Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Profepa a implementar acciones que garanticen el derecho a la salud y al medio ambiente de la población aledaña a la ex unidad industrial Fertimex (Tekchem), en Salamanca, Guanajuato, durante los trabajos de remediación del suelo contaminado, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La empresa Tekchem, fue propiedad de la empresa Fertilizantes Mexicanos conocida como Fertimex que, junto con otras empresas, desde el año 1950 hasta el año 2007 produjo pesticidas e insecticidas para el campo en el municipio de Salamanca, Guanajuato. En el año 2000 hubo tres explosiones de una de sus torres de proceso industrial, con lo que se generaron tres grandes nubes con olores azufrosos que provocaron una grave contingencia ambiental en la zona. Ante este escenario, el gobierno del estado de Guanajuato en coordinación con las autoridades federales competentes, emprendieron una serie de acciones y programas para salvaguardar la salud pública de la población y evitar una mayor contingencia ambiental en la localidad.

En dicho sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del comunicado de prensa 89/22, informó que los trabajos de remediación del sitio contaminado continuarán hasta la conclusión de la presente administración federal, destacando la estabilización y contención de cerca de ciento cuarenta mil toneladas de suelo durante el año 2022 como parte de las estrategias del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados.1

Dicho programa, dentro de sus objetivos prioritarios, establece el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas a través de acciones para remediar sitios contaminados, señalando lo siguiente:

“(...)

Los sitios contaminados en México poseen una variedad de riesgos en la salud de las personas y en el ambiente. El contacto con contaminantes puede dañar la salud de la población, en este caso la de la población aledaña a sitios contaminados. Es difícil calcular el número de habitantes que pueden ser afectados por sitios contaminados ya que establecer los efectos negativos relevantes en la salud es muy complejo (por ejemplo, presencia de múltiples substancias y combinación de distintas formas de exposición a ellas). El PNUMA (2017) señala que la contaminación puede tener impactos negativos de manera desproporcionada en mujeres y hombres, y particularmente en las personas pobres y vulnerables como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad, afectando su derecho a la salud, agua, alimento, vida, casa y desarrollo.

Por lo anterior, si la contaminación de suelo ocurre debe realizarse su remediación. La remediación se define como un conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos.

(...)”

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estableciendo la obligatoriedad del Estado mexicano de salvaguardar ambas potestades; por su parte, el artículo séptimo fracciones I, VIII y XIX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, señala las facultades de la federación en materia de remediación de sitios contaminados, especificando lo siguiente:

(...)

Artículo 7.- Son facultades de la federación:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

(...)

VIII. Regular los aspectos ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos;

IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan; (...)

Habiéndose establecido la vigencia de los trabajos que realiza permanentemente la Semarnat en el sitio contaminado, así como la obligatoriedad del Estado de verificar el remediación y dispersión de los residuos tóxicos, se han identificado diversos reportes de vecinos de las poblaciones aledañas que manifiestan el deterioro en su salud a consecuencia de los trabajos de saneamiento realizados, dejando constancia de ello en la nota periodística del Periódico Correo de fecha 13 de septiembre de 2023 (Domínguez, 2023),2 en donde se señala que desde hace un mes se ha levantado polvo contaminado, generando el incremento de alergias, dolor de cabeza, infecciones en los ojos y afectaciones de garganta y fosas nasales de la población, incluyendo niñas, niños y adultos mayores.

Por lo anterior, se hace un llamado a las autoridades federales en la materia, para que en el ámbito de su competencia realicen las actividades preventivas necesarias para mejorar la calidad ambiental de la zona y se garantice el derecho a la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas que habitan en la zona.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informen a la opinión pública y garanticen de manera efectiva las acciones con las que se garantizará el derecho a la salud y a un ambiente sano en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, específicamente en la población aledaña a la ex unidad industrial Fertimex conocida como Tekchem.

Notas:

1 https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-semarnat-continua-con-la-remediacion-del-sitio-contaminado
-tekchem-en-salamanca-guanajuato?idiom=es

2 https://periodicocorreo.com.mx/salamanca/vecinos-de-tekchem-en-salamanca-respiran-polvo-contaminado
-por-labores-de-limpia-como-afecta-su-salud-20230913-81544.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre de 2023.

Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar a incluir a los ingenieros biomédicos en el Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios, a efectos de que éstos sean considerados con el mismo nivel que otros profesionales de la salud, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta IMSS-BIENESTAR, a incluir a los ingenieros biomédicos, en el Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios IMSS Bienestar, a efectos de que éstos sean considerados con el mismo nivel que otros profesionales de la salud, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El 31 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó el organismo público descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión, denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en lo sucesivo IMSS-BIENESTAR.

Dicho organismo tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el modelo de atención integral a la salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el modelo de atención a la salud para el bienestar, mismo que debe considerar la atención integral que vincule los servicios de salud y la acción comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno.

El IMSS-BIENESTAR, tiene como misión mejorar las condiciones de salud de la población sin seguridad social, mediante la provisión de acciones comunitarias, servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades y de atención médica ambulatoria y hospitalaria; gratuitos, accesibles y de calidad.

Por otro lado, el 29 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el sistema de salud para el bienestar, en cual establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias y entidades que conforman el sistema de salud para el bienestar, entre ellos, el “IMSS-BIENESTAR”, planeará, organizará y orientará las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas, para garantizar la prestación de los servicios de salud a que se refiere el Título Tercero Bis de dicha ley, mediante convenios de coordinación, éstos acordarán la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados, con la finalidad brindar atención médica gratuita y de calidad a las persona que no cuentan con seguridad social.

Sobre estas bases el IMSS-BIENESTAR ha firmado convenios con entidades federativas a fin de transferir los recursos destinados a la atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social en dichas entidades.

Sin embargo, como parte del personal que se ha transferido al IMSS-BIENESTAR están los ingenieros biomédicos a los cuales no se les ha considerado como personal profesional, que se desempeña en el ámbito hospitalario en la gestión del equipo médico.

El ingeniero biomédico desarrolla labores de planeación, diseño y remodelación de áreas; adquisición de equipo e insumos; control de inventario funcional; instalación y puesta en marcha; capacitación del usuario; monitoreo y mantenimiento del equipo y evaluación de este para su eliminación y/o sustitución. En los organigramas de hospitales públicos y privados se muestra la existencia de un área que debe contar con el perfil profesional para realizar estas actividades, a la que comúnmente denominan departamento/gerencia de ingeniería biomédica.

Es necesario destacar que la ingeniería biomédica es la profesión encargada de la innovación, la investigación, el desarrollo, el diseño, la gestión y el uso seguro de todo tipo de dispositivos médicos. Su labor permite contar con dispositivos de calidad, efectivos para el propósito previsto, accesibles y asequibles para el proceso de atención médica. Cuando los dispositivos se utilizan de forma segura, se pueden salvar vidas, mejorar la calidad de vida y por lo tanto se puede hablar de un impacto económico positivo en el ámbito de la salud.

Por ello, los ingenieros biomédicos deben estar en el Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios IMSS–BIENESTAR, además de las razones que a continuación se detallan:

1. Acorde con los artículos 194 fracción II, 194 Bis y 197 de la Ley General de Salud el ingeniero biomédico es considerado actor esencial en el control sanitario a lo largo del ciclo de vida del dispositivo médico.

2. En el modelo de atención a la salud para el bienestar (MAS-BIENESTAR), publicado el 10 de octubre de 2022, el ingeniero biomédico tiene participación directa e indirecta en la organización y funcionamiento de los servicios de atención a la salud, particularmente en todos los temas relacionados con la gestión de dispositivos médicos.

3. La Secretaría de Salud ha expresado que “la gestión de equipo médico es indispensable para garantizar el uso apropiado de la tecnología que redunda, finalmente, en la obtención de los resultados esperados incidiendo positivamente en el acceso efectivo de las tecnologías a la población, en la seguridad del paciente, en la eficacia del tratamiento y, por ende, en la calidad de los servicios de salud”. También, define el Departamento de Ingeniería Biomédica como la estructura funcional de una unidad médica, responsable de realizar actividades de gestión de equipo médico.

4. En México actualmente laboran 5 mil 800 ingenieros biomédicos de acuerdo en el registro de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública y en el país existen 58 programas académicos de los que egresan cientos anualmente.

5. En el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, se considera al ingeniero biomédico con el mismo nivel que otros profesionales de la salud como los médicos y estomatólogos.

6. Finalmente, en el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud estipula que “Se requieren profesionales de ingeniería biomédica capacitados y calificados dentro de los sistemas de atención médica para diseñar, evaluar, regular, adquirir, mantener, administrar y capacitar en tecnologías médicas seguras.” Además de que, en la Organización Internacional del Trabajo los profesionales de la ingeniería biomédica son considerados parte integral de la fuerza de trabajo en salud, desde 2008.

Lo anterior evidencia la importancia que tienen las actividades del ingeniero biomédico en el ámbito de la atención médica, lo que justifica que sean incluidos, como parte del personal de salud en el Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios, del organismo descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), y así salvaguardar su importante labor y el apoyo en el manejo, atención y aplicación de la tecnología médica empleada en las instituciones públicas del sistema nacional de salud.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, los titulares de la Junta de Gobierno y al director general del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS-BIENESTAR, a incluir a los ingenieros biomédicos, en el “Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios IMSS-BIENESTAR”, a efectos de que éstos sean considerados con el mismo nivel que otros profesionales de la salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2023.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a abstenerse de aplicar a la población vacunas Abdala caducadas, y se solicita a diversas instituciones iniciar un proceso de investigación y determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes por la negligencia en el manejo de la vacunación contra Covid-19, suscrita por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Leticia Zepeda Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben; diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN; y Leticia Zepeda Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes,

Consideraciones

La fecha de caducidad de las vacunas es la fecha límite hasta la cual se garantiza la eficacia y seguridad de la vacuna. Después de esa fecha, no se puede garantizar que la vacuna funcione como se espera o que sea segura para su uso. Así, la fecha de caducidad se establece después de realizar pruebas exhaustivas de estabilidad y efectividad de la vacuna.

Las razones para tener una fecha de caducidad en las vacunas son las siguientes:

• Eficacia: Las vacunas son productos biológicos que contienen componentes biológicos activos, como proteínas o virus debilitados. Con el tiempo, estos componentes pueden degradarse, lo que afecta la capacidad de la vacuna para estimular una respuesta inmunitaria eficaz. Por lo tanto, se establece una fecha de caducidad para garantizar que la vacuna sea efectiva.

• Seguridad: Con el tiempo, las condiciones de almacenamiento pueden afectar la integridad de la vacuna. Una vacuna caducada podría no ser segura para su administración, ya que podría contener impurezas o componentes dañados.

• Control de calidad: Establecer una fecha de caducidad ayuda a mantener el control de calidad de las vacunas. Las vacunas se fabrican bajo condiciones estrictas y se someten a pruebas continuas para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia. La fecha de caducidad es parte de este proceso de control de calidad.

Por lo tanto, es importante que las vacunas se administren antes de su fecha de caducidad y que se almacenen de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar su eficacia y seguridad. Utilizar una vacuna después de su fecha de caducidad o sin seguir las condiciones de almacenamiento recomendadas puede ser ineficaz y podría llegar a ser peligroso.

Si bien la FDA ha considerado la extensión de la fecha de caducidad inicial, esto debe hacerse de acuerdo criterios estrictamente científicos, y si se conservan en condiciones adecuadas para garantizar su integridad para su uso.1

En cambio, en México ha bastado solamente un oficio de agosto de 2023, firmado por Ruy Lo?pez Ridaura, entonces director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y hoy subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, para ampliar la caducidad de las vacunas, en el que se cita lo siguiente:

Ruy López Ridaura en mi carácter de director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) con fundamento en los términos establecidos en el artículo 45, fracciones I, VII, IX, X, XI, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del diverso SPPS-0615-2022 de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por medio del cual se me instruye a coordinar la dirección técnica de la estrategia correcaminos, hago de su conocimiento que:

En alcance a mi diverso CENAPRECE-DG-6043-2023 de fecha 28 de julio de 2023, mediante el cual se les hizo de conocimiento el oficio COFEPRIS-CAS-DEAPE-18372-2023 , suscrito por el director ejecutivo de Autorización de Productos y Establecimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se les hizo de conocimiento que, mediante la resolución No. 23330022130630 se dio la modificación de las condiciones de la autorización temporal de la vacuna “ABDALA” y cito textual:

“Se da por enterado de la ampliación de la vida útil a 18 meses para la presentación en caja de carto?n con 10 frascos ámpula, cada frasco ámpula para 10 dosis de 0.5 mL cada una (50 mcg) de la vacuna “ABDALA” en la condición de almacenamiento recomendado de 2 a 8 °C”.

De lo anterior, se les informa que mediante el oficio número COFEPRIS-CAS-21224-2023 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el director ejecutivo de Autorización de Productos y Establecimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se hizo de mi conocimiento que, y cito textual:

“...La Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió las autorizaciones de la ampliación de la vida útil a 18 meses para todos los lotes que en este momento se encuentran disponibles en el país , incluyendo los mencionados en el listado adjunto...” ***Énfasis añadido*** .

Por lo tanto y con base en los certificados de análisis de los lotes de la vacuna Abdala, proporcionados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), la fecha de vida útil se actualiza, para quedar de la siguiente manera:

El pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador publicó el decreto por el que se declara terminada la emergencia por covid-19. Sin embargo, el decreto publicado por el Ejecutivo Federal y las acciones que se han desarrollado de manera posterior, como la estrategia de vacunación, presentan serios rezagos y negligencia.

Por ejemplo, el oficio viene dirigido a los coordinadores estatales de las brigadas especiales (correcaminos), es decir, a los operadores políticos del gobierno federal en territorio. Si el gobierno federal decretó el fin de la pandemia desde mayo de 2023, no hay razón para mantener una estructura y mecanismo de emergencia en la vacunación.

El uso de emergencia prolongado que se le ha dado a las vacunas en nuestro país, en la práctica, ha limitado el acceso de la población a los biológicos, retrasando considerablemente las coberturas en vacunación y dejando a la población vulnerable sin medicamentos, con el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.

Lo anterior, pese a que el Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de covid-19, propone incluir a la vacuna contra covid-19 como parte del Programa de Vacunación Universal. Sin embargo, para que esto suceda, Cofepris debe validar los registros sanitarios de las vacunas.2

Los gobiernos estatales, el sector privado y grandes sectores de la sociedad, se han manifestado por terminar con este control monopólico de las vacunas y medicamentos contra covid-19, a fin de que exista libre acceso a las mismas.

En ese sentido, el Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de covid-19, mandató a Cofepris a iniciar los procesos para que las autorizaciones temporales de aquellos insumos para la salud transiten hacia la obtención del registro sanitario. Pero Cofepris va muy tarde en dicha tarea. Y por el contrario, sigue validando las decisiones irresponsables del presidente y su gabinete, como la aplicación de vacunas caducadas.

En ese contexto, quienes firmamos el siguiente punto de acuerdo, consideramos que extender la fecha de caducidad de las vacunas contra covid-19 sin una base científica sólida y sin la adecuada aprobación de las autoridades reguladoras, compromete la salud pública por varias razones:

Las vacunas se prueban rigurosamente para determinar su eficacia y seguridad dentro de un período de tiempo específico. Extender la fecha de caducidad sin evidencia científica sólida, como hizo Cofepris y se validó por la Secretaría de Salud, podría hacer que la vacuna sea menos efectiva, ya que los componentes de la vacuna pueden degradarse con el tiempo, disminuyendo su capacidad para estimular una respuesta inmunitaria adecuada.

Además, el proceso de fabricación y almacenamiento de las vacunas se basa en condiciones controladas y específicas para garantizar la seguridad y calidad del producto. Cambiar estas condiciones sin una justificación científica podría dar lugar a problemas de seguridad, como la contaminación de las vacunas.

La extensión de la fecha de caducidad de una vacuna requiere la aprobación de las autoridades reguladoras de salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Europa, todo esto bajo estándares rigurosos. Estas agencias realizan revisiones exhaustivas de los datos antes de permitir cualquier cambio en las condiciones de uso de una vacuna, en México bastó con un simple oficio de Cofepris, en el que no se informa del proceso técnico de revisión.

Lo grave es que sí se utilizan vacunas con fechas de caducidad extendidas sin una base sólida, existe el riesgo de que las personas no estén adecuadamente protegidas contra el covid-19, esto podría llevar a la propagación continua del virus, dar una falsa idea de protección y poner en peligro la salud pública.

Quienes firmamos este punto de acuerdo manifestamos que la extensión de la fecha de caducidad de las vacunas debe basarse en evidencia científica sólida y seguir los procedimientos regulatorios apropiados que marcan la ley y los reglamentos, a los que tanto Cofepris como la Secretaría de Salud están obligados.

Alterar las fechas de caducidad sin una justificación sólida podría tener graves consecuencias para la eficacia y seguridad de las vacunas y, en última instancia, para la salud pública.

Rechazamos el manejo político que se ha querido dar a la vacunación contra covid-19 en México, esto solamente nos ha llevado a un fracaso en la gestión contra la pandemia y a miles de muertes evitables desde 2020.

Ni la vacuna cubana, ni la Rusa ofrecen protección contra las nuevas variantes, además, están caducadas y tampoco han sido evaluadas por Cofepris en el proceso de evaluación anunciado en octubre de 2023, como sí se hizo con los biológicos de Astrazeneca, Moderna y Pfizer. No hay razón de aplicar vacunas que no son útiles como Abdala y Sputnik, el gobierno tiene los recursos para aplicar las vacunas de nueva generación.

Están aplicando vacunas Abdala debido a que ya caducaron y buscan tapar su negligencia, millones de pesos se invirtieron en comprarlas y no las pudieron administrar a tiempo. Por ello, anunciaron esta jornada de vacunación que empezó el 16 de octubre, quieren simular que protegen a la población, pero realmente no quieren reconocer que los recursos se fueron a la basura.

El gobierno de México tiene los recursos necesarios para comprar las vacunas de nueva generación, como las ya validadas por el Comité de Molécula Nuevas en días recientes, es decir, la de Moderna y la de Pfizer. En el programa de vacunación tiene asignados 14 mil millones de pesos para 2023 y apenas ejercieron el 3 por ciento, ¡hay dinero suficiente para proteger a la población!

El 9 de mayo se publicó el decreto que declaró terminada la emergencia sanitaria por covid-19. El 8 de junio la Secretaría de Salud da a conocer el documento Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid, donde se señala, entre otras recomendaciones, la inclusión en el corto plazo de la vacuna contra Covid-19 en el Programa de Vacunación Universal.

Para que ello suceda se debe contar con varios pasos previos, que a la fecha, 5 meses después, No han sucedido: como es contar con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación sobre qué vacunas se incluirán en la cartilla de vacunación; la aprobación de los registros sanitarios para las vacunas que demuestren calidad, seguridad y eficacia; incluir la vacuna en el Compendio Nacional de Insumos, y su posterior adquisición y gestión, que será a cargo del Centro Nacional de la Salud de la Infancia y Adolescencia (como con las otras vacunas).

En México nos enfrentamos a la incertidumbre de una estrategia de vacunación que no ha evolucionado con la misma agilidad que el virus. Por el contrario, se siguen recurriendo a criterios políticos.

Desde la Cámara de Diputados, legisladores de los distintos grupos parlamentarios hemos hecho diversos llamados sobre la falta de claridad de esta estrategia, y también hemos sido muy activos en solicitar a la Cofepris que acelere los procesos de autorización de aquellas vacunas que están solicitando registro sanitario con estudios que respaldan su seguridad, calidad y eficacia. Por el contrario, Cofepris se empeña en validar las vacunas cubanas por órdenes de Palacio Nacional, aunque eso signifique aplicar biológicos caducados a la población, incluso en escuelas.

El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris, ha realizado en los últimos días sesiones abiertas con los laboratorios farmacéuticos solicitantes de registro sanitario, para emitir su opinión científica, y al día de hoy han resultado dos votaciones favorables, para la vacuna de Moderna-Asofarma por unanimidad y para la vacuna de Pfizer. A partir de esta votación científica, la Cofepris debe asegurarse que el proceso de registro sanitario sea expedito, para contar a la brevedad con las vacunas tanto para el sector público como privado.

No podemos quedarnos tranquilos con las opiniones emitidas por el Comité de Moléculas Nuevas, debemos compartirle la urgente necesidad a la Cofepris para que estos procesos de registro y análisis sean prioritarios, pues la salud de la población así lo demanda. Rechazamos que se quiera aplicar vacunas Abdala a toda costa.

Ya inició la temporada invernal de vacunación de influenza más covid-19, y están vacunando a la población adulta mayor y personas con comorbilidades y mujeres embarazadas, con vacunas que no han sido actualizadas para las cepas actuales, ni que han demostrado estudios de beneficios en la población.

Desde la Cámara de Diputados estaremos exigiendo que se apliquen vacunas eficaces y seguras. Es indispensable hacer valer nuestro derecho de protección a la salud y que el Estado garantice vacunas de calidad, que hayan probado su seguridad, calidad y eficacia.

Seguiremos haciendo un llamado para acelerar y hacer transparente la emisión del registro sanitario de todas las vacunas contra la covid-19 a revisión en Cofepris.

Quienes suscribimos este punto de acuerdo consideramos que con los errores e irregularidades de la Estrategia Nacional de Vacunación contra covid-19, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, principalmente debido a que, millones de pesos invertidos en la adquisición de vacunas se tiraron a la basura.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deben exigir cuentas a las autoridades para determinar qué pasará con esa gran cantidad de dosis que posiblemente no se administrarán, e inicien una investigación para verificar si la negligencia en la administración de estos lotes de biológicos constituye un daño patrimonial a la hacienda pública y una violación del derecho a la salud para la población. Y en su caso, se proceda a interponer las responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por todo lo anterior, ante esta soberanía presentamos la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primera . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a abstenerse de autorizar para su aplicación las vacunas Abdala de origen cubano, debido a que ya caducaron de conformidad con los registros para su administración; por lo que carecen de eficacia contra las cepas circulantes de covid-19, además de que podrían tener repercusiones negativas en la salud de las personas.

Segunda. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a otorgar a la brevedad los registros sanitarios a las vacunas contra covid-19, validadas recientemente por el Comité de Moléculas Nuevas, para permitir su libre acceso y comercialización en nuestro país.

Tercera . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, investigar los procesos realizados, en el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación contra covid-19, para garantizar un manejo adecuado y conservación de vacunas de manera que se garantice su eficacia, calidad y seguridad; en particular sobre las causas de la caducidad de las vacunas Abdala de origen cubano, que pudieran constituirse en un daño patrimonial o algunas otras responsabilidades, además de un riesgo para la salud de las personas.

Cuarta . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a investigar posibles violaciones a la normatividad vigente en el marco de la aplicación de vacunas Abdala caducadas, y en su caso, iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Notas:

1 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/
expiration-dating-extension#covidvaccines

2 Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de COVID-19. https://www.gob.mx/salud/prensa/
170-presenta-secretario-de-salud-plan-de-gestion-a-largo-plazo-para-control-de-covid-19?idiom=es#
:~:text=Detall%C3%B3%20que%20el%20Plan%20de,social%20como%20eje%20de%20prioridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2023.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Leticia Zepeda Martínez.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a fortalecer la capacitación policial de la entidad, sobre todo en las áreas de derechos humanos y en el sistema de justicia penal, a cargo del diputado Gerardo Peña Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Gerardo Peña Flores, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6 numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con sus diferentes modelos jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948 como un ideal común para las naciones. Este instrumento establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.1

Los mexicanos elevamos a rango constitucional los derechos humanos, mediante reforma de 2011, se dio un nuevo paradigma en la ponderación de la persona. Siendo los policías uno de los primeros servidores públicos con los que la sociedad tiene contacto, por ende, son una rama del servicio público que requiere la suficiente capacitación para realizar sus funciones.

Las fuerzas policiales son parte del nuevo sistema de justicia penal, sus funciones asumen especial relevancia para que pueda tener lugar un proceso transparente y que respete los derechos tanto de la víctima como de la persona que presuntamente realizó el delito, conocido como imputado.2 Sus funciones en la preservación de la escena y la protección de la víctima.

El nuevo modelo de justicia penal, protege los derechos de la víctima y respeta la presunción de inocencia. Todas las audiencias y el mismo juicio son orales y abiertos al público; y la posibilidad que en los casos de delitos menores donde el daño es reparable existan alternativas de mediación explorando opciones, conocido mejor como la justicia alternativa.

Los cuerpos policiales como responsables de la seguridad del estado deben garantizar el derecho humano a la seguridad pública de los ciudadanos.

El Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, —instrumento que proporciona información detallada para los funcionarios públicos, entre los que se encuentran las fuerzas de seguridad pública—, se establece que dichos servidores públicos tienen la responsabilidad específica de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas de sus respectivas jurisdicciones.3

El estado de Tamaulipas desplegó en la administración anterior una relevante red institucional para atender la seguridad pública de la entidad, otras administraciones del mismo modo atendieron otras vertientes para la seguridad y protección de la ciudadanía, tal como la Universidad de Seguridad y Justicia.4

En 2107 fueron estimados 5.2 mil elementos en el estado de Tamaulipas, de los cuales 53.2 por ciento están adscritos a la Policía Preventiva estatal, 69.3 por ciento del género masculino y 33.6 por ciento en un rango de edad entre 30 a 39 años, 49.1 por ciento con un nivel de estudios del medio superior promediando 13.9 años de estudios.5

Recalcando la importancia de la capacitación de los cuerpos policiacos que intervienen en el nuevo sistema de justicia penal, deben desarrollar competencias propias de su función dentro del marco constitucional, con el objetivo de tener un mejor desempeño.6

Entre los hallazgos del Reporte Profesionalización Policial en Tamaulipas: realidades, posibilidades y prioridades7 se encuentra el incremento del número de elementos policiales que ejerzan sus funciones con eficacia mediante su reclutamiento, formación y certificación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, ofrece 300 vacantes para la Guardia Estatal y los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, 250 corresponden a la Guardia Estatal y 50 a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad; quienes deberán aprobar los exámenes de control de confianza previo a iniciar el curso de formación.8

El gobierno del estado de Tamaulipas sigue con importantes pendientes en la seguridad pública y se reconoce que incrementar la fuerza de seguridad pública es un buen avance, sin embargo, hacemos un llamado al Ejecutivo estatal a que esas plazas reciban la capacitación suficiente sobre todo en las áreas de derechos humanos y en el nuevo sistema de justicia penal, para que los elementos conozcan las habilidades y protocolos de preservación de los derechos de las víctimas y a la preservación de una escena del crimen.

Por lo anteriormente expuesto, un servidor junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Tamaulipas a que, en el marco de protección de los derechos humanos de los habitantes de dicho estado, realice acciones para fortalecer la capacitación de los elementos de seguridad pública de la entidad especialmente en las áreas de derechos humanos y en lo tocante al sistema de justicia penal.

Notas:

1 ONU. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2 Gobierno de México. Responsabilidades de los policías en el nuevo sistema de justicia penal. https://www.gob.mx/segob/articulos/cuales-son-las-responsabilidades-de- los-policias-en-el-nuevo-sistema-de-justicia-penal#:~:text=En%20el%20Nu evo%20Sistema%20de%20Justicia%20Penal%2C%20los%20polic%C3%ADas%20tienen ,el%20delito%2C%20conocido%20como%20imputado.

3 Díaz y otros. La capacitación como medida de prevención de violaciones a derechos humanos por los elementos de seguridad pública en el Estado de México. México. 2018. https://dignitas.codhem.org.mx/index.php/dignitas/article/download/58/5 4

4 Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Decreto de creación de la Universidad de Seguridad y Justicia. Microsoft Word - POL-141-251114-ANEXO (tamaulipas.gob.mx)

5 INEGI. 2017. Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial. Tamaulipas. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enecap/2017/doc/enecap_20 17_Tamaulipas.pdf

6 ¿Por qué es necesario capacitar a las personas que integran la Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal?. https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-es-necesario-capacitar-a-las -personas-que-integran-la-policia-en-el-nuevo-sistema-de-justicia-penal

7 Profesionalización policial en Tamaulipas: realidades, posibilidades y prioridades. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2020.. Profesionalización policial en Tamaulipas: realidades, posibilidades y prioridades. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2020. https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2022/03/ENEC AP_website/Documentos/UNODC_ProfesionalizacionPolicial_Tamaulipas.pdf

8 Periódico Contacto. Ofrece 300 vacantes la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. https://periodicocontacto.com/ofrece-300-vacantes-la-secretaria-de-segu ridad-publica-de-tamaulipas/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días de octubre de 2023.

Diputado Gerardo Peña Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Sistema Nacional de Protección Civil a restablecer de manera inmediata un fondo contra desastres naturales, que implemente acciones y destine los recursos humanos y materiales necesarios para la mitigación, restauración y el saneamiento ante los daños causados por el paso del huracán Norma, en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, a cargo de la diputada Sonia Murillo Manríquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Sonia Murillo Manríquez , diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los efectos de los desastres naturales significan grandes pérdidas, así como daños en la infraestructura y la suspensión de actividades productivas, lo que influye de manera negativa en el desarrollo económico y social de las regiones afectadas.

El impacto del huracán “Norma” por los municipios de La Paz y Los Cabos, dejó severas afectaciones y daños, las y los habitantes de la zona se encuentran desesperados al ver sus viviendas inundadas, con pérdidas totales o parciales, sin techumbre, además de zonas incomunicadas vía terrestre por cortes carreteros y sin energía eléctrica.

Los Cabos y La Paz ya fueron declarados zona de desastre por las autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Baja California Sur, ahora se tiene que trabajar en la cuantificación de los daños, para que ambos municipios puedan regresar a la normalidad, se van a requerir recursos financieros extraordinarios tras la declaratoria de zona de desastre y los millonarios daños en infraestructura social fundamentalmente; no hay margen para disimulos, se requieren acciones concretas inmediatamente.

Siguen las familias en albergues temporales, inundaciones, desbordamientos, deslaves y circulación interrumpida en diversos tramos carreteros por el cruce de arroyos, viviendas y calles destruidas, así como suspensión de los servicios de agua, luz y telecomunicaciones es el saldo de los daños provocados por el huracán Norma.

Se volaron techos, las embarcaciones fueron arrastradas por el mar hasta los patios de las casas y calles, inundaciones, caída de árboles y postes eléctricos; cortes carreteros por arroyos, deslaves, derrumbes y afectaciones en viviendas.

Muchas colonias sin luz, CFE está trabajando a marchas forzadas para restablecer lo más pronto posible.

Aun y cuando ya se encuentran trabajando cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer las comunicaciones y el servicio, así como las fuerzas armadas con el Plan DN II E y el Plan Marina, falta mucha ayuda a lo largo y ancho del estado de Baja California Sur.

La devastación es de tal magnitud, que en los próximos días los sudcalifornianos tenemos el reto de reconstruir estos dos municipios que son nuestra vocación más fuerte y dos joyas del turismo de nuestro estado.

Se necesitará reconstruir carreteras y caminos rurales, la infraestructura eléctrica e hidráulica, de vivienda, médica y educativa; se necesitará reactivar la actividad del sector primario en el estado, ya que los sudcalifornianos que se dedican a la pesca deben retomar sus actividades lo más rápido posible. Se necesitarán recursos suficientes para poder regresar a la normalidad.

En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Sistema Nacional de Protección Civil para restablecer de manera inmediata un fondo contra desastres naturales, para que se implementen acciones y destine los recursos humanos y materiales necesarios para la mitigación, restauración y el saneamiento ante los daños causados por el paso del huracán norma, en los municipios de La Paz y Los Cabos en Baja California Sur.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California Sur, al gobierno del municipio de La Paz y de Los Cabos para que, en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Baja California Sur, se fortalezcan las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la población que se ha visto afectada por el paso del Huracán “Norma”.

Tercero. Exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal para que, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Servicio Meteorológico Nacional, dentro del marco de sus respectivas atribuciones, implementen y comuniquen a la población las estrategias de prevención de desastres naturales en Baja California Sur.

Cuarto. Exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, del Sistema Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional para la Prevención de Desastres para que, en coordinación, consideren y designen la implementación correcta del Fonden o, en su caso, la implementación del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, Fasden, como una nueva estrategia y apoyo para la entidades que sufren los efectos de los desastres naturales que pasan por éstos territorios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de octubre de 2023.

Diputada Sonia Murillo Manríquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instruir a la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje Monterrey a que planifique de una mejor manera la distribución de agua potable para los ciudadanos del área metropolitana de la ciudad, a cargo de la diputada Wendy Maricela Cordero González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Wendy Maricela Cordero González, diputada federal Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6 numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a que instruya al director general de Servicios de Agua y Drenaje Monterrey, arquitecto Juan Ignacio Barragan Villarreal, a que planifique de una mejor manera la distribución de agua potable para los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey.

Consideraciones

Desde hace meses la población del estado de Nuevo León tiene una crisis de agua a causa del desabasto, la gente hace filas en la madrugada frente a algunas tomas de agua pública, incluso han habido noticias de personas peleando a puño limpio para llenar primero sus recipientes de plástico. Sin embargo, es verdad que lo que está pasando en el estado tiene una explicación relacionada al cambio climático y la propensión de la región a sufrir sequías. También es cierto el importante crecimiento de la población, que pasó de 2.7 millones de personas en 1990, a más del doble, 5.3 millones en 2020, y el desarrollo urbano desordenado de la Zona Metropolitana de Monterrey. Pero también hay una responsabilidad política.

Nuevo León llegó hasta este punto porque distintas administraciones de gobierno no previnieron y no actuaron con diligencia; no hubo un plan frente a sequías ni ante inundaciones, no se diversificaron las fuentes de agua, no se usó agua tratada, no se dio mantenimiento a las fuentes de abastecimiento, no se redujeron las fugas, ni se construyó infraestructura, tampoco se investigó la disponibilidad de agua subterránea, o se fortaleció la cultura del agua . Las omisiones no solo se han dado a nivel estatal sino también a nivel federal, como es el caso de las concesiones de agua, que se regulan poco. Ahora, el turno es de la administración local el resolver esta crisis.

Las causas del problema son diversas, sin embargo, la población del área metropolitana ha sido la más afectada, ya que diversos municipios y colonias enteras han ha tenido reducciones severas del servicio sin previo aviso; sin una planificación que racionalice de manera equitativa el servicio de agua a la ciudadanía en general.

Más allá de lo político y mediático, la crisis hídrica en el estado requiere de sensibilidad para con la ciudadanía , pues hasta este momento no hay reglas claras de racionalización equitativo del servicio de agua, ya que, sin más, se suspende el servicio, sin señalar las zonas en las que habrá bombeo de agua, así como los días en que habrá corte o no del servicio, para que así la ciudadanía pueda prevenirse reservando el agua necesaria durante los días que no habrá servicio.

El 2 de septiembre del 2022 el gobernador Samuel García, dio inició a la construcción del acueducto El Cuchillo II , y casi un año después, el 13 de septiembre del 2023 tuvo lugar la inauguración. Al evento asistieron el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prendió las bombas del acueducto. Sin embargo, diversas notas periodísticas dieron cuenta de que aún es una obra inconclusa, y que se sería terminada en meses posteriores, pues el acueducto no está unido en su totalidad para conducir agua de la Presa El Cuchillo, al área metropolitana. 1

Esta crisis ha sido tan fuerte que los medios de información han dejado de manifiesto el desabasto de agua potable en la Zona Metropolitana de Nuevo León durante todo el año 2023 . Ejemplo de ello; el periódico el financiero reporta que desde el mes de mayo pasado, más de 150 colonias se encuentran sin agua potable, lo que representa el 30 por ciento de la zona metropolitana, en donde los municipios más afectados han sido los de Apodaca, Escobedo y García .2

Otra nota más, el periódico la jornada en el mes de julio del presente año, señaló que vecinos de Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, García y Ciénega de Flores reportaron la falta total del servicio que no se soluciona ni con los múltiples reportes que han realizado a la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey .3

Es por todas estas razones que, ante la falta de reglas claras y programación racional equitativo del agua potable, se expone y propone el presente punto de acuerdo, a efecto de que el gobernador Samuel García Sepúlveda instruya al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a que establezca unos lineamientos y planeación de distribución equitativa del servicio de agua potable, a que utilice los medios de comunicación oficiales señalando los cortes de agua por zonas, para que con ello, los ciudadanos se prevengan y reserven el vital líquido para realizar sus actividades cotidianas como lavar ropa, lavar artículos de cocina, y de aseo personal durante los día en que no habrá servicio, e informar oportunamente a la población sobre la planificación y acciones relativas a la distribución del agua.

En este sentido y por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte, respetuosamente, al gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, a que instruya al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, arquitecto Juan Ignacio Barragan Villarreal, a que planifique de una mejor manera la distribución de agua potable para los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey.

Notas:

1 https://www.reforma.com/recuerda-el-cuchillo-2-simulacion-en-gasoducto/ ar2677182

2 https://www.jornada.com.mx/notas/2023/07/14/estados/fugas-en-el-acueduc to-deja-a-40-mil-usuarios-sin-agua-en-garcia-nl/

3 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/05/13/mas-de-150-colonias- no-tienen-agua-en-la-zona-metropolitana-de-monterrey/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2023.

Diputada Wendy Maricela Cordero González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a atender de inmediato la solicitud del gobierno de Baja California Sur, referente a la declaratoria de emergencia por desastre natural para los municipios de La Paz y Los Cabos, a cargo del diputado Marco Antonio Almendariz Puppo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Marco Antonio Almendariz Puppo, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cada año, entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre transcurre en México la temporada de huracanes o ciclones tropicales, fenómenos hidrometeorológicos que acarrean vientos destructivos, lluvias torrenciales, inundaciones, e incluso tornados, los cuales sin embargo son importantes para la distribución de lluvia y beneficio de zonas áridas y semiáridas, además de recargar mantos acuíferos y presas.

Según su grado de fuerza, un huracán puede producir estragos devastadores, no solo para las poblaciones costeras que reciben el impacto mayor, sino para zonas interiores y sitios naturales a lo largo y ancho de grandes extensiones sobre territorios costeros, marinos e insulares.

México es altamente vulnerable a los huracanes por ubicarse entre los océanos Pacífico y Atlántico, factor al que se suma el calentamiento global que en más de cinco décadas se ha disparado a consecuencia de las actividades humanas impulsadas por combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero.

Por lo anterior, existe un incremento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fenómenos naturales perturbadores, particularmente fenómenos hidrometeorológicos, esto ha significado el incremento de la exposición y la vulnerabilidad, la cual conlleva impacto en la vida cotidiana de la población y daños considerables en la infraestructura de comunicaciones y transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, urbana, productiva, de salud, de vivienda, e incluso turística, que requieren de atención inmediata de los distintos órdenes de gobierno.

Uno de estos fenómenos, se dio en días recientes, pues el sábado 21 de octubre, Norma tocó tierra como un huracán categoría 1 al sur de Todos Santos, en el estado de Baja California Sur. Presentó ráfagas de más de 200 kilómetros por hora y copiosas precipitaciones que provocaron la crecida de arroyos, el arrastre de vehículos, viviendas inundadas y zonas incomunicadas sobre todo de La Paz y Los Cabos.

Esta situación, provocó severas afectaciones en la infraestructura urbana y servicios públicos de diversos municipios del estado, tanto en La Paz como en Los Cabos el huracán Norma ocasionó la caída de postes de luz y de teléfono, de árboles, la inundación de casas y socavones.

Asimismo, en el municipio de La Paz se registraron lluvias históricas por su acumulación en dos días, por lo que la crecida de arroyos impedía o restringía este domingo el cruce de vehículos en diversos puntos de la ciudad y hacia las delegaciones municipales de Los Barriles, San Bartolo y San Antonio.

Los vientos de Norma que impactó a La Paz como huracán categoría dos de la escala Saffir-Simpson, provocaron el destrozo de al menos 20 veleros y yates atracados en la bahía de La Paz, en tanto los barcos California Star, México Star y Santa Marcela, que prestan el servicio de transporte marítimo de carga y pasaje, entre Sinaloa y Baja California Sur, permanecen fondeados, es decir, anclados en mar abierto, en las inmediaciones de la bahía de La Paz, por el fuerte oleaje y el cierre del puerto de Pichilingue.

Adicionalmente, se tiene el registro de que algunas familias que vivían al borde de uno de los arroyos perdieron sus viviendas, por lo que serán alojados en una Casa de Día, mientras se busca la forma de reubicarlos y apoyarlos para que construyan sus casas.

Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó la afectación de 192 mil 417 usuarios en La Paz y Los Cabos, pero ya se restableció el servicio de 119 mil 934, equivalentes al 62 por ciento.

En cuanto al suministro de agua, es necesaria la intervención de la CFE para el restablecimiento del suministro de energía en los pozos de agua, pues solo seis de 43 funcionan en la ciudad de La Paz, y siete de 42 en la zona rural, por lo que hay un gran desabasto del vital líquido en todo el municipio.

En consecuencia, los centros de población y las actividades económicas en la región son altamente vulnerables a las perturbaciones y daños de los efectos que pudo haber causado el huracán Norma, además, también hay que considerar que las afectaciones y destrozos se seguirán acumulando conforme pasen los días.

Es por lo anterior, y con el propósito de reducir la vulnerabilidad y mitigar los efectos del huracán Norma en los municipios afectados del estado de Baja California Sur, principalmente en La Paz y Los Cabos, todos los niveles de gobierno respondan de forma inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal ante posibles daños.

Por lo que es necesario, se realicen todos los trámites administrativos necesarios para acceder a los recursos federales otorgados a través de los lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores.

En virtud de lo anterior y de la importancia de atender y apoyar con lo necesario a los habitantes de Baja California Sur que, fueron afectados por el huracán Norma, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que atienda de inmediato la solicitud del gobierno del estado de Baja California Sur referente a la declaratoria de emergencia por desastre natural para los municipios de La Paz y Los Cabos; y se destinen los recursos necesarios para apoyar a la población afectada y reparar y en su caso reconstruir la infraestructura pública y vías de comunicación en las zonas afectadas; toda vez que los efectos del huracán “Norma” han rebasado la capacidad financiera y operativa de la entidad para atender por sí misma, la totalidad de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2023.

Diputado Marco Antonio Almendariz Puppo (rúbrica)