Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a las Secretarías de Cultura del Gobierno de la República y de la Ciudad a analizar y en su caso declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Santa Úrsula Coapa es un pueblo tradicional y originario de la Ciudad de México, su existencia se remonta a la época precolombina.

“Los tepanecas, (los que se encuentran sobre la piedra), tribu con organización política, social y militar, asentados en Azcapotzalco, avasallaron a los señoríos menores, estableciendo en Coyoacán el inicio de su cultura alrededor de 1332, año en que a partir del cual y a lo largo de una de las franjas de pedregal que se originaron por el volcán Xitle, fueron acrecentándose otros núcleos de población: Copilco, Quiahuac (Los Reyes) Xotepingo, Tepetlapan y Coapan.” 1

La zona que comprende lo que hoy es Coyoacán, podemos encontrar pueblos originarios con presencia humana desde hace aproximadamente 2,500 años, tal es el caso de Copilco y Cuicuilco. Por otro lado,

“... el pueblo de Los Reyes, San Pedro Tepetlapa, La Candelaria, San Francisco Culhuacán, Santa Úrsula Coapa; y los barrios San Francisco, El Niño Jesús, La Conchita, San Lucas, Santa Catarina, se observa que todos ellos tienen un pasado prehispánico en común que se remonta a los nahuatlacas o tepanecas, de ahí el origen del sincretismo que los caracteriza.” 2

Segundo.- Tiene una superficie total de 260,708.3993 metros cuadrados.3 “... a partir de la década de 1940, la conformación del Pueblo de Santa Úrsula Coapa, empieza a modificarse con el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México, con la implantación de industrias en la parte norte de la Delegación de Coyoacán, y el mejoramiento de las vialidades (ampliación de la calzada de Tlalpan en 1945, apertura del viaducto Tlalpan 1965, construcción del Anillo Periférico en 1966) ...”

Tercero.- Dentro del pueblo de Santa Úrsula Coapa se encuentran varios monumentos de larga data, lo que los convierte en únicos, con un valor histórico, arquitectónico, urbanístico y simbólico. Entre los que podemos resaltar:

El Casco de la Ex Hacienda Coapa . “Se desarrolló sobre los terrenos de la antigua Hacienda de San José Coapa, a mediados del siglo XX. Esta hacienda se dedicó durante toda la época colonial a actividades agrícolas, como siembra de maíz y trigo.” 4

Nos dice Salvador Padilla Aguilar en La Jornada que: “En la zona de Coapa, la frontera entre las delegaciones Tlalpan y Coyoacán, existen vestigios de las grandes haciendas que hace dos siglos enamoraban a los habitantes del valle de México, que captó el gran paisajista José María Velasco.

Se trata de construcciones sólidas, como los arcos que quedan de la ex hacienda de San José, sobre calzada del Hueso, a unos pasos de la preparatoria 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica Padilla.” 5

Entre los templos catalogados por el INAH como monumentos históricos tenemos:

a) El Templo de Santa Úrsula, ubicado en Calzada de Tlalpan #14.6 En el pueblo de Santa Úrsula Coapa.

b) Antigua Garita de Huipulco, el cual es un inmueble militar, ubicado en Calzada de Tlalpan #3515, en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.7

Cuarto.- El estadio Azteca, que se inauguró el 29 de mayo de 1966. “Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca y se construyó en 1962 con motivo de la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol que se realizó en México en 1970.” 8 Ha sido testigo de los más importantes eventos deportivos mundiales: los juegos olímpicos de 1968; los mundiales de 1970 y 1986; la pelea de Julio César Chávez contra Greg Haugen que impuso un record mundial al tener más de 100 mil espectadores in situ ; la Copa Confederaciones de 1999; conciertos musicales, etc.

El estadio Azteca representa un símbolo de la Ciudad y del país por todos los eventos de envergadura mundial que se han suscitado en ese inmueble.

Quinto.- En la construcción del Estadio Azteca, el pueblo de Santa Úrsula Coapa fue maltratado por el gobierno del Regente Ernesto Peralta Uruchurtu, a grado tal que le costó el puesto, he aquí una deuda histórica con la comunidad. Así lo hace constar Aída Castro Sánchez:

” Sin previo aviso, el 12 de septiembre de 1966 en las primeras horas de la mañana, grupos de trabajadores dependientes del Departamento del D.F., acompañados por fuerzas de distintos cuerpos de la policía preventiva, se presentaron a las Colonias Ajusco y Santa Úrsula y demolieron centenares de casas-habitación .

La demolición de las casas-habitación se efectuó empleando primero la piqueta y más tarde equipo mecanizado y con violencia no sólo contra las casas y los muebles de los vecinos, sino contra las personas que se encontraban en el lugar, publican las notas.

El desalojo lo ejecutaron de manera violenta trabajadores del Departamento del Distrito Federal, que llegaron junto con bulldozers, con doscientos granaderos y otros cuerpos policiacos para derribar las más de cuatrocientas casas y expulsar a sus residentes.

Raúl Mendiolea Cerecero, subjefe de la policía metropolitana, declaró que el desalojo se había hecho en beneficio de la población, porque se encontraba siempre en peligro debido a las explosiones de dinamita de las minas de piedra volcánica del Pedregal de Monserrat.” 9

Sexto.- A nivel internacional tenemos experiencias en las que, estadios de futbol han sido declarados patrimonio histórico, tal es el caso del Estadio Mário Filho, mejor conocido como Maracaná, el cual fue inscrito como patrimonio cultural por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional , de Brasil, en el proceso 1094-T-83, con el número 25 de fecha 26/12/2000.10

Otro ejemplo es el del Estadio Centenario de Uruguay que fue declarado monumento histórico:

“En 1983 la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) declaró al Estadio Centenario Monumento Histórico de Fútbol Mundial. Hasta el momento, solo la Torre de los Homenajes era patrimonio y, después de 37 años, el edificio del arquitecto Juan A. Scasso lo es en su totalidad.” 11

Séptimo.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 33 y 35, establecen que:

Artículo 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Artículo 35.- “ Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.”

Por su parte, el artículo 37 y 41 establecen que:

Artículo 37.- El Presidente de la República, mediante Decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 41.- Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

Octavo.- A nivel local, el artículo 2o de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, señala que:

Se considera Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que requieren ser salvaguardados.

El artículo 28 de la ley en cita establece que el Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural.

En el artículo 31 se clasifica al patrimonio cultural en:

I. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos.

II. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por bienes muebles e inmuebles artísticos, con valor estético que podrán contar con cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y/o técnicas utilizadas;

III. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por la Federación;

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio.

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica; y

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico.

Noveno.- Derivado de lo argumentado supra, consideramos que no existe ningún impedimento para que las autoridades enunciadas en el rubro del presente punto de acuerdo procedan a analizar y en su caso declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico .

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a analizar y, en su caso, emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a analizar y, en su caso, emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a suspender el megaproyecto “Estadio Azteca” hasta en tanto se resuelve la procedencia de la declaratoria de la zona de Santa Úrsula y la catalogación de sus monumentos.

Cuarto.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a analizar y, en su caso, declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Quinto.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a analizar y en su caso emitir un dictamen técnico sobre la conveniencia o no de declarar al pueblo de Santa Úrsula Coapa zona de monumentos históricos por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Notas:

1. INAFED. Coyoacán, de SEGOB Sitio web: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09003a. html

2. PUEC-UNAM. Los pueblos y barrios originarios de Coyoacán, de UNAM Sitio web: https://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/107-noticias-puec/1692-los- pueblos-y-barrios-originarios-de-coyoacan

3. DOF. (1994). DECRETO por el que se expropian a favor del Departamento del Distrito Federal los predios en los que se encuentra asentado el pueblo de Santa Úrsula Coapa, de SEGOB Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4749379&fecha=07/10/1994

4. WikiCity, Colonia Ex-Hacienda Coapa (Coyoacán). Sitio web: https://www.wikicity.com/Colonia_Ex-Hacienda_Coapa_(Coyoac%C3%A1n)

5. La Jornada. (2017). El terremoto, advertencia para preservar el patrimonio cultural, Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2017/09/27/cultura/a03n1cul

6. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/11077

7. https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/11078

8. Estadio Azteca, de FMF Sitio web: http://www.fmf.com.mx/estadio_azteca.htm#:~:text=Fue%20dise%C3%B1ado%20 por%20los%20arquitectos,Cruz%20Azul%2C%20Necaxa%20y%20Atlante.

9

10. Maria Clara Amado Martins. (2013). O caso Maracanã: a arquitetura moderna e as teorias de restauro, de Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires Sitio web: https://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/11746/257/11746_257.pdf ?sequence=1&isAllowed=y

11. Ministerio de Educación y Cultura. (2020). El Estadio Centenario fue declarado Monumento Histórico Nacional, de Gobierno de la República Oriental del Uruguay Sitio web: https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/e stadio-centenario-fue-declarado-monumento-historico-nacional

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2022.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a diversas autoridades a atender la crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de los hechos ocurridos el 12 de marzo, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los hechos ocurridos el pasado 12 de marzo del presente año, siguen evidenciando la falta de políticas públicas y acciones que atiendan la crisis migratoria que se vive en la frontera, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cientos de personas principalmente venezolanos intentaron ingresar hacia los Estados Unidos, lo que provocó una estampida que pudo acarrear hechos lamentables. Desesperados hombres, mujeres, niños pequeños y en brazos, intentaron cruzar uno de los puentes que conectan a México con la Unión Americana. El manejo de la crisis migratoria que para nada es nueva, es vergonzosa, misma que las autoridades siguen minimizando, en la cual, han estado ausentes todos los protocolos en derechos humanos.

Las imágenes y videos tomados desde puente del Paso Norte que conecta a México con los Estados Unidos, nos dieron cuenta de la falta de preparación y de la insensibilidad de las autoridades, donde niños y mujeres se ven presionados hacia las cercas, donde la anarquía es la predominante.

El material audiovisual muestra que los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran situados en el puente que conecta con el paso Texas, con nuestro municipio Ciudad Juárez, se vieron rebasados por la falta de elementos que no están preparados para actuar y que esta acción pudo haber desencadenado en una tragedia mayor.

El gobierno federal en complicidad con las demás dependencias responsables de la guarda y seguridad de la frontera, así como el Instituto Nacional de Migración, siguen sin atender a la población migrante, lo que hacen es no ver, no oír y no atender una problemática que es su responsabilidad. La cifra de migrantes que llega a Ciudad Juárez, rebasa todo dato que la autoridad pueda dar, lo único que hacen es contenerlos.

Se habla de más de 2 mil migrantes que avanzaron hacía la mitad del puente internacional, en donde se encuentra la línea divisoria entre ambos países, rebasando el punto de revisión que corresponde a las autoridades mexicanas, siendo vergonzoso que las autoridades de nuestro país, nada pudieron hacer.

Además, el alcalde de Ciudad Juárez en complicidad con el gobierno federal no hace más que oídos sordos, quien se pasea por el municipio tomándose fotos en eventos y no atiende la problemática que viven miles de juarenses. Luego de lo ocurrido en el puente internacional este fin de semana, se ha hecho más evidente la afectación al orden público dentro del municipio, a quien ya se le había hecho saber la falta de seguridad, las afectaciones en las actividades económicas, las afectaciones en los servicios más básicos como lo es la recolección de basura.

La vaguedad con que actúa el alcalde ha detonado la inconformidad entre los habitantes, quienes son los que viven lo que implica una migración sin control alguno, ignorando sus peticiones, por lo que es urgente que haga frente a los problemas que nos aquejan.

Segura estoy que amenazando a los migrantes no es la solución, sino a través de un verdadero plan de movilidad es como se puede dar una mejor convivencia y no criminalizándolos, persiguiéndolos o extorsionándolos las autoridades del orden del gobierno que él encabeza.

Lo vivido el fin de semana no es ajeno a la realidad fronteriza como lo señala el Alcalde, esto se ha vivido desde hace mucho tiempo, lo suscitado fue una más de las manifestaciones de inconformidad y de falta de humanidad ante los migrantes y los ciudadanos juarenses, quienes podemos convivir en armonía.

Las quejas son evidentes, los abusos de los elementos de la policía municipal hacia las personas, el desalojo de migrantes dentro de una iglesia en días pasados siendo golpeados, la extorsión y el miedo y el abuso de autoridad es lo que impera, sin que el alcalde intervenga.

Las manifestaciones de inconformidad han sido constantes, los temas en materia de hacinamiento en albergues, comida y servicios básicos son una bomba de tiempo, mientras las autoridades federales y municipales siguen sin atenderlos, y además, negando que existan estos problemas, por lo que se les piden pongan orden en la ciudad, respetando los derechos de los migrantes y de la población juarense.

Lo cierto es que el flujo de migrantes no ha parado y cada vez llegan más esperando pasar hacia la Unión Americana, quienes se quedan por meses en espera de recibir asilo, una situación que no ha sido controlada, a la vista de todos, cientos de migrantes se encuentran vendiendo en las calles o pidiendo dinero para comer, aunque las autoridades no lo aceptan es una gran crisis humanitaria.

El gobierno del estado de Chihuahua ha realizado grandes esfuerzos, a fin de contener y otorgar recursos extraordinarios para atender a los migrantes que transitan por la entidad, además de disponer de recursos humanos para brindarles seguridad y asistencia.

Mientras, el gobierno federal y el gobierno municipal siguen sin un plan para tener una migración ordenada y segura y no están asumiendo su responsabilidad, las autoridades a todas luces han sido rebasadas y ridiculizadas, donde los elementos de la Guardia Nacional ya ni siquiera actuaron.

La presión que ejercieron y la llamada de atención a las autoridades federales es un precedente que no debemos dejar pasar, porque ello abre las puertas a no respetar las leyes nacionales e internacionales, bases de cualquier entendimiento binacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración para que, de manera urgente, se atienda la crisis migratoria que se vive en ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de los hechos ocurridos el día 12 de marzo del presente año.

Segundo. – La Cámara de Diputados exhorta al presidente municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, a establecer un plan municipal que atienda de manera ordenada la crisis migratoria que se vive y a no criminalizar la migración.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de marzo del 2023

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD),1 que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

Las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se encuentran contenidas en el artículo 42 de la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que dispone lo siguiente:

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente ley, el consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;

V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

VII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley;

VIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad;

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;

XII. Promover la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

XIII. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;

XIV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del programa;

XV. Presentar un informe anual de actividades;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad, y

XVII. Las demás que se establezcan en esta ley, su reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general. Asimismo, la LGIPD señala en su artículo 50 que la dirección general del Conadis tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,2 las siguientes facultades:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Conadis, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del programa;

III. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Conadis y de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Conadis;

V. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, éste último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del estatuto orgánico;

VII. Nombrar a los servidores públicos del Conadis, a excepción de aquellos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al titular;

VIII. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Conadis, de conformidad con las normas aplicables;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Adicionalmente, el estatuto orgánico del Conadis señala en su artículo 25 que al frente del Conadis estará la Persona titular de la Dirección General, quien tendrá, además de aquellas señaladas en la LGIPD, las siguientes atribuciones:

I. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el Informe Anual de Actividades, el informe sobre ejercicio presupuestal y los estados financieros correspondientes;

II. Someter a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno, el o los proyectos pertinentes para expedir, abrogar, derogar o reformar el Estatuto Orgánico del Conadis y una vez aprobado, realizar los trámites administrativos necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

III. Expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Consejo;

IV. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

V. Ejercer todo tipo de acciones legales y desistirse de las mismas, ofrecer y rendir pruebas, interponer recursos y procurar la conciliación en beneficio del Conadis;

VI. Formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público en la fase indagatoria y durante los procedimientos penales y, en su caso, otorgar el perdón cuando proceda, celebrar acuerdos reparatorios, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como formular, en general, todas las promociones y actos procesales que a dichos juicios y procedimientos se refieran;

VII. Celebrar, suscribir y otorgar toda clase de actos, poderes generales, especiales y documentos inherentes a su cargo, así como expedir los acuerdos, circulares, sustituir y revocar poderes generales, especiales y demás disposiciones jurídicas de su competencia, tendientes al buen despacho de las funciones del Conadis y a lograr el objeto del mismo, sin perder el ejercicio de éstas, inclusive las que requieran autorización o cláusula especial;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, así como estímulos, premios, bonos u otros conceptos de gasto de servicios personales, de acuerdo con la normatividad aplicable;

IX. Delegar en los funcionarios del Conadis, las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;

X. Presentar oportunamente a la coordinadora sectorial, el anteproyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, previamente aprobado por la Junta de Gobierno, para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se integre al Presupuesto de Egresos de la Federación;

XI. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Conadis, de conformidad con los ordenamientos y disposiciones legales aplicables;

XII. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Estatuto Orgánico y demás ordenamientos que rijan al Conadis;

XIII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Manual de Organización General del Conadis;

XIV. Publicar en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva en términos de lo dispuesto en el presente estatuto;

XV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la consideración de la Coordinadora de Sector;

XVI. Intervenir como representante del Estado mexicano en eventos internacionales;

XVII. Apoyar en la convocatoria, coordinar la logística de las sesiones ordinarias de la Asamblea Consultiva y, en caso de estimarlo conveniente, estar presente en las sesiones de la misma, y

Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el titular de la presidencia de la República.

De acuerdo al artículo 49 de la LGIPD, la persona titular del Conadis será designada por el presidente de la República con base en los siguientes requisitos:

• Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

• Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y de discapacidad, y

• No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Como se expone, la legislación únicamente contempla que a través del titular del Ejecutivo federal sea nombrada quien ocupará la dirección general de Conadis, quien casi a la mitad de su gestión no ha cumplido con su obligación, dejando sin mando al organismo y abonando, con su omisión, a una inoperancia que en verdad hace del consejo una institución que no puede cumplir con sus obligaciones. En concreto, el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en cuatro años y tres meses sin responsable.

El hecho de no nombrar a una persona responsable del Conadis, no sólo impacta en que un puesto o plaza esté vacante, repercute de manera negativa en la política nacional y en el quehacer del organismo, a tal grado que una de las razones de ser de la institución como es la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que de conformidad con la LGIPD debería haber sido publicado el primer trimestre de 2019,3 al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de programa.

Todo ello, además de generar incertidumbre institucional, representa una vez más, un incumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por ende, retroceso en el camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

Como se ha expuesto, de seguir en esta lógica, Conadis está condenado a una participación accesoria y testimonial en la construcción de la política pública, que aunada al inexplicable silencio del titular de la Secretaría de Bienestar sobre una política encaminada al acceso a los derechos, se concluye que el único interés del gobierno federal, es repartir sin diagnóstico y metodología, recursos para mantener su proyecto de poder, sin que se tenga un proyecto de gobierno.4

Así, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad insistir en la necesidad y obligación del Poder Ejecutivo federal de designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis.

Es importante señalar, que el pasado 28 de octubre de 2022 la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a designar a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo, a cinco meses de esta petición, aún no se nombra persona titular del organismo, por lo que se insiste en la necesidad de que se cumpla la LGIPD.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en cumplimiento del artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas:

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 59.- Serán facultades y obligaciones de las personas Titulares de las Direcciones Generales de las entidades, las siguientes:I. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal;II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes la Directora o Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales requisitos;III. Formular los programas de organización;IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal;V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas, de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, distribución o prestación del servicio;VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano;VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la misma;IX. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;X. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas;XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público;XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno;XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; yXIV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.

3 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales: I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;[...]

4 Norma Angélica Aceves García, “Presupuesto federal de 2021 en materia de inclusión social de las personas con discapacidad”, 21 de septiembre de 2020. Visto en: http://www.discapacidad.pri.org.mx/Articulos/Articulo.aspx?y=10694 consultado el 30 de septiembre de 2021.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de marzo de 2023.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y a las Secretarías del Trabajo de las 32 entidades federativas a instrumentar tianguis o espacios culturales para fomentar y detonar la venta de artesanías típicas, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 19 de maro, se conmemora el día internacional de los artesanos; a quienes externo todo mi reconocimiento y admiración.

Los artesanos mexicanos se han convertido en guardianes de las técnicas ancestrales heredadas por nuestros antepasados, con las cuales transforman diversos materiales como barro, fibras vegetales, madera y piedras en verdaderas obras de arte. A través de sus obras, los artesanos plasman la historia de un pueblo, reflejando sus tradiciones, cultura, costumbres, creencias y valores que han pasado de generación en generación.1

Fabricar artesanías es uno de los oficios manuales más creativos y que requiere un alto grado de destreza, con este oficio que es sumamente antiguo se crean piezas artísticas de un alto valor y originalidad.2

El objeto de esta proposición con punto de acuerdo es promover el trabajo artesanal de estos artistas manuales, principalmente en el estado de Baja California quienes lamentablemente por mucho tiempo han tenido que ver disminuido su trabajo por el mínimo consumo de sus piezas de arte y también por la poca difusión de la grandeza del mismo; tanto nacional como internacionalmente.

Cuando se habla de los artesanos mexicanos, se habla del arte popular de México. Este desempeña una función dinámica que además, podemos encontrar en una gran variedad de objetos que rodean la vida diaria de nuestros pueblos; en su indumentaria tradicional como los huipiles, huaraches, rebozos y morrales; en sus hogares con vajillas de barro, petates, zarapes, muebles, macetas y canastas; o en los instrumentos de trabajo como los telares en donde fabrican sus telas artesanales, los hornos arados y sillas de montar.3

Según el INEGI, existen cerca de 12 millones de artesanos mexicanos. Estos ejercen su oficio en varios materiales como cartón, papel, barro, cerámica, vidrio, textiles, esculturas de piedra o madera y pinturas, el sector de artesanos equivale al 10% de la población que contribuye a la economía del país, dentro de lo que cabe destacar que también representan el 18.6% dentro del sector cultural.4

Entre otros puntos destacan las cifras siguientes que son proporcionadas por el instituto anteriormente mencionado:

• En 2019 el sector de la cultura generó $724,453 millones de pesos corrientes, de los cuales, las artesanías aportaron $138,291 millones de pesos, lo que representó 19.1% del sector cultural.

• En 2019 las artesanías emplearon 489,890 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto representó 35.1% de los puestos que empleó el sector de la cultura en su conjunto.

• El PIB de las artesanías: De acuerdo con la CSCM, el sector de la cultura generó $724,453 millones de pesos corrientes en 2019, de los cuales, las artesanías aportaron $138,291 millones de pesos que representan 19.1% del sector cultural.

• Las artesanías y el gasto: En 2019 el gasto en artesanías realizado por los hogares ascendió a $135,453 millones de pesos corrientes, lo que equivales a 18.7% del total de gasto realizado por los hogares en bienes y servicios culturales.

• Las artesanías y el empleo: En 2019 las artesanías emplearon 489,890 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto representó 35.1% de los puestos que empleó el sector de la cultura en su conjunto. 5

Asimismo, respecto de esta conmemoración tan importante para este oficio se destaca que se pretende visibilizar todas sus carencias y su condición actual:

• La mayoría de los países no cuentan con un marco jurídico de apoyo a los artesanos, referido a la regulación de la producción artesanal, protección de la propiedad intelectual, registro de patentes y formalización de este oficio.

• Bajos ingresos por la producción manual de piezas artesanales.

• No poseen la capacidad requerida para competir con la producción a mayor escala, por parte de empresas e industrias artesanales locales.

• Escasa trasmisión de conocimientos de las tradiciones artesanas a nuevas generaciones, para preservar este legado .6

La elaboración de artesanías es un proceso variado que depende principalmente de la zona del país en que se realice, la cantidad de artesanías que se realizan en todos los estados del territorio nacional es de una riqueza cultural inmensa.

Cabe señalar que en dicha elaboración de las diversas artesanías se aplican conocimientos empíricos y prácticos, así como ingenio, creatividad, originalidad y amor por las piezas realizadas.

En cuanto a la legislación aplicable en México aún falta mucho para legislar en favor de todos los artesanos, pero actualmente las leyes expedidas en favor de los artesanos son las siguientes:

• Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

• Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

• Guerrero: Ley de Protección y Fomento a las Artesanías.

• Baja California: Ley De Fomento a las Artesanías Indígenas de Baja California.

En ese tenor y debido a la trascendencia de la importante labor que realizan los artesanos La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacó en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial7 , celebrada en París en el año 2003 que la artesanía tradicional constituye la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. En ese tenor señala lo siguiente: “para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene como objetivo la conservación de este frágil patrimonio; también pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo sostenible.”8

Del mismo modo señala que mediante la promoción de la cooperación internacional para la salvaguardia, y que se deben establecer en cada país marcos institucionales y profesionales favorables a la preservación sostenible de este patrimonio vivo.

Frecuentemente en la elaboración de dichas artesanías se utilizan materiales de diversa índole tales como: madera, cobre, barro, cuero, roca, hierro, cerámica, estaño y fibras vegetales, por lo que los artesanos utilizan todos estos recursos naturales para crear todo tipo de diseños con una majestuosidad impresionante.

A nivel internacional las artesanías mexicanas cuentan con un gran reconocimiento y valoración, por ser productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad, lo que ha permitido al sector convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento.9

Datos de ProMéxico muestran que los principales destinos de exportación de las artesanías mexicanas son Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia. Por rubro, las mercancías hechas a base de plata, ónix, barro, madera, cerámicas y los cuadros prehispánicos, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en el comercio internacional.10

Por lo anterior, la calidad de las artesanías mexicanas es frecuentemente elogiada y admirada por extranjeros, lo que no ocurre en el propio país, porque lamentablemente en la mayoría delos casos las situaciones de regateo y discriminación contra los artesanos, así como el robo de sus mercancías por parte de autoridades ocales generan condiciones de desventaja para la creación y distribución de sus creaciones.

Asimismo, México tiene 62 etnias y cada una de ellas cuenta con sus características de arte popular, que representan a los diversos estados. Es por ello que el trabajo artesanal mexicano genera diversas fuentes de empleo e ingreso para miles de personas pero como legisladores e instituciones de gobierno debemos acrecentar la difusión y reconocimiento a esta importante labor.

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría del Trabajo de las 32 entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los Artesanos instrumenten tianguis y/o espacios culturales para fomentar y detonar la venta de artesanías típicas de su entidad federativa.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría del Trabajo del Estado de Baja California, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada establezcan jornadas permanentes para fomentar, promocionar y preservar el trabajo de las y los artesanos de Baja California.

Notas:

1. Artesanos mexicanos, el talento de México , La Reina de Tonalá; https://blog.lareinadetonala.com/artesanosmexicanos/#:~:text=Los%20arte sanos%20mexicanos%20se%20han,en%20verdaderas%20obras%20de%20arte.

2. La fecha de celebración de este día internacional coincide con el día de San José celebrado por la religión católica.

3. Artesanos mexicanos, el talento de México . La Reina de Tonalá, https://blog.lareinadetonala.com/artesanos-mexicanos/

4. Ídem

5. ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO (19 DE MARZO), INEGI COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 179/20 17 DE MARZO DE 2021;

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2021/EAPArtesano21.pdf

6. Consultado en fecha 09/03/2023 en: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-artesano

7. El patrimonio cultural inmaterial o “patrimonio vivo” se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación.El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. Numerosos saberes tradicionales o autóctonos están integrados, o se pueden integrar, en las políticas sanitarias, la educación o la gestión de los recursos naturales.

8. Consultado en WWW.UNESCO.ORG: https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial#:~:text=La% 20Convenci%C3%B3n%20de%20la%20UNESCO,potencial%20para%20el%20desarrollo %20sostenible.

9. México y sus artesanías en el mundo, REVISTA FORBES, agosto 14, 2014; https://www.forbes.com.mx/mexico-y-sus-artesanias-en-el-mundo/

10. Idem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 22 de marzo del 2023

Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a hacer pública la información sobre el estado financiero que guarda el AIFA y, en su caso, las pérdidas generadas del mismo, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mejor conocido como AIFA ubicado en la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, es uno más de los ambiciosos proyectos del ejecutivo federal, proyecto que significó la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación esto significó una pérdida de 331 mil millones de pesos (1394-DE)1 , es decir dicha cantidad es equiparable al presupuesto que se le asigna al INE por 23 años.

Este elefante blanco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público costó casi 85 mil millones de pesos. El titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador inauguró el pasado el 21 de marzo de 2022 dicho aeropuerto sin estar terminado, sin tener vías de acceso adecuadas ni servicios suficientes para los usuarios.

II. A un año de su inauguración se sabe que dicho aeropuerto está operando de forma deficiente a lo que se tenía planeado por parte del Gobierno federal, tanto en el manejo de pasajeros como de carga, pues lejos de resolver la problemática de saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, trae consigo pérdidas millonarias.

La nueva terminal tenía como objetivo aliviar la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) , sin embargo, esta meta no ha podido ser alcanzada. por ejemplo el AIFA en enero de 2023 movilizó a 6,018 pasajeros, mientras que el AICM movilizó a 104,822 pasajeros de acuerdo con estadísticas oficiales. No obstante el AIFA presenta demoras en el 25% de sus operaciones debido a cuestiones meteorológicas y fallas de terceros.2

Uno de los principales problemas es que no se han terminado las obras de infraestructura que conectará al aeropuerto para poder arribar desde distintos puntos de la Ciudad de México y otras entidades federativas, por lo que aún este aeropuerto no es atractivo para los usuarios y mucho menos funcional, las obras pendientes son:

• Distribuidor de Acceso Principal

• Autopista Urbana Siervo de la Nación

• Mexibus 1

• Autopista Toluca-Naucalpan

• Acceso al AIFA

• Tren Suburbano Buenavista

• Autopista México Pachuca3

Otro de los usos disfuncionales del AIFA son las operaciones de transporte de carga. El gobierno federal cerró dichas operaciones que se realizaban en el AICM para que estas pasaran a ser responsabilidad del AIFA, sin embargo, la mercancía aún se traslada vía terrestre al AICM, ya que en este se procesan los Documentos de Operación y Despacho Aduanero (DODA), mientras que los sistemas de la Aduana del AIFA para revisar los pedimentos aún no están listos, a pesar de que las autoridades habían informado en que la Aduana 50, como denomina la Sedena al AIFA de Santa Lucía, está equipada con tecnología de punta, como máquinas de rayos X, arco de revisión de vehículos con carga, carriles para mercancía sobredimensionada, plataformas de carga, entre otras herramientas; sin embargo, empleados afirman que esa tecnología por ahora no está instalada en su totalidad.4

El AIFA es más funcional como museo que como aeropuerto, ya que en enero de 2023 superó la cifra de visitantes, según el director del Museo de la Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana, a un año de su inauguración el número de visitantes rebasó el medio millón de personas.

III. No obstante en 2022 los diputados aprobaron un presupuesto de 419 millones de pesos, presupuesto que más tarde sería triplicado por el titular del ejecutivo a mil 370 millones de pesos, sin previa autorización, demostrando una vez más que sus intereses y megaproyectos están por encima de la ciudadanía.5

Tan solo en el año 2022 el AIFA necesitó mil 289 millones de pesos para operar, sin embargo sólo generó 138 millones por su propia cuenta, eso significa que por día perdió 4 millones de pesos.

IV. Desde la Bancada Naranja no respaldamos que los proyectos “insignias” del presidente, lejos de ser un beneficio para las y los mexicanos, traigan consigo pérdidas millonarias y el mejor ejemplo es el AIFA que en su primer aniversario no demuestra haber sido una ayuda para erradicar la demanda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El AIFA nos está costando muy caro a todos las y los mexicanos, ya que, en 2022 se recaudaron 466 millones de pesos, sin embargo el aeropuerto por si mismo solo generó 138 millones, el resto del dinero se obtuvo de subsidios federales, es decir el 90.5% de los ingresos del AIFA fueron tomados los impuestos que pagamos las y los ciudadanos, Nuestros impuestos fueron usados para cubrir las deficiencias de esta terminal aérea en lugar de que se utilizarán para mejorar los servicios de salud o la infraestructura de las escuelas públicas.6

Por ello es que las autoridades correspondientes deben actuar con responsabilidad y generar acciones y mecanismos que tengan como consecuencia el buen funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que este no siga siendo un elefante blanco para el país que lejos de traer beneficios solo ha generado pérdidas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que instruya a las Secretarías correspondientes, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales, hagan pública la información sobre el estado financiero que guarda el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en su caso de las pérdidas generadas del mismo.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como las demás competentes se abstengan de solicitar adecuaciones presupuestarias para los recursos presupuestados para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se apeguen al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta a La Auditoría Superior de la Federación para que dentro de sus atribuciones administrativas y legales ejecute el escrutinio financiero y en su caso las investigaciones necesarias para conocer los probables daños o pérdidas al erario.

Cuarto.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que determine de manera urgente un plan de acción para solucionar la pérdida de recursos financieros que genera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ante la poca afluencia de mercancía y pasajeros.

Notas:

1. Sin Embargo, 20 de febrero de 2022, recuperado de: ASF: Cancelar el NAIM en Texcoco costó 331 mil millones de pesos, 232% más que el monto estimado - SinEmbargo MX

2. Criterio, 21 de marzo de 2023, recuperado de: A un año de inaugurado, AIFA no levanta el vuelo (criteriohidalgo.com)

3. La Silla Rota,21 de marzo de 2023, recuperado de: AIFA: 5 claves de por qué es un fracaso a 1 año de su inauguración | La Silla Rota

4. Ibidem.

5. Juan Ortiz. Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/Juan_OrtizMX/status/1637995705141805061?s=20

6. Juan Ortiz. Twitter. Recuperado de: (17) Juan Ortiz en Twitter: “El AIFA se justificó como uno de los principales proyectos de López. Su construcción exigió el sacrificio del aeropuerto de Texcoco. Eso significó una pérdida de 331 mil millones de pesos de acuerdo a la auditoría 1394-DE de la ASF. Es el presupuesto del INE por 23 años. https://t.co/3QVT3vNUr5” / Twitter

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Chiapas a legislar en materia de representación política de los pueblos indígenas, en acatamiento a sentencia emitida por el pleno de la SCJN, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Alfredo Vázquez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

En el año 2020 el Poder legislativo del estado de Chiapas aprobó una reforma constitucional y legal para garantizar la representación política de los pueblos indígenas tanto en los Ayuntamientos -de municipios indígenas- como en el Congreso local,1 lo que implicó modificar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y la expedición de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad (Decreto 235).

De acuerdo con el reformado artículo 31 de la Constitución chiapaneca, éste señala lo siguiente:

Artículo 31. Los partidos políticos nacionales o locales, con acreditación o registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tendrán el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, debiendo respetar en todos los casos los principios de paridad de género, representación indígena, acceso a los jóvenes y participación política de las mujeres, como lo establecen la Constitución federal, esta constitución, las leyes generales y demás normativa aplicable.

En los Distritos Uninominales con mayor presencia indígena de acuerdo al Instituto Nacional Electoral y en los Municipios con población de mayoría indígena, los Partidos Políticos postularán al menos al cincuenta por ciento de sus Candidatos a Diputados y a Presidentes Municipales , y deberán cumplir con la paridad entre los géneros establecidos en la Constitución; así mismo, deberán cumplir con la obligación de fortalecer y hacer efectiva la capacitación y participación política de las mujeres.

La reforma constitucional local se instrumentalizó con la expedición de la entonces Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas, que en el tema que nos ocupa, estipuló lo siguiente:

Artículo 19.

1. Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, candidatos y candidatas independientes, estos últimos, en lo aplicable, deberán cumplir con el principio de paridad, en el registro de sus candidatos y candidatas a cargos de Diputados y Diputadas al Congreso del Estado, por ambos principios. Asimismo, deberán registrar a candidatos y candidatas indígenas en al menos el cincuenta por ciento de los Distritos Electorales determinados como indígenas por el Instituto Nacional Electoral.

...

Artículo 25.

...

3. Las Planillas por el principio de Mayoría relativa que registren los Partidos Políticos o Coaliciones, deberán ser encabezadas por candidatas y candidatos indígenas en al menos el cincuenta por ciento de los municipios que contengan una población indígena mayor al cincuenta por ciento de su totalidad , tomando como referencia el último censo poblacional que haya determinado la autoridad federal competente.

...

Artículo 166.

...

5. Los Partidos Políticos garantizarán, la participación de los pueblos originarios, debiendo registrar:

a) Al menos en el cincuenta por ciento de los Distritos catalogados con alta población indígena, por el Instituto Nacional, se postularán candidaturas indígenas por el principio de mayoría relativa, debiendo cumplir con el principio de paridad de género.

b) Al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas a presidente municipal correspondientes a los municipios con más del cincuenta por ciento de población indígena de acuerdo a los resultados del último Censo de Población y Vivienda, debiendo cumplir con el principio de paridad de género.

En ambos casos deberá cumplirse con la autoadscripción indígena calificada, referida en la presente Ley.

II. Proceso de impugnación de la reforma legal en materia de representación política de los pueblos indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La reforma legal en materia electoral fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de diversas acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos partidos políticos, en el que demandaron la invalidez de determinados artículos por la vulneración del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, lo que contravenía el derecho a la consulta indígena en términos de la Constitución y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El Pleno de la SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas, 2 declaró la invalidez del Decreto 235 emitido por el congreso local, mediante el cual publicó la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, reconocido en el artículos 2o. de la Constitución federal y 6o. del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

La declaratoria de invalidez de la ley mencionada, dio lugar a la reviviscencia del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, en la inteligencia de que la implementación de la consulta indígena y la emisión de la legislación de la materia debía realizarse a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral en el Estado.

El proceso local ordinario concluyó el 30 de septiembre de 2021, por lo tanto, el 1 de octubre de ese mismo año asumieron el cargo las personas electas al congreso local y en los ayuntamientos. Por ello, es dable señalar que el plazo legal que otorgó el Pleno de la SCJN al Congreso del estado de Chiapas para el cumplimiento de la ejecutoria de la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas transcurrió del 1 de octubre de 2021 al 1 de octubre de 2022, sin que al día de hoy tengamos conocimiento de que se haya realizado la consulta y la expedición de la norma electoral.

En este sentido, el incumplimiento del fallo constitucional configura una Omisión Legislativa por la falta de expedición de la norma secundaria que permita garantizar la representación política de los pueblos indígenas ante el Poder Legislativo estadual y ante los Ayuntamientos. Asimismo, esa falta de normatividad en materia de derechos político-electorales de los pueblos indígenas viola los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo 1o. constitucional, que obliga a todas las autoridades la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno del H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la LXVIII Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas para que legisle en materia de representación política de los pueblos indígenas, en acatamiento a la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas.

Notas:

1. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 24 de junio de 2020. Disponible en:

https://www.sgg.chiapas.gob.mx/po2018/archivos/descargas .php?f=C-111-29062020-1286.pdf (Consultado el 09/03/2023).

2. Acciones de inconstitucionalidad resueltas en sesión del Pleno de la SCJN, el 03 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?As untoID=272668 (Consultado el 09/03/2023).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Insabi a entregar un informe de cobertura de los servicios de salud y acceso a medicamentos que no ha enviado al Congreso de la Unión, incumpliendo con la obligación legal, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El gobierno del presidente López Obrador prometió un sistema de salud como el vigente en los países nórdicos, con atención médica y medicamentos gratuitos para todas las enfermedades y para todas las personas sin seguridad social.

Pero a más de cuatro años de gobierno, nuestro sistema de salud está colapsado, con graves carencias y rezagos, solo funciona por inercia. Del sistema nórdico ya ni que decir, simplemente otra de las muchas promesas incumplidas.

Sin planeación alguna, en noviembre de 2019 en el Congreso, Morena y sus aliados reformaron la Ley General de Salud para desaparecer el Seguro Popular y crear en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, que no ha logrado cumplir con sus responsabilidades establecidas en dicha ley; ante ello, con total improvisación se recurrió al programa IMSS-Bienestar para suplir al órgano recién creado.

Ante la falta de resultados y los reclamos de quienes acuden a solicitar la atención médica y medicamentos a que tiene derecho, el gobierno de la 4T, ha anunciado ahora la creación de un nuevo organismo, el cual ahora sí será el que se encargue de proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social.

Es claro que este gobierno no tiene claridad, ni sabe, cómo enfrentar su responsabilidad constitucional y legal de proteger la salud de todas y todos los mexicanos.

Miles de familias que acuden a los servicios públicos a cargo del Insabi, conocen de las carencias con que trabajan los médicos y el personal de salud, de las insuficiencias de personal para recibir una atención oportuna y de calidad o de la falta de equipos para los estudios de laboratorio o de gabinete que permitan al médico realizar un diagnóstico adecuado.

La desesperación familiar, los ha llevado a tratar de cubrir los gastos de su atención y los medicamentos e incluso las cirugías con recursos propios, lo que ha deteriorado sus condiciones socioeconómicas y en muchos casos ha puesto en riesgo su patrimonio.

El resultado de este fenómeno lo ha documentado el CIEP, con datos del propio gobierno federal, señalando que, el gasto de bolsillo en salud, es decir, el gasto que los hogares destinan directamente a solventar los distintos requerimientos para la atención de su salud pasó de 42.1 por ciento en 2019, a 49.4 por ciento en 2020.1

Las familias entonces; por un lado, pagan impuestos para tener acceso a los servicios públicos de atención médica y medicamentos gratuitos, mismos que no les son proporcionados con la oportunidad y calidad que se requieren; y por el otro, asumen el costo de su atención, gasto de bolsillo en salud, dada la incapacidad de gobierno de garantizar dichos servicios.

La organización civil México Evalúa,2 documentó que en enero de 2022 la atención total fue de 996 mil consultas, que representa una caída de 30 por ciento (431 mil consultas) menos que en enero de 2021, y 83 por ciento (4.7 millones de consultas) menos que en enero de 2019. Pero, además, quienes tuvieron la fortuna de acceder a consulta no siempre tuvieron acceso a los medicamentos.

El Coneval con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, señaló que, el Insabi, dejó sin acceso a los servicios de salud a más de 15.7 millones de personas, al pasar del 16.2 por ciento en 2018 al 28.2 por ciento en 2020 el número de personas sin seguridad social que no tienen acceso a los servicios de salud. Por lo que, en el país existen 35.7 millones de pobres sin atención médica, ni medicamentos y en promedio, con tres carencias sociales más.3

Así, el empeño por la recentralización de los servicios de salud solo ha puesto de manifiesto la incapacidad del Insabi para la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud, dada la magnitud y complejidad geográfica del país; además de la improvisación y falta de planeación, lo que ha conducido a nuestro sistema de salud a enfrentar las mayores carencias de que se tenga memoria, repercutiendo en la salud de millones de personas.

El desabasto de medicamentos ha sido el sello que acompaña y caracteriza esta administración que, para efectos prácticos, pasará a la historia como el sexenio del desabasto de medicamentos.

A más de cuatro años de operación, el Insabi no ha logrado consolidar su estructura operativa por lo que su responsabilidad legal de otorgar los servicios de salud que establece la ley será ahora, de manera ilegal, responsabilidad de un nuevo organismo gubernamental y se operaran a través del IMSS-Bienestar. El Insabi entonces será un simple membrete sin razón de ser.

Además, conforme a una iniciativa presentada por el presidente de la República, la Secretaría de la Función Pública será la responsable de la compra de medicamentos y Birmex de su distribución, con lo que, en los hechos, el Insabi se quedará sin responsabilidades sustantivas.

Y no obstante las graves carencias en el sistema de salud, el Insabi a mostrado una gran incapacidad operativa y para ejercer su presupuesto, por lo que todo parece indicar que sus horas están contadas,

En ese contexto, resulta muy confuso que el Ejecutivo federal pretenda crear por decreto un organismo descentralizado de atención a la población sin seguridad social, bajo el esquema de operación del IMSS-Bienestar, y que pretenda que sea financiado con recursos locales o los provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), cuando dichos recursos por ley deberían ir al Insabi.

Lo que está claro, es que el Insabi es un fracaso y ahora un estorbo para el gobierno federal. Por ello, de manera discreta pero absurda e ilegal, quieren quitarle la administración de los recursos; y que sea el IMSS- Bienestar quien intente corregir todo el desastre que causaron y no logran resolver.

El gobierno federal quiere darle muerte a la que presumió como su principal política de salud, quiere matar a la institución que prometieron garantizaría atención universal, medicamentos para todos con gratuidad absoluta. El Insabi ha sido la ruina del derecho a la salud en México, y tras escasos dos años y medio de operación, ahora será una promesa en abandono, como tantas en esta administración.

Si se trata de debilitar al Insabi o desaparecerlo, el Ejecutivo federal debería ser claro, e iniciar una reforma a la Ley General de Salud para derogar la reforma de 2019, que solo trajo dolor y sufrimiento a los pacientes, con la desaparición del Seguro Popular.

El decreto del gobierno federal para crear un organismo descentralizado (IMSS-Bienestar) es claramente violatorio a la Ley General de Salud vigente; el Insabi es el facultado por ley a llevar a cabo la prestación de servicios de salud para la población sin seguridad social y concentrar los recursos necesarios para tal fin en caso de que una entidad federativa decida celebrar un acuerdo de coordinación.

Hoy nos encontramos ante una grave contradicción respecto de las atribuciones de cada institución, pero más grave aún, habría incertidumbre en el manejo de los recursos públicos, la nómina e infraestructura destinada a la salud, e incluso, afectaciones a los derechos laborales del personal que quedará en el limbo, pues se supone, que el Insabi los iba a contratar y basificar.

Hemos advertido que el IMSS-Bienestar no tiene la capacidad, ni experiencia operativa ni administrativa, en el segundo y tercer nivel de atención, la población sin seguridad social será sometida a un nuevo experimento del gobierno federal.

Desde ahora podemos prever su fracaso y nuevas afectaciones para el acceso a los tratamientos y medicinas, sobre todo, de alta especialidad y alto costo.

Por otra parte, la falta de transparencia ha sido una constante desde que se inició el proceso de creación del Insabi, lo que resulta totalmente contradictorio, ya que el cambio se justificó por el combate a la corrupción y la mala gestión. Sin embargo, hoy tenemos menos información pública sobre los resultados en el sistema de salud, tenemos más indicios de corrupción y una pésima gestión en la institución.

En ese contexto, en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados,4 se reportaron las siguientes irregularidades:

• El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aún no contó con su Manual de Organización General, ni con sus Manuales de Organización Específico y de Procedimientos, desde su creación en enero de 2020.

• No se acreditó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) entregó al Insabi el informe de auditoría efectuado por la firma global de auditores externos, así como el informe financiero anual acumulativo y certificado con libros contables cerrados.

• No se acreditó el monto pagado por el Insabi a la UNOPS por concepto de los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos. El Insabi (entidad consolidadora) no dio a conocer a las 41 Instituciones Públicas (IP) que participaron en el Proyecto de implementación denominado “Adquisición de Medicamentos y Material de Curación”, los criterios y requisitos para la entrega de medicamentos y material de curación durante el ejercicio 2021.

• El Insabi no proporcionó la información respecto de la cantidad de medicamentos y material de curación entregados a cada una de las IP por parte de la UNOPS.

• De las conciliaciones de medicamentos y material de curación efectuadas entre el Insabi y cada IP, no se proporcionó documentación que acredite que las referidas conciliaciones se efectuaron una vez entregados a las IP.

• No se proporcionó evidencia documental del sustento del número de claves de medicamentos reportadas en los Informes de Actividades y de Autoevaluación 2021 del Insabi.

• El Insabi no acreditó el mecanismo utilizado para determinar el cálculo del monto de otros costos directos e Indirectos que cada IP cubriría por las compras efectuadas por la UNOPS.

• En el Acuerdo de consolidación suscrito entre el Insabi y las IP, respecto de las adjudicaciones directas consolidadas efectuadas por el Insabi, no se identificaron las cantidades máximas requeridas, modificadas al alza y a la baja solicitadas por las IP.

• De 6 procedimientos de contratación derivados de las adjudicaciones directas efectuadas por el Insabi, en la investigación de mercado, no se contó con las solicitudes de cotización de 50 posibles oferentes, y no se acreditó el envío de 74 solicitudes de cotización a los posibles oferentes.

• En el resultado de investigación de mercado de 4 claves de medicamentos no se presentó la oferta del proveedor adjudicado; y en la correspondiente a 2 claves de medicamentos, éstas se adjudicaron a un proveedor, no obstante que los mejores precios y la mayor capacidad de producción lo ofrecieron otros dos proveedores; y no se contó con la Licencia Sanitaria de una clave de medicamento correspondiente a un proveedor.

El pasado 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; el artículo primero y décimo tercero transitorios de este Decreto señalan expresamente lo siguiente:

“Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020 , excepto por lo que se establece en los artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo transitorios.

“Décimo tercero. En un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Instituto de Salud para el Bienestar deberá presentar al Congreso de la Unión un informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginación social.”

Con base en lo anterior el Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, debió haber entregado al Congreso de la Unión, en enero de 2023, el informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginación social. Sin embargo, a la fecha, dicho informe no ha sido entregado a pesar de que el plazo se cumplió desde el pasado 1 de enero de 2023.

Por lo que, desde la Cámara de Diputados, demandamos que se presente dicho informe de manera urgente, en el que se dé respuesta a los hechos que se describen a continuación:

• ¿Cuál será el papel del Insabi a partir de ahora, ante el anuncio de un nuevo organismo que, claro está, suplantará sus funciones?

• ¿Cómo es que el Insabi cedió las facultades que la Ley General de Salud le otorga a un nuevo organismo?

• ¿A qué se deben los subejercicios de la institución a su cargo, los más grandes dentro del sector salud?

• SHCT también reporta que el Fondo de Salud para el Bienestar ha consumido gran parte de sus reservas: En 2019 tenía 105 mil millones; ahora solamente 37 mil millones. Pero, pese al gasto extraordinario, se redujo la atención médica de especialidad.

• ¿Cuál será el destino de los recursos del Ramo 12 “Salud” que se transfieren a las entidades federativas? ¿Los concentrará el Insabi conforme a la Ley General de Salud? o ¿el IMSS-Bienestar?

• Las atribuciones de los estados están perfectamente identificadas en la Ley General de Salud, un decreto de ese tipo no puede estar por encima ¿cuál será el papel de los estados?

• ¿El proceso de compras consolidadas de medicamentos e insumos estará en el nuevo organismo? ¿Cómo harán para corregir el grave desabasto que caracteriza a esta administración?

• ¿Cuál es la razón de que Insabi aún no cuente con su Manual de Organización General, ni con sus Manuales de Organización Específico y de Procedimientos?, si comenzó sus operaciones desde 2020, como ha reportado la Auditoría Superior de la Federación.

• ¿A qué se debe que no se acreditara el monto pagado por el Insabi a la UNOPS por concepto de los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos? ¿Cuánto dinero nos costó el fracaso con la UNOPS?

• ¿Por qué Insabi no proporcionó la información respecto de la cantidad de medicamentos y material de curación entregados a cada una de las instituciones públicas? lo que sin duda tuvo consecuencias para la población que padeció el desabasto de sus medicinas.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la inmediata presentación del informe del cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginación social, en estricto cumplimiento del artículo décimo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dar respuesta a las irregularidades documentadas en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 entregado por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados.5 Mismas que se detallan a continuación:

• El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aún no contó con su Manual de Organización General, ni con sus Manuales de Organización Específico y de Procedimientos, desde su creación en enero de 2020.

• No se acreditó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) entregó al Insabi el informe de auditoría efectuado por la firma global de auditores externos, así como el informe financiero anual acumulativo y certificado con libros contables cerrados.

• No se acreditó el monto pagado por el Insabi a la UNOPS por concepto de los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos. El Insabi (entidad consolidadora) no dio a conocer a las 41 Instituciones Públicas (IP) que participaron en el Proyecto de implementación denominado “Adquisición de Medicamentos y Material de Curación”, los criterios y requisitos para la entrega de medicamentos y material de curación durante el ejercicio 2021.

• El Insabi no proporcionó la información respecto de la cantidad de medicamentos y material de curación entregados a cada una de las IP por parte de la UNOPS.

• De las conciliaciones de medicamentos y material de curación efectuadas entre el Insabi y cada IP, no se proporcionó documentación que acredite que las referidas conciliaciones se efectuaron una vez entregados a las IP.

• No se proporcionó evidencia documental del sustento del número de claves de medicamentos reportadas en los informes de Actividades y de Autoevaluación 2021 del Insabi.

• El Insabi no acreditó el mecanismo utilizado para determinar el cálculo del monto de otros costos directos e Indirectos que cada IP cubriría por las compras efectuadas por la UNOPS.

• En el Acuerdo de consolidación suscrito entre el Insabi y las IP, respecto de las adjudicaciones directas consolidadas efectuadas por el Insabi, no se identificaron las cantidades máximas requeridas, modificadas al alza y a la baja solicitadas por las IP.

• De 6 procedimientos de contratación derivados de las adjudicaciones directas efectuadas por el Insabi, en la investigación de mercado, no se contó con las solicitudes de cotización de 50 posibles oferentes, y no se acreditó el envío de 74 solicitudes de cotización a los posibles oferentes.

• En el resultado de investigación de mercado de 4 claves de medicamentos no se presentó la oferta del proveedor adjudicado; y en la correspondiente a 2 claves de medicamentos, éstas se adjudicaron a un proveedor, no obstante que los mejores precios y la mayor capacidad de producción lo ofrecieron otros dos proveedores; y no se contó con la Licencia Sanitaria de una clave de medicamento correspondiente a un proveedor.

Notas:

1 https://ciep.mx/gasto-en-salud-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

2 https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/03/23/numeros-de-erario-g asto-en-salud-a-enero-de-2022/

3 https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Evaluacion_s alud_web.pdf

4 https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria

5 https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las manifestaciones de violencia y mensajes de odio realizados en la concentración del 18 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 18 de marzo el oficialismo realizó una concentración en el Zócalo con la excusa de conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, si bien, su financiamiento sin duda alguna se realizó con recursos públicos y la gran mayoría de participantes fueron militantes del partido del gobierno; en esta ocasión hubo un hecho que marcó esta movilización opacando incluso la memorable fecha que se pretendía celebrar.

Lamentablemente, durante el mitin, un grupo de personas cuyos medios de comunicación han señalado como simpatizantes de Morena, al término del discurso del presidente, quemaron una piñata con el rostro de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras gritaban “Fuego, fuego” y “! Fuera Piña, fuera Piña”. 1

Este hecho ha levantado una gran indignación entre activistas y movimientos feministas pues en un país en donde son asesinadas 10 mujeres al día y en donde durante 2022 se registraron un total de 968 feminicidios, mientras que las mujeres víctimas de homicidio doloso aumentaron 2.1 por ciento, pasando de 2 mil 749 en 2021 a 2 mil 807 para 2022, sin considerar que en 2019 se registró un máximo histórico de 2 mil 875 casos,2 este tipo de violencia y de mensajes de odio no pueden ser tolerados.

Preocupa además que estos actos tienen como antesala las declaraciones realizadas por el Ejecutivo federal durante sus conferencias mañaneras a principios de este mes, quien en repetidas ocasiones ha reprochado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia los fallos judiciales de diversos jueces sobre el ex gobernador de Tamaulipas y sobre el caso de García Luna, afirmando que con la llegada de la nueva presidenta se han desatado resoluciones a favor de presuntos delincuentes.3

Dichas declaraciones desataron una serie de reacciones en redes sociales contra la ministra Norma Piña, en donde personas afines a esta administración comenzaron a escribir mensajes de odio e incluso amenazas de muerte, que finalmente resultaron en la concentración del pasado 18 de marzo, en una grave expresión de violencia y de apología al feminicidio que debe ser rechazada con toda la fuerza de las instituciones, partidos políticos, organizaciones civiles, académicos y la misma sociedad.

La política de polarización impulsada desde el gobierno federal, que tiene como finalidad dividir a la gente en quienes apoyan un proyecto político y quienes no lo apoyan, entre ricos y pobres, entre “conservadores” y “liberales”, está haciendo mucho daño. La estrategia de pintar a nuestro país en blanco y negro debe detenerse porque el camino que como sociedad estamos recorriendo solo está produciendo más violencia y quienes pagarán las consecuencias serán las niñas y niños que heredarán a un país en donde la tolerancia, el respeto a las ideas diferentes y la pluralidad de opiniones no pueden coexistir; en donde el pensamiento único debe imponerse por la fuerza y que desde el poder se puede llamar a la violencia sin consecuencia alguna.

No es normal, ni debe normalizarse, que en mítines políticos se quemen figuras que representan a otros poderes del Estado, cuya función constitucional es fungir como contrapesos de los otros Poderes. No es normal que, desde las conferencias mañaneras realizadas por el Ejecutivo federal, se produzcan señalamientos a personas y servidores públicos que no son afines al gobierno y que con estos mensajes se generen linchamientos que pueden terminar en grandes tragedias.

Lo sucedido el 18 de marzo en el Zócalo de la ciudad, no es menor, es un hecho alarmante que debe preocuparnos, es un gran aviso de que todas y todos los actores políticos debemos hacer un llamado a la prudencia y al respeto democrático, debemos detener la incitación a la violencia, y más aún aquella que pretenda generar violencia hacia las mujeres de nuestro país que ocupan cargos públicos.

Es por ello, que este hecho tan lamentable no puede pasar desapercibido y corresponde al Poder Legislativo solidarizarse con la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien no solamente es la primera mujer que encabeza al Poder Judicial de la Federación, sino que representa a un Poder del Estado en la vida democrática de nuestro país, así como, la independencia y la autonomía del Poder Judicial.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente las manifestaciones de violencia y mensajes de odio realizados en la concentración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde un grupo de personas quemaron una figura que representaba a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y rechaza cualquier incitación a la violencia en contra de las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se solidariza con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los inaceptables hechos ocurridos durante la concentración del 18 de marzo y se hace un atento llamado a la prudencia y respeto institucional de todos los actores políticos para evitar que se continúen generando mensajes que inciten a la violencia y debiliten la vida democrática de nuestro país.

Notas:

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/03/19/norma-pina-queman-p inata-con-rostro-de-ministra-de-la-suprema-corte-en-mitin-de-amlo/

2 https://www.infobae.com/mexico/2023/02/05/mexico-rompio-cifra-historica -de-mujeres-asesinadas-por-homicidio-doloso-en-el-2022-los-feminicidios -no-bajan/

3 https://www.infobae.com/mexico/2023/03/02/tras-amenaza-de-muerte-a-la-m inistra-norma-pina-jueces-y-abogados-piden-a-amlo-a-mantener-el-respeto -al-poder-judicial/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 22 de marzo de 2023.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica), Alan Castellanos Ramíre (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a cumplir con las obligaciones de transparencia en materia de adquisiciones, de conformidad con el marco normativo aplicable, así como a tomar las medidas necesarias para cumplir con ello, a cargo del diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a cumplir con las obligaciones de transparencia en materia de adquisiciones de conformidad con el marco normativo aplicable; así como a tomar las medidas necesarias para cumplir con ello, conforme los siguientes

Antecedentes

I. En días recientes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó los resultados de la investigación “La capital de la opacidad: 4 años sin datos de los contratos de la Ciudad de México” . Llegando a la siguiente conclusión: “El gobierno de la capital lleva más de 4 años sin publicar la información completa de las compras públicas que ha hecho. El sitio en el que se transparenta la información sólo presenta datos sobre la planeación, pero no sobre cómo y a quién se contrató.”1

II. A lo largo de varios meses, y toda vez que el portal de compras públicas Tianguis Digital operado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México no contenía la información motivo de su investigación en términos de lo establecido por la Circular Uno 2019, la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI realizó una serie de solicitudes de información a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF) así como a 93 dependencias y entidades de la Administración Pública capitalina respecto a contratos asignados entre 2019 y 2022. De las 600 carpetas entregadas por la SAF mediante discos compactos como parte de su respuesta, casi una tercera parte (244) correspondieron a archivos vacíos y otros más a información incompleta.

III. La Unidad de Investigación de MCCI2 solicitó conocer aspectos como fechas de inicio y fin de contratos; nombre del proveedor; RFC de proveedor; descripción del contrato; justificación legal y objeto del contrato; monto; cantidad y precio unitario de los bienes o servicios adquiridos; fecha de presentación y apertura de propuestas en caso de aplicar; modalidad de contratación y su fundamento legal; año y trimestre al que corresponde; unidad compradora que realizó la compra; número de procedimiento y número de contrato, o bien, si corresponde o no a una compra consolidada; si es una compra Covid o una compra no Covid, y, la estratificación de la empresa que recibió el contrato, todos, elementos propios del proceso de adquisición y públicos en términos de la legislación en la materia.

IV. Luego de ejercer su medio de defensa a través de un recurso de revisión, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) ordenó a la SAF, modificar su respuesta ya que la SAF tiene como atribución tener toda la información solicitada y es inconcuso que no la haya entregado y debe de entregar la información completa, en esta ocasión se trató de mil 546 documentos en formato PDF, la mayoría de ellos aún sin corresponder a los contratos originalmente solicitados o bien con omisiones importantes como el RFC o la razón social de los proveedores.

V. Del análisis de la información que sí fue entregada, MCCI encontró discrepancias con los contratos reportados por las diversas dependencias del Gobierno de la ciudad. “Por ejemplo, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México reportó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) un total de 29 contratos para 2021, pero en nuestra solicitud de información declaró 50 contratos más que no aparecían en la PNT.” Similarmente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) realizó 83 contratos de acuerdo a su portal de transparencia mientras que en la PNT únicamente aparecen 76 registros.3

VI. La Circular Uno 2019 establece que la información generada de los procedimientos de adquisiciones tiene carácter público y por lo tanto deberá ser publicada en el portal de transparencia de cada entidad pública y en la Plataforma Tianguis Digital. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de MCCI la información correspondiente a las compras públicas de la Ciudad de los últimos cuatro años no fue localizada, o bien no se encontraba en formato de datos abiertos.

VII. La SAF ha señalado en mesas de trabajo en las que ha participado la Unidad de Investigaciones de MCCI que únicamente hará pública la información correspondiente a contratos a partir del segundo semestre de 2023, toda vez que los ejercicios anteriores se encuentran en la PNT, no obstante sus constantes fallas y la falta de coincidencia entre la PNT y la información reportada por las dependencias y organismos de la Administración Pública local, por lo que quedarán en opacidad los primeros cuatro años de contrataciones de este gobierno, entre ellos, la información en datos abiertos de las compras emergentes del gobierno para atender Covid-19 durante 2021 y 2022.

VIII. Finalmente, el 14 de marzo de 2023, mediante comunicado signado por la SAF, se dieron a conocer 98 ligas electrónicas correspondientes a las obligaciones de transparencia de la dependencia, así como el cumplimiento del recurso de revisión RR.IP.5509/2022, promovido por MCCI.4 No obstante, en la comunicación de la Secretaría, no se hace referencia alguna a lo que de acuerdo con la Circular Uno 2019 tendría que ser parte de la plataforma Tianguis Digital en las que los contratos originalmente solicitados debieron ser también publicados.

Planteamiento del Problema

El combate a la corrupción y la impunidad, la eliminación de los privilegios y la austeridad son tres de los pilares sobre los cuales se ha fincado el discurso de este gobierno para la buena administración pública. No obstante, en los últimos cuatro años los resultados en esta materia muestran resultados contrarios.

Si bien el Gobierno de Ciudad ha consignado que en esta gestión se han rescatado 25 mil millones de pesos de la corrupción a través de la cancelación de contratos, la reducción de remodelación de inmuebles, la disminución de las plazas de altos funcionarios, la Ciudad de México ocupa el lugar 28 de 32 en confianza y cercanía de la población hacia sus instituciones de gobierno. La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre seguridad pública 2021 (ENVIPE) encontró que si bien la inseguridad, el desempleo o la salud son las mayores preocupaciones de la población, para 20% de las y los capitalinos, la corrupción es el problema público más importante.

En efecto, este gobierno se ha caracterizado por la ausencia o el debilitamiento de los instrumentos de transparencia, rendición de cuentas y desempeño ético de las personas servidoras públicas quienes han sido protagonistas de actos irregulares, conflictos de interés entre distintas personas servidoras y ex servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México y posibles actos de corrupción.

Con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Locales se buscó: 1) evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate a la corrupción; 2) fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la corrupción; 3) contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no sólo desde sus consecuencias.

Sin embargo, la Ciudad de México es la única entidad en el país que no tiene una Ley Anticorrupción vigente, ni una Política Anticorrupción y un Sistema Local prácticamente inoperante. Es decir, en esta ciudad no contamos con las herramientas legales ni de planeación para prevenir, detectar y sancionar el fenómeno de la corrupción.

El ranking internacional sobre corrupción gubernamental publicado por Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 126 de 180 países. Por tercer año consecutivo, nuestro país apenas suma 31 de los 100 puntos posibles en el índice de percepción de la corrupción que tienen las personas sobre sus gobiernos.5 Estos datos son consistentes con los que publica The World Justice Project (WJP), en cuya medición México se encuentra en los últimos lugares en el Índice de Corrupción: en el lugar 113 de 139.

El mismo World Justice Project ha encontrado que la Ciudad de México califica incluso por debajo de la media nacional en el nivel de percepción de “ausencia de corrupción en las instituciones”. Es decir, las personas en esta ciudad no confiamos en el gobierno, ni en el poder judicial, ni en el Congreso, ni en las instituciones de seguridad y justicia. Y lo que es más, califica por debajo de la media nacional en prácticamente todas las categorías de análisis respecto al cumplimiento regulatorio, esto es, cumplimiento regulatorio libre de corrupción, procedimientos administrativos eficientes y debido proceso en procedimientos administrativos.

1. Índice de Estado de Derecho CDMX 2021-2022

Ahora bien, como parte de los esfuerzos de esta administración en materia de transparencia, en 2020 este gobierno dispuso la creación de una plataforma digital de monitoreo central concentradora de información relativa a las contrataciones del gobierno. Esto se hizo mediante cambios al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), para concentrar en un solo lugar toda aquella información sobre la ejecución de los contratos de manera accesible y abierta.

Sin embargo, como quedó demostrado con la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, “hasta el momento, no hay un solo dato público correspondiente a la entrega de contratos con este sistema en los sitios del Gobierno de la Ciudad de México.”

En efecto, el Tianguis Digital es un sitio donde se puede visualizar y navegar el sistema de contrataciones públicas de la Ciudad de México que funciona a través de herramientas y módulos que permiten “registrar, conducir y monitorear los procesos de contratación pública bajo los principios de apertura, eficiencia y economía para asegurar mejores bienes y servicios para todos.”6 Entre las bondades de un sistema de esta naturaleza, se encuentra que son las mismas unidades de compra, es decir dependencias del gobierno central y alcaldías, las que registran su procedimiento de contratación de forma homologada. A su vez, los proveedores tramitan su constancia digital para participar en las licitaciones y la ciudadanía puede verificar todo el proceso de compra: planeación, conducción, adjudicación, contrato y ejecución del mismo.

La plataforma cuenta con un explorador de información que se basa en un estándar internacional de datos abiertos para contrataciones (OCDS por sus siglas en inglés) que facilita la publicación de información estructurada sobre cada una de las etapas de un proceso de contratación: desde la planificación hasta la implementación. Consta de 12 módulos, y una vez que estos operen al 100%, estará a la par de las herramientas más avanzadas de compras gubernamentales a nivel Latinoamérica.

No obstante, de acuerdo con una consulta a la plataforma, al día de hoy el Tianguis Digital concentra un padrón de 6 mil 193 proveedores de bienes y servicios, 5 mil 644 convocatorias públicas, once discusiones de prebases y 4 reconocimientos. Asimismo, es posible observar que concentra 11 mil 211 procedimientos correspondientes a 5 mil 111 para la adquisición de bienes y 6 mil 100 de contratación de servicios, de 94 unidades responsables de gasto.

Hasta ahora, el Tianguis Digital permite conocer la planeación de las contrataciones, sin que sea posible determinar a partir de los datos publicados si dichos contratos efectivamente se entregaron. Eso significa que no podemos saber cómo se ha contratado. Por ejemplo, para 2022, el gobierno de la ciudad estimó que gastaría 58 mil 160 millones de pesos en contrataciones públicas, esto equivale a 3 veces todo el presupuesto del Sistema Metro que, dadas las fallas y omisiones del Tianguis Digital, podemos saber cómo se gastó.

A la Secretaría de Administración y Finanzas, le corresponde, entre otras tareas, la administración de los recursos de la Administración Pública y el sistema de gestión pública; así como autorizar las políticas en materia de gasto de la Ciudad de México. En ese sentido, la Circular Uno 2019 establece en el numeral 5.2 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán elaborar sus Programas Anuales de acuerdo a las necesidades operativas, las cuales deberán ser orientadas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas y actividades institucionales y que, adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, para la elaboración de convocatorias a licitación pública:

“5.3.2 Será obligatorio publicar en la página de internet de la Dependencia , Órgano Desconcentrado y Entidad, así como en la Plataforma Tianguis Digital con cuando menos 1 día hábil de anticipación a la fecha en que se publique la convocatoria al procedimiento de licitación pública , cuando la suficiencia presupuestal para iniciar el proceso exceda el monto de $11,500,000.00 (once millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, la descripción genérica de los bienes a adquirir, arrendar o los servicios a contratar; los anexos respectivos, así como la ficha técnica de los mismos , salvo cuando así lo disponga la ley y el reglamento en la materia, o bien, los casos en que no resulte conveniente para salvaguardar el orden público, el interés general o la integridad de las personas, de acuerdo a lo dispuesto en los LPC.”

Asimismo que:

“5.7.1 La formalización de la adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios, se realizará mediante el formato de contrato que al efecto establezca la DGRMSG, previa opinión de la CEJUR.

Será obligación del área contratante dar a conocer en su respectivo sitio de internet de transparencia, así como en la Plataforma Tianguis Digital, la fecha de formalización del contrato o contratos , en la que se incluirá el monto, número de bienes o servicios a suministrar, fecha de entrega o plazo de realización.”

Cabe destacar que la Circular Uno establece con puntualidad que toda la información generada en los procedimientos de adquisiciones tiene el carácter de pública y deberá ser publicada en internet, en la página de transparencia de cada Ente Público, así como en la Plataforma Tianguis Digital ; que cualquier persona tiene libre acceso a ella, salvo las excepciones y restricciones previstas en las leyes de transparencia y que la difusión de los procedimientos de adquisiciones se hará en versión pública.

Y es que la conformación de instituciones democráticas, de mecanismos de gobernanza como el Sistema Anticorrupción o plataformas digitales como el Tianguis Digital han sido producto de años de trabajo a favor de mejores gobiernos, más transparentes y que rindan cuentas. Más allá de consignas o discursos, todos esos instrumentos son necesarios para la planeación, ejecución y evaluación de la política integral contra la corrupción.

Consideraciones

Primera. La transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales consagrados en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6o.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El acceso a la información es un derecho, pero para que el mismo no se quede atrapado en el texto de la Ley Suprema como una buena idea, se necesita que los sujetos obligados recopilen, organicen y modifiquen la información pública, de una forma tal que la mayor cantidad de ciudadanos tenga disponible la mayor cantidad de información.

El que el derecho de acceso a la información se haga valer, implica también la existencia de la rendición de cuentas. Ésta se entiende como una serie de actos de gobierno, por parte de todos sus integrantes, en el que ponen a disposición del público información ateniente a sus acciones y gestión de recursos durante un periodo de tiempo determinado.

Segunda. El derecho a la información igualmente se encuentra garantizado en el artículo 7o apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Este precepto garantiza el libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio, además establece que esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.

Este artículo dio pie para que se realizarán múltiples esfuerzos y se lograra la expedición de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La cual tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

Tercera. El artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define como datos abiertos a la información digital de carácter público que es accesibles en línea y que puede ser usada, reutilizada y redistribuida por cualquier interesado teniendo las siguientes características:

• Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito.

• De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.

• En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna.

• Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.

• Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

• Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática.

• No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro.

• Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen.

• Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto.

• Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.

Cuarta. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley referida en el consideración tercera, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

• Emitir recomendaciones vinculatorias a los sujetos obligados respecto a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada, así como a la forma en que cumplen con las obligaciones de transparencia a que están sujetos, derivadas del monitoreo a sus portales y de la práctica de revisiones, visitas e inspecciones.

• Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los sujetos obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información.

• Solicitar y evaluar informes a los sujetos obligados respecto del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.

• Verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones que se derivan de la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables, para lo cual, además del monitoreo a los portales de transparencia, podrá practicar visitas, inspecciones y revisiones.

• Implementar mecanismos de observación que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de los sujetos obligados.

• Conocer por denuncia las irregularidades en la publicación de las obligaciones de transparencia, así como los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a la Ley de Transparencia Local.

• Procurar que la información publicada por los sujetos obligados sea accesible de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, así como personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos.

• Emitir recomendaciones vinculatorias a los sujetos obligados para subsanar errores y deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables

Quinta. El artículo 121 fracción XXIX de los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que los sujetos obligados publicarán información relativa a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Sexta. El artículo 121 fracción XXX de los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto de la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala que los sujetos obligados publicarán la información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato, y, en su caso sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13. El convenio de terminación, y

14. El finiquito;

b) De las Adjudicaciones Directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Gobierno de la Ciudad de México a cumplir con las obligaciones de Transparencia en Materia de Adquisiciones de conformidad con el marco normativo aplicable; así como a tomar las medidas necesarias para cumplir con ello.

Notas:

1. Unidad de Investigación Aplicada, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La capital de la opacidad: 4 años sin datos de los contratos de la Ciudad de México. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/la-capital-de-la-opacidad-4-anos-sin-dato s-de-los-contratos-de-la-ciudad-de-mexico/

2. ídem.

3. ídem.

4. Velasco, Sandra y Cedillo Eduardo. Niega SAF opacidad, pero no transparenta contratos. Disponible en:https://www.reforma.com/niega-saf-opacidad-pero-no-transparenta-cont ratos/gr/ar2569667?md5=46b11f815af15f02cd42cad5d473ac08&ta=0dfdbac1 1765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor

5. Índice de Percepción de la Corrupción 2022. Transparencia Internacional, disponible en: https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/me xico

6. Tianguis Digital. Disponible en: https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/

Palacio legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Salomón Chertorivski Woldenberg (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se se exhorta a la SRE a generar los mecanismos diplomáticos en atribución de sus facultades con el gobierno estadounidense con objeto de concientizar la importancia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia económica, cultural, comercial y seguridad, a cargo del diputado Carlos López Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Carlos López Guadarrama , integrante del Grupo Parlamentario Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectos de estrechar lazos diplomáticos con el gobierno estadounidense con el objeto de concientizar la importancia de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos en materia económica, cultural, comercial y seguridad ante las recientes declaraciones y pretensiones bélicas intervencionistas por parte de congresistas integrantes del Partido Republicano.

Exposición de Motivos

Durante el presente año, en la Cámara de Representantes Estadounidense un congresista del Distrito 2 con sede en el estado de Texas, presento una iniciativa de ley cuyo objetivo es facultar al Gobierno Federal Estadounidense para hacer uso de las fuerzas armadas para combatir a los carteles de las drogas. Su argumento se basa en el creciente aumento en la población estadounidense con el uso del fentanilo.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA por sus siglas en inglés) de EE.UU., el fentanilo es un opioide sintético que se parece a la morfina, con la diferencia de que es hasta 100 veces más potente.

El fentanilo es un fármaco recetado para pacientes con dolores intensos o crónicos que “presentan tolerancia física a otros opioides”, señala el NIDA. El argumento del congresista estadounidense se basa en que México es un proveedor de dicho opioide, cuya problemática se ha incrementado en todo el país estadounidense.

CNN “¿Que es el Fentanilo, la droga que alimenta la epidemia de sobredosis en EE.UU.? Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/22/que-es-fentanilo-droga-epidemia-s obredosis-estados-unidos-orix/

Si bien es cierto, históricamente México ha sufrido intervenciones de las principales potencias militares durante su historia como país independiente. En el año 1914 Estados Unidos también intentó invadir México, principalmente en las costas del estado de Veracruz, y gracias a la construcción de un cañón de origen alemán, logramos repeler a la marina estadounidense.

El 18 de marzo de 1938 el Presidente Constitucional Lázaro Cárdenas del Río, expropio el petróleo que se encontraba dentro de nuestro territorio nacional, toda vez que nuestro petróleo estaba en posesión de los extranjeros, principalmente estadounidenses y británicos. Posterior al año de la expropiación petrolera de manera arbitraria, fuimos bloqueados económicamente por Estados Unidos para que ningún país nos comprara petróleo. Y poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la intención de invadir México con el objetivo de recuperar el petróleo que pertenecía a los mexicanos. Sin embargo, las reservas de petróleo que tenía México, significaban un papel muy importante para la guerra, y Estado Unidos opto por no invadir México, y reanudar las relaciones bilaterales.

Hoy vivimos años históricos, momentos que trascenderán durante la historia de nuestro país, y me congratula compartir que durante esta Legislatura que aprobamos la nacionalización del Litio, un recurso natural que se considera el petróleo del siglo XXI. Curiosamente, una vez más cuando nacionalizamos nuestros recursos naturales cuyo valor en el mercado representan importantes ganancias, nuestros vecinos quieren incorporarse a nuestro territorio nacional, ahora con el pretexto de los carteles mexicanos. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. México y Estados Unidos son socios comerciales de los más importantes de todo el continente, ambos integrantes del tratado de libre comercio T-MEC, o por sus siglas en ingles USMCA. Una invasión del ejército estadounidense en territorio mexicano, no solamente es una flagrante violación a la soberanía mexicana; sino también, una clara violación al principio de no intervención del Derecho Internacional.

A nombre de la Cámara de Diputados, lamentamos y reprobamos cualquier intento de violación a la soberanía de nuestro país, y es importante mencionar que ya no vivimos en el siglo XIII, siglo principalmente conocido por las guerras e intervenciones extranjeras a países pequeños. En la Cuarta Transformación creemos ampliamente en la no intervención, y autodeterminación de los pueblos.

Nuestros gobiernos históricamente han sido neutrales ante conflictos mundiales, sin embargo, México a lo largo de su historia, ha demostrado que sabe defender su soberanía. Es necesario que, ante dichas amenazas, se active el Plan DN1, cuyo objetivo se basa en la preparación para la defensa externa de amenazas a la soberanía nacional, o invasión a nuestro territorio. Si no cambian su discurso hacia México, analizaremos aumentar el presupuesto de la Secretaria de la Defensa Nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para modernizar a nuestras fuerzas armadas ante cualquier amenaza externa que intente violentar nuestra soberanía nacional, como diputado federal la constitución le confiere esa facultad a todos los diputados federales, y a la misma Cámara de Diputados. Países no afines a Estados Unidos, han demostrado su inconformidad ante las declaraciones y pretensiones de congresistas, y senadores republicanos. Es lamentable que una persona con un perfil psicológico grave, promueva iniciativas de ley que tienen por objeto violentar flagrantemente la soberanía, y autodeterminación de los pueblos de las naciones del mundo. Existen estudios que revelan que los soldados que han estado en una guerra cuerpo a cuerpo, sufren de estrés postraumático, y trastornos mentales con tendencia a poner en peligro a las personas de su círculo social. Hoy tenemos un ejemplo sumamente claro, y sí, el ejemplo es el congresista de Texas que quiere facultar al gobierno estadounidense por medio de su iniciativa para invadirnos, y por este medio es necesario invitar a reflexionar a los ciudadanos estadounidenses para que elijan a sus representantes con responsabilidad social, toda vez que históricamente sabemos que personas con problemas psicológicos, y trastornos mentales, han creado guerras que hasta el día de hoy seguimos recordando.

Entendemos, que dichas declaraciones tienen un fin electoral ante la frustración de malos resultados electorales del Partido Republicano. Sin embargo, en palabras del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, hablar de una intervención militar en México, “es una majadería, no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México”

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la presente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para efecto de generar los mecanismos diplomáticos en atribución de sus facultades con el gobierno estadounidense con el objeto de concientizar la importancia de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos en materia económica, cultural, comercial y seguridad regional ante las recientes declaraciones y pretensiones bélicas intervencionistas por parte de congresistas, y senadores integrantes del Partido Republicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Carlos López Guadarrama (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y a Pemex a implementar mecanismos y protocolos de actuación adecuados para la prevención, atención y erradicación del hostigamiento, violencia y acoso laboral, a fin de proteger los derechos humanos y laborales, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, es recurrente que en los espacios de trabajo se minimice y tolere situaciones de hostigamiento laboral, en grave detrimento de los derechos y de las oportunidades de permanencia y desarrollo en el trabajo, contra hombres y lamentablemente principalmente contra las mujeres, por lo que, como legisladores debemos combatir estas expresiones de violencia laboral.

En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, al menos 8 millones de mujeres en México han vivido dolorosamente violencia y hostigamiento en el trabajo. Del total de mujeres que ha tenido un trabajo, 27.9 por ciento ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral: 18.1 por ciento experimentó discriminación laboral, 14.4 por ciento vivió situaciones de violencia sexual, 12.2 por ciento recibió violencia psicológica y 1.9 por ciento vivió violencia física.1

Como podemos observar, de octubre de 2020 a octubre de 2021, la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en el ámbito laboral fue de 20.8 por ciento, mientras que por tipo de violencia la prevalencia fue la siguiente: 21.7 por ciento de las mujeres fue discriminada en el trabajo, 7.2 por ciento experimentó violencia sexual, 6.2 por ciento vivió violencia psicológica y 0.7 por ciento experimentó violencia física.2

Asimismo, de acuerdo a esta Encuesta en comento, en el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral fueron las y los compañeros de trabajo (34.2 por ciento), seguido por las y los jefes o patrones (21.7 por ciento) y las y los supervisores capataces o coordinadores (10.7 por ciento).3

Lamentablemente, esta problemática, que expuse antes, en Pemex se está haciendo presente, empresa que desarrolla toda la cadena productiva de los hidrocarburos, existen, casos reportados de hostigamiento y acoso laboral de manera autoritaria y sin límite hacia los trabajadores de parte de funcionarias de Pemex, algunos de estos casos es el reportado en audios compartidos vía redes sociales en los que se denuncia a la ingeniera Arlette Silva Magaña, Gerente de Contrataciones para Proyectos, quien se escucha en audios como admite su corrupción e impunidad por ser protegida del Presidente.4

En dichos audios, manifiestan que con tal de no pagar el DCNR están sacando contratos en desapego a la normatividad, aludiendo que con sus influencias en Palacio Nacional pueden evitar que se le sancione, estos audios son una prueba de la corrupción que lleva a cabo la ingeniera Arlette Silva Magaña en contubernio con su asistente la licenciada Claudia Ponce Ramírez en la Gerencia de Contrataciones para Proyectos.5

Asimismo, se acusa a estas dos funcionarias de mantener una fuerte presión psicológica a sus trabajadoras y trabajadores, provocando serios daños a la salud física y mental de los mismos, el trato que dan a sus empleados es hostil y poco humano, vulnerando sus derechos humanos y laborales, tales como trabajar más de 12 horas diarias, no respetar horarios, vacaciones y si alguien se encuentra de incapacidad médica lo hacen laborar, todo bajo amenaza de despido, se reportan estas y más irregularidades en su centro de trabajo.

Es entonces, que Arlette Silva Magaña, ex integrante de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta el 2 de febrero del 2021 como gerente de contrataciones y proyectos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Sin embargo, un mes después, el 8 de marzo, la ascendieron a gerente, ello por instrucción del director de la petrolera paraestatal, Octavio Romero Oropeza, de acuerdo con un oficio firmado el 19 de febrero, y presentado por el diario Reforma.6

Por lo que, Silva Magaña se suma a la lista de los ocho ex integrantes de la Ayudantía presidencial que ahora ocupan cargos de primer nivel en la Administración Pública Federal, entre ellos Paloma Rachel Aguilar Correa, ex administradora general de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria-sin experiencia previa en temas fiscales-, y ex precandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí.7

Es entonces, que este tipo de violencia se debe combatir y no se debe de permitir estas prácticas, ya que, la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional. Esta afecta negativamente sus posibilidades de obtener recursos por cuenta propia y, con ello, limita su capacidad de decisión autónoma. Generar concientización y acciones afirmativas sobre la violencia en este ámbito es relevante dada la mayor inserción de las mujeres en el mundo laboral y evitar la persistencia de obstáculos que impiden su autonomía plena.8

Es por ello, que presentó el presente exhorto para que las autoridades competentes, implementen mecanismos y protocolos de actuación adecuados para la prevención, atención y erradicación de hostigamiento, violencia y acoso laboral y atender los casos de violencia en los centros de trabajo contra las y los trabajadores de petróleos mexicanos, a fin de proteger los derechos humanos y laborales de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en la materia.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para que se implementen mecanismos y protocolos de actuación adecuados para la prevención, atención y erradicación de hostigamiento, violencia y acoso laboral en contra de los trabajadores de petróleos mexicanos, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que, con base en sus atribuciones legales, implementen mecanismos y protocolos de actuación adecuados para la prevención, atención y erradicación de hostigamiento, violencia y acoso laboral y atender los casos de violencia, acoso y hostigamiento en los centros de trabajo de las y los trabajadores de petróleos mexicanos, a fin de proteger sus derechos humanos y laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en la materia.

Notas:

1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultado por última vez el 16 de marzo de 2023.

2 Denuncia 4T Pemex, Pemex Unidos, consultado por última vez el 22 de febrero de 2023 en https://twitter.com/pemex_unidos/status/1590373225589923840?s=46&t= Bz-0_mgfGF9yksNbMUSfcQ

3 Denuncia 4T Pemex, Pemex Unidos, consultado por última vez el 22 de febrero de 2023 en https://twitter.com/pemex_unidos/status/1590373225589923840?s=46&t= Bz-0_mgfGF9yksNbMUSfcQ

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 CARLOS ÁLVAREZ, Ex integrante de Ayudantía de AMLO es gerente en Pemex; suman ocho con cargos de primer nivel, periódico Noroeste, consultado por última vez el 22 de febrero de 2023 en https://www.noroeste.com.mx/nacional/ex-integrante-de-ayudantia-de-amlo -es-gerente-en-pemex-suman-ocho-con-cargos-de-primer-nivel-BN1096636

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de marzo de 2023.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a instalar su Asamblea Consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a instalar su Asamblea Consultiva, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD),1 que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general.2 Por su parte, el artículo 44 de la citada Ley establece que la Junta de Gobierno del Conadis estará conformada de la siguiente manera:

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva .

Los representantes del Poder Ejecutivo federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Desarrollo Social;

III. Secretaría de Educación Pública;

III Bis. Secretaría de Cultura;

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El director general del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como se observa, la Junta de Gobierno está conformada, entre otros, por cinco representantes de la Asamblea Consultiva, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, es el mecanismo de participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el organismo rector de la política pública, a través del cual se cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta asamblea tiene como atribuciones:

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el director general del Consejo;

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del programa;

IV. Apoyar al consejo en la promoción y cumplimiento del programa;

V. Proponer al consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad;

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al programa;

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la LGIPD, la Asamblea Consultiva se integrará de la siguiente forma:

a) Por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las entidades federativas;

b) Por cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública, y

c) Por cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el director general del Consejo, los presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar, que de conformidad con el artículo 54 de la multicitada ley, quienes integren la Asamblea Consultiva, su cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo.

En ese contexto, el 29 de junio de 2011, fue instalada la Primer Asamblea Consultiva del Conadis, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,3 que señala que con el objeto de instalar el consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez y por un periodo de seis meses, el representante de la sociedad civil de cada una de las entidades federativas será designado por el titular del Ejecutivo de cada entidad, mientras que los cinco expertos y cinco Organizaciones Nacionales, por la persona titular de la dirección general del Consejo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la dirección general del Conadis publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Convocatoria para la Integración de la Asamblea Consultiva del Conadis”, misma que quedó debidamente concluida con la instalación de la Asamblea Consultiva, el 8 de mayo de 2017.

Quienes integraban esta asamblea, de acuerdo con lo señalado en los artículos descritos con antelación, durarían en su encargo hasta el 8 de mayo de 2020, con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual de tres años más. Sin embargo, esta ratificación o la nueva conformación de la Asamblea Consultiva no se ha dado.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicó el “aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultada la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.4

Dicha convocatoria señalaba que la publicación de resultados sería el 8 de abril de 2020, dando un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo la instalación de la Asamblea Consultiva; es decir, al 8 de mayo de 2020.5 Sin embargo, al día de hoy no se ha dado la instalación señalada y el Conadis no cuenta con su Asamblea Consultiva, lo cual representa un incumplimiento legal y atenta en contra de los derechos de las personas con discapacidad, al no contar con el órgano de consulta especializado y conformado por las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

De igual manera, tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación algún acuerdo que amplíe los plazos o, en su defecto, declare desierta la citada Convocatoria, no se cuenta con evidencia de algún documento oficial que permita conocer cuál es el estatus de la Asamblea Consultiva y de cómo está trabajando el organismo para dar cumplimiento a la ley en materia de inclusión.

En conclusión, existe una incertidumbre total del estado que guarda el proceso de selección de la Asamblea Consultiva, si este ya concluyó o, en su caso, quiénes conforman el órgano de consulta y la manera en que se llevan a cabo los trabajos respectivos.

Ello, además del incumplimiento señalado y de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia legal, debido a que de no estar conformada la Asamblea Consultiva del Conadis, por ende, su Junta de Gobierno no está debidamente integrada, por lo que todos los acuerdos a los que llegue o se tomen carecerán de validez y podrán ser impugnados, corriendo el riesgo de ser declarados inválidos. Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno se encuentran:6

• Aprobar el estatuto orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el director general del Consejo;

• Establecer las políticas generales para la conducción del consejo con apego a esta ley, estatuto orgánico, al programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento;

• Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;

• Aprobar el estatuto orgánico, la Organización General del Consejo y los Manuales de procedimientos;

• Nombrar y remover, a propuesta del director general del Consejo a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

• Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y

• Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.

En conclusión, además del incumplimiento legal y la violación de derechos de las personas con discapacidad, todos los acuerdos relativos y derivados de las atribuciones descritas, que son base para el desarrollo del organismo, se encuentra en riesgo de ser impugnados, lo que se traduce en una inestabilidad institucional que debe ser corregida con inmediatez, ya que han pasado casi tres años desde que la Asamblea Consultiva de Conadis dejó estar vigente.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en el orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de Junta Directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto del orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto del orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aun cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Posteriormente, en el mes de septiembre de 2022, volví a insistir con la necesidad de atender este importante tema; sin embargo, el asunto continúa sin discutirse en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por lo que considero oportuno insistir en la necesidad y obligación de que la Asamblea Consultiva del Conadis sea instalada.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Declare desierta la convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020;

b. Publique una nueva convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

c. Notifique a quienes integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad respecto a la indebida conformación de este órgano, y

d. Instale la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nombre a los cinco integrantes de este órgano que integrarán la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas:

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 43. La Administración del Consejo corresponde a:I. La Junta de Gobierno, yII. El Director General.

3 Sexto. Con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, las personas con discapacidad a que se refiere la fracción I del artículo 53 serán designados por los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.Los representantes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 53 de la presente Ley, serán propuestos por el Director General por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

4 Visto en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585992&fecha=11/02/ 2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

5 Visto en: https://www.gob.mx/conadis/documentos/convocatoria-asamblea-consultiva- del-conadis-2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

6 Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de marzo de 2023.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a reconsiderar el nombramiento del titular de la Subsecretaría de la Industria de Reuniones en la Secretaría de Turismo, suscrita por el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PT y del PAN

El que suscribe, Juan Guadalupe Torres Navarro, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Rubén Rocha Moya actualmente Gobernador del Estado de Sinaloa, el pasado 31 de enero de 2023 nombró a Ricardo Jesús Velarde Cárdenas como Subsecretario de la industria de Reuniones en la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, Ricardo Jesús Velarde Cárdenas es Director Comercial del Grupo Eleva y empresario preponderando en el sector restaurantero en el Municipio de Mazatlán Sinaloa, aunado de que se desempeñó en el cargo de Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Municipio de Mazatlán, bajo la gestión del ex presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres quien dejó su cargo y actualmente se encuentra en proceso de desafuero en el Congreso estatal por una serie de denuncias por un posible mal manejo de recursos públicos.

La presente solicitud surge de la necesidad ciudadana de prevenir algún posible conflicto de interés real, aparente o potencial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 , las identifica de la siguiente manera:

Un conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

Un conflicto de interés aparente existe cuando pareciera que los intereses privados de un funcionario público son susceptibles de sospechas porque puede influir indebidamente en el desempeño de sus funciones aun- que no sea el caso.

Un conflicto de interés potencial surge cuando un funcionario público tiene intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto en caso que, en un futuro, el funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades oficiales relevantes.

En un régimen democrático como el nuestro, los ciudadanos tienen la expectativa de que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones. Los principios de equidad e imparcialidad son dos elementos centrales de la decisión pública. Tales elementos cobran mayor relevancia cuando las decisiones de los funcionarios afectan derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, se espera que el interés público prevalezca sobre los intereses particulares y en especial sobre los intereses del funcionario responsable de tomar una decisión.

Existe un razonable consenso que la falta de control y prevención de las situaciones de conflictos de interés afecta la calidad del sistema político y de la democracia. Las situaciones de conflictos de interés generan un paulatino descreimiento de la población en la legitimidad de las decisiones públicas.

Varios instrumentos legales tanto internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la guía sobre la prevención de los conflictos de interés en el sector público de la OCDE, así como, locales como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas han contribuido a la compleja tarea de la prevención de los conflictos de interés, sin embargo, siguen siendo insuficientes, puesto que la percepción ciudadana considera que los conflictos de interés en caso de no ser detectados y prevenidos son la antesala de malas prácticas gubernamentales.

Por lo que considero oportuno invitar al Gobernador a reconsiderar el nombramiento del empresario de Mazatlán.

No se omite mencionar que actualmente se encuentra en proceso en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el expediente PFPA/5.3/2C.28.5.2/00251-21 derivado de una denuncia popular que presenté a petición de varios mazatlecos, en contra de quien resulte responsable, por los hechos, actos y omisiones que han producido y continúan produciendo desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico por la ampliación del restaurante “El Muchacho Alegre” a pie de playa de quien es dueño el servidor público aquí mencionado.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a reconsiderar el nombramiento del titular de la Subsecretaría de la Industria de Reuniones en la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, con el fin de abonar a la compleja tarea de la prevención de posibles conflictos de interés, logrando con ello cumplir con el propósito de que los servidores públicos se conduzcan con imparcialidad y a su vez aumentar la confianza y legitimidad de los ciudadanos a su gobierno.

Nota:

1. Véase el documento titulado: “La Gestión de los Conflictos de Intereses en el Servicio Público. Líneas directivas de la OCDE y experiencias nacionales “en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-gestion-de-los-conflictos- de-intereses-en-el-servicio-publico_9788495912220-es#page1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2023.

Diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (rúbrica)

Diputadas y diputados del G.P. de Morena que suscriben:
Félix Durán Ruiz, Alejandro Robles Gómez, Olimpia Tamara Girón Hernández, Javier Huerta Jurado, Karla Estrella Díaz García, Martha Robles Ortíz, Graciela Sánchez Ortíz, Noemí Salazar López, Celestina Castillo Secundino, Nelly M. Carrasco Godínez, Karla María Rabelo Estrada, Janicie Contreras García, Anahí González Hernández, Jesús Roberto Briano Borunda, Susana Prieto Terrazas, Nancy Yadira Santiago Marcos, Sandra Luz Navarro Conkle, María Sierra Damián, Martha Alicia Arreola Martínez, Antolín Guerrero Márquez, Salma Luévano Luna, Juan Ángel Bautista Bravo, Martha Camacho Reynoso, Susana Cano González, Wilbert Alberto Batum Cholin, Arturo Hernández Tapía, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Judith Celina Tánori Córdova, Alma Delia Navarrete Rivera, Mauricio Cantú González, Maximiano Barbosa, María Clemente García Moreno, Bernardo Ríos Cheno, Manuel Vázquez Arellano, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Jorge Alberto Barrera Toledo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Casimiro Zamora Valdez, Raymunod Atanacio Luna. (rúbricas)

Diputadas y diputados del G.P. del P.T., que suscriben:
Dionicia Vázquez García, Reginaldo Sandoval Flores, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Benjamín Robles Montoya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Servicio Postal Mexicano a realizar un homenaje a Proteo, inmortalizando su imagen y nombre en los timbres postales, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al Servicio Postal Mexicano para que realice un homenaje a “Proteo” inmortalizando su imagen y nombre en los timbres postales; al tenor de los siguientes:

Considerandos

Los perros rescatistas son entrenados para adentrarse entre los escombros, buscar y encontrar vida entre ellos, su principal labor es avisar sobre la existencia de vida, una labor loable, admirable, única y ardua.

La labor de búsqueda y rescate que realizan los perros de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de otras instituciones, para buscar entre los escombros de edificios o casas a personas vivas es de gran admiración.

El pasado 10 de febrero del año en curso, el perro rescatista “Proteo” murió en el ejercicio de su labor, en Turquía, buscando víctimas de entre los escombros a consecuencia del sismo que azotó a Turquía y Siria.

Si bien, con base en la información que la Secretaría de Defensa Nacional proporcionó sobre la muerte de “Proteo” fue por causa de condiciones climatológicas, la última labor de este perro rescatista fue salvar con vida a un menor de edad y recuperar 14 cuerpos.1

“Proteo” era un perro con amplia experiencia, formó parte de la primera Brigada de Policía Militar, localizada en el Campo Militar de la Ciudad de México.

En el 2015 participó en Guatemala en una misión humanitaria. En 2016, en Ecuador para ayudar a las víctimas de un sismo de 7,8.

En 2017, participó en el rescate de personas que fueron sepultadas por un deslave en Chiapas. Además, en ese mismo año, participó en las labores de rescate en nuestro País, durante el sismo del 19 de septiembre que azotó a la Ciudad de México.

En el año 2021 ayudó a rescatar a las víctimas de un sismo en Haití; en 2022 ayudó en las labores de rescate en Oaxaca, por los daños provocados por el Huracán Agatha.

Por tal motivo y dada la importancia de la labor que “Proteo” realizó para salvar vidas, es necesario reconocer su labor, realizarle homenaje e inmortalizar su nombre e imagen.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al Servicio Postal Mexicano para que realice un homenaje a “Proteo”, inmortalizando su imagen y nombre en los timbres postales.

Notas;

1 De qué murió Proteo, el perro rescatista mexicano que viajó a Turquía (muyinteresante.com.mx) véase en: https://www.muyinteresante.com.mx/medio-ambiente/de-que-murio-proteo-el -perro-rescatista-mexicano-que-viajo-a-turquia/#:~:text=“Proteo”%20es%2 0el%20nombre%20de%20un%20perro%20de,un%20saldo%20de%20más%20de%2040%20m il%20muertes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de marzo del 2023

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se clausuren las empresas e industrias que generan los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León, ya que tienen como resultado graves repercusiones en la salud, a cargo de la diputada Karina Marlene Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlen Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se clausure de manera inmediata, las instalaciones y labores de la refinería de Cadereyta, asi como de cualquier empresa e industria que genere altos índices de contaminación en el ambiente, para contrarrestar las graves repercusiones que presentan la población del estado de Nuevo León, en su salud, tales como infecciones respiratorias crónicas, asma, cancer, la diabetes y la hipertensión o bien, otras que involucran los órganos de: oídos, nariz y garganta, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde su origen, la importancia de la protección del medio ambiente ha cobrado relevancia porque involucra directamente el “Derecho a la protección a la salud” como la finalidad de garantizar la seguridad y sobrevivencia del ser humano, esta situación ha determinado que, los trabajos que se realizan en la adecuación y planeación de las disposiciones medioambientales, sean para tomar las medidas más convenientes en aras de la protección de la salud humana, y con ello, cumplir con el principio de proteger un medio ambiente adecuado como un eje fundamental evitar el padecimiento de graves enfermedades que provocan diferentes alteraciones y consecuencias en el funcionamiento del organismo, afectando su equilibrio y produciendo en muchos casos, enfermedades y padecimientos que perjudican de por vida, la salud de la población, principalmente de lo más vulnerables como los niños y adultos mayores, como consecuencia inmediata de las diversas formas de contaminación que llegan al medio ambiente.

Y que, como otras veces, la importancia del cuidado del medio ambiente hizo señalar en los medios de comunicación digitales, que se calcula que en el mundo suman 1.3 millones las personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana, según estima el organismo internacional; y más concretamente precisa que más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo.1

Y que las principales afectaciones que suceden en el cuerpo humano a consecuencia de la contaminación ambiental son: Respiratorias ( un 80 por ciento de las muertes suceden en países donde existe una mayor pobreza en la población, ya que estos, utilizan carbón, estiércol y leña para llevar a cabo sus actividades cotidianas como cocinar o mantener caliente sus hogares); Auditivas (genera graves enfermedades que afectan al sistema nervioso y otras que impactan psicológicamente porque la contaminación acústica genera trastornos como el insomnio, dolores de cabeza, ataques al corazón) e Infecciosas (la contaminación que se origina por la falta de acceso al agua y las sequías provocan un gran cultivo de organismos generadores de graves afecciones gastrointestinales al propiciarse un condición e insalubre para la vida). Todas ellas, con un desenlace de enfermedades mortales.

Pero, en el estado de Nuevo León, mantenemos y sobrevivimos a un problema latente y peligroso que no se ha atendido y tampoco, ha sido situación que se resuelva en el actual gobierno del Estado , que es la contaminación ambiental, ya que todos los días vemos publicados en los principales diarios notas sobresalientes que señalan la mala calidad del aire y que, con determinar un estado de “contingencia”, la contaminación no cesa ni disminuye y tampoco, el grave impacto que sufre la población nuevoleonés en su salud; nadie se hace responsable de este grave problema y las cifras sobre el padecimiento de las enfermedades respiratorias siguen aumentando a consecuencia de la mala calidad del aire y basta con conocer que “las infecciones respiratorias agudas crecieron el 55 por ciento y los casos de asma un 30 por ciento y que a pesar de que los especialistas señalan que “los regios ya tienen muchos años exponiéndose diariamente a un aire sucio y esto ha hecho que se enfermen con más facilidad porque viven “constantemente inflamados” de las vías respiratorias y que otras enfermedades graves que se detonan, son el cáncer, la diabetes y la hipertensión o bien, otras que involucran los órganos de: oídos, nariz y garganta” ; pero nada se ha hecho al respecto por parte de las autoridades del estado.

Y, el colmo y la burla para nosotros, es que esta semana, derivado de la investigación que se hizo por la presencia de un mal olor en la zona metropolitana del estado, se detectó que la Refinería que se ubica en el Municipio de Cadereyta que tiene injerencia federal, ha generado grandes cantidades de contaminantes, “dicen” que es por la falla que se presenta en los compresores que alteran la buena operación con la que debe cumplir la planta catalítica, pero la refinería sigue trabajando y contaminando porque nada se ha hecho hasta el momento, tal como se publicó masivamente en diferentes redes sociales: “la Secretaría de Medio Ambiente acudió e indicó en un comunicado que la estación situada en Cadereyta ha estado reportando un incremento en las emisiones por las noches: Cada noche a partir aproximadamente de las 20 horas se intensifican las emisiones de la refinería de Cadereyta. En especial durante esta época del año y debido a las condiciones meteorológicas prevalecientes, el impacto de sus emisiones que pueden observarse como se dispersan por el Área Metropolitana de Monterrey; el reciente inventario de emisiones, determino que la Refinería de Cadereyta emite más del 90 por ciento de todo el dióxido de azufre que se emite en el Área Metropolitana de Monterrey”; 2 “la refinería de Cadereyta emitió fuertes emisiones contaminantes durante este domingo 19 de marzo del presente año y el problema está ahí y se evidencia por las imágenes en donde se podía ver en una chimenea humo negro, mientras que en otra se percibía un tono entre café y amarillento, lo cual sería característico del azufre” .3

Basta ya de mentiras! de mano tibia! De tener miedo al Ejecutivo federal!. La población de Nuevo León está enfermando y los niveles de contaminación que se han registrado en el aire en la zona metropolitana del estado, ha rebasado en distintas ocasiones, los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Queremos ya soluciones tangibles, debemos actuar ya con mano dura y cuidar de nuestra población, de los nuevoleoneses.

Todas las personas tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar; por tanto, corresponde a gobiernos a trabajar para garantizarlos, proteger el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales.

El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida y que sólo participando activamente podemos hacer que se nos garantice ese derecho aun medio ambiente sano.

Como representante de la población regia, solicito a esta soberania se clausure de manera inmediata, las instalaciones y labores de la refinería de Cadereyta y de resarcir con acciones concretas y efectivas, las consecuencias que la contaminación ambiental ha generado en los últimos años, meses y semanas, ya que el incremento de los registros de la contaminación ambiental procura un mayor índice del padecimiento de enfermedades, tales como el riesgo de cáncer, infertilidad, patologías neurológicas, procesos alérgicos, enfermedades autoinmunes, ansiedad o depresión según ha informado el jefe de endocrinología y nutrición del Hospital San Francisco de Asís de Madrid, Alberto García Valdés. 4

Debemos tener como prioridad que gozar de una buena salud, dependerá de construir y mantener un sistema inmune fuerte, para que este cuente con la capacidad de que sea el mismo organismo quien pueda protegerse frente a cualquier enfermedades, sin olvidar que los principales factores que pueden alterar o modificar las defensas inmunitarias del cuerpo, sera una exposición mantenida a un aire contaminado, perjudicando la capacidad reactiva celular y humoral del cuerpo.5

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se clausure de manera inmediata la refinería de Cadereyta, asi como de toda empresa o industria que generan altos índices de contaminación en el ambiente, para contrarrestar las graves repercusiones que presenta la población del estado de Nuevo León, en su salud, tales como infecciones respiratorias crónicas, asma, cancer, la diabetes y la hipertensión o bien, otras que involucran los órganos de: oídos, nariz y garganta) como un derecho legítimo y resarcir con acciones prontas, concretas y efectivas, las consecuencias que la contaminación ambiental ha generado en los últimos años, meses y semanas en el medio ambiente del estado.

Notas:

1 Verificación vehicular. El costo de no contaminar. | Procuraduría Federal del Consumidor | Gobierno | gob.mx

(www.gob.mx);www.pucp.edu.pe/ ¿Cómo afecta la contaminación ambiental a nuestra salud? - Clima de cambios PUCP

2 La Jornada - Evidencian contaminación de refinería de Cadereyta

3 De nuevo: exhiben fuerte contaminación de la refinería de Cadereyta; amaga NL con clausurarla (vanguardia.com.mx).

4 www.nationalgeographic.com.es/ciencia/impactpo-contaminacion-salud-y -calidad-vida El impacto de la contaminación en la salud y la calidad de vida (nationalgeographic.com.es); La contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el COVID-19 | Noticias ONU (un.org)

5 www.topdoctors.es/articulos-medicos/como-nos-afecta-la-contaminación/Co nsecuencias de la contaminación en la salud | Top Doctors.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, al día 21 de marzo de 2023.

Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Cofepris a implementar acciones y diseñar una estrategia para regularizar y atender el desabasto y distribución de los medicamentos para atender la salud mental y neurológica en los hospitales públicos y privados del país, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Pedro Salgado Almaguer, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad. El concepto de salud mental implica bienestar personal, independencia, competencia, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual.

La salud mental es un fenómeno complejo que se determina por diversos factores tanto sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental depende en gran medida de las acciones que se tomen en materia de salud pública, a fin de prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen algunas de estas enfermedades.

De acuerdo con el órgano informativo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, las enfermedades mentales son desórdenes en el cerebro que alteran la manera de pensar y de sentir de la persona afectada, al igual que su estado de ánimo y su habilidad de relacionarse e identificarse con otros. Son causadas por desórdenes químicos en el cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, religión o situación económica (UNAM, 2004).

Desde el año 2007 se demostró que los efectos de las enfermedades mentales son devastadores en otros ámbitos de la salud, muestra de ello es el Trastorno Depresivo Mayor el cual es un factor de riesgo para infartos al miocardio debido a que genera poca adherencia al tratamiento; a la exposición de infecciones por VIH, de igual forma la depresión durante el embarazo influye mucho en el desarrollo psicológico de los infantes y se correlaciona con desnutrición infantil (Prince, 2007).

Lamentablemente las personas que sufren problemas de salud mental padecen estigmatización, discriminación y marginación incidiendo en la violencia de sus derechos humanos y muchas veces impiden la realización del derecho a la protección de su salud. Garantizar los derechos de las personas con trastornos mentales, requiere del establecimiento de mecanismos para el acceso y la prestación de los servicios desde un marco de igualdad y sin discriminación.

Según la OMS, para aumentar la disponibilidad de los servicios de salud mental hay que realizar cinco acciones clave: incluir a la salud mental en los programas de salud pública, mejorar la organización de los servicios de salud mental, integrar la salud mental a la atención primaria, aumentar los recursos humanos para la atención de salud mental y generar política pública de largo plazo en salud mental pública.1

Se estima que en el mundo cerca de mil millones de personas presentan algún problema de salud mental, principalmente trastornos de depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Desafortunadamente, las cifras siguen aumentando por diferentes factores como la pandemia y la situación económica global, que afectan tanto a la salud física como mental. Con base a esta cifra a nivel mundial, nuestro país no está exento de tener un gran porcentaje de personas con menos salud mental.

En México, el hecho de tener algún problema o condición mental es muy complicado, ya que conforme la edad avanza, las dificultades aumentan y la ayuda disminuye y más sin la debida atención especializada. Las personas que se encuentran en esa situación se convierten en sujetos marginados del ejercicio de los derechos que les corresponden.

Estados Unidos, México y Reino Unido se ubican entre las naciones con mayor incremento de casos de ansiedad y depresión, la prevalencia se duplicó durante la pandemia de covid-19, informó la Secretaría de Salud (SSA).

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, el trastorno mental más frecuente es la depresión, que afecta a 5.3 por ciento de la población; le sigue el consumo de alcohol, con 3.3, y trastorno obsesivo compulsivo, con 2.5 por ciento.2

El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM revela que México ocupa el lugar 16 en el mundo con mayor número de personas con depresión, siendo hasta el 8 por ciento de la población la que la padece, donde las mujeres son el sector con más riesgo de tenerla de hecho la OMS advierte que si esta problemática no se atiende a la brevedad, en 2030 será una de las primeras causas de discapacidad.

Datos del Censo del 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estiman que a lo largo del territorio nacional existe un millón 590 mil 583 de personas con algún problema o condición mental de los cuales 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres.

De igual forma cifras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado indican que, en el 2021 cerca de 25 millones de personas, es decir 18 por ciento de la población presenta algún trastorno mental que, muchas veces, ni siquiera saben que lo padecen.

En México, según datos del Inegi manejan que el 49 por ciento de los casos equivalentes a 779,769 se concentran en siete entidades de la República: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Nuevo León.

Una de las mayores dificultades para atender a este tipo de pacientes es el mayor crecimiento de la demanda de servicios en relación con el bajo crecimiento en el financiamiento de operación y la poca inversión y desarrollo de la investigación en esta materia.

A pesar de que los trastornos mentales representan uno de los principales problemas de discapacidad en el mundo, la falta de inversión en los servicios de salud mental en México repercute en un alto costo social, económico y sanitario.

Con relación a la brecha de atención o tratamiento, el estudio Segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones destaca que en promedio 81.4 por ciento de las personas no reciben la atención apropiada.

Desgraciadamente del total del presupuesto que recibe el rubro de salud, sólo el 2 por ciento se destina a la atención de trastornos mentales, y de esa cifra, el 80 por ciento se invierte en el mantenimiento de hospitales psiquiátricos. Con estos datos se puede ver que las enfermedades mentales lamentablemente no se encuentran debidamente consideradas dentro del sistema general de salud, lo que dificulta su atención integral.

Desde el año 2021, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C. (APM), Organización que agrupa a más de 3 mil médicos psiquiatras en México, informaron a través de un comunicado, que un medicamento que utilizan alrededor de dos millones de mexicanos y mexicanas con esquizofrenia; el único que contribuye a mantenerlos estables, llamado clozapina, ha tenido un desabasto a nivel nacional.

Lamentablemente el desabasto de medicamentos para alguna condición psiquiátrica ha venido creciendo en el sector salud, esta crisis se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el actual gobierno federal, aunado a ello en el año 2020 todo se complicó debido al impacto de la pandemia.

Datos de la “Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia en Salud 2017-2021”, obtenidos a través de fuentes públicas, reportes de pacientes y solicitudes de información a instituciones de salud y hospitales, el cual fue presentado por la organización Cero Desabasto, precisa que las patologías con mayor carencia de medicamentos en 2021 fueron cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y enfermedades mentales. De estas últimas se muestra que los medicamentos para tratar la esquizofrenia como la risperidona o la clozapina son los que han tenido mayor número de reportes de desabasto.

Al respecto, especialistas en psiquiatría han informado que es difícil sustituir este tipo de medicamentos en los pacientes, ya que la falta de estos químicos en el cuerpo ocasiona que los pacientes retrocedan en el progreso logrado en su padecimiento, debido a que la química cerebral reacciona de diferente manera, es por esta razón que estos tratamientos deben de llevarse con mucho cuidado y al pie de la letra sin dejar de tomar la medicina.

Otro dato importante que se establece es el número de piezas de medicamentos compradas por el gobierno federal, ya que en el informe manejan que se reportó una tendencia a la baja desde 2018 tanto que, en 2021, se compraron 5,9 por ciento menos medicamentos que en 2020, lo que equivale a 67 millones de piezas, lo cual ha significado que los pacientes tengan que comprar sus medicamentos por cuenta propia aumentando el gasto de bolsillo en salud, siendo los las familias más pobres las que han tenido que destinar gran parte de su ingresos para sobrellevar esta situación.

Con base a este informe se puede percibir como se ha agudizado en los últimos años el desabasto en nuestro país, razón por la cual es urgente que el gobierno federal actual modifique su estrategia para resolver esta crisis y genere políticas más eficientes enfocadas en la atención de la salud mental y todo lo que ella conlleva.

El desabasto en la atención psiquiátrica no se debe concentrar únicamente en los medicamentos, de igual forma se debe de considerar la poca disponibilidad de espacios adecuados para este tipo de terapias, así como el bajo número de especialistas que existen para atender este tema en el país.

Con base a ello, en el mes de febrero del 2023, la Asociación Psiquiátrica Mexicana lanzó un llamado urgente para resolver esta escasez de medicamentos, los cuales desde el año pasado se encuentran agotados en las principales distribuidoras públicas y privadas del país, exponiendo a las personas con trastornos mentales a elevar el riesgo de complicaciones graves de salud, como episodios maniacos, psicóticos y riesgo de suicidio.

La psicóloga Gabriela Cámara, Presidenta de la Organización Civil, Voz Pro Salud Mental, advierte que los problemas de salud mental pueden ser muy complicados si no tienen el diagnóstico y el tratamiento oportuno.

La suspensión de los medicamentos antipsicóticos no es factible para pacientes con enfermedades psiquiátricas graves y suspender o cambiar los antipsicóticos requiere una derivación a un especialista. Sin embargo, el retirarlo de forma abrupta puede ocasionar efectos de rebote colinérgicos, trastornos de movimientos severos y descompensación.

Con base a datos del Mapa de Desabasto del Instituto Farmacéutico de México (Inefam), en enero de 2016 los medicamentos psiquiátricos registraban un abasto de 98 por ciento en las instituciones de salud públicas y para enero de 2022 el abasto de esos fármacos cayó a 64 por ciento.

Como se puede ver, el desabasto de medicamentos en México, ha sido un problema de años, pero se ha agudizado en este gobierno debido a su política de adquisición en donde se han implementado diversos modelos de adquisición de insumos sanitarios en donde han existido fallas. Es importante tener presente que sin una política farmacéutica nacional que se encargue de garantizar medicamentos, de desarrollarlos y producirlos, difícilmente se logrará asegurar el abasto.

Lamentablemente en las compras consolidadas de medicamentos más recientes, encabezadas por el Insabi, algunas presentaciones de tratamientos psiquiátricos han quedado fuera, es decir, no se ha asignado su compra a ningún proveedor ocasionando retrasos en la disponibilidad de los insumos, lo que estamos viendo actualmente.

Directivos de diversos laboratorios informan que lamentablemente no se están produciendo al mismo ritmo que se requieren lo que está provocando que se esté agotando la existencia de los mismos, motivo por el cual algunas empresas muchas veces suelen reservarse ciertas cantidades precautoriamente, aunque incluso esas reservas ya se están agotando.

En conferencia de prensa del presidente, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, admitió que existe desabasto de medicamentos psiquiátricos, especificando que dicho desabasto es únicamente en el sector privado, luego que la Cofepris encontró un manejo irregular de sustancias sujetas a un estricto control sanitario al interior de dos plantas de psicofarma.

De acuerdo con autoridades y doctores entrevistados por la Organización Editorial Mexicana (OEM), informaron que el desabasto no solo se presenta en instituciones de salud privada, como lo mencionó López-Gatell a finales de marzo del 2023, sino que también es en el sector público.

Como muestra de dicho desabasto, la directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), Soledad Ruiz Canaán afirmó que existe carencia de medicamentos neurológicos y psiquiátricos tanto en el sector público como en el privado de su entidad, al respecto mencionó que incluso hay fármacos utilizados para el tratamiento de padecimientos como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y moderadores de conducta que no se encuentran, lo que es muy grave para el paciente, ya que la recaída debido a la falta de estas substancias en el organismo implica el sufrimiento y crisis del paciente y el sufrimiento constante de sus familiares y más si se debe internar debido a una recaída ya que el proceso es muy desgastante y costoso.

De igual forma en un comunicado emitido por la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica A.C., con más de 500 agremiados en el país, expresó su preocupación por la actual escasez de medicamentos para padecimientos que afectan el estado neurológico y la salud mental de niños, adolescentes y adultos, lo que expone a los pacientes a interrumpir sus tratamientos y sufrir efectos prevenibles sobre su salud.

Mientras autoridades federales y locales reportaron cifras distintas, a la fecha existen pacientes que han tardado meses en surtir sus recetas.

Hay que tener bien presente que el derecho a la protección de la salud es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1983. La Ley General de Salud, reglamentaria de ese derecho identifica a la salud mental entre los servicios básicos. La prevención y atención de los trastornos mentales y comportamiento, son considerados servicios de carácter prioritario dentro de las políticas de salud, a pesar de que han existidos algunos avances en la priorización de la salud mental como parte elemental de los servicios de salud, a la fecha siguen existiendo brechas importantes que impiden que la población en general goce de servicios públicos de calidad.

De igual forma, es de gran importancia no olvidar que dentro de esta Ley se establece claramente que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Con base a lo antes mencionado es urgente hacer visible este gran problema para los pacientes psiquiátricos, es necesario que las autoridades volteen su mirada en los hospitales psiquiátricos y se sensibilicen, ya que ahí es donde realmente se encuentran los enfermos más desvalidos y olvidados.

Lamentablemente la falta de medicamento lo único que hace es retrasar la evolución de los pacientes y aumenta el número de ingresos en los hospitales debido a las recaídas por brotes psicóticos, ya que este tipo de medicamentos no se pueden cambiar por otros, lo cual es un retroceso para la salud del paciente. Hay que tener presente que sin medicamentos y material, los médicos no pueden atender debidamente a sus pacientes.

Seamos conscientes de que el enfermo mental es unos de los más abandonados por la sociedad, no permitamos que terminen en las calles, sino todo lo contrario, brindémosles la oportunidad de que se rehabiliten y se reincorporen a su vida normal.

Por las razones antes señaladas, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de implementar acciones urgentes y diseñar una estrategia para regularizar y atender el desabasto y distribución de los medicamentos para atender la salud mental y neurológica en los hospitales públicos y privados del país.

Notas:

1 OMS, Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental, 2006

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAP-DxSMA-Informe -2022-rev07jun2022.pdf

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAP-DxSMA-Informe -2022-rev07jun2022.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/dir/dps/DPS-ISS-03-05.pdf

5 https://www.nosotrxs.org/informe-de-transparencia-en-salud-2019-2020-ma peo-del-desabasto-de-medicamentos-en-mexico/

6 https://www.zonadocs.mx/2023/03/02/el-desabasto-de-medicamentos-psiquia tricos-puede-ocasionar-una-grave-crisis-sanitaria/

7 https://unife.mx/escasean-medicamentos-psiquiatricos-en-11-estados/

8 https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/niega-lopez-gatell-desabasto- de-medicamentos-de-salud-mental/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Pedro Salgado Almaguer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Debido al cambio paradigmático que representó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la forma en que se debe abordar el tema de discapacidad, en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de elaborar una ley en la materia capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional.

Así, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) que contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro títulos y 20 capítulos.

Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.

También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como el establecimiento del “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

En conclusión, la citada ley brinda una mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión en el goce de derechos humanos y libertades.

2. De igual manera y como punto toral para el desarrollo de la coordinación de la política pública, la citada ley establece los lineamientos para la creación del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, señalando:

Capítulo XI
Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 33. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley.

Artículo 34. El programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las entidades federativas;

II. Elaborar el programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta Ley;

III. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno;

IV. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, y

V. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.

En este mismo contexto, el artículo 42 de la Ley general señala como responsable del programa, a la persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis):

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente ley, el consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

[...]

3. Sin duda alguna, esta ley ha representado un importante avance en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad que permitió, entre otros logros, que fuera elaborado y coordinado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, primero en la historia de nuestro país, el cual se publicó el 30 de abril de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho programa fue clasificado como especial y transversal a la Administración Pública Federal y comprendía: 6 Objetivos, 37 Estrategias y 313 Líneas de Acción, de las cuales 27 son Líneas de Acción Transversales y 6 indicadores, en los que se incluyen los siguientes temas:

• Armonización legislativa,

• Salud,

• Educación,

• Trabajo,

• Accesibilidad,

• Turismo,

• Derechos Políticos,

• Impartición de Justicia,

• Deporte,

• Cultura,

• Asuntos Indígenas, y

• Asuntos Internacionales.

Participaron en su elaboración 49 instituciones de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y 700 organizaciones de y para personas con discapacidad con más de mil propuestas.

Para su seguimiento, el 5 de febrero de 2015, se estableció una Agenda de Trabajo y de Coordinación con cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Diagnóstico o inventario de información estadística, programas, acciones o servicios existentes en la institución.

2. Determinación de las acciones que darán cumplimiento a las líneas de acción correspondientes, así como de su indicador y meta, e identificación de necesidades presupuestales.

3. Revisión de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para, en su caso, determinar acciones que contribuyan a su respuesta.

4. Convenio de Colaboración con el Conadis.

5. Revisión de reglas de operación y normatividad.

6. Incorporación del tema de discapacidad en las estrategias de comunicación social.

7. Capacitación a servidores públicos.

8. Coordinación de acciones para la atención ciudadana.

9. Revisión de las líneas de acción transversales, para incorporarlas en las agendas de trabajo.

10. Incorporación en grupos de trabajo a organizaciones de la Sociedad Civil.

11. Calendarización de reuniones.

Como se expone, la Ley general establece como una de las obligaciones de la persona Titular del Conadis la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo esto no ha ocurrido en la presente administración, por lo que el organismo tiene desde el 1° de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en cuatro años y tres meses sin responsable.1

En suma a ello, al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de programa, el cual de conformidad con la multicitada ley, tenía que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el primer trimestre de 2019.2 Tampoco se sabe de la existencia de convocatorias para realizar consulta previa a personas con discapacidad y organizaciones que las representan o alguna otro mecanismo de participación, como lo mandata el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.3

Es decir, tenemos cuatro años incumpliendo la LGIPD con dos rubros, sin un documento base de coordinación de política pública en materia de discapacidad en perjuicio de sus derechos y en contra de la inclusión social que debe permear en un Estado garantista.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en el orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de Junta Directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto del orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto de la orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aun cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Posteriormente, en el mes de septiembre de 2022, volví a insistir con la necesidad de atender este importante tema; sin embargo, el asunto continúa sin discutirse en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por lo que considero oportuno insistir en la necesidad y obligación de que el programa nacional sea publicado.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que coordina la política pública en la presente administración, en cumplimiento de la fracción I del artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

b. Envíe a las Cámaras de Congreso de la Unión el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 42, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y

c. Acompañe este envío con la evidencia de la Consulta Previa a Personas con Discapacidad realizada, para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas:

1 Artículo 49. El Director General será designado por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad, yIII. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

2 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales: I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta Ley;[...]

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadArtículo 4Obligaciones generales[...]3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.[...]

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de marzo de 2023.

Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer los homicidios de los ciudadanos Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha, asimismo, que se garanticen los derechos de las víctimas en los términos señalados en la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Tamaulipas, es una de las entidades con uno de los más altos índices de delincuencia, violencia e inseguridad del país; de acuerdo, con el informe emitido por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, Nuevo Laredo es uno de los municipios en dónde se han acrecentado los homicidios, secuestros, robos y narcomenudeo, principales delitos que afectan en la zona.

Asimismo, refirió que, el “75 por ciento de los homicidios dolosos de Tamaulipas, y todo el país, están vinculados a la delincuencia organizada”.1 Un claro ejemplo de ello, es el multihomicidio de cinco jóvenes tamaulipecos, que ha causado polémica, ocurrido el pasado 26 de febrero del 2023, a las 4:50 am, mismos que fueron asesinados por integrantes del ejército mexicano, entre ellos, se encontraba Gustavo Ángel Suárez Castillo, de nacionalidad estadounidense.

Este caso particularmente se acentúa con los hechos que se dieron a conocer públicamente, ya que existen dos versiones controversiales de lo ocurrido, una de ellas dada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes argumentaron haber escuchado detonaciones de armas de fuego, por lo que lograron ubicar una camioneta que por trasladarse a exceso de velocidad se impactaron contra otro automóvil, “por ello, el personal militar accionó sus armas de fuego, según explicó la Sedena; de manera preliminar encontraron a una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida”.2

La otra versión fue dada a conocer por las familias de las víctimas, en esta se externa que los jóvenes habían salido a un antro y que en el transcurso de su camino se encontraron con los militares quienes les dispararon “en al menos 20 ocasiones”. A partir de ello, se hallaron tres cuerpos sin vida dentro del vehículo y otros dos fuera del mismo; “vecinos del lugar aseguraron que los dos jóvenes aún estaban vivos y los militares los llegaron a rematar.”3

Cabe resaltar que las autoridades estatales encargadas del caso confirmaron que los individuos no portaban armas. Ante la problemática ya mencionada, en primera instancia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una queja de oficio (DGDDH/047/2023), en la que explica que se coordina con las autoridades correspondientes para investigar el caso, y por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado la colaboración de la Sedena en conjunto con la CNDH para llevar la investigación del caso.4

Ante la generación de disputas por el hecho de encontrarse diversas versiones de los hechos que se contradicen y refutan unas a otras, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, señaló que dicha información es proveniente de uno de los jóvenes sobrevivientes, asimismo, sugirió que respecto a la versión antedicha por la Sedena debe de corroborarse con los videos de las cámaras que se encuentran instaladas en las unidades del ejército, esto, debido a la existencia de un protocolo que los militares deben de seguir para poder accionar un arma de fuego en contra de alguien; en dicho protocolo, se establecen “cinco advertencias antes de tirar a matar; la primera es identificarse como integrante de las Fuerzas Armadas, la segunda, en caso de agresión, disparar a las llantas; una tercera es inmovilizar los vehículos y posteriormente disparos de advertencia; no obstante, si hubiese ocurrido algún tipo de agresión en contra de los elementos, ellos pudieran realizar disparos para salvaguardar su vida. Sin embargo, este no fue el caso y asesinaron a sangre fría a cinco jóvenes de la entidad”.5

Es por lo anterior, que exhorto, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que se esclarezcan los homicidios de los ciudadanos Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha, asimismo, se garanticen los derechos de las víctimas en los términos señalados en la Ley General de Víctimas.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República para que se esclarezcan los homicidios de los ciudadanos Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo y Alejandro Trujillo Rocha.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República para que garantice los derechos de las víctimas en los términos señalados en la Ley General de Víctimas.

Notas:

1 Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, concentran el 74% de los homicidios, robo de vehículos y narco menudeo en Tamaulipas.- https://latinus.us/2022/10/19/reynosa-nuevo-laredo-matamoros-victoria-c oncentran-74-por-ciento-homicidios-robo-vehiculos-narcomenudeo-tamaulip as/

2 Ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo Tamaulipas, lo que dijo la SEDENA vs versión de los padres.- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/28/ejecucion-de-5-jove nes-en-nuevo-laredo-lo-que-dijo-la-sedena-vs-la-version-de-los-familiar es/

3 Ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo Tamaulipas, lo que dijo la SEDENA vs versión de los padres.- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/28/ejecucion-de-5-jove nes-en-nuevo-laredo-lo-que-dijo-la-sedena-vs-la-version-de-los-familiar es/

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/28/ejecucion-de-5-jove nes-en-nuevo-laredo-lo-que-dijo-la-sedena-vs-la-version-de-los-familiar es/

5 Qué se sabe de la muerte de cinco jóvenes a manos del ejército mexicano.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64815762

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de marzo de 2023.

Diputada Rosa María González Azcárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las fiscalías de Michoacán y de Colima a investigar y buscar con vida a los activistas Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país vive la peor crisis de violencia de su historia, cada día una familia se suma al drama de la muerte o desaparición de algunos de sus integrantes. Las cifras de la Secretaría de Gobernación revelan que el país cerró el año 2022, con un total de 109,487 personas desaparecidas y no localizadas. A partir de esta administración y hasta el cierre del 2022 sumaban 38,186 personas desaparecidas.1

A esta crisis se suman los hechos ocurridos la noche del 15 de enero en Tierra Caliente, donde los activistas Ricardo Lagunes y el líder social Antonio Díaz Valencia desaparecieron mientras cruzaban la frontera entre los estados de Michoacán y Colima. Hoy, sus familiares y amigos viven la pesadilla de su ausencia y la duda de su paradero.

Casos como el del abogado en derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, fundador de Asesoría y Defensa Legal del Sureste, un proyecto de litigio y defensa de los derechos humanos, particularmente los derechos a la tierra, al medioambiente, así como el derecho a una vida libre de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes o como el del líder indígena Antonio Díaz Valencia, integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila, Michoacán, profesor y defensor de derechos humanos no pueden normalizarse ni mucho menos ignorarse.

Se presume que ambos habrían desaparecido al regresar de una asamblea comunal y que el vehículo en el que viajaban habría aparecido con impactos de arma de fuego.

La organización ALUNA reporta que durante el inicio de este año, se han cometido cuatro asesinatos contra defensores de las poblaciones indígenas, de la tierra y el territorio, a lo que se suman dos desapariciones, 12 detenciones arbitrarias y agresiones contra activistas.2

Por su parte, la Organización Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2023, considera a México como uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos.3

De igual forma, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México. El comité “criticó a los funcionarios mexicanos por su actitud pasiva ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la impunidad casi absoluta por estos delitos”. La organización señaló inquietud al encontrar que solo existen 36 sentencias por desaparición forzada.4

Desde que se inició la actual administración, se estiman más de 150 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados. Según indica la organización de derechos humanos Comité Cerezo, “contabilizó 22 ejecuciones extraoficiales de defensores de derechos humanos en 2022 perpetradas por agentes del Estado mexicano y con motivos relacionados con su activismo: suman 79 en los cuatro años”.5

En 2012, el gobierno federal estableció el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que asigna protección en respuesta a amenazas graves. Actualmente, el mecanismo carece de personal y de fondos suficientes, y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales, lo cual hace que, en algunas situaciones, no pueda cumplir con las necesidades de protección. Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la protección del programa, siete de ellos durante el actual gobierno.6

Con estos datos, México se consolida como uno de los países más peligrosos de América para los defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas, como han denunciado organizaciones a nivel internacional.

Debemos tener presente que la calidad de las democracias puede medirse observando distintas dimensiones. La celebración de elecciones libres, la independencia de las instituciones, la libertad de prensa y de expresión, el respeto a otros derechos civiles y políticos o la rendición de cuentas son algunas de ellas. Pero es momento de agregar nuevas dimensiones, estrechamente relacionadas con el respeto y el reconocimiento del activismo social.

El activismo definido como un movimiento de carácter social, ecológico o político, con la intención de lograr una transformación a favor del cambio social y el desarrollo. El activismo social es una estrategia importante para lograr la participación y una pieza determinante en la elaboración de políticas.7

Razón por la cual, hoy nos sumamos a la demanda de búsqueda de los activistas Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, exigimos a la Fiscalía General Estatal de Michoacán y Fiscalía General Estatal de Colima agotar todas las líneas de investigación que permitan, de manera urgente y prioritaria, buscar y localizar con vida a los activistas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Michoacán y la Fiscalía General del estado de Colima para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen y busquen con vida a los activistas Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Notas:

1 Desaparecieron en México un promedio 26 personas al día en 2022 https://cuestione.com/nacional/desaparecieron-en-mexico-un-promedio-26- personas-al-dia-en-2022/

2 4 activistas asesinados en lo que va de 2023 en México https://www.alunapsicosocial.org/single-post/4-activistas-asesinados-en -lo-que-va-de-2023-en-m%C3%A9xico

3 En 2022 desaparecieron un promedio de 26 personas por día. https://www.nodal.am/2023/01/mexico-en-2022-desaparecieron-un-promedio- de-26-personas-por-dia/#:~:text=Desaparecieron%20en%20M%C3%A9xico%20un% 20promedio%2026%20personas%20al%20d%C3%ADa%20en%202022,-Francisco%20Cha vez&text=Diariamente%20alrededor%20de%2026%20personas,Personas%20De saparecidas%20y%20No%20Localizadas

4 Informe Mundial 2023: México https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/mexico

5 22 defensores fueron ejecutados extrajudicialmente en 2022, según informe https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/11/22-defensores-fueron-ej ecutados-extrajudicialmente-en-2022-segun-informe

6 Ibid

7 Jvoschev, V. E. (2008). La teoría de la actividad: de los inicios a los principios. Cheliabinsk, Universidad Estatal de los Montes Urales del Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Comité de Contingencias Atmosféricas de Nuevo León a informar a la ciudadanía sobre las causas de la modificación en la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), es una problemática enfrentan a diario los habitantes de Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago debido a que el parámetro para medir la calidad del aire rebasa, por mucho, lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que anualmente no deben ser más de 10 microgramos/metro cúbico (10 ?g/m3), para no afectar la salud de los ciudadanos.1

No obstante, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) considera que los neoleoneses tienen una buena calidad del aire, aunque reporta hasta 25 microgramos/metro cúbico (25 ?g/m3) de partículas PM 2.5. Esta cantidad resulta dañina para la salud de la población como enfermedades cardíacas y pulmonares. La exposición a PM2.5 aumenta la mortalidad, pues cuanto más pequeñas sean las partículas, más profundamente pueden desplazarse dentro de los pulmones con la respiración.2

Adicionalmente, enfermedades oculares como la conjuntivitis -causada por la contaminación del aire interior y exterior, causada por el humo, polvo, emanaciones o vapores químicos- han aumentado considerablemente en lo que va del 2023, al reportarse cifras de hasta cinco mil 923 casos en Nuevo León. De acuerdo con el Boletín de Salud Pública de la Secretaría de Salud (SSA), las mujeres son las más afectadas al reportarse tres mil 099 casos y dos mil 824 casos en hombres.3

Ahora bien, el 12 de marzo de 2023, el gobierno de Nuevo León emitió la alerta por mala calidad del aire luego que las estaciones de García, San Nicolás, Cadereyta y Juárez alcanzaron riesgo muy alto y extremadamente alto por contaminación. Poco antes del mediodía, la Secretaría de Medio Ambiente informó que esto se debe a las condiciones de estabilidad de la madrugada, así como las emisiones de distintas fuentes, entre ellos los incendios.4

En la fecha referida, el gobierno de Nuevo León informó a la ciudadanía que desactivó la alerta atmosférica emitida en la misma fecha al presentarse bajas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y exhortó a la ciudadanía a continuar con las medidas establecidas en la etapa preventiva del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas de manera permanente, para mejorar la calidad del aire.5

Sin embargo, a escasas horas de la desactivación atmosférica, se presentó una modificación de las condiciones en la calidad del aire, que la ciudadanía reportó a través de las redes sociales y números de emergencia alrededor de las 22 horas en los términos siguientes:

“Un olor desagradable principalmente hacia los municipios de Guadalupe y Juárez, en diversos sectores del AMM, causando alarma y malestar entre algunas personas.

Residentes de Monterrey, Santa Catarina, García y Cadereyta reportaron percibir el olor similar al de algún químico, e incluso algunas personas manifestaron malestares como dolor de cabeza y náuseas.

Diversas personas señalaron que se trataba de emisiones de la refinería Cadereyta, lo que incluso fue señalado por el secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia: “No sabemos si proviene precisamente de las calderas o bien se deba al tema de la quema de combustóleo, probablemente, si proviene de la quema del combustóleo, si esté relacionado los olores con esta alta quema”.

Pese a la inspección del personal de la Secretaría de Medio Ambiente y de diversas corporaciones de Protección Civil del Estado, realizaron diversos recorridos en varios municipios para ubicar el origen del mal olor.

Sin embargo, hasta pasada la medianoche no hubo un reporte oficial de lo que originó el hecho.

Protección Civil del Estado, señaló que la refinería operaba con normalidad y descartó algún problema en la planta y ductos.”6

Por su parte, el reporte del incidente de la noche del 13 de marzo de 2023, del gobierno del Estado de Nuevo León, mediante la Secretaría de Medio Ambiente, e reconoce que: “La intensidad de concentración de dióxido de azufre se concentra en Cadereyta y tomando en cuenta que en la ZMM el 98 por ciento de las emisiones provienen de la Refinería, esta línea de investigación se fortalece. El promedio de concentraciones de dióxido de azufre de 19 a 23 horas del 13 de marzo de 2023 es inusualmente alto, por lo que se concluye que a mayor intensidad del color rojo, hay mayores concentraciones.”7

Ahora bien, el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (PRCA), como parte de los programas de contingencia ambiental establecidos en la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.8 Se define como una serie de estrategias, acciones y procedimientos coordinados entre los municipios, el estado y la Federación para prevenir, controlar y atender los episodios de altas concentraciones de los contaminantes atmosféricos que exceden los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y que se presentan en un periodo de tiempo sobre la ZMM.

Como parte de las acciones del PRCA, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), se define como una red de 10 estaciones de monitoreo de la calidad del aire,9 que tiene como objetivo primordial evaluar la calidad del aire con la finalidad de monitorear las concentraciones de contaminantes del aire a las que se encuentra expuesta la población de la zona metropolitana de Monterrey y, bajo condiciones adversas, advertir sobre los episodios de altos índices de contaminación atmosférica. Es también una fuente de importante de información que apoya a instituciones educativas, no gubernamentales y particulares, así como al público en general, brindando la información necesaria a través de conferencias y visitas a su red de monitoreo atmosférico.10

Sin embargo, durante el último trimestre del presente año, el SIMA no ha publicado ninguna evaluación o informe respecto a las concentraciones de contaminantes del aire. Al corte del 12 de marzo, el SIMA solo presenta los reportes mensuales de los años 2010 al 2022 y ninguno del año en curso, a pesar de que tras concluir el primer mes del año ya pasaron más de 40 días.11

Por lo que es necesario exhortar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León, como instancia responsable del SIMA en términos del artículo 33 fracción XIII y, los artículos transitorios quinto y sexto; incisos d) de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León,12 para efectos de su cumplimiento.

Ante la crisis por la mala calidad del aire que enfrentamos quienes vivimos en los municipios que integran el AMM, como la manifestada en la modificación de las condiciones del aire el pasado 13 de marzo, resulta urgente que las autoridades responsables del cuidado, protección y mejoramiento de la calidad del aire, cumplan con sus atribuciones informando oportunamente a la ciudadanía respecto de las causas que originaron los malos olores así como las primeras acciones que se implementaron para disminuir dichas emisiones.

En mi calidad de secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estoy convencido que resulta indispensable que el Comité de Contingencias Atmosféricas nos informe sobre el origen del episodio de olores desagradables en el Área Metropolitana de Monterrey y de igual forma, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en su calidad de responsable del SIMA, publique a la brevedad, las estadísticas sobre la calidad del aire de Nuevo León pendientes desde enero del presente año.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Comité de Contingencias Atmosféricas de Nuevo León, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a la ciudadanía sobre las causas de la modificación inusualmente alta en la calidad del aire del Área Metropolitana de Monterrey el 13 de marzo de 2023 y las acciones implementadas para la disminución de emisiones.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que, en el ámbito de sus atribuciones en materia del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, publique las estadísticas correspondientes al primer trimestre del presente año.

Notas:

1 Padilla, Jesús, “Calidad del aire en Monterrey, rebasa límites de OMS” Reporte índigo, 21 de abril de 2022, https://www.reporteindigo.com/reporte/calidad-del-aire-en-monterrey-reb asa-limites-de-oms/

2 Ídem.

3 Cubero, César, “Contaminación deja alza en conjuntivitis”, Periódico Milenio, martes 14 de marzo de 2023, https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/contaminacion-deja-alza-en-conj untivitis

4 Activan alerta ambiental en Nuevo León; Juárez reporta calidad extremamente mala, Milenio digital, Monterrey, Nuevo León, 12 de marzo de 2023.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/nuevo-leon-ac tiva-alerta-mala-calidad-aire-12-de-marzo-2023

5 Gobierno del Estado de Nuevo León, Boletín de la Secretaría de Medio Ambiente, file://BOLET%C3%8DN_FIN_DE_ALERTA_120323.pdf

6 Sánchez Paulina, Zapata, José Manuel, “Pega olor “desconocido” al área metropolitana”, Periódico EL NORTE, 14 de marzo de 2023, p. 4. https://www.elnorte.com/pega-olor-desconocido-al-area-metropolitana/ar2 568970?referer=—7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a

7 https://twitter.com/MedioAmbienteNL/status/1635721505865621505/photo/1

8 Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas de la Zona Metropolitana de Monterrey, publicado en el portal AIRE NL.GOB.MX, http://aire.nl.gob.mx/prog_cont.html

9 Programa de gestión para mejorar la calidad del aire del Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social, Monterrey. Nuevo León, p. 208. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250974/ProAire_Nuevo_Leo n.pdf

10 Íbidem, p. 14.

11 Cubero, César, “Sistema de Monitoreo Ambiental no ha dado reportes de 2023 en NL”, Periódico Milenio, Monterrey, 14 de marzo de 2023, https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/y-el-sima-no-ha-dado-reportes-d e-2023

12 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 22 de marzo de 2023.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 21 de marzo, Aniversario 217 del Natalicio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Hijo de padres indios zapotecas, emigró a Oaxaca a los trece años sin hablar castellano. Don Antonio Salanueva, encuadernador y terciario de la Orden Franciscana fue su protector, y el maestro Domingo González lo enseñó a leer. Se matriculó en el Seminario de la Santa Cruz, donde estudió preparatoria; cursó latinidad, filosofía, y concluyó el bachillerato en 1827. Al año siguiente ingresó, sin la aprobación de su protector, al Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó de abogado en 1834, siendo el primer profesionista graduado en dicho Instituto.

En 1831 fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y en 1833 fue diputado local. En 1841 fue juez de lo civil y al ser derrocado de la Presidencia el General Paredes Arrillaga, Juárez resultó electo diputado federal. Concluido éste encargo, Juárez ocupó por poco tiempo la gubernatura a la renuncia de José Simeón Artega. Al terminar el periodo en agosto de 1848, se presentó como candidato al siguiente periodo y resultó electo. Su gobierno estatal lo basó en el equilibrio económico y ejecutó algunas obras públicas como: caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas normales; levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca; reorganizó la Guardia Nacional y dejó superávit en el tesoro. Terminó su mandato en 1852.

Al volver Santa-Anna al poder, Juárez es desterrado a Jalapa y luego a La Habana, estuvo brevemente en la prisión de San Juan de Ulúa. Después, al llegar Juan Álvarez y Comonfort a la Presidencia, fue nombrado ministro de justicia de octubre a diciembre de 1855, periodo en el que se expide en noviembre de 1855 la ley sobre administración de justicia, llamada Ley Juárez, en la que son abolidos los fueros. Nombrado gobernador de Oaxaca, se hace cargo del gobierno el 10 de enero de 1856. Convocó a elecciones y fue designado nuevamente. Al expedirse la Constitución Federal de 1857, la promulgó.

El 17 de diciembre se proclamó el Plan de Tacubaya; Juárez no se solidarizó con la nueva política de Comonfort y fue aprehendido. Fue liberado en enero de 1858 y salió de la capital. En julio de 1859 expidió, con el apoyo del grupo radical, las llamadas Leyes de Reforma: independencia del Estado respecto de la Iglesia; ley sobre matrimonio civil, sobre el Registro Civil, la de Panteones y Cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación.

González Ortega, civil improvisado general, llevó al triunfo a las armas liberales y entró a la ciudad de México a fines de diciembre de 1860. Mientras, Juárez había prorrogado su mandato en el Gobierno. Convocó a elecciones y resultó designado para seguir en el mando. La justa suspensión de pagos que ordenó respecto de la deuda extranjera, provocó la expedición de Inglaterra, Francia y España a Veracruz. Al final, Francia quedó sola y en 1862 se inició la Intervención. El ejército francés fue detenido en Puebla por Zaragoza, el 5 de mayo de 1862, pero en 1863, a pesar de la heroica defensa de González Ortega, la ciudad cayó tras tres meses de asedio. El 31 de mayo Juárez dejó la ciudad de México, encarnando en el éxodo la soberanía de México.

El ejército francés se retiró por la situación europea y se inició la restauración de la República. Juárez fue reelecto Presidente nuevamente y tomó posesión el 25 de diciembre de 1867. Tuvo que sofocar rebeliones en México y en Yucatán, y en 1871 se rebeló Porfirio Díaz. Cuando la rebelión iba declinando, murió Don Benito Juárez, el 18 de julio de 1872, en el Palacio Nacional. Acuñó la frase: El respeto al derecho ajeno, es la paz.

Diputada Margarita García García