Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6 numeral 1, fracción l; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, entre otros, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que existe coincidencia entre los principales sectores de la población mexicana, en el sentido de que es de destacarse que nuestro país se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia, como lo es la inseguridad. Y esto es así porque en efecto, la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Así, la presencia y el poderío del crimen organizado también representan un desafío significativo, hecho que se refiere de manera preponderante a que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad.1

Como consecuencia de lo anterior, se han generado situaciones diversas que alientan el clima decreciente en materia de estabilidad y se visualiza un porvenir nebuloso, toda vez que la delincuencia organizada se ha diversificado en actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Así pues, la inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos, porque la violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho.2

Segunda. Que en medio de este ensombrecido panorama que genera la ingobernabilidad en materia de seguridad en nuestro país, sobresalen los desalentadores resultados de las más recientes consultas realizadas a la población mexicana, en donde ha quedado de manifiesto la preocupación que ésta guarda por el estado de la misma. Ejemplo de ello, son los hallazgos de la consulta que se llevó a cabo en marzo del 2023, donde de acuerdo con las respuestas se deduce, que el 34.7 por ciento de la poblacio?n de 18 an?os y ma?s -residente de las ciudades de intere?s seleccionadas en la muestra- considero? que en los pro?ximos 12 meses, la situacio?n de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguira? igual de mal.

Por otra parte, el 22.1 por ciento de la población se pronunció en el sentido de que la situación empeorará en los próximos 12 meses. En contraste, un segmento de la población más reducido, como lo es el 17.9 por ciento, que fluctúa de entre los 18 años y más, refirió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y finalmente el 24.0 por ciento manifestó que mejorará.3

En este escenario podría deducirse, que estos bajos niveles de percepción de la eficiencia y eficacia de los servicios de seguridad gubernamentales por parte de los usuarios, se deben sobre todo, a que desde el arranque de la administración en curso, se ha acumulado la exorbitante cantidad de más de 150 mil homicidios dolosos, (entre muchos otros delitos) y como es de esperarse, esa desafortunada situación ha dado pie a que se comparen estas cifras con las de los dos sexenios anteriores, resultando como saldo desfavorable que ya son más las personas que lamentablemente perdieron la vida por este tipo de delitos durante el presente gobierno, de las personas que fueron documentadas y ampliamente publicitadas durante los dos sexenios anteriores. Y es precisamente en este clima de inseguridad y de violencia, en el que se ha observado la dolorosa muerte de más de nuestros cinco mil niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Bajo esa misma tónica, resulta conveniente recordar la importancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, tendientes a facilitar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz público.4

Así y de acuerdo con sus funciones en concreto, el Secretariado Ejecutivo ha presentado cifras recientes, en donde se puede observar que tan solo en el primer mes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ocurrieron 83 homicidios dolosos y feminicidios de personas menores de edad. Para el caso del desglose por delitos, se tuvo que 4 mil 648 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron víctimas de homicidio doloso, ya sea con arma blanca, arma de fuego o algún otro tipo de mecanismo; mientras que en el caso de los feminicidios, se notificaron 445 víctimas, todo ello desde el inicio del sexenio lopezobradorista.

Por lo que hace a la recopilación de cifras más actuales, la propia institución que nos ocupa, refiere la incidencia delictiva, que tiene que ver con la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el caso de fuero federal.

De esta manera se recapitula, y como muestra basta un botón, que tan solo de enero a mayo de 2023, los presuntos delitos fueron 905,124.

Tercera . Que otro factor que sobresale por ser sinónimo de distracción de las tareas primordiales que cualquier gobierno debe tener, como lo es el tema de la seguridad, es el de considerar de manera muy anticipada el rubro del proceso electoral, toda vez que de manera incorrecta se ha buscado constantemente el posicionar a toda costa en las listas de popularidad de los electores, a las o los aspirantes a cargos de elección popular del partido en el poder. Esto es, que en su momento deben analizarse todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle la simpatía al contrario.

Bajo el esquema anterior cabría cuestionarse el porqué esos actos anticipados se consideran una infracción, y una de las probables respuestas es que se consideran infracciones porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.

Así, lo pertinente es evitar ser infraccionados por realizar actos anticipados de campaña, ya sea que éstos sean llevados a cabo por personas aspirantes a lograr candidaturas independientes, a los mismos partidos políticos, a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular, a los precandidatos o a los candidatos postulados por partidos, porque todos ellos son susceptibles de recibir algún tipo de sanción de las señaladas en el marco jurídico electoral, considerando para esto el enorme reto que significa para las propias instituciones, el dar el más alto grado de certeza y seguridad jurídica posible a los procesos electorales de cualquier índole.

Cuarta . Tener el panorama completo de los aspectos relacionados con la seguridad pu?blica, el conocimiento de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas o ha?bitos por temor a ser vi?ctima del delito, percepcio?n sobre el desempen?o de las polici?as preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Eje?rcito y Marina, identificar los conflictos o enfrentamientos directos y conductas antisociales con familiares, vecinos, compan?eros de trabajo o escuela, establecimientos o autoridades de gobierno, la percepcio?n sobre el desempen?o gubernamental, los principales problemas que enfrentan las personas en su ciudad y la efectividad de las autoridades para atender dichas situaciones, son las formas en las que la poblacio?n se entera de la situacio?n de seguridad pu?blica en su ciudad.

Quinta . Que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de México entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera,5 y que como consecuencia de este concepto, el Estado tiene el derecho y la obligacio?n de garantizar su seguridad y mantener el orden pu?blico, porque su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdiccio?n”.

Adema?s, vale la pena recordar lo expresado en el sentido de que los estados deben limitar al ma?ximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad comu?n o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben esta? dirigido a derrotar un objetivo legi?timo, y no a la proteccio?n y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de polici?a debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevencio?n y proteccio?n de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas.6

Además, vale la pena recordar que el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Constitución Política determina que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.

Lo anterior, alineado a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha elaborado el Programa Sectorial de Seguridad y Protección de la propia ciudadanía para el período 2020-2024, actividad desarrollada conforme a los ejes generales previstos en el propio Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que normalmente se somete a consideración del Poder Ejecutivo federal de nuestro país.

Sexta. Que en la tónica de que el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia privativa de la libertad, hay que recordar que ésta rama jurídica, se hace cargo de los asuntos, como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, pero adicionalmente le corresponde revisar también los aspectos paralelos que afectan a otros derechos del ciudadano, ya que se deben garantizar en todo momento el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Además, hay que señalar la importancia de la estructura y los tipos de establecimientos penitenciarios, así como las medidas que se deben impulsar y respetar para dar cumplimiento al fin primordial, la reeducación y la reinserción social,7 por lo que resulta prioritario recuperar la dignificación de todo este sistema, con la intencionalidad de que cuente con bases más sólidas.

Septima . En el rubro de reformular el combate a las drogas, es de destacarse que los derechos humanos son fundamentales para el control internacional de las drogas, por lo que los estados siguen estando jurídicamente obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluso al desarrollar y aplicar sus respuestas a la temática de las drogas.8

Es en este orden de ideas y para el caso del mejoramiento de las políticas en materia de drogas en nuestro país, que sobresale el objetivo de reformular su combate, revisando los sitios y condiciones donde se ha extralimitado su problemática, incluyendo el de revisar y ajustar su regulación, así como el de instrumentar una mayor oferta de tratamiento para el problema de las adicciones, considerando que los estados deben proteger, respetar y cumplir el derecho a la salud de la población comprometiendo el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a servicios sanitarios para que estos sean asequibles y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, el tratamiento de las mismas y la reducción de los daños.9

Octava . Por lo que hace a la reactivación de la procuración de justicia, es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un sistema de justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.10

Así, lo que se demanda en México es un sistema jurídico que encuentre su fundamento en los principios, los procedimientos y los documentos, aplicados sin ambigüedades y que garanticen el comprensión de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.11

Novena . Que la Iglesia Católica y los líderes religiosos han intentado allanar el camino, convocando a sus comunidades a construir un camino de paz, pero poco lograrán si no tenemos un gobierno que haga lo que le corresponde. Así tenemos por ejemplo, que a través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia Católica pidió a la sociedad, a los poderes políticos y económicos, así como a los gobiernos, trabajar en conjunto para transitar a un país en el que los mexicanos se sientan seguros.

En esta tónica, la iglesia con mayor número de adeptos en nuestro país, ha declarado que México vive momentos difíciles con signos preocupantes de violencia, inseguridad, pobreza y violación a los derechos humanos, así como ha puntualizado que continuará trabajando para que la paz ocupe el lugar de la violencia, para que la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere a la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte”.12

Décima. Que en este momento de la patria, es cuando más se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su parte, previendo, planeando, organizando, documentando, investigando, controlando e informando; en suma, haciendo las actividades que resulten necesarias para dar un mejor servicio a la población, garantizando que sus necesidades de seguridad sean verdaderamente consideradas, ayudando a lograr un mayor control y rendición de cuentas, dando un mejor servicio y recordando que contamos con grandes, confiables y respetuosas instituciones, y que muy bien vale la pena que hagan un alto y se pregunten que es más importante, seguir en la simulación y en la estrategia fallida o incidir de manera decisiva para cambiar lo preciso.

Décimo primera. Que una de las funciones más importantes del Congreso mexicano es la de control, misma que se desarrolla por conducto de sus dos Cámaras, y se desarrolla en la tónica de la inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que llevan a cabo cada una de las colegisladoras sobre la actividad que lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo. Esto con el objetivo primordial de verificar que las esté llevando de forma correcta y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

En este contexto, como legisladora que soy, cuando reviso los elementos de juicio necesarios para evaluar un tema tan relevante como lo es el de la seguridad en mi país, necesariamente estoy obligada a levantar la voz, porque no puedo quedarme callada ante las desafortunadas evidencias que se presentan reiteradamente en los informes, porque también me siento obligada a contribuir y construir lo que me corresponda para alcanzar un mejor país, por lo que esta proposición con punto de acuerdo, nace con el único propósito de manifestar lo que millones de mexicanos sienten cotidianamente en sus actividades de todos los días.

Décimo segunda . Que es menester reconocer que en las condiciones en las que se encuentra nuestro país, deberá ser el propio titular del Poder Ejecutivo, quien realice el planteamiento de manera seria y decidida, en el sentido de cuál es la mejor forma de gobernar a un pueblo adolorido y lastimando por las actuales circunstancias de inseguridad, porque hoy mismo aún está a tiempo de rectificar y llevar a cabo las acciones que la patria necesita, por su propio bien y por el bien de todos.

Es por lo anteriormente expuesto, que pretendiendo abonar de manera positiva hacia la seguridad de nuestro país y con base en todos los argumentos y consideraciones detallados a lo largo de este ocurso, que me estoy permitiendo someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el uso de sus facultades y atribuciones, de forma urgente y prioritaria, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para preservar de la seguridad pública en el país, y cumplir con los objetivos señalados13 en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República, consistentes en emprender la construcción de la paz; recuperar la dignificación de los Centros Penitenciarios y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, erradicar la corrupción; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos; así como la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, se fortalezcan las instituciones de seguridad pública federal y de las entidades federativas con el objetivo de cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Notas:

1 Cfr. Luis E. Durand, El Desafío de la Inseguridad en México, urge acción, COPARMEX, 17 de Mayo del 2023, México. https://coparmex.org.mx/el-desafio-de-la-inseguridad-en-mexico-urge-, accion/#:~:text=Además%2C%20según%20los%20datos%20oficiales,en%20las%20 últimas%20dos%20décadas. Sitio consultado el 20 de Junio del 2023.

2 Idem.

3 Nos estamos refiriendo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, misma que se lleva a cabo durante la primera quincena de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada an?o y que a partir de 2016, que cuenta con una muestra trimestral de viviendas por ciudad de intere?s, que se han ido incrementado gradualmente, contando con un esquema de muestreo probabili?stico, trieta?pico, estratificado y por conglomerados. Como u?ltima unidad tiene la seleccio?n la vivienda particular y como unidad de observacio?n a la persona, Garantizando un nivel de confianza de 90 por ciento en los resultados, con errores relativos acotados a 15 por ciento. Se considera una tasa de no respuesta de 15 por ciento, para mayor información se puede consultar, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ensu/en su2023_04.pdf. el Instituto Nacional de Estadi?stica y Geografi?a (INEGI) genera la informacio?n contenida y la da a conocer.

4 Consultable en: https://www.gob.mx/sesnsp/que-hacemos. Sitio revisado el 27 de Junio del 2023.

5 Para mayor información consultar, Que es la Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, 18 de febrero del 2020, Ciudad de México. https://www.gob.mx/cni/documentos/conoce-que-es-la-seguridad-nacional.

6 Consultable en Presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Nacional, Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/Derechos_Humanos/Ponenci as/07.pdf

7 Para mayor información se puede consultar https://mexico.unir.net/derecho/noticias/derecho-penitenciario/#:~:text =El%20derecho%20penitenciario%20es%20una,las%20penas%20privativas%20de% 20libertad.Sitio revisado el 30 de Junio del 2023.

8 Consultable en: s.a, Política de Drogas y Consumo de Drogas, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-health/drug-policy-and-drug-use#
:~:text=Un%20enfoque%20integral%20del%20problema,sanitarios%20asequibles%20y%20de%20calidad. Sitio revisado el 29 de Junio del 2023.

9 Idem.

10 Cfr. https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-derecho/ procuracion-de-justicia. Reisado el 28 de Junio del 2022.

11 Ibidem.

12 Cfr. S.a. Esta fue la petición de la Iglesia Católica, en tema de Seguridad, Enfoque Noticias, 23 de Abril del 2023, México, sitio consultado el 21 de Junio del 2023, en https://enfoquenoticias.com.mx/esta-fue-la-peticion-de-la-iglesia-catol ica-en-temas-de-seguridad/

13 Con fecha 16 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Para mayor información se puede revisar
https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/estrategia-nacional-de-seguridad-publica?idiom=es. Sitio consultado el 28 de junio del 2023.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de octubre de 2023.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)