Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conahcyt, a la Ssa, a la Profepa y a la Conagua a informar a la opinión pública sobre las medidas específicas que se implementarán para frenar los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la elevada contaminación de sustancias químicas en el Río Atoyac, en la zona alta del Atoyac, en los estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Considerac
Iones

En días pasados, apareció en los medios nacionales la publicación de un evento referente a la presentación del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Regio?n de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac; en dicho plan, se menciona que “Tlaxcala y Puebla han presentado las tasas de mortalidad más altas por enfermedad renal crónica en jóvenes debido a la contaminación de la cuenca del río Alto Atoyac” (Calva, 2023).

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conahcyt, reveló (Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, 2023), durante la presentación del plan, que entregó a la Secretaría de Salud un informe con resultados de investigaciones humanísticas y científicas que sustentan el estado de contaminación, heredado por el neoliberalismo, en la cuenca del Alto Atoyac (CAA) y su asociación con daños a la salud de las personas que viven en la zona.

La CAA está integrada por varios municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala. En ella viven 79.5 por ciento de la población de Tlaxcala y 42 por ciento de Puebla.

Esta cuenca es una de las 30 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) identificadas por el Conahcyt.

En esta cuenca se presenten tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles mucho mayores a los promedios nacionales. La evidencia científica presentada en este primer informe demuestra que estas altas tasas de incidencia y muerte son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.¨

María Elena Álvarez-Buylla hizo entrega de este primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac y también hizo recomendaciones para su atención integral al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien comentó que este informe contiene las recomendaciones integrales realizadas por varios científicos.

Además, es crucial resaltar que los hallazgos derivados de tres estudios de biomonitoreo independientes han revelado de manera consistente que un considerable segmento de la población en diversas zonas de la CAA exhibe niveles significativos de contaminantes tóxicos en sus organismos. Estos contaminantes incluyen, entre otros, arsénico, plomo, cromo y cadmio, todos ellos sustancias altamente perjudiciales para la salud humana. Asimismo, se han detectado múltiples plaguicidas y bifenilos policlorados (BPCs) en estos análisis, subrayando la urgente necesidad de tomar medidas adecuadas para mitigar esta problemática ambiental y salvaguardar la salud de la población.

Igualmente, en lo que respecta a los riesgos laborales detectados entre la población alfarera, resulta alarmante observar que aproximadamente el 90 por ciento de los individuos estudiados registraron niveles de plomo en sangre que superan ampliamente las recomendaciones de seguridad. Estos elevados niveles de plomo se han correlacionado con efectos adversos en la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares y renales, cuyos orígenes se atribuyen en gran medida a la exposición crónica al plomo y a otros contaminantes presentes en la cuenca del Alto Atoyac.

Por otra parte, al realizar análisis geoestadísticos utilizando bases de datos oficiales de mortalidad y parámetros de contaminación en el río Atoyac, se ha evidenciado una situación preocupante: se han identificado tasas de mortalidad significativamente elevadas por enfermedad renal crónica (ERC) en la región oriental de la Cuenca, Tlaxcala. Las tasas más altas de leucemias agudas se presentan en la zona sur, correspondiente a Puebla. Estos hallazgos subrayan la complejidad y diversidad de los impactos de la contaminación en la salud de la población en la CAA.

La Organización Mundal de la Salud (OMS) señala que “los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio causan daños neurológicos y renales. La presencia de metales pesados en los alimentos se debe principalmente a la contaminación del aire, del agua y del suelo”. (WHO, 2020).

Por otro lado “Norma Araceli Bobadilla Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la Unidad Periférica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, asegura [que]: Las enfermedades renales son frecuentes, y en etapas avanzadas muchas veces son irreversibles, razón por la cual es urgente atenderlas de manera temprana”. (Dirección General de Comunicación Social UNAM, 2023)

Por estas razones es necesario unir esfuerzos para erradicar la problemática ambiental existente en dicha zona donde está afectando la salud de sus habitantes. La alta tasa de incidencia de enfermedades renales crónica, cardiovasculares, por mencionar algunas, es materia suficiente para atender y solucionar la problemática de la contingencia ambiental presentada en la CAA.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Secretaría de Salud, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) a que informen a la opinión pública sobre las medidas específicas que se aplicarán para frenar los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la elevada contaminación de sustancias químicas (metales pesados y BPCS) en el Río Atoyac en la zona alta del Atoyac (CAA) en el estado de Puebla y Tlaxcala. Considerando las recomendaciones del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, así como del Primer Informe Estratégico para Comprensión de la Problemática en esta Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.

Notas:

1 Calva, P. R. (3 de Octubre de 2023). Río Atoyac mata a los jóvenes en Tlaxcala y Puebla. Excélsior, pág. 13.

2 Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías. (29 de Septiembre de 2023). conahcyt. Obtenido de gobierno de México suma esfuerzos para resarcir daños socioambientales causados por el neoliberalismo en la cuenca del río Alto Atoyac: https://conahcyt.mx/gobierno-de-mexico-suma-esfuerzos-para-resarcir-dan os-socioambientales-causados-por-el-neoliberalismo-en-la-cuenca-del-rio -alto-atoyac/

3 Dirección General de Comunicación Social UNAM. (8 de MARZO de 2023). www.dgcs.unam.mx. Obtenido de Detección oportuna de enfermedades renales favorece calidad de vida : https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_167.html#:~:text=Aproxi madamente%20850%20millones%20de%20personas,padecimiento%20y%20no%20lo%2 0saben”

4 WHO. (30 de Abril de 2020). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Inocuidad de los alimentos: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a que, a través del programa “Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes 2024”, fomente e impulse la digitalización rural, la capacitación especializada y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los sectores fundamentales para la economía de México es el agropecuario, porque es la pieza primordial de la producción de alimentos de primera necesidad, de materia prima y de desarrollo de los sectores productivos, así como una importante fuente de empleos para las y los mexicanos

Sin embargo, esta actividad vive momentos muy difíciles debido a las inclemencias climáticas, el deterioro del medio ambiente y las profundas sequías que vive el planeta, aunado a la desorganización entre los productores, falta de financiamiento, precios de garantía que limitan el libre mercado y los altos costos de los insumos, entre otros que limitan las condiciones de producción y desarrollo del campo.

Frente a este escenario, es pertinente plantear nuevos modelos productivos que garanticen la seguridad alimentaria, que impulsen el desarrollo del campo mexicano, que mejoren las condiciones de vida de las y los campesinos y empresarios y el desarrollo económico de la cadena productiva.

Como se ha señalado, la agricultura desempeña un papel vital en el desarrollo económico de los países menos desarrollados ya que la mayoría de su población depende de ella para poder vivir. La agricultura es la fuente básica de suministros de alimentos en todo el mundo, si la agricultura no satisface a la población de alimentos, puede llegar a afectar negativamente al crecimiento económico.

Por lo tanto, el sector agrícola tiene una gran importancia para el desarrollo económico del país.

Según la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), en México es la agricultura el principal componente en el sector agropecuario, su aportación es mucho mayor en relación al sector pesquero, pecuario y acuícola, además permanece vigente durante todo el año con sus distintos cultivos. Sin duda alguna que esta actividad primaria ha tenido una función fundamental en nuestro país, y actualmente es el subsector que más posibilidades de obtener recursos económicos ofrece, además de generar progresos en la consecución de la seguridad alimentaria para todos.

Esta actividad es la encargada de proveer alimentos, materias primas, y mano de obra al sector agroindustrial y de servicios, también, demanda gran cantidad de productos industriales de primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinaria, entre otros, y en el aspecto social favorece el arraigo a sus tierras, el sustento a familias y la preservación de recursos naturales de cierto número de personas en localidades productoras.

La agricultura no sólo es una actividad económica, es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza y sostén de la humanidad.1

Sin duda alguna, la importancia de la agricultura y la ganadería genera un gran interés en la vida diaria de las y los mexicanos, tanto en el crecimiento económico como en la seguridad alimentaria. Lamentablemente el campo presenta una grave sequía que ha dejado al sector agropecuario en una crisis que no se veía desde el 2012.

Algunas de las estrategias para erradicar la pobreza es el crecimiento agrícola ya que aumenta las productividades e ingresos de los pequeños agricultores, como también el aumento de empleo y los salarios de los trabajadores agrícolas. El conjunto de estos factores ayuda a reducir la pobreza y el desempleo.

El cambio climático es una de las variantes más importantes de riesgo para la agricultura, ya que está generando aumentos en la temperatura y una reducción de lluvias en distintas partes del país, así como contribuyendo a aumentos en la frecuencia de sequías extremas.

Estos problemas, combinados con la mayor demanda de agua asociada al crecimiento del sector agrícola hacen que la población sufra de índoles consecuencias como la falta de cultivos, empleos y crecimiento económico. Las poblaciones pobres que viven en las zonas rurales son particularmente vulnerables ya que su subsistencia y bienestar dependen marcadamente de la agricultura.

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo tiene como objetivo que la Sader, en coordinación con instituciones educativas, diseñen, impulsen y fomenten la capacitación especializada, así como programas estratégicos de análisis y estudio de la producción del sector agropecuario a través de las tecnologías de producción y precisión.

Es decir, la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible.

Entrando en la materia que nos ocupa, el pasado 15 de mayo de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) circuló un comunicado en el que destaca la necesidad de la inclusión de las tecnologías e innovación.2 Señala que; “Debido al aumento de la población mundial y por ende la creciente demanda de alimentos, se requiere que el sector agrícola sea eficiente y sostenible para garantizar la seguridad alimentaria, disminuir la emisión de gases de efecto invernado y promover el desarrollo local con la finalidad de lograr una sostenibilidad económica de las comunidades”.

El mismo documento indica textualmente que; “Por tal motivo, es necesario incorporar tecnologías y metodología de la Agricultura de Precisión (AP) en las prácticas agrícolas tradicionales con el objetivo de lograr una producción de alimentos sustentable en nuestro país (Rosales-Soto & Arechavala-Vargas, 2020).

La AP mejora la gestión de los insumos agrícolas como son semillas, agua, fertilizantes, combustibles y plaguicidas a través de la implementación de prácticas de gestión de dichos insumos (Nhamo, et al., 2020; Raj, et al., 2021). Asimismo, la AP permite observar y evaluar los cultivos de forma gráfica, remota y no destructiva, reduciendo el trabajo de campo”.

“En general, se trata de un sensor montado en una plataforma, que podría ser un satélite, un vehículo aéreo no tripulado o un robot de campo. El sensor recoge la radiación electromagnética reflejada o emitida por los cultivos, que luego se procesa para analizar su respuesta espectral y con ésta elaborar productos útiles para los agricultores (Raj, et al., 2021; Hafeez, et al., 2022)”.

“Dichos productos les permiten tomar decisiones informadas logrando beneficios económicos y ambientales, al disminuir el uso de agroquímicos originando un ahorro económico en la compra de insumos, a la vez evitando daños ambientales y la mejora en la calidad y cantidad del rendimiento, incrementando las ganancias de los productores y su interés por continuar cultivando sus tierras (Delavarpour, Koparan, Nowatzki, Bajwa, & Sun, 2021; Lee, Strong, & Dooley, 2021)”.

En el mismo sentido, una publicación con fecha 18 de octubre de 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) México señala; “Cada día el mundo se aleja del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición”, meta que se planteó a nivel global en el año 2015. Hoy en día, se prevé que casi 670 millones de personas — 8 por ciento de la población mundial — seguirán pasando hambre en 2030. Esta es una cifra similar a la del 2015, año de creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.3

Según la FAO,4 “La agricultura tiene una gran importancia en la economía de muchos países en desarrollo debido a su significativa contribución a la producción interna y el empleo, así como por su aporte a la seguridad alimentaria, esencial sobre todo para los países menos industrializados”.

En el caso específico de nuestro país, con datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en comunicado de prensa núm. 312/23 del 31 de mayo de 20235 indica: “En México hay 32.1 millones de hectáreas de uso agrícola. 83.8 por ciento de la mano de obra en el campo son hombres y 16.2 por ciento, mujeres.

Los altos costos de insumos y servicios, así como los factores climáticos, fueron los problemas más recurrentes en el campo mexicano”.

“El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en el país había 5 005 770 unidades de producción agropecuaria y 32.1 millones de hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción se distribuyeron de la siguiente manera: 4 440 265 fueron unidades de producción activas, 3 con 26.1 millones de hectáreas de superficie agrícola y 565 505 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad,4 con 6.0 millones de hectáreas de superficie agrícola”.

En otros párrafos señala la importancia de tener estadísticas y datos precisos a detalle : “El sector agropecuario requiere de información actual y completa que permita conocer su situación económica, tecnológica y social. Disponer de estadísticas actualizadas es fundamental para planificar y para formular políticas y estudios dirigidos a las unidades de producción agrícola, ganadera y forestal”.

Incluso, en 2021, la FAO presentó un informe6 que “analiza las oportunidades que los nuevos avances tecnológicos relacionados con la automatización y la agricultura de precisión (por ejemplo, la robótica) pueden ofrecer a la agricultura en los países en desarrollo.

En este estudio destacan varios aspectos que consideramos de interés para el desarrollo sostenible del sector agropecuario que a continuación citaremos en distintos fragmentos:

“Las tecnologías agrícolas están evolucionando rápidamente hacia un nuevo paradigma: la agricultura 4.0. Dentro de ese paradigma, la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial juegan un papel importante en la producción de cultivos, incluyendo el control de malas hierbas y de plagas y el control de plagas”.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, a través del programa “Erogaciones para el desarrollo de jóvenes 2024”, particularmente en “desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria” del ramo 08, fomenten e impulsen la digitalización rural, la capacitación especializada y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible.

Notas:

1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/como-beneficia-la-agricultu ra-a-las-familias-mexicanas, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 14 de mayo 2018

2 https://www.ift.org.mx/transformacion-digital/blog/contribuyendo-la-apl icacion-de-una-agricultura-sostenible-en-mexico

3 https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1609951/

4 https://www.fao.org/home/es

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA_ResO pt/CA_ResOpt2022.pdf

6 https://www.fao.org/documents/card/es?details=CB2186ES/#:~:text=Estas%20tecnolog%C3%ADas%20est%
C3%A1n%20destinadas%20principalmente,las%20operaciones%20generales%20de%20cultivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6 numeral 1, fracción l; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, entre otros, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que existe coincidencia entre los principales sectores de la población mexicana, en el sentido de que es de destacarse que nuestro país se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia, como lo es la inseguridad. Y esto es así porque en efecto, la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Así, la presencia y el poderío del crimen organizado también representan un desafío significativo, hecho que se refiere de manera preponderante a que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad.1

Como consecuencia de lo anterior, se han generado situaciones diversas que alientan el clima decreciente en materia de estabilidad y se visualiza un porvenir nebuloso, toda vez que la delincuencia organizada se ha diversificado en actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Así pues, la inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos, porque la violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho.2

Segunda. Que en medio de este ensombrecido panorama que genera la ingobernabilidad en materia de seguridad en nuestro país, sobresalen los desalentadores resultados de las más recientes consultas realizadas a la población mexicana, en donde ha quedado de manifiesto la preocupación que ésta guarda por el estado de la misma. Ejemplo de ello, son los hallazgos de la consulta que se llevó a cabo en marzo del 2023, donde de acuerdo con las respuestas se deduce, que el 34.7 por ciento de la poblacio?n de 18 an?os y ma?s -residente de las ciudades de intere?s seleccionadas en la muestra- considero? que en los pro?ximos 12 meses, la situacio?n de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguira? igual de mal.

Por otra parte, el 22.1 por ciento de la poblacio?n se pronunció en el sentido de que la situacio?n empeorara? en los pro?ximos 12 meses. En contraste, un segmento de la población más reducido, como lo es el 17.9 por ciento, que fluctúa de entre los 18 an?os y ma?s, refirio? que la situacio?n de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguira? igual de bien y finalmente el 24.0 por ciento manifesto? que mejorara?.3

En este escenario podría deducirse, que estos bajos niveles de percepción de la eficiencia y eficacia de los servicios de seguridad gubernamentales por parte de los usuarios, se deben sobre todo, a que desde el arranque de la administración en curso, se ha acumulado la exorbitante cantidad de más de 150 mil homicidios dolosos, (entre muchos otros delitos) y como es de esperarse, esa desafortunada situación ha dado pie a que se comparen estas cifras con las de los dos sexenios anteriores, resultando como saldo desfavorable que ya son más las personas que lamentablemente perdieron la vida por este tipo de delitos durante el presente gobierno, de las personas que fueron documentadas y ampliamente publicitadas durante los dos sexenios anteriores. Y es precisamente en este clima de inseguridad y de violencia, en el que se ha observado la dolorosa muerte de más de nuestros cinco mil niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Bajo esa misma tónica, resulta conveniente recordar la importancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, tendientes a facilitar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz público.4

Así y de acuerdo con sus funciones en concreto, el Secretariado Ejecutivo ha presentado cifras recientes, en donde se puede observar que tan solo en el primer mes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ocurrieron 83 homicidios dolosos y feminicidios de personas menores de edad. Para el caso del desglose por delitos, se tuvo que 4 mil 648 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron víctimas de homicidio doloso, ya sea con arma blanca, arma de fuego o algún otro tipo de mecanismo; mientras que en el caso de los feminicidios, se notificaron 445 víctimas, todo ello desde el inicio del sexenio lopezobradorista.

Por lo que hace a la recopilación de cifras más actuales, la propia institución que nos ocupa, refiere la incidencia delictiva, que tiene que ver con la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el caso de fuero federal.

De esta manera se recapitula, y como muestra basta un botón, que tan solo de enero a mayo del 2023, los presuntos delitos fueron 905 mil 124.

Tercera . Que otro factor que sobresale por ser sinónimo de distracción de las tareas primordiales que cualquier gobierno debe tener, como lo es el tema de la seguridad, es el de considerar de manera muy anticipada el rubro del proceso electoral, toda vez que de manera incorrecta se ha buscado constantemente el posicionar a toda costa en las listas de popularidad de los electores, a las o los aspirantes a cargos de elección popular del partido en el poder. Esto es, que en su momento deben analizarse todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle la simpatía al contrario.

Bajo el esquema anterior cabría cuestionarse el porqué esos actos anticipados se consideran una infracción, y una de las probables respuestas es que se consideran infracciones porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.

Así, lo pertinente es evitar ser infraccionados por realizar actos anticipados de campaña, ya sea que éstos sean llevados a cabo por personas aspirantes a lograr candidaturas independientes, a los mismos partidos políticos, a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular, a los precandidatos o a los candidatos postulados por partidos, porque todos ellos son susceptibles de recibir algún tipo de sanción de las señaladas en el marco jurídico electoral, considerando para esto el enorme reto que significa para las propias instituciones, el dar el más alto grado de certeza y seguridad jurídica posible a los procesos electorales de cualquier índole.

Cuarta . Tener el panorama completo de los aspectos relacionados con la seguridad pu?blica, el conocimiento de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas o ha?bitos por temor a ser vi?ctima del delito, percepcio?n sobre el desempen?o de las polici?as preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Eje?rcito y Marina, identificar los conflictos o enfrentamientos directos y conductas antisociales con familiares, vecinos, compan?eros de trabajo o escuela, establecimientos o autoridades de gobierno, la percepcio?n sobre el desempen?o gubernamental, los principales problemas que enfrentan las personas en su ciudad y la efectividad de las autoridades para atender dichas situaciones, son las formas en las que la poblacio?n se entera de la situacio?n de seguridad pu?blica en su ciudad.

Quinta . Que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de México entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera,5 y que como consecuencia de este concepto, el Estado tiene el derecho y la obligacio?n de garantizar su seguridad y mantener el orden pu?blico, porque su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdiccio?n”.

Adema?s, vale la pena recordar lo expresado en el sentido de que los estados deben limitar al ma?ximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad comu?n o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben esta? dirigido a derrotar un objetivo legi?timo, y no a la proteccio?n y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de polici?a debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevencio?n y proteccio?n de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas.6

Además, vale la pena recordar que el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Constitución Política determina que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.

Lo anterior alineado a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha elaborado el Programa Sectorial de Seguridad y Protección de la propia ciudadanía para el período 2020-2024, actividad desarrollada conforme a los ejes generales previstos en el propio Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que normalmente se somete a consideración del Poder Ejecutivo Federal de nuestro país.

Sexta. Que en la tónica de que el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia privativa de la libertad, hay que recordar que ésta rama jurídica, se hace cargo de los asuntos, como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, pero adicionalmente le corresponde revisar también los aspectos paralelos que afectan a otros derechos del ciudadano, ya que se deben garantizar en todo momento el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Además, hay que señalar la importancia de la estructura y los tipos de establecimientos penitenciarios, así como las medidas que se deben impulsar y respetar para dar cumplimiento al fin primordial, la reeducación y la reinserción social,7 por lo que resulta prioritario recuperar la dignificación de todo este sistema, con la intencionalidad de que cuente con bases más sólidas.

Séptima . En el rubro de reformular el combate a las drogas, es de destacarse que los derechos humanos son fundamentales para el control internacional de las drogas, por lo que los estados siguen estando jurídicamente obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluso al desarrollar y aplicar sus respuestas a la temática de las drogas.8

Es en este orden de ideas y para el caso del mejoramiento de las políticas en materia de drogas en nuestro país, que sobresale el objetivo de reformular su combate, revisando los sitios y condiciones donde se ha extralimitado su problemática, incluyendo el de revisar y ajustar su regulación, así como el de instrumentar una mayor oferta de tratamiento para el problema de las adicciones, considerando que los estados deben proteger, respetar y cumplir el derecho a la salud de la población comprometiendo el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a servicios sanitarios para que estos sean asequibles y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, el tratamiento de las mismas y la reducción de los daños.9

Octava . Por lo que hace a la reactivación de la procuración de justicia, es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un sistema de justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.10

Así, lo que se demanda en México es un sistema jurídico que encuentre su fundamento en los principios, los procedimientos y los documentos, aplicados sin ambigüedades y que garanticen el comprensión de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.11

Novena . Que la Iglesia Católica y los líderes religiosos han intentado allanar el camino, convocando a sus comunidades a construir un camino de paz, pero poco lograrán si no tenemos un gobierno que haga lo que le corresponde. Así tenemos por ejemplo, que a través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia Católica pidió a la sociedad, a los poderes políticos y económicos, así como a los gobiernos, trabajar en conjunto para transitar a un país en el que los mexicanos se sientan seguros.

En esta tónica, la Iglesia con mayor número de adeptos en nuestro país, ha declarado que México vive momentos difíciles con signos preocupantes de violencia, inseguridad, pobreza y violación a los derechos humanos, así como ha puntualizado que continuará trabajando para que la paz ocupe el lugar de la violencia, para que la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere a la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte”.12

Décima. Que en este momento de la patria, es cuando más se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su parte, previendo, planeando, organizando, documentando, investigando, controlando e informando; en suma, haciendo las actividades que resulten necesarias para dar un mejor servicio a la población, garantizando que sus necesidades de seguridad sean verdaderamente consideradas, ayudando a lograr un mayor control y rendición de cuentas, dando un mejor servicio y recordando que contamos con grandes, confiables y respetuosas instituciones, y que muy bien vale la pena que hagan un alto y se pregunten que es más importante, seguir en la simulación y en la estrategia fallida o incidir de manera decisiva para cambiar lo preciso.

Décimo primera. Que una de las funciones más importantes del Congreso mexicano es la de control, misma que se desarrolla por conducto de sus dos Cámaras, y se desarrolla en la tónica de la inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que llevan a cabo cada una de las colegisladoras sobre la actividad que lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo. Esto con el objetivo primordial de verificar que las esté llevando de forma correcta y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

En este contexto, como legisladora que soy, cuando reviso los elementos de juicio necesarios para evaluar un tema tan relevante como lo es el de la seguridad en mi país, necesariamente estoy obligada a levantar la voz, porque no puedo quedarme callada ante las desafortunadas evidencias que se presentan reiteradamente en los informes, porque también me siento obligada a contribuir y construir lo que me corresponda para alcanzar un mejor país, por lo que esta proposición con punto de acuerdo, nace con el único propósito de manifestar lo que millones de mexicanos sienten cotidianamente en sus actividades de todos los días.

Décimo segunda . Que es menester reconocer que en las condiciones en las que se encuentra nuestro país, deberá ser el propio titular del Poder Ejecutivo, quien realice el planteamiento de manera seria y decidida, en el sentido de cuál es la mejor forma de gobernar a un pueblo adolorido y lastimando por las actuales circunstancias de inseguridad, porque hoy mismo aún está a tiempo de rectificar y llevar a cabo las acciones que la patria necesita, por su propio bien y por el bien de todos.

Es por lo anteriormente expuesto, que pretendiendo abonar de manera positiva hacia la seguridad de nuestro país y con base en todos los argumentos y consideraciones detallados a lo largo de este ocurso, que me estoy permitiendo someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el uso de sus facultades y atribuciones, de forma urgente y prioritaria, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para preservar de la seguridad pública en el país, y cumplir con los objetivos señalados13 en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República, consistentes en emprender la construcción de la paz; recuperar la dignificación de los Centros Penitenciarios y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, erradicar la corrupción; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; el pleno respeto y la promoción de los Derechos Humanos; así como la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, se fortalezcan las instituciones de seguridad pública federal y de las entidades federativas con el objetivo de cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Notas:

1 Cfr. Luis E. Durand, El Desafío de la Inseguridad en México, urge acción, COPARMEX, 17 de Mayo del 2023, México.
https://coparmex.org.mx/el-desafio-de-la-inseguridad-en-mexico-urge-,accion/#:~:text=Además%2C%
20según%20los%20datos%20oficiales,en%20las%20últimas%20dos%20décadas. Sitio consultado el 20 de Junio del 2023.

2 Idem.

3 Nos estamos refiriendo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, misma que se lleva a cabo durante la primera quincena de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada an?o y que a partir de 2016, que cuenta con una muestra trimestral de viviendas por ciudad de intere?s, que se han ido incrementado gradualmente, contando con un esquema de muestreo probabili?stico, trieta?pico, estratificado y por conglomerados. Como u?ltima unidad tiene la seleccio?n la vivienda particular y como unidad de observacio?n a la persona, Garantizando un nivel de confianza de 90 por ciento en los resultados, con errores relativos acotados a 15 por ciento. Se considera una tasa de no respuesta de 15 por ciento, para mayor información se puede consultar, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ensu/en su2023_04.pdf. El Instituto Nacional de Estadi?stica y Geografi?a (INEGI) genera la informacio?n contenida y la da a conocer.

4 Consultable en: https://www.gob.mx/sesnsp/que-hacemos. Sitio revisado el 27 de Junio del 2023.

5 Para mayor información consultar, Que es la Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, 18 de febrero del 2020, Ciudad de México. https://www.gob.mx/cni/documentos/conoce-que-es-la-seguridad-nacional.

6 Consultable en Presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Nacional, Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/Derechos_Humanos/Ponenci as/07.pdf

7 Para mayor información se puede consultar https://mexico.unir.net/derecho/noticias/derecho-penitenciario/#:~:text =El%20derecho%20penitenciario%20es%20una,las%20penas%20privativas%20de% 20libertad.Sitio revisado el 30 de junio del 2023.

8 Consultable en: s.a, Política de Drogas y Consumo de Drogas, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-health/drug-policy-and-drug-use#
:~:text=Un%20enfoque%20integral%20del%20problema,sanitarios%20asequibles%
20y%20de%20calidad. Sitio revisado el 29 de junio del 2023.

9 Idem.

10 Cfr. https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-derecho/ procuracion-de-justicia. Revisado el 28 de junio del 2022.

11 Ibidem.

12 Cfr. S.a. Esta fue la petición de la Iglesia Católica, en tema de Seguridad, Enfoque Noticias, 23 de Abril del 2023, México, sitio consultado el 21 de Junio del 2023, en https://enfoquenoticias.com.mx/esta-fue-la-peticion-de-la-iglesia-catol ica-en-temas-de-seguridad/

13 Con fecha 16 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Para mayor información se puede revisar https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/estrategia-nacional-de-seguridad-p ublica?idiom=es. Sitio consultado el 28 de junio del 2023.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de octubre de 2023.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de transparencia del programa Sembrando Vida, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 6° numeral 1, fracción I; artículo 79° numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Programa Presupuestario “Sembrando Vida” es una política pública en materia agroecológica que fue puesta en marcha en el 2019 por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el cual busca mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en los ejidos y comunidades en localidades rurales con mayor pobreza, rezago social y degradación ambiental mediante apoyos económicos y en especie para la producción agroforestal, así como acompañamiento social y técnico. Cabe mencionar que dicho programa se implementa desde el 2020 y con cargo presupuestal nacional, en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, con una estrategia complementaria de política migratoria, con la finalidad de generar empleos en dichos países y detener la migración.

Principalmente el Programa Sembrando Vida es considerado a nivel Internacional por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como un programa que contribuye al bienestar social de sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, donde se busca atender la problemática de la pobreza rural y la degradación ambiental, donde el objetivo es reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.1

No obstante, los objetivos establecidos en el programa presentan las primeras críticas, siendo así que una Diputada Federal denunció el clima de corrupción en el que se desenvuelve dicho programa, puesto que se han concedido pagos sin documentar la acreditación de su entrega, existiendo inclusive beneficiarios menores de edad, personas con edades que van de los 95 a 117 años y retribuciones mayores a la normativa establecida.2 Resulta relevante mencionar lo anterior, ya que la población objetivo para el Programa está definida como “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”,3 pero se tienen datos de que hay personas que reciben los montos económicos siendo menores de edad y no contando con las hectáreas necesarias, por lo cual talan los árboles para tener el terreno necesario expuesto en las Reglas de Operación, generando así deforestación.

Coneval, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios del programa han denunciado que presenta deficiencias al momento de identificar y atender a la población objetivo, puntualizando que, de no cuidar los criterios de selección incluidos en sus propios lineamientos, se corre el riesgo de beneficiar a personas que no necesitan de los apoyos económicos. Es necesario hacer mención de las inconsistencias que muestra el programa al no tener un estudio eficiente de las zonas de atención prioritaria y del número de personas que supuestamente reciben el apoyo. Respecto a los apoyos económicos adicionales, se establece que únicamente el Comité Técnico podrá determinar quién y el monto a otorgar, siendo determinaciones ambiguas en el diseño del programa y en sus reglas de operación, dejando un espacio de oportunidad para realizar actos de corrupción y desvío de recursos. Por otro lado, se establece que habrá apoyos en especie, comprendidos como plantas, semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas y Centros de formación; pero se estipula que también los apoyos económicos adicionales son destinados a los recursos antes expuestos, en ese sentido se sigue sosteniendo que hay confusión respecto a la finalidad de los montos económicos adicionales dentro del programa.

Según el Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD), que es un instrumento que genera información cuantitativa y cualitativa del desempeño de los Programas Presupuestarios, a fin de que se elijan buenas alternativas en la asignación del gasto público, con base en los resultados de los programas; en el cual la valoración cualitativa para el programa “Sembrando Vida” es bajo, puesto que sus resultados no son favorables y eso significa que no es viable considerarlo como prioritario en la asignación de presupuesto, ya que no está siendo eficiente ni efectivo para el bienestar de la población mexicana. Sin embargo, para el Ejercicio Fiscal 2023, el presupuesto aprobado fue de 37,065,993,063.00 millones de pesos, pese a la falta de resultados del programa. En la siguiente gráfica se puede observar el aumento del presupuesto que se le ha asignado al programa desde el año 2019:

Del año 2019 al 2020, casi duplicó el monto asignado de presupuesto para el ejercicio fiscal, posteriormente fue aumentando gradualmente, del 2020 al 2021 aumento 1.46 por ciento y del 2021 al 2022 aumentó 3.36 por ciento, sin embargo, del 2022 al 2023 aumentó un 24 por ciento, aun cuando múltiples expertos en el tema han evidenciado que el programa no es viable y presenta inconsistencias en su elaboración, aplicación y evaluación. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación,5 ha realizado cinco auditorías respecto a los criterios en la implementación del programa, puesto que se evidenciaron cantidades de recursos sin entregar y deficiencias en los registros de beneficiarios, representando una pérdida de presupuesto e incumplimiento de lo establecido dentro de las Reglas de Operación.6

En 2022, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en un seminario bajo el nombre, “Análisis crítico lógico de los impactos del programa Sembrando Vida”, expertos consideraron, de acuerdo a sus análisis realizados, que el programa amenaza la biodiversidad, ya que sólo se limita a dos técnicas de cultivo, provocando deforestación, erosión del suelo y distribución de especies no endémicas, de tal manera que no considera la diversidad y las diferentes técnicas milenarias existentes en las localidades de las entidades de la República.7 Aunque el programa menciona la adopción del conocimiento de las localidades y las personas beneficiarias dentro del programa, en la realidad es que no se toman en cuenta los saberes ancestrales de los lugares en donde se implementa, invisibilizando la cultura y diversidad que existe en el país.

Los investigadores apuntan a que el desarrollo de las comunidades donde se lleva a cabo este programa, pierde su origen comunitario y desarrollo económico, transformando a los campesinos en empleados del gobierno, además de que sólo se promueve una visión desarrollista con la creación de proyectos que favorecen el comercio internacional y el turismo, modificando la cosmovisión de los pueblos originarios y comunidades rurales por una visión consumista que propicia la apropiación cultural. De tal manera que resulta necesario analizar la viabilidad del programa en las distintas regiones del país, analizando y llevando a cabo un diagnóstico para evaluar los impactos que tendrá en la cultura, el entorno natural y social, así como en los usos y costumbres

Respecto a la producción de las unidades agroforestales, no existen datos de los resultados del programa en este ámbito y tampoco se específica la producción en las reglas de operación, por lo cual no se tienen datos reales sobre las prácticas forestales y su relación con la agricultura, dejando en la incertidumbre la efectividad del programa en relación a las tierras de cultivo y la producción de alimentos. En relación a lo anterior, no existen planes de negocio para la comercialización de los productos cultivados por los campesinos, de tal manera que no se está beneficiando a los productores en materia económica y los excedentes se desperdician, generando pérdidas económicas y alimentarias para el país. Pese a que en el programa se habla de generar comercialización, no hay resultados tangibles de como se ha avanzado en dicho tema, si se están comercializando los productos que son cultivados, los márgenes de ganancia y como se benefician los productores de las ventas. Por ende, no se analizan las cadenas de valor, aun cuando son herramientas de análisis estratégico para determinar las ventajas competitivas y mejorar la rentabilidad del programa.

En este orden de ideas, es necesaria la información respecto a las complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios, a fin de desarrollar políticas integrales donde se pueda colaborar mutuamente con el objetivo de garantizar el bienestar de la población, en específico de los productores y los campesinos. Aunque el programa está diseñado para operar de manera interinstitucional, aún no existe claridad en los roles y responsabilidades de cada actor institucional.8 Es necesario cuestionarse si el programa Sembrando Vida no se convertirá únicamente en un instrumento político, en donde se use el programa social para la creación de clientelas electorales.

Finalmente, es necesario hablar de reuniones de trabajo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; en ese sentido, se necesita la colaboración de ambos poderes para mejorar la implementación del programa en beneficio de la población. Es por ello, que se vuelve relevante solicitar que la Secretaría del Bienestar asista a reuniones de trabajo ante la Comisión de Bienestar, a fin de tener información de primera mano y veraz, respecto al padrón de beneficiarios, los apoyos en especie y apoyos económicos adicionales, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias, a fin de que haya una cooperación interinstitucional para mejorar el programa y erradicar las prácticas de corrupción, deforestación y brindar la asesoría técnica adecuada a las distintas regiones del país.

Por lo antes expuesto, se afirma que hay una necesidad de tener mayor información, estudios, análisis y diagnósticos de este programa, puesto que se está considerando el incluirlo en la Constitución Política de nuestro país. De esta manera es que el programa “Sembrando Vida” no debe ser tomado a la ligera y es preciso que tenga un diseño, implementación y resultados efectivos, para así asegurar que da solución a los temas de la recuperación del campo y de la autosuficiencia alimentaria, de tal manera que se encamine en beneficio del campo mexicano. Además, en el marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, se necesitan los datos veraces, actualizados y al alcance de la población en general, en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en sus artículos 9 y 11.

Finalmente, es necesario resaltar que no todos los estados de la República cuentan con las condiciones climatológicas e hídricas adecuadas para sustentar y responder al programa, por lo cual habrá entidades federativas en donde no será viable su implementación y no se obtendrán los resultados esperados. Es por ello que también se debe evaluar su factibilidad en ciertos estados debido a sus condiciones particulares, como es el caso de Chihuahua; donde por su clima y el estado hídrico, no es apto para que se implemente el programa. Es así que se resalta la importancia de realizar diagnósticos en cada entidad y publicar sus resultados, de tal manera que la población pueda acceder a ellos, para que las instituciones y actores responsables de la implementación del programa, consideren su operatividad en las distintas partes del país.

Es por todos los argumentos anteriormente expuestos, que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar integre en el padrón de beneficiarios del Programa “Sembrando Vida” la información de los apoyos económicos adicionales y los apoyos en especie para la producción agroforestal por beneficiario desde el inicio del programa hasta la fecha, y en particular en el estado de Chihuahua.

Segundo .- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los impactos económicos y sociales de los beneficiarios respecto a la producción de cada unidad agro forestal, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, señalando el impacto que se ha tenido en el estado de Chihuahua.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en la ejecución del Programa “Sembrando Vida” se evite la deforestación y exista asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, señalando en lo particular las acciones realizadas en el estado de Chihuahua.

Cuarto.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Bienestar, la Ariadna Montiel Reyes, a asistir a reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar con la finalidad de conocer datos actualizados sobre el padrón de beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”, los municipios y comunidades en las que se está aplicando dicho programa, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir y atender cuestiones de deforestación y dar asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, haciendo especial énfasis en la región Tarahumara de Chihuahua.

Notas:

1 Consultado en: https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=185 el día 25 de septiembre 2023.

2 Consultado en:https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputada-del-PAN-denuncia-a nte-FGR-irregularidades-por-2742mdp-en-programa-Sembrando-Vida-20230823 -0095.html el día 25 de septiembre de 2023.

3 Diario Oficial de la Federación. (30 de diciembre de 2023). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, para el Ejercicio Fiscal 2023. Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676230&fecha=30/12/2022 #gsc.tab=0

4 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos

5 Auditoría Superior de la Federación: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/201 9_0249_a.pdfhttps://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Au ditorias/2020_0311_a.pdf

6 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/politica/entregas-anomalias-sembrando-vi da

7 Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=pEk8lY7fMQ4

8 Gris, P. C., y Ramírez, S. (2019). El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Temas Estratégicos No. 73, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre del 2023.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)