Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a ejecutar acciones urgentes en favor del mantenimiento y saneamiento de la presa El Carrizo, ubicada en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Yucatán a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública, a cargo de la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a regular adecuadamente y sancionar el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a realizar campañas informativas sobre el uso y clasificación adecuados de los videojuegos, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

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Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a ejecutar acciones urgentes en favor del mantenimiento y saneamiento de la presa El Carrizo, ubicada en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El acceso al agua limpia es esencial para la salud humana y el desarrollo sostenible. El agua contaminada puede causar enfermedades, así como tener efectos negativos en el medio ambiente, la economía y la sociedad en general.

Uno de los casos emblemáticos a nivel internacional en el cual el agua contaminada ha llegado a usarse para consumo humano es el de Flint, Michigan, en Estados Unidos. En 2014 la ciudad cambió su fuente de suministro de agua a un río local sin tratar, lo cual provocó una crisis cuando se descubrió que el agua contenía niveles peligrosamente altos de plomo y otros contaminantes. Se ha estimado que al menos 12 mil niñas y niños fueron expuestos al plomo en el agua, lo cual puede tener efectos dañinos a largo plazo en su salud.

Otro ejemplo es el del Río Yamuna, en la India, que es uno de los cuerpos de agua más contaminados del mundo. Según un informe del Consejo Central de Control de la Contaminación de la India, el Río Yamuna es responsable del 80 por ciento de la contaminación del Río Ganges, que es uno de los ríos más sagrados de ese país y es utilizado por millones de personas para el consumo de agua y la irrigación de cultivos. La contaminación del Río Yamuna se debe en gran parte a la descarga de aguas residuales sin tratar, la industria y la agricultura.

Existen muchos más ejemplos de cuerpos de agua contaminados que representan un riesgo ante la posibilidad de que sean utilizados como fuente para el consumo humano a nivel internacional, pero también los hay en el ámbito local, en donde, por desconocimiento o por dolo, se contaminan humedales, ríos, lagos y lagunas, los cuales eventualmente pueden usarse para el consumo humano.

Por lo que concierne a nuestro país, existen varios casos de contaminación del agua, los cuales han afectado a las personas y a los ecosistemas acuáticos, entre los cuales se destacan el del Río Santiago en Jalisco, el del Lago de Texcoco en el Estado de México y el de la Presa La Boquilla, en Chihuahua.

A manera de breviario, es pertinente hacer mención del caso del Río Santiago, ya que es uno de los ríos más contaminados de México, lo cual se debe a la descarga de aguas residuales y residuos industriales. La contaminación del río ha afectado la salud de las personas que viven en sus alrededores, quienes han sufrido enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel.1

Asimismo, se encuentra el caso del Lago de Texcoco, en el Estado de México, el cual ha sufrido una grave contaminación debido a la descarga de aguas residuales y residuos industriales. Tal situación ha afectado de igual forma la salud de las personas que viven cerca de él, quienes han sufrido enfermedades gastrointestinales y de la piel, por mencionar algunas de las más recurrentes.2

En la misma situación está la Presa La Boquilla, en Chihuahua, donde la contaminación se debe principalmente a la descarga de aguas residuales y a la agricultura intensiva, lo cual ha generado impactos negativos en la salud de las personas que viven cerca de la presa, quienes han sufrido enfermedades gastrointestinales y respiratorias.3

De manera reciente, en mi estado, Baja California, se ha suscitado el registro de múltiples denuncias públicas hechas por ciudadanas y ciudadanos que han alzado la voz para señalar la visible contaminación de la Presa El Carrizo, la cual, conforme a lo señalado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), guarda una estrecha relación con el consumo del agua potable en la zona, puesto que “adema?s de almacenar agua de su zona de aportacio?n, almacena el agua proveniente del acueducto Ri?o Colorado-Tijuana, que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tijuana”.4

La coyuntura ecológica y de desabasto hídrico para consumo humano que se registra en dicha presa trasciende debido a que de ahí se obtiene una cantidad de agua considerable, sin embargo, ante la turbiedad y contaminación evidente “la producción de agua potable se redujo hasta 30.9 por ciento “, según se informa en el reportaje titulado “Falta de agua por contaminación mortal”.5

El mencionado reportaje señala que se han emitido estudios oficiales y declaraciones por parte de los organismos responsables del suministro y seguimiento de la potabilidad del agua que se almacena en esa zona, entre ellos la Conagua, la cual advirtió que “conforme a las pruebas hechas de manera extraordinaria, llama la atención la excesiva cantidad de coliformes fecales, ya que se han encontrado entre mil 200 y mil 500 cuando por norma no debe pasar los 300”. Por su parte, el responsable del Organismo Cuenca Península de Baja California “rechazó que esté contaminada el agua de la presa; la cual recibe líquido del Acueducto Río Colorado-Tijuana, procedente del distrito de riego 014 del Valle de Mexicali”.6

Como bien se refiere en los medios de comunicación, la zona de la Presa El Carrizo es un punto de encuentro para las familias que acuden a pescar y aprovechan para tener un momento de esparcimiento, nadar y divertirse, sin conocer la grave situación que ahí acontece y los nocivos efectos que esto representa para su salud derivado del uso del agua contaminada que ahí se almacena.

Para el suscrito es importante recordar que nuestro país ha demostrado su compromiso con la protección del agua al firmar y ratificar diversos tratados internacionales, por lo que en esa tesitura ha establecido regulaciones y disposiciones que generan facultades y acciones vinculantes en favor de mantener limpios nuestros ríos, lagos, lagunas y humedales, de manera tal que la vigilancia y las sanciones para prevenir y castigar la contaminación de estos son un acto esperado por la sociedad en su conjunto.

Por todo lo aquí expuesto y ante la urgente necesidad de proteger los cuerpos de agua de la contaminación para garantizar que el agua utilizada para consumo humano sea segura y saludable para todas y todos, pero de manera especial para las y los pobladores de Tijuana y Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan las denuncias sociales que advierten sobre la contaminación por descargas de aguas negras en los arroyos que convergen en la Presa El Carrizo, ubicada en Baja California, para que se haga una puntual investigación de los hechos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, derivado de la revisión del caso de la contaminación de las aguas que convergen en la Presa El Carrizo, se inf orme a la sociedad de los resultados de las investigaciones y las acciones emprendidas en contra de los responsables de la contaminación de ese cuerpo de agua.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua a emprender acciones conjuntas con el Organismo Cuenca Península de Baja California para dar claridad a la situación de las aguas de la Presa El Carrizo ante las discrepancias entre las declaraciones de los responsables de los análisis de calidad del agua emitidos de manera particular por cada dependencia, con el propósito de que se emita una resolución oficial que establezca de manera precisa el nivel de contaminación de las aguas que ahí se almacenan.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Baja California a emprender acciones urgentes para el mantenimiento y saneamiento de la Presa El Carrizo y a informar a la ciudadanía respecto a las acciones emprendidas.

Notas:

1 Véase, “Jalisco ocultó datos de niños dañados por Río Santiago. Ahora se cree que fue crimen de Estado”, Sin Embargo, 9 de mayo 2023. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/07-02-2020/3726625

2 Véase, “Los Retos de la Restauración del Lago de Texcoco”, CONACYT, 9 de mayo de 2023. Disponible en https://conacyt.mx/los-retos-de-la-restauracion-del-lago-de-texcoco/

3 Véase, Salud Ochoa, “Jiménez, en riesgo por falta de agua”, El Diario de Chihuahua, 9 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/jimenez-en-riesgo-por-falta-d e-agua-20200224-1631967.html

4 Véase, CONAGUA, “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Tijuana (0201), Estado de Baja California”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103399/DR_0201.pdf

5 Véase, Julieta Aragón, “Falta de agua por contaminación mortal”, Zeta Tijuana, 10 de mayo de 2023. Disponible en: https://zetatijuana.com/2023/05/falta-de-agua-por-contaminacion-mortal/

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Yucatán a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública, a cargo de la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Janine Patricia Quijano Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho humano a la salud en nuestro país está reconocido en la Constitución mexicana, en leyes generales, así como leyes estatales que ponderan como una responsabilidad y obligación del Estado velar y garantizar que existan condiciones dignas, igualitarias y sin discriminación para que todas las personas accedan a los servicios proveídos por el sistema de salud mexicano y esto contribuya a una calidad de vida digna.

No obstante, la integralidad de la salud no es exclusiva del cuerpo físico, sino también de la mente; afortunadamente, cada vez más se le otorga a la salud mental el lugar que siempre debió tener: prioritario; sin embargo, sigue representando una problemática en materia de políticas públicas que no se ha resuelto a cabalidad en ninguno de los tres niveles de gobierno y que permiten visibilizar las marcadas desigualdades entre la población, desde el acceso a personal especializado en psicología y psiquiatría, hasta los costos inaccesibles de las consultas privadas, así como la falta de atención gratuita y accesible por parte de las dependencias federales, estatales y municipales.

“No hay salud, sin salud mental”, una frase de la Organización Mundial de la Salud que ha ido generando la concientización colectiva para priorizar en las agendas gubernamentales la atención oportuna y la prevención de las enfermedades y trastornos mentales que menoscaban la calidad de vida de las personas que las padecen.

En consecuencia, la salud mental se debe visualizar desde la integralidad que conlleva el estado de bienestar de una persona en donde convergen factores sociales, condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, las desigualdades y discriminación sociocultural y económica, los modos de vida poco saludables, los riesgos de vivir o estar en situaciones de violencia y otras aristas que culminan en diversas violaciones a derechos humanos.

En este sentido, y de acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por el Inegi en 2021, México se encuentra enfrentando una crisis silenciosa pero alarmante que está cobrando día con día la vida de muchas personas. En este contexto, Yucatán, el estado que representó, es una de las entidades con la mayor tasa de suicidios a nivel federal, rebasando la cifra de 300 casos anuales.

Es vital señalar que el suicidio es más que un problema de salud mental, pues las motivaciones que llevan a las personas a cometerlo son multifactoriales y ya es momento de quitar de la discusión pública que “es la salida fácil”, ya que dicha frase desestima a quien lo cometió, que se convierte en una víctima de la falta de atención prioritaria de una red de apoyo, incluyendo al propio Estado.

El 10 de octubre es el “Día Mundial de la Salud Mental”, en este marco, las personas que estamos en espacios de toma de decisiones y en el país representando a la población mexicana que nos otorgó su confianza para trabajar por una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminación estamos obligados a crear leyes que protejan a la gente, que lleven a los gobiernos a actuar en consecuencia y generen políticas públicas con efectividad de aplicación y presupuesto para ejecutarlas.

Los grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, población de la diversidad sexual y de género, personas de pueblos originarios y mujeres son quienes más requieren la atención prioritaria para el cuidado de su salud mental y, de acuerdo con la Agenda 2030 de la ONU, “nadie debe quedarse atrás”, por lo cual las brechas deben acortarse para garantizar acceso a todas y todos en igualdad de condiciones.

En relación con lo anterior, el 16 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, conjunto de reformas que impactan en materia de promoción, atención y tratamiento de la salud mental y las adicciones en el país, con carácter prioritario dentro de las políticas públicas.

En consecuencia, el 29 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, órgano con atribuciones y facultades que fusiona lo que anteriormente era ejecutado por tres instancias rectoras en la materia: el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (ST Consame), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

La comisión tendrá la obligación y responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la atención de la salud mental y de la prevención de las adicciones en la población mexicana, por lo que tendrá entre sus actividades elaborar la política, las estrategias y los programas de promoción, prevención y atención de problemas y trastornos de salud mental y adicciones. Además, coordinará la prestación de los servicios de atención desde el primer nivel; sin embargo, para que dicha reforma tenga un impacto real, es necesario que los congresos locales hagan las adecuaciones pertinentes a sus marcos jurídicos vigentes para la armonización legislativa de conformidad con la Ley General de Salud.

Ahora bien, la relevancia de la armonización legislativa radica en la compatibilidad entre las disposiciones jurídicas federales con las estatales, de tal suerte que se eviten problemáticas en las implementaciones de las políticas de salud pública y las entidades federativas cumplan con las obligaciones normativas que les competen para no obstaculizar su aplicación.

En este sentido, las leyes estatales del estado de Yucatán deberán ser armonizadas para priorizar en la agenda pública la atención, acceso y garantía de la salud mental de las y los yucatecos por parte los servicios de salud, así como la prevención y tratamiento de las adicciones, asegurando la transparencia y acceso en la información y la toma de decisiones que impacten en sus vidas.

Asimismo, Yucatán debe priorizar alternativas de atención y prevención del suicidio en virtud de que la estrategia actual ha demostrado fehacientemente la falta de efectividad, en razón de que la tasa desde 2018 no ha disminuido, sino más bien, aumentado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al honorable Congreso del estado de Yucatán a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los servicios de salud del estado de Yucatán, así como al Ejecutivo estatal a que informe públicamente sobre las acciones para prevenir y disminuir la tasa de suicidios en la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo estatal y a los servicios de salud del estado de Yucatán a informar públicamente respecto a las estadísticas de atención en materia de salud mental en los 106 municipios de la entidad.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre de 2023.

Diputada Janine Patricia Quijano Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos 50 años, los plásticos han penetrado con fuerza en la economía debido a su versatilidad, coste y eficacia para diversos usos, no obstante, estos también representan impactos negativos, especialmente para el medio ambiente, por ello, su regulación se ha convertido en un reto social y económico de primera magnitud.

En ese sentido, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, con la presentación del estudio sobre la nueva economía del plástico, se encendieron las alarmas, toda vez que se aseguró que, al ritmo de consumo actual, los mares y océanos de nuestro planeta podrían llegar a contener una tonelada de plásticos por cada tres toneladas de peces, y se enfatizó en una triste realidad, al apuntar que “sin una acción urgente, en 2050 los océanos del planeta contendrán mucho más residuos plásticos que peces”.1

Por lo anterior, tanto a nivel mundial como regional, la urgencia de abordar la contaminación por plásticos ha generado el desarrollo de medidas de todo tipo para limitar su uso, incluso prohibirlos por medio de políticas, leyes y demás regulaciones.

Ejemplo de lo expuesto son las acciones emprendidas por la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la cual retomó el tema de los plásticos y emitió un Acuerdo Global para Reducir el Consumo de Plásticos de un Solo Uso,2 con el fin de abordar el impacto de este material en nuestros ecosistemas, así como para eliminar o restringir su uso para el año 2030, entre otros aspectos de igual trascendencia.

En voz de especialistas, nuestro país se ha caracterizado como un gran observador de las innovaciones y prácticas de otras latitudes, ello con la finalidad de adoptar elementos que se han convertido en legislación vigente, entre otros modelos el de la economía circular.

Bajo esta lógica, en México se ha legislado en materia de envases y empaques con alcances prohibitivos o restrictivos, siendo las entidades federativas las impulsoras de tales adelantos normativos. Asimismo, se han integrado elementos de impacto productivo y económico en leyes de naturaleza netamente ambiental.

La regulación de plásticos en México ha sido un tema importante en los últimos años y se han implementado diversas medidas para reducir su consumo y mitigar los impactos ambientales, tal es el caso de la prohibición de bolsas de plástico, la aplicación de impuestos a tales artículos, así como el etiquetado de productos plásticos, por mencionar algunos.

Uno de los casos de éxito más emblemáticos es el que se suscitó en 2019, cuando México implementó a nivel nacional la prohibición de otorgar bolsas de plástico de un solo uso en establecimientos comerciales, medida que ha contribuido a reducir la generación de residuos plásticos y fomentar el uso de bolsas reutilizables.

Aunado a lo anterior, diversos estados y municipios en nuestro país han implementado el cobro de un impuesto a las bolsas de plástico, lo que ha incentivado a los consumidores a optar por alternativas más sostenibles.

De acuerdo con datos de la Universidad Autónoma Metropolitana, “88 por ciento de las entidades han establecido regulaciones para las bolsas de plástico , 72 por ciento para los popotes y 25 por ciento para contenedores, empaques y envases de poliestireno expandido; 50 por ciento de los estados cuentan con regulaciones que plantean una prohibición hacia los plásticos ; 15 por ciento promueven la eliminación y 15 por ciento han establecido la sustitución gradual. El 37 por ciento de los gobiernos estatales plantean excepciones para materiales biodegradables, 34 por ciento por cuestiones médicas o de salud y 28 por ciento por conservación de alimentos”.3 (énfasis añadido)

Recientemente, entró en vigor la Ley de Economía Circular en la Ciudad de México, cuya aplicación es local, en la capital mexicana, la cual ha permitido fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los recursos. El propósito de dicha norma es reducir la generación de residuos, promover la reutilización, el reciclaje y la valorización de los mismos, así como prohibir la comercialización y distribución de productos de un solo uso, como bolsas y popotes de plástico y la implementación de un sistema de depósito y retorno para envases de bebidas.

Es conocida la preocupación federal y local para generar adecuaciones al tratamiento del uso de plásticos y su eventual gestión como parte integral de un sistema circular de los residuos, no obstante, aún se tiene un rezago considerable en el tratamiento de las bolsas de plástico.

En un mundo digitalizado, donde las empresas de comercialización de productos vía internet crecen de manera exponecial, el uso de empaques y embalajes se ha convertido en una necesidad primordial para comercializar y entregar diversos artículos.

Prueba de lo anterior es que las mencionadas empresas utilizan de forma recurrente y desmedida las bolsas de un solo uso para el envío de sus artículos, así como de las bolsas plásticas acojinadas por aire como medio de embalaje de manera recurrente, sin ninguna restricción.

Lo anterior resulta contrario a las disposiciones normativas internacionales y locales en la materia, debido a que, como mencionamos al principio, los plásticos son una causa importante de la contaminación marina, de la muerte de especies acuáticas y terrestres y de emisiones contaminantes a la atmósfera, situaciones que van en detrimento del medio ambiente y de la salud de las personas.

Por todo lo aquí expuesto, y ante la urgente necesidad de contar con elementos regulatorios específicos que actualicen la prohibición de plásticos de un solo uso, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los Congresos estatales a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje.

Notas:

1 Véase, Sonya Diehn, “Davos: Hay que reducir los residuos plásticos”, Deutsche Welle, 18 de enero de 2017. Disponible en: https://www.dw.com/es/davos-hay-que-reducir-los-residuos-plásticos/a-37 169027

2 Véase, Draft Ministerial Declaration of the 2019 United Nations Environment Assembly, “Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production”, 14 de marzo de 2019. Disponible en: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27701/Draft%20Min isterial%20Declaration%20Fifth%20Draft%20as%20of%2014.03.2019.pdf?seque nce=1&isAllowed=y

3 Véase, UAM Azcapotzalco, “La pandemia cambió los patrones de consumo y la cantidad de basura plástica”, Dirección de Comunicación Social, boletín número 347, 16 de julio de 2021. Disponible en: https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/347-21.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2023.

Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) son unidades de salud que proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria, los cuales sirven y ayudan a muchas personas que tienen esta enfermedad. Este tipo de unidades brinda el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como a sus familiares. Como parte de estos servicios se encuentra el brindar acceso al tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH que no están cubiertos por regímenes de seguridad social.

Las nuevas generaciones deben de contar con toda la información necesaria para protegerse de enfermedades cuando inician su vida sexual, por lo que es muy importante que todo el tiempo se estén difundiendo de una manera permanente los servicios e instituciones con las que contamos en materia de educación y prevención.

Los CAPASITS existen desde 1989 cuando se instalaron los primeros Consejos Estatales para la Prevención del SIDA (Coesidas) y luego en 1989 y 1990 se consolidaron los centros de información Telsida y el Cridis. Este modelo de atención se instaló en un principio en 10 entidades federativas.

Sabemos que el VIH en 1999, como se señala en los antecedentes históricos de la página de internet de la Secretaría de Salud, “ocupó el lugar 16 como causa de muerte afectando principalmente a la población de 25 a 34 años de edad, lo cual representó la cuarta causa de muerte en hombres y la séptima causa entre las mujeres. Debido a la evidencia de que el manejo adecuado de las ITS disminuyó en un 50 por ciento la transmisión sexual del VIH, incluyeron, desde 1997 al Programa de Acción: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”.

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), el cual tiene a su cargo la función normativa del Programa en la Secretaría de Salud, constituyéndose el Conasida como instancia de coordinación interinstitucional del sector salud, fue creado en el 2001.

En el año 2003 en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud se inició con la creación de los CAPASITS, los cuales, como ya se señaló, son unidades médicas para consulta externa que cuentan con auxiliares de diagnóstico, farmacia y área de atención psicológica. Hoy en día contamos, según datos del Censida de fecha 14 de junio de 2021, con 78 CAPASITS en todo el país.

Estos CAPASITS deben contar con los medicamentos necesarios, las herramientas, personal y difusión requeridos para que puedan seguir ayudando a miles de personas y disminuir la prevalencia del VIH/SIDA con especial atención en las y los jóvenes, disminuir los casos de transmisión perinatal de VIH, eliminar la sífilis en mujeres embarazadas, eliminar los casos de infección por VIH, hepatitis B y C, secundarios a transfusiones sanguíneas y trasplantes, reducir la mortalidad por SIDA en la población de 25 a 44 años de edad, así como disminuir el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo.

Como puede verse, los CAPASITS llevan a cabo labores de vital importancia, las cuales deben difundirse masivamente entre la población.

Los CAPASITS se constituyen como unidades operativas de las políticas públicas, programas de prevención, atención médica, promoción social, ejecución de recursos y de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual en el país; ofrecen promoción de salud sexual, mejoran el acceso a los servicios ofreciendo atención integral a las personas que viven con el VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, la cual incluyen aspectos psicológicos, sociales, culturales y étnicos.

Estas clínicas tienen la misión de proporcionar atención médica integral especializada, de calidad, con criterios de igualdad y respeto, sin discriminación ni estigmatización, tendiente a prevenir y controlar la infección por VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población no derechohabiente y grupos vulnerables.

No debemos perder de vista que este modelo de atención integral ambulatoria a nivel operativo atiende a la población no derechohabiente con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual y que su labor más importante es la detección, diagnóstico, tratamiento, control y prevención, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual.

Debemos apostar por la educación sexual y la prevención, difundiendo a través de campañas permanentes estos y otros servicios con los que ya contamos y que la mayoría de las veces, por desconocimiento de que existen, no son utilizados por la población hasta que se encuentran en una situación de salud que pudo evitarse.

La finalidad de este punto de acuerdo es que se den a conocer las labores que se llevan a cabo en estos centros a fin de que la población sepa qué es lo que hacen y se contribuya de esa forma a mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudando a prevenir los contagios entre la población en general.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedades y ayudar a prevenir los contagios entre la población en general.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre de 2023.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a regular adecuadamente y sancionar el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A nivel nacional las tarifas cobradas por parte de los concesionarios del servicio de grúa que poseen placas de servicio público federal son excesivas y completamente arbitrarias, lo cual pone a los usuarios en un estado de completa indefensión ante los abusos cometidos.

Las empresas que prestan el servicio de grúa lo hacen de una manera irregular e incluso algunas de estas operan sin exhibir adecuadamente los permisos y en ocasiones sin tenerlos actualizados, o bien, sin contar con ellos, lo cual les permite cobrar tarifas demasiado altas sin ser sancionados por la autoridad.

El Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos tiene una laguna legal, motivo por el cual hoy presento este punto de acuerdo con objeto de ayudar a evitar los abusos que se dan a la hora de cobrarle a los transportistas por el uso del servicio de una grúa ya sea por un accidente ocurrido fuera de las carreteras o cuando tienen la necesidad de usar las rampas de emergencia para frenado.

Las rampas de emergencia para frenado en carretera son hechas con la finalidad de evitar tragedias derivadas de un accidente, sin embargo, su utilización de convierte en una situación complicada cuando, por ejemplo, un tráiler hace uso de ella y tiene que salir de ésta con la ayuda de una grúa, porque entonces está obligado a pagar los daños causados a la rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista.

Los costos que un transportista tiene que pagar por los servicios de la grúa para sacar su unidad de una rampa de emergencia no se encuentran regulados, por lo que en muchas ocasiones son muy altos. Valiéndose de este vacío legal, quienes prestan el servicio de grúa cobran cantidades que oscilan entre 200 mil y 250 mil pesos, según los testimonios de los mismos operadores, estos costos no solo son absurdos y exagerados, sino que no tienen razón de ser.

En este contexto, los mismos transportistas han solicitado de manera constante que se regule y se legisle en el tema con la finalidad de que se eliminen todas las lagunas legales que se tienen en este momento en las leyes y sus reglamentos y con ello evitar las altas tarifas que de manera injustificada se cobran por este servicio.

El servicio de grúa, que consiste en llevar un vehículo a un taller mecánico para ser reparado, o bien, en brindarle a una unidad apoyo para ser rescatada de sitios en donde no exista una superficie adecuada para conducirlos o a vehículos que hayan tenido un accidente, debe estar regulado de manera adecuada.

Los vehículos que necesitan de una grúa, ya sea por avería o accidente, para ser remolcados a un lugar seguro con la finalidad de ser reparados, deben tener acceso a tarifas que se ajusten a la realidad, que sean trasparentes y públicas a nivel nacional, de manera tal que sea posible homologarlas.

La autoridad competente para hacer esta regulación y homologación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por lo cual considero oportuno solicitar respetuosamente que se establezca una base tarifaria de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal.

Así mismo, considero pertinente que una vez que la SICT tenga las tarifas autorizadas, éstas sean completamente públicas para que nadie pueda modificarlas o alterarlas, de modo tal que quien lo haga pueda ser castigado con sanciones que van desde multas hasta el retiro del permiso para prestar el servicio.

Diversas organizaciones como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C.; la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A.C.; la Asociación Nacional del Transporte Privado; y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga han manifestado su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades para que las tarifas que establezca la SICT sean respetadas, colaborando a través de la denuncia de quienes excedan esos parámetros y cometan abusos.

Es importantísimo actualizar las tarifas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el año 2017 con el objetivo de que estén acorde con los costos de la gasolina y todo lo que conlleva el servicio y tengamos tarifas justas y apegadas a nuestra actualidad; igualmente, es indispensable que los tabuladores establecidos por parte de la SICT sean parejos en el cobro del servicio.

En el portal electrónico de la SICT se establecen las siguientes bases de tarifa de los servicios de arrastre:

- El servicio de arrastre consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias para enganchar a una grúa, vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal.

- Cuando el vehículo se desplace por su propia fuerza motriz, sólo se realizará el cobro del banderazo de salida, así como de las maniobras de abanderamiento y del personal utilizado, en su caso.

- Los vehículos que utilicen el servicio de arrastre, deberán encontrarse descargados. Si el arrastre se realiza a vehículos que transportan mercancías, las maniobras de descarga correrán por cuenta del usuario o bien, podrán ser efectuadas por el permisionario de grúas, siempre y cuando medie acuerdo y/o autorización previa por escrito sobre el precio de éstas.

- En cobros por kilómetro, las fracciones mayores a quinientos metros se consideran como un kilómetro y, las fracciones en distancias menores a quinientos metros, no se cobrarán.

- En los servicios de arrastre en que sea indispensable utilizar caminos y puentes de cuota para la ejecución del servicio, los pagos serán a cargo del permisionario en lo que respecta a las cuotas aplicables a la grúa, y en las correspondientes al vehículo objeto del servicio, serán a cargo del propietario del mismo, previo acreditamiento con los comprobantes correspondientes.

- El costo del servicio de arrastre se integra por:

Cobro fijo por unidad de servicio (“banderazo”).

Factor de cobro por vehículo-kilómetro recorrido materialmente.

- El arrastre de los vehículos tractocamión de configuración articulada sencilla con un semirremolque, se cobrará como una sola unidad, salvo que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articularlo, el remolque o semirremolque, en este caso, se cobrará el arrastre en forma independiente cada uno de ellos.

- En el supuesto de arrastre de los tractocamiones de configuración doblemente articulados, se cobrará como un solo vehículo el tractocamión y el primer remolque o semirremolque; en tanto, el segundo remolque o semirremolque se cobrará en forma independiente.

- En el caso de que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articular el primer remolque o semirremolque, se cobrará cada uno de éstos en forma independiente, así como el segundo remolque o semirremolque, con independencia de que sea factible o no su articulación.

Es por lo anterior que pedimos que la autoridad competente sea más específica en los cobros y establezca una tarifa homologada que realmente se apegue a la realidad, evitando los cobros excesivos que se dan por el servicio de grúa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que regule adecuadamente y sancione el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a establecer medidas que obliguen a quienes prestan servicios de arrastre y salvamento de vehículos a informar a los usuarios de manera clara, adecuada y suficiente sobre las tarifas oficiales que pueden cobrar.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2023.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a realizar campañas informativas sobre el uso y clasificación adecuados de los videojuegos, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tenido avances palpables y significativos en el tema de la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en cuanto respecta a su acceso a videojuegos, estén estos en medio magnético o en línea, gracias a que ya han sido publicados los lineamientos y la Guía Parental en la materia.

El artículo décimo cuarto, inciso b), de los referidos lineamientos señala que la Secretaría de Gobernación debe realizar campañas de información respecto a las clasificaciones y a los controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo a los rangos de edad, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, difundidos a través de medios electrónicos, digitales e impresos.

Por su parte, el inciso c) del mismo artículo establece que la Secretaría de Gobernación emitirá la guía de control parental en materia de videojuegos que será diseñada para que los padres, madres, tutores o cualquier adulto responsable del menor puedan impedir o restringir que niñas, niños o adolescentes accedan a videojuegos inapropiados para su edad.

Resulta de vital importancia llevar a cabo el seguimiento de estos dos puntos ya que, desgraciadamente, el desconocimiento de esta información por parte de los padres o de los cuidadores primarios sigue poniendo en peligro a los menores cuando estos buscan un poco de esparcimiento y diversión.

En este sentido, consideramos pertinente realizar campañas de manera permanente y en todos los medios de comunicación masivos para que los padres de familia, así como los adultos responsables del cuidado de los menores estén enterados de los riegos que algunos videojuegos representan para quien no tiene una edad adecuada para acceder a determinados títulos.

Hoy muchos niños, niñas y adolescentes acceden sin mayor restricción al internet y a los videojuegos y sin que los cuidadores primarios o los padres de familia estén al tanto y plenamente conscientes de los riesgos que ello implica, por ejemplo, estar expuestos a la violencia, a vocabulario inapropiado, a contenido sexual o simplemente a relacionarse con extraños que no siempre tienen como intención el juego, sino que utilizan éste como una vía para engañar a los menores.

Igualmente, varios estudios señalan que jugar en línea expone a los equipos a virus y programas maliciosos.

Si bien los videojuegos son una fuente de diversión y recreación para quienes los juegan, cuando se accede a ellos sin supervisión, estos representan un constante peligro para los menores y las consecuencias negativas son muchas, desde inducir a un comportamiento violento y la exposición que se tiene con desconocidos hasta ser víctimas de robo de identidad y robo de la información, etcétera

Las niñas, niños y adolescentes de hoy suelen pasar demasiadas horas jugando videojuegos, más de seis horas semanales, según lo indica Alianza por la Seguridad en Internet.

Sabemos que se cuenta con una variedad muy amplia de dispositivos y de juegos, por lo que los riesgos son igualmente diversos. Los riesgos de que los menores accedan sin control a jugar en línea van desde la descarga gratuita de aplicaciones de juegos que solo es el gancho para después hacer el cargo hasta las compras no autorizadas por los padres.

Se podrían señalar mil cosas más, pero el objetivo de este punto de acuerdo es el de sumar esfuerzos para proteger a la niñez y difundir entre los padres de familia y los cuidadores primarios un instrumento de gran relevancia para orientar sobre los riesgos potenciales que hay en los videojuegos, el internet y las redes sociales. Esta herramienta también enseña a los adultos que los videojuegos, el internet y las redes sociales tienen diversos beneficios que podemos aprovechar de manera tal que es necesario encontrar un punto que permita un acceso y uso equilibrados.

La Guía Parental y la denominada “Parentalidad Tecnopositiva” implican un acompañamiento en el consumo digital de nuestros niños, niñas y adolescentes, el cual debe realizarse con respeto y amor, a fin de guiarlos con principios fundamentales para su educación en cualquier ámbito.

Por lo anterior y con la única finalidad de proteger el interés superior de la niñez y su autonomía progresiva, prevista en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentó esta proposición que pretende continuar con los avances y dar seguimiento a la seguridad de los menores en el acceso a los videojuegos y al internet, de conformidad y dando cumplimiento a los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre del 2020.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación a realizar campañas de información respecto a las clasificaciones y a los controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo a los rangos de edad con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación a realizar campañas de información respecto a la Guía de Control Parental en materia de videojuegos, para que los padres, madres, tutores, o cualquier adulto responsable de un menor cuente con las herramientas y el criterio necesarios para evitar que niñas, niños o adolescentes accedan a videojuegos inapropiados para su edad.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.

Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)