Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a elaborar protocolos y campañas de visibilización que erradiquen la discriminación de personas LGBTTTIQA+ en el deporte y se promueva su inclusión, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo en materia de no discriminación de las personas LGBTTTIQA+ en el deporte, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En su artículo cuarto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, además que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia . La misma norma fundamental, en su artículo primero, garantiza a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, imponiendo a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de dichos derechos sin discriminación.

Sin embargo, este derecho fundamental no es gozado de la misma manera por todas las personas, siendo este el caso de la comunidad LGBTTTIQA+, quienes debido a la discriminación histórica que enfrentamos nos vemos excluides de todo tipo de actividades deportivas.

De acuerdo con el artículo “El colectivo LGTBI en el deporte como objeto de investigación sociológica”1 el deporte históricamente ha sido un lugar de dominación masculina, que se caracteriza por su heterosexualidad, desarrollo físico y poca afectividad y donde el deporte es uno de los pilares de la dominación androcéntrica, hostil a la participación de gays y lesbianas.

Una revisión llevada a cabo en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña2 , mediante la cual se analizaron los datos de diversas publicaciones, reporta estadísticas alarmantes:

• De 93,079 adultos LGBT (mayores de 18 años) de 28 países, casi la mitad (42 %) confesaron que evitan los clubs deportivos por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por su orientación sexual o identidad de género.

• En referencia al deporte recreativo, las personas trans prefieren los deportes y actividades individuales que los deportes de equipo.

• En el ámbito profesional, tanto los entrenadores y entrenadoras como el colectivo de deportistas pueden sufrir discriminación si se identifican como persona LGBT o no se comportan según los mandatos de género propios de su sexo.

• En las sesiones de educación física, las personas estudiantes-deportistas LGTBIQ+ tienen el doble de probabilidades que sus homólogos heterosexuales de ser acosados, ignorados o excluidos deliberadamente de las actividades deportivas de equipo. Este hecho genera que la población LGTBIQ tenga entre dos y tres veces más de probabilidad de sufrir ansiedad y depresión y casi el 14 % intentará autolesionarse o suicidarse.

La cadena alemana Deutsche Welle, realizó una publicación titulada Homofobia en el deporte: la discriminación sigue ganando el partido3 donde la idea central es que “Los jugadores y jugadoras no se atreven a decir que sienten atracción por personas del mismo sexo, pues “temen que puedan ser considerados deportistas de segunda categoría, o levantar sospechas sobre sus capacidades técnicas””4 y que “si la salida del clóset de un deportista profesional sigue siendo noticia es precisamente porque son pocos, [...] los que se atreven a hablar públicamente de su orientación sexual o identidad de género”5 . Lo que hace esta publicación tan interesante y me lleva a citarla en este documento, es que recoge testimonios de diversas personas que han “salido del closet” en el ámbito deportivo y han sufrido consecuencias negativas por ello, pero además, recoge la importancia de la visibilidad, de la necesidad de que con educación, sensibilización y política, “algún día las puertas del deporte profesional estarán abiertas para las personas LGBTI”6 .

México es un país que lamentablemente se encuentra afectado por una cultura altamente machista, sobre todo en lo relacionado con el ámbito deportivo, donde los atletas de las minorías sexo diversas se ven enfrentados a críticas y burlas si revelan esa condición o incluso cuando no son parte de esta comunidad, pero sus expresiones de género no coinciden con lo que esa cultura machista y patriarcal considera socialmente aceptable.

Es necesario decir que en el caso de las personas trans, este contexto es todavía más violento, no solo en el ámbito social sino también en el ámbito de las autoridades, donde muchas veces se ven impedides de participar en actividades deportivas a nivel profesional porque su identidad de género no corresponde al sexo de nacimiento, con lo que se enfrentan a la decisión de hacer su transición de género y tener que abandonar el deporte profesional para siempre o no hacer la transición y vivir las consecuencias de no poder alcanzar su realización personal.

Se debe promover una cultura de inclusión deportiva, que fomente la noción de que las personas LGBTTTIQA+ no somos diferentes de ninguna otra persona y que tenemos los mismos derechos, por lo que nuestra orientación sexual y/o expresión de género no deben ser una limitante para cualquier práctica deportiva.

Haciendo una revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que se busca:

1. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

2. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas; y

3. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.

Para el cumplimiento de lo anterior, el ordenamiento legal contempla el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), como órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones.

Dentro de las atribuciones del SINADE se encuentran:

• Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte en el ámbito nacional;

• Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE;

• Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad;

• Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte.

Asimismo, la Ley contempla una Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, creada para el combate de la violencia y discriminación en el deporte, un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los Órganos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, esta tiene entre sus facultades:

• Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, así como de propiciar la cultura de paz con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;

• Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte

En función de todo lo anterior, es que considero que el Estado Mexicano cuenta con una estructura organizacional con facultades bien definidas que le permitirían promover la inclusión de las personas LGBTTTIQA+ en el deporte y que en virtud de la generalidad de esta ley que deriva de un mandato constitucional, podrían coordinar estos esfuerzos en los tres niveles (federal, estatal y municipal) y con entes privados.

El 19 de febrero, se conmemora a nivel internacional el Día contra la homofobia en el deporte, este día fue elegido en memoria del nacimiento del futbolista inglés Justin Fanashu, quien en 1990 declaró públicamente su homosexualidad y quien lamentablemente se suicidó en 1998 derivado del acoso recibido por su sexualidad.

Es por ello, que no quiero dejar pasar este día, para exhortar a las autoridades deportivas a que hagan lo necesario para que estas acciones sean erradicadas de manera definitiva del ámbito deportivo, protejamos la vida de las personas LGBTTTIQA+ y su derecho a la actividad deportiva sin miedo.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta a la persona titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que promueva al interior del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la elaboración de protocolos y campañas de visibilización y sensibilización que erradiquen la discriminación de personas LGBTTTIQA+ en el deporte y promuevan su inclusión.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta a la persona titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, de acuerdo con las facultades legales de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, promueva que las campañas de divulgación que lleven a cabo contemplen la erradicación de la violencia y discriminación que se ejerce contra las personas LGBTTTIQA+.

Notas:

1. Moscos, J. y Piedra, J. El colectivo LGTBI en el deporte como objeto de investigación sociológica. Estado de la cuestión. España, 2019, Revista Española de Sociología, Consultable en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElColectivoLGTBIEnElDeporteC omoObjetoDeInvestigaci-7365730.pdf, [consulta: 10 de 02 de 2023].

2. Rovira-Front y Villanova-Soler. Salud mental y contexto deportivo: una revisión sistemática. [en linea], Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Consultable en: https://www.redalyc.org/journal/5516/551669887001/html/, [consulta: 10 de 02 de 2023].

3. DW. Homofobia en el deporte: la discriminación sigue ganando el partido, [en línea], Alemania, Consultable en: https://www.dw.com/es/homofobia-en-el-deporte-la-discriminaci%C3%B3n-si gue-ganando-el-partido/a-53972599, [consulta: 10 de 02 de 2023].

4. Ídem.

5. Ídem.

6. Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a fortalecer el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres del Inmujeres, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión y Diputadas y Diputados Federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al titular Rogelio Ramírez de la O, a que, fortalezca el programa “Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)” del Instituto Nacional de las Mujeres, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nacio?n hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los a?mbitos pu?blico y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de ge?nero y la lucha contra toda discriminacio?n basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden pu?blico e intere?s social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Según cifras reportadas en 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México vivían 128 millones de personas, 65.5 millones eran mujeres (51.2 por ciento), de las cuales más de 50.5 millones (77.1 por ciento) tenían 15 años y más de edad.

La mayor parte de las mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.1

Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78.7 por ciento), Ciudad de México (76.2 por ciento) y Querétaro (75.2 por ciento), mientras que la entidad federativa con menor prevalencia es Chiapas.

De acuerdo con la Endireh 2021, la prevalencia de violencia (de cualquier tipo a lo largo de la vida) contra las mujeres de 15 años y más en México, muestra que aquellas que experimentan mayor violencia son: las que residen en áreas urbanas (73.0 por ciento); de edades entre 25 y 34 años (75.0 por ciento); quienes cuentan con un nivel de escolaridad superior (77.9 por ciento) y las que se encuentran separadas, divorciadas o viudas (74.0 por ciento).2

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento), la violencia física (34.7 por ciento) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 por ciento).3

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, elaborado por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Analizando previamente los datos de las mujeres que sufren violencia, es necesario exigir que se garanticen los recursos suficientes para el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) en beneficio de las mujeres mexicanas. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) debe aumentar la cantidad destinada a las mujeres y a la equidad de género para que el Instituto ejecute más políticas públicas. El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desglosa los recursos que las Secretarías y otras Instituciones asignan para la igualdad entre mujeres y hombres.4

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) es la institución con la experiencia suficiente para ayudar al resto de las instituciones de la Administración Pública Federal a imprimir esta perspectiva de género en las políticas públicas . No obstante, su presupuesto fue limitado en 2022 con poco más de 873 millones de pesos, que es solo 0.8 por ciento mayor que el aprobado para 2021.

Este organismo, promueve y encauza el cumplimiento de la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres e impulsa la erradicación de la violencia contra las mujeres. Su objetivo institucional es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres.

Mediante esta institución es cómo se puede mejorar la calidad de vida de las mujeres por medio de ejecutar políticas públicas para beneficiarlas, para ello es necesario que se destinen más recursos al Instituto Nacional de las Mujeres.

Las políticas públicas que ejecuta el Instituto Nacional de las Mujeres son:

- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024

- Bolsa de Trabajo INMUJERES

- Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)

- Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para las entidades federativas.

- Programa “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

- Campañas Nacionales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

- Suplemento TODAS: la revista que promueve la igualdad de género mediante la investigación referente a la situación de las mujeres.

- MujerExportaMx: ruedas de negocios para fomentar a las empresarias.5

El programa social que queremos fortalecer es el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), ya que que convoca a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), para que impulsen proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos, que contribuyen a la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, a través de prevención y atención.

El embarazo adolescente y la violencia sexual son problemáticas que se deben atender desde múltiples perspectivas y con acciones interinstitucionales, intergubernamentales e interdisciplinarias muy bien coordinadas.

- El embarazo, también implica una problemática de salud pública, al traer complicaciones en las niñas y adolescentes, con consecuencias durante el embarazo y el parto que pueden ocasionar la muerte, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que nos dice que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos.

De acuerdo con los datos que muestra la estadística de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 se registró un total de 2,162,535 embarazos en México, de los cuales el 17.5 por ciento (378,444) corresponden a madres menores de 20 años. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2018, hay 2.3 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años por cada 1,000 de este grupo de edad.

Para formar parte del programa, el Instituto lanza una convocatoria con bases de Participación de FOBAM, en la que participan las 32 entidades federativas. Su presupuesto para el programa en 2022 fue de 5,496,474.18 millones de pesos. Mientras que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) pueden acceder al monto máximo de 549,647.49 pesos. Por ello es que se busca fortalecer el programa mediante la ampliación presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al titular Rogelio Ramírez de la O, a que, fortalezca el programa “Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)” del Instituto Nacional de las Mujeres.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de 2023 de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 2023. Presupuesto de Egresos de la Federación. Recuperado el 10 de febrero de 2023 de

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PP EF2022/qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf

5 Gobierno Federal. 2023. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Recuperado el 10 de febrero de 2023 de https://www.gob.mx/inmujeres

Salón de sesiones, a 15 de febrero de 2023

Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de ésta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica, caracterizada por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación.

Referirnos al espectro autista es hablar de un grupo de particularidades, ya que existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con este trastorno.

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que uno de cada 160 niños vive con TEA, en México esa relación es de uno por cada 115, es decir, en nuestro país 400 mil niñas y niños aún viven con el fantasma del estigma que durante décadas ha sido el trastorno del espectro autista.

En el año 2007 la Asamblea General de la ONU instauró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de destacar la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los aspectos sociales.

En la Resolución aprobada por la Asamblea se recalcó que en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los niños con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, encondiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su participación activa en la comunidad, así como su goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niño.

Por otro lado, se invita a todos los Estados Miembros a que observen debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno; y alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de los niños con autismo.

En 2007 México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con su Protocolo Facultativo, por lo cual nuestro país reconoce que los niños y niñas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y las libertadas fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, teniendo las personas con discapacidad y sus familias el derecho a recibir protección y asistencia por parte del Estado.

En el marco normativo nacional, el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista establece los derechos de las personas con esta condición y sus familias, entre los cuales se encuentran gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución y recibir el apoyo y protección de sus derechos por parte del Estado.

Aceptar la invitación de la ONU para adoptar medidas de concientización sobre el TEA implica tomar acciones de visibilidad sobre los niños, niñas y adolescentes que viven con este trastorno, sus familias y el personal especializado que coadyuva a su adecuado desarrollo y atención.

Una forma de tomar acción es iluminar de azul los diferentes edificios gubernamentales a lo largo del país ya que el color azul es uno de los símbolos más representativos del autismo. La explicación más aceptada es que el azul es el color del mar, haciendo un paralelismo entre el mar y las personas con autismo por dos motivos: ambos suelen ser calmados y tranquilos, pero en ocasiones pueden descontrolarse; y ambos albergan un mundo interior muy rico que todos quisiéramos conocer.

Desde el año 2008, diferentes edificios públicos y monumentos emblemáticos de México y el mundo se han iluminado de azul en conmemoración a este Día Mundial, sin embargo, no se ha logrado que todos los Congresos locales iluminen cada año sus edificios sedes para visibilizar el TEA en nuestro país.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a los Congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que el próximo 2 de abril iluminen de color azul sus edificios sedes para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a los Congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que el próximo mes de abril realicen diversas actividades y campañas informativas sobre el Trastorno del Espectro Autista en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, febrero de 2023.

Diputada Carolina Dávila Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la UIF a investigar los presuntos delitos del orden federal cometidos por el ciudadano Genaro García Luna, a fin de promover la procuración de justicia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Impunidad en México

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 elaborada por el Inegi, refiere que durante 2021 en México existieron 22.1 millones de personas víctimas de algún delito lo que implica una tasa de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes.1 Según esta la Envipe 2022, en 2021 se cometieron al menos 28.1 millones de delitos lo que significó un costo nacional estimado de 278 mil millones de pesos.2

Por su parte, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, en nuestro país, en promedio, el 93.6 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian y de cada 100 delitos que se denuncian sólo 14 son resueltos.3 Durango es el estado en donde existe más impunidad ya que el 97 por ciento de las denuncias no se resuelven.4 Por su parte, en Veracruz el 96 por ciento de las denuncias no se resuelven.5

Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91 por ciento de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.

Además, según el Índice Global de Impunidad 2020, México cuenta con sólo 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes mientras que los demás países de este índice registran 17.83 jueces por cada 100,000 habitantes. En otras palabras, existen muy pocas personas juzgadoras en nuestro país. Lo anterior ha generado que México ocupe el lugar 60 de 69 países que integran el Índice Global de Impunidad 2020.6

Por su parte, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial.7 Como resulta evidente, la impunidad es uno de los principales problemas de nuestro país.

II. Antecedentes de Genaro García Luna

Genaro García Luna desempeñó diversos cargos en la Administración Pública Federal de nuestro país, especialmente en labores de inteligencia y seguridad pública. del más alto nivel. García Luna comenzó su carrera en labores de seguridad pública en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) , órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto adscrito a la Secretaría de Gobernación en donde desempeñó múltiples cargos.8

En 1999 García Luna se incorporó a la Policía Federal Preventiva, la cual hoy está extinta.9

En el 2000 fue designado como el Coordinador de Inteligencia para la Prevención dentro de la Policía Federal Preventiva. Posteriormente, en el año 2001 fue nombrado como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

De 2006 a 2012 fungió como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Durante dicha administración, en junio de 2009, con la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Policía, se creó oficialmente la Policía Federal de lo cual los primeros cinco años de la gestión de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Después de su salida del Gobierno Federal, Genaro García Luna se desempeñó como director de GLAC Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas de seguridad, política y economía.

El 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Dallas, Texas García Luna acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa para operar libremente en México y por falsedad de declaraciones. Actualmente Genaro García Luna, está siendo juzgado en Estados Unidos de América.

III. Vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico y juicio en Estados Unidos de América

A mediados de enero de 2023 comenzó en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn el juicio de Genaro García Luna. Dentro de este caso, se han desahogado varios testimonios clave que afirman que García Luna sostenía estrechos vínculos con grupos de delincuencia organizada mientras fungía como alto funcionario en materia de seguridad pública.

El primer testigo en este caso fue Sergio Villarreal alias “El Grande”. En su declaración admitió haber tenido nexos con el exfuncionario desde hace más de 20 años cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox, además, precisó que García Luna tenía una participación importante con este grupo criminal ya que admitió haber sido testigo de la entrega de sobornos hacia el funcionario. Asimismo, “El Grande” señaló que a partir de 2004, la facción de los Beltrán Leyva y García Luna se reunían en promedio una vez al mes en una casa de seguridad cerca de Perisur en la Ciudad de México para entregar sobornos a García Luna de hasta 1 millón de dólares para permitir las operaciones del cártel de Sinaloa.

“El Grande” colaboró durante años con el cártel de Los Beltran Leyva y declaró en contra de Luis ángel Cabeza de Vaca quien era jefe de la policía del Estado de Morelos y que incluso le facilitó un helicóptero para poder escapar de operativos en su contra en 2008.

Otro de los testimonios clave es Oscar Nava Valencia alias “El Lobo” quien fue ex integrante del Cártel de Sinaloa y fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2011 por delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud. El 30 de Enero declaró haber pagado cerca de 10 millones de dólares en sobornos a García Luna por permitir las operaciones ilícitas y por coordinar envíos de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia al aeropuerto de la Ciudad de México.10

De igual manera señaló que en 2006 diversos narcotraficantes pagaron 2.5 millones de dólares por permitir que “hubiera seguridad para todos.”11 Otro de los nexos con el narcotráfico es Harold Poveda Ortega alias “El Conejo” que fue considerado uno de los mayores proveedores de cocaína del Cártel de los Beltrán Leyva y fungió como enlace entre la agrupación delictiva colombiana “ Él Cártel del Norte del Valle” y el “Cártel de Sinaloa” con el fin de producir más de dos toneladas de cocaína en México.12

“El Conejo” fungió como el enlace entre el Cártel del Norte del Valle, agrupación delictiva colombiana y el Cártel de Sinaloa a fin de introducir mensualmente más de dos toneladas de cocaína a México. Durante el Juicio de García Luna declaró haber ofrecido un pago de 500 mil dólares a dos comandantes de la Policía Federal para que liberaran a dos integrantes de su familia después de una mansión del Desierto de los Leones. Asimismo, “El Conejo” declaró que fue obligado a tocar balas, armas y paquetes de cocaína que no eran suyos para construir pruebas.

Otro de los testigos que ha destacado es Jésus Zambada alias “El Rey” hermano Ismael Zambada “El Mayo” conocido principalmente por ser líder de una facción importante del Cártel de Sinaloa. Este personaje se encargaba del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos mediante barcos, submarinos y aviones. De igual manera controlaba el narcomenudeo en estados como Guerrero, Oaxaca y la zona metropolitana de la Ciudad de México, además declaró que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos13 y de igual manera haber sobornado al general Gilberto Toledano más de 100 mil dólares por órden del Chapo Gúzman.

“El Rey” también declaró haber pagado personalmente sobornos al comandante de la PGR de la Ciudad de México, a la entonces policía Federal de Caminos, a la Policía Judicial Federal, a autoridades militares y a la propia INTERPOL. Recalcó que los sobornos mensuales para funcionarios de la Ciudad de México ascendían a más de 300 mil dólares por mes.

El líder de la Organización de la organización “Los Valencia”, Óscar Valencia Nava ha declarado frente al juicio en EE.UU. en contra de Genaro Garcia Luna quien recalco los diversos sobornos Multimillonarios que se realizaron para que el en ese entonces para el jefe máximo de la seguridad en México, cuyo objetivo era presuntamente ayudar a los narcotraficantes en diversas ocasiones.

Uno de los testimonios clave es Edgar Veytia alias “El Diablo” que se desempeñó como Fiscal General del Estado de Nayarit de 2013 a 2017 y fue uno de los hombres de mayor confianza de Roberto Sandoval, detenido actualmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, declaró que García Luna goza de una credibilidad más que dudable e inclusive acusó al ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos por proteger cárteles de la droga a cambio de sobornos, en su testimonio mencionó haberse reunido con García Luna y su mano derecha “Cardenas Palomino” .

Finalmente, la fiscalía proporcionó la información ante el juicio que, a cambio de dinero García Luna por lo que permitió que el Cártel de Sinaloa tuviera operaciones con impunidad en México y ayudó a los traficantes a transportar drogas de manera segura y sin la intervención de las fuerzas de la ley hacia Estados Unidos, inclusive llevó ataques contra carteles rivales. Durante las cuales se presentaron diversas pruebas y a decenas de testigos, entre ellos ex miembros del Cártel de Sinaloa y otros narcotraficantes.

IV. Necesidad de juzgar a García Luna en México

Es fundamental que el C. Genaro García Luna sea juzgado en México por los delitos que cometió en nuestro país. Por ello, exhortamos a la persona titular de la Fiscalía General de la República a que investigue y persiga los presuntos delitos del orden federal cometidos por el ciudadano Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

De igual manera a fin de combatir la impunidad que existe en México y la corrupción sistemática se exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar del ciudadano Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Fiscalía General de la República a que investigue los presuntos delitos del orden federal cometidos por Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a que investigue los presuntos delitos del orden federal cometidos por el Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

Tercero. La Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar de Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.

Cuarto. La Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar de Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.

Notas:

1 INEGI. (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE). INEGI. Recuperado de: <?? ??https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ENVIP E/ENVIPE2022.pdf >

2 ídem. p.1

3 Impunidad Cero. (2023). El tamaño de la impunidad en México. Impunidad Cero. Recuperado de: <https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/ >

4 ídem.

5 ídem.

6 Le Clercq y Rodríguez. (2021). índice global de impunidad. Escalas de impunidad en el mundo. Recuperado de: <https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP. pdf >

7 impunidad y Acceso a la Justicia, retomado de: https://pbi-mexico.org/es/themes/impunidad-y-acceso-la-justicia#:~:text =Según%20el%20Índice%20Global%20de,México%20quedan%20en%20la%20impunida d.

8 Expansión Política. (2023). ¿Quién es Genaro García Luna? Expansión Política. Recuperado de: <?? https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/17/quien-es-gerardo-garcia -luna>

9 ídem.

10 El financiero. (2023). Óscar Nava Valencia, El Lobo que dominaba el narcotráfico en Michoacán. El financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/30/quien-es-el-lobo-os car-nava-valencia-narco-genaro-garcia-luna/

11 El financiero. (2023). Juicio a Genaro García Luna: ‘El Lobo’ Valencia afirma que le entregó 10 mdda cambio de protección. El Financiero. Recuperado de:<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/30/juicio-a-gen aro-garcia-luna-el-lobo-valencia-afirma-que-le-entrego-10-mdd-a-cambio- de-protección/

12 ídem.

13 El Universal. ¿Quien es Jesus “El Rey” Zambada , el testigo clave en el juicio de Genaro García Luna. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-es-jesus-el-rey-zambada-el- testigo-clave-en-el-juicio-de-genaro-garcia-luna?amp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al INM a hacer pública la forma de participación del venezolano Sady Loaiza en el rediseño de los libros de texto gratuitos, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo tercero constitucional al respecto señala que:

(La educación) será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

Nuestra norma suprema no deja a duda el carácter de la educación, al señalar que la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica. Lo que implicaría la no intervención de extranjeros en el diseño de libros y demás materiales que determinan lo nacional de la educación

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Educación establece:

Artículo 9. Las autoridades educativas, ...realizarán entre otras, las siguientes acciones, proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos

Artículo 2. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la Secretaría en los términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto.

Artículo 84. ...Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación . Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso; así como autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria.

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione;

Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

Esta ley es particularmente precisa al señalar que las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto. Asimismo, que la elaboración de libros de texto son mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

En lo particular, la presente proposición pretende exhortar a diversas dependencias de la Administración Pública Federal garantice la consulta, que no haya la intervención de extranjeros en el diseño de los libros de texto.

Segunda. De acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Mtro. Sady Arturo Loaiza Escalona fue Director de la Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Bibliotecas de Venezuela y destaca en su labor la creación de salas de pensamiento crítico, las cátedras de escritura creativa, programas de investigación, así como las actividades para personas con discapacidad visual. Fue miembro de ABINIA (Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica) y de IFLA (Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios) además de desempeñarse como coordinador de la plataforma de pensamiento, patrimonio y memoria del Ministerio para la Cultura de Venezuela.

Es desde enero de 2022 es subdirector en la SEP y encabeza el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos; además, funge como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos.

De la nota en el periódico Reforma, titulada “De Venezuela a la SEP: ¿quién es Sady Loaiza, el chavista que rediseña los libros de texto?”, se pude leer que en 2016 participó en el reparto de “Morrales Hugo Chávez” con los colores de la bandera del país sudamericano, a estudiantes del colegio José Ignacio Cabrujas; asimismo, participó en miles de marchas y campañas de defensa del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro.

Está misma fuente afirma que Loaiza Escalona llegó a la SEP por invitación de Marx Arriaga Navarro, Dirección General de Materiales Educativos, con quien actualmente rediseña los textos gratuitos de primaria y secundaria. Loaiza y Arriaga actualmente escriben textos en ediciones de la Dirección General de Materiales Educativos, como sucede en “Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro”.

Tercera. Con respecto a este asunto, la Constitución General de la República prevé en el artículo 33. “...Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.”

El trabajo del ciudadano venezolano Loaiza al ser subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, esta directamente relacionado con el diseño de los libros de texto y materiales pedagógicos.

El señor Loaiza ejerce el cargo de subdirector sin que se conozca su estatus migratorio.

Al respecto la Ley de Migración prevé que son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano la complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

Asimismo, el artículo 40 de esta Ley prevé que los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

Visa que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas.

Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se inscriba en el Registro Civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización, sólo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito algún convenio en la materia.

Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a cuatro años.

Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, y realizar actividades remuneradas conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 52 de esta Ley.

Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer de manera indefinida.

¿Qué tipo de visa tiene el señor Loaiza?, ¿está vigente su visa?, ¿hasta dónde llega su intervención en la Secretaría de Educación Pública?

Cuarta. Por otra parte, la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o. establece que los trabajadores serán de confianza o de base. Son trabajadores de confianza los directores generales y los subdirectores generales; los directores y subdirectores adjuntos; los directores y subdirectores de división.

Es decir, el ciudadano venezolano es trabajador de confianza para la ley.

El estatus del señor Loaiza como trabajador burocrático en su calidad de subdirector estaría violando la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el artículo 21, fracción I:

“La persona titular de la Dirección General será designada por la presidenta o el presidente de la República, o a su indicación a través de la coordinadora o coordinador de sector por el órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

Por lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo, en relación al asunto que nos ocupa, en su artículo 7o. prevé que, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos

Por lo que se puede desprender de lo motivado en la presente proposición es necesario que el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona deje de interferir en el diseño y elaboración de los libros de texto gratuito por lo que se pudiera presumir una intervención en política en nuestro país.

Por lo motivado, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que haga pública las actividades que realiza el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona con respecto de los libros de texto, que pudiese constituir una injerencia al sistema educativo nacional en el diseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta al Instituto Nacional de Migración refiera a esta Cámara haga público suficientemente y veraz sobre el tipo de visa y vigencia con la que ingreso y permanece en territorio nacional el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona con el objeto de determinar la legalidad de las actividades que realiza como subdirector en la Secretaría de Educación Pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2023.

Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al TEPJF a designar preferentemente a personas indígenas en la integración de la Defensoría Pública Electoral y en la titularidad de la misma, a cargo de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez y Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben diputado Alfredo Vázquez Vázquez y diputada Evangelina Moreno Guerra, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Introducción

En nuestro país, la constitucionalización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se presentó de manera acotada con la reforma de 1992 cuando en el artículo 4o. constitucional se reconoció por primera vez la diversidad pluricultural del Estado mexicano. Posteriormente, en 2001, se aprobó la Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena , enmarcada por las fuertes movilizaciones de mayor reconocimiento, modificando sustancialmente la condición jurídica de los pueblos indígenas, destacando la incorporación del principio de la libre determinación en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna. Reforma constitucional con candados jurídicos que imposibilitan hoy en día el pleno ejercicio de distintos derechos ya reconocidos en la propia legislación nacional e internacional.

A ello debemos agregar que, con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales en materia indígena, tanto del sistema universal como del sistema interamericano en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, deben ser considerados tal y como lo expresa el artículo 1o. Constitucional.

Sin embargo, a pesar de dicho cuerpo normativo de carácter constitucional y convencional en materia indígena, actualmente los pueblos y comunidades indígenas presentan una serie de barreras y desafíos que hacen nugatorio el ejercicio de sus derechos. Sobre ello, se da cuenta en el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a México en 2017 ,1 el cual señala los grandes retos en materia de derechos humanos que enfrentan las y los indígenas de nuestro país, como son: tierras, territorios y recursos naturales; megaproyectos y consulta; violencia y acceso a la justicia; la participación política, la falta de indígenas en espacios de toma de decisiones, entre otros.

Sin lugar a duda, es de sobra conocido que la agenda indígena es muy amplia y todos los temas revisten importancia para los pueblos indígenas, por ello, una vez aclarado esto, el presente punto de acuerdo se limita a plantear sucintamente sobre el estado actual de la representación política indígena y su acceso a la justicia electoral en el ámbito federal.

2. La subrepresentación política de los pueblos indígenas y su acceso a la justicia electoral

En los últimos años, las instituciones del Estado mexicano mediante acciones afirmativas o compensatorias pretenden superar la poca presencia que tienen los pueblos indígenas en los órganos de deliberación política, como son los casos del Poder Legislativo federal y los congresos locales. Claro ejemplo del primero, son las candidaturas indígenas vía acción afirmativa implementadas para las diputaciones federales en los comicios federales de 2018 y 2021, que cabe mencionar, hubo complejidades en cuanto a su instrumentalización por el tema de la usurpación de candidaturas indígenas.

Estas acciones afirmativas indígenas o cuotas en el ámbito político-electoral, permiten a los pueblos y comunidades indígenas tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin que ello implique una discriminación en contra del grueso de la población por la brecha existente. No obstante, la lucha de los pueblos indígenas para ser parte en los procesos deliberativos no ha sido fácil, lo que ha obligado a tener que judicializar sus derechos político-electorales ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Por otro lado, no debemos soslayar el avance significativo que se tiene en la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, persiste una serie obstáculos para acceder a una verdadera justicia electoral intercultural, puesto que existe un desconocimiento sobre la forma en que los pueblos indígenas ejercen y recrean su derecho a la participación y representación política. En suma, una gran parte de los operadores jurídicos siguen apelando al monismo jurídico y a las lógicas jurídicas de un Estado etnocentralista, siguen con su interpretación monocultural y no consideran las visiones del “otro”.

En este mismo sentido, ante legislaciones acotadas el reconocimiento de los derechos indígenas y ante la necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos, el servicio público de defensa jurídica que presta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una pieza clave para salvaguardar de los derechos políticos indígenas, por ello, debe fortalecerse y renovarse, hoy día se requiere de una Defensoría Pública incluyente y plural, cercana a los pueblos y comunidades indígenas, así como al resto de grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es preferible que los miembros de los pueblos indígenas integren y presidan las instituciones que atañen a sus derechos e intereses, sobre todo, si se toma en cuenta que el mosaico cultural se integra por 68 pueblos indígenas y el afromexicano y, que de acuerdo con datos oficiales del INEGI aproximadamente 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país.

En cuanto a la prestación del servicio de defensoría pública, en agosto de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reformó su Reglamento Interno,2 a fin de crear una nueva Defensoría Pública Electoral, el cual extiende sus servicios a otros grupos en situación de vulnerabilidad para la protección de sus derechos político-electorales. Entre otros cambios relevantes, es el procedimiento de selección de la persona titular de la Defensoría Pública Electoral a través de concurso público, que también será aplicable para la designación de las y los defensores que pretendan integrarla, sin embargo, con independencia de los esquemas de profesionalización necesarios para ocupar esos cargos públicos, es deseable que esos espacios sean ocupados por los miembros de los pueblos indígenas, como parte de su lucha histórica y legítima en la reivindicación de sus derechos como “pueblo”.

Asimismo, este planteamiento tiene su fundamento en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al señalar que los espacios institucionales de toma de decisiones en el que se tratan o resuelven asuntos indígenas deberían participar o estar al frente de ellos, las personas indígenas. De no ser así, estaríamos hablando de la vigencia en el Poder Judicial del indigenismo, es decir, de la práctica mediante la cual personas no indígenas, ocupan los espacios, deciden y piensan en nombre de los indígenas. Dicha práctica denota, además de racismo, la persistencia de un fenómeno que los indígenas de México luchan por erradicar.

Finalmente, es importante destacar que durante los meses de enero a marzo de 2023 se llevará a cabo el proceso de selección de las y los defensores que integrarán la nueva Defensoría Pública Electoral en términos de la Convocatoria emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.3

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno del H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que designe preferentemente a personas indígenas en la integración de la Defensoría Pública Electoral y en la titularidad de la misma.

Notas:

1. Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, 2018. Disponible en https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/2018-mexic o-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf (consultado el 07/02/2023).

2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5661787&fecha=19/08/ 2022#gsc.tab=0 (Consultado el 05/02/2023).

3. Convocatoria disponible en: https://www.te.gob.mx/formulario/registroDefensoria2022/convocatoria (Consultado el 05/02/2023).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica), diputada Evangelina Moreno Guerra

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León a realizar un procedimiento de verificación de cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, e implementación de medidas de seguridad, administrativas y técnicas, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien el impuesto predial es la contribución más importante para la hacienda pública de 2455 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lograr su recaudación sigue siendo uno de los grandes retos que enfrenta la mayoría de las administraciones locales en nuestro país.

La importancia del pago del impuesto predial durante el primer bimestre de cada año o ejercicio fiscal, obedece al destino de los recursos a servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques, jardines y su equipamiento y, seguridad pública en materia de policía preventiva y tránsito.1

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en México, el total de los ingresos de los municipios no supera el 20 por ciento del total de sus ingresos; las asignaciones federales y estatales, en suma, representan el 71.5 por ciento de los ingresos municipales totales. En términos del índice de Información Presupuestal Municipal 2018 del IMCO, solo el 1.6 por ciento del total de los ingresos por impuestos es recaudado por los gobiernos municipales, mientras que el gobierno federal recauda 94.2 por ciento del total. De cada 10 pesos que se recaudan a través del impuesto predial en el país, 3.7 provienen de la CDMX y, los municipios que más recaudan el impuesto sobre el patrimonio como porcentaje del producto interno bruto (PIB), estatal son los de los estados de Querétaro, Quintana Roo y Baja California Sur.2

Como puede observarse la mayoría de las administraciones municipales y alcaldías presentan dificultades para hacer efectivo el cobro de este tipo de impuesto progresivo; sin embargo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, en cada ejercicio fiscal implementan diversas estrategias fiscales que traducidos en diversos porcentajes de descuento tienen como finalidad incentivar el pronto pago y la regularización del mismo.

El municipio de Ahome, Sinaloa, aprobó un descuento del 80 por ciento para pensionados, jubilados y personas con alguna discapacidad y, 50 por ciento para propietarios de casa habitación, más el 10 por ciento adicional por pronto pago durante los meses de enero y febrero.3 Guanajuato, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 20 por ciento para quienes paguen durante el primer mes del año4 ; descuentos de hasta el 50 por ciento para las personas de la tercera edad, con discapacidad, jubilados y pensionados; descuentos del 10 y 15 por ciento respectivamente para quienes paguen en febrero y marzo de 2023;5 por citar algunos ejemplos del ejercicio fiscal 2023.

De manera contrastante, las y los habitantes del municipio de Santa Catarina, Nuevo León; han compartido en diversos medios de comunicación digital que, a partir del 29 de septiembre de 2022, han recibido notificaciones de cobro por concepto de adeudo del impuesto predial de la Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal, a través del área de cobranza administrativa, en los términos siguientes:

Aunado a lo anterior, el 11 de enero de 2023, el pleno del Congreso del estado de Nuevo León, aprobó la Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 20235 , publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 4, en la misma fecha. La reforma en comento, adquiere particular relevancia debido a que a la modificación de fondo del artículo 3º que durante el ejercicio 2022, otorgó atribuciones a los presidentes municipales para hacer efectivo el cobro de recargos por mora a los contribuyentes en materia de impuestos y contribuciones. en los términos siguientes:

Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2022.

Artículo 3. La falta de pago puntual de cualesquiera de los impuestos, derechos, contribuciones diversas o aprovechamientos, dará lugar a la imposición de un recargo del 1.2 por ciento (uno punto dos por ciento) por cada mes o fracción que se retarde el pago, independientemente de la actualización y de las sanciones a que haya lugar. Si el pago se efectúa en forma espontánea el recargo será del 1 por ciento (uno por ciento) por cada mes o fracción.6

A partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, el artículo 3º establece sobre el otorgamiento de prórroga, lo siguiente:

Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023.

Artículo 3. Cuando se otorgue prórroga para el pago de impuestos, derechos, contribuciones diversas o aprovechamientos, en los términos del Código Fiscal del Estado, se causarán intereses a razón del 0.8 por ciento (cero punto ocho por ciento) mensual sobre saldos insolutos, del monto total de los créditos fiscales por los cuales se haya otorgado la prórroga y durante el tiempo que opere la misma.7

De manera paralela a la serie de escritos enviados a los domicilios de las personas contribuyentes con fines intimidatorios, de amedrentamiento y terrorismo fiscal; se confirma la falta de confidencialidad de los datos personales de contribuyentes y por ende, el incumplimiento en la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; previsto en los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Nuevo León.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Nuevo León, determina en el artículo 54 como atribuciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, las siguientes:

...

...

...

...

V. Conocer e investigar de oficio o por denuncia, los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a esta Ley y demás disposiciones de la materia y, en su caso, determinar e imponer las medidas de apremio y sanciones , según corresponda, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

VI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables ;

VII. Establecer un listado que contenga la referencia de los sistemas de datos personales en poder de los sujetos obligados y evaluar la actuación de los sujetos obligados, debiendo publicar la metodología que servirá para tal efecto ;

...

...

...

Por lo que, ante la alta vulnerabilidad en el tratamiento de los datos personales por parte de la autoridad municipal de Santa Catarina, considero urgente la intervención de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León, para evaluar la actuación de la Tesorería Municipal de Santa Catarina, respecto de su responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos personales de contribuyentes con de adeudos de impuesto predial.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice un procedimiento de verificación de cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, e implementación de medidas de seguridad, administrativas y técnicas por parte de la Tesorería Municipal de Santa Catarina en el tratamiento de datos personales del padrón de contribuyentes de impuesto predial y, en su caso, determine las sanciones correspondientes.

Notas:

1 Artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Investigación Índice de Información Presupuestal Municipal. Novena Edición, Instituto Mexicano de la Competitividad, 20 de marzo de 2018. https://imco.org.mx/indice-informacion-presupuestal-municipal/

3 Inicia con éxito el programa de descuentos en pago de impuesto predial, 02 de enero de 2023. https://www.ahome.gob.mx/inicia-con-exito-el-programa-de-descuentos-en- pago-de-impuesto-predial/

4 Otorgan descuento del 20% por pago puntual de impuesto predial 2023, 24 de diciembre de 2022, https://www.guanajuatocapital.gob.mx/noticias/otorgan-descuento-del-20- por-pago-puntual-de-impuesto-predial-2023/

5 Invita Ayuntamiento a cumplir con el pago Predial 2023, 3 enero de 2023, Tesorería Municipal, Coordinación Central de Política Fiscal, H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

https://cocoso.tuxtla.gob.mx/2023/01/03/invita-ayuntamie nto-a-cumplir-con-el-pago-predial-2023/
#:~:text=El%20Ayuntamiento%20de%20Tuxtla%20Guti%C3%A9rrez,descuento%20del%2020%20por%20ciento.

6 https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/paquete_fiscal/
ley_de_ingresos_de_los_municipios_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_ejercicio_fiscal_2023/

7 https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/paquete_fiscal/
ley_de_ingresos_de_los_municipios_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_ano_2022/

8 Ibidem.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de febrero de 2023.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo de los 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo a la historia de México, el 5 de enero de 1531 la corona española dispuso que a los territorios que ésta había conquistado en nuestro país se les nombrara provincias o reinos, es así, como al territorio que actualmente ocupa el estado de Jalisco se le llamo Provincia de Nueva Galicia. La cual comprendía en ese tiempo 22 alcaldías y 13 corregimientos.1

La Provincia de Nueva Galicia estaba gobernada en ese tiempo por una Junta Provincial, la cual estaba formada por miembros prominentes de la sociedad, como ciudadanos distinguidos, representantes de la iglesia y militares.

Posteriormente el 4 de diciembre de 1786, el emperador Carlos III expidió una ley mediante la cual se establecían las intendencias en lugar de las provincias, motivo por el cual la provincia de Nueva Galicia se llamaría Intendencia de Nueva Galicia.

El 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara se proclamó a favor de la adopción de la república federal como forma de gobierno. Es por ello que el 16 de junio de 1823, es la fecha en la que se conmemora el nacimiento del Estado “Libre y Soberano” de Jalisco.

El territorio que comprendía el recién proclamado Estado Libre y Soberano de Jalisco, se formaba de 28 alcaldías: Guadalajara, Acaponeta, Ahuacatlán, Autlán, La Barca, Colima, Cuquío, Compostela, Colotlán y el Nayarit y el Corregimiento de Bolaños, Etzatlán, Hostotipaquillo, Lagos, Mascota, Real de San Sebastián, San Blas, Santa María del Oro, Sayula, Sentispac, Tomatlán, Tula, Tepactitlán, Tepic, Tlajomulco, Tequila, Tonalá, Tuxcacuesco, Zapotlán el Grande y Zapopan.

Una vez que Jalisco logró su autonomía, y esta fue reconocida por el Congreso nacional, los miembros de la diputación provincial promovieron por medio de sus representantes en la ciudad de México el federalismo, aquí destacó la labor del futuro primer gobernador constitucional de Jalisco,2 el diputado Prisciliano Sánchez Padilla.

El estado de Jalisco representa actualmente el 4.01 por ciento del territorio nacional y se conforma por 125 municipios, de acuerdo con el Inegi, cuenta con una población de 7,844,830 habitantes, siendo ésta el 87 por ciento urbana y 13 por ciento rural. Jalisco representa a nivel nacional una de las principales economías de nuestro país.3

Por lo anteriormente mencionado, es imprescindible conmemorar en su justa dimensión el pasaje histórico de la formación del estado de Jalisco, pues como se ha señalado reiteradamente por diferentes personajes de la vida pública nacional, historia de la que nos sentimos orgullosos.

Consideramos que una forma de recordar y honrar tan significativo episodio en la historia de nuestro país, es mediante la emisión de un billete de lotería conmemorativo a esta fecha, el cual sería uno de los varios testimonios que, sin lugar a dudas, contribuirán a recordar y honrar este trascendente suceso en la vida de nuestro País.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta, respetuosamente, a la titular de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, directora general de Lotería Nacional, a que emita un billete de lotería conmemorativo por los 200 años de la fundación del estado libre y soberano de Jalisco.

Notas:

1 https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/historia

2 Ibíd

3 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Jal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputada federal Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativa a la crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina en el Estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy día, en el Estado de Jalisco se vive una crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina1 , la cual ha crecido durante la actual administración estatal, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la entidad.2

Esta institución señala que la autoridad responsable, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ha disminuido sus procesos de identificación humana, ya que durante 2022 se han reconocido menos cuerpos de personas fallecidas en comparación con años anteriores, frente a un incremento en el número de personas localizadas en fosas clandestinas.

Ante ello, diversas organizaciones de la Sociedad Civil se han pronunciado al respecto, por ejemplo, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reconociendo que “Jalisco atraviesa por fallas importantes en los procesos para el tratamiento, identificación y disposición final de los cuerpos y restos de personas fallecidas sin identificar” .3

En términos cuantitativos, puede observarse lo anterior descrito, ya que los datos proporcionados por el Gobierno de Jalisco señalan que, durante 2022, se localizaron 301 cuerpos de personas sin identificar en más de 41 fosas clandestinas, un incremento del 44.71% en comparación con 2021, al registrarse en ese año, un total de 280 casos. Este acumulado de dos años (2021-2022), representa únicamente el 40.4% del total entre el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2023, ya que, durante el periodo de tiempo comprendido, se han registrado mil 435 personas fallecidas en 1284 sitios de inhumación clandestinos, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Sin embargo, si se realiza un comparativo entre el número de personas que han sido localizadas en contraste con las que han logrado ser identificadas5 , por parte del IJCF, se aprecia que la diferencia entre estas dos variables ha ido creciendo año con año.

Por ejemplo, al cierre de 2022, de las 301 personas localizadas, únicamente se lograron identificar 133 cuerpos, cifra equivalente al 44.18% del total; por el contrario, para 2021, de los 280 cuerpos hallados en 23 fosas clandestinas, se identificaron 166 personas, es decir, el 55.35%, mientras que, para 2020 y 2019, fue del 54.22% y el 40%, respectivamente, cifras que muestran una tasa decreciente en el número de personas identificadas.

En términos generales, se observa que solo 1 de cada 2 personas localizadas en fosas clandestinas es identificada, ya que de las mil 435 personas registradas solamente 727 logran ser reconocidas, información por la cual se colige que en la entidad se desarrolla la existencia de una crisis forense, puesto que las actuales acciones del Gobierno del Estado han sido rebasadas, producto del incremento en los niveles de violencia y desapariciones en la entidad.

Esto resulta preocupante, dado que el número de personas que se localizan van a la baja a pesar de que se le ha destinado más personal y recursos para la identificación de cuerpos al Instituto Jalisciense de las Ciencias Forenses.

Tal y como puede apreciarse en la tabla anterior, se observa como el presupuesto destinado al IJCF ha incrementado de manera significativa, de 2018 a 2023, un 88.4% en términos reales; no obstante, las acciones de identificación de cuerpos decrecieron, tal y como se ha expuesto. Hechos que evidencian fallas estructurales profundas en las labores de los servicios periciales para la identificación de personas en fosas clandestinas.

Muestra de ello, es lo expresado dentro del “Plan Institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza”6 , el cual indica que, debido a factores como la sobrecarga laboral del personal administrativo y operativo, la resistencia a la homologación de procesos, la falta de homologación de competencia técnica y administrativa, la falta de una base de datos estadística para la toma de decisiones, la falta de trabajo paralelo entre direcciones del Instituto que podrían colaborar de manera conjunta, así como restricciones administrativas, han sido algunas de las amenazas existentes que impiden la operación óptima del IJCF.

Aunado a ello, destaca el inicio de operaciones en 2022 del Centro de Identificación Humana del Estado de Jalisco que, debido a factores como contar con una infraestructura sin concluir, sus acciones no logran traducirse en más identificaciones de cuerpos que en el año 2021 o años anteriores7 .

Esta crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco y las deficiencias en los procesos de identificación de cuerpos, hoy día, representan el síntoma de una problemática de gobernabilidad estructural que afecta sobre todo a las víctimas y sus familiares, puesto que la actual administración del Gobierno del Estado de Jalisco ha modificado en el transcurso de los años su modelo de atención a las familias y colectivos que denuncian esta crisis.

Destacan, por ejemplo, las declaraciones del 2019, donde pese al hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el ejecutivo estatal negó la existencia de una crisis forense;8 incluso las emitidas durante su tercer informe de gobierno en materia de seguridad en 2021, al negar de nueva cuenta una crisis dentro del IJCF,9 así como las emitidas por el coordinador del gabinete estatal de seguridad en 2022, Ricardo Sánchez Beruben, quien rechazó que en el IJCF existiera la falta de insumos o deficiencias en sus procesos.10

En resumen, lo expuesto permite determinar que las acciones del Gobierno del Estado de Jalisco son insuficientes y poco eficientes para detener y controlar esta situación de emergencia, como se ha mencionado con anterioridad, producto de los diferentes tipos de violencia que suscitan en la Entidad, donde el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) concluye que el Estado ha sido rebasado.11

Es por lo anteriormente expuesto, que se requiere por parte del Gobierno del Estado de Jalisco la creación, diseño e implementación de nuevas políticas públicas a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de las autoridades encargadas de la búsqueda, identificación, investigación y atención de las víctimas localizadas en sitios de inhumación clandestina, y que permita que el personal encargado, realice su trabajo con base en criterios técnicos y científicos, sin influencias o injerencias, que dificulten el trabajo óptimo de sus operaciones.

Y en segunda instancia, es que se considera pertinente la creación e instalación de mesas de diálogo donde se aborde esta crisis de identificación de personas, que tenga como integrantes principales a las familias afectadas y organismos de la Sociedad Civil que existen en la Entidad y que denuncian esta situación, con el propósito de discutir las estrategias y los recursos pertinentes para desplegar una política en materia de identificación de personas eficiente para atender la crisis existente en el Estado12 . Así como que se garantice que el IJCF cuente con un personal multidisciplinario, con capacidad técnica y humana, para realizar acciones de identificación humana de personas localizadas en sitios de inhumación clandestinas que se adapten a las necesidades dentro contexto de la crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y de la importancia de atender y dar solución al problema de la crisis de identificación de personas en sitios de inhumación clandestina, es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice de forma pronta y expedita la creación, diseño e implementación de políticas públicas que permitan combatir, de forma eficaz y eficiente, el rezago de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestinos, lo que a su vez permita que las autoridades encargadas en la búsqueda, identificación e investigación de personas sin identificar realicen sus actividades con base en criterios técnicos y científicos que se adapten a las necesidades del contexto de la crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, convoque a mesas de diálogo para atender el rezago de identificación de cuerpos localizados en sitios de inhumación clandestina, que tengan como integrantes principales a las familias de las víctimas y organismos de la sociedad civil que existen en la entidad, con el objetivo de discutir las estrategias necesarias para desplegar una política en materia de identificación de personas que atienda de forma eficiente la crisis forense existente en el Estado.

Notas:

1. Fosas comunes clandestinas.

2. Fuente: https://fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx/
registro-estatal-de-fosas-clandestinas/

3. Fuente: https://www.cepad.org.mx/infodh/crisis-forense/#section-crisis-forense- en-jalisco

4. Fuente: https://fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx/registro-estatal -de-fosas-clandestinas/

5. Persona identificada: Persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente mediante uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física

6. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (2019). “Plan Institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza”, Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 29 de octubre de 2019: Disponible en: https://cutt.ly/b94YQ7K

7. Fuente:https://udgtv.com/noticias/familias-y-expertos-con-informacion-a -medias-de-centro-de-identificacion-humana-en-jalisco/

8. Fuente: https://www.lja.mx/2019/09/desde-aguascalientes-niega-alfaro-crisis-for ense-en-jalisco/

9. Fuente:https://udgtv.com/noticias/familias-de-desaparecidos-ofendidas-a lfaro-niega-crisis-forense-en-jalisco/

10. Fuente:https://www.informador.mx/jalisco/IJCF-Hay-una-crisis-forense-en -Jalisco-Esto-dicen-autoridades-20221128-0162.html

11. Fuente: https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=193253

12. Fuente: https://www.informador.mx/ideas/Mesa-para-los-desaparecidos-20230202-00 23.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para niñas y niños con cáncer, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para niñas y niños con cáncer, así como al gobierno de las 32 entidades de la federación a atender las demandas y exigencias de sus familias, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En los últimos años en México, se ha presenciado la constante denuncia de familiares de pacientes con cáncer, sobre la falta de medicamentos para el tratamiento de dicha enfermedad. Esto se ha agravado con el paso del tiempo. La falta de cualquier medicamento es una situación lamentable que debe de ser atendida por las autoridades responsables.

Esta situación desfavorable afecta a cientos de familias en México, lo que representa un grave riesgo y un problema de salud pública que debe ser atendido. Esto se agrava cuando se trata de enfermedades que pueden afectar la calidad de vida de las personas, e incluso provocar la muerte.

Es necesario reconocer que hay sectores de la población más vulnerables ante estas enfermedades, como lo son las y los niños mexicanos. Sobre los pacientes infantiles de cáncer, se ha presenciado una campaña para hacer ver el problema que existe hoy en día, que es la falta de medicamentos para el correcto tratamiento de esta enfermedad.

Fruto de esta escasez, en octubre de 2022, la fundadora de la asociación civil “Antes de Partir” Mariana Hernández aseguró que el desabasto de medicinas para pacientes con cáncer ha sido motivo de marcas y críticas. Esta situación ha hecho que los tipos de cáncer curables, se conviertan en cáncer terminal.

La falta de medicamentos provoca la cancelación o cambios en los tratamientos de los pacientes. Lo cual agrava la situación de salud de los pacientes. Se trata de una enfermedad que desgasta física y psicológicamente no solo a los pacientes sino también a sus familias.

El cáncer infantil es algo que se debe atender de manera urgente, como prioridad del gobierno federal. En el marco del día internacional del cáncer infantil, es necesario que se lleven a cabo las reasignaciones presupuestales pertinentes, para priorizar la atención de esta enfermedad y el abasto de medicamentos para las niñas y niños que padecen cáncer.

Es necesario dejar de tirar los recursos públicos en obras no prioritarias, para voltear a ver las necesidades reales de la población.

Por este motivo se considera fundamental que, se realicen reasignaciones correspondientes a la adquisición de medicamentos para garantizar el adecuado tratamiento de esta enfermedad, especialmente para niñas y niños.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se realicen las reasignaciones presupuestales que se consideren, para garantizar la suficiencia de medicamentos con cáncer.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y al gobierno de las 32 entidades federativas, a atender todas las demandas de los pacientes de cáncer y sus familiares, sobre el desabasto de medicamentos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura el 16 de febrero de 2022.

Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y al estado de Morelos a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ccomisión Ffederal de Electricidadeletricidad, al gobierno del estado de Mmorelos, así como a los diversos gobiernos municipales del estado de Morelos, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, así como para garantizar este derecho humano y su libre acceso”, en los siguientes términos:

Antecedentes

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido los Derechos Humanos como: “Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.1

Los Derechos Humanos se rigen bajo los principios de universalidad, inalienabilidad (no se pueden enajenar), irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. En México, los Derechos Humanos están consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que es Estado Parte. Entre estos, se encuentra el Derecho al Agua, considerado dentro de la clasificación de segunda generación con un contenido social de carácter colectivo.

3. De acuerdo con el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 instrumento vinculante ratificado por el Estado Mexicano, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado, que nos asegure, entre otras, la salud y el bienestar.

Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar el acceso al agua potable, como medio indispensable para su cumplimiento.

4. El agua es un recurso natural necesario para tener un nivel de vida digno y con salud que coadyuva a las condiciones de existencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.3

5. Mediante decreto publicado el 8 de noviembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos (en adelante SAPAC), como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo se encuentra incorporado al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado de Morelos, en términos del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental Estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca.

6. De 2017 a 2022 se ha acumulado un adeudo histórico del SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los 280 millones de pesos por consumo de energía eléctrica.4

Como parte de los acuerdos, la Directora General del SAPAC se comprometió a pagar en tiempo y forma, el consumo de energía eléctrica que se genere en la actual administración.

Asimismo, en marzo de 2022, en cumplimiento de los acuerdos sostenidos, SAPAC realizó un pago de 18 millones de pesos a CFE con la finalidad de evitar el corte de energía eléctrIca y así evitar una crisis de agua.5

7. El 27 de enero de 2023, al SAPAC tuvo que cubrir un pago de 9 millones de pesos a la CFE, sin embargo, solo se recaudaron 3 millones de pesos. Dada esta situación CFE se ha pronunciado en suspender de energía eléctrica al SAPAC.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido los Derechos Humanos como: “Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición ”.[1]

Los Derechos Humanos se rigen bajo los principios de universalidad, inalienabilidad (no se pueden enajenar), irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

1. En México, los Derechos Humanos están consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que es Estado Parte. Entre estos, se encuentra el Derecho al Agua, considerado dentro de la clasificación de segunda generación con un contenido social de carácter colectivo.

1. De acuerdo con el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2], instrumento vinculante ratificado por el Estado Mexicano, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado, que nos asegure, entre otras, la salud y el bienestar.

Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar el acceso al agua potable, como medio indispensable para su cumplimiento.

1. El agua es un recurso natural necesario para tener un nivel de vida digno y con salud que coadyuva a las condiciones de existencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica ”[3].

1. Mediante decreto publicado el 8 de noviembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos (en adelante SAPAC) , como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo se encuentra incorporado al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado de Morelos, en términos del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental Estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca.

1. De 2017 a 2022 se ha acumulado un adeudo histórico del SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los 280 millones de pesos por consumo de energía eléctrica[4].

Como parte de los acuerdos, la Directora General del SAPAC se comprometió a pagar en tiempo y forma, el consumo de energía electríca que se genere en la actual administración.

Asimismo, en marzo de 2022, en cumplimiento de los acuerdos sostenidos, SAPAC realizó un pago de 18 millones de pesos a CFE con la finalidad de evitar el corte de energía electríca y así evitar una crisis de agua[5].

1. El 27 de enero de 2023, al SAPAC tuvo que cubrir un pago de 9 millones de pesos a la CFE, sin embargo, solo se recaudaron 3 millones de pesos. Dada esta situación CFE se ha pronunciado en suspender de energía eléctrica al SAPAC.

Consideraciones

1. Por lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, se encuentra el Derecho Humano al Agua, México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se reconoce:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25, numeral 1).

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo XI).

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11 y 12).

1. En noviembre de 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ,6 adoptó la observación general N° 15, en la que se estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna.

2. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua limpia y el saneamiento, son esenciales para la realización de los demás derechos humanos.7

La resolución 64/292, a través de la que se hace este reconocimiento, exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a propiciar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, por medio de recursos financieros, capacitación y transferencia de tecnologías.

3. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación8 el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

De las modificaciones realizadas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que sea parte.

4. El párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿,9 establece que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”

Como ya ha quedado establecido, el derecho humano al agua debe de ser garantizado por el estado para asegurar, entre otras: a) un nivel de vida adecuado; b) Satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene; y c) reducir el riesgo de enfermedades.

5. En el año 2015, nuestro país se comprometió a cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030.

Dentro del Objetivo 6 denominado “Agua Potable y Saneamiento”,10 las instituciones del Estado Mexicano están comprometidas con lograr que todas las personas tengan accesos al agua potable, que contribuya a tener una mejor calidad de vida, con salud digna y reduzca las condiciones de pobreza.

6. Actualmente, en el municipio de Cuernavaca se ha vulnerado el libre acceso al suministro de agua potable a través del corte del citado suministro de dicho recurso natural.

Estos cortes se han dado por la falta de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento, por la falta de pago de las administraciones municipales anteriores, situación que vulnera el derecho de los cuernavaquenses a disfrutar de un sistema de abastecimiento y una adecuada gestión del agua.

7. Existen antecedentes de la implementación de mecanismos para la condonación de deudas históricas por concepto de consumo de energía eléctrica:

a) Convenio entre el gobierno del Estado de Tabasco y la CFE para reducir la deuda de usuarios domésticos, impulsado por intervención de Legisladores Federales de distintos grupos parlamentarios de 2018 a 2021.

b) Artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en el que se establece la condonación de adeudos a los organismos públicos prestadores de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a implementar los mecanismos y programas necesarios para condonar al cien por ciento el adeudo histórico por consumo de energía eléctrica d el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, a continuar explorando la implementación de mecanismos y acciones en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, relativas a solucionar el corte del suministro de agua, garantizar el derecho humano al agua y su libre acceso, a través de la reanudación del servicio de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad; al gobierno del estado de Morelos, a través del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del estado de Morelos, y; a los gobiernos municipales de Morelos, en su caso, a través de sus Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones que garanticen el derecho humano al agua y su libre acceso.

Notas:

1 Naciones Unidas. Disponible en: https://www.un.org/es/global-issues/human-rights#:~:text=Los%20derechos %20humanos%20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquier%20otra%20cond ici%C3%B3n. Consultada: 08 de febrero de 2023.

2 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-economic-social-and-cultural-rights Consultada: 12 de febrero de 2023.

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

4 Rubicela Morelos Cruz. Diciembre, 2022. Periódico La Jornada. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

5 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Marzo, 2022. Comunicado disponible en https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023

7 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 64/292 emitida el 28 de julio de 2010. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang= S Consultado: 08 de febrero de 2023.

8 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 #gsc.tab=0 Consultada: 12 de febrero de 2023.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

10 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Consultada: 13 de febrero de 2023.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputado Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la Cofepris a dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto, en materia de medicamentos genéricos, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2022, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los medicamentos genéricos son aquellos creados para ser igual a uno de marca ya comercializada en cuanto a su dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad, características de rendimiento y uso previsto, por esta razón un medicamento genérico funciona igual y proporciona el mismo beneficio clínico que su versión de marca. Actualmente México es el segundo mercado más grande de América Latina en materia de medicamentes genéricos y el principal exportador de estos en la región.

En los últimos años el uso de medicamentos genéricos ha tenido un crecimiento importante entre la población. De acuerdo con algunas estimaciones 9 de cada 10 medicamentos que se consumen en nuestro país son genéricos, de estos, el mercado privado representan el 72% del volumen total, mientras que en el mercado público el 28 %1 .

Este consumo de medicamentos genéricos obedece principalmente a la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país, lo que dificulta el acceso a los servicios de salud y medicamentos tan necesarios para garantizar una mayor calidad de vida. Se estima que entre 2018 y 2020 la población con carencia por acceso a los servicios de salud paso? de 20.1 a 35.7 millones de habitantes.

Con el fin de dar más opciones de acceso de medicamentos a la población país, el entonces senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 225, 226 y 226 bis 1 de la Ley General de Salud para establecer la obligación por parte del emisor de la receta médica de prescribir los medicamentos en su denominación genérica y, si lo desea, indicar la denominación distintiva.

Con esta esta propuesta se buscaba contribuir a mejorar la economía de los hogares mexicanos ante la problemática que implica el tener acceso a los medicamentos destinados para tratar enfermedades y así cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, acerca de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.

La iniciativa fue aprobada y turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República el 21 de octubre de 2021 a la Cámara de Diputados, cuya Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Salud el 28 de octubre del mismo año. El 16 de febrero, en el marco de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad el dictamen de la minuta con proyecto de decreto. En la sesión ordinaria del primero de marzo de 2022 se aprobaron las reformas propuestas por 482 votos a favor y se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. El 30 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En el transitorio segundo del Decreto se estableció lo siguiente “El Ejecutivo federal adecuará los reglamentos y acuerdos que permita proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”2 . El plazo establecido se cumplió el pasado 27 de septiembre de 2022 y para entonces no se habían realizado las adecuaciones señaladas en el Decreto.

A la fecha han transcurrido poco más de 136 días más y siguen sin realizarse los cambios, es decir, el Ejecutivo se encuentra en una falta que es necesario atender, toda vez que los artículos transitorios no solamente forman parte del sistema jurídico, sino como parte del mismo “regulan los actos relacionados con la aplicación de otras normas y la establecen como obligatoria, prohibida o permitida”******[3] , por lo tanto, al no cumplirlos se está faltando a la norma.

Con el fin de exhortar a las autoridades correspondientes de cumplir con este mandato, es que se presenta este punto de acuerdo, cuyo cumplimiento pleno es necesario para garantizar la salud y el acceso a la misma, tal como lo garantiza nuestra Constitución Política.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos genéricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2022.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos genéricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2022.

Notas:

1. INEFAM con datos de IQVIA y Grupo Knobloch.

2. DOF. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647317&fecha=30/03/ 2022#gsc.tab=0

3. Los artículos transitorios. Documento Disponible en: https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-nuevo-le on/derecho/articulos-transitorios/17299365

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días de febrero de 2023

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Morelos a tomar acciones sobre la protección a las y los periodistas que sufren ataques, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Morelos, a la Comisión Estatal de seguridad pública, a la fiscalía general y a la fiscalía especializada en combate a la Corrupción, todas del estado de Morelos, a tomar acciones sobre la protección a las y los periodistas que sufren ataques en el estado de morelos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El periodismo en México vive una de sus peores crisis de los últimos años. Del año 2000 al 2022 la organización artículo 19 documentó 157 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 145 son hombres y 12 son mujeres.

Las cifras sobre los ataques a la prensa y los periodistas asesinados son de gran magnitud y las acciones de protección al periodismo han sido insuficientes y resultan vacías, si desde las más altas esferas del poder público se lanzan ataques, descalificativos, amenazas y denostaciones contra los periodistas y el ejercicio de su profesión y derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con el balance anual que publicó Reporteros Sin Fronteras (RSF), durante 2022 en México fueron asesinados 11 periodistas por alguna relación con su actividad profesional; tres periodistas más que en Ucrania, un país que está en guerra.

Con estas cifras México se sitúa por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo.

Dado el contexto de violencia es de importancia dar seguimiento a todos los casos de periodistas que en el ejercicio libre de su profesión sean amenazados o vulnerados por cualquier persona, más si dichas amenazas son ejercidas por un miembro del poder público.

Así toma relevancia el caso de la fotoperiodista Rosa Eugenia Linares, un reflejo de la persecución que sufren algunas mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión y la discriminación de las madres con hijos con algún tipo de discapacidad.

Desde el pasado 2 de julio de 2022, solicitó la protección del Estado y la esfera de derechos con la que cuenta cada mexicano, debido a que recibió amenazas vía telefónica presuntamente por parte del presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, donde se le exigía eliminar una fotografía publicada en las redes sociales de la periodista donde presuntamente se involucraba al hijo del presidente municipal o de lo contrario, iba a conocer lo que era que se le secuestrara a un hijo.

A pesar de la denuncia de estos hechos, el actuar de las autoridades ha sido insuficiente y a destiempo. Por ejemplo, al solicitar que se le otorgaran las Medidas de Protección a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, esta resolvió siete meses después qué, el Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, atendiera las medidas de seguridad otorgadas para la periodista.

Dichas medidas están fundamentadas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales que enlistan que deberá contar con protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio donde se encuentre en el momento de solicitarlo, entre otras, para salvaguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

Ante el escenario de violencia que aqueja a la prensa en nuestro país es necesario dar la atención puntual y oportuna a cada caso en el que se presuma un atentado en contra de quienes por su profesión como periodistas pudieran estar en riesgo. Hoy, la vida de esta periodista y de su hijo menor edad con discapacidad podría estar en riesgo.

Datos del diario El país,1 detallan que en durante 2022 fue el año más letal en la historia contemporánea de México al registrar 17 asesinatos a periodistas. Asimismo, organizaciones como “artículo 19” señalan que México es el país más peligroso del mundo para ejercer esta profesión aunado a la impunidad para perseguir y castigar estos delitos.

Es momento que desde esta soberanía se señalen las deficiencias de las autoridades encargadas de proteger a nuestros periodistas, quienes son pilar fundamental del ejercicio del derecho a la información de la sociedad y de la libertad de expresión que ejercen como profesionales y como ciudadanos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo para que, en uso de sus facultades y atribuciones, se garanticen las libertades de expresión y prensa de las y los periodistas, así como la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la labor periodística.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice la seguridad e integridad de la periodista Rosa Eugenia Linares, así como de su hijo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, ambas del estado de Morelos, para que garanticen los derechos de la periodista Rosa Eugenia Linares en su calidad de víctima con motivo de las denuncias interpuestas en contra del presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Luis Arredondo López.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos investigue la presunta violación de derechos humanos en contra de la periodista Rosa Eugenia Linares por parte de autoridades del estado de Morelos.

Notas:

1 Diario El País 2023.- México vive su momento más letal para los periodistas.- Página web: https://elpais.com/mexico/2022-12-18/mexico-vive-su-momento-mas-letal-p ara-los-periodistas-desde-que-hay-registros.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura, el 16 de febrero de 2023.

Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar el acceso universal e ininterrumpido de la prueba de tamiz metabólico neonatal, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El tamiz metabólico neonatal ha sido una prueba obligatoria que se realiza a los recién nacidos, desde 1998. Sirve para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico y así puedan ser tratados para prevenir daños irreversibles.

Se ha establecido claramente la importancia en la eficacia de los servicios sanitarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas, la cual depende de la existencia de un conjunto de servicios clínicos y de diagnóstico especializados en un sistema de atención primaria.1

La prueba de tamiz se trata de obtener unas cuantas gotas de sangre en los primeros días del recién nacido, y se manda a analizar a laboratorios para detectar datos que indiquen alguna enfermedad metabólica. Los resultados se obtienen después de siete días. De haber un resultado anormal, se le hacen pruebas confirmatorias que lleven a un diagnóstico lo más pronto posible.2

Existen siete pruebas de tamiz en México:3

1) Escala de Desarrollo Integral del Niño

2) Evaluación del Neurodesarrollo del Neonato (Evanene)

3) Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (Vanedela)

4) Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

5) Prueba de Tamiz del Neurodesarrollo Infantil (PTNI)

6) Cartillas de Vigilancia para identificar alteraciones en el Desarrollo del Lactante (CVDL)

7) Indicadores de riesgo del Perfil de Conductas de Desarrollo (Indipcdr)

En el año 2018 hubo más de un millón de nacimientos de los cuales el programa de tamiz neonatal no cubrió en su totalidad con las pruebas para todos los recién nacidos en ese año. En ese mismo año se detectaron más de 17 mil casos sospechosos de enfermedades metabólicas.4

Los programas de tamiz neonatal constituyen una prioridad de la atención de la salud pública para la detencción de enfermedades en recién nacidos. Donde la eficacia del diagnóstico se debe a la aplicación de las pruebas dentro del periodo recomendado.

Dada la importancia de la realización oportuna de las pruebas de tamiz metabólico neonatal, es primordial que el Estado mexicano pueda garantizar su aplicación efectiva con cobertura universal.

Sin embargo, aún no hay una plena garantía para la oportuna aplicación de los programas. Como desafortunado ejemplo, en 2019 se presentó una cancelación de la prueba que suministraba la Secretaría de Salud en 12 estados debido a problemas con la licitación de insumos; en respuesta la Comisión Nacional De Derechos Humanos solicitó que se garantizara que los servicios de tamizaje neonatal se aplicarán sin interrupción a todos los bebés en las unidades del sistema nacional de salud.5

Esta situación dejó de manifiesto la descoordinación de los sistemas de salud federal y estatal, los cuales no definieron el origen de los recursos para otorgar el servicio, así como la desatención hacia la cadena de suministros y la logística.

Otro punto a considerar es la atención sanitaria que se otorga a la población vulnerable, misma que zonas marginadas suelen carecer de clínicas especializadas en cuidados de gestación materna y tienden al desconocimiento de los cuidados neonatales. Esta población es más susceptible de sufrir algún daño o lesión en sus derechos humanos por las condiciones de precariedad en que se encuentra.6

Para 2023, en las previsiones de gasto programable de la Secretaría de Hacienda, en el apartado de programas sociales, se tiene contemplado una meta del 93 por ciento de cobertura de personas recién nacidas con prueba de tamiz metabólico neonatal.7

Este exhorto va en sentido de aplicar acciones encaminadas en aumentar la meta de cobertura, así como de emprender medidas para que las interrupciones presentadas en 2019 no vuelvan a repetirse.

La adecuada y oportuna atención sanitaria de los recién nacidos, en particular los de la población vulnerable de nuestro país, debe ser una prioridad inaplazable de protección de los derechos humanos. Que debe consolidarse en programas presupuestales, logísticos, de convenios de participación sanitaria federales y estatales, a fin que se garantice una cobertura universal.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . – La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, en el ámbito de sus facultades y atribuciones a promover acciones encaminadas a garantizar el acceso universal e ininterrumpido de la prueba de tamiz metabólico neonatal.

Notas:

1 Martínez. Ángel, Cepeda Ana. (2018) Tamiz neonatal en México Revista científica, tecnológica y humanística. Número 52. Enero-marzo 2018. Disponible: http://www.cienciacierta.uadec.mx/articulos/cc53/Tamiz.pdf

2 Ibídem

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Vanguardia mx. (2019) Piden al gobierno de AMLO garantizar la aplicación del tamiz neonatal. NACIONAL. 5 abril 2019. Disponible: https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/piden-al-gobierno-de-amlo-g arantizar-la-aplicacion-del-tamiz-neonatal-HRVG3451402

6 CNDH. (2022) III. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OTROS TEMAS. INFORME DE ACTIVIDADES 2022. Disponible http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23

7 SHCP. (2022) Previsiones de Gasto Programable para 2023. p.52 Disponible: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/8uLX2rB7/PPEF2023/mo2h2PK/ docs/exposicion/EM_Capitulo_3.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a presentar las denuncias de hechos resultantes de los pliegos de observaciones emitidos a la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como parte integrante del Poder Legislativo, tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera del Gobierno federal, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas gubernamentales.

De conformidad con la CPEUM, LFyRCF, la Auditoria Superior de la Federación, tiene las atribuciones siguientes:

Así mismo, la Auditoria Superior de la Federación nos muestra que dentro de las acciones que emite directamente, se encuentran;

• Los Pliegos de Observaciones, es un proceso correctivo, mediante el cual “la ASF determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos”, tomando en cuenta como criterios para concluir con la acción los “argumentos y documentación suficiente o con el reintegro correspondiente”, dentro de los cuales se debe cumplir un plazo legal involucrados a la conclusión de la acción de “10 días hábiles a partir de la entrega del informe individual correspondiente a la Cámara de Diputados, 30 días hábiles a partir de la recepción de la recomendación, 120 días hábiles a partir de la recepción de la respuesta”, que tiene como consecuencia en caso de no concluirse “se inicia el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria a servidores públicos o particulares. El pliego definitivo de responsabilidades determina indemnización correspondiente por daños o perjuicios, estimables en dinero. La indemnización correspondiente se constituye en un crédito fiscal, cuyo cobro efectúa la autoridad competente mediante procedimiento administrativo de ejecución”.

• Denuncias de Hechos, es un proceso correctivo, mediante el cual “las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos, deberán presentarse cuando se cuente con los elementos que establezca la Ley”, donde el rol de la ASF es el de “denunciante y coadyuvante del Ministerio Público”

Recientemente, la Universidad Autónoma Metropolitana ha dejado ver que la estructura interna y externa que debería resguardar como casa de estudio, cuenta con un resultado reprobable, en tanto que el resultado que se obtiene entre una incorrecta conducción de los recursos públicos y la fiscalización, aún con una estructura propia de evaluación y monitoreo, no ha logrado utilizar sus recursos de manera óptima, causando daño y perjuicio al patrimonio universitario, cómo puede observarse en los siguientes resultados de auditorías realizadas por la ASF.

Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación

Esto implicaría que sólo en dos trimestres de un año se pueden sumar más de 6 millones de pesos por aclarar por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero, si se revisa el histórico de las auditorías que se han realizado a la UAM resulta más alarmante, al encontrarse montos por aclarar que exceden los 30 millones de pesos y hacia los cuales no parece haber algún tipo de interés por solventar o sancionar, por parte de las autoridades de la UAM.

Las Observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación más destacables son las siguientes: 1

En recuento histórico de las Auditorías Superiores realizadas a la Universidad Autónoma Metropolitana por la Auditoría Superior de la Federación, se observan los siguientes montos determinados, enterados, justificados por aclarar de las auditorías realizadas a la UAM, las cuales es menester que la ASF emita las acciones siguientes correspondientes para asegurar el reintegro de los recursos y se promuevan las acciones punitivas para los implicados en las malversaciones a los recursos públicos.

*Cifras en millones de pesos

Cada año la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación dota a diferentes sectores de la economía para el cumplimiento de sus objetivos por medio del financiamiento, en el que históricamente, uno de los aspectos a los que una mayor parte del presupuesto federal se destina es la educación, rubro del cual la Universidad Autónoma Metropolitana obtiene la mayoría de sus ingresos.

En los últimos cuatro años, la UAM ha recibido ingresos por diferentes conceptos, de los cuáles el subsidio federal representa, para este periodo, un 94% de sus ingresos totales como se puede ver en los ingresos de la misma:

Elaboración propia con datos de transparencia de la UAM. Cifras en miles de pesos

Esto implica que el uso ineficiente del concepto de los ingresos por subsidios federales, podría afectar severamente las finanzas y la estabilidad operativa institucional de la UAM.

En razón de este promedio, el uso eficiente del gasto bajo los conceptos de eficacia, honestidad, transparencia, y ahorro, ayuda a la comunidad de la UAM a tener un mejor desempeño en sus funciones dentro de sus instalaciones, sea personal de apoyo, personal educativo, alumnos, sedes, recintos o espacios propios, sabiendo que la mayor parte de los ingresos en este mismo periodo se usan en Gastos de operación, equipamiento e inversión pública. Es decir, la mayor parte del gasto del ingreso se destina a la operación por periodo de un año de la UAM y lo que de ella se desprenda, especialmente para el ámbito de la docencia, que como actividad formadora de futuros profesionales que después han de vincularse al mercado laboral para cubrir las necesidades industriales y de producción del país, debe ser considerada como una política económica de gasto en el largo plazo o estructural.

Esto implica que la corrupción, el desvío de recursos, la falta de responsabilidad administrativa, o cualquier acción que genere un riesgo para el uso correcto del gasto tiene un impacto negativo que es mayor que el simple mal uso de los recursos públicos asignados a la UAM en cualquiera de sus unidades, por ejemplo, generando costos sociales que son inconmensurables al perpetuar y normalizar prácticas que afectan a las políticas básicas para el funcionamiento equilibrado de los mercados de trabajo. En el largo plazo esto también implica que son necesarias más políticas coyunturales y de redistribución de la renta, así como de competencia, a la vez de aumentar la complejidad del análisis de las condiciones sociales de México. Así pues, la falta de intervención en el presente es un gasto en el futuro.

Se podría argumentar que dentro de las previsiones posteriores a la aplicación de las políticas, que son generalmente de distribución de la riqueza, está implícito que un porcentaje del total de recursos asignados a dicha política probablemente terminarán alterando otros factores que termine por anular el efecto que este porcentaje tendría, reduciendo la efectividad de la política. Y siguiendo esa línea argumental, este porcentaje también podría estar contemplado en desvíos de recursos y corrupción basados en una media aritmética propia de la naturaleza sobre lo que la política busque incidir, ya que finalmente, en ambos casos, esto puede abstraerse a términos de gastos sociales.

Más aún; particularmente los casos en los que no se da seguimiento se pueden percibir como un incentivo por las partes que perpetúan el decaimiento del sistema educativo, ya que en el caso de México, detrás de los casos de corrupción y la presencia de culturas organizacionales que desplazan objetivos y personal de forma sistemática, se encuentra el interés económico como eje articulador de los intereses que llevan a estos delitos.

A nivel de políticas, la corrupción afecta la asignación de recursos al presupuesto de educación, dejando al sector con recursos insuficientes. Existe una propensión por parte de los tomadores de decisiones a preferir inversiones duras (adquisiciones, grandes proyectos de construcción...) en lugar de inversiones blandas (costos diarios de funcionamiento de las escuelas, por ejemplo), porque el primero es más fácil de corromper. La toma de decisiones puede estar sesgada según las líneas étnicas y puede llegar hasta el chantaje político.

En la educación superior, la escasez de fondos pone a las universidades bajo una gran presión para admitir estudiantes y, por lo tanto, las hace vulnerables a la corrupción. Instituciones que experimentan “pobreza permanente” en sociedades que ofrecen pocas opciones para los más educados están más expuestos a los atractivos de la corrupción académica. Existen fuertes vínculos, por supuesto, entre la corrupción social y la corrupción en la academia. Dado que las universidades en realidad no son estructuras incorruptibles, se ven muy afectadas por las normas sociales, y la corrupción es un elemento de la vida social y económica en muchos países. Las sociedades que no tienen normas bien desarrolladas basadas en la meritocracia a menudo son propensas a la corrupción académica: la idea de que alguien puede ser promovido o puede recibir un título académico porque pertenece a un grupo en particular o tiene ciertos vínculos familiares se considera aceptable.

Vinculada a la situación económica está la falta de infraestructura que dificulta el seguimiento de la enseñanza en el aula en muchos países en desarrollo. El mal estado de las carreteras, vías férreas y teléfonos hace que a veces sea imposible que los inspectores visiten escuelas. Como consecuencia, la mala conducta de los docentes puede quedar sin sanción y otras prácticas corruptas, p. malversación de fondos destinados a material escolar, no están expuestos.

Representa además, un obstáculo para la calidad de la educación, la percepción de la calidad de vida en sí misma (los índices o indicadores de desarrollo humano asignan un gran peso a los aspectos de educación), y la equidad general, básicamente porque disminuyen la conciencia pública sobre el destino de los recursos que la misma ciudadanía dispone para el provecho general de la sociedad, que es en última instancia, no sólo virtud propia de los entes fiscalizadores, sino del buen actuar y conducción de la administración de recursos públicos.

Algunos académicos han tratado de cuantificar los efectos negativos de la corrupción en la economía, con cifras que muestran que incluso pequeños aumentos en la incidencia de la corrupción están relacionados con disminuciones de unos pocos cientos de dólares en el PIB per cápita. Sin embargo, los costos no materiales de la corrupción son aún más destructivos y van desde la erosión de los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades hasta la pérdida de vidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente punto de acuerdo

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a presentar las Denuncias de Hechos que resulten de los Pliegos de Observaciones emitidos a la Universidad Autónoma Metropolitana, derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los ejercicios 2020 y 2021 de conformidad con los artículos 15 Fracción I; el artículo 17 fracción XV, XVI, XVII, XVIII y XIX; el artículo 40 fracción IV, V y VI; el artículo 43 y el artículo 89 fracción XXIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de Asuntos Jurídicos a Presentar las Denuncias de conformidad a lo establecido por los artículos 18 fracción VII, VIII Y XI; y el artículo 39 fracción XXIV, XXV, XXVI y XXIX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Auditor Especial de Seguimiento Informes e Investigación, a presentar los dictámenes correspondientes de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 BIS fracción II, III, IV, V, VI, VII, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX; el artículo 38 BIS fracción I, II, VI, VII, VII BIS, VIII y IX; el artículo 38 TER fracción I, II, VI, VII, VII BIS, VIII y IX; el artículo 38 TER 1 fracción I, II, VII, VIII y IX; y el artículo 38 TER 2 fracción I, II, VI, VII, VIII y IX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

Nota:

1. Última Actualización, Sistema Público De Consulta De Auditorías, 09/02/2023 13:02:40 Hrs.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a llevar a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a que lleve a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentran pendientes, bajo las siguientes:

Consideraciones

A partir de la reforma constitucional y legal en materia electoral, aprobada y publicada en el año 2014, el proceso de integración de las instituciones jurisdiccionales electorales de las entidades federativas quedó a cargo de la Cámara de Senadores; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106, párrafo 2, 108 párrafo 1, y 109 párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otra parte, en cuanto a la integración de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo TEPJF), la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparten la responsabilidad de desahogar el procedimiento de designación de las personas que se incorporen a las magistraturas de las respectivas salas regionales, tal y como lo disponen los artículos 99, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 fracción XXIV, y 179 incisos a), b) y c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, la Cámara de Senadores, entre los años 2014 a 2020, había llevado a cabo los respectivos procedimientos de designación de las personas integrantes de las salas regionales, y de los Tribunales Electorales de las 32 entidades federativas, cumpliendo los plazos y formalidades constitucionales y legales que permitieron que los respectivos órganos jurisdiccionales electorales cumplieran con las atribuciones a ellos conferidas.

Sin embargo, esta regularidad se ha visto interrumpida desde el año 2021 en cuanto a la designación de magistradas y magistrados electorales locales y, en el año 2022, respecto a las personas integrantes de cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que hasta la fecha el Senado de la República no ha concluido con los respectivos procesos de designación, no obstante que, en el caso de los Tribunales Electorales Locales, emitió convocatorias y llevó a cabo los procedimientos respectivos, en tanto que, para las salas regionales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cabal cumplimiento a sus responsabilidades constitucionales y legales enviando a la Presidencia de la Cámara de Senadores, en abril de 2022, las ternas correspondientes a las cinco salas regionales.1

De tal forma, si bien la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, como ya fue señalado, acordó las respectivas convocatorias públicas para ocupar el cargo de magistrada y magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en de septiembre2 y noviembre,3 a la fecha, y no obstante que, en su momento, la Comisión de Justicia llevó a cabo las etapas señaladas en las convocatorias referidas, la propia Junta de Coordinación Política ha sido omisa en presentar, ante el pleno del Senado de la República, los acuerdos que contengan los nombres de las personas elegibles para cubrir las vacantes de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

En su momento, la regularidad de los nombramientos de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados y de magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF, había permitido que dichos órganos jurisdiccionales realizaran sus funciones constitucionales y legales con la legitimidad y certeza imprescindibles en una materia tan delicada como lo es la relativa a la garantía del ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos, la debida actuación de los órganos administrativos electorales y el correcto desarrollo de las diferentes etapas de los procesos electorales, garantizando que los principios rectores de la función electoral -certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad- fuesen observados en su totalidad.

En este orden de ideas, debe considerarse que el acceso de los ciudadanos a las funciones del servicio público, en el caso de la materia del presente punto de acuerdo, al ejercicio de la función jurisdiccional electoral, se trata de un derecho fundamental reconocido en los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, por lo que se estima la existencia de una posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas que atendieron a las respectivas convocatorias para incorporarse al servicio público, al no haberse concluido con los respectivos procesos de designación de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral y magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF.

No es óbice señalar que, el incumplimiento de la obligación constitucional de la Cámara de Senadores de llevar a cabo la designación de magistradas y magistrados electorales, tanto de los órganos jurisdiccionales locales como de las salas regionales del TEPJF, puede generar sospechas que lleguen a vulnerar la independencia, imparcialidad y objetividad de los respectivos órganos jurisdiccionales electorales, ello en virtud de que se están creando las condiciones que pueden llevar a especular que el retraso en dichos nombramientos obedece a intereses de los actores políticos para “colocar” a personas afines en tan importantes instituciones, con el claro objetivo de influir en las decisiones jurisdiccionales electorales en futuros procesos electorales, por ello, resulta apremiante que el Senado de la República dé cabal cumplimiento a su obligación constitucional de continuar y concluir los procesos de designación de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF.

En este contexto, resulta importante señalar que, incluso, esta situación atípica ha llevado a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a plantear la instalación de una mesa de trabajo con el objetivo de destrabar más de 138 nombramientos pendientes en ese órgano legislativo, entre los que se encuentran los que son objeto del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a que lleve a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentran pendientes.

Notas:

1 Fuente: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-06-1/assets/documentos/
Oficio_Magistrados_Regionales.pdf consultada el 30 de enero de 2023.

2 Fuente: https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientosLXV/MLE2021 /Convocatoria_MLE2021.pdf consultada el 30 de enero de 2023.

3 Fuente: https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientosLXV/MMOJMET J/Acuerdo_MMOJMETJ.pdf consultada el 30 de enero de 2023

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2023.

Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena los actos criminales cometidos por la Guardia Nacional contra niños el pasado 28 de enero de 2023, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, a cargo de la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Taygete Irisay Rodríguez González, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena los actos criminales que la Guardia Nacional perpetró contra niños el pasado 28 de enero de 2023 en el municipio de Zempoala, Hidalgo; de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El 28 de enero de 2023, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, unos elementos de la Guardia Nacional que iban ese día a bordo de la patrulla 15646 marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta en la cual viajaba una familia. Dado que en la zona se tenía registro de numerosos asaltos por parte de patrullas apócrifas, los ocupantes de la camioneta hicieron caso omiso de dicha señal, y prosiguieron su camino; ante lo cual los elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de la camioneta, impactando a uno de sus ocupantes. El conductor de la camioneta prosiguió su camino hasta llegar a una gasolinera, en la cual salió a pedir ayuda; la patrulla de la Guardia Nacional los siguió, y al alcanzar a la camioneta en la gasolinera descendieron dos de sus elementos. Al percatarse de que el ocupante que habían herido había resultado ser un niño de 9 años, los elementos de la Guardia Nacional regresaron a la patrulla y se dieron a la fuga. Media hora después se presentó otra patrulla de la misma corporación, cuyos elementos acudieron a prestar apoyo a la madre del menor y a llevárselo al Hospital General de Tulancingo para su intervención médica.1

En una entrevista con el noticiero Milenio,2 el abuelo del menor lesionado manifestó que sintió desconfianza de la señal de alto que dio la patrulla de la Guardia Nacional, por motivo de que ésta tenía apagadas sus luces distintivas y se encontraba en un lugar oscuro; que al arribar los elementos con él, el señor cumplió exactamente sus indicaciones a la vez que manifestó que traían niños, que habían herido a su nieto, los increpó por haberles disparado, y les pidió ayuda para pedir una ambulancia; que los elementos que los atacaron no les prestaron ayuda, y que ésta la prestaron otros elementos de la Guardia Nacional que arribaron posteriormente; que después de ingresar al Hospital General de Tulancingo, el niño fue trasladado al Centro Médico La Raza en la Ciudad de México; que, a pesar de encontrarse estable al momento de la entrevista, la bala que impactó al niño se encontraba alojada en su hígado y le había afectado una costilla, y que ésta no había sido extraída; y que la familia ya había puesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ante lo cual la Procuraduría de Hidalgo había informado que había abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa por parte de guardias nacionales.

En Movimiento Ciudadano, desde el principio hemos advertido que la Guardia Nacional no es más que un capricho de los poderes en turno para militarizar el país y perpetuarse en el poder a costa de nuestra vida, libertad, seguridad, y nuestro derecho a vivir en paz bajo una autoridad civil. No sólo lo decimos nosotros; lo dicen los hechos. Tan sólo del 30 de enero al 14 de febrero del 2023, una búsqueda sencilla en medios electrónicos arrojó que, durante ese periodo, miembros de la Guardia Nacional han sido encontrados vendiendo municiones y equipo militar en redes sociales,3 permitiendo el robo de cables en el Metro de la Ciudad de México que recientemente se les ha encomendado vigilar,4 cometiendo delitos sexuales que al día 13 de febrero sumaban 60 desde la creación de dicha corporación,5 y que ser aprehendido por la Guardia Nacional implica un 39 por ciento de probabilidad de ser atado, asfixiado o golpeado;6 ante lo cual, la Presidencia de la República no ha atinado más que a descalificar dichos reportajes y tacharlos de falsos y mentirosos,7 haciendo caso omiso de la dura realidad: que la Guardia Nacional, lejos de traernos seguridad, ha demostrado ser un peligro para todos, y para los más importantes de nuestro país que son nuestras niñas y nuestros niños.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena los actos criminales perpetrados por elementos de la Guardia Nacional el pasado 28 de enero de 2023 contra niños que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso de los hechos ocurridos el pasado 28 de enero de 2023 contra niños que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso de los hechos ocurridos el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo, los investigue, y en su caso finque las responsabilidades correspondientes a los elementos de la Guardia Nacional que participaron en dichos hechos.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Guardia Nacional a revisar los protocolos de acción de sus elementos, y que éstos reciban la capacitación necesaria para garantizar que no cometan actos como los que perpetrados contra las niñas y los niños de México el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Quinto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Presidente de la República para que se asegure de que el niño que fue herido por elementos de la Guardia Nacional el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo, reciba la mejor atención médica que le permita recuperarse de las lesiones que dichos elementos le causaron.

Notas:

1 García Navarro, A. (29 de enero de 2023). Denuncian que Guardia Nacional disparó a una familia; un menor resultó lesionado. Obtenido de El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/29/denuncian-que-guardi a-nacional-disparo-a-una-familia-un-menor-resulto-lesionado/

2 Anselmo “N”. (31 de enero de 2023). Investigan agresión de Guardia Nacional a vehículo con familia en la México-Tuxpan. (Milenio TV, Entrevistador). Obtenido de https://www.dailymotion.com/video/x8hq5ub

3 Mayen, B. (30 de enero de 2023). Elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por vender cartuchos y equipo en redes sociales. Obtenido de InfoBAE: https://www.infobae.com/mexico/2023/01/30/elementos-de-la-guardia-nacio nal-fueron-detenidos-por-vender-cartuchos-y-equipo-en-redes-sociales/

4 Sosa, I. (2 de febrero de 2023). Roban cables en STC con todo y la Guardia Nacional. Obtenido de periódico Reforma: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/roban-cables-en-stc -con-todo-y-la-guardia-nacional/ar2546171?referer=—7d616165662f3a3a6262 623b727a7a7279703b767a783a—

5 Cortés, J. C. (13 de febrero de 2023). Registra la Guardia Nacional 60 quejas por delitos sexuales. Obtenido de El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/registra-la-guardia-nacional-60-q uejas-por-delitos-sexuales

6 López Portillo, E. (9 de febrero de 2023). Guardia Nacional, peor evaluada que el Ejército. Obtenido de Universidad Iberoamericana: https://ibero.mx/prensa/guardia-nacional-peor-evaluada-que-el-ejercito- ernesto-lopez-portillo

7 Escobar, D. (8 de febrero de 2023). “Inventan notas para pegarle a la Guardia Nacional por su trabajo en el Metro”: García Vilchis. Obtenido de Proceso: https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/8/inventan-notas-para-pegarl e-la-guardia-nacional-por-su-trabajo-en-el-metro-garcia-vilchis-301739. html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y locales a dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante la Contraloría General, Abogacía General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Rectoría General de la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021. El objetivo de la ENDIREH es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja).

Durante el segundo semestre de 2020 casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual, violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.

En México el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; la violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %) , seguida de la violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9 %).

Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 %) , seguida de la violencia sexual (23.3 %).

La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %) .1

La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional afectando de manera negativa; limitando su capacidad de decisión autónoma debido a que no tienen posibilidades de obtener recursos por cuenta propia.

De acuerdo con la ENDIREH 2021, a nivel nacional, de las mujeres que alguna vez en su vida han participado en el mercado laboral, 27.9 % experimentó algún incidente de violencia, mientras que en 2016 la cifra fue de 26.6 por ciento. En el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral fueron las y los compañeros de trabajo (34.2 %), seguido por las y los jefes o patrones (21.7 %) y las y los supervisores capataces o coordinadores (10.7 %).

Para detener y reducir las violencias que viven las estudiantes y las trabajadoras en el ámbito universitario, se requiere la intervención de las autoridades de las instituciones universitarias, quiénes por un lado, tienen la responsabilidad legal de garantizar espacios incluyentes, seguros y libres de violencia y por otro, al ser quienes deciden arbitrariamente sobre las reglas cotidianas que rigen las relaciones universitarias, son quienes han modificado el ambiente y la dinámica universitaria, de forma que no garantizan los derechos de quienes habitan las universidades.

Por lo tanto, se requiere una variedad de intervenciones por parte de distintos actores, como en este caso son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros, incluyendo a las mismas autoridades encargadas de la vigilancia de las instituciones de educación superior, pues la UAM tiene un vacío para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de Derechos Humanos de su comunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el “acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos”, pues resulta necesario “que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad.”

Sabemos que las instituciones de educación superior fungen como centros de formación, pero también es importante reconocer que tienen otras facetas, como centros de trabajo, centros deportivos o centros culturales, por mencionar algunos.

La violencia ejercida contra las mujeres, en general se debe de eliminar y como legisladores de la sexagésima quinta legislatura, de la paridad y la inclusión, es menester que se refuerce la actual estrategia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y las medidas precautorias establecidas en diversas leyes generales, tanto como las medidas establecidas en pactos internacionales o en convenciones para las mujeres que ya han sido violentadas física y emocionalmente. Acelerando así la modificación y la eliminación de prácticas culturales, actitudes y comportamientos individuales, sociales e institucionales que discriminan a las personas por su género y permiten perpetuar el orden social de género persistente, el cual replica de distintas maneras la desigualdad y discriminación que padecen en mayor grado las mujeres.

Se tiene el conocimiento de casos de mujeres trabajadoras administrativas de la Contraloría General adscrita al Patronato en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral, así como por denunciar el grado alarmante de corrupción que se está dando en la Contraloría General de la UAM. Cuyo titular es ENRIQUE JOSÉ GARCINI ELIZONDO, que aparte de ser un funcionario universitario PRO- CORRUPCIÓN, violador de derechos laborales y de la mujer, practica el nepotismo al instalar a su cuñado el arquitecto MARIO DE JESÚS RANGEL BARAJAS como jefe de auditorías de obras de la UAM.

Asimismo, se tiene conocimiento de casos de mujeres adscritas al área de la Abogacía General de la UAM, que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral. Cuyo titular es JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, funcionario universitario, que ha actuado como juez y parte, que ha abusado de su autoridad y funciones, encubridor y violador de derechos laborales y de la mujer.

Finalmente, del caso de una mujer adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya titular es María Guadalupe Huacuz Elías, quien se autonombra destacada feminista y que en los hechos ha demostrado ser una funcionaria universitaria obediente que subordina su actuar a lo que arbitrariamente le dicte la Abogacía General o la Rectoría General, omisa en sus funciones, pues lejos de defender a las mujeres, le ha impedido o dificultado el acceso a la justicia.

La violencia en contra de las mujeres trabajadoras ejercida en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM, representa la misoginia en la Universidad, aquella que tanto ha presumido combatir el actual Rector General, José Antonio De los Reyes Heredia, pues a las mujeres que tengan la valentía de denunciar la violencia de la que son objeto, les son ignoradas sus denuncias previas y se les orquestan imputaciones falsas, donde hacen pasar a los agresores y victimarios como víctimas de esas mujeres que previamente los denunciaron, rescindiéndoles la relación laboral sin responsabilidad laboral para la Universidad, es decir, sin otorgarles siquiera sus derechos laborales adquiridos como son sus partes proporcionales y finiquito.

Las echan sin sus recursos económicos ya devengados a los que tienen derecho, bajo supuestas injurias a sus agresores y supuestas faltas de probidad, dictadas arbitrariamente y en abuso de poder por JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, Abogado General, pues éste no cuenta con atribuciones estipuladas en su normativa o legislación universitaria para acusar, encuadrar o determinar conductas que sean susceptibles de constituir faltas administrativas no graves y/o graves, ni para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, ni posee la autoridad para dictar sentencia de culpabilidad respecto de conductas o faltas administrativas, ni de imponer sanciones o medidas a empleados y/o funcionarios, pisoteando la dignidad de las mujeres y dejándolas en la total indefensión.

Estos funcionarios y/o servidores públicos opacos que no presentan declaraciones patrimoniales, son los encargados de impartir justicia en la UAM y se han adjudicado para sí la autonomía que pertenece a la universidad, para ser intocables y violentar a las mujeres, operando bajo la máxima impunidad, pues su discurso es: “La Universidad no tiene área de Responsabilidades Administrativas.

Se están violentando variados derechos establecidos en la constitución, leyes generales, en la legislación universitaria de la UAM, protocolos y en pactos internacionales.

Esto, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo primero se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además de atentar contra la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus artículos 1-4, 6, así como por lo dispuesto por el capítulo II de la violencia Laboral, entre otras leyes federales como la Ley General de Victimas, la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará) y demás aplicables en la materia.

Antecedentes

Anteriormente se presentó la Proposición con punto de acuerdo de Urgente u obvia resolución mediante el cual se Exhorta a diversas Autoridades federales y locales, para dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante La Contraloría general, Abogacía general y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en rectoría general de la UAM, con publicación en la Gaceta parlamentaria, año XXVI, número 6187-VI, de fecha jueves 5 de enero de 2023, correspondiente a la Gaceta de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXV legislatura, con turno a la Segunda Comisión de Trabajo, misma proposición que por no atenderse en los tiempos reglamentarios no culminó en su dictamen, por lo que, no generó exhorto ni resolutivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, Rector general de la UAM , así como a la Contraloría General, Abogacía General y la Defensoría de los Derechos Universitarios , a conducirse conforme a los lineamientos establecidos en las políticas para la Rectoría General de la UAM 2021-2025, así como por lo establecido por la Legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana, las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género , en relación a la protección de las mujeres y de un espacio universitario libre de violencia.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a dar seguimiento a las denuncias presentadas por ex auditoras de la UAM el 18/08/2022 y conducirse conforme a los lineamientos establecidos en relación a la protección de las mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Victimas.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta Federal 14 Bis, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a brindar atención y seguimiento a los expedientes 219/2022, 261/2022, 517/2020, 61/2022 de conformidad con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres, así como por lo establecido por la Ley General de Victimas.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar seguimiento a la denuncia admitida el 01/09/2022 por la Cuarta Visitaduría General, Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por ex auditoras de la UAM y a conducirse conforme a lo dispuesto por la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará) , así como por lo dispuesto por el marco jurídico nacional en la materia.

Nota:

1. INEGI, Comunicado de prensa número 485/22 del 30 de agosto de 2022, página 1/36, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh /Endireh2021_Nal.pdf

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a realizar las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla; al tenor de los siguientes:

Considerandos

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En tal sentido, es deber del Estado garantizar el acceso al agua de todas las personas, toda vez que es un derecho humano del que gozamos.

Sin embargo, alrededor de 30 mil habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al Municipio de Puebla, Puebla, actualmente no cuentan con servicio de agua potable dado un adeudo de más de doce millones de pesos que el Comité de Agua de dicha Junta Auxiliar tiene con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que sin luz eléctrica los pozos de agua son inoperantes.

Desde hace más de seis años, el Comité de Agua de la Junta Auxiliar dejó de atender los pagos de electricidad, lo que ha vuelto el adeudo impagable.

Ante esta situación los únicos perjudicados son los habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, motivo por el cual es necesaria la intervención de las diversas autoridades con la finalidad de garantizar el acceso de agua de los ciudadanos.

Por tal motivo, se hace un exhorto respetuoso a la Comisión Federal de Electricidad para que realice las acciones administrativas y legales necesarias que permitan dar una solución a la problemática del agua, así como que lleguen a un acuerdo con el Comité de Agua de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, restableciéndoles el servicio eléctrico que permita el funcionamiento de los pozos, y por ende el suministro de agua, garantizando el derecho humano de los ciudadanos.

Por lo que, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla.

Segundo . Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que de acuerdo a sus atribuciones realice las denuncias correspondientes para que se lleve a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer las presuntas irregularidades.

Tercero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice mesas de trabajo con las autoridades correspondientes a efecto de dar solución a la problemática del adeudo en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero del 2023

Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Barcenas, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El combate a la corrupción es una de las principales estrategias del actual gobierno para transformar de raíz el régimen de impunidad que nos heredaron los gobiernos anteriores. Casos como los Amigos de Fox, el llamado Pemexgate , la Estela de Luz, Odebrecht, la Estafa Maestra y Agronitrogenados, que han indignado a la sociedad, pusieron en evidencia que la corrupción era el distintivo del régimen mismo.

Estos hechos escandalosos involucraron a altos funcionarios que utilizaron el poder público en beneficio propio y de particulares. No obstante, cada día salen a la luz nuevas evidencias de cómo se realizaban negocios y se amasaban fortunas en las más altas esferas gubernamentales durante la etapa neoliberal.

El gobierno de la República está decidido a enfrentar la corrupción porque es la generadora de injusticias, atraso económico, desigualdades y porque mina las bases de nuestra democracia.

Segunda. El martes 17 de enero del año en curso dio inicio en Estados Unidos el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalado por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva durante el sexenio del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. El Departamento de Justicia estadounidense afirma que el ex funcionario colaboró con el Cártel de Sinaloa y es responsable del traslado ilegal a aquel país de por lo menos 52 toneladas de cocaína.1 De acuerdo con las autoridades del vecino del norte, es acusado de cuatro delitos, tres por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones2 .

Durante el juicio los testigos presentados por la fiscalía han declarado toda clase de atrocidades cometidas por el crimen organizado, al amparo de las fuerzas policiales al mando de García Luna, de la forma en que operaban conjuntamente delincuentes y funcionarios del gobierno; de los millones de dólares que circulaban para comprar a las autoridades mexicanas, quienes permitieron su crecimiento y expansión; de la protección de que gozaba el Chapo Guzmán por instrucciones del exfuncionario de Felipe Calderón y de Vicente Fox.

De acreditarse los hechos revelados por los testigos que presentó la fiscalía contra García Luna, se confirmará lo que muchos han planteado: durante los sexenios inmediatos anteriores la delincuencia organizada controló segmentos importantes del Estado mexicano y doblegó a las más altas autoridades del país.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que detalló los delitos con los que abrieron una carpeta de investigación en contra del exsecretario: “Conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros”.3

El juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York de Brooklin se encuentra en curso. Estamos en espera de su desenlace.

Tercera. El 9 de febrero de 2023 se reveló una nueva trama de corrupción encabezada por Genaro García Luna. En el marco de la conferencia matutina del Presidente de la República, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, estados Unidos (EU), en contra de García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de esa red de corrupción.4

Señaló que durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Indicó que bajo auspicio del exfuncionario calderonista, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, cifra que arroja una revisión de la UIF aún inconclusa.

Precisó que estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

Pablo Gómez informó que el actual gobierno de México, por conducto de la dependencia a su cargo, identificó la red de corrupción de García Luna, así como su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.

En consecuencia, dijo, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Así, nuestro gobierno presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil, precisó Gómez, es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Detalló que, en cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los delitos de peculado y contrataciones indebidas, cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años; incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público.

Como ya se mencionó, en dicha conferencia dio a conocer que la UIF tiene un listado de contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción. Los recursos, producto de estos contratos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.

El titular de la UIF dio conocer una lista de personas demandadas ante el tribunal de Florida. Además, informó que hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción, así como una serie de inmuebles asegurados judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción, presuntamente organizada por García Luna. A ellos se suma otra lista todavía parcial de automóviles de lujo que son parte del juicio, comprados, indicó Pablo Gómez, con este dinero defraudado al pueblo de México.

También reveló que se han encontrado contratos fraudulentos con los que se extrajeron ilegalmente recursos del gobierno de la Ciudad de México en la pasada administración.

Finaliza diciendo, para el asunto que nos interesa, que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida.

Cuarta. El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre diversas autoridades públicas de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por ello mismo, la labor de investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es fundamental para erradicar ese flagelo que mina las bases de nuestra convivencia democrática y afecta el bienestar de la población.

Esclarecer los hechos de corrupción expuestos por el titular de la UIF es de vital importancia para impedir que en el futuro las finanzas públicas sean saqueadas como pudo haber ocurrido con la red creada y encabezada por Genaro García Luna.

Como lo ha sostenido Morena durante la actual legislatura, la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan, más aún cuando se trata de un asunto donde están involucrados altos funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer los contratos que conforman la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, y que son parte del juicio de carácter civil que se lleva a cabo ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida en Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades mexicanas competentes a que hagan público el destino que darán a los activos recuperados, en su caso, y adquiridos con recursos del erario mexicano, que forman parte del juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos de América, derivado de los hechos de corrupción llevados a cabo por la red creada por Genaro García Luna.

Notas:

1. https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/04/donde-y-cuando-sera-e l-juicio-contra-genaro-garcia-luna/

2. https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/19/que-hizo-genaro-garcia- luna

3. Ibid.

4. https://lopezobrador.org.mx/2023/02/09/version-estenografica-de-la-conf erencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-9 08/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2023.

Diputada Lidia Pérez Barcenas

Con punto de acuerdo, para exhortar a STPS y a la Ssa, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las campañas de salud mental en los centros de trabajo, principalmente en la plantilla laboral conformada por jóvenes, a fin de atender y prevenir el estrés laboral, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera , integrante del Grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, así como a sus homologas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de salud mental en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformado por jóvenes, a fin de atender y prevenir el estrés laboral , con base en las siguientes

Consideraciones

Hoy en día el escenario laboral se encuentra marcado por la globalidad y la inestabilidad generada por las diversas condiciones socioeconómicas en que está inmerso el mercado laboral ocasionando que en algunas ocasiones los trabajadores experimenten frustración y un alto nivel de tensión emocional, produciendo un aumento en los niveles de estrés laboral y desgaste profesional.

Ante tal situación diversos especialistas han manifestado la importancia del estudio del estrés laboral y el burnout. Selye ha definido al estrés como la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él, esta respuesta produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionado un estímulo.1 Así mismo, el estrés laboral, es considerado como la relación existente entre el sujeto y el entorno, que es evaluado como amenazante o desbordante de su capacidad de afrontamiento y que pone en peligro su bienestar.2 Es conocido que el estrés altera la salud, los mecanismos fisiológicos-neuroendocrinos,3 se adoptan estrategias de afrontamiento inadecuadas, alteraciones fisiológicas con funciones de coping, y alteración de los procesos psicológicos.4

En el ámbito laboral se observan fusiones empresariales, reingeniería de recursos humanos y desarrollo tecnológico exigiendo reducción de costes y aumento de la productividad y satisfacción del cliente, estas presiones laborales en ocasiones impregnadas por otras cuestiones sociales5 generan una mayor sobrecarga en el aumento de las demandas emocionales,6 influyendo en la conducta de los trabajadores, en su bienestar personal y desarrollo de su trabajo.

Al estrés laboral, se le ha definido como una variable dependiente del efecto conjunto de las demandas del trabajo y los factores moderadores de las mismas, particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión del trabajador.7 Para la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, define al estrés laboral como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador”.

El estrés laboral que padecen los trabajadores incluye ejecución de tareas de forma repetitiva, rol ambiguo y conflictivo, malas relaciones con los jefes, supervisores y compañeros, expectativas no satisfechas, competencia personal, identidad profesional, entre otros, disminuyendo la satisfacción laboral, desarrollando actitudes negativas, disminución del rendimiento laboral produciendo una baja en la cantidad y calidad del trabajo. Así mismo, las altas demandas laborales y la disminución de la capacidad de tomar decisiones representan factores de riesgo para la aparición del estrés.

En tanto el Burnout, se presenta cuando el trabajador está agotado, exhausto, desbordado a raíz de un proceso de desgaste profesional o proceso disfuncional de deterioro, es decir, hace referencia al proceso de pérdida lenta, pero considerable, del compromiso y la implicación personal en las labores que realiza el trabajador.[8] El síndrome de burnout es considerada como una respuesta al estrés laboral crónico que surge al trabajar bajo condiciones difíciles conllevando consecuencias muy negativas para el trabajador y la empresa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el no contar con una red de apoyo en el trabajo desencadenó que 15.4% de empleados tengan síntomas de depresión, así mismo, señala que la ansiedad severa está presente en el 19.3% de los empleados.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare), 2021, diciembre 2021, disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_ 2021_presentacion_resultados.pdf

El deterioro de la salud mental de los trabajadores aumenta los índices de deserción, rotación y retrasos, ante esta situación es importante que las diversas autoridades del trabajo y del sector salud, con la participación de los patrones fortalecer los diversos programas cuyo objetivo sea atender, prevenir, reducir y eliminar dicho estrés. En este aspecto, se han expresado diversos métodos de afrontamiento ante el estrés laboral: abordar el problema, poner distancia ante el problema, descarga emocional, prevenir consecuencias, aprender de las situaciones, apoyo familiar y respuestas o reacciones pasivas.9 Así mismo técnicas y estrategias para modificar los niveles de los procesos cognitivo-conductuales que faciliten el control del estrés.

Al interior de la Psicología se han desarrollado una serie de estrategias para afrontar el estrés laboral, entre las técnicas más utilizadas se encuentran: Técnicas de relajación y meditación, consistentes en hacer que la persona sea capaz de identificar el estado de tensión de cada parte de su cuerpo mediante ejercicios físicos de contracción-relajación; el aprendizaje de formas adecuadas de respiración; Técnicas de biofeedback, el objetivo es la práctica de ejercicio físico y hábitos saludables, este técnica proporciona mayores beneficios para la salud; Técnicas cognitivas y autocontrol, resultan eficaces en la superación de las experiencias estresantes y reducción de los efectos negativos.10

El estrés en los centros de trabajo no facilita la integración y el desarrollo de los trabajadores ocasionando que experimenten frustración y un alto nivel de tensión emocional. Dentro de los agentes estresantes,11 se encuentran la sobrecarga de trabajo, la ausencia de descansos, largas horas de trabajo, tareas rutinarias con escaso significado y la no utilización de las habilidades del trabajador,12 la baja participación en la toma de decisiones, escasos niveles de comunicación y apoyo, y la ausencia de políticas para enfrentar el estrés,13 la inseguridad laboral, la ausencia de oportunidades de promoción profesional y desarrollo.14

Dentro de la prevención del desgaste profesional es importante destacar el entrenamiento de los trabajadores a encontrar soluciones a los diversos problemas y toma de decisiones, detectando las diferentes alternativas y elección de la respuesta más adecuada y verificando su idoneidad. Así mismo, aumentar la resiliencia, resistencia y recuperación de los empleados ante el estrés.15 Por tal motivo, el apoyo que brinden las autoridades será crucial para el buen desempeño y desarrollo profesional del trabajador, no olvidar que las personas pasan una gran parte de su tiempo en su centro de trabajo, por tal motivo, las relaciones interpersonales con sus compañeros son de suma relevancia para su equilibrio físico y mental.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a coordinarse a fin de fortalecer los programas y campañas de salud mental para la atención y prevención del estrés laboral en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformada por los jóvenes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, exhorta a las homologas de las entidades federativas de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a coordinarse a fin de fortalecer los programas y campañas de salud mental para la atención y prevención del estrés laboral en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformada por los jóvenes.

Notas:

1. Selye, H., The Stress of Life, McGraw-Hill, Ney York, 1956.

2. Lazarus, R. S., y Folkman, S., Estrés y procesos cognitivos, Martínez Roca, Barcelona, 1986.

3. Cox, T., Stress, McMillan, Londres, 1978.

4. Holroyd, K. A., y Lazarus, R. S., “Stress, Coping and Somatic Adaptation”, en Goldberger y Breznitz, Handboock of Stress, Free Prees, Nueva York, 1982

5. Domínguez E, Ullíbarri M, y Zabaleta I., “Reduction of working hours as a policy of work sharing in the face of an economic crisis”, en Applied Economics Letters, No. 18, 2011, p. 683.

6. Turner, N., Chmiel, N., Sandy Hershcovis, M., y Walls, M., “Life on the line: Job demands, perceived co-worker support for safety, and hazardous work events”, en J Occup Health Psychol, No. 15, 2010, pp. 482-493

7. Gardell, B y Johansson, C., Working Life, John Wiley and Sons, Chichester, 1981, pp. 74-94

8. Moreno Jiménez, B., Oliver, C., y Aragoneses, A., El burnout, una forma específica de estrés laboral, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 271-284

9. Dewe, P. J., y Guest, D. E., “Methods of coping with stress al work. A conceptual analysis and empirical study of measurement issues”, en Journal of Organizational Behavior, No.1, 1990, p.135.

10. Labrador, F. J., El estrés. Nuevas técnicas para su control, Temas de Hoy, Madrid, 1992.

11. Leiter, MP, Maslach, C., “Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout”, en Emotional and physiological processes and positive intervention strategies, JAI Press/ Elsevier. Oxford, UK, 2004. p. 91-134.

12. Schaufeli WB, Enzmann D., The burnout companion to study and practice: A critical análisis, Taylor y Francis Ltd, London, 1998.

13. Taris, TW, Stoffelsen, JM, Bakker, AB, “Differences in burnout risk between jobs and individuals: About the role of job autonomy”, en Tijdschrift voor Psychologie, No. 30, 2002, pp. 17-29.

14. Lee RT, Ashforth BE., “On the meaning of Maslach’s three dimensions of burnout”, en J Appl Psychol, No. 75, 1996, pp. 743-747.

15. Atkinson W., “Turning Stress into Strength”, en HR Magazine, enero, No. 56, 2011, pp. 49-52.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas, que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero, a realizar lo conducente, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera , integrante del Grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar lo conducente, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a votar es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, en este sentido, es oportuno señalar que uno de los principios de los derechos fundamentales es que son universales, en razón a estar dirigidos a todo individuo independientemente del lugar en donde se encuentre o su status social salvo las causas criminales establecidas por la propia ley fundamental.

El derecho electoral se define como “el conjunto de normas que regulan la emisión, remisión y computo del voto ciudadano tendiente a elegir o destituir autoridades o a participar en decisiones gubernativas; la formación y operación de organizaciones políticas; la integración y funcionamiento de las autoridades electorales y los métodos de resolución de conflictos de carácter electoral”1

En este contexto, el concepto de sufragio conlleva el derecho de participación electoral, consistente en la posibilidad de participar por medio de las elecciones en la decisión ya sea para elegir a un representante popular o a quien habrá de ocupar un cargo en el gobierno, o bien aprobar o rechazar propuestas sometidas a un referéndum, consulta popular, plebiscito, o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana, asimismo la emisión del voto en el extranjero.

Para Dieter Nohlen en el concepto de voto en el extranjero, están inmersas las disposiciones y procedimientos que permiten a los electores de un país que están temporal o permanentemente en el extranjero ejercer sus derechos de votación.2

En tanto Jorge Carpizo Mac Gregor, menciona que el voto de los nacionales en el extranjero es un mecanismo de sufragio que se instrumentó durante la segunda guerra mundial, a fin de que los militares que se encontraban en el extranjero en los campos de batalla pudieran sufragar. A partir de la década de los años setenta se fue ampliando a otros sectores diversos de los militares al grado de que los países lo fueron incluyendo en sus legislaciones.3

Nuestro país es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en ella, sin distinción alguna, ni por opinión o condición política, o de cualquier otra índole o condición social. En su artículo 21 plasma que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”4

Así mismo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México también es parte, establece que: “los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, los derechos reconocidos en el Instrumento, sin distinción alguna por opinión política o de otra índole, de origen nacional o social, de forma específica, el derecho al voto lo consagra estableciendo que, todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.5

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), señala el deber de México al ser parte del instrumento internacional, “de respetar los derechos y libertades reconocidas en el documento y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de opinión política o cualquier condición social.” En este sentido su artículo 23 establece los Derechos políticos de los ciudadanos, al mencionar que: 1. “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.6

Ante la suscripción de los instrumentos internacionales, en nuestro país se inicia la etapa de legislar en materia del derecho del voto de sus nacionales en el extranjero,7 independientemente de su situación legal en el país en que residan, esta situación se asumió como una obligación del Estado proporcionar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho político-electoral de votar de todo ciudadano mexicano.

El voto de los mexicanos residentes en el extranjero fue posible por primera vez en la elección presidencial de 2006, ya que en 1996, se reformo la fracción III del artículo 36 constitucional, eliminando la obligación del ciudadano de votar en su distrito electoral, argumento central para no otorgar en ley la posibilidad de recibir el voto emitido desde el extranjero. Posteriormente la reforma electoral de 2014, modificó varias disposiciones relativas al voto de mexicanos en el extranjero, siendo los cambios en rubros como la credencialización; la habilitación para votar no sólo por presidente de la República, sino también por senadores y gobernadores del estado de origen; y el método de emisión del voto, el cual podrá ser en persona o electrónico.

El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto. 3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.”8

Es oportuno recordar que anterior a la promulgación de la reforma electoral de 2014, algunas entidades federativas ya reconocían el derecho de sus ciudadanos a votar desde el extranjero, siendo Michoacán la primera en hacerlo en 2007, posteriormente Chiapas en 2012, así como la Ciudad de México (Distrito Federal) en 2012, a partir de la reforma de 2014, las entidades federativas que han legislado en la materia han sido Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas,9 y recientemente Sinaloa en 202210 .

Ante esta situación es imperante que ante futuros procesos electorales las entidades federativas que aún no han legislado en materia del voto de mexicanos en el extranjero procedan a realizarlo con el objetivo de garantizar el derecho plasmado en nuestra Carta Magna, a sus ciudadanos que residen en un país fuera de nuestras fronteras a elegir a sus gobernadores. Permitirles el voto extraterritorial es reconocerles el derecho a participar en elecciones locales, así mismo se convierte en un indicador de la participación política de más sectores de la sociedad, a través de la existencia de un marco jurídico que haga efectivos los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad.11

En este ejercicio de voto de mexicanos en el extranjero, hay que mencionar que, para las elecciones presidenciales, en 2006, el número de ciudadanos registrados fue de 40,876, y la votación recibida fue de 32,621. En la elección de 2012, los ciudadanos inscritos para votar en el extranjero se incrementaron a 59,115, casi 45% más que en 2006. Y en 2018, hubo un registro de 181,256 con 98,470 votos recibidos.12

Los derechos políticos-electorales posibilitan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, Fix-Fierro los clasifica en tres dimensiones, “la primera se refiere al voto activo, la facultad de expresar una preferencia política ya sea a un candidato para la elección de un cargo o para aprobar o rechazar alguna ley o política pública; la segunda se refiere al voto pasivo, a la condición del ciudadano de ser susceptible de ser elegido o designado para un cargo público; y la tercera es la relacionada con la asociación política que implica la posibilidad de que el ciudadano pueda organizarse con otros y poder participar activamente en los asuntos públicos de una comunidad política.13

Desde este enfoque la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero, mediante el ejercicio de emitir su voto en las elecciones de carácter federal como estatal, es una forma de expresar su participación en la toma de decisión, la cual se cristaliza jurídico-formal vinculándose de forma transfronteriza en los espacios, instituciones, y normas que posibilitan influir en la conformación política de lo estatal y de lo nacional. Por lo tanto, su voto no sólo se vincula con el desarrollo del sistema político electoral sino con una serie de procesos complejos de participación política más allá de las fronteras nacionales, en donde el asociacionismo migrante, las protestas transnacionales y las múltiples ciudadanías son algunas de las formas que están reconfigurando los Estados nacionales y subnacionales.14

En América Latina, el primer país en adoptar el voto en el extranjero fue Colombia en 1962, seguido por Brasil en 1965, a la fecha, son varios países que en su legislación se establece algún mecanismo de voto extraterritorial, Barbados en 1971, Puerto Rico en 1977, República Dominicana en 1977, Perú en 1979, Argentina en 1991, Venezuela en 1993, Belice en 1998, Honduras en 2001, Ecuador en 2002, México en 2005, Bolivia en 2009, Bahamas en 2011, El Salvador en 2013, Paraguay en 2013, Chile en 2015, Costa Rica en 2016, República Dominicana en 2016, Guatemala en 2016, Nicaragua en 2016 y Panamá en 2018.

Por último, es relevante exponer la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, plasma que el derecho al voto se encuentra jurídicamente al nivel de un derecho fundamental.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ . Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional. Tesis P./J. 83/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 984.

Por tal motivo, debemos procurar por todos los medios posibles hacer realidad el ideal de que todo mexicano que quiera votar, independientemente del sitio donde se encuentre pueda hacerlo de forma efectiva,15 permitiendo consolidar nuestro sistema democrático, fortaleciendo el nexo con los compatriotas que se encuentran fuera del país, reafirmando sus sentimientos de pertenencia a la nación.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de soberanía, exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar las reformas legislativas correspondientes en sus Constituciones locales y legislación secundaria, a fin de reconocer y garantizar el derecho fundamental de sus ciudadanos a elegir a sus gobernantes con ello fortalecer y consolidar la participación ciudadana en su estado de derecho democrático.

Notas:

1. Andrade Sánchez, J. Eduardo, Derecho electoral, Oxford, México, 2011, p. 8

2. Nohlen, Dieter y Grotz, Florian, “Marco legal y panorama de la legislación electoral”, en Voto en el Extranjero. El manual de IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Instituto Federal Electoral, México, 2007, p. 77.

3. Carpizo Mac Gregor, Jorge, El voto de los mexicanos en el extranjero, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1998, p. 73

4. Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

5. Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disponible en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInteres t/ccpr_SP.pdf

6. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Marco Normativo, disponible en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas /MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

7. El sufragio denominado transnacional por Alarcón, se pueden precisar que es utilizado para elegir una entidad supranacional; en procesos nacionales internos de carácter local, y para procesos nacionales externos. Alarcón Olguín, V., Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pp. 20-35, 2016.

8. Cámara de Diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf

9. Instituto Nacional Electoral, Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero a nivel local, disponible en https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico

10. Segundo párrafo de la fracción I del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el artículo Único transitorio del Decreto 590, disponible en https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_9.pdf

11. Cordourier Real, C. R. y Aguilar López, J., “Participación ciudadana y sociedad civil en el proceso de democratización en México”, Universidad de Guanajuato, México, 2018, p.12.

12. Instituto Federal Electoral, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 2006, diciembre 2006, disponible en https://portalanterior.ine.mx/documentos/votoextranjero/libro_blanco/in dex.htm, Instituto Federal Electoral, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Proceso electoral 2011-2012, disponible en http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54193/Informe+Final+del+VM RE+VERSI ON+FINAL+nov12.pdf/20e722b2-188b-417d-81e7-f0a54753e7cb, Instituto Nacional Electoral, Histórico Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, disponible en https://votoextranjero.mx/web/vmre/historico

13. Fix-Fierro, H., Los derechos políticos de los mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006

14. Alarcón Olguín, V., Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pp. 20-35, 2016.

15. Castilla Peniche, Rafael Alberto, “La implementación del voto de los mexicanos en el extranjero”, en García Ochoa, Juan José, Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior, Cámara de Diputados Congreso de la Unión, LIX Legislatura, México, 2005, p. 142.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de guanajuato a fortalecer la atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en la entidad, así como garantizar sus derechos consagrados en la ley, a cargo del diputado justino eugenio arriaga rojas, del grupo parlamentario de morena

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Antecedentes

Guanajuato demoró en garantizar los derechos de las víctimas.

En Guanajuato, la atención a las víctimas se ha desfasado considerablemente de los avances normativos que se han logrado a nivel nacional y para acreditarlo basta revisar las leyes de la entidad para corroborar que, en Guanajuato, las víctimas han sido ignoradas durante años y que esa situación se mantiene en la actualidad.

Como es bien sabido, antes de la expedición de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, en el país cada entidad federativa tenía su propia regulación sobre los derechos de las víctimas.

En realidad, esta etapa previa tenía como característica el prácticamente nulo desarrollo de estos derechos, aunque sí existían leyes que los regulaban de manera precaria.

En Guanajuato se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 30 de mayo de 2006, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, que estuvo vigente hasta el 27 de mayo de 2020, fecha en que fue abrogada.

Este simple hecho muestra claramente el desfase que existe en la materia en Guanajuato, pues mientras desde el 9 de enero de 2013, la Federación y las demás entidades federativas se regían por la Ley General de Víctimas y las leyes locales armonizadas con ésta, en Guanajuato no se expidió una ley que armonizara la legislación local con la general, durante más de siete años.

Esto tiene consecuencias graves que rebasan el objetivo de esta proposición con punto de acuerdo, pero basta decir que la ley vigente durante el periodo de 2006 al 2020 en Guanajuato, solo reconocía a las víctimas de delitos y no así a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Esto quiere decir, en concreto, que en Guanajuato, para efectos de la norma victimal, no se reconoció la existencia, de las víctimas de violaciones a derechos humanos, sino hasta el mes de mayo de 2020, lo que muestra el rezago en la protección de los derechos de estas víctimas en la entidad.

Pero, además, la ley vigente de 2006 a 2020 tampoco preveía la existencia de una Comisión Ejecutiva especializada para la atención de las víctimas de delitos.

Visto así, Guanajuato, históricamente, se muestra como uno de los peores escenarios en materia de protección a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos: sin normas jurídicas armonizadas y sin instituciones garantes.

Después de muchos años de exigencia por parte de las víctimas, sus organizaciones y colectivos, en plena pandemia, el 27 de mayo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la nueva Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.

Pero no fue hasta el 8 de octubre de 2020, casi cinco meses después de que se publicara la nueva ley, que se designó al primer titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

Con este tardío nombramiento prácticamente se desperdició todo el año 2020 en materia de creación y consolidación de la CEAIV y, por ende, el inicio de sus funciones reales se postergó hasta el año 2021.

Esto es inaceptable en una entidad que presenta un alto índice de violencia y que eso repercute en la existencia de miles de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que es urgente atender.

A poco más de dos años de su creación, la CEAIV está rebasada

La falta de planeación y el desdén con el que el Gobierno del Estado de Guanajuato ha tratado a las víctimas durante las últimas dos décadas, ha provocado que, a poco más de dos años de haber iniciado realmente sus funciones, la CEAIV esté rebasada y que su titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, empiece a buscar culpables de la crisis que enfrenta la CEAIV, fuera de la institución.

El 9 de febrero de 2023, se publicó en medios de comunicación del Estado, que el titular de la CEAIV afirmó que, si sigue la violencia en Guanajuato, el recurso del Fondo de Atención nuevamente será insuficiente y que solicitó al Congreso del Estado que “se revise, que la CEAIV no atienda a las víctimas de todo tipo de delitos, sino de los más graves”.1

Esto, a pesar de que para este año se destinaron poco más de 40 millones de pesos para el Fondo Estatal de Atención a Víctimas y 19.4 millones de pesos para la operación de la CEAIV.

El titular de la CEAIV consideró que la institución debería atender solo a las víctimas de homicidio, feminicidio, desaparición, desaparición forzada, lesiones graves, abuso sexual infantil, y tortura, por mencionar algunos,2 pues no se da abasto para cubrir la atención para todas las víctimas que por ley le corresponde, pues tiene solo 19 abogados.

De acuerdo con el titular de la CEAIV, “la situación hizo crisis porque recibió a mediados del año pasado una cantidad muy grande de personas que eran representadas jurídicamente por la Fiscalía del Estado.”3

Lo que es claro ante estos hechos es que la CEAIV no cuenta con los recursos humanos, materiales ni financieros para hacer frente a una crisis humanitaria que se ha desatado debido a la violencia que azota a Guanajuato.

Además, muestra la incapacidad de la CEAIV para garantizar la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pretendiendo crear víctimas de primera y de segunda categoría, sin reconocer que todas las víctimas son importantes.

Pero esta crisis no es nueva. Ya en octubre de 2022 corrieron rumores de que el comisionado Rochín del Rincón renunciaría a la CEAIV por la falta de apoyo por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato a la institución.4

En ese entonces, diversos colectivos de víctimas hicieron pública su inconformidad con el trabajo de la CEAIV y con el casi inexistente compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato con las víctimas:

“Buscadoras enviaron un mensaje directo al Gobierno del Estado que encabeza Diego Sinhue Rodríguez, a quien califican como un político que se olvidó de las víctimas.

‘Creo que el Gobierno del Estado es el responsable de las fallas de la Comisión de Atención a Víctimas. Es imposible que un grupo de 20 personas pueda atender a miles y miles de víctimas en el estado, y un tema que va creciendo todos los días. Estamos hablando que hay pocos abogados que tratan, desde la perspectiva de Hasta Encontrarte y diciendo que vamos a respetar la opinión de otros colectivos, desde Hasta Encontrarte los abogados han hecho lo mejor que han podido, pero no tienen capital humano’, comentó Bibiana Mendoza.

La buscadora de Irapuato declaró que solo una promesa ha cumplido Diego Sinhue Rodríguez: el de no volverse a reunir con las víctimas. La advertencia, dijo Bibiana Mendoza, la lanzó el gobernador durante una reunión privada que sostuvieron cuando estaba el plantón en el Teatro Juárez, en marzo de 2021.

‘Tanto Jaime Rochín como los integrantes de la comisión de víctimas pareciera que tienen la obligación de estar suplicando al Gobierno que pueda liberar el recurso para hacer las transferencias de apoyos alimentarios, para poder hacer llegar los apoyos a las familias’, compartió Paula Rojas.

Aunque la mayoría de los colectivos ven en el gobernador el principal freno para que la CEAIV funcione, también hay otras víctimas que responsabilizan directamente a Jaime Rochín, al asegurar que el comisionado está más preocupado por atender conferencias o dar clases que por atender el cargo público.”5

En estas circunstancias, es claro que el Gobierno del Estado de Guanajuato se ha olvidado de las víctimas en un estado plagado de víctimas.

Es urgente fortalecer a la CEAIV

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo plantea que esta Soberanía no cierre los ojos y oídos ante la crisis que están viviendo las víctimas en Guanajuato y que se emita un respetuoso exhorto al gobernador del Estado de Guanajuato para que, a través de la Secretaría Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la CEAIV, de manera urgente, se adopten las medidas y políticas necesarias para lograr lo siguiente:

1. Dotar a la CEAIV de recursos presupuestales, materiales y humanos que garanticen la atención digna y eficaz para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos de fuero común en la entidad;

2. Construir mecanismos de coordinación para que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato coadyuven con la CEAIV, en la atención a las víctimas en la entidad;

3. Emitir una política pública estatal de atención a víctimas que reconozca la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en la entidad, así como que reconozca la crisis institucional que está atravesando la CEAIV, que funja como hoja de ruta para mejorar la atención a las víctimas;

4. Garantizar que la CEAIV entregue los apoyos a las víctimas en tiempo y forma, con apego a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato;

5. Que la CEAIV garantice la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pues no existen víctimas de primera y de segunda categoría; todas son importantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guanajuato para que, a través de la Secretaría Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y de las dependencias y entidades que sean competentes, de manera urgente, se adopten las medidas y políticas necesarias para lograr lo siguiente:

1. Dotar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de recursos presupuestales, materiales y humanos que garanticen la atención digna y eficaz para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos de fuero común en la entidad;

2. Construir mecanismos de coordinación para que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato coadyuven con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en la atención a las víctimas en la entidad;

3. Emitir una política pública estatal de atención a víctimas que reconozca la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en la entidad, así como que reconozca la crisis institucional que está atravesando la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que funja como hoja de ruta para mejorar la atención a las víctimas;

4. Garantizar que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas entregue los apoyos a las víctimas en tiempo y forma, con apego a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato;

5. Que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas garantice la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pues no existen víctimas de primera y de segunda categoría; todas son importantes.

Notas:

1. ‘Si violencia persiste, Fondo Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato será insuficiente’: Jaime Rochín. Periódico Correo. Disponible en https://www.periodicocorreo.com.mx/vida-publica/si-violencia-persiste-f ondo-estatal-de-atencion-a-victimas-de-guanajuato-sera-insuficiente-jai me-rochin-20230209-67877.html

2. Ídem

3. En Guanajuato rebasa carga de trabajo a Comisión Estatal de Atención a Víctimas, solo tienen 19 abogados y son insuficientes. AM. Disponible en https://www.am.com.mx/guanajuato/2023/2/10/en-guanajuato-rebasa-carga-d e-trabajo-comision-estatal-de-atencion-victimas-solo-tienen-19-abogados -son-insuficientes-646813.html

4. Sin apoyo, Rochín renuncia a la comisión de atención a víctimas antes de terminar periodo. PopLab. Disponible en https://poplab.mx/v2/story/Sin-apoyo-Rochin-renuncia-a-la-comision-de-a tencion-a-victimas-antes-de-terminar-periodo

5. Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 19 de febrero, Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El 19 de febrero de 1961 nació en Londres Justin Fashanu, quien en el año de 1990 se convirtió en el primer futbolista profesional en declararse homosexual.

Las consecuencias de esta valiente “salida del clóset”, fueron la discriminación por su orientación sexual, la eventual salida del club para el que jugaba y su suicidio en 1998.

Según se ha referido en diversos medios de la comunidad LGBTTTIQA+ así como en publicaciones deportivas,1 desde su incursión en el futbol a los 17 años, Justin se convirtió en una estrella, seleccionado de Inglaterra en la categoría sub-21, ganador del premio al mejor gol, lo que lo llevó a fichar con un importante club inglés.

Con pequeñas variaciones en las historias disponibles, se coincide en que Justin frecuentaba bares gays, lo que llegó a oídos de su entrenador y compañeros de equipo, generando un entorno incómodo en el que su orientación sexual se convirtió en un secreto a voces, lo que le llevaría a un entorno adverso que afectó su nivel de juego.

Después de pasar por varios equipos en diferentes países, se le acusó falsamente de un abuso sexual, lo que lo llevó a tomar su propia vida, ya que consideraba que no tendría opción a un juicio, puesto que la opinión pública lo había declarado culpable de antemano.

Su historia debe entenderse en el contexto que se dio. Se trató de un hombre afrodescendiente, que solo por ese hecho ya se veía envuelto en un entorno de discriminación, si a eso le sumamos el hecho de que admitiera públicamente su homosexualidad en un deporte como el fútbol, en el que existe un machismo exacerbado, que castiga a quienes no cumplen con el rol de género que el patriarcado ha mandatado como aceptable, entonces podemos entender por lo que pasó a lo largo de su corta vida.

Justin experimentó, discriminación, rechazo, miedo y traición. Se reportó recientemente que su propio hermano admitió haberle ofrecido dinero para no hablar abiertamente de su orientación sexual, por el miedo de que esto le afectara en su propia carrera deportiva, ya que las personas podían pensar que él era gay también, de ese tamaño la ignorancia y el miedo.2

Hoy, quiero que aprovechemos esta efeméride para reflexionar no solo sobre esta triste historia, sino sobre todas estas historias que en pleno 2023 se repiten. No solo entre deportistas gays y lesbianas, mi comunidad transexual enfrenta de una manera más fuerte este rechazo. Las personas trans, muchas veces se ven impedides de participar en actividades deportivas a nivel profesional porque su identidad de género no corresponde al sexo de nacimiento, con lo que se enfrentan a la decisión de hacer su transición de género y tener que abandonar el deporte profesional para siempre o no hacer la transición y vivir las consecuencias de no poder alcanzar su realización personal.

Alzo la voz por un entorno deportivo diverso, en el que todas las personas LGBTTTIQA+ puedan acceder a sus derechos sin discriminación, exijo que se tomen las medidas necesarias para concientizar sobre el derecho de las personas sexo diversas a no ser discriminadas, hechas a un lado por su orientación sexual o identidad y/o expresión de género.

No pararemos, hasta que la dignidad se haga costumbre.

Notas

1 Vaquier, R. Justin Fashanu, la tragedia del primer jugador inglés gay que se suicidó por una mentira, [en línea], México, 2022, MedioTiempo, Dirección URL: https://n9.cl/r8vyb, [consulta: 13 de 02 de 2023].

2 Fernández, A. La trágica historia de Justin Fashanu, el futbolista inglés que luchó contra el odio y los prejuicios por ser homosexual. Argentina, 2020. La Nación, Dirección URL: https://n9.cl/56n6z, [consulta: 13 de 02 de 2023].

Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica)