Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6236-III, jueves 16 de marzo de 2023
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de San Luis Potosí y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a llevar a cabo la consulta indígena correspondiente para que los pueblos indígenas Tenek, Náhua y Xi’oi decidan de manera libre, previa e informada si desean establecer sus procedimientos, normatividad interna y derecho electoral indígena para el proceso electoral siguiente, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Que el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, los cuales forman parte de nuestra nación pluricultural y plurilingüística.
Que en nuestro país existen 68 pueblos indígenas, definiéndolos como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Reconociendo la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones jurídicas sobre pueblos indígenas.
En el Estado de San Luis Potosí se autoadscriben como indígenas 630,604 personas que habitan en 423 comunidades indígenas, predominan la presencia de los pueblos Tenek (Huasteco), Náhua y Xi’oi (Pame). De los 58 municipios de la entidad, 13 cuentan con más del 70% de población indígena y 6 están en el rango de 40 a 69 % de personas que se autoadscriben como indígenas. Es decir 19 municipios en total son municipios indígenas, los cuales tienen los índices de desarrollo humano más bajos de todo el estado.
En este tenor, los pueblos indígenas con mayor presencia en el Estado de San Luis Potosí son Tenek, Náhua y Xi’oi, están exigiendo que sus próximas elecciones municipales de 2024 sean a través de sus propios procedimientos normativos internos y derecho electoral indígena. Particularmente, los municipios de Tanlajas, Tancanhuitz y San Antonio, exigen que se les garantice sus derechos indígenas establecidos en el artículo 2o Constitucional.
Para ello, están demandando su derecho a la Consulta Indígena establecido en los artículos 6, 15, 17, 22, 27 y 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos 15, 17, 19, 30, 32, 36 y 38 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en los artículos 18, 20, 23, 28, 29 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en nuestro artículo 2o de la CPEUM.
La consulta indígena es un derecho indígena y también es una obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, por lo que estos municipios indígenas de la Huasteca potosina exigen que se realice la consulta para poder implementar el sistema de elección por “sus usos y costumbres”.
Son municipios se conforman por 52 comunidades que coinciden en que el sistema de partidos políticos no es acorde a su cultura y no garantiza el ejercicio de sus derechos político-electorales, pues se los excluye de facto, además de que se les usurpa sistemáticamente su identidad indígena y se les imponen candidatos y gobernantes ajenos a sus comunidades.
El 28 de diciembre del año 2020, le solicitaron al Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC) celebrar la elección municipal mediante sus normas, derecho indígena y procedimientos tradicionales. Ante la negativa de la autoridad electoral, el 22 de enero del 2021, promovieron varios juicios ciudadanos; y finalmente, el 8 de marzo del 2021, la Sala de Monterrey del Tribunal Federal Electoral, a través de los juicios TESLP/JDC/15/2021 Y ACUMULADOS y el SM-JDC-89/2021 respondió que:
ciertamente existe la posibilidad de cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales. Sin embargo, dicha posibilidad, entre otros aspectos, está sujeta a diversos requisitos, entre ellos, una consulta previa a las comunidades de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio SLP, (...) para verificar la procedencia de la transición del sistema de elecciones.
Hasta esta fecha, el CEEPAC, el H. Congreso del Estado y Tribunal Electoral de San Luis Potosí han sido omisos al mandato del Tribunal Federal para consultar a las comunidades. Por el contrario, están dilatando el proceso de consulta y negando que se realice la consulta indígena.
Incluso, el CEEPAC ha argumentado que no cuentan con el recurso suficiente para realizar la consulta indígena, sin embargo, el Tribunal Electoral ya ha dicho en otras sentencias que no es una condicionante el recurso para garantizar los derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas. Si fuera el caso, el ejecutivo tendría que coadyuvar (Sentencia SG-JDC-261/2022).
El CEEPAC se está extralimitando en sus atribuciones, por lo que no puede fungir como un juez, al contrario, debe de acatar las sentencias TESLP/JDC/15/2021 Y ACUMULADOS y el SM-JDC-89/2021 y actuar como un árbitro de la democracia que busca la igualdad sustantiva de los pueblos y comunidades indígenas. Que deje de actuar para los grupos de interés y los partidos políticos, debe ser una institución imparcial.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC) y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a llevar a cabo la Consulta Indígena correspondiente para que los pueblos indígenas Tenek, Náhua y Xi’oi del Estado de San Luis Potosí decidan de manera libre, previa e informada si desean establecer sus procedimientos, normatividad interna y derecho electoral indígena para el proceso electoral siguiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2023.
Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y al Congreso de la Ciudad de México a realizar los nombramientos necesarios y las acciones correspondientes para que opere el Sistema Anticorrupción, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México y al gobierno de la Ciudad de México, a realizar los nombramientos necesarios y realizar las acciones correspondientes para que opere el sistema anticorrupción local, con el objeto de detectar y sancionar actos de corrupción, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes, y para el año 2021, el 86 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones del gobierno.
De acuerdo con una investigación realizada por “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, mediante la encuesta de 119 preguntas a 1500 personas obtuvo los siguientes datos:
• Por ejemplo, en 2019 el 72 por ciento de los encuestados consideró que la 4T estaba combatiendo la corrupción muy bien. Cuatro años después, en 2022, sólo 44 por ciento considera que se está combatiendo muy bien la corrupción.
• La percepción del 42 por ciento de los encuestados de que en los próximos doce meses la corrupción aumentará, estos resultados nos dejan ver que una parte de la opinión pública no cree que la situación de corrupción en el país mejore en el corto plazo.
• Entre 2019 y 2022, el porcentaje de personas que consideran que López Obrador es corrupto aumentó de 26 por ciento a 35 por ciento.
• La percepción de corrupción se ha extendido a otros cargos de la administración. El 52 por ciento de los encuestados consideran que el fiscal Alejandro Gertz es corrupto y 48 por ciento cree que usa su cargo para influir en asuntos legales personales. Por su parte, 59 por ciento consideró que existe corrupción entre los Servidores de la Nación. Finalmente, 56 por ciento considera que quienes conforman el gabinete del presidente son corruptos.
Datos de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana quienes presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), por tercer año consecutivo , México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos).
Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares, con respecto a esta temática.
Lo anterior refleja que el combate a la corrupción ha quedado en discurso, y para muestra lo que sucede en la Ciudad de México con su Sistema Local Anticorrupción que hoy en día es inoperante.
En primer lugar, la ley que dio vida a este Sistema quedó invalidada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras revisar diversas acciones de inconstitucionalidad en 2017.
Posterior a ello, los legisladores locales tuvieron que avalar una nueva norma, así como realizar nuevos nombramientos.
Cabe mencionar que en esta nueva normativa se determinó que el Sistema Local Anticorrupción está compuesto por:
-Comité de Participación Ciudadana: Es la instancia ciudadana que tiene como objetivo coadyuvar y encauzar, en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador.
-Comité Coordinador: Es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Local Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción.
-Comisión de Selección: La que se constituye en términos de la ley en mención, para nombrar a las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
-Comisión Ejecutiva: El órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva.
-Secretaría Ejecutiva: El organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador.
-Sistema Local de Fiscalización: El Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de maximizar la calidad técnica, cobertura y el impacto de la auditoría y la fiscalización gubernamental en la Ciudad de México, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, evitando al máximo duplicidades, obsolescencias u omisiones.
Al respecto es importante mencionar que el pasado 16 de febrero los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana que quedaban –de un total de cinco– anunciaron su renuncia ante la falta de recursos y diálogo con el gobierno capitalino y otros organismos.
Como ya se mencionó, este comité es una parte clave en el Sistema de Anticorrupción, con cinco integrantes ciudadanos que toman protesta ante el congreso capitalino como representantes de la sociedad civil.
Édgar Téllez fue presidente durante el primer año, en el que –advierte trabajaron sin recursos; al terminar su periodo tomó el encargo, Hilda Nucci González, la cual renunció.1
Por su parte, el Comité Coordinador del Sistema actualmente no cuenta con un titular, además de incumplir con la obligación de asignar presupuesto para su funcionamiento. Los organismos que lo componen son la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Info CDMX), el Consejo de Evaluación (Evalúa CDMX), la Contraloría General y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El anterior titular del Comité de Participación refirió que estos entes públicos fallaron al no proporcionar información respecto al combate a la corrupción en su interior para el informe anual; rechazaron la realización de una encuesta de percepción sobre corrupción en la ciudad y de dos informes dados por el comité, solo asistieron el titular del Info CDMX y un representante de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.2
Finalmente, es importante hacer hincapié que tampoco existe el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se llega a la conclusión de que este Sistema se encuentra asfixiado, sin nombramientos, sin recursos, sin voluntad política para que se avance en el combate a la corrupción.
Resulta alarmante la renuncia de los miembros del Comité de Participación por la falta de pago, y que no se esté buscando la designación de los integrantes faltantes para que funcione dicho sistema.
El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México prácticamente ha desaparecido con el desmoronamiento del Comité de Participación Ciudadana.
Esta figura tan importante se encuentra inoperante, mientras datos del Inegi, señalan que, en las entidades de Durango, Ciudad de México , México y Quintana Roo, la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.
Es por ello, que desde este Cámara se exhorta a que esta situación se resuelva a la brevedad, puesto que prácticamente desde la publicación de la ley que da cabida a este sistema no se ha implementado, y al día de hoy es letra muerta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Ciudad de México, a que instruya a la brevedad a la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción local, con la finalidad de que se realice la convocatoria correspondiente para elegir a las cinco personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en virtud de que dicho comité se encuentra acéfalo.
Segundo. - Asimismo, se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a que inste a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción local, den cumplimiento con las facultades y obligaciones conferidas en la legislación en la materia.
Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta a la titular del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, a que se realicen las acciones presupuestales correspondientes para la operatividad del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y de esta manera se evite la renuncia de sus integrantes.
Cuarto. - La Cámara de Diputados exhorta al Congreso de la Ciudad de México, a que se cumpla con lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, con respecto a que deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción.
Notas:
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/31/sistema-anticorrupcion-cd mx-falta-de-recursos-y-renuncias
2 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/31/sistema-anticorrupcion-cd mx-falta-de-recursos-y-renuncias
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de marzo de 2023.
Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de la Federación a priorizar el derecho a la salud y el derecho a la información en las resoluciones relacionadas con la impugnación de las reformas a la Ley General de Salud, en materia de etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas preenvasados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscriben, diputadas Frinné Azuara Yarzábal, María de Jesús Aguirre Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho; y diputados Miguel Sámano Peralta y Eduardo Zarzosa Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Primera. A nivel mundial y de acuerdo con la Federación Mundial de la Obesidad 746 millones de personas viven con obesidad.1
En el plano nacional, y en datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 72 por ciento de los adultos padecen sobrepeso y obesidad. Asimismo, 26 por ciento de las mujeres adultas y 30.5 por ciento de los hombres padecen hipertensión. Y 15.8 por ciento padece diabetes,2 enfermedad que representa uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial.3
Alarmantemente la problemática no termina ahí, pues las nuevas generaciones también están creciendo enfermas, toda vez que el 42.9 por ciento de las niños y niños en edad escolar viven con sobrepeso y obesidad,4 hecho que ha generado que México siga entre los primeros países con obesidad infantil a nivel mundial.
Segunda. La obesidad no sólo afecta gravemente la salud de la población, sino que ha impactado con reducciones al producto interno bruto (PIB) en un 5.3 por ciento, convirtiéndonos desde el año 2020 en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor efecto negativo registrado por esta enfermedad; situación doblemente trágica pues con esto, también nos convertimos en el país con la mayor reducción a la esperanza de vida (4.2 años menos).5
De acuerdo con el mismo estudio de la OCDE, la obesidad consume el 8.9 por ciento del gasto en salud y reduce la producción en el mercado laboral en el equivalente a 2,4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. De no continuar con medidas preventivas, se proyecta que para el año 2030 México afronte una carga económica de 40.67 billones de dólares para atender esta enfermedad. Mientras que para el 2060, se estima que la carga económica ascienda a 159.99 billones de dólares.
Tercera. Ante el grave escenario que representan la obesidad y las enfermedades no transmisibles para la población mexicana, así como ante las proyecciones que apuntan hacia sus efectos catastróficos para la economía nacional, es que por consenso, el Congreso de la Unión decididamente logró avanzar en reformas a la Ley General de Salud en materia de Etiquetado Frontal de Advertencia, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019 como la piedra angular en la estrategia para prevenir estas enfermedades.
En ese contexto, durante el año 2019 el Poder Ejecutivo también llevó a cabo el proceso de modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 relativa a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, el cual se realizó con base a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFNM) que en ese momento era la legislación aplicable, así como con base a la Ley General de Mejora Regulatoria respecto al procedimiento de evaluación de impacto regulatorio.
Cabe destacar que en el proceso de normalización hubo una amplia representación y participación de todos los sectores interesados, en especial de las cámaras y asociaciones empresariales que agremian a la mayoría de las industrias de alimentos y bebidas preenvasados, hecho que consta en el prefacio de la NOM-051 que es de acceso público a través del Diario Oficial de la Federación6 y que da fe de la colaboración de la industria en este proceso.
De esta manera, el 27 de marzo del 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana en comento y con ello, el inicio de la implementación de las medidas de protección a los derechos a la salud y a la información de la población.
Cuarta. Es de reconocer que, a pesar de las voces que se opusieron a la adopción de esta medida y que en la actualidad siguen acudiendo al recurso de amparo, el Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos y bebidas preenvasados ya demostró su eficacia a tres años de su aprobación y dos de su implementación a través de diversas encuestas y estudios, en temas como:
Acceso a información clara, sencilla y veraz sobre los alimentos y bebidas:
• El 74 por ciento de la población mexicana considera al etiquetado de advertencia como una medida “buena/muy buena” para conocer el exceso de ingredientes críticos en alimentos y bebidas envasados.7
• Los sellos de advertencia son las etiquetas más leídas por la población al momento de comprar alimentos o bebidas (66.7 por ciento), por encima de la información nutrimental y la lista de ingredientes.8
• Existe una alta aprobación y comprensión del etiquetado de advertencia por parte de la población mexicana. De acuerdo a una encuesta, el 80 por ciento de los padres y las madres de familia aprueban esta medida.9
Favorecer la elección de alimentos y bebidas más saludables:
• El 82 por ciento de la población mexicana identificó que un refresco de cola contiene exceso de azúcares gracias al etiquetado de advertencia.10
• El 60.5 por ciento de madres y padres de familia dijeron utilizar el etiquetado de advertencia para identificar alimentos o bebidas más saludables para sus hijas e hijos.11
• El 52 por ciento de los adultos compra menos refresco de cola y 53 por ciento disminuyó su consumo de refresco regular, mientras que 45 por ciento de los mexicanos reportó comprar menos alimentos procesados y 48.9 por ciento de la población reporta una reducción de consumo de cereales de caja.12
Reformulación de productos no saludables:
• Tras la implementación del etiquetado de advertencia, se reportó la reformulación del 56 por ciento de los productos envasados, lo que contribuyó a reducir la exposición de la población a productos con exceso de ingredientes críticos.13
Reducción de costos de atención a la obesidad
• Con una reducción proyectada de 36.8 kcal/persona/día (-23.2 kcal de bebidas y -13.6 de botanas), a cinco años se estima una reducción de 1.3 millones de casos nuevos de obesidad, y un ahorro de 1.8 mil millones de dólares en costos asociados.14
Quinta . Aunado a lo anterior, el acierto que representó la adopción del Etiquetado Frontal de Advertencia en alimentos y bebidas preenvasados no sólo hizo eco a nivel nacional, sino que generó un parteaguas ante la comunidad internacional.
Por un lado, esta medida hizo que México recibiera diversas menciones y un reconocimiento internacional el 24 de septiembre de 2020 por parte del Director General de la Organización Mundial de la Salud, la máxima autoridad de salud a nivel internacional, el cual, se sumó al respaldo que ya le habían otorgado organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y asociaciones internacionales de profesionales en nutrición y salud pública como el World Cancer Research Fund; la World Obesity y el World Public Health Nutrition Association.
Sin mencionar que el Etiquetado implementado por México fungió como modelo para otros países como Argentina, Colombia, Costa Rica, quienes también y de alguna manera emprendieron la lucha para proteger a su población de los determinantes económicos que buscan menoscabarla.
Sexta . Tras la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Salud, así como de las modificaciones a la NOM-051, en abril de 2022 la Secretaría de Economía informó que se tenían contabilizadas 162 demandas en contra, de las cuales: 135 eran recursos de amparo radicadas en distintos juzgados y tribunales en materia administrativa del Poder Judicial federal y 27 eran demandas de nulidad interpuestas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.15
A finales del año 2022, se hizo de conocimiento público que los amparos en revisión 358/2022, 465/2022 y 227/2022 llegaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovidos respectivamente por las empresas Barrilitos, Herdez y Santa Clara, de los cuales fueron elaborados proyectos.
La votación del primer proyecto para el amparo en revisión 358/2022, promovido por la empresa Barrilitos, fue pospuesto en tres ocasiones durante noviembre de 202216, 17 y posteriormente fueron integrados a la votación los proyectos para los amparos en revisión 465/2022 y 227/2022 promovidos por las empresas Herdez y Santa Clara. Finalmente, el 11 de enero de 2023 la Segunda Sala de la SCJN tomó la determinación de enviar al pleno de la Suprema Corte la resolución de los tres amparos contra el etiquetado frontal de advertencia.18
Ante los amparos pendientes de resolución, y la posible admisión de nuevos amparos en contra de una medida trascendental para el interés general de un país como el nuestro, con cifras gravísimas, afectaciones a la salud pública, al erario y proyecciones catastróficas que eliminan la esperanza de un futuro para el país, resulta imprescindible la intervención de esta soberanía frente a la actuación que realice el Poder Judicial de la Federación, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, la labor que se ha realizado desde los otros dos Poderes de la Unión responde a la protección y garantía de derechos humanos que representan el interés general de la población y que es al que nos debemos.
Sin mencionar el principio constitucional del interés superior de la niñez que, desde el primer momento, obliga a los Poderes de la Unión a que, en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, se priorice el ejercicio pleno de sus derechos. Motivo por el cual, antes de cualquier interés económico de particulares, todos los entes que conformamos el Estado debemos anteponer el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, ya que el futuro de México está en ellos y en nuestras manos está el realizar lo necesario para salvaguardar su bienestar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Poder Judicial de la Federación para que en el ámbito de sus competencias, haga prevalecer en las resoluciones incidentales y de fondo relativas a la impugnación de las reformas a la Ley General de Salud y a la Norma Oficial Mexicana NOM-051 en materia de etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas preenvasados, el derecho a la salud, a la información y el interés superior de la niñez ante los graves problemas de obesidad y enfermedades no transmisibles que afectan la salud de las y los mexicanos.
Notas:
1 World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2022. March 2022.Londres, Reino Unido. Consultado en https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_20 22_WEB.pdf
2 Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022.
3 Pan American Health Organization. Panorama of Diabetes in the Americas. Washington, DC: PAHO; 2022. Available from: https://doi.org/10.37774/9789275126332.
4 WHO. Obesity and overweight. Publicado el 9 de junio de 2021. Disponible en https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
5 OCDE. La pesada carga de la obesidad en México. t.ly/0Vbpo
6 Diario Oficial de la Federación. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Diario Oficial de la Federación. 27 de marzo de 2020. Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf
7 SALUD, INSP. Encuesta Naconal de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19. 2022. Disponible en: https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_di gital_4ago.pdf
8 SALUD, INSP. Encuesta Naconal de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19. 2022. Disponible en: https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_di gital_4ago.pdf
9 Alianza por la Salud Alimentaria. El etiquetado de advertencia contribuye a proteger la salud, retirarlo es un atentado en contra de la población mexicana. 2022. https://alianzasalud.org.mx/2022/11/el-etiquetado-de-advertencia-contri buye-a-proteger-la-salud-retirarlo-es-un-atentado-en-contra-de-la-pobla cion-mexicana/
10 INSP. https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_di gital_4ago.pdf
11 INSP. https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_di gital_4ago.pdf
12 Milenio. (10/09/2022). Consumen menos alimentos procesados 45% de mexcianos: food Policy Study. [Electrónico].https://www.milenio.com/negocios/consumen-menos-alimentos -procesados-45-de-mexicanos
13 El Financiero. Nuevo etiquetado de advertencia obliga a reformular productos. [Electrónico].
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-nuevo-etique tado-de-advertencia-obliga-a-reformular-productos/
14 National Library of Medicine. 28/07/2020. Predicting obesity reduction after implementing warning labels in Mexico: a modeling study.
[Electrónico].https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32722682/
15 Reporte Indigo. (25/04/2022). La revuelta contra el etiquetado de alimentos y bebidas. https://www.reporteindigo.com/reporte/la-revuelta-contra-el-etiquetado- de-alimentos-y-bebidas/
16 SCJN. Lista de asuntos sesión 16 de noviembre de
2022.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2022-11-09/LT%20VERÁN%20MIXTA%2016-11-2022_1.pdf
17 SCJN. Lista de asuntos sesión 23 de noviembre de
2022.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2022-11-18/LT%20VERÁN%2023-11-2022.pdf
18 SCJN. Lista de asuntos sesión 11 enero de 2023. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2023-01-12 /LT%20VERÁN%2011-01-2023%20CERTIFICADA_0.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 16 del mes de marzo de 2023.
Diputados: Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a considerar ampliar la vigencia del decreto y, en consecuencia, del programa que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, a cargo del diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Brígido Ramiro Moreno Hernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de esta LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
Con alegría recibimos el anuncio que hizo el Presidente de la República sobre la creación de un Programa de regularización de los vehículos de procedencia extranjera que se encuentran en territorio nacional y que no cumplen con los requisitos para hacerlo de manera legal. Como habitante y representante de la frontera norte conozco de cerca las diversas problemáticas relacionadas con la falta de regularización de estos automóviles y el gran beneficio que este programa ha traído y podría seguir trayendo.
El 18 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruyó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana a elaborar un Programa que incentivara a las personas físicas que residen en la región fronteriza norte a llevar a cabo la regularización de los vehículos automotores usados de procedencia extranjera.
Unos meses después, el 19 de enero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se fomenta la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera en el que se establecieron los requisitos para poder acceder a dicho beneficio y algunas reglas que regirían el programa.
Un mes más tarde (el 27 de febrero de 2022) se emitió otro Decreto que reformó el anterior (el de fecha 19 de enero). Dicho decreto incorporó a los estados de Sinaloa y Zacatecas al Programa, así mismo, se hicieron modificaciones respecto de las autoridades involucradas en el proceso de regularización y de los requisitos para acceder al beneficio. De igual manera, se modificó la vigencia del Programa, extendiendo su vigencia dos meses más, es decir, hasta el 20 de septiembre. Por último, el 20 de junio de 2022 el Decreto sufrió una nueva modificación con la que se incorporó al estado de Puebla a las entidades beneficiadas.
Como puede observarse, desde la publicación del Acuerdo que mandataba la creación del Programa de Regularización, hasta hace unos meses, se han llevado a cabo diversos cambios tanto en los requisitos para poder acceder al programa, como en el procedimiento a seguir para regularizar con éxito un automóvil, lo cual, ha ocasionado confusión en la población y que haya retraso en la puesta en marcha del Programa.
Adicionalmente, los ciudadanos que han intentado iniciar su trámite se han enfrentado a diversas dificultades como el hecho de que la página para registrarse a veces no está en funcionamiento, así como que ya no hay citas disponibles o que no hay un módulo de atención cerca de sus domicilios, por lo que concretar su trámite resulta más complicado.
A pesar de que el primer Decreto se publicó en octubre de 2021, el inicio de la regularización de los carros comenzó semanas después, en el caso de Coahuila, la atención en los módulos comenzó el 22 de marzo de 2022, es decir, hace casi un año. Lo mismo sucedió en diversos estados, lo que complicó que los usuarios pudieran acceder a este programa.
Se estima que entre marzo y diciembre de 2022 se regularizaron un millón cuarenta y siete mil vehículos en todo el país1 de los cincuenta millones quinientos mil que se prevé que no estaban regularizados hasta antes de la creación del Programa2 . Lo anterior refleja que hasta enero, más de cuarenta millones de vehículos no habían podido acceder a la regularización. Si bien no existen números oficiales que reflejen cuántos vehículos de procedencia extranjera han accedido al programa y cuántos hacen falta, es una realidad que la vigencia del Programa es muy corta para cumplir con el objetivo para el que fue creado.
El Acuerdo y el Decreto por los que se crea el Programa de regularización mencionan que la finalidad de su implementación es desincentivar ampliamente el uso de vehículos de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en México en la comisión de delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas. Este objetivo no se alcanzaría si el porcentaje de vehículos regularizados es menor, debido a que se podrían seguir cometiendo un gran número de delitos a través de los automóviles que seguirían sin ser identificados.
Recordemos que estas unidades son utilizadas en gran medida para la comisión de actividades ilegales, mismas que comprometen la tranquilidad y seguridad de nuestras familias. Esta práctica es muy recurrente debido a que estos vehículos no cuentan con placas ni registro que permita su localización o conocer la identidad del responsable del vehículo, por ello la importancia de su regularización.
El primer Decreto que se publicó estableció que la vigencia del programa sería desde la publicación del mismo (19 de enero de 2022) hasta el 20 de julio de 2022, posteriormente, el plazo de extendió hasta el 20 de septiembre y recientemente, el pasado diciembre, se amplió la vigencia hasta el 31 de marzo de 2023.
Reconocemos el gran trabajo que se ha llevado a cabo para extender la vigencia del Programa de regularización de los carros de procedencia extranjera, sin embargo, consideramos que se debe ampliar la vigencia hasta el 31 de agosto a fin de que más usuarios puedan acceder a este beneficio y con ello poder alcanzar los objetivos que persigue. Esta petición se sustenta en el número limitado de citas que se ofrecen en los módulos de regularización, en que nos encontramos a quince días de que venza el plazo para poder regularizar los vehículos, en que un porcentaje muy alto de usuarios no ha podido acceder a este beneficio y en la gran importancia que tiene la regularización de estos vehículos.
En razón de lo anterior, solicitamos poder extender la vigencia de este programa 5 meses más, es decir, hasta el fin de este año. En ese tenor, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y de Economía a considerar ampliar la vigencia del Decreto y, en consecuencia, del Programa que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 31 de agosto de 2023.
Notas:
1. Infobae, Programa para regularizar autos ‘chocolate’ continuará en 2023; gobierno ha recaudado más de 2 mil 600 mdp, consultado el 07 de marzo de 2022, disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/29/programa-para-regular izar-autos-chocolate-continuara-para-2023-gobierno-ha-recaudado-mas-de- 26-mmdp/#:~:text=En%20nueve%20meses%20se%20han,antes%20de%20finalizar%2 0el%20a%C3%B1o
2. INFORMADOR, Los vehículos “chocolate”... más caos y contaminación, disponible en: https://www.informador.mx/economia/Los-vehiculos-chocolate-mas-caos-y-c ontaminacion-20210821-0039.html consultado el 15 de septiembre de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2023
Diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a suspender la actualización y cobro de las tarifas que entraron en vigencia en el primer trimestre del 2023 en las autopistas de cuota federal, y se implementan medidas alternativas para los residentes que ocupan dichas vías, suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados, Fabiola Rafael Dircio, Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, Marcelino Castañeda Navarrete, María Macarena Chávez Flores, Héctor Ruíz Chávez, Edna Gisel Díaz Acevedo, Olga Luz Espinoza Morales, Laura Lynn Fernández Piña, Francisco Javier Huacus Esquivel, Elizabeth Pérez Valdez, Mauricio Prieto Gómez, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, Gabriela Sodi, Miguel Ángel Torres Rosales, Jesús Alberto Velázquez Flores, integrantes del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 7 de febrero del 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, emitió el comunicado 027-2023 visible en su página oficial institucional, mediante el cual informa la actualización de tarifas en las autopistas de cuota federal, donde se desprende un ajuste del 7.82 por ciento con base en la inflación ocurrida el año anterior, sin fundar ni motivar dicha determinación.
Con fecha 1 de marzo del presente año, en la cuenta de Twitter y Facebook de la secretaría en comento se anunció que el incremento de las tarifas a las autopistas operadas por el Fonadin y Capufe no incrementarían el primero de marzo, y que cualquier ajuste será comunicado en su oportunidad. No obstante, a que dicha información no fue anunciada de manera oficial en su página de internet.
El 4 de marzo del 2023, en su página oficial de internet la SCT publica el comunicado 047-2023, en el que anuncia: “Ajusta SICT 7.82 por ciento tarifas en autopistas concesionadas al Fonadin”, por lo que se aplicará la actualización a partir del lunes 6 de marzo.
Es tarea de y compromiso como representantes de la sociedad visibilizar y sensibilizar sobre la situación actual en el país, por citar, la economía de México está pasando la curva de los efectos negativos de la pandemia del covid-19 afectando los bolsillos de las y los mexicanos y por otro lado la inflación globalizada está impactando los precios de la canasta básica, e insumos de primera necesidad.
Los aumentos en los precios de la canasta básica no han sido contenidos, pese a que el gobierno federal ha ilustrado que invierte millones en programas sociales y en apoyos al campo.
Ante esta situación, se suma el aumento de los precios de la gasolina, lo cual tiene también un efecto negativo para cubrir de manera idónea la oferta y demanda de bienes y servicios, sobre todo aquellos que son trasladados desde el campo a las centrales de abastos y mercados, donde los ciudadanos ven el impacto que implica en los precios que pagan.
Hoy las principales vías de comunicación son las autopistas, por donde transitan toda clase de bienes y servicios, además de eso, es una vía de transferencia para los ciudadanos quienes por cuestiones de trabajo, salud, dispersión social y turismo usan en su día a día.
Otro efecto negativo es el impacto que el incremento que por añadidura se ve en los costos de boletos de autobús a los diversos destinos locales y foráneos.
Sumado a estas circunstancias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado para informar la actualización de tarifas en las autopistas de cuota federal.
La dependencia impone el 7.82 por ciento con base en la inflación prevaleciente del año pasado, sin embargo, dicha medida no se justifica en el comunicado.
Este anuncio es un golpe fuerte a la economía familiar si partimos que, nuestro país la Red Nacional de Carreteras está conformada por un total de 780,511 kilómetros de infraestructura vial en México.
De ese universo, 174,779 kilómetros se identificaron como carreteras pavimentadas, 50,658 km conforman las carreteras federales, 102,719 kilómetros incumben a carreteras estatales.
Por otro lado, se tiene registro de que las carreteras de cuota comprenden 10,767 kilómetros.
Si bien es cierto que, la SCT es la entidad facultada para resolver lo relacionado con los caminos y puentes federales, teniendo dentro de sus atribuciones, otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes ya sea a gobiernos estatales, entidades paraestatales o a empresas particulares, así como vigilar su cumplimiento.
No puede pasar desapercibido que el artículo 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, dispone que la SCT podrá modificar las tarifas cuando el interés público lo exija, los prestadores de servicios lo soliciten y siempre y cuando se justifiquen ampliamente las necesidades de la medida.
Contrario a la tesis del Ejecutivo federal, respecto de la situación económica del país, los efectos de la inflación y la estabilización de los precios, la SCT no da tregua a los bolsillo de los ciudadanos que ocupan diariamente las autopistas y la actualización de tarifas al tope del porcentaje de la inflación es una decisión contraria a los intereses de una sociedad golpeada en materia económica, es decir, no se analizó la medida de una forma proporcional y adecuada, lo cual vulnera el principio de certeza jurídica, seguridad jurídica, legalidad y transparencia, pues no se conoce el estudio, dictamen, opinión o documento que permita conocer la justificación de la aplicación del 7.82 por ciento sobre las tarifas.
Ahora bien, la propia Ley de Vías Generales de Comunicación en el segundo párrafo del artículo 49, señala la Comisión Consultiva de Tarifas, quien debe emitir la opinión a la SCT para la aprobación definitiva de tarifas y sus reglas de aplicación, lo cual no es visible en ninguna parte del comunicado emitido por la Secretaría ni en su página institucional, lo cual también vulnera el proceso de actualización de tarifas.
En el caso del estado de Guerrero, se promovió un juicio de amparo contra la medida establecida por la SCT, debido a que las condiciones de la autopista no justifica en primer lugar la actualización de las tarifas hasta el tope del porcentaje de la inflación al 7.82, y en segundo lugar, porque los guerrerenses que transitan la autopista del sol, no conocen el dictamen, opinión o el instrumento legal por medio del cual determinaron la medida implementada, lo que sí es un hecho es que, se afecta la economía de los guerrerenses y el alza de los costos de los bienes y servicios que por el impacto de las nuevas tarifas ajustan los costos de operación y traslado pagando el precio final los consumidores.
Considerando que esta medida no está debidamente justificada, y que es facultad de la SCT poder modificar la actualización de las tarifas en las autopistas de cuota federal, y poder revertir el aumento que han sufrido las casetas concesionadas a Capufe y a Fonadin, y establecer medidas alternativas para los residentes que ocupan diariamente estas vías de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa, pero activa, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, suspenda la actualización y cobro de las tarifas que entraron en vigencia en el primer trimestre del 2023, en las autopistas de cuota federal y se implementan medidas alternativas para los residentes que ocupan dichas vías de comunicación, con la finalidad de reducir el impacto económico en el alza de precios de bienes y servicios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2023.
Diputados: Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica), María Macarena Chávez Flores (rúbrica), Héctor Chávez Ruiz (rúbrica), Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica), Mauricio Prieto Gómez (rúbrica), Fabiola Rafael Dircio (rúbrica), Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica), Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica), Miguel Ángel Torres Rosales (rúbrica), Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica), Laura Lynn Fernández Piña (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar al Inmujeres y a distintas autoridades estatales y municipales de Tamaulipas a garantizar el interés superior de la niñez, erradicar la violencia contra las mujeres y juzgar con perspectiva de género, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada por el estado de Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A lo largo de la historia, la familia mexicana se ha caracterizado por mantener una estructura rígida, en donde, cualquier actitud que salga de lo tradicional debía de ocultarse. Se normalizaban las tradiciones patriarcales de los ancestros por más crueles, violentas o conservadoras que éstas fueran. Entre los males del sistema machista se encuentra la violencia hacia la mujer en una de sus múltiples caras, una de ellas, la VIOLENCIA VICARIA, aquella que tiene por objeto dañar a la mujer por medio de sus familiares más cercanos, principalmente, a través de las hijas e hijos.
De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual las hijas y los hijos son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. En la actualidad, algunas entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas, han incluido en su marco jurídico la definición como:
“Violencia Vicaria es la utilización que hace por sí mismo o por interpósita persona, el padre, ex esposo, ex pareja, o quien haya tenido una relación sentimental o sexual con la madre, utilizando a los hijos y las hijas para causar daño, dolor, angustia o cualquier tipo de afectación a la madre .”.
En este sentido y en el marco del 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia en materia de violencia vicaria. Es de señalar que este tipo de Violencia se encuentra legislada y sancionada en 21 entidades hasta el día de hoy y en 11 aún se encuentra pendiente legislar entre los que se encuentran: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
Datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, informaron que durante el año 2020, cerca de 47 mil mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja u otros miembros de la familia; es decir que, en promedio, una mujer o niña es asesinada por alguien de su propio núcleo familiar cada 11 minutos1 .
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en 2021 vivíamos cerca de 65.5 millones de mujeres, de las cuales, 77 por ciento tenía 15 años o más de edad. Con respecto a la violencia contra las mujeres, especificó que del total de este grupo de edad, 70 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito. En el caso del estado de Tamaulipas, a pesar de ser uno de las entidades con los menores índices de violencia contra la mujer, es inaceptable que más de 61 por ciento de la población femenina aseguró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida2 .
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, sacó a la luz que, la mayor parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres se da cuando tienen una situación conyugal como separada, divorciada o viuda, mientras que 59.6 por ciento aseguró ser víctima de violencia psicológica, 44.9 por ciento violencia económica patrimonial y/o discriminación, 43.9 por ciento física, 48.1 por ciento sexual.
Para muestra, un botón: el caso de la ciudadana Christian Flores Guzmán a quien le fue arrebatado su hijo de las manos por parte de su expareja, Román Pérez Luevano, quien trabaja el día de hoy en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa y es hermano del actual diputado local por el Partido Acción Nacional, Raúl Pérez Luevano e hijo de la Regidora panista Ana Lidia Luevano de los Santos. Acto que constituye entre otros delitos, violencia vicaria.
Hombre que ha hecho uso de su poder personal y familiar, así como de influencias, para intentar arrebatar a su menor hijo de las manos de su madre. Tal como sucedió el pasado 5 de marzo de 2023, cuando el padre del menor asistió a un colegio particular de la ciudad de Reynosa para que, junto a la autoridad, retuvieran y posteriormente le entregaran al niño quien se encontraba bajo los cuidados de la madre hasta ese momento. Asimismo, la madre denunció el uso de influencias para verse afectada en el Juicio Ordinario Civil por custodia en el que la justicia violó sus derechos como madre y los de su hijo menor, al determinar la custodia al padre con el argumento no sustentado de que ella no contaba con solvencia económica para cuidar del menor. Aplicando al caso concreto una flagrante violencia económica e institucional en contra de la madre.
Desafortunadamente, existen miles de casos como éstos a nivel nacional; sin embargo, es de vital importancia reconocer que las personas con mayores afectaciones serán siempre las niñas, niños y adolescentes quienes son utilizados por los padres como instrumentos con el objetivo de causar daño a sus parejas. Las situaciones de violencia a las que son sometidos los menores causan en ellos violaciones a sus derechos humanos, como afectaciones a la salud mental, emocional y a su bienestar.
La Organización Mundial de la Salud define al maltrato hacia los menores como:
“cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder ”.3
La violencia infantil trae aparejada una serie de consecuencias mayúsculas como problemas a la salud física y mental, así como efectos negativos que deterioran su desarrollo cognitivo. Un niño violentado durante su vida infantil, tiene mayor probabilidad de violentar a otros cuando llega a la edad adulta, por lo que es menester de esta representación federal exhortar a las diferentes instituciones a que en el ámbito de sus atribuciones reconozcan a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garanticen el pleno goce, ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de los infantes, así como garanticen la protección y restituyan íntegramente los derechos de quienes hayan sido vulnerados.
Asimismo, la Suprema Corte de nuestro país ha establecido que el interés superior del menor, constituye una directriz para decidir en los casos en los que se involucre a menores de edad, en el que las y los jugadores deberán procurar su protección ante cualquier riesgo en su integridad física o emocional sin que baste la afirmación de algunos de los padres o se basen en elementos aislados.
De igual manera, este exhorto tiene por objeto que el poder judicial de Tamaulipas garantice los derechos de las mujeres que se han visto vulnerados durante años por la falta de aplicación del protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género 4 , publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013 y de carácter obligatorio para todos los juzgadores en nuestro país. Que los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, nos sirvan como base para entender la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país.
Aunado a lo anterior, la misma Corte antes citada, ha emitido tesis de rubro: “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES” Y, “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, en las que se sostuvo que a partir de la explicación específica de hombre y mujer, se reconoce la forma en la que cada uno enfrenta una situación en concreto y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales; de igual manera se reconoce la importancia de la perspectiva de género en el acceso de las mujeres a la justicia partiendo de una interpretación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por lo anterior, es que las autoridades están obligadas a analizar el marco normativo e institucional a fin de identificar la posible utilización de estereotipos sobre las funciones de uno u otro género.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares del Instituto Nacional de Mujeres, del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, del Sistema DIF Nacional, del Sistema DIF Tamaulipas, del Sistema DIF Reynosa, así como al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas para que, con base en sus atribuciones, garanticen el interés superior de la niñez, erradiquen la violencia contra las mujeres y juzguen con perspectiva de género.
Segundo. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, a que investigue el abuso de poder de la familia Pérez Luevano y, en su caso, de resultar responsables, sean destituidos de sus cargos y sancionados conforme a derecho.
Notas:
1. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UNOD C_BriefFemicide_ESP_CA.pdf
2. https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
3. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
4. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/UNOD C_BriefFemicide_ESP_CA.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo 2023.
Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Sinaloa a suspender los trabajos y la apertura del acuario Mar de Cortés, asimismo, a llevar a cabo una investigación sobre los permisos y licencias, así como los requerimientos de impacto ambiental, suscrita por los diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montserrat Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montserrat Hernández Pérez, diputado y diputada federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El próximo 30 de marzo de 2023, se pretende inaugurar el acuario Mar de Cortés en Mazatlán, Sinaloa. Este proyecto se constituyó en una asociación público-privada entre el gobierno estatal y la compañía Operadora Audax.
De acuerdo con fuentes de la entidad, el proyecto cuenta con una construcción de 50 mil metros cuadrados en una de las áreas consideradas más sustentables de la ciudad de Mazatlán. El proyecto tuvo una inversión de mil 467 millones de pesos para su desarrollo.1
Sin embargo, en días recientes han surgido cuestionamientos sobre la legalidad de este proyecto e irregularidades en su planeación.2 En primer lugar, destaca la obtención de los fondos. Según una investigación del periódico El Universal, la compra de las hectáreas donde se construyó el recinto tuvo un costo de 196.5 millones de pesos a cargo del erario estatal en 2017. Posteriormente, en 2018 se destinaron 306 millones de pesos más para el inicio de la obra y se obtuvieron 586 millones de pesos de fondos federales.
Estas cifras representan las aportaciones del gobierno de Sinaloa y el gobierno federal. Adicionalmente, los grupos de inversionistas colocaron poco más de 481 millones de pesos y se consiguió un crédito sujeto a los ingresos del nuevo acuario una vez establecido. Las fechas de vencimiento no se conocen.
En total, la inversión pública alcanzó los mil 89 millones de pesos. No obstante, existen registros que suponen que debido a las condiciones laborales implementadas por la pandemia de covid-19, se destinaron más fondos al proyecto, rebasando los 2 mil millones de pesos. De igual forma, en 2018 cuando se iniciaron los trabajos de construcción, el costo de edificación se amplió en cuatro ocasiones, pasando de 174 millones a 217.
Cabe destacar que la estructuración legal y financiera del proyecto avanzó conforme a su misma construcción. El reportaje de Miriam Ramírez sobre Mar de Cortés señala que en 2018 la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal destinó el monto más alto autorizado para proyectos de infraestructura, a pesar de que ya contaba con grandes aportaciones a su capital.
En segundo lugar, destaca la consolidación de la asociación público-privada que llevó a cabo la construcción e ingeniería del nuevo acuario. En 2018 siete empresas compraron las bases de la licitación del concurso público y solo se asignó a un consorcio conformado por cuatro compañías, entre las que destaca la Operadora Audax como accionista mayoritaria.
La Operadora Audax fue creada durante el proceso de licitación del acuario en 2018. Sobre ello, la investigación del periódico El Universal señala que los socios mayoritarios están directamente relacionados con Quirino Ordaz Coppel, quien fuera gobernador del estado de Sinaloa de 2017 a 2021. Principalmente Ernesto Coppel Kelly, primo del gobernador Ordaz Coppel, y algunos de sus familiares directos3, 4
Una vez en desarrollo el proyecto, el mismo consorcio ganador de la licitación creó una nueva empresa, Kingu Mexicana S.A. de C.V., la cual obtuvo los permisos de administrar y operar el acuario Mar de Cortés por las próximas tres décadas. La empresa está presidida por el yerno de Ernesto Coppel Kelly y otros miembros de Grupo Bonito, empresa ligada a la familia Coppel.
Finalmente, destacan las afectaciones al medio ambiente y la falta de documentos que sustenten la construcción en esa área. Durante la primera etapa de construcción, se edificó el Parque Central para albergar gran parte del proyecto. Sin embargo, de acuerdo con el reportaje, esto condujo a la contaminación de la Laguna del Camarón en Mazatlán y la detención del ciclo de aves migratorias.5
En el mismo sentido, el pasado mes de agosto, vecinos de la ciudad de Mazatlán presentaron una demanda colectiva por la contaminación a esta laguna. De acuerdo con su testimonio, el principal problema es que la Laguna del Camarón está recibiendo descargas de aguas residuales sin tratar y está afectando la zona. Asimismo, en la misma fase del proyecto, se expropió el actual Acuario de Mazatlán que consta de 2.6 hectáreas de terreno en concesión.
Al respecto, el pasado lunes 13 de marzo el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que Quirino Ordaz le habría asegurado a través de una llamada telefónica que se llevaron a cabo los trámites correspondientes para construir de manera viable el proyecto. Sin embargo, aseguró que solicitaría información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar los medios de licitación.6
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario del PRI, se solicita a esta soberanía se exhorte al gobierno del estado de Sinaloa a suspender la apertura del acuario de Mar de Cortés hasta no conocer un veredicto sobre un posible conflicto de intereses y posibles actos de corrupción. Asimismo, solicitamos se exhorte al gobierno estatal a que lleve a cabo una investigación paralela sobre los permisos y licencias para abrir este acuario, además de sus documentos con los que respalda su intervención en áreas importantes para el medio ambiente local.
Por último, desde el Partido Revolucionario Institucional exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Función Pública a investigar las afectaciones correspondientes y fincar, en su caso, las responsabilidades conducentes.
El Proyecto Mar de Cortés enfrenta complicaciones que no pueden permitir su apertura. El desarrollo de las obras debe garantizar condiciones de seguridad medioambiental, transparencia y erradicar cualquier tipo de conflicto de interés. Asimismo, se debe perseguir y castigar cualquier acto de corrupción que involucre medios ajenos a lo permitido legalmente.
Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a suspender los trabajos y la apertura del acuario Mar de Cortés.
Segundo. El honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a llevar a cabo una investigación sobre los permisos y licencias con relación al acuario Mar de Cortés, así como los requerimientos de impacto ambiental.
Tercero. El honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la construcción del acuario Mar de Cortés en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por posibles afectaciones al medio ambiente y hechos de corrupción en el otorgamiento de permisos y/o licencias en la obra.
Notas:
1 El acuario más grande de México abre sus puertas en marzo. Disponible en: https://www.mexicodesconocido.com.mx/acuario-mar-de-cortes-mas-grande-d e-mexico.html
2 Investigarán la licitación de Acuario Mar de Cortés. Disponible en: https://pulsoslp.com.mx/nacional/investigaran-la-licitacion-de-acuario- mar-de-cortes/1629722
3 Quirino Ordaz entregó inversión millonaria a su primo hotelero. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2023/acuario-mazatlan/
4 Exgobernador Quirino Ordaz entregó millones a su primo para acuario en Mazatlán. Disponible en: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/2023/exgobernador-quirino-o rdaz-entrego-millones-a-su-primo-para-acuario-en-mazatlan.html
5 Alistan demanda colectiva por contaminación a la Laguna del Camarón. Disponible en: https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/alistan-demanda-colectiva-por- contaminacion-a-la-laguna-del-camaron-8737389.html
6 Gobierno de Sinaloa revisará Acuario que Quirino Ordaz dio a su primo. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-sinaloa-revisara-acu ario-que-quirino-ordaz-dio-su-primo
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 1 de marzo de 2023.
Diputados: Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica), Johana Montserrat Hernández Pérez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a transparentar el estado que guardan las concesiones mineras vigentes y las solicitudes en trámite de las mismas que se encuentran en territorios con comunidades indígenas, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, diputada Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía, para que transparente el estado que guardan las concesiones mineras vigentes y las solicitudes en trámite de concesiones mineras que se encuentran en territorios con comunidades indígenas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió dejar insubsistentes las concesiones mineras de la empresa minera Almaden Minerals; con lo cual, el máximo tribunal de la nación confirmó que las autoridades mexicanas debieron haber realizado una consulta previa a las comunidades indígenas de Tecoltemi, Puebla, como lo exige nuestra Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de siete años de litigios judiciales, las comunidades indígenas de Tecoltemi, Puebla consiguieron que la Suprema Corte les diera la razón, al invalidar las autorizaciones que el Gobierno federal le había dado a la empresa de capital canadiense, para la explotación minera en terrenos adyacentes a dichas comunidades.
Es importante precisar, que se trata de la primera ocasión en que nuestro máximo tribunal resuelve invalidar una concesión minera por incumplir con el requisito de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, que sufrirán afectaciones con la operación de la concesión minera otorgada.
Como consecuencia de lo anterior, la resolución tomada por la Suprema Corte de la Nación, posibilita cancelar todas las concesiones que hayan sido otorgadas por las autoridades competentes, cuando omitan cumplir con la obligación de consulta a las comunidades indígenas afectadas.
Las concesiones otorgadas en los años 2003 y 2009, abarcaban 14 mil 229 hectáreas de terrenos adyacentes a las comunidades indígenas, quienes se enteraron, vía transparencia, en el año 2015, que dichos terrenos se encontraban concesionados para explotación minera a favor de la empresa Almaden Minerals.
La empresa canadiense proyectaba abrir una mina a cielo abierto para extraer oro y plata; situación que generó preocupación entre la comunidad indígena, pues les inquieta que con la operación de la concesión minera sufran de escasez de agua; además de tener fundados temores por la devastación ambiental que se habrá de generar la mina, debido a lo invasivas que resultan para el medio ambiente y los ecosistemas la operación de las minas a cielo abierto.
Al respecto, es importante señalar que tanto la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía en conjunto con la empresa minera, argumentaban que la consulta se debía realizar hasta que se conociera el programa de explotación y no antes de la expedición de los títulos de concesión; lo cual, resulta violatorio a la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como atinadamente resolvió nuestro máximo tribunal.
Sin embargo, la resolución deja la posibilidad de que la concesión pueda volverse a otorgar, pues ordena a la Secretaría de Economía llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada, para estar en posibilidades de emitir nuevamente la concesión recurrida.
Sin lugar a dudas, la resolución a favor de la comunidad de Tecoltemi, servirá para guiar las resoluciones de los tribunales mexicanos en casos similares que se encuentran litigando otras comunidades indígenas de nuestro país, garantizándose así que toda concesión minera que otorgue el gobierno mexicano deberá contar con la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas afectadas.
En este sentido, la presente proposición con punto de acuerdo, busca exhortar a la Secretaría de Economía para que transparente el estado que guardan las concesiones mineras vigentes y las solicitudes en trámite de concesiones mineras que se encuentran en territorios con comunidades indígenas, con la finalidad de tener claridad de cuántas comunidades indígenas en todo el país se encuentran en una situación similar a la de Tecoltemi.
Con lo anterior, se busca que las comunidades indígenas puedan conocer de una manera práctica y transparente si las autoridades federales han otorgado una concesión para la extracción mineral o si existe una solicitud de concesión minera, en terrenos adyacentes a sus comunidades, con la única finalidad de que se encuentren en posibilidad de defender sus intereses.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, para que transparente el estado que guardan las concesiones mineras vigentes y las solicitudes en trámite de concesiones mineras que se encuentran en territorios con comunidades indígenas.
Referencias:
https://avispa.org/scjn-cancela-concesiones-de-la-minera -almaden-minerals-en-tecoltemi-puebla/
https://elpais.com/mexico/2022-02-16/la-suprema-corte-ca ncela-dos-concesiones-mineras-en-tecoltemi-en-una-decision-inedita.html
https://centroprodh.org.mx/sididh4_0/2023/03/01/sentenci a-de-scjn-detiene-concesion-minera-en-ixtacamaxtitlan-fundar/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo 2023.
Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a sus homólogas estatales a realizar operativos en caminos, carreteras y puentes con la finalidad de acabar con las irregularidades y abusos por parte de operadores de grúas respondientes de accidentes y percances en vías de comunicación, a cargo de la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Macarena Chávez Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 6, numeral 1 fracción I; y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, y a sus homólogos estatales para que se realicen operativos en caminos, carreteras y puentes con la finalidad de acabar con las irregularidades y abusos por parte de operadores de grúas respondientes de accidentes y percances en vías de comunicación. Con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El abuso del que son víctimas particulares y operadores del autotransporte en las carreteras de todo el país, tanto federales como estatales, es al día de hoy una plaga. Los operadores de grúas quienes abusan y las autoridades que extorsionan, y además actúan con total impunidad, representan junto con la crisis de inseguridad a nivel nacional uno de los frenos más importantes para el desarrollo de la economía nacional, pues los costos de esta situación suma decenas de miles de millones de pesos, los cuales pegan directamente en la industria del autotransporte, y de manera indirecta a todo tipo de empresas que tiene la necesidad de transportar materias primas, productos, equipo y maquinaria.
A pesar de que a nivel federal existe un tabulador de grúas como parte de los servicios que regula la SCT, en la realidad el servicio de grúas, arrastre y maniobras de varios tipos, además de los abusos en patios de corralones, son campo para la corrupción, el abuso y la impunidad por parte de los mismos operadores, y de algunos elementos de las policías, federales, estatales y en algunos casos por parte de elementos de la guardia nacional.
Así también el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con una página en que se pretende auxiliar a los quejosos de los servicios de grúas, “Inconformidad por el cobro excesivo por la prestación del servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos” 1 es parte de las opciones que se ofrecen para hacer denuncias y demandar soluciones para los inconformes, pero a pesar de ello, las quejas encuentran oídos sordos, pues las acciones se encuentran ausentes y todo queda en discurso.
Los operadores de vehículos de carga y particulares en vehículos de uso personal y familiar acusan que algunos elementos de seguridad federal, elementos de la policía estatal y en ocasiones hasta elementos de la guardia nacional proceden a llamar grúas a los sitios de los percances vehiculares sin el consentimiento de los involucrados en los casos en que el accidente o percance no constituye una afectación a las capacidades cognitivas de los operadores por lo que se encuentran en perfectas condiciones de conciencia y de toma de decisiones, con lo que se evidencia una clara colaboración entre las empresas de grúas en forma de contubernio para llevar a cabo cobros excesivos por maniobras de salvamento, enganche y arrastre de los vehículos, lo que se presta a casos de extorsión.
A pesar de que varias de estas empresas de grúas presentan características y comportamientos propios de una mafia, continúan operando y se jactan de tener relaciones de poder con funcionarios de y personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), funcionan a través de oficinas fantasma en diversos municipios en varios estados del país.
Las denuncias de moches que se reparten a autoridades de los tres niveles de gobierno les permiten seguir operando en la impunidad, actualmente estas empresas enfrentan denuncias vigentes por abusos en las descabelladas cuotas de servicios de enganche, arrastres y traslados, aunado a ello se mantienen en ocasiones a sujetos a proceso por denuncias constituidas por delito de robo de autopartes de vehículos que son desvalijados en los depósitos clandestinos estas empresas mantienen para sus fraudes.
Esta situación se ha convertido en palabras de los mismos operadores en una psicosis, pues muchas veces se tiene una mayor certeza de que las policías de diferentes corporaciones y de la guardia nacional, representan una mayor amenaza en relación a la delincuencia, pues estos cuentan con uniforme, placa y operan a la luz del día y en contubernio con los operadores de grúas quienes hacen de su posición un nicho de poder en el que los cobros exorbitantes por servicios de arrastre, maniobra y enganche rondan las cantidades absurdas.
Los empresarios en general, pero sobre todo los de la industria del transporte reportan a la par de las empresas aseguradoras que, el cáncer que representan los abusos antes mencionados, está elevando los costos del transporte de mercancías y otros servicios pues sin mediar una petición por parte de los operadores de las unidades de transporte de carga, son coaccionados a aceptar los servicios de grúas completamente fuera de la justa dimensión del percance y con costos que rondan en ocasiones por encima de los 100,000.00 pesos sumándose a las cantidades que algunos elementos de corporaciones estatales y federales exigen para dejar en paz a los trabajadores del volante y a los particulares.
Todos los gastos antes mencionados terminan por repercutir en los costos de las mercancías o en una disminución en las utilidades para empresarios, además de una reducción en la calidad de los servicios y un aumento en los tiempos de entrega, lo cual nos lleva a que el pagano final es el consumidor y por lo tanto la economía en general.
Corrupción, contubernio e impunidad son la causa y la consecuencia de este fenómeno, es deber nuestro como sociedad y como legisladores representantes de los intereses de la ciudadanía formar un todo para frenar esto, pues al final del día todos los mexicanos trabajadores y honrados somos ciudadanos de este hermoso país.
Por lo tanto y con base en los argumentos expuestos, es que someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, exhorta a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, y a sus homólogos estatales para que se realicen operativos en caminos, carreteras y puentes con la finalidad de acabar con las irregularidades y abusos por parte de operadores de grúas respondientes de accidentes y percances en vías de comunicación.
Nota:
1 https://www.gob.mx/tramites/ficha/inconformidad-por-el-cobro-excesivo-por-la-prestacion-del-servicio-auxiliar
-de-arrastre-arrastre-y-salvamento-y-o-deposito-de-vehiculos/SCT2857#:~:text=Opciones%20para%20realizar%
20tu%20tr%C3%A1mite&text=V%C3%ADa%20telef%C3%B3nica%20(informes)%3A%2057239300%20extensi%C3%B3n%2020272.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2023.
Diputada Macarena Chávez Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a promover el inicio de operaciones de la terminal aeroportuaria de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ante la quiebra de Aeromar, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.; somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
Que, en el año de 2017 en conjunto y cooperación, el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), habilitó el Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, como terminal aérea mixta con operaciones civiles y militares, promoviendo con ello la conectividad aérea y el desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec y el sureste del país.
Que, la habilitación del Aeropuerto de Ixtepec, en el Estado de Oaxaca, inició operaciones civiles con vuelos de la aerolínea Aeromar con la ruta MEX-IZT-MEX, lo que inicialmente permitió beneficiar a más de 15 mil pasajeros al año.
Que, la habilitación de esta terminal aérea mixta, fue el resultado de una inversión superior a los 370 millones de pesos, recursos federales que permitieron contar con la ampliación y renovación del edificio terminal; un nuevo Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI); nueva torre de control y equipamiento; calle de rodaje, ampliación a una posición adicional en plataforma; estacionamiento para automóviles y accesos a edificio terminal; además de la construcción de un nuevo acceso monumental; oficinas de despacho militar; estación meteorológica; rehabilitación de vialidades internas y colocación de cercado para protección de fauna.1
Es oportuno señalar que inicialmente se pretendía inaugurarla en 2017, sin embargo, el atraso de operaciones se pasó para el año 2018, esto como consecuencia del sismo de 2017 que afectó severamente la región del Istmo de Tehuantepec.
La torre de control original, fue drásticamente dañada por el sismo, por lo cual fue necesario se reconstruyera, ahora la torre tiene más de 29 metros de altura y el edificio terminal con diseños y materiales antisísmicos.
La entrada en operaciones del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, surge como una necesidad de fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria de la región sur del país, en particular fortalecer el desarrollo de la zona del Istmo de Tehuantepec.
Para 2021 el Aeropuerto de Ciudad Ixtepec registró un total de 170 frecuencias, con una oferta de 9,877 asientos y una ocupación del 32.56%.
Los usuarios de la ruta se dividen en 90 % correspondían al segmento de negocios y el 10 % a turismo de placer y familiar.2
Asimismo, las operaciones aeroportuarias en Ixtepec fortalecerían el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec abonando al desarrollo del país.
Que, los destinos turísticos de Oaxaca representan un mercado atractivo y de alta rentabilidad, por lo que entre 2015 y 2019 incrementaron en un 77% el número de asientos disponibles en todas las rutas a este estado, teniendo el Aeropuerto de Ixtepec un incremento considerable.
Ese incremento fue el resultado de la ampliación de frecuencias, en la ruta comercial de Aeromar al aeropuerto de Ixtepec, beneficiando a grandes y pequeños empresarios que aciertan en ese destino una extensa gama de oportunidades, consolidando a la entidad como destino recreativo, turístico y de negocios.
Sin embargo, el día 15 de febrero de 2023, la aerolínea Transportes Aeromar, S.A. de C.V, comercialmente conocida como dejó de volar desde y hacia la Ciudad de México, en diversas rutas como; Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapa Zihuatanejo, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa, en México; La Habana, en Cuba; y Laredo, Texas, y McAllen, Texas, en Estados Unidos, particularmente la preocupación de la suscrita se centrará en la ausencia de operaciones de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
Es por ello que, la preocupación de empresarios, industriales y comerciantes del Istmo de Tehuantepec es un tema que se debe compartir por parte del gobierno federal con la finalidad de recuperar la conectividad aérea que se perdió con la cancelación de operaciones de Aaeromar.
Más aun reconociendo que el sector industrial ha estado confirmando su confianza en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec respaldando las acciones del gobernó en el desarrollo del Istmo que se mira como un gran avance en el desarrollo económico en el sur sureste de México.
Algunos empresarios han declarado su preocupación al citar que; “Es grave y altamente dañino para el comercio y la industria que en pleno proceso de ejecución de los programas y planes gubernamentales”, orientados al desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “pierda la conexión aérea no sólo con la Ciudad de México, sino con otras entidades del país.”3
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en la medida de sus alcances y facultades, realice gestiones que permitan el inicio de operaciones de la terminal aeroportuaria de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ante la quiebra de Aeromar.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en atención a las necesidades de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se establezcan mesas de negociación con distintas aerolíneas mexicanas para establecer Slots de vuelos en Ciudad Ixtepec Oaxaca.
Notas:
1. https://www.gob.mx/sct/
2. https://www.americanindustrialmagazine.com/
3. https://oaxaca.eluniversal.com.mx/
Dado en la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2023
Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, en coordinación con la SICT, a destinar recursos para ampliar la carretera Saltillo-Monterrey y la autopista Monterrey-Saltillo, para fortalecer y agilizar la actividad comercial de la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La carretera Saltillo-Monterrey y la autopista Monterrey-Saltillo son dos vías de comunicación muy importantes para la región, pues por éstas, transitan cientos de personas diariamente entre los estados de Nuevo León y Coahuila, además de que se ha convertido en un corredor fundamental para el sector empresarial.
No obstante, factores como el auge empresarial de la región y el aumento poblacional han complicado la circulación vial de la zona, pues diariamente los vehículos particulares, los camiones de pasajeros o el transporte de carga que viajan por esta ruta se tienen que enfrentar a los embotellamientos que se llegan a presentar.
Según el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2022, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el corredor Monterrey-Saltillo se posicionó en el primer lugar nacional de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de la población de la región.1
Nuevo León es la ciudad más competitiva de México, según el Índice de Competitividad Urbana. Le siguen Saltillo, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México y su zona metropolitana (Valle de México).
De igual manera, el estudio revela que en el Valle de México, Monterrey y Guadalajara poseen un 43 por ciento más de sectores económicos que en el resto de las ciudades evaluadas, lo cual les otorga la categoría de ciudades con mayor diversidad económica. Saltillo se ha posicionado como una de las ciudades con un alto crecimiento económico, así como un importante sector para grandes empresas.
Según datos de la Secretaría de Economía, las exportaciones de Saltillo en 2022 fueron de 2,477 millones de dólares, en donde predominan los partes y accesorios de vehículos automotores (US$912M), piezas para motores de combustión alternativa, combustión interna rotativa o encendido por compresión (US$340M) y asientos convertibles o no en camas y partes (US$274M).2
En 2022, las ventas internacionales de Monterrey ascendieron a 5,348 millones de dólares, destacando los productos como remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes (US$437M), cerveza de malta (US$425M) y jugos de frutas o jugos de frutas y vegetales (US$283M).3
El auge empresarial de la región se suma a la entrada de la empresa norteamericana Tesla, que, según algunos analistas las Zonas Metropolitanas de Saltillo y Monterrey se unirán en una sola macro región industrial, por lo que el futuro del corredor de la autopista y carretera libre que une a Nuevo León y Coahuila tiene que adaptarse a una nueva realidad.
La autopista de cuota Saltillo-Monterrey es la más reciente, pues se inauguró el 9 de noviembre de 2009 por el presidente en ese momento, sin embargo, al ser de peaje, es la que menos utilizan las personas de la región, debido a su costo actual de 130 pesos mexicanos.
Mientras, que la carretera Monterrey-Saltillo fue construida en mil 933 con recursos de coahuilenses y regiomontanos, impulsada por la Cámara de Comercio local y la Asociación Mexicana Automovilística, que ofrecía ciertos servicios de tránsito a sus miembros, pagando su cuota anual de diez pesos, entre los cuales destaca la entrega de gasolina y lubricantes en cualquier parte de la ciudad.4
Aunque existen dos autopistas entre los municipios de Saltillo y Monterrey, la movilidad en la región es muy complicada debido a los altos costos de una autopista de cuota y lo estrecha que es la carretera federal, que es la que utiliza la gran mayoría de personas que necesitan trasladarse de un sitio a otro.
Ante la apertura de una empresa a nivel internacional como tesla, es necesario contar con un sistema carretero que cumpla con la demanda empresarial y de todas las personas que viven en la región. Sería sumamente útil ampliar las autopistas que conectan Monterrey y Saltillo, ya que serían esenciales para el funcionamiento industrial de la zona.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destinen recursos suficientes para ampliar la carretera Saltillo-Monterrey y la autopista Monterrey-Saltillo cuota, a fin de fortalecer y agilizar la actividad comercial de la región.
Notas:
1 Milenio, Área Monterrey-Saltillo es líder de zonas para invertir. Consultado a través de: https://www.milenio.com/politica/comunidad/area-monterrey-saltillo-es-l ider-de-zonas-para-invertir
2 Data México, Saltillo. Consultado a través de: https://datamexico.org/es/profile/geo/saltillo
3 Data México, Monterrey. Consultado a través de: https://datamexico.org/es/profile/geo/monterrey
4 Gobierno de Santa Catarina, NUESTRA HISTORIALa carretera Saltillo-Monterrey y la autopista Monterrey-Saltillo son dos vías de comunicación muy importantes para la región, pues por ellas transitan cientos de personas diariamente entre los estados de Nuevo León y Coahuila, además de que se ha convertido en un corredor fundamental para el sector empresarial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de marzo de 2023.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ciudad de México a implementar mecanismos de colaboración con la alcaldía Cuauhtémoc, con el propósito de garantizar a las y los vecinos de la calle Versalles a vivir en un entorno sano y seguro, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada federal Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con la información emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del 2019 a 2022, se han tramitado más de 350 mil peticiones de la condición de refugio, particularmente de naciones de América Latina y El Caribe como es el caso de Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador y Guatemala, pero también de Brasil, Chile y Nicaragua.
La presión que enfrenta el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación por la cantidad de trámites que realiza se demuestra con la cifra más reciente que corresponde a solo el mes de enero de 2023 cuando se recibieron 12 mil 863 solicitudes en contraste con las 5 mil 834 de enero de 2022 y 6 mil 497 de enero de 2021.
Recientemente las personas vecinas que viven cerca de las instalaciones de la Comar ubicada en Versalles 49 colonia Juárez en la Ciudad de México, han reportado que varios grupos de migrantes pernoctan fuera de la comisión afectando directamente a las personas que radican en la zona quienes obstruyen el paso y prohíben que las y los vecinos puedan transitar libremente por la banqueta, además de que en ocasiones las y los migrantes se colocan en la entrada de las vivienda prohibiendo la entrada y salida de los hogares de los vecinos.
Sin dejar de mencionar que el hacinamiento de migrantes ha impedido que la economía local fluya e incremente debido a que estos, orinan y defecan en el mismo lugar donde se quedan a pernoctar generando con ello un ambiente desagradable para las personas que acuden a los locales comerciales que se encuentran en la zona.
Sabemos que nuestro país tiene un papel fundamental en el tema migratorio ya que se desarrollan diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.
Reconocemos que las personas migrantes tienen derecho a solicitar asilo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 constitucional, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.
Sin embargo, este artículo igual señala que; el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades ... de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
En este sentido es importante mencionar que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, establece en su artículo 10 fracción IX que:
Artículo 10. A la Secretaría (de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México) le corresponde la prevención de la Comisión de Infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía vigilen, custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento a las personas probables infractoras y contará con las siguientes atribuciones:
I. a VIII. ....
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos sobre la materia a las áreas de inclusión y bienestar social en el traslado de las personas que pernocten en la vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas de asistencia social.
Sin dejar de mencionar que el artículo 28 fracción II del mismo ordenamiento, señala que se infraccionará a quien:
Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica.
Ninguna de estas manifestaciones cumple con lo que está ocurriendo en los alrededores de la Comar ya que la situación de estos migrantes se ha convertido en una situación de hacinamiento debido a que no cuentan con las condiciones mínimas para pernoctar en la vía pública a la espera de su turno.
Estos hechos han desencadenado una serie de anomalías que permiten que los migrantes en espera de la respuesta por parte de la autoridad realicen una serie de acciones contrarias a la ley, ya que migrantes o refugiados tienen cómplices en la toma de calles quienes son proveedores de cartones a modo de camas, por vendedores de comida a toda hora del día sin las más mínimas condiciones de higiene, incumpliendo lo establecido en el artículo 29 fracción XIV, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México la que señala que son infracciones contra el entorno urbano de la ciudad, colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios.
La venta de comida ha hecho que las personas migrantes lleguen a enfermar debido a la ingesta de alimentos preparados sin la más mínima higiene, por lo cual, al no contar con sanitario o espacio para poder hacer las necesidades, estas la realizan a la intemperie creando así un foco de infección que genera olores desagradables que llega perturba a los vecinos y a los comercios de calles aledañas, afectando principalmente las calles de Versalles, Lucerna y el parque Giordano Bruno. Además de que las personas migrantes no respetan la propiedad privada al orinar paredes y cortinas de comercios afectando económicamente a las y los vecinos, toda vez que estos acontecimientos impiden que se restablezca el flujo turístico y el repunte económico de la zona, además de que bloquean la entrada a sus domicilios afectando el derecho de personas que habitan en el lugar.
No podemos omitir que la presencia de los migrantes al exterior de la Comar, deja entrever una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades ya que en el lugar se encuentra niñas y niños hijos de migrantes quienes en ocasione duermen en los lugares donde hacen sus necesidades, creando un ambiente nocivo para la salud de los infantes, además de que los pañales y la basura generada la dejan sobre las banquetas proliferando la inmundicia en la zona, por ello la importancia de considerar el reubicar la Comisión a una zona donde cuente con la infraestructura adecuada que permita atender la solicitudes de las personas migrantes que solicitan refugio en nuestro país, sin afectar las zonas aledañas ni a sus habitantes.
Otro punto que no podemos dejar de señalar, es que las personas migrantes se han convertido en un blanco, por parte de bandas que cruzan migrantes, los denominados “polleros”, quienes con engaños los acechan, con la promesa de agilizar sus trámites o ayudarles a cruzarlos a Estados Unidos. La importancia de atender esta problemática es evitar que se repita el caso de migrantes muertos por asfixia o que terminen sirviendo al crimen organizado.
Por ello con el propósito de salvaguardar el derecho de los vecinos a vivir en un entorno seguro y sano, por lo que el gobierno de la Ciudad de México debe tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con la alcaldía, para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para que los vecinos vivan en ambiente propicio de bienestar. Por ello tengo a bien presentar la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a implementar mecanismos de colaboración con la Alcaldía Cuauhtémoc, con el propósito de garantizar a las y los vecinos de la calle Versalles a vivir en un entorno sano y seguro.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a reubicar en albergues, refugios y casas de migrantes a las personas migrantes que permanecen al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), respetando en todo momento sus derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2023.
Diputada Gabriela Sodi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos estatales a realizar la creación e instalación de los Sistemas para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Hace más de dos mil trescientos años, en la antigua Grecia, cuna de la cultura y las artes, el filósofo Platón mencionaba “Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro ”1 . Esta frase es trascendental e históricamente válida ya que, de todos los filósofos griegos, es justo el trabajo ideológico de Platón el que de manera más intacta ha prevalecido a través de los años y llegado a nuestros tiempos. Esta idea engloba la intención genérica de la propuesta que hoy se expone, y que se basa en la construcción de un país con mejores condiciones de inclusión social para las personas con discapacidad, a sabiendas de que, el bienestar de todos los integrantes de nuestra sociedad, significa un país con mejores condiciones de desarrollo social para todos sus habitantes.
Que, de acuerdo con información publicada por el INEGI, en 2020, obtenida por la realización del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en México residían 126,014,024 personas; se menciona que la prevalencia de discapacidad junto con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional es de 5.69% (7 168 178), de éstas, un total de 5,577,595 (78%) tienen únicamente discapacidad, 723,770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 295 (8%) tienen, además de algún problema o condición mental, una discapacidad y 264,518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.2
Del total de personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental, es decir, de los 7,168,178 personas, 2.9 millones reportan que caminar, subir o bajar, así como ver, aun usando lentes, son las actividades con mayor dificultad para su realización y hablar o comunicarse es la actividad menos reportada con 945 mil habitantes, por último, este informe señala que las personas que declaran algún problema o condición mental representan casi 1.6 millones de habitantes.2
La integración en la sociedad de las personas con discapacidad, siempre con un enfoque de derechos humanos y en combinación con medidas específicas, constituye la estrategia clave para lograr la inclusión. Se debe garantizar su participación en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social con el fin de abatir la desigualdad y fomentar una cultura inclusiva.3
La imperfección humana en cuanto a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos del cuerpo, ha creado para las personas con discapacidad una historia contrastante, en algunas sociedades trágica y en otras completamente magnífica. En las sociedades más primitivas, las personas con discapacidad, al no poderse valer por si mismos, y sobre todo, al no poder realizar las actividades necesarias para su subsistencia, eran asesinados en virtud de su nula contribución para la prosperidad del grupo social.4
En Mesoamérica la historia de la discapacidad es completamente diferente, muy al contrario de las culturas europeas, aquí quienes la padecían eran considerados divinidades y eran sujetos de todo tipo de privilegios y de culto religioso, pero también (dependiendo de la cultura de la que se hable), existía el contraste de atribuir la discapacidad a fenómenos astrológicos, mitos y castigos divinos.5
De acuerdo con un estudio de la Fundación Adecco, en España, se menciona que en el siglo XV aparecen las primeras instituciones denominadas manicomiales, mismas que como su propio nombre indica, eran recintos con fines discriminatorios, segregadores y estigmatizantes, por lo que en nada ayudaron a la integración de Personas con Discapacidad a la sociedad, ya en el siglo XX se crean los primeros centros de educación especial, pero desde una perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la dependencia social y económica de estas personas. Esta tendencia a la protección paternal se ve reforzada tras la II Guerra Mundial, con la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas de las heridas de guerra, y por primera vez, algunas personas con discapacidad fueron consideradas héroes.6
En la segunda mitad del siglo XX se empiezan a forjar los primeros lobbies de asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender sus derechos. Poco a poco, las personas con discapacidad van empoderándose y adquiriendo más presencia en la agenda política. En España, en el año 1982 se produce un punto de inflexión con la aprobación de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), hoy llamada Ley General de la Discapacidad, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no es hasta la década del año 2000 cuando comienza a abandonarse la perspectiva asistencial y paternalista para evolucionar hacia un nuevo enfoque en el que la persona con discapacidad cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades, si se le brindan los apoyos necesarios.7
Que el 13 de diciembre del año 2006, fue aprobada por el pleno de Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, misma que entró en vigor el 3 de mayo del año 2008. En dicha Convención quedó señalado en el primero de sus articulados que el propósito de dicha Convención era el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.
Que, en el mismo instrumento, en el numeral 4 del artículo 16 de la Convención, se estableció que Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.8
Que en mayo del 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.9
Así también en su artículo tercero, dicha ley señala que corresponde a los Gobiernos de los Estados de la República, entre otros organismos, la observancia de dicha ley y la gestión de los recursos y acciones necesarias para el alcance de los objetivos ahí señalados.9
Que, para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a su pleno desarrollo y al empoderamiento de las mismas a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social, señalando que las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.9
Cabe destacar que en el transitorio séptimo de la promulgación de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se señala que todos los entes competentes deberían desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en dicha Ley, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención.9
Que el pasado 9 de marzo del presente año, el poder ejecutivo del estado de Hidalgo, encabezado por su Gobernador Julio Menchaca Salazar, realizó la instalación del primer Sistema Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es hacer valer los derechos de las Personas con Discapacidad que vienen señalados en la Ley General, y que han venido siendo materia de política pública desde la entrada en vigor de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo del 2008.
Que con ese acto, el Gobierno de Hidalgo hace realidad una meta más de la lucha por la igualdad y la no discriminación, generando un punto a través de la cual los luchadores sociales, las familias y las personas con discapacidad pueden aportar sus esfuerzos para que en coordinación con el Estado y la sociedad civil, se logre la anhelada integración de las Personas con Discapacidad en la sociedad, sin ánimos paternalistas y en búsqueda de que estas personas alcancen en justas proporciones la independencia y autosuficiencia humana que necesitan.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a los poderes ejecutivos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la creación e instalación de los Sistemas para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
Notas:
1. https://posgrado.unam.mx/filosofia/pdfs/Plat%C3%B3n_DI%C3%A1logos%20V.p df
2. Dirección de Comunicación Social del INEGI, comunicado de prensa número 713/21, 3 de diciembre de 2021, Páginas 4/5.
3. Noticias ONU. (2020). Una guía para respetar los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia de coronavirus. https://news.un.org/es/story/2020/04/1473702
4. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/gomez_m_v/capitul o3.pdf
5. Idem.
6. https://fundacionadecco.org/blog/que-es-la-discapacidad-evolucion-histo rica/
7. Idem.
8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. D. R. © Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segunda Edición diciembre, 2020
9. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo del 2023
Diputada Mónica Herrera Villavicencio (rúbrica)