Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6382-IV-4, martes 10 de octubre de 2023
Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a llevar a cabo una investigación encaminada a identificar si existe una red de explotación sexual infantil en planteles educativos de todo el país, que actúa de manera organizada, y si ésta se encuentra relacionada con el aumento de casos de abusos sexuales contra menores de edad, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Fátima Almendra Cruz Peláez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país está pasando por una crisis de valores y descomposición del tejido social. Somos uno de los primeros lugares en difusión de pornografía infantil y en turismo sexual. Una de las principales causas de esto se centra en la falta de información hacia los padres respecto a la orientación que deben proporcionar a sus hijos.
En México la pobreza hace que la niñez sea más vulnerable y se registran cifras verdemente alarmantes pues hablamos de entre 80 y 85 mil niñas, niños y adolescentes vulnerados. Esta problemática debe atenderse tanto a nivel nacional como internacional.
La situación es tan alarmante que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sitúa a nuestro país en el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil, abuso sexual, explotación, homicidios y trata a menores de edad; menciona que de cada mil casos de abuso sexual infantil y sus modalidades sólo se denuncian aproximadamente 100; de esos 100, sólo 10 llegan ante un juez y sólo el 1% de los imputados es condenado.
Los informes de la Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Sexual Comercial Infantil mencionan:
Que antes del confinamiento estaban entrando 600 mil depredadores por año a México. Esto quiere decir que son mil 666 por día, 69 cada hora, léase un pedófilo por minuto”.
México exportaba 60% de la pornografía infantil a todo el mundo y, actualmente, dicha tasa se ha disparado hasta 73% durante el confinamiento.
De los viajes turísticos internacionales en el 20% de estos desplazamientos el sexo infantil es buscado por los turistas, de los cuales un 3% confiesa tener tendencias pedófilas.
Igualmente, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia respecto a la explotación sexual infantil señaló que existe una organización que utiliza instalaciones escolares para cometer violencia sexual contra niñas y niños.
Entre 2022 y hasta abril de 2023, al menos 25 escuelas públicas y privadas en México reportaron casos de violencia sexual organizada contra niñas y niños de entre 3 y 7 años al interior de los planteles, la finalidad es producir material de explotación sexual infantil.
De acuerdo con el informe de We Protect Global Alliance, Global Threat Assesment 2022, la explotación sexual infantil es un fenómeno mundial con crecientes cifras de victimización de niñas y niños.
De 2019 a 2020 incrementó más de 100% el número de reportes públicos por casos de explotación sexual en línea, según los datos proporcionados por The National Center for Missing & Exploited Children.
En 2020, NCMEC recibió? 21.7 millones de informes sobre sospecha de explotación sexual infantil que incluían 10.4 millones de imágenes de explotación. De los reportes de NCMEC, un total de 793,721 se registró en México.
La demanda de material de abuso sexual aumentó hasta un 25% en países de la Unión Europea.
Más de 3,000,000 de cuentas están registradas en los 10 sitios más dañinos de abuso sexual infantil en la red oscura.
Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia manifiesta que otro grave problema es que entre los factores para desistirse de las denuncias por violencia sexual contra menores destacan tres:
• Familias que deciden ya no seguir con el caso.
• La desinformación, ya que las mamás y los papás no son apoyados para saber a dónde ir o qué hacer cuando llegan a las Fiscalías.
• El personal de las Fiscalías no tiene la especialidad para intervenir en este tipo de casos de violencia a niñas y niños que cursan preescolar o primaria.
Además, señaló que:
“Los niños llegan a la Fiscalía, están ahí 22 horas. Les hacen la entrevista, el examen médico, todo al mismo tiempo sin descanso, sin preguntas adecuadas. Entonces, la mayoría no dice nada y entonces el resultado es ‘su hijo no tiene nada’.
¿Por qué un niño de tres años que acaba de ser víctima de una violencia muy fuerte le tendría que contar en un lugar a cinco personas que nunca ha visto en su vida que alguien le hizo algo?
O sea, no hay una preparación, no hay un tiempo. No hay una manera adecuada de hacer las preguntas a través de especialistas que se ganan la confianza de los niños y niñas. La Fiscalía lo que trata casi casi, esto es mi opinión personal, es descartar, en vez de investigar”.
Asimismo, otras Organizaciones Internacionales han reportado las crecientes cifras del material de explotación sexual infantil expuesto en la red.
Reportes de Internet Watch Foundation refieren que además del aumento de imágenes de explotación sexual infantil en la red, durante la primera mitad de 2022 se crearon 20 mil páginas web de explotación sexual infantil.
Mientras que INHOPE precisa que del material de explotación sexual infantil identificado en la red, las víctimas son: 96% niñas, 2% niños y 2% niños y niñas conjuntamente.
Vivaldina Jaubert, fundadora y directora general de ALAS: Arte Laboratorio y Activismo Sociocultural, AC/Soñando Mariposas, comenta lo siguiente:
México exportaba 60 por ciento de la pornografía infantil a todo el mundo y, actualmente, dicha tasa se disparó hasta 73 por ciento debido a que durante el confinamiento diferentes tipos de agresores sexuales aprovecharon esta oportunidad, millones de niñas y niños estuvieron frente a sus computadoras.
Detalló que los movimientos pedófilos en México o MAP (persona atraída por menores, en inglés) y MOP (Movimiento del Orgullo Pedófilo) se encuentran agrupados en las redes sociales para intentar, por todos los medios, hacer ver normal sus actitudes.
De acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas y del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, al menos 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de delitos de abuso y explotación sexual, violencia física, prostitución forzada, pornografía o mendicidad obligada.
Los lugares del país donde operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil son Mexicali y Tijuana, en Baja California; Tapachula, en Chiapas; Ciudad Juárez, en Chihuahua; Acapulco, en Guerrero; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco; Cuernavaca, en Morelos; Cancún, en Quintana Roo; Tenancingo, en Tlaxcala, y las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En estos sitios se generan cifras millonarias, con total impunidad, en creación, distribución de pornografía infantil y venta y trata de menores.
De acuerdo a los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nuestro país tiene uno de los presupuestos más bajos para combatir la violencia sexual contra menores. De hecho, solo el 1 por ciento de los recursos destinados a la infancia está asignado a la protección de los menores contra la violencia, abuso y explotación sexual.
El presente documento se refiere a patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de planteles escolares. Se trata de denunciar la existencia de una red de explotación sexual infantil en planteles educativos y evitar que se guarde silencio sobre esos casos.
Ante dicho panorama, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales no pueden seguir haciendo caso omiso a las denuncias de los padres de los menores agredidos en planteles educativos.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia ha tenido acceso a carpetas de investigación o contacto directo con víctimas en los casos donde se tiene mayor cantidad de detalles que permiten identificar patrones específicos de una red de delincuencia organizada en materia pederastia.
La falta de coordinación por parte de la fiscalía y la policía para realizar las investigaciones se convierte en impunidad para los pederastas y organizaciones dedicadas a la trata de menores, por lo que es de suma importancia la capacitación e interés por parte del personal de las fiscalías federal y estatales en los procedimientos de justicia para las niñas, niños y adolescentes.
Debido a las deficiencias en las carpetas de investigación el número de reportes de maltrato infantil en todas sus modalidades sigue en aumento.
La pedofilia o pederastia y la trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, abusos a menores o para sustracción de órganos son de los delitos que más preocupan a la población hoy en día; la infancia y adolescencia son el blanco perfecto para quienes se dedican a la producción de pornografía infantil, la cual representa el último eslabón del abuso sexual contra infantes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o, establece que niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, además de que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos y, para esos efectos, el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
De ahí que lo que se establece en la fracción XX del artículo 13, 47, 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.
Lo anterior significa que la autoridad tiene la obligación de salvaguardar su integridad física, mental y emocional, vigilando en todo momento la accesibilidad y calidad de lo que se difunde y vende a través de una protección especial considerando su grado de vulnerabilidad en la sociedad.
Po su parte, el Código Penal Federal en los artículos 200 al 205 Bis establece conductas típicas relacionadas con la explotación sexual comercial infantil.
No obstante, como es evidente, todas estas medidas legales no han dado los resultados esperados para salvaguardar la integridad de la niñez y adolescencia.
El Estado protege primordialmente el derecho de la niñez y adolescentes a un sano desarrollo integral que, cabe señalar, es el bien jurídico tutelado protegido por los tipos penales, materializándose con ello el Interés Superior de la Infancia, el cual se encuentra por encima de cualquier derecho en beneficio de los adultos.
El combate contra el abuso y la explotación sexual infantil requiere una participación directa del Estado, de las instituciones y de las fuerzas de seguridad.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia publicó un reporte que expone que durante el año 2022 y hasta abril de 2023 se sumaron 4 casos de abuso sexual contra menores más a los 21 reportados en 2021, dando un total de 25 casos identificados. Estos casos más cuentan con características de abuso sexual organizado dentro de las escuelas.
El informe establece que, a pesar de la denuncia pública, no se han tomado medidas para evitar que los casos continúen. En los meses posteriores a la publicación del informe se incrementaron casos documentados que cumplen con las características de abuso sexual organizado, las cuales se enlistan a continuación:
• Se agrede a víctimas en grupo;
• Hay múltiples adultos presentes durante el abuso;
• Actos de encubrimiento por parte de personal escolar;
• Adultos que facilitan el abuso a menores;
• Existen prácticas ritualistas y grotescas;
• Uso de disfraces durante el abuso;
• Uso de cámaras durante el abuso, y
• Existen indicios de sedación.
Conforme a lo anterior, existe normatividad que establece claramente las obligaciones del Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos de abuso sexual o explotación sexual infantil cometidos en las escuelas públicas y privadas, sin embargo, estos casos no están siendo correctamente abordados.
Por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, en ejercicio de sus facultades, lleve a cabo una investigación encaminada a identificar si existe una red de explotación sexual infantil en planteles educativos de todo el país que actúa de manera organizada y si ésta se encuentra relacionada con el aumento de casos de abusos sexuales contra menores de edad.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de las 32 entidades federativas a adecuar sus protocolos de atención a casos de abuso sexual contra menores de edad conforme a los estándares internacionales en la materia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.
Diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a implementar campañas educativas y de concientización dirigidas a conductores y al público en general para enfatizar los riesgos asociados con el uso del celular al conducir, a fin de evitar y prevenir accidentes que pueden resultar en pérdidas humanas y materiales, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Javier Joaquín López Casarín , integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las últimas décadas han potencializado y facilitado las comunicaciones haciéndose uso de las tecnologías, teniendo como fin el facilitarnos las tareas y actividades en nuestro día a día. Una de las herramientas que se ha vuelto indispensable es el uso de los teléfonos móviles y los dispositivos personales, sin embargo, también se hace un uso excesivo y erróneo de los teléfonos celulares al momento de ir conduciendo un vehículo, lo que hace que el conductor no este concentrado al ciento por ciento en la conducción, lo que puede provocar una alta posibilidad de causar un accidente.
La tecnología ha impulsado una nueva forma de vida, permitiéndonos estar siempre conectados y comunicados. Sin embargo, esta misma ventaja ha generado un problema alarmante cuando se combina con la conducción. Estamos hablando como ya se referenció, del uso del teléfono celular al conducir y su impacto directo en la tasa de accidentes automovilísticos.
A continuación, expongo de manera breve la problemática y alta incidencia estadística de los accidentes que se provocan por los conductores que usan el celular al conducir y sus efectos.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el uso del celular al conducir se ha posicionado como la principal causa de accidentes viales en México. Un sorprendente 71% de los accidentes de tránsito son causados por el conductor, y de este porcentaje, un significativo 20% se debe a distracciones relacionadas con el teléfono móvil. A nivel internacional, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial respalda esta preocupación, estableciendo que los tiempos de reacción de un conductor con un celular en la mano son un 30% más lentos que bajo los efectos del alcohol.i
La gravedad del problema es aún más palpable al considerar las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el cual expone que, en un lapso de tres años, desde 2020 a 2022, los accidentes de tránsito mostraron una tendencia al alza, culminando con 377,231 accidentes en 2022. Más grave aún, en el 2020 los accidentes de tránsito se convirtieron en la primera causa de muerte en personas de entre 5 y 29 años.ii
Otra contribución para la atención de esta problemática son los datos recopilados por la campaña “Puede Esperar” de AT&T, en colaboración con la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi), ya que estos muestran que el 70% de las personas encuestadas se trasladan en autos particulares, de las cuales, un alarmante 37% admitió haber tenido un accidente relacionado con el uso de los teléfonos celulares. Contradictoriamente, aunque 9 de cada 10 mexicanos reconocen el peligro de usar el celular al conducir, muchos continúan haciéndolo.
Cabe descartar que esta problemática no solo afecta a México, en Europa casi el 60% de los conductores admiten usar el celular para hablar mientras conducen. Un ejemplo de ello es España, el país con una de las sanciones más estrictas por el uso indebido del teléfono celular al volante con una multa de hasta 200 euros.
En América Latina, países como Chile han tomado medidas más drásticas. La “Ley No Chat”, implementada en 2021, sanciona con multas que rondan los $185,307 pesos chilenos, equivalentes a un aproximado de 205 dólares americanos y suspensiones de licencia de hasta 45 días a quienes utilicen el celular al conducir, en tanto que en México me permito de manera breve exponer algunas referencias sobre la forma en que se está atendiendo esta problemática en algunas entidades federativas.
Las Entidades Federativas tienen porciones normativas en su legislación que cambian de Estado a Estado. En la Ciudad de México, por ejemplo, la multa por usar el celular al conducir puede variar entre $3,112.2 a $3,630.9 pesos, además de una penalización en la licencia de conducir. Estados como Chihuahua, Nuevo León y el Estado de México tienen sanciones similares.
Por lo anterior, reflexiono que la solución a este problema de seguridad vial no solo radica en sanciones más estrictas, sino en la concientización que debe ser esencial en los conductores para suprimir esta mala práctica. A nivel internacional se ha comprobado el buen resultado de las campañas de sensibilización, como la realizada en Argentina, donde se plasman impactantes anuncios de choques con postes en forma de logos de aplicaciones populares, las más usadas al momento de conducir, esto debe ser el punto de partida para generar un cambio de mentalidad en los conductores.
En resumen, el uso del celular al conducir se ha convertido en una problemática global, con consecuencias devastadoras. Es imperativo que juntos, gobierno y sociedad, tomemos medidas preventivas, como ya propuse impulsando campañas de concientización y en los casos que así se requiera ajustar la legislación en algunas entidades de la federación para proteger a los ciudadanos. Estos accidentes vehiculares que se causan motivados por el mal uso del teléfono celular al conducir, son una fuerte llamada de atención para todos, la cual no se debe ignorar.
Considero que el uso del celular al conducir se ha convertido en una problemática de magnitud global, con consecuencias devastadoras que trascienden fronteras y afectan a comunidades enteras. Nos encontramos ante un desafío que, en medio de la era digital, cobra vidas y deja secuelas irreparables. Es imperativo que la sociedad tome conciencia de la gravedad de esta situación. Al tiempo de que se incorpore a nuestra cruzada por un tránsito más seguro un enfoque de responsabilidad vial. La integridad, así como el bienestar de las generaciones presentes y futuras están en juego, tenemos que promover acciones inmediatas y decisivas para revertir esta alarmante tendencia.
Por todo lo anterior, es que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes implementen campañas educativas y de concientización dirigidas a conductores y al público en general para enfatizar los riesgos asociados con el uso del teléfono celular al conducir, a fin de evitar y prevenir accidentes que pueden resultar en pérdidas humanas y materiales.
Por lo antes expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, dentro de sus atribuciones y facultades, implemente campañas educativas y de concientización dirigidas a conductores y al público en general para enfatizar los riesgos asociados con el uso del celular al conducir, a fin de evitar y prevenir accidentes que pueden resultar en pérdidas humanas y materiales
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para, dentro de sus atribuciones y facultades, en coordinación con los desarrolladores tecnológicos del ramo industrial, promueva y apoye el desarrollo e implementación de tecnologías que reduzcan o inhiban el uso del celular al conducir como son los sistemas que bloqueen funciones no esenciales del teléfono cuando se detecta que el vehículo está en movimiento, así como la promoción de aplicaciones que envíen respuestas automáticas a mensajes y llamadas recibidas mientras se conduce, informando que el conductor está al volante y que responderá más tarde, a fin de fomentar una cultura de conducción responsable y segura.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes las regulaciones vigentes relacionadas con el uso del celular al manejar, de conformidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como con la normatividad y lineamientos aplicables.
Notas:
i. Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (2023). El uso del celular, principal causa de accidentes viales. Gob.mx. https://www.gob.mx/sct/prensa/el-uso-del-celular-principal-causa-de-acc identes-viales?idiom=es
ii. Gutiérrez, A. (2023). Accidentes automovilísticos en México 2023- GNP Seguro de Auto. https://gnpautos.mx/blog/estadisticas-de-accidentes-de-autos/
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2023.
Diputado Javier Joaquín López Casarín (rúbrica)