ley de la materia.

La lista de Candidatos podrá ser rechazada por el Ejecutivo en una sola ocasión, en cuyo caso el Consejo de la Judicatura someterá a su consideración una nueva para que formule nuevo nombramiento.

Cuando el Congreso o la Diputación Permanente no resuelva dentro del término que se señala para el efecto, se tendrán por aprobados los nombramientos.

En el caso de que el Congreso del Estado no apruebe un nombramiento, el Gobernador del Estado hará una nueva designación dentro de las propuestas, que surtirá sus efectos desde luego, como provisional y que será sometido a la aprobación del propio Congreso, en el siguiente período ordinario de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primeros cinco días, el Congreso deberá aprobar o desaprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado provisionalmente, continuará en sus funciones con el carácter de definitivo.

Si el Congreso desecha el nombramiento, se reiterará el procedimiento, cesando desde luego en sus funciones el Magistrado Provisional.

Es decir, su designación está sujeta a un procedimiento establecido por la constitución local, así como por parte del Congreso del Estado. Por lo que el citado acuerdo podría estar vulnerando la división de poderes del Estado de Coahuila.

Ahora, en lo concerniente a la conformación del gabinete legal y ampliado se reconoce, que de acuerdo con el artículo 82o, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:

Artículo 82o

[...]

IV.- Nombrar, suspender y remover libremente a los secretarios del ramo, a los subsecretarios, a los directores de los diferentes ramos, a los Oficiales del Registro Civil y a todos los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento, suspensión o remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución y las Leyes.

La libertad de la que se habla en el citado texto constitucional está siendo vulnerada al conocerse que existe un acuerdo político no vinculante, pero que forma parte del convenio para formar una coalición electoral. Es decir, al conocer de la existencia de dicho documento no se puede garantizar que la libertad y autonomía de la que debería de gozar el actual gobernador de Coahuila exista.

Expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a publicar sus criterios para la designación de los titulares de las secretarías de Infraestructura, Fiscalización, Medio Ambiente, Turismo, Economía y Cultura.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a publicar los criterios para la designación de los titulares de centros educativos del Estado de Coahuila.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a publicar los criterios para la designación de los titulares de las oficinas del Registro Civil.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a publicar los criterios para la designación de los titulares de las oficinas de recaudación.

Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a respetar los criterios establecidos en su constitución para la designación de magistrados.

Notas:

1. https://twitter.com/MarkoCortes/status/1744797764582621680/photo/2

2. Código Federal de Procedimientos Electorales, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro_14ene08.pdf

3. Código Federal de Procedimientos Electorales, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro_14ene08.pdf

4. Código Federal de Procedimientos Electorales, disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro_14ene08.pdf

Dado en la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2024

Diputada Marisol García Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a visibilizar y reconocer a la violencia vicaria en sus respectivas legislaciones, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La violencia vicaria o violencia a través de interpósita persona puede ser considerada como cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora.

Algunas manifestaciones de la violencia vicaria son el amenazar con causar daño a las hijas o hijos de la pareja; amenazar con ocultar, retener o sustraer a las hijas o hijos; utilizar a los menores para obtener información respecto a la madre; promover, incitar o fomentar actos de violencia física en contra de la madre; promover o incitar violencia psicológica que descalifiquen a la figura materna; o incluso condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias con sus hijas e hijos.

Esta modalidad o forma de violencia de género en contra de las mujeres fue acuñada y también definida por la psicóloga española Sonia Vaccaro en 2012. Debido al impacto que tuvieron los trabajos de esta especialista es que diversos países han avanzado hacia el reconocimiento legal de este tipo de conductas y la formulación de políticas públicas para su prevención, atención, investigación y sanción.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 se conoce que la violencia familiar fue el delito que se cometió con mayor frecuencia en 2022. Adicionalmente se registró que entre 2021 y 2022 existió un incremento de 6.48% en el número de casos vinculados al ejercicio del mismo delito.1

En el caso de la violencia vicaria, esta recae en una tercera persona la cual tenga una relación familiar o íntima con la mujer. La mayoría de casos se ha registrado que el agresor resulta ser el padre de los hijos, quien incluso puede llegar a causarles la muerte a sus propios descendientes con la finalidad de dañar a las mujeres.

Por ello, es que las hijas y los hijos se convierten también en víctimas de este tipo de violencia, ya que padecen de manera directa la violencia física, psicológica o sexual que se ejerce en su contra, razón por la cual este término también ha sido identificado con el concepto de violencia a través de interpósita persona.

El Frente Nacional contra Violencia Vicaria ha documentado que en el 80% de los casos de violencia vicaria las víctimas fueron separadas de sus hijas o hijos, existiendo amenazas previas y sin tener la posibilidad de tener contacto con los menores.2 Esta situación se ha visto agravada, ya que la mayoría de las víctimas no tiene confianza en las autoridades para presentar las denuncias por sustracción de menores o violencia.

A su vez, se ha argumentado que este tipo de violencia se acentúa cuando las mujeres llegan a plantear la posibilidad de un divorcio, cuando deciden separarse o establecer una nueva relación sentimental.

Tan solo en 2021 se registraron 149 mil 675 divorcios, lo cual representó un incremento de 61.4% respecto a 2020. Además, la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes pasó de 13 en 2012 a 16.9 en 2021.3 Si bien no existe una correlación directa entre el número de divorcios y los casos violencia vicaria, si es importante enfatizar en que esta violencia es ejercida principalmente por las ex parejas de las víctimas.

Frente a este panorama es que diversas organizaciones, colectivas y asociaciones de la sociedad civil han demandado que el Estado mexicano reconozca a esta violencia y que actúe en consecuencia estableciendo medidas que disuadan este tipo de conductas y que asignen responsabilidades de índole civil y penal en la materia.

Debido a ello es que en la Cámara de Diputados fueron presentadas un total de 13 iniciativas de ley para reconocer jurídicamente a este nuevo tipo de violencia, además de generar un andamiaje jurídico robusto que permitiera prevenir y sancionar estas acciones como delitos penales.

En congruencia con ello es que el pasado 29 de noviembre fue aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión un decreto que incluye reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.

Entre sus principales cambios se encuentra la definición de la violencia a través de interpósita persona como un tipo de violencia en razón de género, y se establecen órdenes de protección específicas para las víctimas de este tipo de delito. Asimismo, se estableció como una agravante aplicable al delito de violencia familiar, y se plasmó que sería limitada la patria potestad para las personas que incurran en violencia a través de interpósita persona.

El artículo 9 del proyecto de decreto que fue enviado al titular del poder ejecutivo federal dispone que en el ámbito de sus competencias los congresos locales deberán tipificar el delito de violencia a través de interpósita persona; establecer la comisión de este delito como una causal de divorcio o pérdida de la patria potestad; y la inclusión de las personas agresoras en servicios reeducativos integrales con perspectiva de género.

Si bien dicho decreto aún está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, también es cierto que resulta fundamental que los congresos de las 32 entidades federativas armonicen sus legislaciones locales con la intención de visibilizar y reconocer a la violencia vicaria.

La organización Cam-Cai ha registrado que las legislaturas locales de Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Chiapas no han dictaminado y/o aprobado ninguna iniciativa en materia de violencia vicaria. Por su parte, en el estado de Durango ningún legislador o legisladora ha presentado alguna iniciativa de ley en la materia.

Por otro lado, los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí ya cuentan con un marco normativo en su ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, no han reformado sus códigos penales o civiles.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos locales de Durango, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Jalisco y Chiapas a que visibilicen y reconozcan a la violencia vicaria en su legislación.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos locales de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí a que fortalezcan su legislación sobre violencia vicaria en materia civil y penal.

Notas:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, México, INEGI, 2023.

2. Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Violencia Vicaria/Encuesta Nacional a Víctimas, México, FNCVV, 2022.

3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadística de Divorcios 2021, México, Comunicado de Prensa Núm. 561/2021, 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, con relación al Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano y la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas y los suscritos legisladores y legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia del firmar el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales con el Consejo de Europa, bajo las siguientes

Consideraciones

Que el 7 de agosto de 2019 la diputada de la LXIV Legislatura, Lorenia Iveth Valles Sampedro, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo relativo a que el Gobierno de México evaluara la pertinencia de suscribir ante el Consejo de Europa el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales, pero no fue aprobado en su momento por razones de término del periodo de sesiones correspondiente.

Que las y los legisladores que suscriben esta proposición consideran retomar, por su importancia, las razones que la entonces legisladora argumento en su exposición.

Que en los últimos 30 años el concepto de itinerarios culturales surgió como una nueva categoría de conservación a partir de diversas características que reúnen de manera común y que tienen diversos fines, desde la investigación científica hasta el fomento de la actividad turística. Aunque durante este lapso de tiempo y desde distintos ángulos ha habido un acercamiento a su definición, lo cierto es que aún no existe una homóloga ya que varía según los lentes desde los cuales se observan y las naciones que las implementan.

Que las categorías más usadas en este ámbito eran las rutas o itinerarios culturales que se construyen por los valores materiales del patrimonio y que, a pesar que en la definición se incluía al patrimonio inmaterial, en las declaratorias de los organismos internacionales este tipo de patrimonio es solo accesorio.

Que actualmente la UNESCO ha promocionado la inclusión de diversas rutas culturales como Patrimonio de la Humanidad, como los ejemplos de la Emblemática Ruta de Santiago de Compostela en España y Francia; Rutas de la Seda: la red de rutas del corredor Chang’an-Tianshan en China, Kazajistán y Kirguistán; Camino Real de Tierra Adentro en México y Estados Unidos; Fronteras del Imperio Romano en Alemania y Reino Unido; Ruta del Incienso y ciudades desérticas del Negev en Israel, Sitios sagrados y rutas de peregrinaje en la cordillera Kii en Japón y el sistema de caminos andinos Qhapaq Ñan en Perú, entre otras.

Que México es un país observador del Consejo de Europa desde 1999 y participa en las sesiones de su Asamblea Parlamentaria y en el seno de varias Comisiones permanentes y ad hoc de la misma Asamblea, dentro de la que se encuentra la Comisión para la Cultura, Patrimonio y Paisaje.

Que nuestro país ha firmado varios Acuerdos y Convenciones que tiene su origen el Consejo de Europa, estando pendiente sólo uno de ser ratificado ante dicho organismo.

Que el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales da a conocer las pautas de política del Consejo de Europa, la estrategia del programa, el apoyo, asistencia para el desarrollo, implementación y promoción de Itinerarios Culturales, apoyo al trabajo en red y el intercambio entre operadores de Itinerarios culturales, así como algunos otros en el campo del turismo cultural. Este a su vez otorga la certificación “Itinerario Cultural del Consejo de Europa”, y está a cargo de supervisar la evaluación periódica. Esto dado a que proporciona apoyo político a las iniciativas nacionales, regionales y locales para promover la cultura y el turismo.

Que este Acuerdo pretende concienciar a los ciudadanos de Europa, su identidad europea, a través de vínculos culturales y de diálogo entre los pueblos europeos, así como de todos los países que consideren adherirse a este Acuerdo, llevando a cabo actividades educativas, turismo alternativo, entre los países.

Que este Acuerdo sienta las bases del desarrollo sustentable, esto a través del fortalecimiento del conocimiento sobre el patrimonio cultural, a través del intercambio y la cooperación.

Que este Acuerdo tiene una importante fortaleza para encontrar nuevos caminos en el turismo que se piensa para el Siglo XXI donde se combine conocimiento y disfrute de espacios con contenido histórico.

Por ello, se considera que este instrumento internacional puede servir para fortalecer las políticas públicas del país en los años por venir y, en consecuencia, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que evalúe la pertinencia para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firme el Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios Culturales con el Consejo de Europa, adoptado el 1o de enero de 2011 y su posterior envío al Senado de la República para su aprobación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua y a la Profepa a ejecutar las medidas necesarias a la brevedad para proteger la salud e integridad física de la jirafa Benito, albergada en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 3 de mayo de 2023 llegó al Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua un ejemplar de fauna silvestre proveniente de un zoológico de Culiacán, Sinaloa. En un comunicado de prensa oficial del gobierno estatal de Chihuahua se dio a conocer que la jirafa llegaba a dicho territorio como resultado de una petición de donación generada por parte de la gobernadora María Eugenia Campos.1

Asimismo, se declaró que el recibimiento de “Benito” se realizaba toda vez que el gobierno chihuahuense aseguraba contar con todos los cuidados necesarios para la jirafa, además de que se había realizado una inversión de $50 millones de pesos para la rehabilitación general de las instalaciones.

Desde la llegada de “Benito” existieron diversas manifestaciones ciudadanas entorno a que el ejemplar padecía de las altas temperaturas de Ciudad Juárez, en donde se llegaron a registrar temperaturas de hasta 40 grados. A estas expresiones de descontento social se sumaron pruebas fotográficas en donde se observaba que la jirafa no contaba con ningún tipo de refugio para ocultarse del sol.

En atención a esto, el Gobierno del estado de Chihuahua emitió otro comunicado oficial en el que su Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común informaba que se estaban llevando a cabo “una serie de mejoras dentro del hábitat de la jirafa Benito en el Parque Central, con el propósito de garantizar su bienestar”.2

Como parte de las acciones realizadas se resaltaba la instalación de “dos sombrillas de tres metros de diámetro”, sin embargo, fue documentado que la instalación de esta infraestructura no era suficiente para proteger a “Benito” debido a las altas temperaturas registradas en Chihuahua.

Durante los primeros días del 2024, se han dado temperaturas de hasta -4 grados en Ciudad Juárez, clima que sin duda resulta perjudicial para una jirafa como “Benito”, ya que debido a su anatomía estos ejemplares son más sensibles frente a las bajas temperaturas, más cuando el lugar en donde se encuentra albergada no cuenta con la infraestructura y los cuidados necesarios.

Frente a este cúmulo de denuncias fue que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó visitas de inspección en las cuales ordenó una serie de medidas obligatorias, las cuales hasta el día de hoy el gobierno estatal de Chihuahua ha incumplido.3

Finalmente, el 8 de enero del presente año un representante del Africam Safari ubicado en el estado de Puebla dio a conocer que debido a una serie de pláticas sostenidas con el gobierno estatal de Chihuahua se acordó que “Benito” fuera trasladado al parque Poblano, estando solamente a la espera de los permisos y gestiones necesarias por parte de la autoridad federal.

La Profepa dio a conocer que el Parque Central de Ciudad Juárez era el ente responsable del ejemplar, ya que había adquirido una serie de obligaciones al adquirir a “Benito”, razón por la cual no era procedente el traslado de la jirafa a Puebla, ya que se debían tomar una serie de medidas técnicas para preservar su salud, además de todas las acciones a las que se comprometió cumplir el gobierno en el Plan de Manejo correspondiente.

Por ello es que se considera fundamental que tanto la autoridad federal como la local analicen las alternativas de solución posibles y garanticen la protección de la salud e integridad de “Benito” con pleno respeto a la Ley General de Vida Silvestre y demás normatividad en la materia, sin que lo anterior afecte al ejemplar, toda vez que no existen las condiciones necesarias para que continúe en Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Chihuahua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus responsabilidades, ejecuten las medidas necesarias a la brevedad para proteger la salud e integridad física de la jirafa “Benito”, albergada en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua

Notas:

1. Gobierno del Estado de Chihuahua, Revela Gobernadora Maru Campos que se llamará “Benito” la nueva mascota del Parque Central de Ciudad Juárez, Consultado en https://chihuahua.gob.mx/prensa/revela-gobernadora-maru-campos-que-se-l lamara-benito-la-nueva-mascota-del-parque-central-de

2. Gobierno del Estado de Chihuahua, Garantiza Gobiernos del Estado bienestar de “Benito” en el Parque Central, Consultado en https://chihuahua.gob.mx/prensa/garantiza-gobierno-del-estado-bienestar -de-benito-en-el-parque-central

3. Gobierno de México, Respecto a la jirafa Benito que se encuentra en el Parque Central, Ciudad Juárez, Chihuahua, Consultado en https://www.gob.mx/profepa/prensa/respecto-a-la-jirafa-benito-que-se-en cuentra-en-el-parque-central-ciudad-juarez-chihuahua

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 de enero de 2024.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IECM y a la FGJCDMX a iniciar de oficio una investigación por el posible uso ilegal de personas de origen extranjero durante un acto realizado por parte del precandidato del PAN, Santiago Taboada, realizado el 3 de enero de 2024, en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CdMx, suscrita por la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Barcenas , en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 7 de agosto de septiembre de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, para elegir a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones, Alcaldías y Concejalías de las 16 demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 2 de junio de 2024.1

En la Convocatoria, se precisa que el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 comprenderá 4 etapas: Preparación de la elección; Jornada electoral; Cómputo y resultados de las elecciones y Declaratorias de validez.

Ahí se detalla que la etapa de preparación de la elección inicio la primera semana de septiembre de 2023, y que comprende el registro de candidaturas sin partido y de candidaturas propuestas por los partidos políticos y coaliciones, y concluirá al iniciarse la jornada electoral.

Además, que la Jornada electoral dará inicio a las 8:00 horas del domingo 2 de junio de 2024 y concluirá con la entrega de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para dar paso a la etapa de cómputo y resultados de las elecciones, la cual inicia con la recepción de los referidos paquetes electorales y concluye con los cómputos de las elecciones respectivas.

Por otra parte, las Declaratorias de validez iniciarán al concluir los cómputos de cada elección y finalizarán con la entrega de las constancias de mayoría y las declaratorias de validez de las elecciones de Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías hechas por los órganos del Instituto Electoral, o en su caso, con las resoluciones que emita el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en este tipo de elecciones.

Segunda. El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que a partir del domingo 5 de noviembre 2023 y hasta el 3 de enero de 2024, corrió el periodo de precampañas para las personas aspirantes a las candidaturas de partidos políticos para la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.2

Los actos de precampaña y la propaganda realizados durante este periodo debieron estar dirigidos únicamente a las personas militantes y simpatizantes de su partido, o coalición, y llevados a cabo por quienes aspiren a las candidaturas para el referido cargo, siempre y cuando así lo hayan establecido los institutos políticos en sus respectivos procesos de selección interna.

Asimismo, se estableció que no deberían incurrir en actos anticipados de campaña, de calumnia electoral o de violencia política de género; ni solicitar o recibir recursos, en dinero o especie, de personas no autorizadas por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normativa , ni hacer uso de la infraestructura pública, y deberán presentar su informe de gastos establecido en el mencionado Código.

La ciudadanía que detecte actos que violen dichas restricciones o cualquier otra actividad que vulnere la equidad en la contienda, podrá recurrir al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para presentar las quejas correspondientes.

Las precampañas para Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías iniciaron el 25 de noviembre y concluyeron el 3 de enero de 2024.

Tercera. Durante este periodo de precampañas, el pasado 3 de enero de 2024, el precandidato del Partido Acción Nacional a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, realizó un acto de precampaña en el Parque del Mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el que una docena de extranjeros vistieron playeras azules, portaban banderas y mostraron volantes del PAN.

Según una crónica del periódico La Jornada, referidas a ese evento: “Las personas, que no hablaban español, se miraron entre sí cuando se les preguntó de dónde venían. Uno de ellos tocó el brazo de su compañero, quien aparentemente entendía, y confirmó con un movimiento afirmativo de la cabeza cuando se les preguntó si apoyaban al panista, sin la posibilidad de responder quién los había convocado .”3

Inclusive el mismo, Adrián Alfaro Reyes, Secretario General del PAN en Gustavo A. Madero admitió que fue su partido quien le entregó camisetas y banderas blanquiazules a un grupo de migrantes haitianos durante el cierre de precampaña de Santiago Taboada, aspirante del partido a la Jefatura de Gobierno capitalina.4

El mismo militante del Partido Acción Nacional aseguró “que los que entregaron las playeras y banderas fueron los mismos panistas ”.5 Él confesó que “fue él y el PAN quienes entregaron las playeras y las banderas con el emblema del PAN a los ciudadanos haitianos .”6 Otros panistas, como Francisco Ruiz Romo, funcionario de la Alcaldía Álvaro Obregón incluso posó en una fotografía con los haitianos, tal y como se muestra en las siguientes imágenes.


Cuarta. Cabe señalar que la actividad política de los extranjeros en México se encuentra acotada a nivel Constitucional, legal y reglamentario.

A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 33 a la letra reza:

“Capítulo III De los Extranjeros

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. ”

La Ley General de Partidos Políticos establece que los Partidos Políticos Nacionales y Locales no pueden solicitar ni deben aceptar ningún tipo de apoyo económico o en especie de organizaciones y personas de origen extranjero, y señala:

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) ... al h)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

j) al y) ...

Adicionalmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales , entre otros puntos, menciona:

“Artículo 401.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia:

a) al c) ...

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras ;

e) al i) ...

Artículo 442.

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

a) Los partidos políticos;

b) ...

c) Los aspirantes, precandidatos , candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular;

d) al... g) ....

h) Los extranjeros;

i) al m) ....

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.

2...”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

b) al k) ....

l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

m) al o) ...”

“Artículo 451.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución y las leyes aplicables.”

En lo que respecta a la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México establece:

“Artículo 50. Instituto Electoral de la Ciudad de México

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno , diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

2. ....

3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

4. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia.”

Por su parte la Ley de Migración señala:

“Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. ... al III...

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

A su vez, a nivel local, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México , entre otros puntos dice:

“Artículo 344. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los Partidos Políticos en forma libre, personal y voluntaria, inclusive las realizadas durante los procesos electorales locales.

Los Partidos Políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los Partidos Políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia cuando se trate de:

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como las Alcaldías, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Federal y este Código; II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública federal, estatal o de las demarcaciones territoriales, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la Ciudad de México;

III. Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;

IV. Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras ;

V. al VIII...”

Quinta. La utilización de migrantes extranjeros en un acto de precampaña, es aprovecharse de la condición de pobreza de las personas y resulta una vulneración a la dignidad de las personas.

Así mismo, la publicación a través de redes sociales y otros medios de comunicación, del evento realizado por el precandidato del PAN Santiago Taboada, el día 4 de enero de 2024, en el Parque del Mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A Madero, en la Ciudad de México debe ser considerado como un acto de propaganda, para hacer creer a los electores que se tiene un arrastre importante.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que la difusión de propaganda que genere beneficio a un partido político, coalición o candidato debe considerarse como gasto de campaña.

En la Tesis LXIII/2015, con el rubro “Gastos de campaña. Elementos mínimos a considerar para su identificación”, el organismo jurisdiccional indicó que, a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los elementos de finalidad, temporalidad y territorialidad que a continuación se describen.

• Finalidad: implica que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano.

• Temporalidad: se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él.

• Territorialidad: consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

En este sentido, todo acto de difusión que se realice en el marco de una precampaña, con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial.

En el documento se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto, y que los actos de campaña son aquellos en que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas.

Asimismo, indica que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso.

La Tesis que se aprobó por unanimidad, en la sesión pública del 7 agosto de 2015, se fundamenta en el contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos.7

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que en uso de sus atribuciones y facultades, inicie, de oficio, una investigación por el posible uso ilegal de personas de origen extranjero durante un acto realizado por parte del precandidato del Partido Acción Nacional, Santiago Taboada, realizado el día 3 de enero de 2024, efectuado en el Parque del Mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en uso de sus atribuciones y facultades, inicien, de oficio, una investigación por el posible uso ilegal de personas de origen extranjero durante un acto realizado por parte del precandidato del Partido Acción Nacional, Santiago Taboada, realizado el día 3 de enero de 2024, efectuado en el Parque del Mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Notas:

1. Emite IECM Convocatoria para Elecciones Locales de 2024https://www.iecm.mx/noticias/emite-iecm-convocatoria-para-eleccione s-locales-de-2024/

2. Instituto Electoral de la Ciudad de México. 4 de noviembre de 2023. Boletín de prensa UTCSyD-150. Inicia periodo de precampañas para Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. https://www.iecm.mx/noticias/inicia-periodo-de-precampanas-para-jefatur a-de-gobierno-en-la-ciudad-de-mexico/

3. La Jornada, 4 de enero 2024. Taboada acarrea a haitianos a mitin de cierre en la CDMX. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/04/capital/taboada-acarrea-a -haitianos-a-mitin-de-cierre-en-la-cdmx-4844#:~:text=Ciudad%20de%20M%C3 %A9xico.,del%20panista%20Santiago%20Taboada%20Cortina.

4. Polemon. PAN Admite haber acercado a migrantes Haitianos a cierre de Taboada. https://polemon.mx/pan-admite-haber-acercado-a-migrantes-haitianos-a-ci erre-de-taboada/

5. Ibid.

6. Ibidem.

7. TEPJF. 11/octubre /2015 /Sala Superior 349/2015. TODA PROPAGANDA ENFOCADA A OBTENER EL VOTO DEBE CONSIDERARSE COMO GASTO DE CAMPAÑA: TEPJF. https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2209/0

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de enero de 2024.

Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a investigar de manera exhaustiva el asesinato del regidor por el municipio de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, y a implementar acciones para frenar la ola de violencia e inseguridad, suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Juanita Guerra Mena , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por la que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del estado de Morelos a investigar de manera exhaustiva el asesinato del Regidor por el Municipio de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera y a implementar acciones urgentes para frenar la ola de violencia e inseguridad, con base en las siguientes

Consideraciones

A pesar de reiterados llamados por parte de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Estado de Morelos se atienda de manera urgente la problemática de aumento a la inseguridad, nuevamente padecemos de hechos que preocupan a la sociedad en su conjunto, debido en gran parte a la falta de implementación de una política integral en materia de seguridad, que atienda las causas del delito y no las consecuencias.

La Seguridad Pública es, es una función a cargo de la Federación, las Entidades federativas y los Municipios, proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido por lo que la lucha contra la delincuencia debe tener como consecuencia, la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la prevalencia de condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

Nuestra Carta Magna, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las Entidades federativas y los Municipios y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las bases regulatorias al señalar que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

Es claro que cuando no hay las condiciones de paz y progreso, el delito se nutre y crece; de esta manera se genera un ecosistema de descoordinación e impunidad, provocando la comisión y el aumento de hechos delictivos de gran escala.

Ejemplo claro de ello es, el aumento desproporcionado de delitos de alto impacto en el estado de Morelos, particularmente en la zona oriente de la Entidad, en donde delitos como homicidio, despojo, secuestro, feminicidios y robos a transeúnte y al transporte público han alcanzado cifras récord en los meses de agosto y septiembre de este año, manteniendo a la población en niveles alarmantes de riesgo y temor fundado.

La delincuencia en la República Mexicana ha ido en aumento en los últimos años, no obstantes los esfuerzos de las autoridades locales y estatales no han sido suficientes para combatir la delincuencia, existen factores externos que van ligados a la delincuencia, como la drogadicción, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2023 se ha tenido un número importante de delitos

De la información antes citada podemos determinar que la delincuencia en Morelos presenta la cantidad de 34,785 delitos denunciados, cifra que es altamente significativa, si tomamos en cuenta que este Estado cuenta con la cantidad de 1,971,520 habitantes según el INEGI, nos damos cuenta que estas cifras son alarmantes.

En los últimos meses en el Estado de Morelos y principalmente en el Municipio de Cuautla se ha presentado un aumento en diversas actividades delictivas en perjuicio de sus habitantes, comerciantes y turistas, de acuerdo a cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en los últimos tres años se han registrado las siguientes cifras, en donde podemos observar el aumento en estos delitos, específicamente los siguientes:

El Presidente Municipal Rodrigo Luis Arredondo expuso que se entregaron diez armas largas, sin embargo, es importante destacar que la ola de delitos debe ser combatidos con estrategias conjuntas estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, estamos conscientes que el solo hecho de una entrega de armas largas no cumple como estrategias para el combate y prevención de los delitos antes señalados.

Es claro que lo hecho no es suficiente y es evidente la falta de coordinación para realizar labores de contención del delito. Hoy, una vez más padecemos el flagelo de la delincuencia en donde el pasado jueves 4 de enero a las 16 horas, fue asesinado de manera artera y a plena luz del día, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, quien se desempeñó como regidor del Municipio de Cuautla.

Han sido reiterados los llamados realizados a lo largo de los últimos meses, en los que este Congreso en voz de una servidora ha reiterado la necesidad de que existan mecanismos de colaboración y participación entre el gobierno del Estado y el Federal, a fin de generar las condiciones que permitan recuperar la paz y la tranquilidad de las y los morelenses, ante el creciente aumento de delitos de alto impacto.

Lamentablemente las condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen en nuestro querido Estado de Morelos hacen necesario reiterar este llamado, a fin de que se aumente el estado de fuerza de los elementos de seguridad ciudadana estatal, así como una efectiva coordinación con la policía municipal, todo con la finalidad de que hechos como el sucedido el día 4 de enero, no se repitan.

Es indispensable recuperar la paz y la tranquilidad que en alguna época caracterizó a esta importante región del país, no es posible que a pesar del costo económico y social de la inseguridad y en una época donde las y los habitantes del Estado de Morelos tienen que gastar anualmente cerca de 1500 millones de pesos para implementar medidas de seguridad y mientras que el costo de la inseguridad en el Estado asciende a 5,106 millones de pesos al año, no se implementen acciones coordinadas y estrategias urgentes de recuperación de la paz y el Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto al Gobierno del Estado de Morelos y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, en el ámbito de sus competencias, a prevenir los delitos e investigar, respectivamente, de manera exhaustiva, el homicidio del Regidor por el Municipio de Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera y de todos los homicidios dolosos aún sin resolver, así como implementar acciones urgentes para frenar la ola de violencia e inseguridad.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 17 de enero de 2024.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a someter a discusión y votación del pleno de dicho órgano legislativo minuta del Senado de la República relativa a la tipificación de los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, suscrita por la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día jueves 4 de octubre de 2018, fue publicada en la Gaceta del Senado una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Artículo 149 QÚATER al Código Penal Federal y un Artículo 465 BIS a la Ley General de Salud, presentada por las senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la cual propone eliminar cualquier tipo de terapia para corregir la orientación sexual de las personas, sancionando penalmente a cualquier persona o profesional de la salud que promueva, imparta, aplique, obligue, o financie este tipo de práctica, denominadas comúnmente como “esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género” (Ecosig).

La iniciativa en comento fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda para su dictamen, el cual fue elaborado y posteriormente sometido a consideración del pleno del Senado para su aprobación por 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, el 11 de octubre de 2022, generando la Minuta que fue recibida y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el día 20 de los mismos mes y año.

Posteriormente, el 19 de abril de 2023, en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Diversidad, con una votación de 21, 29 y 6 votos a favor, 6, 2 y 1 abstenciones por cada Comisión respectivamente y 1 voto en contra de la Comisión de Salud, fue aprobada por una amplia mayoría el dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal y se adiciona el Artículo 465 BIS de la Ley General de Salud, siendo enviado a la Mesa Directiva para los efectos de la programación de los trabajos legislativos.

Desde entonces y hasta la fecha en que se suscribe el presente punto de acuerdo, han concluido dos periodos de sesiones ordinarias, sin que la iniciativa que surgió del Senado haya sido sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, votación y en su caso aprobación, incluso a pesar de que el pasado miércoles 6 de diciembre de 2023, fue publicada como parte del Orden del Día de la sesión ordinaria que se celebraría en la fecha mencionada como Minuta con vencimiento de plazo a discusión, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 6421-O y su Anexo VI (número 6421-VI).

El tema contenido en la Minuta en comento reviste una gran importancia para combatir la discriminación cometida en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y de otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género (LGBTI+). De acuerdo con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, y Características Sexuales, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“los estereotipos arraigados en las sociedades han difundido la idea de que las orientaciones e identidades no normativas son ‘curables’ (...)

Los Ecosig se basan en la idea errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son trastornos que se deben corregir. Estas prácticas son discriminatorias por sí mismas y sus efectos adversos sobre las personas LGBT+ han sido registrados a profundidad por la ONU, entre otros organismos. Además, han sido catalogados como crueles, inhumanas y degradantes, entrañando un riesgo considerable de tortura.

En México, las Ecosig han sido tipificadas en diversos códigos penales locales, en donde las penas van desde multas u horas de trabajo a favor de la comunidad hasta años de prisión. En la mayoría de los estados el delito se persigue por querella y en algunos se persigue de oficio en caso de infancias o adolescencias víctimas. (...)

A la fecha de presentación de este punto de acuerdo han pasado más de 5 años desde que a través de una iniciativa se dio cabida al debate parlamentario para tipificar y sancionar penalmente a nivel federal las mal llamadas “terapias de conversión” o Ecosig. Sin embargo, pese a todo el tiempo transcurrido, este Congreso de la Unión, y particularmente la Cámara de Diputados, aún no ha decidido hacer una realidad el fin de la tortura y la discriminación cometidas en contra de las personas de la población LGBTI+, pues en relación con las orientaciones sexuales, las identidades y las expresiones de género no hay NADA QUE CURAR.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que, de conformidad con el calendario legislativo del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura que establezca la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, someta a discusión, votación y en su caso aprobación del pleno de dicho órgano del Poder Legislativo, la Minuta del Senado de la República con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Código Penal Federal y se Adiciona un Artículo 465 BIS a la Ley General de Salud, a la mayor brevedad posible, en razón de que ésta ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 6421-O y su Anexo VI (número 6421-VI), como parte del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del miércoles 6 de diciembre de 2023 en calidad de Minuta con Vencimiento de Plazo, con la finalidad posibilitar que continúe con su proceso legislativo de acuerdo con lo que establece el artículo 72 Constitucional y lograr tipificar a nivel federal los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas, prohibiendo y sancionando penalmente las denominadas “Terapias de Reorientación Sexual”, también conocidas como “Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG).

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2024.

Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar las implicaciones del acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024 firmado por integrantes del PAN y el PRI previo a la elección en Coahuila de 2023, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 9 de enero, Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dio a conocer a través de la red social conocida como X, un “acuerdo político” signado por el PRI y el PAN en relación al proceso electoral de Coahuila en los años 2023 y 2024 sobre cómo se “repartirían” diversas dependencias, así como organismos autónomos en la entidad.

Dicho acuerdo político fue firmado por Manolo Jiménez Salinas, actual gobernador de Coahuila; Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); el propio Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN; Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y actual Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, así como Armado Tejeda Cid, diputado del PAN. Estos dos últimos seleccionados en el equipo de precampaña presidencial Xóchitl Gálvez para la primera etapa del proceso electoral.

En la comunicación, Marko Cortés acusa a Manolo Jiménez de incumplir el citado acuerdo político con el PAN.

El acuerdo da cuenta de la división entre PRI y PAN, para que los primeros contendieran por las gubernaturas de Coahuila y Estado de México en 2023; mientras el PAN conduciría los procesos para la presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

El documento detalla cómo fueron repartidos los distritos electorales en las elecciones de Coahuila de 2023, así mismo da cuenta de la repartición de:

- Las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, Fiscalización y Medio Ambiente Turismo o Economía o Cultura.

- El 20% de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados y direcciones de la entidad federativa.

- El Subsistema de Educación.

- Instituto de Transparencia.

- Descentralización: infraestructura educativa o Aguas o Junta de Caminos.

- El 20% de los Registros Civiles y oficinas de recaudación.

- El 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades.

- 6 Notarías.

- Ratificación de un magistrado.

En 2024, para las elecciones de renovación de ayuntamientos la repartición contempla diversas alcaldías (ayuntamientos) para el PAN:

- Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez.

- Muzquiz, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña y Castaños.

- La Madrid y Torreón.

En el acuerdo establecen que todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo entre ambos partidos políticos. En cada planilla que no encabece el PAN, llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento.

Es importante señalar que el documento fue firmado antes de que el PRI, el PAN y el PRD llevarán a cabo sus procesos internos para la elección presidencial y el gobierno de la Ciudad de México, siendo que ya se habían repartido las candidaturas como ha quedado evidenciado. Lo que demuestra que dichos procesos internos, así como el del Frente Amplio por México, fueron una simulación.

De acuerdo a los partidos políticos involucrados, el proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México serviría para dar certeza y certidumbre a aspirantes, partidos, ciudadanía y autoridades; para defender la libertad y la democracia del país. Una total simulación de la coalición conformada por los partidos opositores.

La división interna en la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y el PRD es tan evidente que la propia precandidata única a la presidencia Xóchitl Gálvez rechazó los acuerdos entre su partido y el PRI, calificándolos de inaceptable desde el punto de vista ético, al respecto remarcó que mientras ejerció el cargo de senadora, pugnó porque quién presidiera dependencias como el Instituto Nacional de Transparencia fuera la persona mejor preparada y en el tema de notarías, éstas deberían asignarse por examen de oposición.

Por lo anterior, resulta oportuno que la autoridad electoral investigue estos hechos y de ser procedente imponga las medidas y sanciones correspondientes.

La difusión de dicho documento pone en duda la legitimidad y legalidad de los nombramientos y procesos para designar a las personas titulares de dependencias, órganos autónomos y del Poder Judicial de la entidad, así como, de la designación y función notarial en el estado.

En este sentido, es menester que la autoridad competente en la entidad vigile los procesos de designación y/o ratificación para que estos se realicen dentro del marco legal y cumplan con las obligaciones en materia de transparencia.

Por otro lado, en el caso de la obtención de la patente a Notario, cabe destacar que al ser una función que conlleva una gran responsabilidad y compromiso con la sociedad mexicana se requieren, de ahí que es indispensable que el Congreso del Estado de Coahuila lleve a cabo las acciones necesarias que permitan fortalecer el marco normativo que regula la obtención de la patente, para que dicho cargo deje de ser un botín político.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que, con base en sus atribuciones y competencias, lleven a cabo las investigaciones pertinentes que permitan determinar si los hechos referentes al Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-204 firmado por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional se encuentran apegados del marco normativo electoral, y de no ser el caso, resuelvan sobre las medidas cautelares o sanciones a que haya lugar.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad en los procesos de designación y ratificación de cargos públicos en dicha entidad.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Coahuila para que, con pleno respeto a su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca su legislación en materia ejercicio del Notariado, a fin de eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de la patente de aspirante a Notario.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena el asesinato de la activista Samantha Carolina Gómez Fonseca y exhorta a la FGJCDMX a continuar realizando las acciones que resulten necesarias para esclarecer su homicidio, y exhorta al Conapred a abrir un procedimiento en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego por el continuo discurso de odio que ha emprendido en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ a través de sus redes sociales y, en su caso, aplicar las medidas administrativas y de reparación que deriven de dicho procedimiento, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz y suscrita por las diputadas Salma Luévano Luna, María Clemente García Moreno y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas, diputados y diputades integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 14 de enero de 2024 fue asesinada la activista y mujer trans, Samantha Carolina Gomes Fonseca, quien, mientras viajaba a bordo de un vehículo de alquiler por aplicación fue agredida con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Santiago Tepalcaltlapan, alcaldía Xochimilco, hechos que ya son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el protocolo de feminicidio1 .

Samantha Gomes, a quien se le reconoce su labor en favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, recibió en octubre de 2023 por parte del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 20222 .

Fue invaluable la participación y acompañamiento de Gomes Fonseca en el sistema penitenciario mexicano, impartiendo talleres y asesorías dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entre otras causas.

Su muerte se une a una amarga lista de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ que, incluye nombres como el de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en Aguascalientes, y el de la comisionada trans en Michoacán por Movimiento Ciudadano, Miriam Noemí Ríos, quienes dedicaron una buena parte de su vida en propugnar por los derechos fundamentales de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Los discursos de odio contra las personas de la diversidad sexual matan. También la transfobia, la homofobia y todas aquellas expresiones en contra de las personas con identidad de género distinto al que nacieron, que siguen lacerando a nuestro país. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio3 contra personas LGBT, entre 2014 a 2024 han sido asesinadas en México 411 personas por este motivo, 15 de ellas en 2023.

A lo largo de los últimos años, México ha experimentado un progresivo avance en materia de derechos humanos para la población LGBTTTIQ+, así lo refrenda la asociación Letra S4 , sin embargo, señala que, pese a estos avances, el contexto de violencia generalizada en el que viven las personas de la diversidad sexual no ha cesado, por el contrario, parece haberse recrudecido.

Los discursos de odio contra las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ resultan deleznables, y más cuando provienen de empresarios, dueños de medios de comunicación, como los que realiza sistemáticamente en sus redes sociales Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Televisión Azteca, quien en los últimos días se ha dedicado a agredir y denostar a funcionarios como los proferidos en contra de Jenaro Villamil, a través de la red social X.

Es claro que Salinas Pliego solo busca denostar a las personas haciendo uso de un lenguaje peyorativo o discriminatorio como fue el caso en contra de Marx Arriaga5 , generando con ello una clara instigación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, hechos que no deben ser permitidos en ningún caso y bajo ningún concepto.

Es una vergüenza para las y los mexicanos que un empresario como Salinas Pliego, quien goza de una concesión de televisión abierta por parte del Estado, haga uso de las tecnologías de la información y comunicación para agredir y violentar los derechos humanos de las personas, ya sea por razones de diversidad sexual o de género.

Los discursos de odio matan, es por ello que, desde el Grupo Parlamentario de Morena seguiremos defendiendo las libertades de las personas, especialmente de las que forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el cobarde asesinato de la activista Samantha Carolina Gomes Fonseca y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que, con pleno respeto a sus facultades y autonomía, continúe realizando las acciones que resulten necesarias para esclarecer su homicidio, así como sancionar a quienes resulten responsables.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a abrir un procedimiento en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego por el continuo discurso de odio que ha emprendido en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ a través de sus redes sociales y, en su caso, aplicar las medidas administrativas y de reparación que deriven de dicho procedimiento.

Notas :

1. Comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tarj 004, 14 de enero 2024. https://twitter.com/FiscaliaCDMX/status/1746767612963627145/photo/1

2. https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-cdmx-reconoce-personas- defensoras-derechos-humanos-4843-1.html

3. Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel

4. https://letraese.jornada.com.mx/2023/05/04/los-rastros-de-la-violencia- 2401.html

5. https://twitter.com/ricardobsalinas/status/1746250772956770445?s=48&t=NrVVn3M2MQ2ZZhKkIsPBZw

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2024.

Diputadas: Aleida Alavez Ruiz, Salma Luévano Luna y María Clemente García Moreno (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al SIPINNA a llevar a cabo programas de prevención y en contra del trabajo infantil a nivel nacional, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal y al Sipinna a llevar a cabo programas de prevención y en contra del trabajo infantil a nivel nacional, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Alrededor del mundo, un gran número de menores de 15 años se ven obligados a desempeñar labores que les privan de sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la atención médica, el juego y el desarrollo pleno.

El concepto de trabajo infantil se define como, la implicación de un infante o adolescente en una actividad productiva que se lleva a cabo en violación de la legislación vigente ya sea porque se encuentra por debajo de la edad mínima legal para trabajar o en condiciones que perjudican su desarrollo físico y mental.

Algunos de estos niños y niñas están expuestos a las situaciones más graves de trabajo infantil, incluyendo el trabajo forzado, la servidumbre, la explotación sexual comercial, actividades ilegales, participación en conflictos armados, entre otros.1

Este fenómeno representa una preocupación arraigada en nuestra historia y, desafortunadamente, sigue siendo un asunto de gran importancia en la actualidad. Esto se debe a que esta práctica continúa existiendo en ciertas regiones del país, lo que lo convierte en un desafío persistente. En nuestro país, aproximadamente 800 mil niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajan jornadas laborales de 35 horas o más por semana, y más de la mitad de ellos no tienen la oportunidad de asistir a la escuela.

Las principales actividades laborales no permitidas para los menores, fueron trabajos de apoyo en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (33.3 por ciento) ocupaciones relacionadas con la minería, construcción e industria (25.7 por ciento), y comerciantes o empleados en ventas (15.3 por ciento). Los niños tuvieron una mayor participación en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (39.2 por ciento), y las niñas en las ocupaciones de comerciantes y empleadas en ventas (24.7 por ciento).2

El trabajo infantil viola todas las disposiciones en la legislación mexicana en materia de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, entre las que podemos mencionar es el Derecho a la educación, ya que, les impide una asistencia regular a las instituciones educativas, violentando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde establece la obligación de garantizar la educación de los menores.

Así mismo, La legislación mexicana prohíbe expresamente el trabajo infantil en condiciones de explotación y abuso, establecido en La Ley Federal de Trabajo, en su Título Quinto Bis, del Trabajo de los Menores, donde destaca el artículo 177, donde establece que: “La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.”3

Los anteriores, solo son unos cuantos ejemplos de cómo el trabajo infantil infringe los derechos de nuestros niños, dado que, en México, la ley reconoce y salvaguarda los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la implementación de leyes y normativas que buscan resguardar a los menores de la explotación laboral y asegurar su crecimiento completo y su bienestar.

Con la finalidad de prevenirlo y eliminarlo en México, la agencia de la ONU a través de su Oficina para México y Cuba ha puesto en marcha, a través de la cooperación técnica con diferentes instituciones y países, el proyecto AccioNNAr. Que tiene como objetivo combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso, que cuenta con la contribución del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Su alcance es federal y se lleva a cabo en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, en donde se trabaja con autoridades federales, estatales, municipales, y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Este proyecto tiene tres objetivos principales para la prevención y el combate del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata en México:

I. Generar un mayor uso de datos para el desarrollo de leyes, políticas y programas.

II. Incrementar el desarrollo y cumplimiento de leyes, políticas y programas

III. Mejorar la cooperación regional en el contexto migratorio de la frontera Sur de México.4

Sin embargo, es imperante tomar acciones para que este tipo de programas como el que se lleva con la ONU, sean implementados en toda la República mexicana y no solo en ciertos Estados, protegiendo a nuestras infancias en todos los sectores poblacionales, salvaguardando y garantizando sus derechos.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al Ejecutivo federal y al Sipinna a llevar a cabo programas de prevención y en contra del trabajo infantil a nivel nacional.

Notas:

1 Empresas, L., & la sociedad civil., L. S. y. (s/f-b). El trabajo infantil en México. Edu.mx. 1 Recuperado el 10 de octubre de 2023, de https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/ 2019/01/Info_trabajoInfantil.pdf

2 Íbidem.

3 De Diputados, C., Congreso De, D. H., Unión, L. A., & Congreso, E. (s/f). LEY FEDERAL DEL 2 TRABAJO. Gob.mx. Recuperado el 10 de octubre de 2023, de https://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/LFT.pd

4 ARCHIVO: ILO/Marcel Crozet. (2023, junio 12). Un nuevo proyecto intenta eliminar el trabajo 3 infantil en México. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2023/06/1521862

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024

Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno de Michoacán de Ocampo a la atención y solución en materia de salud, principalmente a las necesidades en el área de oncología, a cargo de la diputada Berenice Juárez Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Berenice Juárez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el proyecto de proposición con punto de acuerdo por medio del cual se le exhorta y solicita respetuosamente al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Michoacán, la atención y solución en materia de salud en el estado de Michoacán, principalmente a las necesidades en el área de oncología, bajos las siguientes:

Consideraciones

El acceso a la atención médica es un pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. Es un derecho humano reconocido internacionalmente. No es solo una cuestión moral, sino también un imperativo ético y legal que debemos garantizar para todos los habitantes de nuestro país.

El cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales de algún órgano o sistema del cuerpo, que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir otras partes del cuerpo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presencia de esta enfermedad se incrementa con la edad, debido a la acumulación de factores de riesgo, que se combinan con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con el proceso del envejecimiento.

Después de los 50 años, se observa un aumento más marcado en la tasa de mortalidad debido a tumores malignos, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, a partir de los 60 años, la tasa de mortalidad en cada grupo de edad es más alta en hombres que en mujeres.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco personas padece cáncer en algún momento de su vida, provocando la muerte de uno de cada ocho hombres y una de cada once mujeres diagnosticadas con algún tipo de cáncer.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que el porcentaje de habitantes de diversos estados, entre ellos Michoacán, no tienen cómo o dónde atenderse equivale a más de la mitad de su población, en Michoacán, el incremento porcentual fue de 21.2 por ciento a 51.2 por ciento, esto de 2018 a 2022, pero lamentablemente en este año que acaba de transcurrir la situación no cambió para bien.

En Michoacán, nos enfrentamos a una realidad desgarradora. El Centro Estatal de Atención Oncológica carece de los recursos y equipos fundamentales para brindar a nuestros ciudadanos afectados por el cáncer la atención y el tratamiento necesarios. Esta carencia no solo limita las opciones de tratamiento, sino que amenaza la esperanza y la calidad de vida de quienes luchan valientemente contra esta enfermedad devastadora.

Lamentablemente, la problemática no se restringe al Centro Oncológico; se extiende a los hospitales del IMSS y el ISSSTE, donde la escasez de recursos y la sobrecarga de pacientes han creado un escenario desafiante para aquellos que buscan atención médica, medicamentos y tratamientos esenciales.

La gravedad de esta crisis exige una respuesta integral y urgente. No podemos seguir postergando acciones concretas que permitan transformar esta realidad.

Cómo es posible que ante estos datos y la situación en la que nos hemos encontrado, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), presentó un subejercicio de 207 millones de pesos, que bien pudieron ser aplicados de manera eficiente estos recursos, es de puntualizarse que el Ejecutivo federal no da el recurso suficiente para la atención adecuada, y todavía se dan el lujo de lo que se otorga no lo utilizan en uno de los aspectos más importantes para la ciudadanía.

Es esencial una inversión inmediata y significativa en la adquisición de equipos y tecnología médica para el Centro Oncológico, así como para los hospitales del IMSS e ISSSTE. Estos recursos deben ser asignados con celeridad y eficacia para mejorar las condiciones de tratamiento y diagnóstico, así como para brindar un entorno de trabajo más adecuado para los profesionales de la salud.

Además de la inversión en equipos, debemos abordar de manera integral la infraestructura de salud en su totalidad. Esto incluye el reclutamiento y formación de más profesionales de la salud, la garantía de suministro constante de medicamentos y la actualización de los protocolos de atención médica para optimizar la eficiencia y la calidad de los servicios.

La prevención y la educación en salud no deben ser pasadas por alto.

Este llamado a la acción es una urgente petición al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Michoacán y a todas las entidades pertinentes para que tomen cartas en el asunto sin demora. No podemos permitir que más vidas se vean afectadas o se pierdan debido a la falta de acceso a una atención médica digna y oportuna.

A causa de esta situación, son otros estados los que están haciendo frente a los tratamientos para los michoacanos, porque su estado no ha sido capaz de hacerlo, derivando en que es necesario una verdadera auditoría en el ejercicio del recurso.

Es momento de asumir nuestra responsabilidad colectiva para garantizar el derecho fundamental a la salud de nuestros ciudadanos. La colaboración, la solidaridad y la voluntad política son fundamentales para superar esta crisis de salud pública. Juntos, podemos construir un sistema de salud sólido, equitativo y eficiente que responda a las necesidades de nuestra comunidad.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno del estado de Michoacán a atender y solucionar los problemas en materia de salud del estado y prioritariamente resolver las necesidades del área de oncología.

Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 del mes de enero del año 2024.

Diputada Berenice Juárez Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la Ssa a implementar de manera escalonada un programa de “médico en casa” a nivel nacional, para atender a la población más vulnerable, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Salud a implementar de manera escalonada un programa de “médico en casa” a nivel nacional, para atender a la población más vulnerable, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Planteamiento del Problema

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social” (CPEUM).

También esta misma ley, en su artículo 73° establece que “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.”

Por lo tanto, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud son elementos que se establecen en el artículo 4° y 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En México, la atención médica es un derecho fundamental, y garantizar su acceso a todos los ciudadanos es un deber del gobierno. Sin embargo, la población vulnerable, especialmente aquellos con limitaciones físicas, económicas o de movilidad, a menudo enfrenta desafíos significativos para recibir atención médica oportuna y adecuada. En este contexto, la implementación de un plan de Médico en Casa por parte del gobierno federal surge como una necesidad apremiante para abordar las disparidades en el acceso a la atención médica y mejorar la calidad de vida de la población más necesitada.

La atención médica tradicional, centrada en hospitales y centros de salud, puede resultar inaccesible para ciertos grupos de la población, como adultos mayores, personas con discapacidades o aquellos que viven en zonas remotas. Un plan de Médico en Casa se convierte en una solución efectiva para atender las necesidades de estos grupos, llevando la atención médica directamente a sus hogares. Esta iniciativa no solo elimina las barreras de transporte y movilidad, sino que también reduce la exposición a enfermedades infecciosas, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria.

La población vulnerable, a menudo limitada por recursos económicos, se beneficia enormemente de la comodidad y accesibilidad que ofrece el servicio de Médico en Casa. Al llevar la atención médica a sus puertas, se reduce la carga financiera asociada con los desplazamientos y se fomenta una atención más temprana y preventiva, contribuyendo así a la mejora de la salud general de la población.

Además, en un país tan vasto y diverso como México, con comunidades dispersas y difíciles de alcanzar, el plan de Médico en Casa puede abordar las desigualdades geográficas en el acceso a la atención médica. Esto es especialmente crucial en situaciones de emergencia, donde la capacidad de respuesta rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En conclusión, la implementación de un plan de Médico en Casa en México es esencial para garantizar que la atención médica llegue a la población más vulnerable de manera efectiva y oportuna. Este enfoque no solo mejora la accesibilidad a los servicios de salud, sino que también contribuye a la equidad y la justicia en el sistema de atención médica. Al abordar las necesidades específicas de aquellos que enfrentan limitaciones físicas, económicas o geográficas, el gobierno federal puede avanzar significativamente hacia la construcción de un sistema de salud más inclusivo y eficiente para todos los mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Salud a implementar de manera escalonada un programa de “Médico en Casa” a nivel nacional, para atender a la población más vulnerable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 enero de 2024.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a sus homólogas en las entidades federativas a revisar y reforzar una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial de los jóvenes en nuestro país, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

El suicidio, esa sombra silenciosa que se extiende por todo el mundo, se ha arraigado profundamente en el tejido de nuestra sociedad. En México, esta realidad sombría se ha intensificado. Las estadísticas recientes pintan un cuadro inquietante: un aumento significativo en las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes, nos coloca en una encrucijada crítica como nación.

La tasa de suicidio en México, que se ha elevado de 5,3 a 6,3 por cada 100 mil habitantes entre 2017 y 2022, revela una crisis creciente. Estos números, que equivalen a más de 1,629 vidas perdidas en solo cinco años, son un reflejo no solo de tragedias individuales, sino también de problemas sistémicos profundos.1

El suicidio en México no discrimina, pero impacta desproporcionadamente a los jóvenes y a ciertas comunidades, como los indígenas y aquellos en extrema pobreza. Estas cifras desgarradoras nos llevan a cuestionar: ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que nuestros jóvenes se ven empujados hacia esta desesperación?

La depresión, un trastorno mental que afecta a un 5 por ciento de la población adulta a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que la depresión puede ser incapacitante, robando a las personas de su capacidad para funcionar en el trabajo, en la escuela y en la familia. En el peor de los casos, puede ocasionar el suicidio.2

Los factores que impulsan a una persona hacia el suicidio son complejos y multifacéticos. En México, los desafíos son únicos: la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza, el desempleo y la falta de educación crean un caldo de cultivo para la desesperanza y el dolor. Estos problemas no solo afectan la salud mental de los individuos, sino que también erosionan el tejido de nuestras comunidades.

Ante esta realidad, la prevención del suicidio en México debe ser una prioridad nacional. Necesitamos derribar las barreras del estigma que rodea a los trastornos mentales y abrir caminos hacia la comprensión y el apoyo. Las campañas de concienciación y educación pública son vitales para cambiar las percepciones y actitudes hacia la salud mental.

El papel de las comunidades y las redes de seguridad social es crucial en este esfuerzo. Los programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades pueden ser salvavidas, identificando y apoyando a quienes están en riesgo.

Este creciente problema de suicidio en México es una llamada a la acción. Es imperativo que el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y cada uno de nosotros como ciudadanos colaboraremos para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Unidos, podemos aspirar a reducir la incidencia del suicidio en México y forjar un futuro donde nuestras comunidades más vulnerables estén protegidas y apoyadas.

Es entonces, que las cifras son verdaderamente alarmantes, porque como ya se mencionó existe un incremento en promedio del 50 por ciento en suicidios en la última década. Tan solo en México hubo 22 suicidios por día en promedio. En Durango, basándonos en una tasa de suicidios de 8.1 por cada 100 mil habitantes y una población de aproximadamente 1,832,650 (según el censo de 2020), se estimaría que hubo alrededor de más de 150 suicidios al año de acuerdo con el Inegi.

Asimismo, la prevalencia significativa entre jóvenes; es una de las cinco principales causas de muerte en personas de 10 a 34 años, y es la segunda causa de muerte en jóvenes, especialmente en el grupo de edad de 15 a 29 años. En adolescentes de 10 a 14 años, la muerte por suicidio es la cuarta causa de muerte. En los adolescentes de 15 a 24 años es la tercera causa de muerte, después de los accidentes vehiculares y de los homicidios.

Las causas del suicidio son multifactoriales, implicando una compleja interacción entre factores psicológicos, sociales y biológicos. En México, uno de los factores más críticos es la prevalencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, a menudo exacerbados por el estigma social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados.

Los factores socioeconómicos también juegan un papel crucial. La pobreza, el desempleo y la falta de educación son factores de estrés que pueden aumentar el riesgo de suicidio. Además, México enfrenta desafíos únicos como la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen un impacto psicológico profundo en la población.

El impacto del suicidio va más allá de la pérdida de vidas. Tiene consecuencias devastadoras para las familias y comunidades afectadas, generando un ciclo de dolor y trauma. Además, el suicidio impone una carga significativa en el sistema de salud, tanto en términos de recursos para la atención de emergencias como para la atención a largo plazo de aquellos afectados por intentos de suicidio.

La prevención del suicidio en México requiere un enfoque multifacético. Esto incluye la mejora del acceso a los servicios de salud mental, con un enfoque en la des estigmatización de los trastornos mentales. Las campañas de concienciación y educación pública son fundamentales para cambiar las percepciones y actitudes hacia el suicidio y la salud mental.

El apoyo comunitario y las redes de seguridad social juegan un papel vital en la prevención del suicidio. La implementación de programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades puede ayudar a identificar y apoyar a las personas en riesgo.

El aumento en las tasas de suicidio en México es un llamado a la acción para abordar este problema desde múltiples frentes. Es necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y la sociedad en general para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Solo a través de un enfoque integral y compasivo podemos esperar reducir la incidencia del suicidio en México y proteger a nuestras comunidades más vulnerables.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en la juventud de nuestro país.

Este exhorto subraya la necesidad imperante de una respuesta proactiva y bien articulada que aborde la creciente incidencia del suicidio entre los jóvenes mexicanos. Es fundamental que dichas estrategias no solo se revisen con detenimiento, sino que también se enriquecen y adaptan a la realidad cambiante ya las necesidades específicas de nuestros jóvenes.

En este sentido, instamos a la Secretaría de Salud a colaborar de manera estrecha y coordinada con otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en salud mental y comunidades educativas, para garantizar una implementación efectiva y una cobertura amplia de las iniciativas de prevención del suicidio.

Asimismo, se exhorta a la autoridad competente para que continue continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, el objetivo de este exhorto es reafirmar la importancia crítica del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio como un pilar en la estrategia de salud mental de nuestra nación, y garantizar que siga siendo un recurso valioso, efectivo y accesible para todos los mexicanos que puedan beneficiarse de él.

Por último, se hace un llamado a las autoridades de salud y educativas, para que desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Este exhorto subraya la necesidad crítica de informar y educar a la sociedad mexicana sobre la salud mental y los desafíos asociados, como el suicidio, desde una edad temprana. Es esencial que estos programas se diseñen para eliminar el estigma que a menudo rodea a los trastornos mentales, fomentar una cultura de apoyo y comprensión, y proporcionar herramientas y conocimientos necesarios para reconocer y responder a los signos de advertencia de la salud mental en crisis.

Instamos a que estos programas sean inclusivos, culturalmente sensibles y accesibles, y que incorporan la participación activa de expertos en salud mental, educadores, estudiantes, padres de familia y otros actores clave de la sociedad. El objetivo de este tercer exhorto es promover una comprensión más profunda de la salud mental y la prevención del suicidio en México, creando así una sociedad más informada, empática y resiliente frente a estos desafíos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reforzar y garantizar una implementación de una estrategia adecuada en materia de prevención de suicidios, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, revisen y refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en los jóvenes de nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Notas:

1 Inegi. Día Mundial para la Prevención del Suicidio (datos nacionales), comunicado de prensa núm. 542/23 8 de septiembre de 2023

2 OMS (2023). Depresión. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de enero de 2024.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de la Función Pública y se exhorta a que informe sobre el avance en la lucha contra la corrupción a lo largo de esta administración, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y exhorta a que en uso de sus facultades y atribuciones informe sobre el avance en la lucha contra la corrupción a lo largo de esta administración, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La corrupción es uno de los males que más han quejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.

Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción desde el primer día de su gobierno, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías.

La lucha contra la corrupción fue uno de los estandartes de campaña del Presidente López Obrador, tan es así que en su discurso de toma de posesión1 declaró las siguientes frases “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación” .

Es una realidad que la corrupción no ha sido erradicada por este gobierno y está muy lejos de lograrlo, ya que la lucha contra dicho mal que aqueja a nuestro país sigue estancada, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados.2

A lo largo de este sexenio hemos tenido demasiados casos de corrupción que involucran al círculo más cercano del presidente como lo es el caso Segalmex,3 que ya se convirtió en el mayor caso de corrupción de su administración; durante los primeros tres años de operación de esta dependencia creada en enero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.

Estos daños a la hacienda pública se concretaron de la siguiente manera:

• Pagar por productos que nunca fueron entregados.

• Adquirir 73 millones de pesos en carne y solo haber recibido una parte de lo pactado.

• Adquisición de bonos bursátiles, entre otros.

Hoy de nueva cuenta Segalmex es noticia, de la célebre forma en la que ya nos tiene acostumbrados, un nuevo caso de irregularidades ha sido dado a conocer, pues en un supermercado de Varsovia en Polonia puso a la venta paquetes de pilas con el nombre de la institución obradorista, dichas baterías formaban parte del Programa de Abasto Rural.

Por 9.99 zlotys (alrededor de 43 pesos mexicanos) pueden ser adquiridos los paquetes que en realidad estaban destinado a apoyar a las familias más pobres de nuestro país, pero de manera inexplicablemente cruzaron el Atlántico y terminaron beneficiando los bolsillos de unos cuantos.

De acuerdo con una investigación del Diario El País,4 Segalmex compró a finales de 2019 a una empresa nacional, Tempoel México S. A. de C. V., por alrededor de 15 millones de pesos. La adquisición se hizo a través de Diconsa, durante ese año el gobierno de México clasificó a las pilas como un producto de consumo básico a la par de alimentos como carnes, lácteos, granos, harinas, pan y enlatados.

La empresa Tempoel que es una filial de la empresa española Tempel Group, no entregó la totalidad de las baterías que se acordaron, en la investigación se revela que de nueva cuenta Segalmex frenó la entrega del pedido y de obligarla a mantenerlo almacenado en sus bodegas con la fecha de expiración en puerta.

Es alarmante que sigan apareciendo casos de posibles hechos de corrupción en esta institución, y que a pesar de que en la actualidad ya se cuentan con 22 denuncias formales en ninguna esté involucrado Ignacio Ovalle quien dirigió la dependencia hasta abril de 2022. Estamos presenciando un caso que ya duplica los montos de la llamada “Estafa Maestra” suscitado durante la administración de Enrique Peña Nieto y el principal responsable hoy en día sigue trabajando en la Secretaría de Gobernación.

Durante su campaña e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018 cuando López Obrador asumió la presidencia afirmó que en su administración «No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo», pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos.

Además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina federal a cuatro primos. Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue nombrado este año coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett,5 además de que el círculo cercano de su Hijo Andrés López Beltrán se ha visto beneficiado por la llegada de AMLO a la Presidencia.

El caso más reciente es el que involucra a su amigo Amílcar Ólan y su empresa Romedic S.A. de C.V., quien ha recibido contratos millonarios por parte de los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco ese a estar en la lista de empresas que incumplen con la regulación sanitaria. Romedic S.A. de C.V., es una empresa de reciente creación. Fue constituida apenas en el 2020, pero en su primer año facturó 73 millones de pesos, según revela información de Latinus.

De acuerdo con datos publicados por MCCI, la empresa fue creada en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, a nombre de Jorge Amílcar Olán Aparicio y su padre Jorge Luis Olán Rodríguez, de 63 años.

Romedic obtuvo en diciembre de 2022 un contrato por 219 millones de pesos con el gobierno de Lezama, quien apenas tenía tres meses de haber llegado la gubernatura de Quintana Roo. El Insabi transfirió a Quintana Roo 350 millones de pesos del programa E023 “Atención a la Salud” para la compra de medicinas, equipo de laboratorio y suministros médicos; de esos recursos, 219 millones fueron transferidos a Romedic.

El segundo caso fue el de la empresa Grava y Arena a cuál fue impuesta en contratos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) a licitantes y que tiene vínculos con el caso de corrupción en Segalmex, dicha empresa fue constituida por Hugo Buenatello, amigo cercano a López Beltrán.

Las seis obras en donde se instaló el mobiliario de esta empresa son en el Estadio Béisbol y el Malecón de Tabasco, por montos de poco más de 650 mil millones de pesos; en un estadio de Béisbol en Campeche por 75 millones 742 mil 122 pesos; así como un Estadio de Béisbol, el Parque Yaax Tuch y el Parque deportivo Infonavit en Quintana Roo, por cerca de 230 millones de pesos.

El tercer caso es el que amigos cercanos a Andy fuero beneficiados por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Conagua entregó en 2022 un contrato por 10 millones de pesos para hacer la gerencia de los proyectos dentro del parque, el cual se quedó Organismo Promotor Logístico, empresa administrada por Carlos Buentello Carbonell y su apoderado es Eduardo Rafel Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de López Beltrán.

Los hombres cercanos a Andy también participan en el nuevo Archivo General Agrario que se levanta en la avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, para lo cual Organismo Promotor Logístico recibió un contrato por 56 millones de pesos por el Proyecto Ejecutivo.

Todos los casos anteriormente mencionados han propiciado que la gente cambie su perspectiva respecto a la lucha contra la corrupción en este gobierno, ya que en 2019, 72 por ciento de las personas consideraban que la estrategia contra la corrupción del presidente López Obrador estaba teniendo buenos resultados pero con el pasar de los años eso ha cambiado, en 2022 solo el 44 por ciento de las y los mexicanos aprueban el combate a la corrupción del gobierno actual.

Es evidente que la promesa de erradicar la corrupción no se ha cumplido e inclusive se ha agravado, por lo que es necesario que el Secretario Salcedo explique las acciones que ha llevado a cabo la dependencia a su cargo para castigar y erradicar los actos de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para que informe las acciones que ha llevado a cabo la dependencia a su cargo para erradicar, investigar y en su caso sancionar o promover las responsabilidades administrativas y/o penales correspondientes, por los actos de corrupción y faltas administrativas graves que se han presentado en este sexenio.

Notas:

1 https://expansion.mx/nacional/2018/12/01/discurso-integro-de-lopez-obra dor-como-presidente

2 https://www.tm.org.mx/ipc2022/

3 https://elpais.com/mexico/2023-03-20/las-claves-del-caso-segalmex-los-m ultimillonarios-desfalcos-en-el-organismo-creado-por-lopez-obrador.html #?rel=mas

4 https://elpais.com/mexico/2023-05-05/el-misterio-de-las-pilas-marca-seg almex-que-se-venden-en-tiendas-de-polonia.html

5https://contralacorrupcion.mx/10-veces-en-las-que-amlo- dijo-que-acabaria-con-la-corrupcion-y-demostro-lo-contrario/

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2024.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a esta soberanía las razones por la falta de medicamentos en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que informe a esta soberanía las razones por la falta de medicamentos en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde que el presidente López Obrador asumió la Presidencia el primero de diciembre de 2018, anunció que se acabaría el dispendio de recursos y se enfocaría en los sectores prioritarios de su administración, como la atención a la población mediante programas sociales y la elaboración de obras que impulsarían la economía mexicana y proteger la salud de las y los mexicanos.

Una de esas obras es la Megafarmacia del Bienestar (cuyo nombre real es Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), obra que prometió garantizar el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos mediante el surtimiento de las recetas que sean entregadas a los derechohabientes en las instituciones de salud en las cuales sean afiliados. En palabras del propio presidente López Obrador en su discurso de toma de posesión expresó lo siguiente respecto a las obras:

“Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas.”1

Es así, que durante este sexenio se han dejado de surtir cerca 45 millones de recetas médicas,2 el aumento de recetas sin surtir es alarmante en el periodo comprendido de 2018 a 2022:

• En 2018 no surtieron 953 mil 919 recetas, que equivalen al 0.44 por ciento del total de recetas emitidas.

• En 2019, primer año del actual gobierno, esa cifra subió a 4 millones 40 mil 692, el 1.81 por ciento.

• En 2020 fueron 11 millones 325 mil 2 recetas, 5.92 por ciento

• En 2021 se alcanzó el máximo de 17 millones 119 mil 502 recetas sin surtir, el 8.7 por ciento del total.

• En 2022 10.3 millones.

Ante esta situación el presidente de la república propuso la creación de una farmacia que contara con todos los medicamentos del mundo para garantizar el acceso a la salud, por lo que se dio marcha a este proyecto que costo 2 mil 700 millones de pesos y que se encuentra ubicado en el Huehuetoca Estado de México.3

El pasado 29 de diciembre de 2023 se inauguró el Cefedis y en el acto protocolario4 el secretario de Salud, Alcocer Varela, manifestó que “que la megafarmacia es la mega solución a la mega corrupción que imperó en la peor infamia”, que fue la comercialización de la salud. Además señaló que la “puesta en marcha de la Megafarmacia del Bienestar es prueba del compromiso del gobierno de México para cumplir el derecho al acceso universal y gratuito a medicamentos y tratamientos médicos eficaces, incluyendo los de alto costo”.

Pero en la realidad el desabasto sigue castigando a las y los mexicanos, como son los casos de la Señora Irma5 que requiere consumir el Exemestano para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama, o el caso de Yoana Karina6 ,7 quien padece cáncer en el cerebro en ambos casos no contaban con los medicamentos recetados en sus unidades médicas y al llamar a la flamante Megafarmacia se toparon con la realidad de que no contaban con los medicamentos que necesitan para seguir combatiendo la enfermedad que las aqueja.

Es increíble que a menos de una semana que se haya puesto en operaciones el Cefedis ya existan casos de personas que han solicitado medicamentos y que no cuenten con ellos; es alarmante que esta obra solo sea un distractor de la dolorosa realidad sobre la falta de medicamentos en el sector salud mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, informe a esta soberanía las causas por las que no han podido ser surtidas las recetas médicas de las personas que acuden al Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis).

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, informe a esta soberanía las acciones que se están llevando a cabo para evitar la falta de suministro medicamentos en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis).

Notas:

1 https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/discurso-del-lic-andres-man uel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-es tados-unidos-mexicanos-331219

2 https://www.reforma.com/admiten-45-millones-de-recetas-sin-surtir-en-se ctor-salud/ar2593203

3 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/12/29/cuanto-costo-la-cons truccion-de-la-megafarmacia-del-bienestar-566082.html

4 https://www.gob.mx/salud/prensa/458-megafarmacia-del-bienestar-inicia-o peraciones?idiom=es

5 https://x.com/Andrearocharm/status/1743159387093356888?s=20

6 https://x.com/Andrearocharm/status/1743353888747474948?s=20

7 https://x.com/Andrearocharm/status/1744166230372561046?s=20

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, __ días del mes de enero de 2024.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante este órgano legislativo de los titulares de la Segob y de la STPS, a efecto de esclarecer la situación sobre el proceso de extinción y liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, así como los señalamientos directos a funcionarias y funcionarios de ambas dependencias por la presunta comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en favor de la ciudadana Claudia Sheinbaum, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante este órgano legislativo de los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde y Marath Bolaños López, a efecto de esclarecer la situación sobre el proceso de extinción y liquidación de la agencia de noticias del Estado mexicano (Notimex), así como los señalamientos directos a funcionarias y funcionarios de ambas dependencias por la presunta comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en favor de la ciudadana Claudia Sheimbaum, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 21 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, denominado Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y se abroga la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El 22 de diciembre, con la entrada en vigor del decreto referido, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases para la liquidación del organismo descentralizado mencionado.

Lo anterior establece los mecanismos y forma de extinción de dicho organismo, así como la liquidación de los trabajadores de conformidad con lo establecido en la legislación laboral correspondiente, lo cual fue reiterado en el análisis y discusión del proyecto de decreto en el pleno de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración Pública Federal para con los trabajadores es primordial, así como el respeto a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de Notimex.

El proceso de extinción de dicho organismo debe realizarse con estricto apego al marco jurídico, así como al decreto y bases, publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, a inicios del mes de enero de 2024, Sanjuana Martínez Montemayor, última titular de Notimex, acusó a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión social de solicitarle 30 millones de pesos para la campaña de la aspirante a la presidencia de la República de Morena, Claudia Sheimbaum.

En información complementaria, hecha pública por Sanjuana Martínez en un medio periodístico, hizo del conocimiento que José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico de la Secretaría de la Secretaría del Trabajo, informó que se entregarían los recursos solicitados para la liquidación aplicable, siempre y cuando se entregara el 20 por ciento de los recursos para la campaña presidencial del Claudia Sheimbaum.

Además de los presuntos actos de corrupción que esto supone, opacidad en el manejo de las liquidaciones, y señalamientos directos hechos públicos por Sanjuana Martínez, se dio a conocer que Arturo Alcalde, padre de la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, fungió como asesor legal y operador del Sindicato de Notimex, que consiguió recursos cercanos a los 256 millones de pesos.

Ante la necesidad de esclarecer estos actos, presuntamente llevados a cabo por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura solicita la comparecencia ante este órgano legislativo de los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde y Marath Bolaños López, respectivamente, a efecto de esclarecer la situación sobre el proceso de extinción y liquidación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), así como los señalamientos directos a

funcionarias y funcionarios de ambas dependencias por la presunta comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en favor de la ciudadana Claudia Sheinbaum, aspirante y actualmente precandidata del Partido Político de Morena para el cargo de presidenta de la República.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en la LXV Legislatura, a los 17 días del mes de enero de 2024.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a presentar a esta soberanía y a sus gobernados un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Román Cifuentes Negrete, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del Estado de México, ciudadana Delfina Gómez Álvarez, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad a lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,1 todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 la que en su artículo 9 numeral 1 declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución Política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”,4 sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto por los artículos 1 y 21 de la Constitución Política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional en su parte conducente señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de México en su artículo 86 Bis5 que dispone que la seguridad pública, en la entidad, es una función a cargo del Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia que comprende la prevención e investigación de los delitos y las sanciones de las infracciones administrativas, en términos de ley, y deberá regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el Estado de México se estima que que 39.8 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 1,985,670 hogares víctimas, de un total de 4,993,725 hogares estimados.6

De acuerdo a las anteriores cifras en la entidad la inseguridad va en aumento y ante la ausencia de las autoridades la población ha decidido defenderse del crimen organizado, tal como ocurrió el pasado 8 de diciembre de 2023 en un violento enfrentamiento que sacudió a la comunidad de Texcaltitlán, en el que pobladores se enfrentaron a presuntos integrantes de un grupo criminal dejando un saldo trágico de víctimas y desaparecidos.

Según informes, el enfrentamiento dejó un saldo de 14 muertos,7 en donde demás de las víctimas mortales, se reportó la desaparición de más de 10 personas en el área. Este incidente es un lamentable testimonio de la creciente tensión y la lucha contra la delincuencia organizada en la región.

El suceso ha causado conmoción en Texcaltitlán y sus alrededores, poniendo de manifiesto la difícil situación de seguridad que enfrentan muchas comunidades en México por lo que es necesario y urgente que las autoridades federal, estatal y municipal refuercen las labores de prevención del delito y de investigación para restaurar la paz y el orden en la región.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con pleno respeto a su soberanía exhorta a la gobernadora del Estado de México, ciudadana Delfina Gómez Álvarez, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas:

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translati ons/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 #gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, pags. 3-14.

5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Estado%20de%20Mexico /wo31242.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe202 3_mex.pdf

7 https://cnnespanol.cnn.com/2023/12/15/desaparicion-10-personas-texcalti tlan-mexico-orix/

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana que remitan a esta soberanía un informe pormenorizado sobre la situación laboral de sus trabajadores, a cargo de la senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana, remitan a esta soberanía, un informe pormenorizado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las desapariciones de personas son un doloroso hecho social que conllevan historias de sufrimiento para las familias y comunidades, afectando a la sociedad en su conjunto.

Toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, a que se conozca la verdad, se le haga justicia y se repare integralmente. Por ello, es imprescindible que exista un trabajo coordinado entre los poderes del Estado, los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, a efecto de dar una respuesta integral a esta situación.

De 1961 a la fecha, se tienen contabilizadas más de 114 mil personas desaparecidas o no localizadas. Tan solo en el actual sexenio se registran más de 48 mil personas de las que no se sabe su paradero.

Lo anterior, se puede observar en la siguiente imagen, obtenida del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda:1

Con el objetivo de hacer frente a esta crisis humanitaria, se promulgó en 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP); que a su vez dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) en febrero de 2018.

La CNB es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio nacional. Esto incluye, además de la búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada a través de un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación humana complementario y de la operación de un Centro Nacional con competencia en todo el territorio nacional.

Su obligación fundamental es llevar a cabo y coordinar, en conjunto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda (de todo tipo) con la finalidad de dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas.2 Debido a su importante labor, es necesario que esta Comisión Permanente conozca el Plan de Trabajo que la nueva titular de la CNB pretende implementar, ya que a la fecha, se desconoce cuáles serán las medidas que habrá de tomar para contrarrestar las desapariciones y la crisis forense en nuestro país.

Cabe mencionar que, en abril de 2022, el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), como una unidad administrativa, con independencia técnico-científica, adscrita a la CNB. Lo anterior, en respuesta a la urgente necesidad de atención a la crisis forense y de desapariciones que se vive en el país, así como con el objetivo de ampliar y fortalecer facultades y atribuciones de la CNB.

Dicha instancia, tienen en su conjunto la responsabilidad de cumplir con la obligación del Estado de buscar, en observancia a los estándares internacionales en la materia y a los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado, a las decenas de miles de personas de las que hoy se desconoce su paradero.

No obstante la importancia que revisten estas entidades, actualmente se vive en su interior un panorama de desorganización, desconcierto y falta de certeza, lo que aunado a las denuncias por la inadecuada operación, escaso presupuesto y frágil funcionamiento, tanto del Banco Nacional de Datos Forenses, como de la misma Comisión de Búsqueda, agravan la lacerante situación por la que atraviesa nuestro país.

En días pasados, se hizo del conocimiento público que el Centro Nacional de Identificación Humana prescindió de los servicios de más de 50 profesionistas que prestaban sus labores en dicha unidad. Fueron las personas trabajadoras de dicho centro, quienes señalaron que, sin previa notificación o aviso, se les informó que sus servicios ya no serían requeridos y que su contrato semestral no sería renovado por “falta de plazas y recursos”.3

A las múltiples denuncias de falta de personal y escaso presupuesto que han acompañado a la Comisión Nacional de Búsqueda desde su nacimiento, se le suma el desmantelamiento institucional, tanto de quienes llevan el censo de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, así como de la entidad encargada de la identificación forense, lo que traerá como consecuencia la revictimización e impunidad.

Es fundamental que se reconozca y atienda con urgencia la severa crisis de identificación humana, ya que, según los datos del propio gobierno federal, en nuestro país existen más de 52 mil cuerpos y restos humanos sin identificar. La deuda histórica del Estado mexicano con las familias de personas desaparecidas que buscan incansablemente a sus seres queridos y exigen respuestas y acciones eficaces a sus reclamos de búsqueda e identificación sigue pendiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana a que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, aclare la situación laboral y dé certeza jurídica a las y los profesionistas que ahí desempeñan sus labores, recontratando los servicios de las y los profesionistas que cuenten con el perfil técnico óptimo para dar cabal cumplimiento a su mandato y objetivo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana, a que a la brevedad, presenten a esta Comisión Permanente, un informe pormenorizado de sus labores y resultados en el año 2023.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular de la Comisión Nacional Búsqueda remita el Plan de Trabajo detallado que guiará sus labores y esfuerzos en el año 2024.

Notas:

1 RNPDNO, Comisión Nacional de Búsqueda. Consultado en 09 de enero de 2024, en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

2 Comisión Nacional de Búsqueda. Disponible para consulta en: https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/que-es-la-comision-nacional-de -busqueda/#:~:text=La%20principal%20obligaci%C3%B3n%20de%20la,paradero% 20de%20las%20personas%20desaparecidas

3 La Silla Rota. Dejan con solo 10 empleados al Centro Nacional de identificación Humana. Disponible para consulta en: https://lasillarota.com/nacion/2024/1/7/dejan-con-solo-10-empleados-al- centro-nacional-de-identificacion-humana-464028.html

Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASEA, a Pemex y a la Semarnat a intervenir para detener todas las actividades que se realizan y se clausuren las instalaciones de la refinería de Cadereyta por ser un ente sumamente mortal para la población del estado de Nuevo León, suscrita por la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlén Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo señalado por los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, a intervenir a la brevedad para detener todas las actividades que se realizan en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente estas instalaciones, por ser un ente mortal para la población de Nuevo León, ya que por largo tiempo ha producido altos índices de contaminación provocando con ello, graves repercusiones y daños irreversibles en la salud de la población nuevoleonesa como lo son las infecciones respiratorias crónicas, asma, cáncer, la diabetes e hipertensión u otras, que involucran oídos, nariz y garganta con base en las siguientes

Consideraciones

Desde su origen, la importancia de la protección del medio ambiente ha cobrado relevancia porque involucra directamente el “Derecho a la protección a la salud, a la vida” como la finalidad de garantizar la seguridad y sobrevivencia del ser humano, lo que supondría que los trabajos y acciones que se emprenden desde las autoridades tanto locales como federales sea, cumplir y ejecutar las disposiciones medioambientales que se han aprobado con el paso del tiempo o bien, adecuarlas en aras del bienestar y protección de la vida y de la salud humana, por lo que resulta fundamental e imprescindible, se consolide el principio de proteger un medio ambiente adecuado como un eje fundamental para la vida, para evitar provocar dañar el organismo con padecimientos de graves enfermedades que perjudican la vida y salud de la población en general, pero principalmente de los más vulnerables como los niños y adultos mayores.

Pero en el caso del estado de Nuevo León, no entendemos qué es lo que sucede, si sea un caso de ignorancia de las disposiciones legales o se trate de un caso de corrupción, ya que pese a que se ha advertido en repetidas ocasiones durante esta legislatura, desde esta tribuna, sobre los estragos que ocasiona la gran contaminación que existe en el aire de Monterrey y en diferentes partes del estado y que, se ha mencionado la importancia del cuidado del medio ambiente para la sobrevivencia de la población, han hecho caso omiso las autoridades del estado, quienes han mencionado que los altos índices de contaminación, son algo menor y para ellos, no pasa nada y sólo dictan un “estado de contingencia sin que sea una solución al problema” y qué decir de la poca eficacia de las autoridades federales, todos ellos siguen sin hacer nada contundente y permiten que las personas sigan enfermando y muriendo por la gravedad de la contaminación del aire en la entidad.

Las autoridades locales y federales pasan por alto que la población de Nuevo León, principalmente la de los municipios de Monterrey y Cadereyta sufran las graves afectaciones en su salud, como son los padecimientos en las vías respiratorias, auditivas, otras que impactan psicológicamente (insomnio, dolores de cabeza, ataques al corazón) e infecciosas. Todas ellas, con un desenlace de enfermedades mortales.

Reiteramos, en el estado de Nuevo León existe un problema real de contaminación ambiental, el aire que respiramos es mortal, es muy preocupante que no transcurre una semana completa sin la no veamos publicado en los principales medios de comunicación, la noticia sobresaliente sobre las malas condiciones de la calidad del aire y que hacen las autoridades locales, sólo dictan un estado de “contingencia”, pero la contaminación no cesa ni disminuye y tampoco, el grave impacto que sufre la población nuevoleonesa en su salud, las enfermedades respiratorias siguen aumentando a consecuencia de la mala calidad del aire: “las infecciones respiratorias agudas crecieron el 55 por ciento y los casos de asma un 30 por ciento. Los regios ya tienen muchos años exponiéndose diariamente a un aire sucio y esto ha hecho que se enfermen con más facilidad porque viven constantemente inflamados de las vías respiratorias y que otras enfermedades graves que se detonan, son el cáncer, la diabetes y la hipertensión o bien, otras que involucran los órganos de: oídos, nariz y garganta”; pero ninguna autoridad local se hace responsable.

Y, lo que más nos indigna es que en este inicio de año, esta misma refinería, de injerencia federal, siga generando grandes cantidades de contaminantes duplicando su emisión de azufre; el mismo gobernador reconoció que “Ante la fuerte crisis de contaminación se activó la primera alerta ambiental de 2024 en Nuevo León y señalo que sin minimizar la alerta continuará activa hasta el día martes 16 de enero”, también dijo que “en el estado hay contaminación y que se encuentran trabajando a marchas forzadas para reducir estas condiciones lo antes posible”.1 Por su parte, en los diferentes medios de comunicación impresos y digitales, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León advirtió que “Monterrey, Nuevo León, se encuentra bajo una gran nube de contaminación por lo que se activó la alerta debido a las altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM10) ante las condiciones atmosféricas que prevalecen actualmente y que impiden la dispersión de las mismas”2 y que esta situación registró en un ranking internacional, situar a seis municipios del Nuevo León, entre ellos Monterrey, entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.3

¡Basta ya de engañar a la población! ¡De tener mano tibia con la corrupción! ¡De ser cómplice de las autoridades federales! La población de Nuevo León está enfermando, está muriendo y los niveles de contaminación que se han registrado en el aire en la zona metropolitana del estado han rebasado en distintas ocasiones, los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Queremos ya soluciones tangibles, concretas e inmediatas. actuemos ya con mano dura y cuidemos de nuestra población y de nosotros mismos que vivimos en Monterrey, de los nuevoleoneses.

Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, tenemos derecho a la vida y a gozar de salud; por lo que nos corresponde señalar los graves errores que comete la administración local para que los atienda, corrija y trabaje para garantizar la protección del medio ambiente y con ello, de la vida y salud de todos los regios.

Como representante de la población regia, solicito a esta soberanía de la Comisión Permanente, se solicite el cese de todas las actividades que se llevan a cabo en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente, estas instalaciones , por generar altos índices de contaminación; así como aplicar acciones concretas y efectivas para la atender la contaminación ambiental que esta refinería ha generado en los últimos meses y semanas, ya que el incremento de los registros de la contaminación ambiental procura un mayor índice del padecimiento de enfermedades, tales como el riesgo de cáncer, infertilidad, patologías neurológicas, procesos alérgicos, enfermedades autoinmunes, ansiedad o depresión según ha informado el jefe de endocrinología y nutrición del hospital San Francisco de Asís de Madrid, Alberto García Valdés.4

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita de urgente y obvia resolución a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, a intervenir a la brevedad para detener todas las actividades que se realizan en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente, estas instalaciones, por ser un ente mortal para la población de Nuevo León, ya que por largo tiempo ha producido altos índices de contaminación provocando con ello graves repercusiones y daños irreversibles en la salud de la población nuevoleonesa.

Notas

1 Samuel: Alza de la contaminación fue un fenómeno natural (info7.mx)

2 Activan alerta atmosférica en Monterrey; aseguran que es por tolvaneras (msn.com)

3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/area-metropolitana-de-monter rey-la-mas-contaminada-del-mundo

4 www.nationalgeographic.com.es/ciencia/impacto-contaminacion-salud-y -calidad-vida El impacto de la contaminación en la salud y la calidad de vida (nationalgeographic.com.es); La contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el COVID-19 | Noticias ONU (un.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada Karina Marlén Barrón Perales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y al gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La contaminación ambiental se considera como un problema de salud pública ya que son muchos los efectos que ejerce sobre la salud de las personas. En México, las principales causas de muerte atribuibles a la contaminación son las enfermedades crónico-respiratorias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, existen grupos más vulnerables: los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con acceso limitado a servicios de salud.

Particularmente, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está catalogada como una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, diversas actividades contribuyen a la contaminación de esta ciudad como es el alto tráfico vehicular, diversas actividades industriales como la metalera, la cementera, la química y la petroquímica, asimismo el estado cuenta con zonas agrícolas importantes donde el uso de plaguicidas también se suma al problema de la contaminación. Aunque en el área metropolitana de Monterrey (AMM) se ubican estaciones de monitoreo ambiental, éstas no reflejan necesariamente los riesgos asociados a la contaminación, en especial los generados por contaminantes emergentes.

Según el Clean Air Institute, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana (AMM) es una de las más contaminadas de Latinoamérica a nivel atmosférico, a causa de su alta actividad industrial y del tráfico vehicular.

Particularmente, en Cadereyta Jiménez, donde se ubica una refinería, la actividad petroquímica acentúa los problemas de contaminación, por las emisiones de compuestos volátiles, entre ellos el benceno. Este compuesto es un hidrocarburo extremadamente tóxico que se ha clasificado como un cancerígeno humano por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

El benceno es un hidrocarburo aromático que tiene amplios usos industriales. Debido a sus diversas fuentes de emisión, tanto antrópicas como naturales, el benceno se encuentra de manera ubicua en el ambiente (ATSDR 2007). La exposición a benceno puede ser ambiental a través de las emisiones vehiculares o industriales, quema de basura o leña, incendios forestales o humo de cigarro; o bien, puede ser ocupacional como en las industrias del petróleo o petroquímicas y en estaciones de gas y gasolina, siendo la industria petroquímica una de las principales fuentes de emisión de benceno.

La exposición al benceno se ha relacionado con importantes problemas de salud, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha clasificado al benceno en el grupo 1 como cancerígeno en humanos, incluso establece una asociación directa con el desarrollo de leucemias mieloides.

Además, se ha descrito ampliamente que la exposición a benceno aumenta el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades como leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y varios tipos de cáncer (linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón).

En México existen sitios en los que la exposición a benceno en niñas y niños es de alta preocupación. Tal es el caso de Cadereyta Jiménez, en donde el 28 por ciento de los niños que participaron en un estudio de investigación (Ochoa-Martínez, AC) presentaron una exposición a benceno muy por encima del índice de exposición biológica establecido por la NOM-127-SSA1 para adultos ocupacionalmente expuestos a este contaminante.

Al comparar estos resultados con estudios realizados en otros países se identificó que la exposición crónica a benceno de los niños de Cadereyta Jiménez es similar a la que presentan los trabajadores de estaciones de gas o de gasolinerías en México y otros países. Es decir, las niñas y niños están expuestos al benceno como si fueran adultos que trabajan en la industria del benceno. La alta exposición a benceno en niñas y niños está relacionada a efectos hematológicos a nivel subclínico como la disminución de hemoglobina, glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como algunos eventos genotóxicos como aberraciones y translocaciones cromosómicas.

Información reciente dada a conocer por el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) de leucemia infantil del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), revela que nueve de cada diez casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) se deben a diversos factores ambientales, entre los que se encuentra la exposición a benceno y otras sustancias químicas. En México, la leucemia representa 52 por ciento de los cánceres en menores de 18 años, siendo la principal causa de muerte en menores en edades entre cinco y 14 años.

En cuanto a regulaciones para la protección al ambiente y la salud humana en México, contamos únicamente con la NOM-127-SSA1-2021 que regula las sustancias químicas en el agua destinada para uso y consumo humano, y la NOM-047-SSA-2011 que establece los límites de exposición ocupacional. Irónicamente, el benceno no está incluido en los contaminantes criterio para la calidad del aire, solamente se considera en la NOM-165-SEMARNAT-2013 para su reporte dentro del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

La falta de regulación ambiental es una razón de peso por la que poblaciones mexicanas resultan altamente expuestas a benceno y otros contaminantes de manera crónica, especialmente en zonas urbanizadas e industrializadas.

Haciendo hincapié al informe de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que cada año mueren más de 1.7 millones de niños menores de cinco años como consecuencia de impactos ambientales los cuales son evitables. Por ello, se insta a comprender que la crisis ambiental también es una crisis de derechos de la infancia.

El 13 de enero el área metropolitana de Monterrey padeció una “extraordinariamente mala” calidad de aire, lo que llevó a siete municipios a estar momentáneamente en el Top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo.

Según los registros locales del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, la contaminación rebasó hasta en 10 veces el límite establecido en la Norma de Salud Ambiental federal para PM10, que es de 60 microgramos por metro cúbico. Aunque la situación fue grave al menos desde las 7:00 horas, el Estado emitió una alerta ambiental, la primera del año, hasta las 11:00 horas.

Además de que la ciudad presentó muy mala calidad del aire los días previos, la Secretaría de Medio Ambiente atribuyó en la alerta, la contaminación a las rachas de viento de 25 kilómetros por hora, en promedio, que preceden el frente frío 26 de la temporada.

Según el ranking mundial del sitio Air Quality, que cada hora reporta las 100 ciudades con mayor concentración de contaminantes, en este caso de PM10 y PM2.5, el municipio de Cadereyta, donde se encuentra la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), alcanzó el primer lugar. Las PM10 y PM2.5 son las más peligrosas para el ser humano pues al ser más pequeñas pueden penetrar directamente al torrente sanguíneo.

También el municipio de Apodaca alcanzó el primer lugar de este top internacional, mientras que San Pedro llegó al tercer lugar. Los otros municipios que llegaron al top 10 durante la jornada fueron Santa Catarina, Juárez, García y San Nicolás.

Durante el día, 13 de 14 estaciones de monitoreo ambiental que estaban en funcionamiento alcanzaron el nivel de “extremadamente mala” calidad del aire, en una situación inédita en la ciudad. Los índices comenzaron a repuntar desde alrededor de las 7:00 horas, pero alcanzaron sus niveles más altos entre las 10:00 y las 12:00 horas.

A las 11:24 horas, la Secretaría de Medio Ambiente emitió la primera alerta ambiental del año, llamando a empresas a tomar medidas para amortiguar efectos de emisiones y a los ciudadanos a no salir al aire libre y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y al Gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Fuentes

- https://ciatej.mx/elciatej/comunicacion/Noticias/Contaminacion-ambienta l—factor-de-riesgo-en-ninas-yninos/74

- https://ciencias.jornada.com.mx/ecologica/2023/11/26/ninezexpuesta-a-be nceno-en-zonas-con-actividad-petroquimica-5283.html

- https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2 018.34.03.15/46779

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda la comparecencia de diversos titulares de la APF en materia de seguridad, ante la ola de violencia que se vive en el país y la intromisión del crimen organizado en la prestación de los servicios de internet y el control en la distribución de medicamentos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los relativos aplicables de las reglas que rigen las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en una grave crisis de inseguridad.

Hechos como los ocurridos en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde cinco jóvenes fueron secuestrados y posteriormente asesinados; posteriormente en Zacatecas, cerca de la localidad de Malpaso, en donde siete adolescentes fueron secuestrados y seis fallecieron; hace unas semanas en Celaya, Guanajuato, cinco jóvenes del campus de la Universidad de Guanajuato fueron también raptados y asesinados; y el pasado fin de semana doce jóvenes en el estado de Guanajuato fueron masacrados, hacen que se exija el cese de homicidio de jóvenes.

Asimismo, lo acontecido en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México; el secuestro de tres periodistas, una pareja de maestros asesinada y doce trabajadores municipales desaparecidos en el pueblo mágico de Taxco, así como los ataques con drones y el calcinamiento de varias personas en la localidad de Buenavista, Guerrero; el asesinato y desafío a las corporaciones policiacas en Chiapas, hacen ver la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días en diversos estados de la República.

A lo anterior se suman situaciones que no se pueden pasar por alto ni permitir, por ejemplo, el crimen organizado se ha adueñado del servicio de internet en Apatzingán y Múgica, en Michoacán, obligando a los usuarios de este servicio a pagarles un precio más alto al que cobran las empresas telefónicas, con la gravedad además de que esto facilita a la delincuencia el robo de datos al efectuarse operaciones bancarias, la intromisión en la intimidad y la localización de las personas para su extorsión y secuestro; el servicio de transporte en Acapulco, Guerrero, se encuentra paralizado ante las amenazas de grupos delictivos ocasionando severos perjuicios en la población y grandes pérdidas económicas; y lo más deleznable, que en diversos municipios del estado de Michoacán, los grupos delictivos tengan el control de la distribución y venta de medicinas y productos médicos.

Conforme a lo establecido en la Carta Magna, es deber del Estado mexicano, garantizar la protección y seguridad de toda la población del país, ante lo cual esta representación del pueblo no puede estar ajena a los hechos violentos y la ola de inseguridad que se ha desatado en el territorio nacional, y se requiere conocer la forma en que se cumplen a cabalidad las responsabilidades en materia de seguridad.

La seguridad de la población mexicana no debe soslayarse, debe ser una prioridad.

Este no es el país que la población mexicana desea tener y las autoridades deben actuar.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional, para que comparezcan ante esta soberanía e informen sobre la ola de violencia que se vive en el país, así como la estrategia y medidas que el Gobierno federal implementará para garantizar la integridad y protección de la población, principalmente de las y los jóvenes del país, así como la seguridad en la realización de actividades económicas prioritarias.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que comparezca ante esta soberanía e informe sobre la situación que guarda la prestación del servicio de internet en el estado de Michoacán, ante la intromisión del crimen organizado, así como de las medidas que se han implementado para la salvaguarda de la población en el uso de la telefonía móvil y comunicación de datos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar al titular de la Secretaría Salud para que comparezca ante esta soberanía e informe sobre las medidas que se habrán de implementar para evitar el desabasto de medicamentos en los estados del país en donde grupos delictivos controlan la venta y distribución de productos médicos, situación que pone en alto riesgo a la población que los necesita, principalmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cuarto. Se instruye a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a fijar fecha y hora para la realización de las comparecencias ante el pleno de este órgano legislativo, girando atento oficio a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional, para su conocimiento y cumplimiento, así como al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias federales en materia de producción y comercialización de maíz nacional, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Economía, Seguridad Alimentaria Mexicana y a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen de manera conjunta y urgente una estrategia integral de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refiere que el maíz es el segundo cultivo del mundo que se produce, después del trigo, además indica que es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el segundo, después del trigo, en producción total, por lo que el maíz es fundamental para la economía a nivel mundial ya sea como alimento para humano, para el ganado o como fuente de un gran número de productos industriales.

Segunda. Con datos de la misma organización internacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señala que México produce cerca de 900 cultivos, de los cuales 12 son considerados estratégicos, entre los que se encuentran el maíz como un grano básico de nuestra alimentación y cultura. En este sentido, la dependencia federal, indica que el maíz se cultiva en las 32 entidades federativas con una producción en 2021 de 27.5 millones de toneladas, siendo en ese año Sinaloa como la mayor entidad productora.

Tercera. Para 2023, la producción de maíz en México cayó aproximadamente 40 por ciento, así lo señaló la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señalando a la sequía y la falta de apoyos por parte del Gobierno para apoyar la producción nacional de este grano estratégico, resaltaron, como ejemplo, que 6 de cada 10 granos que se consumen en México provienen de otros países, valorado en unos 40.000 mil millones de dólares.

Así también, durante el año anterior las productoras y los productores de granos de México fueron perjudicados por la caída en los precios de sus cosechas y en la producción, sumando al incremento de las importaciones, sobre todo en maíz, lo que aleja a nuestro país de la soberanía alimentaria.

Cuarta. Un ejemplo preocupante de lo anterior, lo da Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que, mediante un análisis, indicó que durante 2023 crecieron las importaciones de granos, destacando al maíz donde las compras en el extranjero en los primeros 11 meses del año pasado fueron 16.9 por ciento más que en 2022, es decir alrededor de 18.2 millones de toneladas. Además, señalaron que la sequía en gran parte del territorio nacional durante el año pasado fue un factor determinante que provocó la caída en la producción de maíz, donde en Sinaloa bajará de 6.4 millones de toneladas del ciclo otoño invierno 2022-2023 a entre 4.6 y 2.6 millones de toneladas en el ciclo 2023-2024, alejando a México de la autosuficiencia alimentaria.

Quinta. Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) refieren que las productoras y los productores de maíz vendieron hasta 30 por ciento menos sus cosechas con los intermediarios respecto a lo que pagó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con pagos de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos la tonelada. A esto vienen los problemas de comercialización que afectan severamente a toda la cadena de valor y al consumidor. Un ejemplo de ello, el precio de la tortilla, que en 2023 cerró con un precio de 22.90 pesos por kilo, es decir 6.8 por ciento con mayor precio al año 2022, que fue de 21.43 pesos el kilo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía.

Pero, cabe señalar, que la falta de políticas públicas estratégicas para detonar la producción nacional de maíz, han sido poco eficiente, lo cual se ve reflejado en un alimento de primera necesidad y de la canasta básica como lo es la tortilla, debido a que en 2013 su precio era de aproximadamente 12.41 pesos y para 2023 fue de 22.90 pesos por kilo, es decir un aumento de 85 por ciento, afectando directamente la economía de las familias de México.

Sexta. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sostenemos la necesidad de que se implemente una estrategia integral conjunta y urgente de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores.

Lo anterior es necesario ya que en 2023, México tuvo un nuevo récord de importaciones de maíz,1 siendo de 18.2 millones de toneladas, es decir 16.9 por ciento más respecto a 2022, siendo el valor de compras externas de alrededor de 5 mil 366 millones de dólares, que significó un alza de 7.6 por ciento.

Lo anterior nos aleja de la autosuficiencia y soberanía alimentaria, haciéndonos dependientes de las importaciones de maíz. Por lo que es necesario que el Estado mexicano implemente políticas públicas y mecanismos de protección, programas y presupuesto que contribuyan a fomentar la producción de este grano estratégico.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Economía; Seguridad Alimentaria Mexicana y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera conjunta y urgente una estrategia integral de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores.

Nota

1 Datos de las estadísticas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex y Liconsa, en materia de compra de leche en los altos de Jalisco, por considerarlas zonas estratégicas de producción, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana y a Liconsa, para que fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur de Jalisco, ya que son zonas estratégicas y productivas de leche a nivel nacional, así como se les respete el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, afectando directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. México ocupa el lugar 15 a nivel mundial con una producción de 13 mil millones de litros por año, pero a pesar de ello, el sector lechero mexicano es deficitario en alrededor de 30 por ciento, además, el consumo per cápita por persona es de 130 litros al año, mientras la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es que sea de 180 litros al año.

Segunda. Las y los productores de las zonas de los altos norte y sur del estado de Jalisco se caracterizan por ser líderes en la producción de leche, los cuales han generado mil 796 millones de litros, con una participación de 68.2 por ciento de su producción estatal, contribuyendo al liderazgo del estado de Jalisco a nivel nacional en producción de leche de bovino cercana a los 3 millones de litros, arriba de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Veracruz, que en conjunto producen 70 por ciento de la leche en México, donde la entidad jalisciense aporta 20 por ciento.

Tercera . El trabajo diario de las y los productores de los Altos de Jalisco coadyuvan para que la leche ocupe el tercer lugar del valor de la producción pecuaria nacional que es de 17 por ciento. Las unidades de producción pecuarias alteñas (UPP), forman parte y se suman a las más de 154 mil UPP dedicadas a la producción de leche que hay en el país, las cuales 97 por ciento tienen menos de 100 cabezas, lo que indica que la gran mayoría son pequeños y medianos productores.

Asimismo, se destaca que la producción de leche de los Altos de Jalisco contribuye para que a nivel nacional haya más de 600 mil fuentes de empleos directos y más de 1 millón de carácter indirecto, que se extienden a lo largo de toda la cadena productiva en el país.

Cuarta. Desafortunadamente, las productoras y los productores de los altos norte y sur del estado de Jalisco se encuentran en dificultades, sobre todo porque durante los últimos tres años se han agudizado y mantenido las problemáticas de inflación en la producción de alimentos, como lo es la leche, así como la falta de presupuesto, subsidios, programas federales para incentivar la producción de leche, la sequía, la importación anual de leche en polvo que es de 340 mil toneladas por año, principalmente la proveniente de los Estados Unidos de América (EUA), el que no se les respeta el precio de garantía por litro de leche que venden a Liconsa y ahora empeorando la situación Segalmex-Liconsa, no les está comprando la leche a productoras y productores de los Altos de Jalisco, lo cual está provocando que su producción se pierda, la desaparición del hato lechero en los Altos de Jalisco y está afectando la economía familiar de las y los productores de leche jaliscienses.

Lo anterior, ha provocado que al menos 25 por ciento de productoras y productores de leche en Jalisco hayan desaparecido en el actual sexenio, la mayor parte han sido de los Altos de Jalisco. Quedando en todo el estado, entre 15 y 16 mil ganaderas y ganaderos dedicados a la producción de leche, donde 10 por ciento son grandes productores, 35 por ciento medianos y 55 por ciento pequeños, con menos de 50 vacas.

Quinta. En este sentido, si la zona que más produce leche en el país, como lo es los Altos de Jalisco está en crisis y Segalmex-Liconsa no les están comprando leche a pequeños y medianos productores, no se entiende el aumento de captación de leche a nivel nacional, que según fuentes del Gobierno federal han pasado de 345.2 millones de litros que se tenía en 2022 a 576.2 millones de litros en 2023, significando un aumento de 65 por ciento, por lo que indican que para 2024 no se importará leche en polvo debido al incremento en el acopio de leche de productores y productoras nacionales.

Lo anterior, es complicado de tener certeza, ya que como sabemos durante el presente sexenio se desaparecieron los subsidios para productoras y productores de leche, no hay programas federales, ni políticas públicas, ni presupuesto etiquetado para detonar la producción y el consumo de leche a nivel nacional, por lo que el déficit de 30 por ciento que tiene México en leche para satisfacer la demanda nacional puede aumentar, ocasionado un incremento en los costos de producción y en el precio final de este alimento y sus derivados que impactará directamente a las y los consumidores.

Sexta. Por ello, es necesario que Seguridad Alimentaria Mexicana y Liconsa, fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur del estado de Jalisco, ya que son zonas productivas de leche estratégicas a nivel nacional, además deben pagarles el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, lo cual ha afectado directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor de que se privilegie la producción nacional de leche. Consideramos que, si en 2024 no habrá importación de leche, es necesario incrementar la productividad de este alimento y sobre todo que la producción de leche le sea comprada puntualmente a las y los productores de leche de los Altos de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se propone ante la honorable Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana y a Liconsa, para que fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur del estado de Jalisco, ya que son zonas estratégicas y productivas de leche a nivel nacional, así como se les respete el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, afectando directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a que, en coordinación con el gobierno de Guerrero y el municipio de Acapulco, ejecuten acciones focalizadas en la recuperación de la infraestructura física educativa afectada por el huracán Otis, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 8 de enero fue el regreso a clases a nivel nacional, culminaron las vacaciones de fin de año en todo el país y millones de alumnos de educación básica y media superior regresaron a las aulas. Sin embargo, en Guerrero y particularmente en Acapulco, la historia fue otra. No todas las escuelas de Acapulco se reincorporaron a sus labores académicas y las que sí, lo hicieron en medio de limitaciones sustanciales provocadas por el huracán Otis.

Entre los casos más relevantes encontramos:

• La escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de Acapulco, en donde se determinó que el regreso a clases se daría con una jornada reducida únicamente durante los días lunes y jueves de cada semana, toda vez que el plantel no cuenta con el servicio de agua potable plenamente restablecido.

• La secundaria Ignacio Chávez reanudó clases a pesar de que Otis se llevó el techado de una parte de las instalaciones.

• La escuela Rubén Figueroa Figueroa, por su parte, lleva sus actividades académicas en las instalaciones de Plaza La Cima, debido a que sus instalaciones se encuentran doblemente afectadas por el sismo de septiembre de 2021 y el paso de Otis.

• En la secundaria 9 Alfonso Ramírez de Altamirano, en Ciudad Renacimiento, se cayó una barda y volaron varios techos, situación que atenta directamente contra la seguridad de los estudiantes.

• La escuela primaria Gabriela Mistral no pudo reanudar sus actividades debido a que en sus instalaciones continúan instaladas casas de campaña de la Guardia Nacional.

• Otras escuelas que tampoco pudieron reanudar clases el 8 de enero fueron la primaria 6 de Enero de la colonia La Laja y la secundaria Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, la primaria Teniente José Azueta, la Manuel Ávila Camacho, la Secundaria Técnica 1 y la Secundaria 70, todas ellas ubicadas en avenida Solidaridad del fraccionamiento Hornos Insurgentes.

Entre las escuelas que sí regresaron a clases encontramos en su mayoría instituciones particulares como los colegios Simón Bolívar, el Español y el Zumárraga, así como las escuelas preparatorias y licenciaturas de la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó de manera oficial que el 8 de enero de 2024 se logró el regreso a clases en 827 escuelas públicas y privadas, es decir, 51.5 por ciento de la totalidad de planteles educativos de Acapulco y Coyuca de Benítez.

El impacto del huracán Otis la madrugada del 25 de octubre del año pasado, afectó la infraestructura de varias escuelas de Acapulco, a algunas se les voló el techo de las canchas y aulas, se cayeron bardas y se rompieron vidrios.

La situación que se vive después del paso del huracán Otis en Acapulco es alarmante y tiene consecuencias significativas, especialmente en el ámbito educativo. La devastación sin precedentes ha dejado a numerosas escuelas con infraestructuras severamente afectadas, impidiendo que la mitad de ellas puedan retomar las clases después de dos meses y medio del desastre natural. Esta situación tiene implicaciones y afectaciones graves para los alumnos y pone en riesgo su proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo normal del ciclo escolar.

En primer lugar, la interrupción prolongada de las actividades académicas afecta directamente el progreso educativo de los estudiantes. La continuidad en el proceso de enseñanza es esencial para el aprendizaje adecuado, y la falta de acceso a la educación durante un periodo prolongado puede tener consecuencias a largo plazo en el rendimiento académico de los estudiantes afectados.

Además, la falta de estructuras educativas funcionales puede generar estrés y ansiedad en los estudiantes. La escuela no sólo es un lugar para adquirir conocimientos, sino también un entorno que proporciona estabilidad, rutina y apoyo emocional. La pérdida de este entorno puede afectar negativamente el bienestar emocional de los alumnos, lo que a su vez puede afectar su capacidad para concentrarse y aprender.

El retraso en la reanudación de las clases también puede tener consecuencias económicas para las familias, ya que muchos padres pueden tener dificultades para equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños en casa. Esto podría resultar en una disminución en los ingresos familiares y, en última instancia, afectar la calidad de vida de las personas afectadas.

Ante esta situación, es urgente prestar atención focalizada en la recuperación de la infraestructura física educativa. La reconstrucción rápida de las escuelas es esencial para restaurar la normalidad y permitir que los estudiantes regresen a un entorno de aprendizaje seguro y adecuado. Esto no sólo implica reparar los daños visibles, sino también evaluar y abordar posibles problemas estructurales que puedan surgir en el futuro.

Es imperativo que las autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general trabajen de manera coordinada para priorizar la reconstrucción de las escuelas afectadas. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad, y garantizar la continuidad de la enseñanza es esencial para el bienestar y el futuro de los estudiantes afectados por esta tragedia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con el Gobierno de Guerrero y el Gobierno municipal de Acapulco, ejecuten acciones focalizadas en la recuperación de la infraestructura física educativa afectada por el huracán Otis, esencial para restaurar la normalidad y permitir que los estudiantes regresen a un entorno de aprendizaje seguro y adecuado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, a la CNDH de dicha entidad y a la SSPC a realizar las investigaciones correspondientes respecto del transfeminicidio de Samantha Gómez Fonseca, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Es crucial entender que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, merecen ser valoradas y respetadas en igualdad de condiciones. La diversidad es un elemento enriquecedor de nuestra sociedad y debemos promover la inclusión y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Desde tiempos anteriores las personas trans o de la comunidad LGBTT, han sufrido demasiados altos niveles de discriminación entorno a su vida, llevándolos a que sufran de violencia que ofende a la conciencia humana, es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos presenciando casos de violencia y asesinatos basados en la orientación sexual o identidad de género de las personas. Cada vida perdida es una tragedia que nos debe llevar a reflexionar y tomar acciones concretas para evitar que esto siga sucediendo.

II. El pasado domingo 14 de enero 2024 la activista trans, Samantha Gómez Fonseca acudió al Reclusorio Sur de la Ciudad de México con motivo de visita cuando al salir del lugar, Samantha recibió varios disparos mientras viajaba en un vehículo que pidió por aplicación.

Samantha era considerada una activista debido a que había organizado una manifestación fuera del metro Balderas debido a las declaraciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a la diputada Salma Luévano como hombre, sin respetar su identidad de género. La activista expresó su inconformidad con la situación e hizo un llamado a las autoridades para que todas y todos los servidores públicos fueran capacitados en materia de género.1

De igual manera, Samantha tenía convocada una movilización por la dignidad de las mujeres trans en Paseo de la Reforma para el lunes 15 de enero.

El activismo de Samantha fue reconocido por el Congreso de la Ciudad de México y fue condecorada con una Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022.2 Lo anterior nos habla del compromiso que Samantha tenía con su comunidad, además de un gran deseo por cambiar las circunstancias de discriminación y violencia por las que tienen que pasar las personas trans en nuestro país diariamente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando el caso de Samantha como un feminicidio, sin embargo, su asesinato se suma a la cifra de actos de violencia en contra de las personas trans que se reportan diariamente en nuestro país, lo cual nos indica que el Estado no ha cumplido con su deber de cuidar, proteger y garantizar los derechos humanos de la comunidad trans.

Otro caso fue, Natalia González Santiago quien era una mujer trans de 29 años de edad que se dedicaba al trabajo sexual, fue hallada sin vida en un hotel de la Ciudad de México, por otro lado también tenemos el caso del magistrade Jesús Ociel Baena, que hasta ahora no ha sido resuelto. El caso de Samantha se suma a la cifra de 5 mujeres trans asesinadas en lo que va de este 2024, a tan sólo 16 días de haber iniciado.3

III. Cabe mencionar que las personas trans son personas que se vulneran sus derechos humanos, sabiendo que todos tenemos los mismos derechos sin importar la orientación sexual de cada persona, por lo consiguiente no deben sufrir de discriminaciones y mejor establecer que tengan una seguridad estable por los altos índices de violencia que sufren cada día es importante que se implementen campañas para eliminar estigmas sociales, adoptar políticas educativas, esto para generar un trato igualitario y de paz.

IV. Resulta importante garantizar espacios seguros para las personas LGBTTTIQ+ como es Samantha Gómez, quien dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas LGBTTTIQ+. Su muerte es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer para garantizar la seguridad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Debemos honrar su memoria y seguir su legado, trabajando incansablemente para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

En conclusión, es fundamental que como sociedad y como legisladores trabajemos juntos para crear y promover espacios seguros para las personas LGBTTTIQ+. Debemos valorar y respetar la diversidad, promover la igualdad de oportunidades y tomar medidas concretas para prevenir la violencia y los asesinatos basados en la orientación sexual o identidad de género.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que con base en sus atribuciones y facultades legales realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos respecto al transfeminicidio de Samantha Gómez Fonseca, así como evitar hacer declaraciones a medios de comunicación que puedan constituir una revictimización o conjeturas que violen el principio de debido proceso.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que se atiendan las denuncias referentes a las violaciones a los derechos humanos de las personas trans o pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a establecer protocolos de atención y protección para las personas LGBTTTIQ+ que sean víctimas de violencia, asegurando su acceso a la justicia y a servicios de apoyo integral, estos protocolos podrían incluir líneas telefónicas de ayuda, centro de atención especializados y protocolos de actuación claros para investigar y sancionar estos delitos.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a promover y crear espacios seguros para las personas LGBTTTIQ+, tanto en espacios públicos como en instituciones educativas, laborales y de atención médica.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que con base a sus atribuciones y facultades legales atienda e investigue las denuncias y casos de trans feminicidios.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, suscriba convenios para garantizar la seguridad de las personas trans candidatas rumbo al proceso electoral 2023-2024.

Notas

1 Asesino de Samantha Gómez, activista trans, la estaba esperando afuera del Reclusorio Sur. El Financiero. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2024/01/15/samantha-gomez-fonseca- activista-trans-como-fue-asesinada-murio-esto-dice-marti-batres/

2 Matan a Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena en CDMX. Animal Político. Disponible en: https://animalpolitico.com/genero-y-diversidad/matan-samantha-fonseca-a ctivista-trans-aspirante-senado-morena-cdmx

3 Transodio en México: cinco mujeres trans asesinadas y dos golpeadas en 2024. Presentes. Disponible en: https://agenciapresentes.org/2024/01/16/transodio-en-mexico-cinco-mujer es-trans-asesinadas-y-dos-golpeadas-en-2024/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar las irregularidades relacionadas con la construcción del Tren Maya, a cargo de la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades para que fiscalicen e investiguen las irregularidades relacionadas con la adquisición de balasto y su transportación para la construcción del Tren Maya, relacionadas con Gonzalo López Beltrán y Amílcar Olán, así como diversas irregularidades ambientales generadas por su construcción y, en específico, que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los contratos y emprenda las acciones correspondientes; la Secretaría de la Función Pública investigue la posible comisión de responsabilidades administrativas graves y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las transacciones bancarias y actividades sospechosas relacionadas con dichos contratos.

Exposición de Motivos

i) Afectación climática del Tren Maya

El Tren Maya es un proyecto de infraestructura turística que tiene como objetivo conectar los estados del sureste de México. Sin embargo, el proyecto ha generado devastación ambiental, incluyendo la deforestación de áreas naturales protegidas, la contaminación del agua y la destrucción de sitios arqueológicos. Entre otras cosas, ha causado la deforestación de 130 mil hectáreas de selva tropical, contaminación del agua y destrucción de sitios arqueológicos. Sobre este último punto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un estudio donde evidenció que la construcción del tren ponía en riesgo a 4 mil sitios arqueológicos. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió una recomendación relacionada con la violación de derechos humanos a los habitantes de la región.

Aunado a esto, organizaciones de la sociedad civil han presentado más de 50 amparos desde 2023 para detener la construcción, mostrando que el proyecto afectará 20 áreas naturales protegidas en la Selva maya, con consecuencias potencialmente irreversibles para los ecosistemas y fuentes de agua. En ese sentido, el tramo cinco, de Cancún a Tulum, ha sido especialmente controvertido, ya que su construcción podría provocar colapsos en el suelo kárstico y contaminación del agua, amenazando a más de 1.8 millones de personas y la mayor reserva de agua dulce de México.1 Por otra parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha advertido sobre posibles impactos críticos, como el colapso de sistemas de cuevas, alteraciones en el flujo de agua y amenazas a la salud de poblaciones de jaguares en peligro de extinción. A pesar de ajustes en la ruta, no se han realizado evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas.

ii) Historial de corrupción en la construcción del Tren Maya

En una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), se mostró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado diversas irregularidades en el uso de mil 736 millones de pesos destinados a las obras del Tren Maya por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Estas irregularidades fueron identificadas en auditorías realizadas a las Cuentas Públicas de 2019 a 2021. Aunque la construcción del Tren Maya comenzó oficialmente en junio de 2020, los problemas en el gasto público del proyecto fueron documentadas desde 2019, durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons en Fonatur.2

Por eso mismo, Javier May Rodríguez, quien reemplazó a Jiménez Pons en la dirección de Fonatur, deberá abordar y corregir las irregularidades señaladas por la ASF. Hasta la fecha, se han presentado 286 acciones contra Fonatur y su filial Fonatur Tren Maya SA de CV, relacionadas con trabajos para el proyecto, con un monto total de mil 823 millones de pesos. Sin embargo, sólo se justificaron 87 millones correspondientes al dinero ejercido en 2020.

Además, entre otras irregularidades en la gestión del gasto, en el informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2021 reveló un mal ejercicio en el gasto del Tren Maya, con una cifra de mil 399 millones de pesos, sumándose a los 423 millones detectados en 2019 y 2020.

iii) Investigación periodística de una presunta red de tráfico de influencias ligadas al hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo “Bobby” López Beltrán

La plataforma de investigación Latinus publicó varios audios en los que mostró que Amílcar Olán, amigo de los hermanos Andrés y Gonzalo López Beltrán (hijos del Presidente López Obrador) ha utilizado la influencia de Gonzalo López Beltrán, apodado “Bobby”, para operar un millonario negocio del balasto utilizado en la construcción del Tren Maya.3 La investigación muestra que la relación con el hijo del presidente, Gonzalo López, benefició a que Amílcar Olán con la venta del balasto y, sobre todo, el transporte a través de fletes. Incluso, se muestra que Amílcar Olán ha sido subcontratado por otras empresas que suministran el Tren Maya, lo cual aumenta de manera injustificada los costos del proyecto.

Ahora bien, es importante recordar que, por medio del “Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”, el Tren Maya fue considerado como proyecto de seguridad nacional y por tanto se clasificó la información relacionada con éste, incluidas las contrataciones y transparencia del gasto público ejercido. Esto impide que los ciudadanos puedan solicitar información a través de los mecanismos de transparencia gubernamental.

Por ello, resulta importante que la ASF no sólo ejerza sus facultades para iniciar el proceso de fiscalización y, en su caso, realice las observaciones y recomendaciones, sino que también ejerza sus facultades de emitir pliegos de observaciones a través de los cuales presuma un daño a la hacienda pública, dé vista a las autoridades investigadoras sobre la presunta comisión de responsabilidades administrativas graves y presente las denuncias penales que correspondan, entre otras cosas. Ello, en relación con los referidos contratos para la adquisición de balasto, así como otras irregularidades que se han detectado en la construcción del Tren Maya.

Además, es importante que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice las investigaciones de las transacciones de Amílcar Olán y Gonzalo López Beltrán, a fin de detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían existir en casos de tráfico de influencias en relación con la venta de balastro por la Secretaría de Turismo y/o el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Finalmente, es importante que la Secretaría de Función Pública realice las investigaciones de posibles responsabilidades administrativas graves de los funcionarios públicos a cargo del ejercicio y administración del gasto público del Tren Maya; contrataciones de bienes y servicios; y de las adquisiciones de balastro.

Punto de Acuerdo

Único. Se somete a votación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a que fiscalice los contratos y emprenda las acciones correspondientes; la Secretaría de la Función Pública investigue la posible comisión de responsabilidades administrativas graves; y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las transacciones bancarias y actividades sospechosas relacionadas con dichos contratos sobre la adquisición de balasto para la construcción del Tren Maya.

Notas

1 Un Tren sin frenos: impactos ambientales desconocidos del Tren Maya siguen generando controversia, Greenpeace México, Greenpeace México, disponible en https://www.greenpeace.org/mexico/blog/52843/un-tren-sin-frenos-impacto s-ambientales-desconocidos-del-tren-maya-siguen-generando-controversia/

2 Fonatur debe justificar $1,700 millones en anomalías del Tren Maya, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, https://contralacorrupcion.mx/asf-exhibe-anomalias-por-1399-mdp-en-obra s-del-tren-maya/

3 El clan: la red de negocios y de tráfico de influencias operada por Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el Tren Maya, Latinus, https://latinus.us/2024/01/09/el-clan-red-negocios-trafico-influencias- operada-gonzalo-bobby-lopez-beltran-tren-maya/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a crear la Comisión Especial de investigación sobre la política migratoria, y citar a comparecer a diversos funcionarios ante la desaparición de 31 migrantes en el estado de Tamaulipas, a cargo de la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República crea la Comisión Especial de Investigación sobre la Política Migratoria, y cita a comparecer a las titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, ante la desaparición de 31 migrantes en Tamaulipas, con la finalidad de que rindan cuentas sobre sus acciones en materia migratoria.

Exposición de Motivos

i) La Nueva Política Migratoria 2018-2024

En diciembre de 2018, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 .1 Dicho documento estableció siete componentes de la política migratoria, entre los cuales se encuentra la Atención a la Migración Irregular (punto 2.3). Al respecto, la Nueva Política Migratoria estableció que el gobierno debe proporcionar medidas de protección física y psicológica a los migrantes, fortalecer los protocolos de identificación para víctimas de delitos, impulsar programas de regularización migratoria y flexibilizar procesos burocráticos.

Sin embargo, esta política ha sido sistemáticamente incumplida por diversas autoridades federales. En la práctica, México se ha convertido en un “tercer país seguro” de manera irregular. Además, el Gobierno federal ha criminalizado a las personas migrantes y militarizado su control, mientras que dicha población es víctima del crimen organizado que actúa impunemente. Asimismo, el gobierno ha implementado múltiples políticas violatorias de los derechos de las personas migrantes y ha violado el derecho internacional establecido para proteger a los refugiados, como se verá más adelante. Así, el documento de “Nueva Política Migratoria” ha sido sistemáticamente incumplido, pues la política migratoria que han implementado las autoridades en la práctica ha sido completamente diferente a la que plantearon en papel.

ii) Acuerdo conjunto con Estados Unidos de América (EUA) para convertir a México en un tercer país seguro y programa Quédate en México

En las últimas décadas, diversos presidentes de los EUA han procurado que México implemente medidas más agresivas para detener la migración proveniente de Centro y Sudamérica. En mayo de 2019, la presión aumentó cuando el expresidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles a sus exportaciones, las cuales aumentarían gradualmente de 5 a 25 por ciento, si México no endurecía su política migratoria.2

A partir de dicha amenaza, el 7 de junio de 2019, México y EUA firmaron una declaración conjunta, en la cual México se comprometió a “reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur”.3 Por su parte, EUA se comprometió a enviar a México a los migrantes que se encuentren sin permiso en su territorio para que esperen la resolución de sus solicitudes de asilo.

Este acuerdo conjunto dio lugar al programa Quédate en México. Según Human Rights Watch, este programa “devuelve a las personas solicitantes de asilo y las envía al riesgo de ser víctima de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México, y viola también su derecho a solicitar asilo en EUA”.4 Por ello, México ha sido convertido en un tercer país seguro , aunque no se reconozca formalmente como tal y tampoco ofrezca condiciones de seguridad para las personas migrantes.

iii) Militarización de la política migratoria

En marzo de 2019, se realizó una reforma constitucional para sustituir a la Policía Federal por la Guardia Nacional. Dicha institución se ha convertido en una de las principales autoridades en materia migratoria, pues se encuentra facultada para resguardar el orden en centros de supervisión y control migratorio, inspeccionar documentos migratorios y verificar la estancia regular de los migrantes, presentar a quienes se encuentren en una situación irregular ante las estaciones migratorias y resguardar dichas estaciones, entre otras.5

Aunque el artículo 21 de la Constitución determina que la Guardia Nacional debería ser una institución policial de carácter civil, en la práctica se trata de un organismo compuesto, en su mayoría, por militares. De los 128 mil 223 integrantes con los que contaba dicha corporación a finales de 2022, 86 por ciento eran militares, 14 por ciento eran elementos de la extinta Policía Federal y sólo 1 por ciento eran reclutas nuevos de la Guardia Nacional.6 Además, dicha institución también se encuentra sujeta a un mando militar, lo cual viola el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas a autoridades civiles.7 Por otro lado, se han incorporado militares y exmilitares como parte de los directivos y las estructuras del Instituto Nacional de Migración (INM). Todo esto ha provocado que, de facto , la política migratoria se haya militarizado. Peor aún, como se verá más adelante, dicha corporación militar ha implementado varias políticas que criminalizan a los migrantes en nuestro país, violando sus derechos fundamentales.

iv) Muros verticales, detenciones arbitrarias y falta de claridad en la política migratoria

Como parte de la política para cumplir con la declaración conjunta emitida por México y EUA, “México ha desplegado a decenas de miles de estos elementos en las fronteras norte y sur, constituyendo muros militares o la llamada frontera vertical”.8 Esta política de muros verticales viola los derechos de las personas migrantes y es inconstitucional por varias razones.

En primer lugar, las fronteras verticales perpetran detenciones arbitrarias basadas en perfilamiento racial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de los controles migratorios aleatorios fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas (AR 275/2019). En ese sentido, basa sus detenciones únicamente en que las personas “parecen migrantes”, lo cual constituye un acto de discriminación. Así, en lugar de que las autoridades destinen sus esfuerzos a controlar el crimen organizado y la inseguridad en nuestro país, se han enfocado en perseguir a personas que buscan un mejor lugar para vivir, huyendo de crisis de seguridad, económicas y humanitarias de sus países de origen.

En segundo lugar, los muros verticales han servido para que la Guardia Nacional implemente expulsiones colectivas , al escoltar autobuses con migrantes hacia el exterior del país. Esto “constituye una violación al derecho internacional, pues contraviene el derecho al asilo, el derecho al debido proceso en los procedimientos de solicitud de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas, y el derecho a la protección judicial”, según lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, es violatorio del principio de no-devolución, previsto en el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre Refugiados.

Por otro lado, en el amparo en revisión 302/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el protocolo “Quédate en México”, implementado a partir de la presión de EUA.9 Al respecto, el 26 de octubre de 2022, la Corte ordenó a las “autoridades responsables en el ámbito de sus facultades y conforme a las perspectivas de infancia, adolescencia, género y discapacidad deben publicar en el Diario Oficial de la Federación la política migratoria que se implementó para la recepción de las personas extranjeras a través del procedimiento y acuerdo referidos, en la cual deben establecerse los lineamientos necesarios que contemplen estándares mínimos de protección”.10

Esta resolución se debe, en parte, a que la “Nueva Política Migratoria” establecida por el gobierno de México para 2018 a 2014 ha sido incumplida. En su lugar, se han implementado políticas que no se encuentran previstas en ningún documento formal, por lo que se mantiene en completa opacidad el verdadero funcionamiento de la política migratoria, la cual es violatoria de los derechos de las personas migrantes.

v) Aumento de la migración, detenciones prolongadas y hacinamiento de estaciones migratorias

Entre 2018 y 2022, aumentaron 488 por ciento los solicitantes de refugio en México, mientras que, en 2021, el número de aprehensiones de migrantes alcanzó su máximo en la historia del país, con más de 300 mil.11 Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que la migración irregular en México aumentó 62 por ciento en los primeros ocho meses de 2023, comparado con el mismo periodo de 2022.12

Además, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las solicitudes de asilo aumentaron 10 mil 787 por ciento entre 2013 y 2023, al pasar de mil 295 a 140 mil 982 en esa década.13 Al respecto, las autoridades no han transparentado información sobre la atención que se ha dado a dichas solicitudes. En el portal de internet del Boletín Estadístico de Solicitantes de Refugio en México, sólo se ha publicado información concerniente a 2018, destacando que de acuerdo a estas cifras se aprobaron 54 solicitudes.14

Esto ha llevado al hacinamiento de las estaciones migratorias del país, cuya capacidad se encuentra completamente rebasada ante la realidad internacional actual. Con ello, se ha agravado el problema que ya existía desde hace varias décadas en dichas estaciones migratorias, las cuales funcionan bajo un modelo carcelario y en condiciones indignas.

En ese sentido, en el Informe sobre la situación de las estaciones migratorias en México , publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, se identificó que la infraestructura de todas las estaciones migratorias del país responde a un modelo carcelario que daña la dignidad de las personas. Además, de 26 estaciones migratorias en el país, 19 no tienen un área específica para ingerir alimentos, 16 no tienen espacios de recreación física, 14 no cuentan con servicios médicos y 8 no tienen condiciones aceptables de higiene. Por su parte, 3 estaciones migratorias en Puebla, El Ceibo y Tampico no cuentan con dormitorios separados para hombres y mujeres.15 Estas condiciones violan los derechos de los migrantes, la Ley de Migración y las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración.16

De no atenderse el problema de la infraestructura migratoria, podría representar un grave riesgo a futuro, tal y como fue el caso del incendio en un centro de migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes.17 O como la actual problemática que enfrenta la Ciudad de México, en la que, debido a la insuficiencia de esta infraestructura, la población migrante se ha tenido que asentar en 12 campamentos en la ciudad, instalados en 5 alcaldías.18

vi) Posible encubrimiento de deportaciones como “retornos asistidos”

En 2021, periodistas y organizaciones de la sociedad civil alertaron que, en ese año, se alcanzaron las cifras más altas en retornos de personas con movilidad irregular. Según la Dirección Estadística de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), en 2021 fueron devueltas 130 mil 275 personas, mientras que en el 2022 fueron devueltas 121 mil 963, la mayoría de las cuales eran migrantes originarios de América central. De estas devoluciones, supuestamente 80 por ciento fue bajo el procedimiento de retorno asistido en 2021, mientras que en 2022 fue de 86 por ciento, como se muestra en las gráficas 1 y 2.

Ahora bien, el retorno asistido es un procedimiento voluntario en el que el INM y las autoridades ayudan a regresar a las personas migrantes.19 Esto significa que el retorno asistido sólo puede realizarse si la persona extrajera manifiesta su interés de sujetarse a este procedimiento. En contraste, las deportaciones son una medida dictada por el INM, mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero en los casos previstos por el artículo 144 de la Ley de Migración. Las deportaciones son involuntarias, por lo que tienen implicaciones jurídicas diferentes para las autoridades en relación con el respeto al derecho al asilo de las personas migrantes.

Estas cifras son cuestionables, pues toda la información recabada en los últimos años muestra que el Gobierno federal ha criminalizado y perseguido a los migrantes para obligarlos a abandonar el país involuntariamente. La intención de la mayoría de los migrantes es buscar mejores condiciones de empleo, crecimiento económico y seguridad, por lo que es inverosímil que estos mismos soliciten ser devueltos a sus países. Al hacerlo, afrontan diversos costos, como abandonar su patrimonio, su familia y poner en riesgo sus vidas. Por ello, resulta ilógico que la mayoría de migrantes que abandonan el país lo hagan bajo su propia voluntad, por lo que es altamente posible que en realidad se trate de deportaciones que son maquilladas como retornos asistidos.

Por todo esto, resulta indispensable que las autoridades migratorias comparezcan ante el Senado, para que proporcionen información detallada sobre los procedimientos de retorno asistido y deportación.

vii) Falta de presupuesto para la Comar y propuesta de desaparición

A pesar del aumento de la migración en el país, el Gobierno federal no ha incrementado el presupuesto de la Comar, la cual funciona como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, hoy en día, dos de cada tres pesos que gasta la Comar no vienen del Erario Público, sino que son proporcionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Así, la Comar es incapaz de atender las solicitudes de asilo y asistir a los migrantes en el proceso de integrarse paulatinamente al país, además de gestionar un sitio de albergue. Esto también ha provocado que las instalaciones de la Comar se encuentren hacinadas y en condiciones insalubres.

viii) Desaparición de personas migrantes

La situación migratoria en México en los últimos años ha sido caracterizada por una crisis de desaparición. Según el Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD) del Servicio Jesuita a Migrantes, entre 2007 y 2021 se atendieron un total de mil 280 casos de personas migrantes desaparecidas. Los años en los que se atendieron más casos fueron 2018, 2019 y 2021, con el 15 por ciento, 11 por ciento y 27 por ciento, respectivamente.

Para el periodo 2017-2021 se encontró que, a nivel estatal, el mayor número de desapariciones tuvo lugar en el sur del país, donde Chiapas obtuvo 18 por ciento. La segunda región con más desapariciones fue el norte del país, con 16 por ciento en Tamaulipas, 12 por ciento en Sonora y 10 por ciento en Nuevo León.20

Por su parte, durante 2022 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre los EUA y México, lo cual la ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo.21 Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la misma OIM, para 2023 se registraron 245 muertes y desapariciones en la ruta migratoria Frontera México-EUA.22

De esta manera, la desaparición y muerte de personas migrantes en nuestro país es un problema estructural, que ha permanecido en los últimos años debido a la falta de una política de Estado para garantizar la seguridad de esta población. A pesar de ello, el 30 de diciembre de 2023, un grupo de 31 migrantes fue secuestrado por un contingente armado en una carretera de Tamaulipas, a lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló como un caso “atípico”.23

Ante esta situación, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas y diversas autoridades de Tamaulipas afirmaron que lograron rescatar a los migrantes el 3 de enero de 2024. Sin embargo, esta situación fue contradicha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que los migrantes secuestrados fueron liberados por sus captores y no rescatados, como originalmente informaron autoridades federales y estatales.24

Contrario a lo señalado por diversas autoridades, este secuestro no es un caso atípico. En ese sentido, en agosto de 2010, se hallaron los cuerpos de 72 migrantes, masacrados en una bodega abandonada en San Fernando, Tamaulipas. Ocho meses después, se descubrieron fosas a las que fueron a parar los cuerpos de personas que llegaron a esa región del país en autobuses, con la intención de llegar a la frontera de EUA.25 Por otra parte, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) ha mostrado que aproximadamente 45 personas de Honduras, EUA, Guatemala y El Salvador desaparecieron en Tamaulipas.26

Así, la desaparición y falta de seguridad para migrantes en el país se muestra como un problema sistémico, contrario a lo que han señalado diversas autoridades. En ese sentido, defensores de derechos humanos en el noreste del país han señalado la colusión y colaboración entre grupos criminales y autoridades locales. Esto coincide con una de las líneas de investigación seguidas en el caso de los 32 migrantes, que implica a elementos de la policía estatal en el secuestro por encargo del Cártel del Golfo.27

ix) Muerte de 40 personas migrantes en Chihuahua

El 27 de marzo de 2023 ocurrió un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual dejó un saldo de 40 personas migrantes muertas. Como se mostró en su momento, el centro de detención operaba en condiciones carcelarias, a pesar de que el Estado mexicano se encuentra obligado a dar refugio a las personas migrantes. Además, un video de las cámaras de vigilancia mostró que los migrantes fueron abandonados en sus celdas por el personal que resguardaba el lugar, lo cual provocó su muerte.

A partir de dicho incidente, la Fiscalía General de la República, vinculó a proceso al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además, fue denunciado por personas migrantes por el delito de homicidio y lesiones, sin que a la fecha existan avances de estas investigaciones.

Pese a todo esto, Garduño Yáñez sigue al frente del Instituto Nacional de Migración. Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que el comisionado no sería destituido de su puesto hasta que existiera una disposición legal que lo inhabilitara de su cargo. Ante esto, organizaciones de la sociedad civil han exigido la destitución de este servidor público, pues denuncian la falta de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo. Aunado a esto, el Congreso de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo por el que exhortó a la Secretaría de Gobernación para destituir a Francisco Garduño Yáñez, por sus omisiones en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

En ese sentido, es necesario que Francisco Garduño Yáñez comparezca ante la Comisión Especial de Investigación sobre la Política Migratoria que se propone crear. Ello, a fin de que pueda informar el estado procesal que guardan las investigaciones iniciadas por la muerte de 40 personas migrantes en el incendió del 27 de marzo de 2023, así como un informe detallado sobre la política migratoria implementada desde que asumió el cargo.

x) Instauración de la Comisión Especial de Investigación sobre la Política Migratoria

Con la finalidad de que las autoridades en materia migratoria rindan cuentas sobre su actuación irregular en los últimos años, es indispensable crear una Comisión Especial de Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas Migrantes.

En ese sentido, es importante recordar que la posibilidad de crear comisiones especiales en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 87.

1. Cuando lo determine la Cámara, con apego a la Constitución y a las leyes, se nombrarán comisiones con carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o desempeñar un encargo específico”.

Para la instauración de las comisiones, el artículo 199, párrafo 2, del Reglamento del Senado, establece que estas son creadas por acuerdo del pleno del Senado de la República a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Por lo que se refiere al procedimiento de solicitud de creación de una comisión especial, un senador o senadora puede solicitar unilateralmente en sesión ordinaria su instauración. Por ello, se presenta esta proposición de punto de acuerdo para que sea discutida y votada cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones.

xi) Comparecencia y preguntas parlamentarias a las titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de que rindan cuentas sobre sus acciones en materia migratoria

Como se ha mostrado, existe un incumplimiento sistemático de la Nueva Política Migratoria 2018-2024, ya que las autoridades del Gobierno federal han militarizado las funciones de control migratorio, establecido controles irregulares en todo el país, criminalizado a los propios migrantes y omitido protegerlos ante el crimen organizado. En ese sentido, es importante recordar que la SCJN ordenó a las “autoridades responsables en el ámbito de sus facultades y conforme a las perspectivas de infancia, adolescencia, género y discapacidad deben publicar en el Diario Oficial de la Federación la política migratoria que se implementó para la recepción de las personas extranjeras a través del procedimiento y acuerdo referidos, en la cual deben establecerse los lineamientos necesarios que contemplen estándares mínimos de protección”.28 Sin embargo, dicha resolución no ha sido cumplida.

Por ello, con la finalidad de que todas las autoridades en materia migratoria rindan cuentas sobre la política migratoria, se propone citar a comparecer a las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

Al respecto, es importante recordar que las comparecencias son un mecanismo para que el Congreso de la Unión inspeccione y evalúe el desempeño de los órganos de gobierno de la administración pública federal. Estos ejercicios abonan a la eficiencia y calidad de la gestión gubernamental pues genera una sana rendición de cuentas.

Así, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 135, fracción III; 266, numerales 1 y 3 del Reglamento del Senado de la República, se propone que la Comisión de Derechos Humanos cite a comparecer a los siguientes servidores públicos, con la finalidad de realizarles diversas preguntas relacionadas con las irregularidades en la política migratoria narradas en el presente documento:

1. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación.

2. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.

3. David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional.

4. Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Sedado de la República solicita la comparecencia de los funcionarios públicos Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana; David Córdova Campos, comisario general de la Guardia Nacional; y Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, a fin de que rindan cuentas y respondan diversas preguntas sobre la política migratoria del Gobierno federal y la violación de derechos humanos de personas migrantes.

Segundo. Se somete a consideración de la Junta de Coordinación Política y el pleno del Senado de la República, la instauración de la Comisión Especial de Investigación sobre la Política Migratoria de las Personas Migrantes, la cual tendrá el objetivo de investigar, transparentar y fiscalizar la política migratoria implementada por el Gobierno federal, así como la violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Notas

1 Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Nueva Política Migratoria del gobierno de México 2018-2024, disponible en: http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Nueva_Politica_Migra toria

2 El País , Trump anuncia un arancel general del 5% a México como castigo por la inmigración irregular, 31 de mayo de 2019, disponible en: HYPERLINK “https://elpais.com/internacional/2019/05/31/estados_unidos/1559256743_ 016777.html”https://elpais.com/internacional/2019/05/31/estados_unidos/ 1559256743_016777.html

3 Declaración Conjunta México Estados Unidos, 7 de junio de 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467956/Declaracio_n_Conj unta_Me_xico_Estados_Unidos.pdf

4 Human Right Watch, “Quédate en México”, disponible en: https://www.hrw.org/es/tag/quedate-en-mexico

5 “Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:(...)II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares;(...)b) La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables;(...)XXXV. Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia; XXXVI. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren;(...)”.

6 Seguridad ciudadana, la vía civil, DESCIFRANDO LA CONFERENCIA DE PRENSA PRESIDENCIAL ¿Qué es la Guardia Nacional (en 2023)? 18 de abril de 2023, disponible en: HYPERLINK “https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/04/18/que-es-la-guardia-nacion al-en-2023/”https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/04/18/que-es-la-gua rdia-nacional-en-2023/

7 Animal Político , Mandos militares controlan a la Guardia Nacional, confirma amparo de Mayor del Ejército, 19 octubre 2020, disponible en: https://animalpolitico.com/2020/10/mandos-militares-controlan-a-la-guar dia-nacional-confirma-amparo-de-mayor-del-ejercito

8 Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Bajo la Bota: Militarización de la Política Migratoria en México, 24 de mayo de 2022, disponible en: “https://www.fundacionjusticia.org/bajo-la-bota-militarizacion-de-la-po litica-migratoria-en-mexico/

9 https://apalancado.com.mx/2022/10/05/scjn-revisa-el-programa-quedate-en -casa-tras-acusaciones-de-irresponsabilidad-por-parte-de-las-autoridade s-mexicanas/

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicado de prensa No. 391/2022 LA PRIMERA SALA ORDENA PUBLICAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN TEMPORALMENTE EN NUESTRO PAÍS, BAJO EL PROGRAMA “QUÉDATE EN MÉXICO”, 26 octubre 2022, disponible en:https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=71 14

11 Gatopardo , Todo lo que conspira contra los migrantes en México: el caso de Juárez y más allá, 3 de abril de 2023, disponible en: https://gatopardo.com/noticias-actuales/migrantes/

12 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Aumento de la migración en las Américas en 2023: retos para garantizar la salud de las personas migrantes y respuesta de la Organización Panamericana de la Salud, 18 de diciembre de 2023, disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/18-12-2023-aumento-migracion-americas- 2023-retos-para-garantizar-salud-personas-migrantes#:~:text=La%20din%C3 %A1mica%20de%20la%20migraci%C3%B3n,el%20mismo%20periodo%20de%202022.

13 https://www.reforma.com/aumentan-10-mil-solicitudes-de-refugio/gr/
ar2736195?md5=feecedccbaab1b1545462ac041d3a79d&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&
utm_source=elemento_web&utm_medium=email&utm_campaign=promocion_suscriptor

14 https://www.gob.mx/comar/articulos/boletin-estadistico-de-solicitantes- de-refugio-en-mexico-182244?idiom=es

15 INFORME ESPECIAL. SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES MIGRATORIAS EN MÉXICO, HACIA UN NUEVO MODELO ALTERNATIVO A LA DETENCIÓN, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019, disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2 019-11/Informe-Estaciones-Migratorias-2019-RE.pdf.

16 Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, Diario Oficial de la Federación, DOF: 08/11/2012, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276965&fecha=08/11/2012 #gsc.tab=0

17 BBC News Mundo, Incendio en centro de migrantes: al menos 39 muertos en un fuego en un edificio del INM en Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2023, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65097811

18 Milenio , Migrantes se asientan en 12 campamentos dentro de 5 alcaldías de la CdMx, 11 de diciembre de 2023, disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/migrantes-asientan-20-campam entos-5-alcaldias-cdmx

19 Artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y artículo 93 de su Reglamento.

20 INFORME SOBRE DESAPARICIÓN DE PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO: UNA PERSPECTIVA DESDE EL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES – MÉXICO. Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México), Ciudad de México, Abril 2022, págs 18 y 20, disponible en: https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/_files/ugd/526227_a323fa74bee e40d6bf81b429d4312f28.pdf

21 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, 12 septiembre 2023, disponible en: https://www.iom.int/es/news/la-frontera-entre-estados-unidos-y-mexico-e s-la-ruta-migratoria-terrestre-mas-peligrosa-del-mundo

22 Proyecto Migrantes Desaparecidos, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), disponible en: https://missingmigrants.iom.int/es/region/las-americas?region_incident= 4041&route=3936&year%5B%5D=11681&incident_date%5Bmin%5D=&incident_date%5Bmax%5D=

23 Animal Político , Secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas es “atípico”, dice la secretaria de Seguridad; identifican nacionalidades de víctimas, 3 de enero 2024, disponible en: https://animalpolitico.com/estados/secuestro-migrantes-tamaulipas-atipi co-seguridad-rosa-icela

24 Animal Político , AMLO reconoce que migrantes fueron liberados por sus captores en Tamaulipas; no hubo rescate como informaron autoridades, 4 enero 2024, disponible en: https://animalpolitico.com/seguridad/amlo-migrantes-secuestrados-libera dos-tamaulipas

25 El Economista , “San Fernando: última parada”, la bitácora de un viaje al horror e impunidad en Tamaulipas, 10 de septiembre de 2023, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/San-Fernando-ultima-parada-la- bitacora-de-un-viaje-al-horror-e-impunidad-en-Tamaulipas-20230908-0096. html

26 El Economista , Tamaulipas, una historia de desapariciones, 12 de marzo de 2019, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tamaulipas-una-historia-de-des apariciones-20190312-0009.html

27 El Universal , El negocio del secuestro migrante en Tamaulipas, Eunice Rendon, El secuestro y extorsión de migrantes ha sido una realidad en Tamaulipas, 5 de enero de 2024, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eunice-rendon/el-negocio-del-sec uestro-migrante-en-tamaulipas/

28 Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicado de prensa No. 391/2022 LA PRIMERA SALA ORDENA PUBLICAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN TEMPORALMENTE EN NUESTRO PAÍS, BAJO EL PROGRAMA “QUÉDATE EN MÉXICO”, 26 octubre 2022, disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7114

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de las 32 entidades federativas a erradicar la quema de fuegos artificiales de manera ilícita, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables; someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Legislativo y Ejecutivo de las 32 entidades federativas a homologar la legislación, así como a establecer y en su caso fortalecer acciones tendentes a erradicar la quema de fuegos artificiales de manera ilícita, que ponen en peligro la seguridad ciudadana e impactan en la salud humana, ambiental y animal de nuestro país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tradicionalmente se reconoce a los fuegos artificiales como dispositivos empleados durante las celebraciones en México y el mundo, principalmente para usos ceremoniales y religiosos en donde se exponen espectáculos a través de luces y sonidos cuyo principal componente es la pólvora, a la que se adicionan otros componentes y productos químicos para aumentar o diferir el sonido, magnitud de explosión, así como diferentes colores a la hora de exponerse al fuego.

En México, la pólvora fue introducida por los conquistadores españoles durante el siglo XVI y durante los siglos subsecuentes se arraigó como parte de la cultura popular hasta llegar a consolidarse la pirotecnia como parte fundamental de varios municipios del país, incluso actualmente como actividad productiva se realiza en 28 estados de la República, siendo los principales productores el estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

El marco legal que regula la actividad pirotécnica en nuestro país se sustenta en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, su reglamento, así como en diversas Normas Oficiales Mexicanas, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la única autoridad que otorga permisos para fabricar y comercializar artificios pirotécnicos.

De manera local en diferentes entidades federativas se cuenta con leyes que prohíben y establecen sanciones, multas y hasta el arresto a quien sin los permisos correspondientes utilice o transporte artificios pirotécnicos, como es el caso de la Ciudad de México en donde la regulación se encuentra asentada en la Ley de Cultura Cívica, así como en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.

La implementación de medidas legislativas y políticas para regular el uso y manejo de artificios pirotécnicos por parte de los poderes legislativo y ejecutivo de las entidades federativas cobra vital importancia para salvaguardar la seguridad ciudadana e impedir afectaciones en la salud humana, ambiental y animal de nuestro país ante el peligro que representan los materiales pirotécnicos.

El manejo de los artificios cuya composición básica es la pólvora implica una serie de riesgos para las y los artesanos que se dedican a esta actividad, quienes en muchas ocasiones no cuentan con los conocimientos indispensables sobre las consecuencias y el impacto que la pirotecnia implica.

De igual forma las personas que venden y consumen pirotecnia de manera legal e ilegal se encuentran expuestas al peligro ante descuidos, errores o negligencia en estas actividades.

Durante las últimas décadas de manera frecuente se han presentado graves accidentes en los lugares en donde de manera legal o ilegal se fabrican y se comercializan estos productos. Estadísticas de accidentes con pirotecnia del Centro Nacional de Prevención de Desastres Cenapred indican que en el periodo del año 2003 al 2021, la pirotecnia ocupa el segundo lugar en accidentes de acuerdo con la base de datos sobre accidentes con sustancias peligrosas, elaborada con información del Centro Nacional de Comunicación y Operación (Cenacom) y de medios electrónicos por la Subdirección de Riesgos Químicos del Cenapred, para el período 2003 al 2021 se tienen registrados 649 accidentes. Los años donde se ha presentado el mayor número de accidentes con pirotecnia son el 2019, 2021, 2020 y el 2017, con 84, 84, 64 y 60 accidentes, respectivamente.1

Además, las entidades federativas donde se registra el mayor número de accidentes con pirotecnia en el país en el mismo periodo son: estado de México, Puebla, Guanajuato y Oaxaca, con 199, 58, 53 y 45 accidentes respectivamente. El número de muertos y lesionados en accidentes con pirotecnia en el periodo son 469 muertes, concentrándose en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato; así mismo, se registraron 2,065 personas lesionadas, concentrándose en los estados de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

Más allá de estos datos, incontables son las afectaciones que en el periodo en cuestión y a lo largo de la historia la pirotecnia ha causado en el medio ambiente y en el bienestar de los animales.

Tradicionalmente durante las festividades decembrinas con motivo de la Navidad y el año nuevo los fuegos artificiales aumentan la contaminación atmosférica en las grandes ciudades y zonas conurbadas de nuestro país. Es común que, por ejemplo, durante la esta época del año se active la contingencia ambiental regional en la Ciudad de México y en el Estado de México por quema de pirotecnia.

Finalmente, y no menos importantes son las afectaciones que tienen los fuegos pirotécnicos en el bienestar animal. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM ha informado recientemente en redes sociales que el impacto auditivo de la pirotecnia es 100 veces mayor en animales como perros y gatos y es causante de alteraciones en su conducta, tal como agresividades e hiperactividad además de que les genera estrés y temor.

De ahí el objetivo de esta propuesta que busca generar acciones tendientes al fomento de la cultura de la prevención y control en el uso de fuegos artificiales entre la población, que ponen en riesgo la salud humana, ambiental y animal de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los poderes Legislativo y Ejecutivo de las 32 entidades federativas a homologar la legislación, así como a establecer y en su caso fortalecer acciones tendentes a erradicar la quema de fuegos artificiales de manera ilícita, que ponen en peligro la seguridad ciudadana e impactan en la salud humana, ambiental y animal de nuestro país; así como estandarizar las sanciones a las personas que produzcan, almacenen vendan y/o consuman artificios pirotécnicos en casa de manera ilegal.

Notas:

1 Cenapred, Estrategia para la Prevención de Accidentes en las Actividades con Pirotecnia (S/f). Recuperado el 16 de enero de 2024, de https://www1.cenapred.unam.mx/DIR_SERVICIOS_TECNICOS/SANI/PAT/2021/
4to%20Trimestre/DAYGR/DAGR%20PAT%202021%204o%20trimestre/Apoyos%20SINAPROC/Otros%20apoyos/
Estrategia%20prevenci%C3%B3n%20pirotecnia%202022%20final.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero de 2024.

Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los ayuntamientos a establecer el cobro de predial de manera progresiva, a cargo de la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables; someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a los ayuntamientos para que en el ámbito de sus funciones se establezca el cobro de predial manera progresiva, así como establecer la obligación de los ayuntamientos a realizar la liberación y la actualización de los registros catastrales y de cobro predial, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El predial es un impuesto cobrado directamente por los municipios, sobre la propiedad de bienes inmuebles. Es una fuente de ingresos estable, pues el valor de la propiedad no cambia tanto como el ingreso de las personas, incluso las haciendas locales lo determinan mediante los catastros.

La literatura y la evidencia empírica nos indican que el impuesto predial es el impuesto local por excelencia, y tiene la ventaja de que se recauda con relativa facilidad. La base del impuesto es visible, inamovible y tiende a reflejar la capacidad de pago del contribuyente.

La base administrativa y legal del impuesto es el catastro fiscal, el cual es clave no solo para cobrar el impuesto predial, sino también para asociar el predio al costo de proveer servicios básicos a cada predio según el uso del suelo (vivienda, oficinas, comercio, industria, etc.).

El principal objetivo del impuesto predial es financiar distintos proyectos de desarrollo urbano y al servicio de la comunidad como: Construcción y reparación de carreteras, creación y acondicionamiento de parques, instalación de alumbrado público, ampliación de sistemas de luz, remodelación de inmuebles históricos creación y difusión de programas de ayuda, instalación y limpieza de alcantarillas, reencarpetamiento de calles y avenidas.

El predial es un impuesto directo de gran potencial recaudatorio y distributivo porque su base, la propiedad inmobiliaria, es altamente visible y no móvil; el valor de los predios no fluctúa como los ingresos y solo lo pagan los propietarios de los inmuebles; por lo que contar con tasas que aumenten conforme incremente el valor del predio, puede ser altamente progresivo.

En este tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos: “contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Además, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso a), de nuestra Constitución tenemos que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.”

Asimismo, el inciso c) de dicho artículo estipula que los ayuntamientos deberán proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

La capacidad recaudatoria del municipio en México es un elemento esencial para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas, tanto en el ámbito local, estatal y federal debido a la vinculación institucional y codependencia que existe entre los niveles de gobierno en la actualidad. La recaudación de ingresos propios es uno de los factores que aumenta la eficacia de las administraciones municipales debido a que esta situación incrementa las libertades en el ejercicio de los recursos al no depender de los recursos etiquetados previamente por otras instancias gubernamentales. En ese sentido, el impuesto predial se presenta como una alternativa real para mejorar las condiciones en las haciendas municipales.

Es importante destacar que, a pesar de que el municipio en México es el nivel de gobierno más cercano a las necesidades de la población por la proximidad que tienen sus autoridades a las demandas sociales, en ocasiones, sus acciones se ven minadas por la ausencia de capacidades técnicas y la falta de continuidad en la recaudación municipal.

En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen, entre otras cosas, los métodos de asignación del gasto federalizado. Esta bolsa de recursos federales se divide en dos grandes apartados: las participaciones federales del Ramo 28 estipuladas Capítulo primero y las aportaciones del Ramo 33.

Los recursos de origen federal que reciben los estados y municipios, particularmente aportaciones y participaciones, representan el 71.5 por ciento del total sus ingresos, sin embargo, la federación ha mantenido su tendencia creciente en materia de apoyos a las localidades a pesar de que éstas no han reflejado un cambio sustantivo en su actividad recaudatoria.

Con el objetivo de modificar esta situación, las instituciones del Estado mexicano han generado esquemas para promover la recaudación de impuestos locales mediante la inclusión de ésta como una variable en la fórmula de asignación de algunos fondos del gasto federalizado (Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Fomento Municipal, etc.) que se distribuyen según las fórmulas establecidas en la LCF.

Este mecanismo tiene por objetivo premiar a los municipios que mejoren sus capacidades bajo la lógica de un doble incentivo. Es decir, que la recaudación del impuesto predial impacte dos veces. Esto es porque el municipio que incrementa su recaudación de predial aumenta sus ingresos propios y también incrementa sus coeficientes de las fórmulas de distribución que se basan en la recaudación de predial para recibir más participaciones después.

Por ello, la importancia de instrumentar políticas que estimulen el cobro de predial radica en aumentar los ingresos y la capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades de su población.

En ese sentido es importante destacar que si bien, un problema que se presenta en materia de recaudación son: la resistencia del ciudadano a pagar impuestos, así como las deficiencias en las capacidades técnicas y operativas por parte de las autoridades.

Ante esta situación, es importante que tanto los municipios como las entidades federativas, celebren convenios de participación para poder actualizar los registros catastrales y así poder actualizar el cobro predial de las y los ciudadanos.

Esta actualización no afectará a la ciudadanía, puesto que el valor catastral de inmueble va de la mano con el aumento del valor de la propiedad, aquellos ciudadanos que no presenten aumentos en el valor de su propiedad, no se verán afectados en el cobro del impuesto predial.

De este modo, el impuesto predial representa la primera fuente de ingresos directa de los municipios, por lo que mejorar la recaudación y eficientar el cobro de este impuesto traerá mayores ingresos por parte de la federación, lo que se traducirá en mayores programas y obras en beneficio de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las entidades federativas y a los ayuntamientos para que en el ámbito de sus funciones se establezca el cobro de predial manera progresiva, así como establecer la obligación de los ayuntamientos a realizar la liberación y la actualización de los registros catastrales y de cobro predial.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 17 días del mes de enero de 2024.

Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la CdMx y a la Sedatu a realizar las gestiones necesarias para la reconstrucción estructural de los edificios que requieran atención en la unidad habitacional de Nonoalco-Tlatelolco, suscrita por la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco es considerada uno de los desarrollos habitacionales más emblemáticos del modernismo, sufriendo afectaciones que han dejado una huella profunda en su evolución urbana debido a su deterioro y eventos naturales como los temblores de 1985 y 2017, si bien, se han sumado esfuerzos para rehabilitar y revitalizar la citada unidad, estos no han sido suficientes para abordar los daños estructurales y las necesidades de sus residentes.

En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el compendio de Estadísticas Ambientales 2017, estableció que “El territorio nacional, por su ubicación geográfica, suele verse afectado por la ocurrencia de diversos fenómenos naturales que en ocasiones dan lugar a situaciones de amenaza para la población y el medio ambiente”.1 Los fenómenos naturales más comunes en México son los sismos, huracanes, lluvias intensas y erupciones volcánicas. Asimismo, se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad debido a la interacción entre las cinco placas tectónicas Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que en México, en el año 2020, se registraron 30 mil 130 sismos y en lo que va del año 2021 se han reportado 22 mil 534 sismos.2 Mismos que han sido calculados desde una magnitud de 0-2.9 a 8-8.9. De acuerdo con el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), de 1900 a 2018 se registraron 231 desastres en los que más de 20 mil personas perdieron la vida y aproximadamente 18 millones de habitantes fueron afectados en sus viviendas.

Con los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre de 2017 más de 170 mil viviendas fueron dañadas. 115 mil experimentaron daño moderado que requiere de reparación, y 60 mil requieren ser reconstruidas. Del año 2019 al año 2020 los daños y pérdidas incrementaron 43.3 por ciento, ocupando el año 2020 el octavo escaño entre los años con el valor más alto de daños y pérdidas.

Asimismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en su informe Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México , informó que en 2020 los fenómenos naturales afectaron a 858 mil 735 mil personas, dañando aproximadamente 256 mil viviendas.3

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en el Censo de viviendas y acciones para la construcción: transparencia y rendición de cuentas, determino que los sismos de septiembre de 2017 dejaron daños en la Ciudad de México de 5 mil 765 viviendas afectadas. Las alcaldías con mayores afectaciones fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez.

La unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, fue de las más afectadas por los sismos de 2017, presentó diversos daños en los edificios Baja California, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Allende, Tamaulipas, Arteaga, Michoacán, Guanajuato, entre otros.

Los sismos aludidos han dañado los edificios, causando grietas severas en los muros y la verticalidad de las edificaciones, provocando fragilidad en sus estructuras físicas, razón por la cual se encuentran en riesgo de un posible colapso ante un sismo de gran magnitud.

Tlatelolco es una unidad habitacional de más de 100 hectáreas, estructurado por tres supermanzanas denominadas La Independencia, La Reforma y La República, con 102 edificios y 12 mil 16 departamentos, en la que viven alrededor de más de 20 mil personas.

Los eventos naturales son fenómenos inevitables, por lo que es necesario tomar las medidas pertinentes para proteger a la población en caso de un futuro desastre, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de los miles de personas que tienen su vivienda en la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco garantizando la seguridad de los residentes, cuyas edificaciones como se ha mencionado con anterioridad, han sufrido diversos daños en las columnas o vigas, hundimiento, grietas o movimientos del suelo.

No obstante, Tlatelolco es una unidad habitacional con más de 50 años de antigüedad que necesita acciones de mejoramiento emprendidas por las instituciones correspondientes, salvaguardando la dignidad, integridad, el derecho a la ciudad y los derechos humanos de sus residentes.

En ese sentido, el Estado tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias para priorizar la reconstrucción de los edificios que han sido afectados por los diversos sismos ocurridos en el país, ejecutando las medidas preventivas necesarias, mejorando el bienestar de la población.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus funciones y de manera coordinada realicen las gestiones necesarias para la reconstrucción estructural de los edificios que requieran atención en la unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco.

Notas

1 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2017/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/
ibi_apps/WFServlet7b86.html#:~:text=Un%20desastre%20es%20un%20evento,fuentes%20de%
20sustento%20y%20funcionamiento.&text=Por%20tanto%2C%20un%20evento%20como,
%C3%A1mbito%20de%20la%20protecci%C3%B3n%20civil.

2 http://www2.ssn.unam.mx:8080/estadisticas/

3 https://www.gob.mx/cenapred

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de América a la República de Cuba; asimismo, a la SRE a fijar, de nueva cuenta, su postura al respecto, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el embargo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos de América a la hermana República de Cuba, al tiempo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar, de nueva cuenta, su postura al respecto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de más de seis décadas, el bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de América (EUA) contra Cuba, que inició en 1960, ha representado una política prolongada y perjudicial, cuyas repercusiones han sido sumamente perjudiciales para el pueblo cubano. Esta medida unilateral ha significado un serio obstáculo para el desarrollo económico de la isla, restringiendo su acceso a recursos y oportunidades internacionales, donde el imperialismo yanqui se ha impuesto sobre la vida y los derechos de más de 11 millones de personas, representando la perversidad con la que se maneja ese régimen.

En estos 63 años de opresión norteamericana, la población cubana ha experimentado notables dificultades para adquirir medicamentos, tecnología y bienes esenciales, impactando de manera directa en su calidad de vida. Asimismo, el bloqueo ha generado un entorno desfavorable para la inversión extranjera y ha dificultado el establecimiento de condiciones propicias para el crecimiento económico sostenible en Cuba.

Como es bien sabido, el bloqueo inició de manera unilateral por EUA “con la cancelación de la cuota azucarera en el mercado estadounidense en junio de 1959, y se oficializó el 7 de febrero de 1962 con la aplicación de la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy vetó totalmente la importación de mercancías de origen cubano”.1

Posteriormente, en “1992, la Ley Torricelli codificó por primera vez las contravenciones del bloqueo, haciéndolo extraterritorial, lo cual significa fijar sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas estadounidenses y a los barcos que comerciaran con Cuba. La Ley Helms-Burton lo recrudeció, internacionalizó y afianzó en 1996. Con posterioridad, otros actos legislativos como las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000, incorporaron otras interdicciones, como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la negativa de viaje de ciudadanos de aquel país como turistas”.2

Con la llegada a la Casa Blanca del expresidente Barack Obama, se realizaron diversos intentos por normalizar las relaciones entre ambos países, lo que significó la reapertura de la Embajada estadounidense en la isla, una serie de acuerdos bilaterales en materia migratoria, comercial, turística, entre otros, aunque ninguno significó realmente un intento integral por levantar el bloqueo, pues éste sólo puede hacerse por el Congreso de ese país.

Durante la presidencia de Donald Trump, no sólo se revirtieron los avances realizados por Obama, sino que se adoptaron nuevas medidas coercitivas contra la isla, como fue “la eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas a toda la isla, exceptuando a La Habana; cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; impedimento de transacciones bancarias; limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union; las sanciones a empresas cubanas; la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla”,3 entre otras. Cabe señalar que el presidente Joe Biden no continúo con las políticas de su correligionario demócrata.

Ante este escenario tan devastador para la isla y las y los cubanos, y a lo largo de las décadas, esta política injerencista de EUA ha sido objeto de condena a nivel global, al considerarse violatoria de los derechos humanos y como causa de un sufrimiento injusto en la población cubana. Así, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 1992 se realiza en la asamblea general el debate concerniente al bloqueo y la necesidad de su eliminación.

De esta forma, el pasado 2 de noviembre de 2023, en el marco del debate anual intitulado Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero, impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba , los países pertenecientes a la ONU señalaron las graves consecuencias que tiene esta práctica extraterritorial contra la isla, donde, por una inmensa mayoría de 187 votos a favor, dos en contra (los de EUA e Israel) y una abstención, la de Ucrania, se aprobó por trigésima primera vez la resolución que pide a EUA acabar con el bloqueo.4

Cabe señalar que el debate tuvo como punto de partida el informe del secretario general de la ONU,5 informe elaborado de manera anual, en el que los países integrantes de la Organización exponen sus argumentos en torno al bloqueo. Dentro de este informe, nuestro país fijó, de nueva cuenta, su posición frente al bloqueo, donde se destaca lo siguiente6 :

• México reitera que, en las relaciones entre naciones soberanas, toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para, desde el exterior, lograr cambios en las decisiones internas de otro estado contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atenta contra la paz y la estabilidad entre los pueblos.

• México condena categóricamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Helms-Burton), que ha afectado no sólo la soberanía del pueblo cubano, sino también los intereses nacionales de terceros países.

• De manera particular, Cuba representa un importante aliado comercial para México y la región; poner fin al bloqueo supondría un mayor incremento en el comercio total y beneficiaría a México, Cuba y demás países en América Latina y el Caribe.

• México reiteró la necesidad imperiosa de que Cuba sea retirada de la “lista de Estados patrocinadores del terrorismo” que impide transacciones financieras internacionales y obstaculiza operaciones de empresas extranjeras, fomentando el desabasto de productos básicos.

• Las condiciones económicas que prevalecen en la isla a causa del bloqueo afectan a la actividad comercial bilateral, así como posibles beneficios tanto en empresas (programas de financiación, cooperación técnica, capacitación y servicios financieros) como en ciudadanos de ambos países.

• La eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero promovería la reconversión de su economía, facilitando los flujos de comercio e inversión de manera natural en la región y podrá coadyuvar en la implementación de la Agenda 2030 y cumplir a cabalidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De igual forma y de manera congruente con esta posición, dentro del debate realizado en el seno de la asamblea general, la embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, en ese entonces representante de nuestro país en el organismo, señaló que “México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título III de la ley de la libertad cubana y solidaridad democrática que ha afectado no sólo la soberanía del pueblo cubano sino también los intereses nacionales de terceros países”.7

Asimismo, la embajadora señaló que “ante la severa situación económica provocada por los efectos del Covid-19, los altos precios del petróleo y las consecuencias de desastres naturales, resulta impostergable poner fin a este bloqueo”, al tiempo de que reiteró que no “debe haber sanciones unilaterales de ningún tipo fuera de las que se adopten en el Consejo de Seguridad de la ONU”.8

En plena congruencia con lo que nuestro país ha señalado a lo largo de más de 30 años en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, así como los lazos históricos de amistad que unen a los pueblos de México y Cuba, es necesario que esta Comisión Permanente vuelva a alzar la voz en contra del bloqueo contra Cuba. No podemos seguir permitiendo que una política inhumana, violatoria de los derechos humanos, ilegal y claramente contraria al derecho internacional siga prevaleciendo en contra de la isla.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a los principios de política exterior del Estado mexicano y en congruencia con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, condena enérgicamente el embargo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos de América a la hermana República de Cuba.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, de nueva cuenta, se pronuncie en nombre del Estado mexicano en contra del injusto bloqueo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos de América a la hermana República de Cuba y que, por medio de los canales diplomáticos correspondientes, haga llegar nuestra condena a las autoridades norteamericanas pertinentes.

Notas

1 Arias Rivera, M (2021). El bloqueo estadounidense contra Cuba. Una actualización. Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, Cuba. Documento en línea, disponible en: http://portal.amelica.org/ameli/journal/332/3322884001/.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Naciones Unidas. Por inmensa mayoría, la Asamblea General pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba una vez más. 2 de noviembre de 2023. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/11/1525342.

5 Naciones Unidas. Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba. 3 de mayo de 2023. Documento en línea, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/126/21/PDF/N2312621.p df?OpenElement.

6 Ibidem. p. 90-91.

7 Naciones Unidas. Por inmensa mayoría. Óp. Cit.

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a discutir y aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura en la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Asevero que encuentro coincidencias en razón de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y trato digno a los animales, conforme a las siguientes consideraciones:

Actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano no existe alguna disposición jurídica que atienda específicamente el tema del cuidado y el bienestar de los animales, las únicas normatividades nacionales que establecen algunas disposiciones son: Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley de Protección al Ambiente, Ley Federal de Sanidad Animal y Ley de Fauna Silvestre.

Además, que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la materia como tal de protección animal carece de un fundamento constitucional que faculte al Congreso de la Unión a legislar y expedir una ley marco que distribuya competencias generales y concurrentes entre los órdenes de gobierno; que defina los conceptos y determine principios y que indique el marco regulatorio de políticas públicas para la detección, prevención, atención y sanción del maltrato a los animales.

Y que la protección a los animales y su bienestar no cuenta tampoco con un fundamento constitucional que regule, armonice y articule el deber jurídico del Estado a los animales como parte del equilibrio ecológico desde una perspectiva de seres sintientes donde se debe reconocer y tutelar con ese carácter.

De aquí la importancia de que dicha minuta sea aprobada en el Senado de la República, primeramente, en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para que a su vez así lo sea en su pleno.

Es preciso decir que, dada la relevancia del tema es que en Cámara de Diputados se aprobó el dictamen correspondiente a las iniciativas en materia el 30 de marzo de 2023, con 482 votos a favor y una abstención, y que dicho dictamen fue remitido como minuta el 25 de abril del mismo a dicha Cámara de Senadores.

Y dado a que sigue aún sin dictaminarse este importante asunto, valoro que es imperante realizar acciones legislativas que incentiven mejores condiciones para los seres sintientes, y que ya no se les conceptualice como objetos o cosas dentro de nuestro ambiente.

A continuación, presento el texto de reforma de la minuta a que hago referencia, con el fin de precisar aún más la propuesta legislativa a que la que aludo.

Con base en lo anterior expuesto es que someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a discutir y aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y trato digno a los animales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar el saneamiento del basurero que se encuentra en las mediaciones de los municipios Vicente Guerrero y Villa Zaachila, en el estado de Oaxaca, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que, con ayuda de la Semarnat intervenga en el saneamiento del tiradero de basura clausurado, que se encuentra entre los municipios de Vicente Guerrero y Villa de Zaachila en el estado de Oaxaca, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos se han ido considerando a lo largo de la historia, comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los cuales se consideran derechos de primera generación en donde se abarcan libertades fundamentales como el derecho a la vida, libertad de movimiento, de expresión, de reunión, de religión, nacionalidad, raza, votar y ser votados y la agrupación política entre otros.

Los derechos humanos de segunda generación que surgen con los movimientos obreros del siglo XX, consideran derechos económicos, sociales y culturales en donde se encuentra el derecho al trabajo, la creación de sindicatos, a la seguridad social, la salud, educación, alimento, vestido y vivienda entre otros.

Los derechos de tercera generación son de colaboración internacional y que incluyen los derechos de los pueblos a su libre determinación, a la paz, a la protección de datos personales, al patrimonio común de la humanidad, de trabajadores migratorios, al desarrollo sostenido y a un medio ambiente saludable.

Gozar de un medio ambiente saludable incluye el de disfrutar ambientes sanos, limpios y sostenibles, este tema fue de gran relevancia a nivel internacional, así como en México, por lo que en 1999 se reformó nuestra Constitución para incluir el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar en un párrafo quinto del artículo 4, para quedar como sigue:

“Artículo 4. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

De lo anterior se deriva que el acceso a vivir en un ambiente limpio es un derecho de cualquier ciudadano por lo que el gobierno debe de asegurarse de que el medio ambiente este sano para el desarrollo de la sociedad.

Como es bien sabido desde hace dos años el basurero de la capital del estado de Oaxaca cerró por lo que se ha buscado nuevas alternativas para el centro de residuos; sin embargo, en el tiradero anterior, como no se le dio ningún mantenimiento por parte de los gobiernos desde su cierre hace 15 meses, ha comenzado a ocasionar contaminación de la tierra.

A principios de este año alrededor de 30 mil pobladores de los municipios de Vicente Guerrero y de Villa de Zaachila reportaron irregularidades en el tiradero por malos olores, se encontraron líquidos tóxicos, gas metano, riesgos de derrumbes y agua con altas cantidades de plomo, lo que representa un peligro para la comunidades aledañas.

Se solicitó el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) quienes presentaron que de los 9 millones 168 mil toneladas de residuos sólidos, formaron un cerro de 100 metros de altura y 19 hectáreas de diámetro, del que hoy emergen arroyos de lixiviados y gases de efecto invernadero altamente inflamables.

A pesar de contar con este diagnóstico, ni los gobiernos municipales ni el estatal han hecho nada, por lo que los pobladores han recurrido a hacer públicas estas denuncias y solicitar apoyo internacional para el saneamiento de la zona.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que, con apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se realice el saneamiento del basurero que se encuentra en las inmediaciones de los municipios de Vicente Guerrero y de Villa de Zaachila para evitar la contaminación del medio ambiente de la zona.

Bibliografía

- CODHEM presentación “Teoría general de los derechos humanos”. Disponible en:

https://sgg.edomex.gob.mx/sites/sgg.edomex.gob.mx/files/files/Comite_d e_Etica/
3%20TEORIA%20GENERAL%20EN%20MATERIA%20DE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf

- ACNUR (2017) ¿Cuáles son los derechos humanos de tercera generación? Disponible en: https://eacnur.org/es/blog/derechos-humanos-tercera-generacion-tc_alt45 664n_o_pstn_o_pst

- Diario Oficial de la Federación (1917) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Morales, Álvaro (2024) En Oaxaca, piden sanear tiradero de basura clausurado; alertan por gas metano y plomo. Milenio Noticias. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/habitantes-oaxaca-piden-auxilio-onu-san ear-antiguo-basurero

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a generar un plan de acción, para atender el desabasto de medicamentos y vacunas del cuadro básico en el sistema de salud público, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien sucribe, diputada Elizabeth Pérez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXV Legislatura, con fundamento, en los artículos, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pongo a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar un plan de acción, con recursos presupuestales, para atender el desabasto de medicamentos y vacunas del cuadro básico en el sistema de salud público, bajo las siguientes:

Consideraciones

Durante este sexenio se ha tenido constantemente un problema en el sistema de salud público: la falta de medicamentos, estudios y de vacunas del cuadro básico; problema que ha sido constantemente ignorado por el Ejecutivo federal, e incluso fue factor para las casi 350 mil personas muertas por covid que se han reconocido oficialmente.

Ante el desabasto ha habido diversas manifestaciones de las personas afectadas, incluidos los padres de familia de niñas y niños con cáncer que aún no cuentan con un tratamiento dentro del sector salud. Mismos que han cerrado en diversas ocasiones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se han manifestado frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han interpuesto y ganado amparos a favor de obtener los medicamentos y que al momento el gobierno dice que va a cumplir pero no cuando.

El 2 de agosto de 2023, el mandatario federal, expresó que se daría una salida definitiva a la escasez de medicamentos, anunciando así la megafarmacia que se inauguró en diciembre del año pasado; esto a la par de diversos reportes de un mercado negro de medicamentos robados, falsificados y adulterados, que representan la única opción que tienen las familias mexicanas para obtener medicamentos a costos pagables, recordando que al menos el 15 por ciento de estos medicamentos que circulan en el mercado negro son oncológicos.

“Este 30 de diciembre, como lo anunció el presidente de la República, se inauguró la Megafarmacia del Bienestar que pretende acabar con la crisis de salud por el desabasto de medicamentos que ha durado todo el sexenio...

Como era de esperarse, y como todas las obras faraónicas de la Cuarta Transformación, esta apertura se llevó a cabo sin estar terminadas las instalaciones, con estantes completamente vacíos y fotos desoladoras donde el presidente corta el listón ante un gran almacén sin gente, sin medicamentos, y a medio terminar. Se gastaron 2 mil 700 millones de pesos, con miras para asignar aún más recursos.”1

Esa solución está muy lejos de resolver un problema que fundamentalmente tiene que ver con el modelo de compra de medicamentos, que tiene serios problemas de logística y distribución de bienes. Muestra de ello es, que a pesar de ya existir la megafarmacia, se han realizado procedimientos de adjudicación directa de medicamentos por emergencia, con ello elevando los costos de adquisición como lo ha sido durante los 6 años de este gobierno.

De acuerdo con el Instituto Farmacéutico de México (INEFAM), más del 50 por ciento de las compras de medicamentos son mediante Adjudicación Directa, que traducidas a gasto, representan más del 70 por ciento del gasto público en este rubro. Por otro lado, las compras consolidadas de este gobierno han resultado ser un absoluto fracaso, aún utilizando mecanismos internacionales.

El Colectivo Cero Desabasto “aclara que, aunque ha mejorado la distribución, aún se recogen denuncias en diversas regiones del país por escasez y desabasto en medicamentos para tratamientos oncológicos, como el fluorouracilo, aciclovir (antiviral), trimetropina (antibiótico), heparina (anticoagulante), tapones para catéter, vincristina, filgrastim, trastuzumab, cloropiramina, entre otros.

Para la diabetes: metformina, dapagliflozina, insulina isofana, insulina glargina, insulex y ditagnictina, entre otras. Para la hipertensión: telmisartán, olmesartán, losartán, entre otros. Y en vacunas contra la influenza y el covid.”2

Es necesario lograr que las compras consolidadas funcionen para atender el desabasto que se vive en el país, esto mediante la garantía de que se cumpla con la compra de al menos el 90 por ciento de las claves que se publican, así como generar mecanismos que garanticen una logística y distribución que permita un abasto homogéneo a lo largo y ancho del país, mismo que con la megafarmacia no se cumple, debido a su ubicación geográfica que no permite una atención igual a cualquier parte del país.

Las y los mexicanos no deben pasar un día más sin tener los medicamentos para tratar las enfermedades crónicas, no pueden pasar un minuto más esperando a que se cumplan las resoluciones de sus amparos que en todos los casos han sido favorables, deben contar con medicamentos de forma pronta y expedita. Recordemos que el principal desabasto fue para tratamientos de cáncer y diabetes, enfermedades que han menguado fuertemente la calidad de vida de la población en el país.

Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a generar un plan de acción con recursos presupuestales para atender el desabasto de medicamentos y vacunas del cuadro básico en el sistema de salud público.

Notas:

1 https://diariodecolima.com/noticias/opinion/2024-01-06-sin-medicamentos

2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/30/preven-mal-2023-y-p eor-2024-en-abasto-de-medicinas/

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 17 de enero de 2024

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la promulgación de la Ley SB4, también llamada “Ley Abbott”, firmada por el gobernador de Texas, Gregory Wayne Abbott, y se exhorta a la SRE a entablar diálogos con el gobernador para revisar los alcances de la ley y tomar las acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en dicho estado, suscrita por el senador Eruviel Ávila Villegas

El suscrito, senador Eruviel Ávila Villegas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, fracción IX, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables, somete a consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El propósito del presente punto de acuerdo es condenar de manera enérgica desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la promulgación de una de las leyes más dañinas por la Cámara de Representantes y el Senado de Texas, Estados Unidos de América. Adicionalmente, se pretende exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a buscar entablar diálogos con el gobernador de Texas, así como a fortalecer los programas de asistencia migratoria, para que aquellos que pudieran verse afectados por tal decreto, puedan recibir asistencia humanitaria y legal de parte del gobierno mexicano.

El 18 de diciembre de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó tres nuevas leyes locales con el objetivo, según él, de detener la migración ilegal hacia el Estado. En su cuenta de X, escribió:

“Hoy en Brownsville firmé tres nuevas leyes para proteger mejor a los texanos y a los estadounidenses de las políticas de fronteras abiertas de Biden.

La entrada ilegal a Texas es ahora un delito sujeto a expulsión o prisión. Texas también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas.1

La nueva legislación firmada por el gobernador, no solo faculta a los agentes de la policía estatal a arrestar a cualquier persona sospechosa que no presente sus correspondientes documentos migratorios, sino que también condena a las personas arrestadas a pasar de 6 meses a 20 años en prisión, dependiendo de su historial delictivo, o de si se trata de una reincidencia.2

Dichas medias, han sido condenadas por diversas organizaciones de la sociedad civil tanto mexicanas, como estadounidenses. La organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), ya presentó la primera demanda contra la promulgación de dicha ley por considerar que hace caso omiso a los principios constitucionales fundamentales y que desprecia la ley federal de inmigración, al tiempo que perjudica a los texanos, en particular a las comunidades morenas y negras:

Los esfuerzos del gobernador Abbott para eludir el sistema federal de inmigración y negar a las personas el derecho al debido proceso no sólo es inconstitucional, sino también peligrosamente propenso a errores, y perjudicará desproporcionadamente a las personas negras y morenas, independientemente del estatus migratorio.3

Oni Blair, directora de ACLU en Texas señaló, que la Ley SB4 “sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”.4 Además, 30 antiguos jueces de inmigración firmaron el mes pasado una carta conjunta donde califican de inconstitucional la norma.

No se trata de la primera vez que el gobernador de Texas es señalado por tomar medidas que son consideradas inhumanas, y que incluso han provocado muertes.

A principios de diciembre de 2023, un juez federal ordenó al gobernador mover la boyas que el gobierno estatal había colocado como frontera en el Río Bravo.5

Por tales motivos, y para proteger los derechos humanos de las y los migrantes, un asunto que, como senador de la República, considero de la más alta importancia, propongo el presente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la promulgación de dicha ley, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que se tomen las acciones necesarias para garantizar la protección de sus derechos humanos.

Ha sido una petición de la sociedad, es un deber ciudadano, y es un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de proteger sus derechos humanos.6

Instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes

Dos de los 22 compromisos adquiridos en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2016:7

41. Asumimos el compromiso de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su estatus migratorio, en todo momento.

42. Nos comprometemos a salvaguardar los derechos de las comunidades de migrantes de nuestros países en el extranjero, a proteger sus intereses y a prestarles ayuda, en particular mediante la protección, la asistencia y la cooperación consulares, conforme a las normas pertinentes del derecho internacional. Reafirmamos que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Dieciocho de los 23 objetivos adquiridos por el Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular, aprobados por la Asamblea General de la ONU el 30 de julio de 2018:8

1. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular.

2. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente.

3. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración.

4. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos.

5. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes.

6. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional.

7. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada.

8. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación.

9. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas.

19. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio.

11. Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos.

12. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social.

13. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración.

14. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias.

15. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países.

16. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible.

17. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas.

18. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular”.

Derechos humanos reconocidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1990, y ratificada por México el 8 de marzo de 1999:9

Artículo 14

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 15

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.

Artículo 16

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.

3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención, prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

Por tales motivos y porque es un asunto de la mayor relevancia, someto a consideración de esta asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la promulgación en Texas, Estados Unidos de América, de la Ley SB4, también llamada “Ley Abbott”, por criminalizar y violentar los derechos humanos de los migrantes.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar de manera coordinada entablar diálogos con el gobernador de Texas, Gregory Wayne Abbott, con el objetivo de revisar los alcances de la ley SB4, conocida también como “Ley Abbott”.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar acciones para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en dicho estado.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar al Congreso de la Unión sobre las acciones legales que se promuevan para revocar la llamada “Ley Abbott”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.

Notas

1 Traducción propia y directa de la cuenta de X @GregAbbott_TX

2 https://capitol.texas.gov/tlodocs/85R/billtext/pdf/SB00004F.pdf#navpane s=0

3 https://www.telemundo52.com/noticias/inmigracion/aclu-demanda-para-impedir-arresto
-de-personas-que-se-sospeche-cruzaron-frontera-ilegalmente/2555027/

4 https://elpais.com/internacional/2023-12-18/texas-promulga-una-ley-que-permite-a-las
-autoridades-locales-deportar-personas-a-mexico.html

5 https://elpais.com/internacional/2023-12-18/texas-promulga-una-ley-que-permite-a-las
-autoridades-locales-deportar- personas-a-mexico.html

6 De acuerdo con la fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde impartir protección a los mexicanos, así como ejercer funciones de auxilio judicial.

7 https://www.acnur.org/media/declaracion-de-nueva-york-para-los-refugiad os-y-los-migrantes

8 https://www.refworld.org.es/pdfid/5c0eac944.pdf

9 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf

Senador Eruviel Ávila Villegas (rúbrica)