Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6406-III-4, martes 14 de noviembre de 2023
Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos que por su ubicación geográfica se encuentren en zonas susceptibles al impacto de fenómenos hidrometeorológicos, a elaborar, revisar y, en su caso, actualizar sus reglamentos de construcción con la finalidad de prohibir la utilización de materiales volátiles, frágiles y provisionales, en la construcción de muros exteriores en edificaciones de cualquier tipo, a cargo de la diputada Santy Montemayor Castillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Santy Montemayor Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En Quintana Roo, ubicado en la península de Yucatán y frecuentemente azotado por fenómenos tropicales, comprendemos el dolor y la devastación que un huracán puede causar. Conocemos de primera mano la fuerza destructiva de estos fenómenos y las profundas cicatrices que dejan en nuestras comunidades.
Hoy nos unimos en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos en Acapulcoy de todos los municipios afectados de Guerrero que sufrieron pérdidas inimaginables debido al paso del huracán Otis. Lamentamos profundamente las vidas que se han perdido y las familias que han sido desplazadas. Nuestros corazones están con ellos en este momento de dolor y pérdida.
Con empatía, me permito exponer lo siguiente:
Los huracanes son, de alguna manera, los impuestos que tenemos que pagar por vivir en el paraíso.
Así de contundente es la sentencia citada por el cronista de Cancún, Fernando Martí Brito, al enlistar a detalle diez experiencias del pueblo cancunense, entre tormentas, depresiones tropicales y huracanes, posteriores al paso del devastador ciclón Gilberto, en septiembre de 1988, especialmente devastador para una aún muy joven ciudad de Cancún.
Esta experiencia, más la que se acumula, son las que llevan a gobiernos y a comunidades a tomar las previsiones necesariasque les permitan reducir al mínimo los posibles daños, a la infraestructura urbana, pero sobre todo las pérdidas humanas.
No sobra decir que la Licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, estado donde nació la que suscribe, instaló el Comité de Protección Civil como su primer acto de gobierno, el 25 de septiembre del año pasado, justo después de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Sabemos perfectamente la situación del país, donde la pobreza es, probadamente, el principal problema que combate esta administración.
Pero en este caso, no sólo queremos hacer énfasis en la necesidad de que cada gobierno municipal y estatal cuente con planes eficaces de protección civil, con protocolos para la reubicación a refugios seguros, si fuera necesaria, de aquellas familias que habitan en instalaciones frágiles, de techos y/o paredes de lámina o cartón, en zonas inundables o evidentemente insuficietes para resistir el golpe de un fenómeno hidrometeorológico y más aun sabiendo que cada vez, debido a los efectos del cambio climático, dichos fenómenos hidrometeorológicos son más fuertes y evolucionan en menor tiempo, pasando de bajas presiones o tormentas tropicales a huracanes categoría 5 en unas cuantas horas como sucedió en Guerrero, lo cual deja a las autoridades y a la población con menos tiempo para tomar estas medidas.
En Acapulco, como sucedió en su momento en Cancún, la devastación fue monumental. Grandes y muy nuevas edificaciones quedaron literal `desnudas´, como narran numerosas crónicas en los mediosd de comunicación, debido a la utilización y en este caso el abuso de materiales frágiles no solo para acabados sino para muros exteriores, que, si bien no son de carga, si representaron barreras nada resistentes para los vientos huracanados.
Hay un ejemplo revelador. Los condominios Loric y Mar Azul, uno junto al otro en la zona de Punta Diamante, enfrentaron de distinta forma a Otis. El primero, construido hace más de cuatro décadas, con materiales firmes y muros sólidos de concreto, permanece incólume, mientras que el segundo fue totalmente arrasado por las ráfagas de un huracán con una fuerza que no se había visto en Acapulco.
Con este respetuoso exhorto se busca que todos los municipios susceptibles de ser impactados por algún fenómeno hidrometeorológico tengan una adecuada cultura de prevención que abarca todos los rubros, pero, en este caso en específico, que las construcciones no terminen solo en entrepisos, columnas y muros de carga y con la pérdida casi total de los mismos, generando mucha más devastación y también generando más escombros que retrasan las tareas de limpieza para la reconstrucción.
1. Evaluación de viviendas vulnerables
Cada gobierno municipal debe llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de las viviendas en sus jurisdicciones para identificar aquellas que son más vulnerables a los fenómenos tropicales. Las viviendas endebles deben ser identificadas y, en la medida de lo posible, se deben tomar medidas para fortalecer su estructura o, en casos extremos, reubicar a los residentes en refugios temporales.
2. Normativas de construcción segura
Los gobiernos municipales deben establecer normativas de construcción segura que prohíban el uso de materiales frágiles y volátiles en acabados de edificaciones. Materiales como el durrock, la tablarroca y otros similares pueden convertirse en proyectiles peligrosos durante las ráfagas de los ciclones, poniendo en riesgo a las personas y propiedades. La implementación de regulaciones estrictas para la construcción es esencial. Este punto es el objetivo de este exhorto.
3. Coordinación interinstitucional
Los municipios deben estar atentos a la planeación y respuesta ante fenómenos tropicales, mediante un esfuerzo conjunto que involucre a múltiples instituciones y organizaciones. Los gobiernos municipales deben coordinarse con autoridades estatales y federales, así como con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, como Colegios de Arquitectos e Ingenieros, para garantizar una respuesta eficaz y la distribución de recursos durante una crisis.
4. Simulacros y capacitación
Los municipios deben realizar simulacros regulares de evacuación y respuesta a desastres. La capacitación del personal, así como de la población en generales vital para asegurar una reacción adecuada en momentos de crisis. La práctica y la preparación pueden salvar vidas.
5. Alerta temprana y comunicación
Los municipios deben implementar sistemas de alerta temprana, pues son esenciales para advertir a la población sobre la llegada de un fenómeno tropical. Los gobiernos municipales deben asegurarse de que estos sistemas estén en funcionamiento y que la comunicación sea clara y accesible para todos, incluyendo a personas con discapacidades y aquellas que no hablan el idioma local.
Los huracanes van a seguir visitándonos y nosotros tenemos que prepararnos.
Quintana Roo se compromete a apoyar a Guerrero en su camino hacia la recuperación. Basándonos en nuestra propia experiencia con fenómenos tropicales, sabemos que la reconstrucción llevará tiempo y requerirá un esfuerzo colectivo. Estamos dispuestos a compartir nuestras lecciones aprendidas y a proporcionar cualquier ayuda que podamos brindar a Guerreropara recuperarse.La que suscribe, de profesión arquitecta y urbanista que ha participado directamente en la elaboración de reglamentos de construcción, se compromete sin fines de lucro a asesorar a cualquier municipio que requiera ayuda sobre cómo integrar en sus reglamentos de construcción lo que aquí he señalado.
En Quintana Roo sabemos que cada tormenta pasa y que después de la lluvia siempre sale el sol. Mantenemos la esperanza de que, a pesar de la devastación causada por el huracán Otis, Guerrero y en especial Acapulco encontrará la fuerza para reconstruir y prosperar una vez más.
Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por esta tragedia. Juntos superaremos esta prueba y saldremos más fuertes al otro lado.
Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos que por su ubicación geográfica se encuentren en zonas susceptibles al impacto de fenómenos hidrometeorológicos para que elaboren, revisen y, en su caso, actualicen sus reglamentos de construcción con la finalidad de prohibir la utilización de materiales volátiles, frágiles y provisionales, específicamente tabla roca, Durock o similares, en la construcción de muros exteriores en edificaciones de cualquier tipo, esto con el objetivo de proteger al máximo la vida e integridad y reducir al mínimo las pérdidas materiales y la acumulación de escombros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2023.
Diputada Santy Montemayor Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Veracruz a tomar las medidas necesarias para ofrecer una disculpa pública a los indígenas chinantecos por la discriminación de la que fueron objeto sus representantes al prohibírseles hablar en su lengua materna por parte de la diputada Margarita Corro Mendoza, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Fátima Almendra Cruz Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados, la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta del Congreso de Veracruz, sostuvo una reunión con representantes indígenas chinantecos de la zona de Tierra Blanca, al sur de la entidad. En el encuentro, los representantes indígenas reclamaron a la diputada por el incumplimiento de obras previamente prometidas y que no habían sido realizadas.1
La diputada Corro manifestó que había llevado a cabo las primeras gestiones, lo cual implicó el envío de solicitudes a las dependencias estatales, pero no el seguimiento para garantizar que éstas se cumplieran. En ese momento, una mujer indígena se dirigió a ella en chinanteco, su lengua materna, situación que pareció ofender a la diputada, quien le respondió de la siguiente manera:
Si lo dices en español, te entiendo. Respeto su lengua, pero no la hablo. Aquí se me habla de frente y en español.2
En respuesta, uno de los presentes le expresa a la Diputada que tienen derecho a hablar en su lengua, sin embargo, la Diputada lo interrumpe y señala:
Eso no importa, estamos en una reunión pública.3
Ante esta situación, diputados del Congreso de Veracruz como Bonifacio Castillo Cruz, de origen indígena, y Jaime de la Garza, de la Comisión de Población Vulnerable y Atención a Migrantes, exigieron a Margarita Corro una disculpa pública a los indígenas chinantecos.
Es lamentable que una representante popular discrimine a las personas indígenas por hablar en su lengua, especialmente en un contexto donde muchas de éstas se encuentran en riesgo de desaparecer precisamente por falta de hablantes.
Esta acción constituye una grave violación a los derechos humanos, pues atenta contra lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que prohíben todo tipo de discriminación.
Prohibir a una persona indígena que se exprese en su lengua natal va contra el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Acciones como éstas afectan directamente la capacidad de los pueblos indígenas para preservar y transmitir su identidad cultural, lo cual está protegido por diversos instrumentos del derecho internacional de que México es parte.
Además, se atenta contra diversos preceptos constitucionales como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico (establecida en el artículo 1o.), así como el reconocimiento del carácter pluricultural de nuestra nación y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos loselementos que constituyan su cultura e identidad (establecidos en el artículo 2o.).
De igual manera, la prohibición a una persona de expresarse en su lengua materna atenta contra lo dispuesto en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual busca garantizar y promover el uso, desarrollo, preservación, fomento y respeto de las lenguas indígenas y en suartículo 8 establece lo siguiente:
Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.
Aunque, como se ve, se cuenta con un marco jurídico robustotanto en el ámbito nacional como internacional para evitar que las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas sufran discriminación por hablar en su lengua materna, la implementación efectiva de lo dispuesto en la legislación referida sigue siendo un desafío y la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas indígenas continúa vigente. En este contexto, resulta inaceptable que un representante popular le prohíba a alguien hablar en su lengua materna.
Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Veracruz a tomar las medidas necesarias para ofrecer una disculpa pública a los indígenas chinantecos por la discriminación de que fueron objeto sus representantes al prohibírseles hablar en su lengua materna por la diputada Margarita Corro Mendoza.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Veracruz a generar un protocolo que permita contar con traductoresen los espacios de interlocución entre las y los diputados y funcionarios que lo integran y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
Notas
1 Véase “Diputada de Morena en Veracruz regaña a indígenas por hablar en su lengua: ‘Aquí se habla en español’”, en Milenio, sin fecha. Disponible en https://www.milenio.com/videos/politica/diputada-morena-veracruz-regana -indigenas-hablar-lengua-espanol
2 Ibídem.
3 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2023.
Diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a considerar la incorporación en los programas que actualmente implementa de las acciones asociadas al programa Escuelas de Tiempo Completo, en todas las entidades federativas del país, a cargo del diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Roberto Alejandro Segovia Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegura el derecho a la educación, así como la prioridad del Estado en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual señala las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la fracción IV establece que ésta puede crear y mantener, en su caso, escuelas de todas las clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación, mientras que la fracción XIV señala que es atribución de la secretaría la formulación, regulación, coordinación y conducción de la política educativa que competa al Ejecutivo y contribuya al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) surgió como una iniciativa de la SEP para orientar y fortalecer la educación básica, siendo una obligación del Gobierno de la República mejorar de forma sustantiva los procesos educativos y su calidad, a la par de los requerimientos y necesidades de la sociedad.
El objetivo de la operación de las escuelas de tiempo completo era ampliar la duración de las jornadas escolares, incrementando la posibilidad de la integración social, la formación integral y evitar las violencias a las que están expuestos los menores que habitan en contextos desfavorecidos mediante un enfoque transversal, creando condiciones que mejoraran la retención y el aprovechamiento escolar de las y los alumnos, vía los comedores escolares, bajo esquemas de adecuada nutrición.
Bajo esta lógica, con la jornada escolar ampliada se pretendía ofrecer más tiempo para la formación de las y los alumnos que así lo requirieran, además de que bajo este esquema se abría la posibilidad de que madres y padres de familia pudieran tener un horario laboral que no se cruzara con el horario de salida de sus hijos, hecho que favorecía la atención centrada en los horarios escolares de entrada y salida de los menores, disminuyendo así las violencias que pudieran tener lugar en el trayecto escuela-hogar sin el acompañamiento de un adulto.
De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, el PETC proporcionaba el servicio de alimentación, teniendo como prioridad a los contextos altamente vulnerables y de pobreza multidimensional, situación que funcionaba como incentivo para la asistencia a la escuela de niñas, niños y adolescentes.
“Además de la mejora de los logros académicos de los estudiantes, vale la pena resaltar dos beneficios adicionales de carácter social del PETC. El primero es el efecto en la nutrición de las niñas y de los niños que reciben alimentos. Esto no es una cosa menor en un país que al mismo tiempo padece de problemas de desnutrición y de sobrepeso. En segundo es la oportunidad que la jornada ampliada da a las madres y a los padres de familia de poder insertarse en el mercado laboral con mayor libertad. Ya que no todas las familias cuentan con la posibilidad de que uno de sus miembros pueda ir a recoger a las niñas y a los niños, así como de cuidarlos mientras se trabaja”.1
Dicho programa fue eliminado por la pandemia de Covid-19 en torno a la capacidad de ahorro por la modalidad a distancia de las clases. Sin embargo, tras el regreso a clases presenciales la necesidad de aumentar las jornadas escolares va en incremento, así como las de materiales educativos y de alimentación para las niñas, niños y adolescentes.
En San Luis Potosí, hasta los primeros meses de 2020 operaban 686 escuelas de tiempo completo en el estado, mismas que estaban ubicadas en contextos vulnerables, rurales y semirrurales que por su naturaleza de organización multigrado atendían a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos, no sólo en ampliación de jornada, sino también en la provisión de alimentos. Durante el periodo que se tuvo en ejecución el programa, lograron verse cambios positivos en calidad educativa y mejora de la alimentación, así como en talla y peso de los alumnos beneficiados.
Tras la desaparición de estas escuelas, la deserción y la ausencia escolar aumentaron, así como las violencias y la desnutrición en áreas vulnerables. De este modo, el derecho a la educación de calidad y el acceso a ésta en condiciones de equidad parecen verse afectados.
Estos hechos afectan a millones de estudiantes. Según ha señalado la organización Mexicanos Primero “Esto acabará con el apoyo de alimentación y educación de 3.6 millones de niños y adolescentes” además de que “esta decisión es una afrenta directa a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, un desapego absoluto a su interés superior e implica una regresión gravísima e inconstitucional en el ejercicio de sus derechos”.2
En 2022, San Luis Potosí formaba parte del grupo de las 12 entidades federativas que solicitaron mantener este beneficio para el alumnado. Por su parte, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo calificó de “mala” determinación que la SEP eliminará la Escuela de Tiempo Completo, pues sobre todo afectaba a niñas, niños y adolescentes de zonas marginadas.3
El regreso de las escuelas de tiempo completo debe de ser reconsiderada en el país, pues éstas representan un apoyo al desarrollo cognitivo, a la adquisición de nuevas habilidades y una buena alimentación desde edades tempranas, pues ello marca el destino de niños, niñas y adolescentes en su edad adulta, particularmente cuando se trata de niños que nacen en un contexto de desigualdad.4
Las consecuencias de la eliminación de las Escuela de Tiempo Completo se han visto reflejadas en los resultados de las evaluaciones académicas, niveles de nutrición y deserción escolar, así como la afectación indirecta a madres y padres de familia del alumnado, por lo cual es necesario considerar la restitución del programa de Escuelas de Tiempo Completo en todo el país, como una acción para el logro de la educación de calidad y mejora de los aprendizajes, así como el bienestar de las y los alumnos.
Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a considerar la incorporación en los programas que actualmente implanta de las acciones asociadas al programa Escuelas de Tiempo Completo en todas las entidades federativas del país, especialmente la jornada extendida y la provisión de alimentos para las niñas, los niños y los adolescentes.
Notas
1 Véase “Las golondrinas para las escuelas de tiempo completo”, en Nexos, 25 de mayo de 2022. Disponible en https://educacion.nexos.com.mx/las-golondrinas-para-las-escuelas-de-tie mpo-completo/
2 Véase “SEP elimina programa Escuelas de Tiempo Completo; ‘afectará a millones de niños’, denuncian”, en El Financiero, 11 de marzo 2022. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-program a-escuelas-de-tiempo-completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/
3 Véase “Seguirá la escuela de tiempo completo en 13 entidades”, en Capital Cdmx. Disponible en https://capital-cdmx.org/seguira-la-escuela-de-tiempo-completo-en-13-en tidades/#:~:text=Al%20menos%20hasta%20ahora%2013%20estados%20optaron%20 por%20seguir%20con%20el%20programa.&text=Luego%20de%20que%20la%20Se cretar%C3%ADa,tiempo%20completo%20en%2013%20entidades
4 Véase “¿Por qué deben regresar las escuelas de tiempo completo?”, en Animal Político, 29 de marzo de 2022. Disponible en https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/simetria-datos-c on-rostro/por-que-deben-regresar-las-escuelas-de-tiempo-completo#:~:tex t=El%20desarrollo%20cognitivo%2C%20el%20adquirir,en%20un%20contexto%20d e%20desigualdad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2023.
Diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a revisar la pertinencia de remover el retén de la FGR en San Roberto y evitar que quienes transitan por ahí sean víctimas de extorsión, a cargo del diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Roberto Alejandro Segovia Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las funciones de la Secretaría de Gobernación se encuentran las siguientes: formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de la ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; además de formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de la paz y de legalidad, mediante programas y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o vulnerabilidad de grupos sociales.1
Según el artículo 30 Bis del citado ordenamiento, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.2
El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la administración pública federal que depende de la Secretaría de Gobernación y se rige por la legislación migratoria vigente. Su misión es instrumentar la política en materia migratoria bajo los principios de respeto y seguridad de las personas migrantes nacionales y extranjeras con independencia de su situación migratoria durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional para contribuir a que la movilidad y migración internacional sea ordenada, segura y regular con base en el marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos.3
El artículo 2 de la Ley de Migración establece que la política migratoria del Estado mexicano incluye diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.4
Desde hace ya varios años se ha intensificado la extorsión por en el retén San Roberto FGR en la carretera 57 con dirección Nuevo León-San Luis Potosí y viceversa, al ser un paso obligado para connacionales, turistas y ciudadanía en general. Tal es el caso de una familia que durante este año 2023 logró captar por medio de videograbación un acto de extorsión donde “la persona al volante cuestiona al elemento del porque se cobra, mientras uno de los pasajeros le dice que le otorgue los 40 dólares que de manera previa les solicitó, ante ello, el policía responde que es un delito traer pasajeros que no son sus familiares y procederán de forma legal, siendo cuota obligada para quienes circulen por dicha carretera.5
Además, el retén de la FGR San Roberto que funciona también de forma nocturna al contentillo, detiene camiones y vehículos particulares para realizar “revisiones” sin que su proceder tenga justificación legal, consiguiendo sólo colapsar el tráfico por más de 7 kilómetros durante la noche, enfrentándose a ser cuestionados por las pertenencias que llevan consigo y por su origen, con actitudes intimidatorias, los oficiales revisan sin hacer visibles sus rostros, siendo numerosas las historias que las personas que circulan por dicho ejido reportan, por ejemplo, la práctica de desnudarlos en las revisiones para quitarles el dinero, así como sus pertenencias.6
Lo anterior da cuenta de los abusos de poder y autoridad a los que se enfrentan diariamente familias, conductores de carga y automovilistas en general por parte de oficiales cuya tarea es la de garantizar a nuestros paisanos la seguridad y el respeto de sus derechos durante su ingreso, tránsito y salida del país, además de protegerlos de los abusos que malos servidores públicos cometen en su contra.
“Tenemos quejas de que se ha instalado un retén en la zona de San Roberto, están deteniendo a automóviles, camionetas y hasta camiones de pasajeros, les piden las facturas de sus coches y de no presentarlas se tiene que dar un moche”.7
Desde 2016, como diputado local he venido exhortando a las autoridades correspondientes para evitar las extorsiones a nuestros paisanos, sea por parte de la delincuencia o por parte de servidores públicos que no actúan con apego a la legalidad y la ética, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que muchos de ellos hacen para poder reunirse con sus familiares en temporada vacacional, además de la derrama económica que su visita genera en las comunidades a donde regresan.
No todas las denuncias de actos de extorsión en el retén FGR San Roberto tienen difusión en medios locales y nacionales, pues muchas de ellas son recibidas diariamente por medio de mis redes sociales y mi teléfono de contacto, por lo cual considero necesario hacer un llamado a revisar la posibilidad de que este retén sea eliminado por haberse convertido en un dolor de cabeza para quienes transitan por ahí.
Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República y la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León a revisar la pertinencia de remover el retén FGR San Roberto y evitar que quienes transitan por ahí sean víctimas de extorsión.
Notas
1 Véase Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federal el 29 de diciembre de 1976. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
2 Ibídem.
3 Véase Instituto Nacional de Migración, “¿Qué es el INM?”, gobierno de México, sin fecha. Consultado el 20 de octubre de 2022. Disponible en https://www.gob.mx/inm/que-hacemos
4 Véase Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federal el 25 de mayo de 2011. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra.pdf
5 Véase Redacción, “Familia graba presunta extorsión de la GN en San Roberto, NL”, en Telediario, 11 de abril de 2023. Disponible en https://www.telediario.mx/policia/captan-presunta-extorsion-guardia-nac ional-san-roberto-nl
6 Véase “Agentes de la FGR instalan retén y colapsan la 57, tramo Saltillo-Matehuala”, en Código San Luis, 3 de marzo de 2023. Disponible en https://www.codigosanluis.com/fgr-reten-nocturno-57-saltillo-matehuala/
7 Véase “Retén de San Roberto, en Nuevo León, sigue siendo una pesadilla para paisanos”, en San Luis a Tiempo, 7 de diciembre de 2015. Disponible en https://sanluisatiempo.com/reten-de-san-roberto-en-nuevo-leon-sigue-sie ndo-una-pesadilla-para-paisanos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2023.
Diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández
(rúbrica)