Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar un estudio justificativo de 10 áreas importantes para la biodiversidad en Nuevo León, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Karla Estrella Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario Morena en LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea con carácter, de pronta resolución, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a la brevedad realice un estudio justificativo de 10 áreas importantes para la biodiversidad en el Estado de Nuevo León; al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Si cada vez que escuchamos sobre áreas naturales protegidas nos viene a la mente un bello paisaje, probablemente con algún cuerpo de agua, árboles y animales, estamos en lo correcto. Estas extensiones representan la total pureza que aún existe en la Tierra.

En México y el mundo existen diversas áreas naturales protegidas; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente las define como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley, su establecimiento tiene por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones , para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones.

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área.

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

De lo anterior se concluye que, las áreas naturales protegidas son una herramienta de conservación que cumplen varios objetivos y proporcionan una multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta1 , ya que mantiene la fauna y flora silvestres, los paisajes naturales, los procesos ecológicos, captan grandes volúmenes de agua requerida para el sustento de las poblaciones locales, capturan y almacenan dióxido de carbono, con esto ayudan a controlar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el cambio climático, entre muchos otros.2

De hecho, según datos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el Centro de Monitoreo de la Conservación Ambiental del PNUMA, el 14.7% de todas las tierras del planeta y el 10% de las aguas territoriales están bajo algún tipo de protección, ya sea mediante parques nacionales o áreas de conservación.

Las áreas naturales protegidas se encuentran en todo el mundo y son esenciales para el desarrollo sostenible a través de actividades económicas como el ecoturismo. De tales actividades, los pobladores de comunidades indígenas obtienen ingresos para su supervivencia y la de sus familias. Los paisajes mantienen importantes valores culturales y muchos de ellos albergan formaciones únicas en el planeta o que tienen una antigüedad de cientos de años.

Se busca incrementar el espacio protegido de manera que varias áreas queden conectadas para permitir un mejor flujo de elementos naturales y seres vivos. Esto no significa que las poblaciones sean removidas, al contrario, es de mucha importancia que los habitantes de comunidades locales participen en las acciones de protección y sean “vigilantes” ante actos ilegales.

Al respecto es de resaltar que México, es uno de los países megadiversos, que mayor liderazgo ha desarrollado dentro del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), del cual es signatario desde 1993, particularmente en los temas de áreas protegidas, y del uso y conocimiento de la biodiversidad. Ante el CBD, México tenía el compromiso de que, en el año 2020, el 17% de la parte terrestre de su territorio, así como el 10% de su superficie marina se encontraran dentro de superficies de conservación en diversas modalidades. (Meta 11 de Aichi).

En ese marco, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (Promarnat), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Diciembre de 2013, se incorporó el indicador “Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación” alineado al objetivo “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural”, estableciendo como meta a noviembre 2018, alcanzar los porcentajes de superficie protegida terrestre y marina citados, lo que implica el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi dos años antes de lo previsto.

Por otro lado, durante la COP 15 celebrada en Montreal Canadá, se aprobó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, ante uno de los retos más grandes que es detener la acelerada pérdida de biodiversidad, donde se incluyen 23 metas de conservación que deberán cumplirse para el 2030, que sustituye a las Metas de Aichi, que expiraron en 2020 y quedaron muy alejadas de su pleno cumplimiento.

Entre las metas globales que deberán cumplirse a más tardar en 2030 se encuentran el efectivo manejo y conservación de, por lo menos, el 30 % de las tierras, aguas continentales, áreas costeras y océanos, reconociendo los territorios indígenas, a mayor abundamiento la Meta 3 señala:

“Conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas, el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales, cuando proceda, integrados en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, velando al mismo tiempo porque todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.”3

En este tenor el estado de Nuevo León cuenta con una enorme diversidad de flora y fauna, en donde se puede encontrar más de 450 especies de aves, alrededor de 160 especies de mamíferos entre los que destacan, seis especies de felinos, como lo son el jaguar (panthera onca ) puma (puma concolor ), gato montés (felis silvestris ), ocelote (leopardus pardalis ), así como oso negro (ursus americanus ) y perrito de la pradera (cynomys mexicanus ).

Alrededor de 3,000 especies de plantas vasculares, siendo representativas las cactáceas y los encinos; aproximadamente de 150 especies de anfibios y reptiles. En el grupo de insectos se puede mencionar cerca de 250 especies de mariposas, entre otros, como escarabajos, libélulas y más.

Por ello, actualmente cuenta con las siguientes Áreas Naturales Protegidas Federales4 :

Actualmente se han detectado 10 áreas importantes para la biodiversidad en el estado de Nuevo León susceptibles de ser declaradas como Áreas Naturales Protegidas en sus diversas categorías, mismas que a continuación se detallan:

Nuevo león al encontrarse en una región predominantemente semiárida, presenta condiciones geográficas que le permiten una vegetación altamente diversa. Los matorrales ocupan más de la mitad de la superficie del estado, mientras que los bosques de coníferas y encinos se encuentran en las zonas altas.

La cubierta de uso del suelo y Vegetación de la Serie 7 (INEGI, 2021) del estado de Nuevo León, presenta 21 tipos de vegetación primaria, de las cuales con las ANP existentes y las 10 ANP propuestas, se cubrirían 14 tipos de vegetación con más del 30 % de cobertura, 5 en omisión y 2 en la categoría de vacío. Cumpliendo con la meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica de México ante el CDB de las metas de CUMIN.

Es por ello que, se requiere de diversas instituciones del Gobierno Federal, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Dirección General de Vida Silvestres (Dgvs), junto con el Gobierno del Estado de Nuevo León, propietarios particulares, ejidos y comunidades para que desarrollen importantes esfuerzos para lograr el cumplimiento de la Meta 3 Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica de México ante el CDB.

Por lo expuesto, y solicitando el consentimiento del pleno para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, reciba el trámite de urgente u obvia resolución, la suscrita diputada, someto a la elevada consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, analice y, en su caso, considere la pertinencia de realizar los estudios previos y justificativos para, en su caso, declarar al Cerro el Barbero, Lomeríos de Matorral espinoso tamaulipeco, Sierra de García , Sierra de Papagayos, Sierra del Coro y Matorrales del sur, Sierra Gomas, Sierra las Mazmorras y pastizales prístinos , Sierra Madre Oriental , Sierras de Enmedio-Minas Viejas y las Sierras Lampazos-Sabinas como áreas naturales protegidas competencia de la Federación.

Notas:

1. https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot

2. https://www.gob.mx/conanp/articulos/las-areas-naturales-protegidas-y-la -salud-humana#:~:text=Nuestras%20ANP%20capturan%20y%20almacenan,que%20n os%20ofrecen%20las%20ANP.

3. https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/cop-15-l-2 5-es.pdf

4. http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/

- Reflexión de las Metas de Conservación basadas en Áreas Post 2020, Isla Cozumel, Quintana Roo México https://redparques.com/modules/ecom/documentos/grupotrabajo/archivo_4e7 32ced3463d06de0ca9a15b6153677.pdf

- Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd/marco-mundia l-de-biodiversidad-post-2020

- Ramírez, Manuel Oscar; Alliance México. Las metas globales de biodiversidad Post-2020: Identificando retos y oportunidades. https://iki-alliance.mx/las-metas-globales-de-biodiversidad-post-2020-i dentificando-retos-y-oportunidades/

- Marco Estratégico Global Post 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/minuta_conadibio_reu_m arco_post2020_18jun.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Karla Estrella Díaz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a capacitar y sancionar a los servidores públicos que no cumplan con lo estipulado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al gobierno de Nuevo León para que capacite y sancione a los servidores públicos que no cumplan con lo estipulado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León.

Exposición de Motivos

I.- El 7 de junio de 2022, el gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, luego de la renuncia de Graciela Guadalupe Buchanan Ortega como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, este la nombró como Secretaria de las Mujeres.1

En dicho nombramiento, el gobernador constitucional expuso que la integración de Buchanan reafirmaría la perspectiva de género en su administración.

Sin embargo, en un reportaje realizado por Alejandra Barriguete y Alberto Pradilla para el portal N+ en el que se expone los casos de desapariciones de las mujeres en el estado así como los procesos de búsqueda que se ven dificultados por diversas aristas gubernamentales, según los familiares de las mismas, la funcionaria pública argumentó lo siguiente:

Aquí en Nuevo León, no hay una ola de mujeres desaparecidas. Hay una ola de mujeres que se salen de sus hogares, pero luego son encontradas y hay algunas mujeres, que han sido unas cuantas, que por la comisión de un delito no han sido localizadas. Y en algunos otros casos, desafortunadamente, ligadas a la delincuencia organizada.

(...)

Generalmente, las mujeres que están dentro de la trata de personas no son, necesariamente, originarias de Nuevo León. En muchos de los casos son de otros estados de la República que, desafortunadamente, pues tienen un mayor índice, nada más que lo registran mal o no lo registran porque es mucho más fácil maquillar las cifras para no aparecer en esos sentidos.

En Nuevo León somos correctos en el punto de vista de estrictamente jurídicos hacer las cosas.2 (Sic)

Ante estas declaraciones diputadas del Congreso Local de Nuevo León exigieron que la funcionaria se disculpara públicamente y reconociera que sí existe una ola de mujeres desaparecidas en el estado, pues no solo minimiza la desaparición de personas en Nuevo León sino que re victimiza a las víctimas de esta problemática.

Asimismo, lo anteriormente señalado se contrapone con el Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres,3 puesto que en el título segundo se enuncia las funciones que dicho ente debe realizar.

Segundo. Que el artículo 37 del ordenamiento legal citado, establece que la Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de formular, coordinar e instrumentar la política del Estado, planes y programas que garanticen el goce, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, y de prevenir y atender las violencias de género en el Estado.

Respecto al titular de la Secretaría de las Mujeres el Reglamento Interior establece en el artículo onceavo las facultades con las que cuenta.

III.Representar legalmente a la secretaría en el ámbito de su competencia y actuar en representación del Estado en el ejercicio de las facultades en materia de derechos humanos de las mujeres; prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias de género.

VIII. Elaborar, promover, implementar y evaluar las políticas, programas, proyectos y acciones que de manera transversal e interseccional se orienten hacia la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como someterlos a la consideración de la persona titular del Poder Ejecutivo.

X. Establecer y llevar a cabo los programas y políticas públicas transversales relativos a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos; así como el ejercicio de sus derechos.

XIX. Coadyuvar con las instancias municipales de las mujeres para implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres y su protección integral, en concordancia con las estrategias estatales que se determinen sobre la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Por las fracciones mencionadas se expone la necesidad de contar con personal que vaya en correlación con los objetivos, facultades, la visión y misión de las instituciones, y sobre todo si se trata de instituciones que busquen la atención a problemas sociales con perspectiva de género, ya que obstaculiza el proceso de atención a la ciudadanía, demerita el trabajo de las demás autoridades gubernamentales así como afectar directamente a las víctimas y familiares.

Sin embargo, la funcionaria Graciela Guadalupe Buchanan Ortega no ha sido la única funcionaria pública que se ha visto envuelta en la problemática señalada.

Dentro del mismo reportaje citado, la comisionada de búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Balderas, comentó acerca de las desapariciones en el estado.

No existe una crisis de desapariciones. Hemos hecho un contexto y tenemos entrevistas de las mujeres que se han ido localizando y la mayor parte de ellas han sido por diferentes causas, pero no porque fueron víctimas de desaparición forzada, pudieron haber sido víctimas de violencia familiar.

(...)

No son desapariciones, nosotros las buscamos como si estuvieran desaparecidas.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CBL), más de 900 mujeres faltan en sus hogares desde 2018, es decir, una cada dos días.4 Es importante mencionar que, solamente se investiga una desaparición de cada cuatro mujeres, de acuerdo a las mismas fuentes.

II.- Siguiendo con la línea de funcionarios públicos que se han visto envueltos en la misma problemática que es la desatención al profesionalismo y su capacitación, se presenta el caso posterior.

A mediados del 2022, el gobernador constitucional actual, Samuel Alejandro García Sepúlveda –mismo que dio el nombramiento a Buchanan en la Secretaria de la Mujer-, ante la fuerte sequía y la pérdida del suministro de la energía eléctrica que se vivía en el estado, argumentó en una conferencia de prensa lo siguiente:

Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no señores, el abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de la luz le toca a la CFE, a Agua y Drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero qué distribuye si no hay.5

Esta declaración por parte del gobernador constitucional del estado atenta contra el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León,6 el cual hace hincapié en el desempeño de los servidores públicos.7

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:

(...)

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

(...)

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.

(...)

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

El encargado del Poder Ejecutivo en el estado de Nuevo León –y de ningún otro-, debe deslindarse de las responsabilidades sobre atender y dar seguimiento a las necesidades de la población de su demarcación porque esa es precisamente su principal función que en consecuencia de evadir perdería el sentido de llamarse funcionario público.

Sin bien es cierto, el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de delegar tareas para poder atender las necesidades sociales de una manera más rápida y eficiente, pero no puede deslindarse de la responsabilidad de dar seguimiento y conocer las problemáticas que aquejan a la sociedad, pues es gracias a ella que se encuentra en dicho cargo público.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que capacite y sancione a los servidores públicos que no cumplan con lo estipulado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León.

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno de Nuevo León, a que, a través de la dependencia correspondiente, realice una campaña de capacitación y difusión entorno a las responsabilidades que todo servidor público debe cumplir conforme a la normatividad, específicamente lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Nuevo León, con el objeto de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes del estado.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno de Nuevo León para que, a través del órgano interno de control del Estado, inicie los procedimientos administrativos, y en su caso, se sancione a los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones previstas en la ley, ya sea por ignorancia o mala fe.

Notas:

1 INFOBAE, “Samuel García nombró a Graciela Buchanan como Secretaria de las Mujeres en Nuevo León”, 8 de Junio de 2022, disponible en https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/08/samuel-garcia-nombro- a-graciela-buchanan-como-secretaria-de-las-mujeres-en-nuevo-leon/, consultado el 09 de marzo de 2023

2 Barriguete, A, Pradilla, A, “Desaparecidas Ignoradas: Peligro Ser Mujer Nuevo León”, N+, 06 de marzo de 2023, disponible en https://www.nmas.com.mx/nacional/violencia-contra-las-mujeres-en-nuevo- leon-desaparecidas-e-ignoradas-por-la-justicia, consultado el 09 de marzo de 2023.

3 Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, 21 de enero de 2022, disponible en http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0004_017016 6-0000001.pdf, consultado el 09 de marzo de 2023.

4 Ídem.

5 Espinosa, G, Como si a mí me tocara el abasto del agua”, se queja Samuel García, 09 de junio de 2022, Sopitas.com, disponible en https://www.sopitas.com/noticias/abasto-agua-nuevo-leon-gobernador-samu el-garcia-queja/, consultado el 13 de marzo de 2023

6 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, disponible en https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20RESPON SABILIDADES%20ADMINISTRATIVAS%20DEL%20ESTADO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?20 23-01-27, consultado el 13 de marzo de 2023

7 Este mismo la encargada de la Secretaría de la Mujer en Nuevo León, ha atentado con las declaraciones anteriormente mencionadas.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 19 de abril de 2023.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y a la Fiscal General de Guerrero a realizar las investigaciones concernientes para aclarar los hechos en el infame asesinato de líderes antorchistas, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como a la Fiscal General del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que, de forma oportuna, pronta y eficaz, se realicen las investigaciones concernientes para aclarar los hechos en el infame asesinato de líderes antorchistas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 12 de abril del presente año, alrededor de las cuatro de la tarde fue informado un accidente automovilístico cerca del poblado de Agua de Obispo, perteneciente al municipio de Chilpancingo, justo en el tramo que va de Chilpancingo-El Ocotito, según primeras noticias el automóvil salió de la carretera y se desbarrancó. A bordo iban Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez Martínez y su hijo de seis Vladimir Tlacaélel Hernández Domínguez.

No obstante, ahora sabemos, gracias a un dictamen pericial, que no se trató de un accidente, sino que al momento de desbarrancar los pasajeros ya estaban muertos. El dictamen de la autopsia indica que los compañeros Conrado y Mercedes fueron asesinados a golpes, mientras que su hijo Vladimir fue asfixiado. También consta que los tres cuerpos fueron encontrados en la parte de atrás del vehículo.

Otro aspecto a considerar es que el automóvil no mostraba volcaduras, propias a ese tipo de accidentes.

Los compañeros asesinados eran integrantes del Comité Estatal de Antorcha en el estado de Guerrero, el compañero Conrado fue líder del antorchismo en Chilpancingo de los Bravos durante 10 años mientras que su esposa Mercedes era dirigente de los antorchistas en la zona de Cañada, desde hace año y medio. En estos días estuvieron reunidos por el periodo vacacional.

Queda entonces claro que el auto desbarrancado fue una forma de despistar o de ocultar el crimen en contra de nuestros compañeros activistas.

No podemos dejar de mencionar el contexto en el que se dan estos asesinatos, las acusaciones del presidente de la República en contra de las organizaciones sociales (El Movimiento Antorchista Nacional ha sido uno de los receptores), generan un discurso de odio hacia los activistas y al mismo tiempo los pone en riesgo.

Cito las palabras de mi compañero Homero Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista:

Si los responsables son de un grupo delictivo que digan cuál y si forma parte de la política directa de persecución contra Antorcha con mayor razón se debe encontrar a los responsables. Este asunto es grave, además, porque todos sabemos el contexto en el que se están dando estos crímenes, acusaciones, mentiras directas del presidente de la República contra las organizaciones, eso es matar a la gente verbalmente. Nosotros no decimos que ellos ordenaron su muerte, pero el contexto lo están formando, claro que sí, acusar a las organizaciones o a los individuos sin que se haga en una instancia correspondiente y se abuse del poder presidencial es estar preparando el escenario para que la gente se le agreda, para que a la gente se le mate como en este caso.

Es urgente, en cualquier caso, que no haya impunidad, que los grupos delictivos o los perseguidores políticos sepan que en México existe un Estado de derecho que se hace valer.

Por tanto, solicitamos a esta soberanía que, con nosotros, exija justicia, nadie merece ser privado de la vida y que su agresor quede impune.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como a la Fiscal General del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para que, de forma oportuna, pronta y eficaz, se realicen las investigaciones concernientes para aclarar los hechos en el infame asesinato de los líderes Antorchistas, Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su pequeño hijo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2023.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades diversas de Morelos en materia electoral a autorizar el bono de retiro de consejeros y consejeras del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 8 de marzo, en una sesión extraordinaria urgente, la Secretaría Ejecutiva presentó un proyecto de modificación al reglamento interno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en el artículo 50 Bis, el cual plantea otorgar a las y los Consejeros tres meses de salario por cada año por el que fueron designadas y designados, en este caso por 7 años.1

Dicha propuesta fue aprobada en esa misma sesión por 6 votos a favor y únicamente 1 en contra, cabe destacar que a favor de este proyecto votó Javier Arias, Enrique Pérez, Pedro Alvarado, Isabel Guadarrama, Elizabeth Martínez y Mayte Casales, mientras que el votó en contra fue de la consejera presidenta Mireya Gally Jordá.2

A todo esto, la consejera presidenta declaró lo siguiente:

“Yo voté en contra porque esa acción que va contra mis principios y convicciones, el hecho de que yo haya concursado para ser consejera pues llevaba con ello toda una responsabilidad en torno a la transparencia y a actos”

Tenemos que precisar que consejeros de ese instituto se han visto envueltos en polémicas, pues el pasado 22 de agosto de 2022 fueron destituidos los consejeros Javier Arias, Enrique Pérez e Isabel Guadarrama por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, esto a causa de negligencia, dilatación e invasión de funciones, aunque esta determinación fue revocada posteriormente mediante determinación judicial.

Tras esta propuesta, ciudadanas y ciudadanos buscan evitar que avance dicho proyecto, por lo que presentaron un Juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales ante la autoridad jurisdiccional.

Y es que, de continuar este proyecto, las y los consejeros serían acreedores a una prestación económica de 21 meses de salario, y en su caso recibirían un aproximado de 1 millón 650 mil pesos y la presidencia 1 millón 800 mil pesos.3 Asimismo y conforme con datos de activistas de dicha entidad, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que cuando un consejero se separa del encargo al que fue designado, le corresponden tres meses de salario más 20 días por cada año trabajado, es decir, casi siete meses de sueldo o aproximadamente 500 mil pesos.4

“este pago sea de tres meses de salario por cada uno de los siete años por el que fueron designados, es decir, tendrán una prestación económica de 21 meses de salarios”

Los activistas señalaron que dicho Consejo Estatal Electoral del Impepac da prioridad a las transferencias de recursos económicos para este bono, toda vez que en 2024 dejarán el cargo los consejeros Alfredo Javier Arias, Isabel Guadarrama y José Enrique Pérez, aseguró Roberto Salinas, quien encabeza la organización Morelos Rinde Cuentas.5

Es incongruente como el Impepac busca otorgar este tipo de bonos cuando, para otras actividades que debe de llevar a cabo esta institución, argumenta no tener recursos para poder operar con normalidad.

Además los mismos ciudadanos y activistas son los primeros denunciantes pues declaran que el Impepac no garantiza las acciones afirmativas para proteger los derechos políticos electorales de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres, juventudes, personas con discapacidad e indígenas, lo que ha originado que se promuevan diferentes juicios para solicitar que las autoridades jurisdiccionales, ordenen al Impepac a cumplir con sus obligaciones que la propia constitución les establece.6

II. Cabe precisar que el propio Congreso de Morelos exhortó al Impepac a cancelar este proyecto mejor conocido como “gratificaciones doradas” para los consejeros y a la Comisión de Hacienda a revisar el presupuesto aprobado al organismo local electoral para el año 2023.

Resulta relevante señalar que este proyecto que fue aprobado por mayoría en el consejo resulta inconstitucional pues el propio artículo 127 Constitucional menciona que:

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así? como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades” .

Como bien lo menciona este artículo las remuneraciones que reciban deben ser de manera proporcional y equitativa a sus responsabilidades, por lo cual este acuerdo resulta inconstitucional, toda vez que el proyecto que ellos propusieron constituye una cantidad exorbitante de dinero.

Desde Movimiento Ciudadano reprochamos este tipo de prácticas que únicamente contribuyen a continuar en un país de corrupción donde los grandes funcionarios son quienes tienen “gratificaciones millonarias”, mientras que los demás trabajadores apenas y pueden sobrevivir con su sueldo.

Además, abona a perpetuar el discurso actual, dictado desde la Presidencia de la República, relativo al indebido uso de recursos públicos por parte de las autoridades electorales.

Sabemos que es importante frenar este tipo de acciones y garantizar un país de iguales, donde todos los mexicanos gocen de un sueldo justo acorde con sus actividades. Por ello hoy decimos no a un abuso de poder, donde aprobar para sí mismos un proyecto con prestaciones económicas altísimas es un abuso para las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Tribunal Estatal Electoral de Morelos para que, en el ámbito de sus facultades legales, atienda de manera urgente el auto de admisión del juicio con folio JDC-29-2023 de la reforma al reglamento interno del Impepac, y se resuelva conforme a Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del Estado de Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones, puedan establecerse en su legislación los topes máximos presupuestarios de retiro para las y los servidores públicos en el Estado de Morelos, con el objeto de evitar decisiones unilaterales de establecerse un retiro contrario a la Ley, y que afecte los principios que rigen la función electoral.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que suspenda la reforma a su reglamento interno, en donde se autorizan un retiro considerado como ilegal, al no cumplir con la función electoral y democrática del propio Instituto.

Notas

1 Morelos: Consejeros electorales aprueban para sí mismos millonario bono de retiro. Aristegui noticias. Recuperado de:https://aristeguinoticias.com/1704/mexico/morelos-consejeros-elector ales-aprueban-para-si-mismos-millonario-bono-de-retiro/

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Los consejeros electorales de Morelos se dan bonos de más de $2 millones, Periodo La Jornada, 4 de abril de 2023, recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/04/04/estados/los-consejeros-elec torales-de-morelos-se-dan-bonos-de-mas-de-2-millones/

5 Ibídem

6 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la FGR a realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a quien resulte responsable por el maltrato animal perpetrado en contra de diversas especies marinas en el municipio de Huatabampo, Sonora, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Javier Joaquín López Casarín, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

Desde el pasado siete de abril del presente año, diversos medios de información reportaron la aparición de decenas de especímenes de mantarrayas y rayas muertos sobre la orilla de las playas del municipio de Huatabambo, Sonora. Esto atrajo la atención de diversas asociaciones ambientalistas y de protección animal, quienes denunciaron que desde hace varios años en el municipio “se acostumbra” a cortar los aguijones de las rayas en esta temporada, con el pretexto de proteger a los turistas que acuden a las playas a bañarse, pues las picaduras de estas especies marinas pueden causar irritación en la piel de los seres humanos.

Ante la indignación social, el presidente municipal Juan Jesús Flores Mendoza separó de su cargo a la coordinadora municipal de Ecología, Elizabeth Guerrero Moreno, y aseguró que ella fue la responsable de dar la indicación de mutilar a más de dos mil mantarrayas y rayas, pues, según indicó, él desconocía dicha situación.

Al respecto, la coordinadora municipal de Ecología de Huatabampo, Elizabeth Guerrero Moreno, manifestó que la decisión de cortar los aguijones de las mantarrayas fue una medida de protección para las y los bañistas que acudirían en las vacaciones de Semana Santa al Municipio y porque, a su entender, “el aguijón les vuelve a crecer”.

Estos hechos reflejan claramente los delitos de maltrato animal en contra de la biodiversidad, por lo que una simple separación del cargo no basta para subsanar el daño al ambiente que se ocasionó con estos actos. Aunado a lo anterior, estos últimos días también se ha informado del hallazgo de cadáveres de otras especies marinas, como lobos de mar en comunidades de este mismo municipio, lo que refleja una grave situación de impacto ambiental en la zona, además de la falta de capacitación de los servidores públicos locales en cuanto a la conservación y protección de la fauna y del propio ecosistema.

En este sentido, solicito a esta Soberanía que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República para que realicen las investigaciones correspondientes a fin de sancionar a quien resulte por el maltrato animal perpetuado en contra de diversas especies marinas en Huatabampo, Sonora.

Además, es urgente que los servidores públicos municipales de Huatabampo, Sonora, reciban capacitación sobre el cuidado de la flora y la fauna de la zona y se generen políticas públicas para la conservación de este importante ecosistema, a fin de que no se vuelvan a repetir hechos tan lamentables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República a realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a quien resulte responsable por el maltrato animal perpetuado en contra de diversas especies marinas en el municipio de Huatabampo en el estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora, a brindar capacitación a sus servidores públicos sobre el cuidado de la flora y la fauna de la zona, además de generar políticas públicas para la adecuada conservación del ecosistema.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Javier Joaquín López Casarín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a realizar mesas de trabajo con la Comar, para actualizar los fondos de dicho órgano desconcentrado ante las nuevas condiciones migratorias que se viven en nuestro país, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realice mesas de trabajo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con el fin de actualizar los fondos de dicho órgano desconcentrado ante las nuevas condiciones migratorias que se viven en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es una institución de las más nobles del Estado mexicano, la cual tiene como objetivo “...conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos.” ( Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, s.f.)

Segundo. Actualmente la COMAR cuenta con sus oficinas centrales situadas en la Ciudad de México y 3 representaciones sitas en Acayucan, Veracruz; Tenosique, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

Tercero. Cabe destacar que el incremento de personas en busca de refugio ha disparado, desbordando los esfuerzos de las autoridades mexicanas. Como ejemplo, se puede mencionar que, en los últimos años se han roto récords en el número de solicitudes de asilo y refugio en México. Sólo basta citar el siguiente ejemplo para percatarnos de la gravedad de este problema.

“Un récord de 58,642 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento del 14,88 % con respecto al mismo periodo de 2021, según un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) disponible este lunes.

Con estos datos, México rompió el récord histórico para un periodo similar de 51.654 solicitudes de migrantes que buscaron asilo en el país en el primer semestre de 2021.” (EFE, 2022)

Cuarto. Entre las solicitudes por nacionalidad, destacan (de enero a marzo de 2023) Haití, Honduras, Cuba, Venezuela, El Salvador, Brasil, Guatemala, Chile, Nicaragua, Ecuador. (COMAR, 2023)

Las siguientes gráficas que proporciona la COMAR dan cuenta de la gravedad del problema:

Quinto. Es por ello que, ante el incremento exponencial de las personas que están solicitando refugio para permanecer en México, se debe incrementar el presupuesto de la COMAR para que pueda continuar realizando su labor humanitaria y que hoy es más necesaria que nunca pues el Estado mexicano se ha caracterizado siempre por ser fraterno.

Sexto. Es en este tenor que solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementar el presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realice mesas de trabajo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con el fin de actualizar los fondos de dicho órgano desconcentrado ante las nuevas condiciones migratorias que se viven en nuestro país.

Bibliografía:

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. (s.f.). ¿Qué hacemos? Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/comar/que-hacemos

- COMAR. (02 de abril de 2023). La COMAR en números. Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/814283/Cierre_Marzo-2023 __1-Abril_.pdf

- EFE. (04 de julio de 2022). La cifra de solicitantes de asilo en México rompe récord y crece casi 15 %. Obtenido de Sociedad Suiza de Radiodifusión (SRG): https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-m%C3%A9xico_la-cifra-de- solicitantes-de-asilo-en-m%C3%A9xico-rompe-r%C3%A9cord-y-crece-casi-15— /47726580#:~:text=%2D%20Un%20r%C3%A9cord%20de%2058.642%20personas,(Coma r)%20disponible%20este%20lunes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a publicar y explicar a la ciudadanía las medidas que se tomarán en atención a la temporada de sequía en la entidad federativa, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al gobierno de Nuevo León para que se publique y explique a la ciudadanía las medidas que se tomarán en atención a la temporada de sequía en la entidad federativa.

Exposición de Motivos

I.- En el 2022, el estado de Nuevo León pasó a través de una de las peores crisis hídricas de los últimos treinta años, a raíz de un bajo almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto: encargadas de abastecer la zona metropolitana del estado.

De manera inicial, el gobierno del Nuevo León a principios del mes de febrero de 2022, emitió una Declaratoria de Emergencia por Sequía en la entidad, suspendiendo las actividades que implicaban un uso excesivo de agua,1 luego de la su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aunque anteriormente a esta declaratoria, el gobierno del estado lanzó una alerta ante el gobierno federal para que se le diera legalidad de tener acceso a la explotación de pozos emergentes.2 De tal modo que, el gobierno trazó un plan de acción que consistía en la perforación de más pozos.

Ante esto, las autoridades gubernamentales estatales tomaron más acciones, tales como hacer cortes programados para lograr una distribución de los embalses, así como realizar recorridos municipales de aquellos que están fuera de la zona metropolitana con el propósito de encontrar los recintos que robaran agua.

Siguiendo con las medidas optadas en ese entonces, los servicios de agua y drenaje de Monterrey consideró pertinente el dar acceso al servicio de agua solamente durante seis horas al día. Como consecuencia se ocasionó una compra excesiva de tinacos y de agua embotellada para contar con el recurso vital.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se encargó del bombardeo de nubes con yoduro de plata en aras de lograr las precipitaciones en el estado.3

Inclusive, las autoridades hablaron de dos proyectos que harían frente a la sequía y próximos fenómenos, según el gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua.

En primer lugar, el acueducto del Cuchillo 2, el cual tendrá la capacidad de dotar 5 mil litros de agua por segundo a Monterrey. En segundo lugar, la construcción de la presa Libertad con la capacidad de proveer mil 600 litros por segundo.

Así mismo, se publicó el 29 de julio de 2022, un Plan de acción inmediata para atender la problemática, teniendo tres acciones básicas.

Primera: Por ser causa de utilidad e interés público y por seguridad nacional, se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes, mediante la modificación o reducción provisional de volúmenes concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público urbano y serán entregados a Agua y Drenaje de Monterrey, que hará la medición y pago correspondiente.

Segunda: Un plan de apoyo para el abasto de agua potable a la población mediante la utilización de carrotanques, coordinado por la Conagua y la Sedena mediante el Plan DN-III.

Tercera: El gobierno federal coordinará el financiamiento y aportará a la ejecución de la Presa Libertad, que ya se encuentra en construcción y el segundo acueducto del Cuchillo, que iniciará la construcción en septiembre de 2022.4

Finalmente, se hicieron las recomendaciones básicas sobre el cuidado del agua para la población.

II.- Respecto a la causa de la sequía en el estado de Nuevo León fue por distintos elementos. Por un lado, los bajos episodios de precipitaciones, por otro, las altas temperaturas como consecuencia del cambio climático y por otro lado, el crecimiento demográfico registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues en 1995 se registraron 3.5 millones de habitantes y para el 2020, se alcanzaban los 5.7 millones de habitantes.

Es importante mencionar que, las empresas privadas también tuvieron relevancia en la ponderación de la sequía, ya que utilizaban grandes cantidades del líquido vital para el desarrollo de sus productos y actividades cotidianas.5

Para el 2023, las autoridades de Nuevo León deberán de hacer públicas las medidas que se tomarán ante la misma problemática, ya que la temporada de sequía se encuentra próxima.

Tan es así que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó acerca de cuatro municipios de Nuevo León que ya están enfrentando una sequía, a pesar de que las principales presas estatales continúan con niveles bajos sin recuperación.6 Aunado a que en el estado surgió una sequía extrema, incrementando la clasificación de moderada a severa.

Respecto a los niveles de almacenamiento del líquido vital a inicios del mes de marzo, la presa El Cuchillo I, tuvo un descenso al 45.08 por ciento de su capacidad total. En contra parte, al embalse de La Boca con un 57.24 por ciento, Cerro Prieto al 13.45 por ciento.7

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), Juan Ignacio Barragán Villareal, expuso que el gobierno del estado ya solicitó al gobierno federal que haga emisión de la declaratoria de emergencia.

Una de las medidas que se ha hecho pública es la emitida por los SADM, la cual consiste en colocar bombas flotantes para extraer más agua de la presa Cerro Prieto.8

Ante esto, los ejidatarios y campesinos del estado se manifestaron en contra y solicitaron que las autoridades competentes les cedieran algún apoyo económico para que no se vieran afectados por la sequía.

Respecto a la perforación de pozos, se estima que se conectarán 29 a la red para incorporar de 2 mil a 3 mil litros por segundo, sin embargo, su inicio ya va en retraso con apenas 17 pozos perforados.9

Para inicios del mes de enero, en los municipios de Apodaca, Guadalupe y San Nicolás, se quedaron sin agua luego de un corte del suministro por más de 12 horas de acuerdo a Agua y Drenaje, debido a un cambio de válvula.

El gobernador constitucional del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, solamente ha prometido que no habrá corte, sino una modulación de la presión.10

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que publique y explique a la ciudadanía las medidas que se tomarán en atención a la temporada de sequía del 2023 en la entidad federativa.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno de Nuevo León para que publique y explique a la ciudadanía las medidas que se tomarán en atención a la temporada de sequía del 2023 en la entidad federativa.

Notas:

1 Milenio Digital, Esto es lo que sabemos de la actual sequía en Nuevo León, MILENIO, 17 de marzo de 2022, disponible en https://www.milenio.com/sociedad/sequia-en-nuevo-leon-2022-esto-sabemos -de-la-crisis-del-agua, consultado el 14 de marzo de 2023.

2 Ídem

3 EFE, Vivir sin agua: la sequía marcó al estado de Nuevo León en 2022, ALTONIVEL, 27 de diciembre de 2022, disponible en https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mexico/vivir-sin-agua-la-sequia -marco-al-estado-de-nuevo-leon-en-2022/#:~:text=Durante%202022%2C%20el% 20norte%C3%B1o%20estado,de%20cerveza%20en%20la%20regi%C3%B3n, consultado el 13 de marzo de 2023.

4 Garza, M, Agua por “Decreto” para Nuevo León, El Financiero, 01 de agosto de 2022, disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-garza-campos/2022/08/01/a gua-por-decreto-para-nuevo-leon/, consultado el 13 de marzo de 2023

5 Ídem.

6 Alcaldes de México, Primera declaración de “sequía extrema” en Nuevo León en 2023, 09 de marzo de 2023, disponible en https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/primera-declaracion- de-sequia-extrema-en-nuevo-leon-en-el-ano/, consultado el 13 de marzo de 2023.

7 Robledo, R, Todo Nuevo León padece sequía, alerta la CONAGUA, La Jornada, 10 de marzo de 2023, disponible en https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/10/estados/todo-nuevo-leon-pad ece-sequia-alerta-la-conagua/, consultado el 14 de marzo de 2023.

8 Ídem.

9 Magallán, A, Prevé Conagua sequía y crisis en Nuevo León para el verano de 2023; Samuel García asegura abasto de agua, pero controlado, Vanguardia, 4 de febrero de 2023, disponible en https://vanguardia.com.mx/noticias/preve-conagua-sequia-y-crisis-en-nue vo-leon-para-el-verano-de-2023-samuel-garcia-asegura-abasto-de-agua-per o-controlado-BJ6281047, consultado el 14 de marzo de 2023.

10 Ídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 19 de abril de marzo de 2023.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades en materia de medio ambiente a realizar acciones que mitiguen el daño a la fauna endémica que habita en las áreas silvestres de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de medio ambiente de orden federal y estatal, para que realicen acciones que mitiguen el daño a la fauna endémica que habita en las áreas silvestres del estado de Jalisco”, considerando los siguientes:

Antecedentes

El estado de Jalisco cuenta con una extensión territorial de 78 mil 595.9 kilómetros cuadrados, representando el 4 por ciento de la superficie total del país.1

Convirtiendo a la entidad en una de las más extensas territorialmente en el país, sumando la vasta diversidad silvestre en flora y fauna que habita en la entidad.

En lo que respecta al relieve, Jalisco forma parte de las regiones por las que corre la Sierra Madre Occidental, la Mesa del Centro y el Eje Neovolcánico.

La zona nororiental se conforma principalmente de sierras, alcanzando altitudes de 2,850 metros sobre el nivel del mar, como el caso de la Sierra Alta y lomeríos de origen volcánico. Mientras que el norte se encuentra fundamentalmente lleno de cañones con 400 metros sobre el nivel del mar.2

Es bien sabido que al centro del estado se localiza el Lago de Chapala. Mientras que en la parte occidental se encuentran en su mayoría sierras de rocas ígneas que llegan hasta la orilla del mar; cabe destacar que de la erosión de estas elevaciones se ha desarrollado una llanura que se localiza hacia el suroccidente de la población de Tomatlán.3

Dentro de esta vasta extensión territorial se encuentran flora y fauna diversa. En lo que respecta a la flora, predominan los bosques de coníferas y encinos, así como selvas de dos tipos principalmente, las que tiran sus hojas en época seca del año y que son bajas y se distribuyen por todo el estado, así como las selvas que casi todo el año tienen hojas, que son medianas y se encuentran en la sierra que da a la costa en el municipio de Vallarta.

Por su parte, en Los Altos de Jalisco existen matorrales y áreas cubiertas de pasto. En la costa hay palmares, manglares y tulares.4

Por su parte, lo que respecta a la fauna, en los bosques de coníferas y encinos y en los matorrales: ardilla arbórea, zorra gris, gato montés, venado cola blanca, comadreja, zorrillo, jabalí, liebre torda, coyote y lobo. En el manglar: pecarí, cocodrilo, armadillo, pato y garza. En ambientes acuáticos: langosta, guachinango, mero, pargo, tiburón, pez vela, dorado, gaviota, martín pescador y tortuga verde. Y en lo que respecta a animales en peligro de extinción: mono araña, ocelote y tigrillo.5

No obstante, el desarrollo económico ha implicado la invasión de espacios silvestres por actividades agrícolas y ganaderas, además de contaminación y destrucción de hábitat esencial para la reproducción y el sostenimiento de poblaciones de animales silvestres.6

En sierra de Quila cazadores furtivos mataron a una pequeña manada de pecaríes, que es el jabalí autóctono de Jalisco, perjudicando a otras especies como pumas y jaguares. Hacia la costa dos ganaderos en conflicto por un lindero mataron a dos pumas adultos en el municipio de El Limón. Y las actividades productivas del valle cañero de Autlán-El Grullo cobran víctimas constantes: cuatro crías de ocelote aparecieron carbonizadas unos días antes de la Semana Santa.7

Al respecto, diversas organizaciones se han pronunciado. Como fue el caso de Jesús Valle, defensor de la fauna en la sierra de Quila:

“Es un problema generalizado en la mayor parte del país; en nuestra región, dentro de nuestra área natural protegida, hay cacería furtiva durante todo el año. Los cazadores furtivos invitan a más cazadores de Guadalajara y otros lugares: en los últimos 10 años ha disminuido un 90 por ciento el número de venados y pecaríes, y los grandes felinos casi desaparecieron. En 2018 nos mataron la totalidad de jaguares de la sierra de Quila.

...

Si a la pérdida del hábitat, destrucción de bosques y selvas le agregas la cacería furtiva intensiva, la fauna no tiene ninguna posibilidad y no sólo para las áreas protegidas: todo el monte en general. Las áreas protegidas son un mínimo del territorio, la fauna entra y sale de estas áreas y no se soluciona nada con inhibir la caza solo en áreas protegidas”.8

Por su parte, el académico de la Universidad de Guadalajara y activista en pro de los animales, Luis Eugenio Rivera Cervantes mencionó:

“Los felinos que tenemos en México, que son seis especies, han venido a la baja por diferentes circunstancias: la destrucción de su hábitat, pues restringimos los espacios para la fauna y, por lo tanto, los vamos arrinconando; luego metemos animales domésticos que alteran el medio y por tanto a los felinos se les consideran peligrosos o nocivos (...) en cuanto se sabe que anda un gato silvestre, habrá personas histéricas que piensan que los van a devorar en la noche. La gente no entiende lo de la invasión de hábitat y ha costado mucho trabajo en 15 años crear cultura de empatía.

...

Para los cazadores furtivos se trata de salir a matar por placer. Los ganaderos de todos los tamaños, por lo general consideran a los gastos una amenaza a su ganado y no hay poder sobre la tierra que los haga cambiar la mentalidad. Tenemos un conflicto histórico-ancestral entre ganaderos y fauna silvestre, y cualquier animal que se aparezca firma sentencia de muerte, no se diga si ataca ganado”.9

Por lo que resulta imprescindible que se tomen medidas al respecto, no solo como paliativos para intentar disminuir el impacto. Las instituciones en materia de protección al medio ambiente y la fauna a nivel federal y estatal deben actuar para erradicar de raíz el problema de la depredación de especies.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Jalisco, por vía de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para que ordene, ejecute y vigile distintas acciones a fin de proteger y preservar los hábitats y espacios silvestres de la entidad, con el fin de mitigar las afectaciones a la fauna endémica de Jalisco.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para que vigile y ejecute las medidas de seguridad necesarias que permitan la preservación de las especies silvestres de Jalisco, sancionando a quienes resulten responsables por afectaciones bajo cualquier esquema.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, ordene las diligencias correspondientes para vigilar la protección a la fauna silvestre de Jalisco y colabore con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco para proteger y preservar los hábitats y espacios silvestres de la entidad, sancionando a quienes resulten responsables.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, vigile las acciones llevadas a cabo en los hábitats y espacios silvestres de la entidad y en colaboración con su homóloga local establezca las sanciones conducentes para quienes resulten responsables por afectaciones a la fauna local.

Notas:

1 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/territorio/

2 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/territorio/re lieve.aspx?tema=me&e=14

3 Ibid.

4 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/territorio/re cursos_naturales.aspx?tema=me&e=14

5 Ibid.

6 https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=196373#:~:text=El%20des arrollo%20econ%C3%B3mico%20ha%20implicado,de%20poblaciones%20de%20anima les%20silvestres.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2023.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a iniciar una investigación a los elementos de la Guardia Nacional involucrados en los hechos lamentables donde atacaron a los integrantes de una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

I. El pasado 26 de febrero de 2023, en Nuevo Laredo en el Estado de Tamaulipas cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) integrado por un convoy de veinte elementos abrieron fuego a un vehículo que transportaba a siete jóvenes desarmados y que de ellos lamentablemente cinco fueron asesinados y uno está herido de gravedad y que tuvieron que pasar dos días para que la propia Sedena emitiera alguna postura respecto al caso y en el que señaló que en una calle de la colonia Manuel Cavazos, personal militar que realizaba un operativo de vigilancia escuchó disparos de armas de fuego, lo que generó alerta.1

Asimismo, se menciona que el grupo de elementos militares avanzó hacia el lugar donde se escucharon los disparos, cuando encontraron un vehículo que circulaba “a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas”. Entonces el conductor de ese vehículo aceleró “de manera intempestiva y evasiva”, tras lo cual impactó con otro que estaba estacionado, “al escuchar el estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”3

En dicho informe policial homologado (IPH) se destaca que el capitán de Caballería Elio N indicó que una vez que cesó el fuego, personal militar procedió a inspeccionar el vehículo en el que se transportaban los jóvenes agredidos “y no se localizó nada ilícito”, es decir, no se encontraron armas o drogas. Además, el IPH colocó en la mesa un dato adicional: los cuatro elementos militares que dispararon contra los jóvenes lo hicieron sin que el capitán Elio N. les hubiera ordenado abrir fuego. Lo que tenemos ante nosotros, entonces, no es un enfrentamiento entre autoridades y criminales, sino una persecución de vehículos militares a una camioneta con civiles desarmados.3

En este sentido, vale la pena destacar que los elementos de la Sedena nunca enfrentaron una situación real e inminente para el uso excesivo de la fuerza, en este caso la letal y que tampoco los civiles intentó embestir a los soldados para que reaccionar de esta manera o algún acto que se intentará disuadir o explicar los hechos que terminaron con estos jóvenes asesinados. Por lo que estaríamos hablando de un serio problema de control e instrucción por parte de los superiores jerárquicos de la propia Sedena.

Uno de los elementos esenciales del uso de la fuerza es que debe de equipararse al mantenimiento de la seguridad de las y los ciudadanos y los fines de esta por lo que genera una acción o reacción ante la inminente contingencia o hecho que debe enfrentarse conforme a los principios de la propia Ley. Es decir, debe establecer la cualidad de propósito de la norma, a efecto de estar en condiciones de, entre otras cosas, definir la clasificación de derecho que le corresponde a las y los ciudadanos como derecho constitucional o legal.

Por tal razón la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación describe que el Manual del Uso de la Fuerza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acción de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016,4 estableció lo siguiente:

“3. Principios Aplicables al Uso de la Fuerza

A. ...

B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.

a. Oportunidad, cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de los habitantes.

c. Racionalidad, cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas armadas ; lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder recurrir a otro medio alternativo...

De acuerdo con información de la propia Sedena que el personal militar de una Base de Operaciones desplegado en Nuevo Laredo realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon. La dependencia indicó que de manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida; a la persona que resultó herida se le brindó la atención, solicitando el apoyo de una ambulancia para ser evacuado a una instalación sanitaria, los elementos de la Sedena dispararon en más de 60 ocasiones, es decir el uso de la fuerza letal.5

Por estos hechos los elementos de la Sedena fueron vinculados a proceso por la propia Secretaría por la muerte de estos cinco jóvenes, donde hasta el día de hoy se ignora si la Fiscalía General de la República realmente esté haciendo algún tipo de investigación y por supuesto la sanción penal correspondiente por estos hechos, tan solo un informe de lo que sucedió y la opacidad de cómo se están realizando las pesquisas, ya que como podemos observar dichos elementos de la Sedena deben de ser juzgados por un tribunal civil y no militar como lo establece el Código de Justicia Militar en lo siguiente:

“Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar:

I.- Los especificados en el Libro Segundo de este Código, con las excepciones previstas en el artículo 337 Bis;

II.- Los del orden común o federal, siempre y cuando no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en ley penal como delito [...]”

Reiteramos que los delitos cometidos por elementos de la Sedena o hasta la Guardia Nacional deben de perseguirse en una vía civil y a cargo de la Fiscalía General de la República y ante los tribunales civiles de nuestro país.

Nuevo ataque a civiles

II. De acuerdo con información que fue revelada por el periódico El País señala que los elementos de la Guardia Nacional (GN) que atacaron a una familia que viajaba en una camioneta por el libramiento Mex II, al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 16 de abril de 2023, se habrían confundido, según una de las sobrevivientes de la agresión.6

Asimismo, es preciso destacar que conforme a las entrevistas y las testimoniales que realizó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a tres de los sobrevivientes del ataque, que dejó un saldo de tres fallecidos, incluida una menor de edad de 15 años embarazada y su bebé no nacido de ocho meses.7

En este nuevo ataque realizado por la Guardia Nacional se da dos meses después del ataque que donde fallecieron 5 jóvenes por parte de los elementos de la Sedena y que se explica en la parte de antecedentes del presente exhorto y que conforme a la información del periódico El País pone de nuevo a las instituciones de seguridad del país como un excesivo uso de la fuerza y que no se ha dado ninguna postura de la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa (Sedena), ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han informado de lo ocurrido. Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR).8

Por otro lado, es importante destacar que conforme a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe una tendencia en aumento de agresiones o detenciones ilegales en las carreteras del país por parte del ejército y de la Guardia Nacional en dicha entidad sin motivo o causa aparente, incluso de que cuando algún automovilista no se detiene por temor de que sean oficiales falsos del crimen organizado, estos elementos reales comienzan a disparar.9

“Nos bajamos [del vehículo], corriendo a diferentes lugares. Se escuchaba así el zumbido de las balas. Me estaban tirando a las piernas. Cuando las miré ya las tenía balaceadas. Mi pie también. Nos decían, ‘¡no se mueven pinches culeros, a la verga, porque los vamos a rematar, los vamos a matar aquí!’. Yo me fui a rastras, como pude. Quería cruzar la cerca, porque dijeron que nos iban a matar. Pero luego checaron la troca y dicen ‘guey, la cagamos, la cagamos, no tenían nada’. Y se fueron”.

Se destaca que, a diferencia del caso de febrero, cuando familiares y vecinos de los cinco muchachos asesinados increparon a militares en el lugar de los hechos, horas después de lo ocurrido, en este caso no ocurrió tal cosa. Entonces, Sedena divulgó incluso un comunicado, dando fe del ataque. Ahora, silencio. “Tenemos pruebas que evidencian la presencia de la Guardia Nacional en el lugar de los hechos” .

Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja condenamos el ataque a una familia por parte de la Guardia Nacional, en el Estado de Tamaulipas sean investigados y sancionados tal y como señalan los ordenamientos legales de nuestro país. Asimismo, exhortamos de manera respetuosa a las autoridades del Estado de Zacatecas o en su caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad para que brinde de manera integral la atención psicológica y legal a las víctimas de dicho ataque.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus facultades y sus respectivas competencias inicie la investigación de los elementos de la Guardia Nacional involucrados en los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, que dejaron un saldo de tres fallecidos, incluida una menor de edad de 15 años embarazada y su bebé no nacido de ocho meses.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Comisario General, David Córdova Campos para que en el ámbito de sus facultades y respectivas competencias se inicie una investigación de los elementos de la Guardia Nacional por el ataque que realizaron a una familia que dejó un saldo de tres fallecidos, incluida una menor de edad de 15 años embarazada y su bebé no nacido de ocho meses, en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, y en su caso se presenten las sanciones correspondientes de estos lamentables hechos.

Además de emprender una capacitación a los miembros de la Guardia Nacional, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre del Uso de la Fuerza, así como de adiestramiento, capacidades y procedimientos civiles de acuerdo a los protocolos de los institutos o academias de policías del territorio nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicie la investigación y en su caso las recomendaciones necesarias por el ataque a una familia por los elementos de la Guardia Nacional que dejó un saldo de tres fallecidos, incluida una menor de edad de 15 años embarazada y su bebé no nacido de ocho meses, en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas además de que se brinde la atención psicológica y legal hacia los familiares de las víctimas.

Notas

1 La masacre en Nuevo Laredo: el uso injustificado de la fuerza. Periódico El Financiero, 6 de marzo de 2023, recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/2023 /03/06/la-masacre-en-nuevo-laredo-el-uso-injustificado-de-la-fuerza/

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 2016 y acumulados, SCJN, recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias -emblematicas/sentencia/2022-01/AI25-2016.pdf

5 Vinculan a proceso a 4 elementos de Sedena por desobediencia en caso de jóvenes asesinados en Nuevo Laredo. Periódico El Universal, 2 de marzo de 2023, recuperado: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vinculan-proceso-4-elementos-de-s edena-por-desobediencia-en-caso-de-jovenes-asesinados-en-nuevo-laredo

6 Un nuevo ataque a balazos en Nuevo Laredo apunta a la Guardia Nacional: “Dijeron que nos iban a matar. Luego checaron la troca y dicen ‘güey, la cagamos”. Periódico El País, 19 de abril de 2023, recuperado de https://elpais.com/mexico/2023-04-19/un-nuevo-ataque-a-balazos-en-nuevo -laredo-apunta-a-la-guardia-nacional-dijeron-que-nos-iban-a-matar-luego -checaron-la-troca-y-dicen-guey-la-cagamos.html?ssm=TL_MX_CM

7 “La cagamos”. GN habría confundido a familia: testimonio revelado por El País, Redacción. Sin Embargo, 19 de abril de 2023 recuperado de: https://www.sinembargo.mx/19-04-2023/4350922

8 Ibídem

9 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a interceder para garantizar el acceso a la justicia de la familia de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, quien fue víctima de feminicidio a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a interceder para garantizar el acceso a la justicia de la familia de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz quien fue víctima de feminicidio a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El 13 de marzo del presente, fue hallada muerta en la base militar de Fort Hood, Texas, Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, quien era una mujer mexicana, naturalizada estadounidense, de origen michoacano.

Segundo. Es esa misma base militar fue asesinada en 2020 otra soldado de origen mexicano. Vanessa Guillén.

Tercero. “Ana Fernanda, nacida en el municipio mexicano de Tacámbaro, Michoacán, tenía 20 años. La joven salió de su ciudad natal el 5 de diciembre de 2019 con rumbo a EE.UU., donde la esperaba su padre, Baldo Basaldúa, de quien obtuvo la ciudadanía estadounidense. Por eso, pudo unirse a las filas del Ejército de este país.” (La Nación, 2023)

Cuarto. Desde Tacámbaro, Michoacán, cientos de vecinos y ciudadanos han exigido justicia para que no quede impune dicho feminicidio. Máxime que su caso no es el único ni es un hecho aislado.

Quinto. Hasta ahora, el ejército de Estados Unidos está tratando de encubrir al feminicida, argumentando que Fernanda Basaldúa se suicidó, sin embargo, la familia de la mexicana ha rechazado dicha hipótesis.

Sexto. “Tras el fallecimiento de la joven, muchos evocaron el caso de Vanessa Guillén, una soldado de origen mexicano que fue asesinada presuntamente por el militar Aaron Robinson, también en la base de Forth Hood, cuando tenía 20 años. Robinson se suicidó cuando la Policía estaba por interrogarlo tras la aparición de los restos de Guillén. Según trascendió, la joven había presentado quejas de abuso sexual en contra de sus compañeros militares en abril de 2020. Días después, se registró su muerte.” (La Nación, 2023)

Es por ello que, desde el Palacio legislativo de San Lázaro, debemos luchar y buscar, que todo acto delictivo en contra de mexicanos que se encuentren en cualquier parte del planeta no quede impune.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a interceder para garantizar el acceso a la justicia de la familia de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz quien fue víctima de feminicidio a manos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Bibliografía

- La Nación. (16 de marzo de 2023). Quién era Ana Fernanda Basaldua Ruiz, la soldado mexicana que encontraron muerta en una base militar en Texas. Obtenido de La Nación: https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/quien-era-ana-fernanda-basal dua-ruiz-la-soldado-mexicana-que-encontraron-muerta-en-una-base-militar -nid16032023/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a informar a la opinión pública sobre el financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura para adquirir plantas de Iberdrola y las implicaciones económicas generadas por dicha compra, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en uso de sus facultades y atribuciones, informe a la opinión pública sobre el financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura para adquirir plantas de Iberdrola las implicaciones económicas generadas por dicha compra, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los puntos medulares del proyecto de nación del presidente López Obrador es el impulso al sector energético, es de todos conocido que su gobierno ha volcado todos sus esfuerzos en volver redituable tanto a Pemex, como a la Comisión Federal de Electricidad.

Su incipiente interés en dicho sector quedó más que claro al momento de rendir su discurso de toma de posesión1 el 1 de diciembre de 2018, en el cual expresó lo siguiente “Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad.”

El sector energético, más específicamente el de la electricidad se convirtió en una obsesión para el presidente López Obrador tan es así que en Abril del año pasado el pleno de esta Cámara de Diputados desechó una reforma constitucional que planteaba que la Comisión Federal de Electricidad fuera el único ente con capacidad de surtir de energía eléctrica a las mexicanas y los mexicanos.

El pasado día 4 de abril, por medio de su cuenta de Twitter2 el titular del Ejecutivo federal dio a conocer que “el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización.”

Lo cúal no es más que una mentira ya que la CFE no adquirió nada debido a que la operación se realizó con participación mayoritaria del Fonadin y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.

El gobierno federal argumenta que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6 por ciento a 55.5 por ciento.3 No obstante, es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIEs ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública. En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE.

El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro.

Hasta el momento se desconoce el monto de los recursos con los que participará Fonadin y el resto de las entidades públicas, sin embargo, aunque estos no impacten la deuda pública ni la de la CFE, el costo saldrá de recursos públicos. Derivado de la falta de información se torna de suma importancia que la SCHP explique el esquema financiero y aclare su esta operación significará un cargo más a la deuda pública de nuestro país; porque en los hechos, los activos que se compran a Iberdrola es más un financiamiento a particulares que son los dueños de esas plantas generadoras, y no la nación como lo anunció el presidente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, a que informe a la opinión pública sobre el esquema financiero y su impacto en la deuda pública por la compra de las 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de $6 mil millones de dólares a la empresa española Iberdrola. Asimismo, a que informe a la opinión publica sobre cuáles son las implicaciones económicas en México por la falta de certidumbre jurídica a la inversión privada.

Notas:

1 https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/discurso-del-lic-andres -manuel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-lo s-estados-unidos-mexicanos-183910

2 https://twitter.com/lopezobrador_/status/1643332836336992256?s=20

3 https://imco.org.mx/la-compra-de-centrales-de-iberdrola-no-nacionaliza- la-industria-electrica/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de abril de 2023.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la CNDH y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, en relación a los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2023, en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas diputadas Sue Ellen Bernal Bolnik, Sofía Carvajal Isunza, Norma Angélica Aceves García, Carolina Dávila Ramírez, Ricardo Aguilar Castillo, Ana María Esquivel Arrona, Rosa María González Azcárraga, María Leticia Chávez Pérez, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral I fracción I; y 79 numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

En México, como país emisor, de tránsito, destino y retorno de personas migrantes, es una realidad que durante su estancia o tránsito por México, estas personas migrantes enfrentan altos riesgos de ser víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe asegurar la protección de sus derechos humanos garantizados por el sistema legal mexicano y por los tratados internacionales de los cuales México es parte.

Lo que establece nuestra carta magna en su artículo primero contempla lo siguiente:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”1

Lamentablemente existe un antecedente sobre las omisiones que tiene el Instituto Nacional de Migración, violando los derechos de personas extranjeras como la seguridad jurídica, así como a la libertad personal y de tránsito, así como omisión de los responsables para tomar las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para prevenir más incidentes mortales en las estaciones migratorias.

El día 28 de marzo del presente año, en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, se presentó un incidente que dejó 40 muertos y 26 heridos, los fallecidos fueron 19 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano, originado por un incendio en el cual el personal no estaba capacitado ni cumplía con los requisitos de respeto a los derechos humanos y de capacitación que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de los migrantes.

“La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra del Comisionado de Instituto Nacional de Migración (INM), el doctor Francisco Garduño Yáñez; asimismo, Antonio Molina Díaz, Director de Control y Verificación Migratoria de dicho organismo y el contralmirante retirado Salvador González Guerrero, quien fuera delegado en esa entidad, a quienes considera responsables del ejercicio ilícito del servicio público, por no tomar las medidas mínimas para prevenir el incendio en el recinto migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron 40 personas y 25 más resultaron heridas.

La Fiscalía señaló que estos funcionarios incumplieron con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando las anomalías cometidas en contra de los migrantes, lo cual está tipificado como delito en el artículo 214, fracción sexta, del Código Penal Federal, asimismo, se señaló que el pasado 31 de marzo de 2020, otro centro del INM se incendió en Tenosique, Tabasco, resultando una persona muerta y 14 heridas; de esta tragedia surgió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”2

Para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, la Ley de Migración establece que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los servidores del instituto están obligados a someterse a un proceso de certificación, que consiste en la comprobación del cumplimiento sobre personalidad, valores éticos, socioeconómicos y médicos, que son necesarios para el ejercicio de sus funciones. Esa certificación es requisito indispensable para su ingreso, así como las capacitaciones para obtener la preparación y adquirir la permanencia.

Es necesario que el Ejecutivo federal, de manera inmediata, separe de su cargo al titular del Instituto Nacional de Migración e imponga las sanciones correspondientes, y que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaria de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de implementar mecanismos de prevención para lograr los objetivos y garantizar la protección de las personas migrantes privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que obligan a cada Estado Parte a adoptar medidas eficaces para impedir que se cometan actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en cualquier territorio bajo su jurisdicción.

En este sentido, por las consideraciones antes expuestas, se propone a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. – La Camara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que, de manera inmediata, separe de su cargo al titular del Instituto Nacional de Migración y se impongan las sanciones correspondientes por los actos de omisión y negligencia que derivaron en los lamentables hechos del pasado 28 de marzo de 2023, en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en dónde perdieron la vida 40 personas migrantes y 25 más resultaron lesionadas.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y emita las recomendaciones necesarias con el propósito de determinar responsabilidades, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, y adoptar las medidas de reparación correspondientes, sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2023, en el Centro de Detención Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Tercero. – La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de implementar medidas de prevención y protección, así como adoptar garantías de no repetición en respeto a la dignidad y los derechos humanos de la población migrante, para que el Instituto Nacional de Migración cumpla con sus obligaciones legales y con los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por méxico en materia de derechos humanos de los migrantes.

Notas :

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.jornada.com.mx/2023/04/12/politica/003n1pol

3 https://www.lanacion.com.py/mundo/2023/03/31/cinco-detenidos-por-incend io-que-mato-a-39-migrantes-en-mexico/

4 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/16-DH-guia-pe rsonas.pdf

5 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33203.pdf

6 https://hchr.org.mx/derechos-humanos/derecho-internacional-de-los-derec hos-humanos/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%2C%20junto%20con ,Carta%20Internacional%20de%20Derechos%20Humanos%E2%80%9D

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril del año 2023.

Diputados: Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Sofía Carvajal Isunza (rúbrica), Norma Angélica Aceves García (rúbrica), Carolina Dávila Ramírez (rúbrica), Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), Ana María Esquivel Arrona (rúbrica), Rosa María González Azcárraga (rúbrica), María Leticia Chávez Pérez (rúbrica), Gabriela Sodi (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Cambio Climático, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, de esta soberanía, a explicar el proceso de adquisición de las plantas de energía de Iberdrola y los impactos en la política ambiental y energética del país, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, para llevar a cabo una mesa de trabajo en la que, en conjunto con las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Cambio Climático, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, se explique el proceso de adquisición de las plantas de energía de Iberdrola y los posibles impactos en la política ambiental y energética del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 4 de abril del presente año el Gobierno Federal anuncio mediante un comunicado de prensa la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola.1 En dicho comunicado se informó que:

El monto de la transacción es de aproximadamente 6 mil millones de dólares por 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica, con capacidad total de 8,500 MW.2

• La adquisición se realiza a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), administrado por México Infrastructure Partners (MIP), y financiamiento de la banca.3

• Dicha transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal, al ser realizada a través del Fonadin.4

Desde que se emitió dicho comunicado han surgido diferentes dudas sobre el proceso de compra de las 13 plantas para producir energía eléctrica y de su posible impacto en la política ambiental y energética del país. Por ejemplo:

1) De las 13 plantas involucradas en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) y producen 8,436 MW y solo una es eólica produciendo 103 MW. Es decir, 12 de ellas utilizan combustibles fósiles y solo una produce energía limpia. Por lo que México pareciera que no gano nada en la reducción de su huella de Carbono con la adquisición de estas plantas, ¿Qué motivo a tomar esta decisión?, acaso ¿no sería mejor invertir esos 6 mil millones de dólares en la construcción de plantas de energía limpia?5

2) En cuanto a capacidad instalada, las 13 plantas seguirán produciendo 8539 MW, es decir, no se ganó ni un solo MW extra con esta operación, por lo que no se ve el beneficio en la matriz energética del País ni como ayudará esto a alcanzar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas comprometidas en la última COP sobre cambio climático en Egipto.

3) El Gobierno Federal señala que con la compra de estas plantas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumento su porcentaje de generación de electricidad del 39.6 % al 55.5 %. Sin embargo, hay opiniones que dicen lo contrario, como la del IMCO que señala que esta generación de electricidad ya formaba parte de la matriz de generación de la propia CFE.6

4) México Infrastructure Partners (MIP), un fondo privado del que no conocemos el nombre de sus asociados que, con la participación de capital del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del cual se desconoce su monto, serán los encargados de solventar la operación de la compra de estas 13 plantas, pero, existen diversos señalamientos que afirman que el Fonadin no cuenta con los recursos suficientes para saldar esta operación, por lo que tendría que ser a través de deuda publica emitida vía el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.7

Esta situación no ha sido aclarada por el Gobierno Federal.

5) La CFE no será la propietaria de dichas plantas, por lo que solo las administrará. Lo cual genera preocupación por la alta ineficiencia que ha mostrado la propia CFE en la administración varias veces comprobada, de sus propias plantas.8

6) Surge finalmente otra duda que no ha sido aclarada por el gobierno.

Todos los empleados que actualmente laboran en las 13 plantas pasaran a ser servidores públicos o cual será su situación laboral, en este caso tampoco el Gobierno Federal lo ha aclarado.

Son muchas las dudas y poca la información oficial por parte del Gobierno Federal en este tema.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García para llevar a cabo una mesa de trabajo en la que, en conjunto con las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Cambio Climático, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, se explique el proceso de adquisición de las plantas de energía de Iberdrola y los posibles impactos en la política ambiental y energética del País.

Notas

1 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-el-gobierno-de-mexico-a nuncia-acuerdo-con-iberdrola-para-la-compra-de-13-plantas-de-generacion -de-electricidad

2 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-el-gobierno-de-mexico-a nuncia-acuerdo-con-iberdrola-para-la-compra-de-13-plantas-de-generacion -de-electricidad

3 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-el-gobierno-de-mexico-a nuncia-acuerdo-con-iberdrola-para-la-compra-de-13-plantas-de-generacion -de-electricidad

4 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-el-gobierno-de-mexico-a nuncia-acuerdo-con-iberdrola-para-la-compra-de-13-plantas-de-generacion -de-electricidad

5 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-el-gobierno-de-mexico-a nuncia-acuerdo-con-iberdrola-para-la-compra-de-13-plantas-de-generacion -de-electricidad

6 https://imco.org.mx/la-compra-de-centrales-de-iberdrola-no-nacionaliza- la-industria-electrica/#:~:text=La%20compra%20de%20centrales%20de%20Ibe rdrola%20no%20nacionaliza%20la%20industria%20el%C3%A9ctrica,-IMCO%20Sta ff&text=COMPARTIR%3A,%246%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares.

7 https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fonadin-con-recursos-insuficie ntes-para-adquirir-plantas-de-Iberdrola-20230411-0127.html

8 Ibíd.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Agencia Federal de Aviación Civil a realizar inspecciones frecuentes a las aeronaves y verificar que cumplen con medidas de seguridad, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Elva Agustina Vigil Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Agencia Federal de Aviación Civil al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cuando termina un vuelo, siempre se piensa que el agradecimiento se debe al piloto o comandante, pero en realidad, aunque es quien se considera el más importante existe una cadena que está encargada de la seguridad en el transporte aéreo, todo regulado por la ley Federal de Aviación Civil

Es de gran relevancia el que los pasajeros sigan las instrucciones impartidas durante el vuelo, pero es también fundamental que el avión cumpla con las normas estipuladas por la Ley Federal de Aviación Civil

Artículo 41. La responsabilidad del comandante con relación a la seguridad y operación de la aeronave comprende desde el momento en que la aeronave esté lista para moverse con el propósito de despegar hasta el momento en que se detiene por completo al finalizar el vuelo y que se apagan los motores utilizados como unidad de propulsión principal.

Son varias las etapas de preparación de la aeronave y del personal que hará parte de la tripulación

(...)

Capítulo XIX

De las sanciones

Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por el concesionario o permisionario, según se trate, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

(...)

g) Sin los instrumentos de seguridad y equipo de auxilio que corresponda, con multa de quinientos a cinco mil Unidades de Medida y Actualización;

Artículo 87. Se les impondrán a los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo las siguientes sanciones por:

(...)

VIII. No efectuar la conservación y mantenimiento de sus aeronaves y demás bienes que se relacionen con la seguridad y eficiencia del servicio, multa de quinientas a cinco mil Unidades de Medida y Actualización;

Así, la ley antes mencionada, contemplado que los aviones cuenten con la seguridad para los pasajeros durante el vuelo y que si en caso fortuito e infortunado el personal de sobre cargos sepa cómo actuar y reaccionar de la manera más adecuada preservando siempre la vida

En la realidad, muchas aeronaves no cuentan con un botiquín que contenga los elementos básicos para atender una mínima eventualidad, representando esto un grave riesgo para cualquier pasajero que en un momento dado pueda presentar un percance durante el vuelo y teniéndose obligatoriamente a estar en tierra para la atención del mismo

Es verdad que volar en un avión puede ser una experiencia desagradable si los pasajeros no obedecen las normas y recomendaciones durante el vuelo, pero en caso de que un pasajero sufra por ejemplo un desmayo sabiendo que se presenta cuando el cerebro deja temporalmente de recibir suficiente sangre, lo que hace que pierdas el conocimiento. Esta pérdida del conocimiento suele ser breve y se debe actuar de manera pronta para que el afectado vuelva en conciencia, sin embargo, muchos sobrecargos no saben cómo se debe actuar porque no tienen el conocimiento al respecto, teniendo que acudir a buscar entre los pasajeros alguien que pueda cooperar frente a los hechos.

Por seguridad en el avión se contempla en la Ley Federal de Aviación Civil, pero no se está cumpliendo, las diferentes aerolíneas han dejado de lado cumplir con este tema poniendo en grave riesgo la integridad de los pasajeros o la forma asertiva de reaccionar frente a una situación que se presente en medio de un vuelo.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Agencia Federal de Aviación Civil para que realice inspecciones frecuentes a las aeronaves y verifique que cumplen con las medidas de seguridad contenidas en la Ley Federal de Aviación Civil y en caso de encontrar alguna falencia se sancione y se tomen las correcciones correspondientes

Dado en Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 abril de 2023.

Diputada Elva Agustina Vigil Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la UAM y a la Comisión de Educación de esta soberanía a crear vías de comunicación para reforzar las acciones que faciliten la construcción de acuerdos entre la comunidad estudiantil y las autoridades de dicha universidad, suscrita por los diputados Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Jorge Triana Tena y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN

Suscrita por la diputada federal Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, el diputado Jorge Triana Tena y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6 y III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes:

Consideraciones

I. Actualmente la UAM cuenta con cinco planteles: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco; donde ofrecen 80 licenciaturas, 64 maestrías, 42 doctorados, 14 especializaciones.

II. El 10 de marzo de 2023 en la Ciudad de México, los cinco planteles de la UAM, entraron en paro indefinido como acto de reprobación y solidaridad con una alumna de la unidad Cuajimalpa, tras ser víctima de abuso sexual por parte de su ex pareja dentro de dicho plantel, la comunidad estudiantil rechaza cualquier tipo de violencia a la comunidad, en especial hacia las mujeres cuyas demandas de seguridad y respeto sean reconocidas

III. La violencia de género es uno de los mayores problemas que aquejan instituciones de educación en nuestro país, por lo que han surgido organizaciones feministas, las cuales han propuesto soluciones que en pocas ocasiones han sido tomadas en cuenta.

IV. A pesar de la implementación de protocolos para erradicar la violencia de género que se presenta dentro de los planteles, se ha permitido que estos casos queden impunes.

V. Esta omisión de parte de las autoridades universitarias no ha generado soluciones a las demandas estudiantiles que aquejan de la universidad en materia de violencia contra las mujeres, lo cual ha derivado que siga el paro de labores educativas dentro de dicha institución universitaria.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de acuerdo

Único . Con respeto a la autonomía universitaria y a los órganos de esta Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, se solicita a la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados crear vías de comunicación para reforzar las acciones que faciliten la construcción de acuerdo entre la comunidad estudiantil y las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, para que las labores académicas sean retomadas y las demandas de la comunidad estudiantil sean solucionadas buscando en todo momento la eliminación de la violencia de género que aqueja a dicha comunidad universitaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputados: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades en materia de medio ambiente a realizar acciones de remediación de los sitios de transferencia o disposición final de residuos y promuevan la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de medio ambiente de orden federal, estatal y municipal, para que realicen acciones de remediación de los sitios de transferencia o disposición final de residuos y promuevan la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos en el estado de Jalisco”, considerando los siguientes:

Antecedentes

Jalisco enfrenta una crisis ecológica en materia de generación y manejo de residuos, específicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Este grave problema es provocado por las amplias cifras de generación de basura en el estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2021, diariamente se recolectan en promedio 7 millones 682 mil 397 kilogramos de residuos.1

Dicho de otra forma, los residuos que se producen en Jalisco representan el equivalente a 1,920 camiones de basura que en promedio manejan una capacidad de carga de 4 toneladas.

Tan solo en lo que corresponde a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la emisión de residuos equivale a 4 mil 667 toneladas diarias, siendo Guadalajara y Zapopan los municipios que mayor cantidad reportan. Durante 2020, la capital de la entidad produjo 1 mil 393, mientras que Zapopan produjo 1 mil 350 toneladas en el mismo año.2

Por su parte, el municipio que ha reportado un incremento significativo en ros residuos sólidos recolectados fue Tlajomulco de Zúñiga, con 66.6 por ciento de aumento, al pasar de 400 toneladas en 2018 a 666.2 en 2020.3

También se reportaron incrementos en San Pedro Tlaquepaque, de 500 a 534 toneladas; Tonalá, de 384.2 a 395.1 toneladas; El Salto, de 140 a 180 toneladas; Ixtlahuacán de los Membrillos, de 46.7 a 50 toneladas; Acatlán de Juárez, de 46.7 a 50 toneladas; y Juanacatlán, de 15 a 17 toneladas.4

Una vez que han sido recolectados los residuos, son trasladados a alguno de los 120 sitios de disposición final o alguno de los 8 centros de acopio previo a la disposición final que existen en Jalisco.

En estos lugares los residuos pueden permanecer décadas, provocando daños al medio ambiente, así como a la calidad de vida y desarrollo productivo de cientos de familias que habitan en las comunidades aledañas.

También es importante señalar las omisiones que han dejado graves daños al medio ambiente y a las y los jaliscienses. Pues, a pesar de que la Zona Metropolitana es el lugar donde se genera el 80 por ciento de la basura de la entidad, no hay sitios de disposición final disponibles, propiciando que los residuos se acumulen en las calles.

Asimismo, se abren centros de transferencia sin considerar las condiciones y características que establecen las normas vigentes que terminan convirtiéndose en basureros.

Cabe destacar que la inexistencia de un sitio de disposición final también se debe al cierre de aquellos que trabajaron más tiempo de su vida útil, sumado a la ausencia de una planeación metropolitana de infraestructura útil a largo plazo para todos los municipios, bajo la lógica de la economía circular.

El primer caso se dio a finales de noviembre de 2021, se trata del relleno sanitario de Los Laureles operado por la empresa CAABSA, que recibió los últimos residuos de los desechos generados por los municipios de El Salto, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Este sitio operó durante 22 años recibiendo entre 3 mil y 3 mil 500 toneladas diarias, cuando su vida útil era solo de 10, lo cual generó graves daños ambientales, no solo para el río Santiago, también para las comunidades aledañas, pues los desechos eran dejados a cielo abierto y no los enterraban generando fuga de lixiviados.

Cuando se oficializó el cierre, se informó que comenzaría el proceso de remediación, para el cual invertirían 150 millones de pesos. Sin embargo, en diciembre de 2022, un año después de su cierre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que clausuró dicho basurero, intentó realizar una inspección al predio y trabajadores del sitio lo impidió.5

La Profepa argumentó que el cierre fue para evitar la contaminación del Río Santiago y, en virtud de que se impidió inspeccionar el compromiso de CAABSA sobre los trabajos de remediación ambiental, aunado a que los desechos continúan a la intemperie, hay derrames de líquidos por alimentos en descomposición y la mezcla de otros solventes residuales, causando afectaciones a habitantes aledaños y daño ecológico en el subsuelo.6

Otro caso se suscitó en el pueblo de Matatlán, que desde 2007 fue autorizado a servir como central de transferencia, para captar residuos de los camiones y en menos de 48 horas trasladarlos en góndolas hasta un sitio de disposición final, en este caso Los Laureles.

Sin embargo, con el cierre de Los Laureles en noviembre de 2021, la empresa CAABSA convirtió el sitio de transferencia, en un basurero de disposición final. Situación que generó severos problemas ambientales a los asentamientos humanos que se construyeron alrededor, así como derrame de lixiviados, residuos a cielo abierto y malos olores.

Al momento de su clausura por parte de la Profepa en noviembre de 2022, se documentó que había violaciones a las normas ambientales como es el almacenamiento de más de 120 mil toneladas de basura.

Por su parte, en la Zona Metropolitana se encuentra el sitio de disposición final Picachos, ubicado en Zapopan. Inició operaciones en mayo de 2001, se encuentra sobre 70 hectáreas, y año con año ha ido aumentando sus celdas con los residuos generados en los municipios de Zapopan y parcialmente de Guadalajara.

Se calcula que en los últimos 12 años se dispusieron más de 4.8 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Lo que lo convirtió en un basurero que habría llegado a su vida útil para noviembre de 2021.

En 2022 el gobierno de Zapopan planteó la ampliación del número de celdas del vertedero sanitario Picachos para apoyar con sus residuos sólidos urbanos a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, luego del cierre de los basureros de Laureles y de Matatlán.

Ante ello, el gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara anunciaron invertir por lo menos 70 millones de pesos para construir las celdas 6 y 7, con la incorporación de 12 hectáreas más, a fin de poder recibir más desechos de los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

De continuar con un esquema así, la disposición final de basura continuará generando crisis ambiental en Jalisco, ante la falta de un plan a corto y mediano plazo por parte de gobierno del Estado y los municipios de la Zona Metropolitana para atender los sitios de disposición final o de transferencia que fueron cerrados.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco para que, en medida de sus competencias, establezca una estrategia de coordinación con los ayuntamientos que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara con el objeto de atender urgentemente los sitios de transferencia o disposición final de residuos conocidos como Los Laureles, Matatlán y Picachos, con el objeto de reducir los riesgos inminentes a la salud y al ambiente, así como propiciar el desarrollo sustentable; todo con base en los criterios que establece el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Riesgos.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los ayuntamientos que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara para que, en medida de sus competencias, establezcan un esquema de coordinación con los gobiernos federal y estatal para promover la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos. Debiendo cumplir con las especificaciones y características constructivas y operativas para Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003, especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en medida de sus competencias, instruya la inspección en el sitio de disposición final de Los Laureles y el sitio de transferencias Matatlán, con el objeto de verificar que estén realizando los trabajos de remediación ambiental que exige la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Cuarto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco y a la Procuraduría del Medio Ambiente del estado de Jalisco para que, en medida de sus competencias, establezca un esquema permanente de visitas de inspección a los sitios de transferencia o de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y publique bajo el principio de transparencia los resultados de dichas visitas.

Quinto. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco para que, en medida de sus competencias, establezcan un esquema de coordinación con los ayuntamientos que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara con el fin de convocar a la participación de todos los sectores sociales en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Así como integrar a los órganos de consulta que establece la ley en comento, entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas, organizaciones sociales y empresariales para funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en la materia.

Notas:

1 https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#Publicaciones

2 https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#Tabulados

3 Ibid.

4 Ibid.

5 https://www.publimetro.com.mx/jalisco/2022/12/01/gobierno-federal-ahora -clausuro-el-basurero-de-los-laureles/

6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tonala-profepa-clausura-ahor a-el-vertedero-los-laureles

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2023.

Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a emitir los lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que formule el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de la próxima celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, proclamado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 23 de abril de cada año, cabe mencionar que la idea de celebrar el Día del Libro encuentra su antecedente en 1926 en Cataluña, y fue propuesto a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926 (DÍA DEL LIBRO, s.f.). La elección de esta fecha conlleva un profundo significado, por ser coincidente con el fallecimiento de William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

La UNESCO estableció así, el 23 de abril como un “día que rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible” (UNESCO, s.f.).

Asimismo, sitúa claramente el objetivo de dicha conmemoración ya que al defender el libro y el derecho de autor, se apoya la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y el libre acceso a los contenidos científicos y los recursos educativos con la participación activa de las partes interesadas –autores, editores, docentes, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, ONG humanitarias, medios de comunicación y cualquier otro interlocutor que se sienta implicado en esta celebración (UNESCO, s.f.).

Por lo que partiendo de estos principios, el pasado 18 de octubre presenté Punto de Acuerdo para exhorta respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, a que proceda a instalar el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, mismo que fue aprobado y del que ahora espero no sólo se dé el seguimiento, sino el cumplimiento a lo dispuesto por la ley, que contiene las bases y los mecanismos de participación de las diferentes entidades públicas y privadas, a través de las cuales deben abordarse las políticas y acciones a favor del libro y la lectura y por supuesto de la sociedad (Diputados, Proposiciones con punto de acuerdo presentadas por diputado en la LXV Legislatura turnadas a comisión, s.f.).

Sin embargo, quiero puntualizar que estas acciones a favor de la lectura no son un acto de buena voluntad, sino también un elemento vital en las acciones en materia de educación conforme a lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 29-01-2016, 15-05-2019

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica” (de Diputados, s.f.).

De manera que, tratándose de educación, es imprescindible contar con mecanismos eficaces de evaluación tanto de la calidad como de los progresos de esta, William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, acuñó la frase: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre” (Energía y Desarrollo Sustentable , s.f.), lo que viene muy al caso, ya que uno de los instrumentos, para llevar a cabo una medición respecto de la capacidad de los alumnos, entre ellos el de la lectura, es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que celebro que no se haya suspendido la participación de nuestro país en 2022 en este importante instrumento de evaluación del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria.

Sin embargo, es necesario abordar, otra línea de acción que no debe quedar desatendida, como lo es el caso de los libros de texto, ya que la Secretaría de Educación Pública ha omitido formular y emitir la Convocatoria en el año de 2022 y el presente, para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, mediante la que se asegure la participación de todas y cada una de las Editoriales, en coordinación con dicha Secretaría y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) y gobiernos estatales, entre otras instancias gubernamentales.

En este sentido, cabe destacar que existen las bases y fundamentos jurídicos que facultan al titular de la Secretaría de Educación Pública, a formular el Acuerdo correspondiente para expedir los citados lineamientos tal y como había venido ocurriendo y como se incluyen en los considerandos del Acuerdo del 12 de marzo de 2021, a saber:

Que la Ley General de Educación en su artículo 22, último párrafo señala que los libros de texto que se utilicen para cumplir los planes y programas de estudio serán los autorizados por la Secretaría de Educación Pública, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito;

Que, asimismo, la citada Ley en su artículo 113, fracción IV, establece que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

Que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, desde 1997, puso en marcha el Programa de selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos para nivel secundaria (Programa), con el propósito de ofrecer a los alumnos de las escuelas públicas de ese nivel educativo materiales didácticos que apoyen su formación académica y contribuir, con esta acción, con la gratuidad mandatada en el artículo 3o. Constitucional;

Que debido a que en secundaria existe más de un libro de texto autorizado por la Secretaría de Educación Pública para cada asignatura y grado, el Programa requiere que, para el desarrollo de sus cátedras, sean los docentes frente a grupo, como agentes fundamentales del proceso educativo, quienes elijan el libro de texto más adecuado a las necesidades de sus alumnos, a fin de garantizar el máximo potencial en su aprendizaje, al ser ellos quienes conocen las circunstancias de sus alumnos y su contexto, y

Que toda vez que después de 1997 el Programa se ha expandido a toda la República Mexicana, se hace necesario contar con reglas claras y transparentes que optimicen la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos de secundaria, garantizando que la elección de éstos por parte de los docentes sea respetada, por lo que hemos tenido a bien expedir el siguiente: Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria (de la Federación, s.f.).

Así como lo dispuesto por el artículo 32, de la Ley General de Educación “a través del Sistema Educativo Nacional se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia” (Diputados, s.f.).

La participación de las instituciones privadas en este caso, a través de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, por sus siglas, no es nueva, históricamente las editoriales han concurrido en lo que corresponde a los libros de texto, atendiendo las disposiciones de la normatividad vigente (Industria Editorial Mexicana, s.f.), nuestra legislación lo contempla y como ya se mencionaba al principio, la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, reconoce el acceso al conocimiento, y el libre acceso a los contenidos científicos y los recursos educativos con la participación activa de las partes interesadas –autores, editores, docentes, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, ONG humanitarias, medios de comunicación y cualquier otro interlocutor que se sienta implicado en esta celebración.

Por otra parte, es de reconocer que esta sana participación de la industria especializada en la materia, es decir en la edición de libros, como se señala en el quinto considerando del Acuerdo del 12 de marzo de 2021, ha venido a sumar los esfuerzos, contribuyendo a elevar la calidad de los materiales y recursos educativos a los que tienen derecho tanto docentes como alumnos.

Por lo anteriormente expuesto, una vez más en este mes de abril, en el que se celebra el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, me parece una buena forma de celebrarlo y honrarlo en el Congreso mexicano, exhortando a la titular de la Secretaría de Educación Pública, a que emita los lineamientos conducentes, mediante los que se establezcan los procesos y las bases de colaboración entre la SEP, las Autoridades Educativas Locales y la CONALITEG, para el Programa de selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos para nivel secundaria, así como para la formalización para la adquisición con las Editoriales, de manera que éstas, sean informadas sobre la incorporación de sus libros de texto en el Catálogo de libros de texto autorizados por la Secretaría para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional, debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, para cada ciclo escolar, en apego a la Convocatoria que emita la Secretaría de Educación Pública.

De nueva cuenta a favor de la niñez y los adolescentes y por ende de la sociedad mexicana, les invito acompañar este exhorto, a favor de las acciones que contribuyan a elevar la calidad de nuestro sistema nacional educativo, como el espacio de concurrencia de las diferentes instancias que participan en el universo del libro y la lectura, que como todos sabemos, es la esencia de la educación y la cultura, un espacio en que cabemos y debemos estar todos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que formule el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria.

Referencias

Cámara de Diputados, C. (s.f.). Leyes Federales Vigentes. Obtenido de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Diario Oficial de la Federación, D. (s.f.). Obtenido de DOF: 12/03/2021: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613532&fecha=12/03/2021 #gsc.tab=0

Día del Libro. (s.f.). Día del Libro, 23 de abril. Obtenido de https://www.diadellibro.eu/#:~:text=El%20Origen%20del%20D%C3%ADa%20del, Pla%20o%20Manuel%20Mej%C3%ADa%20Vallejo.

Cámara de Diputados, C. (s.f.). Leyes Federales Vigentes. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Cámara de Diputados, C. (s.f.). Proposiciones con punto de acuerdo presentadas por diputado en la LXV Legislatura turnadas a comisión. Obtenido de diputada Ma Teresa Ochoa Mejía: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2022/oct/20221018-III.html#Pro posicion23

Energía y Desarrollo Sustentable, I. (s.f.). IEDS. Obtenido de Lo que no se mide no puede mejorarse.

Industria Editorial Mexicana, C. (s.f.). Comunicación Noticias. Obtenido de Carta a la opinión pública sobre los libros de texto gratuitos: https://caniem.org/carta-a-la-opinion-publica-sobre-los-libros-de-texto -gratuitos/

UNESCO. (s.f.). Obtenido de Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor: https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Ma Teresa Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización sobre el acoso escolar e impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos docentes, en materia prevención y abordaje de situaciones de violencia en las mismas, a cargo de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Martha Azucena Camacho Reynoso , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las campañas de concientización sobre el acoso escolar e impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las Instituciones Educativas y sus equipos docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de violencia en las mismas.

Exposición de Motivos

El bullying, también conocido como acoso escolar, matoneo, maltrato u hostigamiento escolar, es el nombre con el que se denomina cualquier tipo de maltrato físico, verbal o psicológico prolongado entre estudiantes ya sea en un espacio físico, como el salón de clases o el colegio, o virtual, como las redes sociales.

Usualmente el agresor se encuentra en una posición de dominación sobre la víctima y este es legitimado ya sea por la aprobación de los demás estudiantes o por su silencio.

En tanto la víctima usualmente es de una etnia diferente, de un nivel económico más bajo que el de sus compañeros, sufre de sobrepeso, posee diversidad funcional (como el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, el síndrome de Tourette o autismo) tiene alguna preferencia sexual o simplemente porque no es del agrado de su agresor.

Por ello la Organización No Gubernamental Bullying Sin Fronteras, promovió ante la UNESCO, para que el día 2 de mayo se conmemore el Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar, un día que se recuerda en más de 40 países, con el objetivo principal de generar conciencia sobre el acoso escolar que afecta a millones de niñas y niños en el mundo y causa aproximadamente 200 muertes al año.

Pues de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, entre el 40% y el 80% de los estudiantes afirman haber experimentado acoso en algún momento durante su formación académica.

Y según un estudio realizado en 18 países del continente americano por la ONG Bullying Sin Fronteras, al menos 7 de cada 10 niños fueron víctimas de maltrato por parte de sus compañeros.

Que el mismo estudio demostró que, en una escala del 1 al 12, los países del continente con mayor índice de matoneo son: México, con 12 puntos; República Dominicana, con 10 puntos; Costa Rica, con 10 puntos; Estados Unidos, con 10 puntos; Chile, con 7,9 puntos; Colombia, con 7,6 puntos; y Perú, con 6,1 puntos. Por otro lado, la media de los países pertenecientes a la OCDE fue de 8,9 puntos, mientras España tuvo 6 puntos.

Que el bullying o acoso escolar, se puede presentar de diferentes formas. Habitualmente, el acoso suele comenzar con violencia psicológica y verbal, aunque con el tiempo, si no se toman medidas, es esperable que la violencia vaya en aumento y llegue a implicar agresiones físicas.

Así mismo las consecuencias del bullying o acoso escolar son las mismas que las de cualquier otro maltrato psicológico o físico, con la diferencia de que es ejercido sobre menores de edad, por lo que sus pensamientos y sus conductas se transformarán de por vida.

Que entre las consecuencias directas del bullying o acoso escolar se encuentran la tendencia a sufrir de problemas mentales como la depresión, el estrés postraumático y trastornos del estado de ánimo incluso hasta la muerte.

Como fue el caso de Norma la estudiante que sufría bullying en la Secundaria oficial No.0518 en Teotihuacán, Estado de México, y que el pasado 15 de Marzo falleció a consecuencia de que su atacante no solo golpeó con sus propias manos a Norma, sino también se apoyó en una piedra para provocarle severas lesiones que derivaron en un traumatismo cráneo encefálico.

Así mismo se ha asociado el bullying o acoso escolar con el suicidio y con episodios de venganza como los tiroteos en las escuelas estadounidenses y el terrorismo.

Por ello debemos alertarnos ya que las cifras sobre casos de bullying o acoso escolar en educación básica, van en aumento, afectando a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Y es en ese sentido que la Secretaría de Educación Pública debe implementar las acciones necesarias a fin de salvaguardar la vida, integridad física y psicológica de las y los alumnos y trabajar de manera conjunta con los padres de familia a fin de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar en los niños y jóvenes a nivel global, así como buscar los mecanismos para establecer un protocolo de acción frente a este problema, que representa un grave peligro para la población infantil y juvenil.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las campañas de concientización sobre el acoso escolar e impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las Instituciones Educativas y sus equipos docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de violencia en las mismas.

Referencias:

- Bullying o acoso escolar | Qué es, Definición y Concepto. (enciclopediaonline.com)

- Día Mundial contra el Bullying o Acoso Escolar | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx)

- México es el primer lugar de bullying a escala internacional - Grupo Milenio

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Nuevo León y a la Conavim, con motivo de la violencia de género que se presenta en esa entidad federativa, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Pedro Salgado Almaguer, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres y las niñas es una forma de abuso y discriminación que no conoce de razas, clases sociales ni identidades nacionales, lamentablemente dicha violencia adopta diversas formas como física, sexual, psicológica y económica, aunque esas formas pueden estar interrelacionadas.

La ONU ha definido la violencia contra la mujer como “cualquier acto de violencia de género que tenga como resultado, o pueda tener como resultado, daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada”.1

Aunque las estadísticas mundiales de la violencia de género varían de un lugar a otro, según las estimaciones, a lo largo de su vida, una de cada tres mujeres es maltratada o forzada para que mantenga relaciones sexuales o sometida a otros tipos de abusos.

A nivel global se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja (el 30 por ciento de las mujeres de 15 años o más). Estos datos no incluyen el acoso sexual y algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70 por ciento de las mujeres.

Las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual e infección por VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia en comparación con las que no la han sufrido, así como muchos otros problemas de salud que pueden durar incluso después de que la violencia haya terminado.2

La mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus maridos o parejas íntimas o por parte de sus ex-maridos-parejas. Más de 640 millones de mujeres de 15 años o más han sido objeto de violencia de pareja (el 26 por ciento de las mujeres de 15 años o más).

En México, según cifras oficiales de 2015 a enero de 2023, ha habido 6 mil 543 feminicidios,3 esto solamente son los casos clasificados como feminicidios, sin sumar los asesinatos de mujeres que se quedan como homicidios dolosos o culposos, suicidios o los que están en proceso.

De 2015 a 2023, las cifras de incidencia delictiva del fuero común que publica el SESNSP4 demuestran la violencia contra las mujeres de entre 0 y 17 años ha aumentado en el país durante el último año: mientras en enero de 2022 se registraron 6 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional, los feminicidios de niñas y adolescentes en México aumentaron a 7 en enero de 2023 (un incremento de 16.7 por ciento).

Lo anterior implica que mientras que en enero de 2022 se reportaba un feminicidio de mujeres de 0 a 17 años cada 5 días en el país, para enero de 2023, se registró un feminicidio de niñas y mujeres adolescentes en México cada 4 días.

Además, la violencia feminicida con armas de fuego contra niñas y adolescentes no disminuyó en el mismo periodo: cuando en enero de 2022 se vio 1 feminicidio con arma de fuego de mujeres de entre 0 y 17 años a nivel nacional, para enero de 2023 se había registrado también 1 feminicidio de niñas y adolescentes con arma de fuego en el país.

En total, de enero de 2015 a enero de 2023 se han registrado 677 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México, de los cuales 92 fueron con arma de fuego y 104 con arma blanca.

A esto hay que agregar que en enero de 2023 se han registrado 15 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años en México, con lo cual, el reporte de asesinatos de niñas y mujeres adolescentes en el país asciende a 22 para 2023, una vez que se suman los 7 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes.

Del mismo modo, si sumamos los 1,511 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años que han tenido lugar de enero de 2015 a enero de 2023 a los 677 feminicidios que tuvieron lugar en el mismo periodo, obtenemos que un total de 2,188 asesinatos de niñas y mujeres adolescentes han sido registrados a nivel nacional de enero de 2015 a enero de 2023.

De acuerdo con este sistema, al Día Internacional de la Mujer 2023 que se conmemoró el 8 de marzo, suman 6 mil 543 muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios, esto quiere decir, que la carpeta de investigación está por el delito de feminicidio en todo México.

Aunque las fiscalías de las 32 entidades reportaron 948 feminicidios en 2022, el Secretariado reportó que 2 mil 807 mujeres fueron asesinadas de manera violenta; es decir, que solo el 33 por ciento de los casos se clasifican como feminicidios.

Al Día Internacional de la Mujer 2023, en total 3 mil 754 se mantiene el promedio de que10 mujeres son asesinadas al día en México.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras pueden ser subestimadas debido a la falta de denuncia o la falta de registro adecuado por parte de las autoridades. Además, las cifras oficiales no reflejan el número real de mujeres que son víctimas de la violencia de género, debido a que muchos casos no son reportados ni investigados adecuadamente.

Los movimientos sociales de mujeres y las organizaciones feministas fueron quienes comenzaron a presionar a nivel mundial sobre la violencia de género. En los últimos años los colectivos de mujeres han creado redes nacionales, regionales y mundiales con la función principal de tomar conciencia y de generar un cambio positivo en las prácticas relacionadas con la violencia de género, las cuales han inspirado diversas campañas las cuales han ayudado a transformar de manera radical las normas, leyes, políticas y prácticas.

De igual manera han luchado para que el sistema de justicia penal tome más en cuenta sus necesidades, así han solicitado a los jueces y los agentes del orden público que reciban una nueva formación a fin de que atiendan con consideración a las víctimas y que se apliquen las normas internacionales y regionales de derechos humanos a los casos de violencia contra la mujer, de igual manera han solicitado se creen tribunales especiales o comisarías de policía con personal femenino y se establezcan procedimientos e instituciones de investigación dirigidos por personas cuyas actitudes sean reflejo de las de la sociedad en la que ejercen sus actividades entre otras cosas.

En consecuencia, diversos países han trabajado y promulgado leyes contra la violencia y el acoso sexual a las mujeres, de igual manera han adoptado medidas encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros y coordinado las iniciativas nacionales a fin de asegurar la aplicación plena y efectiva de la legislación. Sin embargo, algunas leyes aprobadas no se han aplicado de manera adecuada y en muchos casos no se encuentran al alcance de quienes realmente las necesitan debido al elevado costo de las demandas judiciales. Además, de que muchas iniciativas nacionales no cuentan con recursos suficientes para su fortalecimiento, pero principalmente uno de los factores que impiden la aplicación efectiva de las leyes y políticas es la falta de voluntad política y de compromiso con la igualdad entre los géneros.

Las cifras antes mencionadas demuestran que tanto a nivel federal como estatal no se ha logrado disminuir la violencia feminicida en México.

En base a lo anterior y con la finalidad de atender el tema de violencia de género en el país, a partir de 2008 fueron creadas las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pero no comenzaron a ser activadas sino hasta 2015, las cuales son un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, mediante el cual el gobierno federal brinda apoyo a distintos estados en los que se ha reconocido la existencia de un problema grave de violencia de género, a fin de que puedan implementar políticas para atender este problema. Estas Alertas se encuentran establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV) para que a través de acciones gubernamentales de emergencia se pueda enfrentar y erradicar la violencia feminicida, las desapariciones forzadas de niñas, adolescentes y mujeres, así como modificar el actuar de órganos gubernamentales que estén vulnerando los derechos humanos y el libre desarrollo de las mujeres en un territorio determinado.

La violencia contra las mujeres no se tiene que ver con un estatus social o región, muestra de ello es que el estado de Nuevo León, pese a que es uno de los estados de la República más desarrollados del país, cuenta con altos índices de violencia de género y de feminicidio alcanzando su máximo histórico en 2018, cuando llegó a 79 feminicidios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el primer reporte del año 2023 sobre la incidencia delictiva en contra de las mujeres, el estado de Nuevo León destaca como tercero a nivel nacional en los delitos de corrupción de menores, extorsión, violación y violencia familiar.

En cuanto a mujeres víctimas de homicidio doloso, Nuevo León colocó en el sitio 12 en el país en el mes de enero; es decir, en el primer mes del año 9 mujeres fueron asesinadas en el estado.

De acuerdo con diversos estudios, la violencia de género tiene su origen en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, lo que a su vez genera estereotipos o roles que tienen a las mujeres en una posición de inferioridad y proclives a la violencia.

Un estudio realizado por Redes Quinto Poder IDEA en Nuevo León, indica que solo se han resuelto el 4.30 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas por los principales delitos relacionados con la violencia de género entre el 2015 y 2021.5

En este mismo estudio se hace referencia de algunos datos de la Fiscalía General de Justicia, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde informan que entre 2015 y 2021 se abrieron en Nuevo León un total de 142 mil 946 carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

Ante el segundo lugar a nivel nacional que ocupa el estado de Nuevo León en materia de feminicidios, diversas autoridades estatales y activistas recomendaron ampliar el número de municipios con alerta de género en la entidad, ya que la violencia ha crecido en diversos municipios, no sólo en los que ya existe la alerta.

El nulo grado de efectividad vulnera el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, es un principio básico del Estado de derecho.

El derecho a vivir una vida libre de violencia está protegido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual estableció en su artículo 5 que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece en su artículo primero que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en ‘las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Por otro lado, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (Convención Belem do Pará), reconoce que la violencia contra las mujeres de América “es una situación generalizada, sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición.” Asimismo, señala que esta violencia es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.” (Preámbulo de la Convención de Belém Do Pará).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

En base a ello todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el estado deberá prevenir.

En este mismo sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala en su artículo tercero que “Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida”.

Asimismo, mediante la misma ley se crea la Alerta de Violencia de Género, definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad cuyo objetivo es como lo refieren las promoventes, garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos.

Es importante tener presente que de acuerdo con esta ley todas las medidas que emanan de ésta buscan garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida. Es por ello que, la Alerta de Violencia de Género es un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de manera articulada para enfrentar y erradicar desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita la violencia feminicida en un territorio determinado.

En Nuevo León existe la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establecen los mecanismos de cooperación entre el Estado, los municipios y el sector privado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

A partir del 18 de noviembre de 2016 se dictó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para dar seguimiento y continuidad a las medidas establecidas.

Las medidas para combatir y disminuir el maltrato hacia las mujeres y niñas y evitar el feminicidio se tratan de realizar en todo el estado, pero únicamente en cinco municipios es donde se dictó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los cuales son Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

A la fecha únicamente en los 5 municipios declarados en alerta de violencia de género es donde se realizan acciones coordinadas y calendarizadas para el cumplimiento de medidas ordenadas y que integren sus incidencias de violencia contra las mujeres en el Banco de datos.

El aumento de los delitos de violencia de género en enero de 2023 no es un buen augurio para lo que resta del año, lo advirtió la coordinadora del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, ya que afirmó que la tendencia seguirá en incremento si no se trabaja en el tema.

El 23 de febrero de 2023 La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) promover la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Escobedo y García.

El órgano descentralizado realizó formalmente la petición a la comisionada de la Conavim, debido al contexto de violencia que se presenta contra las niñas, adolescentes y mujeres en los dos municipios desde hace unos años.

Este tipo de acciones favorece a evitar la violencia hacia ellas muestra de ello es que en 2018 Guadalupe ocupó el séptimo lugar en feminicidio y actualmente se ubica en el lugar 90 a nivel nacional.

Atender de manera directa o indirecta todas las formas de violencia contra las mujeres implica, además de la perspectiva de género, prestar atención a las lagunas existentes. Se necesita la cooperación y la coordinación del sistema de gobierno en su conjunto para atender el problema de raíz.

Es fundamental continuar trabajando para erradicar la violencia de género en nuestro país promoviendo la educación y la conciencia sobre la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, y apoyando a las víctimas de la violencia de género y sus familias.

La violencia de género es un problema público que afecta de distintas maneras a miles de mujeres, desde un comentario que afecte la autoestima, hasta una agresión directa que daña su seguridad física o patrimonial; sus manifestaciones son diversas y van desde el acoso y hostigamiento en lugares públicos hasta el feminicidio. Por la complejidad del problema, es el deber de la sociedad, en conjunto el de ofrecer soluciones.

Es necesario fortalecer e implementar acciones de atención y prevención contra la violencia de género, con el objetivo de generar políticas públicas de igualdad sustantiva y acceso a una vida libre de violencia.

Necesitamos resultados en relación a la atención de casos de violencia, prevención, acceso y procuración de justicia para las mujeres que viven y transitan en la capital del país, así como la detección temprana de casos de riesgo feminicida,

Es fundamental crear programas que manejen una adecuada estrategia de difusión, información, materiales de difusión y atención a hogares, escuelas y de capacitación a los docentes para que identifiquen y canalicen los posibles casos de violencia de mujeres.

Es necesario que debido a la situación que viven las mujeres en el estado elevando los índices de violencia en contra de las mujeres, haya una adecuada coordinación de acciones institucionales que pongan en marcha una estrategia estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, es por ello que se solicita alerta de violencia de género en todo el estado.

Nuevo León se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, lo que confirma la existencia de una grave crisis de violencia de género. Es necesario visibilizar esta situación y enfrentarla de manera urgente.

La violencia en contra de las mujeres es uno de los principales problemas por atender en México, Nuevo León es uno de los estados con las tasas más altas reportadas de VCMN en México, incluido el feminicidio.

Nuevo León ha recorrido un largo camino en la atención y protección a mujeres víctimas de violencia en las últimas dos décadas, pero necesario ayudar convertir las palabras y planes en acciones efectivas. La Alerta de Género declarada en 2016 en el estado aún tiene que producir resultados tangibles ya que todavía existen lagunas en el diseño e implementación de protocolos y procedimientos prácticos para prevenir y atender el feminicidio. Aunque la mayoría de las instituciones gubernamentales ofrece alguna capacitación sobre género, esta capacitación a menudo se limita a lo conceptual y no a la aplicación de la teoría en casos prácticos, lo que dificulta que las y los funcionarios públicos apliquen una perspectiva de género en sus tareas diarias.

Es evidente que hay mucho trabajo por hacer para abordar el grave problema de la VCMN y el feminicidio, es por ello que se debe de trabajar adecuado diseño de soluciones más efectivas.

En virtud de lo anterior y de la importancia de atender y dar solución al problema de violencia contra las mujeres que se vive en el estado de Nuevo León, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular del ejecutivo del estado de Nuevo León para que informe a la opinión pública sobre el cumplimiento de las acciones y medidas decretadas con motivo de las alertas de género dictadas en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, analice la emisión de la correspondiente alerta de género en todo el estado de Nuevo León debido al incremento persistente de hechos o delitos cometidos en contra de mujeres, adolescentes y las niñas de esa entidad federativa.

Notas:

1 Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nueva York, Naciones Unidas, 1993.

2 OMS (Organización Mundial de la Salud), on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence Against Women Estimation and Data (2021).

3 https://www.sdpnoticias.com/mexico/dia-internacional-de-la-mujer-2023-c uantos-feminicidios-ha-habido-en-mexico/

4 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incide ncia-delictiva?state=published

5 https://redesquintopoder.org.mx/2022/06/12/violencia-de-genero-en-nuevo -leon-una-crisis-que-se-normaliza/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Pedro Salgado Almaguer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implementar un programa emergente que atienda la reducción del suministro de agua en los planteles escolares de la zona metropolitana, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos de su disponibilidad no sólo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de las actividades agrícolas, industriales, escolares, recreativas, entre muchas otras; así como también el agua es la base de la vida y tiene un papel fundamental en nuestra salud; es indispensable para todas las funciones del cuerpo humano.

Hay que mencionar su importancia como elemento clave para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Sin el agua que garantice su función y mantenimiento, los ecosistemas naturales se degradan, pierden su biodiversidad y con ello dejan de proveer o reducen la calidad de los bienes y servicios ambientales que sostienen a las sociedades.1

México es un país de grandes contrastes y carencias respecto al agua. La distribución del recurso es muy variable regionalmente, y se encuentra íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.2

La necesidad de abordar la repentina escasez de agua se convierte en el foco de atención de la opinión pública, en una prioridad a corto plazo. Sería mejor que los gobiernos planificaran e institucionalizaran respuestas competentes a la escasez, como un abastecimiento saludable a largo plazo, con una robusta gestión de la demanda, un sistema normativo convincente y una infraestructura flexible y eficiente.3

Una de las soluciones rápidas que el gobierno de la Ciudad de México está dando actualmente es la reducción de flujo del Sistema Cutzamala en las diferentes alcaldías de la capital debido a que el sistema ha tenido una disminución de un 23.3% con respecto a su almacenamiento promedio histórico y un 50.6 de su capacidad total en la última semana, teniendo en cuenta que este problema se complica debido a la falta de lluvias en la Ciudad de México, ya que son estas la que, en su mayoría, abastecen dicho sistema.

Considerando que la educación es el sector con mayor índice de alarma ante esta situación y que influye a los 2,101,686 alumnos y 183,511 maestros en la zona metropolitana debido al recorte del flujo de agua, se considera en riesgo que las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México se vean afectadas por la falta de este importante líquido, para así evitar enfermedades sanitarias por falta de agua; violándose así según la UNICEF (s/a) el derecho humano al acceso de agua y saneamiento para poder garantizar un mínimo desarrollo de la población estudiantil.

Aunado a esto se estaría violando principalmente el artículo 102 de la Ley General de Educación (vigente) el cual establece “se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física”.4

Igualmente se violaría el artículo 65, sección IV de la Ley General de Salud (vigente” el cual dicta “las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán: Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, accesos al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta”5

Es por lo anterior que se considera importante que los planteles de educación básica cuenten con un programa de captación de agua fluvial con el fin de que no se afecten las operaciones de los planteles en la zona metropolitana por el recorte de suministro de agua.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a través del coordinador de Sacmex a diseñar e implementar un mecanismo de atención urgente para que los planteles escolares de la zona metropolitana cuenten con el suministro de agua potable y se considere la instalación de un sistema de captación de lluvias para evitar que en temporadas de sequía la población escolar se vea vulnerada; además de transparentar la información permanente sobre las estrategias que se tomarán durante el tiempo que dure.

Notas

1 S/A. (2012) Agua. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/pdf/Cap6_agua.pdf

2 S/A. s/a. Disponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-inf ormacion-del-agua-sina

3 Stuart Orr, Anton Cartwright & Dave Tickner. (2010) Que son los riesgos hídricos: Guía sobre las consecuencias de la escasez de agua para el gobierno y las empresas. Disponible en: http://www.agua.unam.mx/humedales/assets/materialdifusion/WWF_QueSonLos RiesgosHidricos.pdf

4 Ley General de Educación. (2019) Disponible en: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:MX/educacion/#vid/ley-general -educacion-816722865

5 Ley General de Salud. (2023) Disponible en: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:MX/educacion+agua/#vid/ley-ge neral-salud-42602248

Bibliografía

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https://www.gob.mx/salud/prensa/145-el-agua-esencial-par a-la-vida-y-el-cuidado-de-la-salud

S/A. s/a. Disponible en: https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/

S/A. (2023) El Cutzamala se seca: Reportan que la presa está en niveles críticos. El Financiero. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/28/el-cutzamala-se-sec a-reportan-que-la-presa-esta-en-niveles-criticos/

S/A. s/a. Disponible en: https://www.gob.mx/cofepris/que-hacemos

UNICEF. s/a. Agua, higiene y saneamiento. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/agua-higiene-y-saneamiento

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de abril de 2023.

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Agencia Federal de Aviación Civil a fortalecer las inspecciones en los globopuertos de Teotihuacán, con el fin de detectar a las empresas que están operando irregularmente y éstas sean sancionadas, a cargo de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Martha Azucena Camacho Reynoso , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Agencia Federal de Aviación Civil, fortalecer las inspecciones en los Globopuertos de Teotihuacán, con el fin de detectar a las empresas que están operando irregularmente y éstas sean sancionadas.

Exposición de Motivos

Que los Globos aerostáticos en México, son una actividad turística popular en zonas como Teotihuacán, donde se pueden ver las pirámides desde el aire, así mismo existen otros destinos para volar en globo, como Huamantla, Tequisquiapan, San Miguel de Allende, y Parajes Naturales.

Estos globos aerostáticos están registrados por la Agencia Federal de Aviación Civil.

Y actualmente existen 137 empresas dedicadas a brindar los servicios de vuelo en Globos Aerostáticos Registrados por dicha agencia.

Sin embargo sólo 8 de ellas forman parte de los equipos de vuelo de los permisionarios que conforman la Federación de Globos Aerostáticos en Teotihuacán.

Por lo que hay empresas que están operando sin contar con la documentación correspondiente y algunos globos aerostáticos no tienen las condiciones para realizar dichos vuelos poniendo en riesgo la vida de las y los turistas nacionales y extranjeros que van en busca de una diversión.

Como fue el caso del accidente suscitado el pasado 1 de abril en el Estado de México, donde se incendió de un globo aerostático en Teotihuacán, que dejó dos adultos muertos y una menor herida.

En 12 meses se han registrado al menos cinco accidentes de este tipo, sin que hasta el momento autoridades hayan dado a conocer si realizan inspecciones o inicien procedimientos contra las empresas que prestan este tipo de servicios.

Ante estos hechos lamentables, es fundamental que para que un globo aerostático pueda volar, las empresas que se dedican a dar este tipo de servicio, cuenten con los permisos otorgados por la propia autoridad, así como acatar las especificaciones de operación, según lo previsto en la NOM-008- SCT3-2002, contratar y mantener vigente un seguro que cubra las responsabilidades por los daños a pasajeros o a terceros en la operación de las aeronaves, para los daños a pasajeros.

También incluye la especificación de que el vuelo en globo sólo puede ser tripulado por el personal técnico aeronáutico titular de la licencia y certificado de capacidad, así como brindar los mantenimientos correspondientes a los equipos.

Así que quien opere un artefacto de estos, deberá de contar con una licencia vigente, otorgada por la AFAC, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Aviación Civil.

Es en ese sentido la importancia de inspeccionar de manera permanente los 18 globopuertos que operan en la zona, 13 que pertenecen a San Martín de las Pirámides y 5 a San Juan Teotihuacán, a fin de brindar seguridad y garantías a las y los turistas nacionales y extranjeros que contratan dicho servicio.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Agencia Federal de Aviación Civil, fortalecer las inspecciones en los Globopuertos de Teotihuacán, con el fin de detectar a las empresas que están operando de manera irregular y éstas sean sancionadas.

Referencias:

- Globos Aerostáticos | Agencia Federal de Aviación Civil | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

- Incendio de un globo aerostático en Teotihuacán deja dos muertos y una menor herida (cnn.com)

- AFAC supervisa a empresas de globos aerostáticos de Teotihuacán| Telediario México

- Detienen a piloto responsable del globo incendiado en Teotihuacán – El Financiero

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, a la Segob y al INM en relación a los hechos que tuvieron lugar el pasado de 27 de marzo del presente, en donde perdieron la vida 40 migrantes de diversas nacionalidades en un recinto migratorio, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, ha dejado al menos 40 muertos este lunes 27 de marzo del presente año, de conformidad con los datos otorgados por el propio Instituto Nacional de Migración (INM), todas las víctimas son migrantes, de diversas nacionalidades, la mayoría procedentes de Guatemala, quienes trabajaban limpiando parabrisas, vendiendo dulces y artesanías para ganar algunos pesos en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, por la noche fueron detenidos y trasladados a un recinto migratorio luego de un operativo realizado por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración; al llegar a dicho recinto fueron despojados de todas sus pertenencias, incluyendo las agujetas de sus zapatos o tenis para evitar algún conflicto al interior, es por ello, que resulta inverosímil creer la versión del Instituto, en dónde manifiestan que, ellos pudieran haber provocado el incendio que dio lugar a este trágico accidente y de ser así, sigue siendo responsabilidad de las autoridades migratorias el permitir el ingreso de estos artefactos sin una previa revisión, asimismo, es mentira que fueran trasladados a un albergue, como lo señaló el propio presidente en su mañanera, la realidad es que, los remitieron a una estación migratoria, despojándoles de todas sus pertenencias, y este hasta la vida, en tan sólo un par de horas.

Horas después de la noticia, a través de redes sociales, se dio a conocer un video de lo acontecido al interior de las instalaciones de este Instituto, y claramente se aprecia que estaban hacinados en una sola celda, asimismo, durante los 32 segundos que dura dicha grabación, se observa a por lo menos dos agentes federales migratorios y a dos policías más de una empresa privada de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), de quien hoy sabemos, pertenece en propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, Cónsul honorario de Nicaragua en el estado de Coahuila, quien también, se ha visto beneficiado con contratos millonarios por el actual gobierno federal; de igual forma, “Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego, alegó en conferencia de prensa la fiscal especial en derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías”.1

“Tuvieron la oportunidad de abrir la reja y no lo hicieron. Ninguno estaba detenido por robo, ni muerte, ni nada: sólo por ser migrante. Y tenían derecho a vivir”, lamenta una venezolana.”. (sic)2

“Ninguno de los servidores públicos, ni los policías de seguridad privada, realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego”, alegó en conferencia de prensa la fiscal especial en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías”. (sic).3

Lo cierto es que, tras meses en Ciudad Juárez, la desesperación entre muchos migrantes es más que evidente, ellos viven en una continua espera de novedades sobre sus casos tanto en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que es también un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, y de igual forma en espera de noticias sobre una posible flexibilización de las restricciones de entrada a EE.UU. como la eliminación definitiva del Título 42 que permite las devoluciones automáticas a territorio mexicano en el marco de la pandemia.4

Por otro lado, las autoridades de Guatemala confirmaron que, 28 migrantes de este país fallecieron durante el incendio registrado y aseguraron que se encuentran realizando una inspección para localizar a más personas de este país que se encuentren heridas o hayan sido trasladados a hospitales posterior al siniestro.5

Es por ello, que es importante exhortar al titular del Ejecutivo a que gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación y exija al Instituto Nacional de Migración rendir cuentas y asuma su responsabilidad, asimismo, exijo se realice una revisión exhaustiva a los recintos migratorios en México, a fin de dignificar los derechos humanos de las personas que ahí residen, y se permita el acceso a las asociaciones civiles y defensores de derechos humanos de migrantes, a fin de verificar las condiciones en las que se tienen a estas personas en condición de máxima vulnerabilidad en el país, pues no es la primera vez que violentan los derechos humanos de la comunidad migrante.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Fiscalía de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a que, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo una investigación profunda por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo del presente, en donde perdieron la vida 40 migrantes de diversas nacionalidades en una estación migratoria, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de igual manera, que adopten las medidas necesarias para esclarecer los hechos y que casos como este no vuelvan a ocurrir.

Notas:

1 Nadie les abrió la puerta frente al fuego”: las autoridades de Ciudad Juárez revelan detalles de la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en un centro de detención.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65120227

2 Nadie les abrió la puerta frente al fuego”: las autoridades de Ciudad Juárez revelan detalles de la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en un centro de detención.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65120227

3 Nadie les abrió la puerta frente al fuego”: las autoridades de Ciudad Juárez revelan detalles de la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en un centro de detención.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65120227

4 Nadie les abrió la puerta frente al fuego”: las autoridades de Ciudad Juárez revelan detalles de la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en un centro de detención.- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65120227

5 Guatemala confirma muerte de 28 migrantes durante incendio en México.-https://www.swissinfo.ch/spa/crisis-migratoria-guatemala_guatem ala-confirma-muerte-de-28-migrantes-durante-incendio-en-m%C3%A9xico/483 99612

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de abril de 2023.

Diputada Rosa María González Azcárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la inclusión de un apartado sobre el trastorno del neurodesarrollo en la cartilla nacional de salud, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El día mundial sobre la concientización del autismo, se conmemora el 2 de abril de cada año. El Trastorno del Espectro Autista es una condición genética que afecta el funcionamiento del sistema nervioso y el desarrollo/alteración del cerebro que se forma desde que el bebé está en el útero de su madre.

Hasta el día de hoy no se ha encontrado un solo gen directamente relacionado con el autismo, sino que es el producto de varias mutaciones en interacción con factores ambientales, como lo es la exposición en el embarazo a sustancias tóxicas, así mismo se ha demostrado que hay un mayor índice de autismo en familias con antecedentes de TEA y en embarazos con padres de la edad avanzada, esto contribuye en buena cantidad a la evolución y formación de este padecimiento.

Las y los niños con este trastorno tienden a tener una vida más apartada de los demás por las alteraciones en la convivencia social y por su diferencia de comportamiento e intereses, ya que repercute en la capacidad del niño de poder interactuar, socializar y comunicarse con las demás personas y con el mundo que lo envuelve.

Lamentablemente en México el Inegi no cuenta con ningún tipo de censo o estadísticas que nos den referencia del índice de niños con autismo; sin embargo, se realizó un estudio de prevalencia del autismo, en el estado de León Guanajuato en el año 2016; por la organización Autismo Speaks donde la cifra indica que aproximadamente 1 de cada 115 niños tienen esta condición.

Es de suma importancia que existan datos cuantitativos sobre este tema, ya que con esto se puede saber si ha aumentado o disminuido el índice de autismo, la tasa de mortalidad, cuantos niños lo padecen, etc.; y con ello, el tener un cotejo sobre esta situación nos permite tener un mejor manejo de información que permita controlar y organizar esta información de manera cualitativa.

Es fundamental para el seguimiento médico de un niño con autismo que se pueda detectar lo más pronto posible, hay un esquema que se otorga desde que nacen, por la Ley General de Salud Federal, el infante cuenta con una cartilla de vacunación, el artículo 157 Bis 9, nos dice que la Cartilla Nacional de Vacunación es un escrito oficial y personal para todo habitante mexicano que se extiende de manera gratuita y es necesaria para que su sector médico lleve un historial y registro de su salud, así como padecimientos, peso, talla, prevención de enfermedades y un control de las vacunas que necesitan; de esta forma, se facilita el monitoreo de la persona, en este caso las y los niños con que tengan este padecimiento y ayuda a la detección oportuna, apoyo psicológico y de tratamientos farmacéuticos.

Si desde el momento en el que el niño nace se le hacen chequeos y estudios neurológicos donde se detecte o descarte cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo y se le dé una continuidad en su cartilla de salud, se empieza a generar conciencia de que el menor puede nacer con algún tipo de padecimiento neurológico, y minimizar el impacto que vive la persona con autismo brindando una atención individualizada y confiable.

Las características y el formato del esquema de la Cartilla Nacional de Vacunación, lo determina la Secretaria de Salud de acuerdo con la Ley General de Salud Federal como lo establece el artículo 157 Bis 9, segundo párrafo; por lo que si a la Cartilla Nacional de Salud se adiciona un apartado que aborde los “Trastornos del Neurodesarrollo”, permitiría brindar condiciones para la población con autismo y otras condiciones neurológicas como discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, déficit de atención e hiperactividad, trastorno de la coordinación motora y trastornos de aprendizaje; lo que permitirá brindar un seguimiento de manera inmediata a su padecimiento con el tratamiento o los estudios que resulten necesarios.

El índice de niños con autismo es mayormente variable y depende de varios factores, con ello la edad de detección, la gravedad de la condición, la presencia de otros trastornos médicos o psicológicos, así como la calidad de los tratamientos y que tan rápido es el apoyo, por eso es fundamental que los padres reciban un diagnóstico lo más pronto posible, ya que saber la verdad y estar conscientes de ello ayuda a la aceptación y así mismo con el diagnóstico oportuno y los tratamientos idóneo, las personas con autismo pueden llegar a un alto nivel de manejo y sobrellevar sus vidas de manera plena y elocuente.

Esta modificación en la Cartilla Nacional de Salud sería una gran diferencia en todo el proceso del menor en su padecimiento, así como de la gente que lo rodea, además de la población en general pues también se sensibilizará sobre la existencia de los trastornos del neurodesarrollo y evitaría la discriminación y el alejamiento hacia los menores con esta condición, ya que, para los padres es muy difícil asimilar que su hijo nació con el síndrome de autismo.

Esta condición se presenta generalmente durante los tres primeros años de vida, la valoración del autismo se lleva a cabo mediante un análisis multidisciplinario, que lo ejerce un especialista en trastornos del espectro autista (TEA) y que consiste en una evaluación del desarrollo y la conducta y una evaluación médica; por lo tanto, son primordiales los primeros 18 meses desde que nacen, ya que una intervención a tiempo, acertada e intensiva, mejorará las posibilidades de encontrar el mejor tratamiento que sea adecuado para cada uno de ellos.

De esta manera, la inclusión de este apartado contribuirá en proporcionar los tratamientos y en recibir la atención en la edad más temprana posible.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a considerar la inclusión de un apartado sobre el “Trastorno del Neurodesarrollo” en la Cartilla Nacional de Salud, que abarque cualquier condición neurológica como discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno déficit de atención e hiperactividad, trastorno de la coordinación motora y trastornos de aprendizaje, con el fin de garantizar la detección a temprana edad, dar seguimiento oportuno de este padecimiento y ofrecer oportunidades para los pacientes con esta condición de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a realizar los trabajos legislativos necesarios para dar cumplimiento cuanto antes al mandato legal establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de armonización, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Francisco Javier Borrego Adame , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a los Congresos locales realicen los trabajos legislativos necesarios para dar cumplimiento cuanto antes al mandato legal establecido en Artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; conforme a las siguientes

Consideraciones

Después de varios trabajos legislativos por parte del Senado de la República y la Cámara de Diputados, se llegó a un consenso sobre la necesidad de aprobar una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y a la seguridad vial y para establecer la concurrencia de facultades en ambas materias, permitiendo al Congreso de la Unión expedir una Ley General que las regulara.

El 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que ahora establece que:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 1

Este fue el primer gran paso del Congreso de la Unión hacia la consolidación de la seguridad vial y de la movilidad como derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución, exigibles por todas las personas en el país.

Esta reforma constitucional tuvo, principalmente, los siguientes objetivos:

• Reconocer el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial (artículo 4 CPEUM).

• Establecer la concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en materia de movilidad y seguridad vial (artículo 4o CPEUM).

• Facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (artículo 73, fracción XXX-A CPEUM).

• Determinar expresamente, la obligación de los municipios para garantizar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial (artículo 115 CPEUM).

El pasado 17 de mayo de 2022, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial2 . Ley que reunió diversas propuestas que englobaron conceptos esenciales para concretar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y las bases para establecer la seguridad vial necesaria para protegerlos. La Ley fue construida bajo un extenso diálogo, consenso y participación de la sociedad civil, académicos, expertos y especialistas, así como diversos sectores de la ciudadanía.

Este Decreto sentó las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque general y de protección de estos derechos, ya que empezó por definir los mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial.

Estableció la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, estableció la jerarquía de la movilidad y los principios rectores a que deben sujetarse las autoridades competentes en la implementación de esta Ley, en la expedición de disposiciones reglamentarias y en la formulación y aplicación de políticas, programas y acciones en la materia.

Además, estableció las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad. Asimismo, promueve la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial.

Esta Ley también contemplaba en su artículo segundo del apartado transitorio que:

“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.”

Esto implica que las 32 entidades federativas están obligadas a armonizar sus leyes locales de movilidad, tránsito y transporte, para alinearlas con la ley general, a más tardar el día 13 de noviembre de 2022.

Sin embargo, esta obligación legal de armonizar los marcos normativos locales con las disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se ha desarrollado de manera lenta ya que la gran mayoría de las entidades federativas no avanzaron en esta labor.

Hasta el momento se tiene registro que los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Yucatán son los primeros en armonizar sus legislaciones en esta materia, hecho que reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, en el marco del Tercer Foro Regional para la construcción conjunta de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2040.3

Quedando pendientes 28 Estados: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Esta omisión legislativa implica que los congresos locales incumplan el precepto establecido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano y complica la posibilidad de que el Estado mexicano cuente con las medidas necesarias para brindar a la ciudadanía las bases que garanticen la seguridad en la materia.

Al no armonizar su normativa los Estados, los congresos locales están faltando al derecho que tienen los ciudadanos de garantizar el derecho a la movilidad para trasladarse en sus territorios, en los términos en que se materializó la reforma Constitucional de 2020, lo cual además, implica frenar con el avance efectivo de la puesta en marcha de la Enamov 2023-2040.

Asimismo, uno de los mandatos que señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en los artículos 44 y 48 para las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, es la de no sobre regular ni gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su demarcación territorial, así como tampoco podrán prohibir la entrada o salida a su territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera. Para ello, deben abstenerse de exigir permisos adicionales para la movilidad de bienes y mercancías, debiendo reconocer las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los permisos otorgados por éstas para suministrar los servicios de transporte.

Bajo esta consideración y ante la falta de armonización de las leyes locales en materia de movilidad y seguridad vial, en la actualidad se tiene un registro de al menos 211 Municipios de 30 Estados de la República Mexicana que requieren permisos adicionales de carga, descarga y circulación de mercancías, contraviniendo el mandato de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

En ese sentido y para tener una correcta armonización a nivel local, los congresos locales deberán establecer leyes apegadas a los principios establecidos por la Ley general entre los que destacan los siguientes:

Accesibilidad, para garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad.

Diseño universal, que implica que todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad.

Inclusión e Igualdad, que determina que el Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad.

Seguridad, como medida fundamental para proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.

Sostenibilidad, para satisfacer las necesidades de movilidad procurando los menores impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, garantizando un beneficio continúo para las generaciones actuales y futuras;

Transparencia y rendición de cuentas, para garantizar la máxima publicidad y acceso a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Transversalidad, como instrumento para integrar las políticas, programas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Es por todo esto que, consideramos de vital importancia realizar un atento llamado a los Congresos locales que actualmente no tiene una Armonización legislativa en materia de movilidad y seguridad vial para que a la brevedad den cumplimiento al mandato legal y den así, seguridad jurídica a los ciudadanos de sus Estados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas a homologar sus leyes en materia movilidad y seguridad vial conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de dar cumplimiento al mandato legal establecido en el Artículo segundo transitorio de dicha ley, el cual establece un plazo para la Armonización de las leyes locales en esta materia que feneció desde el mes de noviembre de 2022.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 Congresos locales para que garanticen el irrestricto cumplimiento a los principios y mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de movilidad y seguridad vial.

Notas:

1. Párrafo adicionado DOF 18-12-2020 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Reforma publicada en el DOF 17-05-2022 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/05/ 2022#gsc.tab=0

3. Nota periodística 22 de marzo 2023. http://www.pasajero7.com/cuatro-estados-han-armonizado-legislacion-la-l ey-general-movilidad/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Universidad Autónoma del Estado de México y a su Consejo Universitario de la Universidad Autónoma a realizar las acciones conducentes que permitan eliminar los obstáculos que impiden a los alumnos de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos integrarse al ámbito laboral, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 6, Fracción I; y 79, Numeral 1, Fracción II y Numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México a realizar las acciones conducentes que permitan eliminar los obstáculos que impiden a los alumnos de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos integrarse al ámbito laboral, en términos de las siguientes:

Consideraciones

En México, las instituciones de educación superior han impulsado carreras con enfoques vanguardistas, con el objetivo de hacer más práctica la vida cotidiana. No obstante, varias de las licenciaturas creadas recientemente tienden a ser más especializadas en determinada área, lo que impide que sus egresados encuentren puestos laborales afines a su área de aplicación.

Tal es el caso de los egresados de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes a pesar de contar con un título que acredita que están capacitados para llevar a cabo tareas como la conciliación, mediación e incluso el arbitraje, las instituciones públicas les han pedido como requisitos certificaciones adicionales que vuelvan a probar sus conocimientos y habilidades, además de exigir una edad específica.

Como ejemplo, se tiene a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, que en los artículos 12 y 13, establecen que para poder ser mediadores-conciliadores y facilitadores privados se necesita estar certificado y autorizado por el Centro Estatal, y de acuerdo con el reglamento de esta norma, otro de los requisitos es tener mínimo treinta años de edad.

Por lo tanto, los alumnos que egresan de esta licenciatura no encuentran un auténtico espacio donde materializar sus conocimientos, salvo que paguen por la certificación, lo que resulta complicado para muchos de los alumnos, quienes no cuentan con recursos adicionales para destinarlos a este proceso.

Los medios alternos de solución de conflictos, mejor conocidos como MASC siempre han estado presentes, sin embargo, fueron reconocidos en la Constitución con la reforma al artículo 17 para incorporarlos al sistema judicial como otra forma de resolver una controversia sin llegar a un juicio.

Desde su integración a los procedimientos judiciales mexicanos, se ha buscado privilegiar estos mecanismos alternos para liberar la carga a los tribunales tanto locales, como federales; claro ejemplo es la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, donde se busca que el conflicto se resuelva mediante la conciliación antes de llegar a un tribunal. Por ello es importante que cada vez se cuente con más profesionales especializados en la materia.

Existe el convencimiento de que debe ser en el Poder Judicial en donde físicamente se desarrollen las actividades de métodos alternos, por ese el lugar puede inspirar confianza a los ciudadanos y al que están acostumbrados a acudir para que se resuelvan las controversias o algún conflicto.

Es importante el fortalecimiento de centros especializados en medios alternos y que se encargue de dirigir y coordinar las mismas, difundir información acerca de los métodos, donde se puede aprovechar el conocimiento focalizado de la carrera y egresados en cuestión, para recibir las solicitudes, llevar a cabo los procesos correspondientes y ofrecer cursos de capacitación.

El tiempo ha demostrado que la mediación ha ido consolidándose en proyectos sin duda exitosos, porque los MASC siguen creciendo a lo largo y ancho del país con la convicción de que la medicación es una nueva profesión basada en la vocación de servicio hacia el prójimo y de que es un instrumento de paz.

La existencia de MASC debe cobrar especial relevancia y enseñarles a los ciudadanos su importancia dentro de sistema de impartición de justicia, que se puede resolver un conflicto con estos instrumentos y llegar a un acuerdo que los lleve a un ganar-ganar, conociendo las ventajas que estos métodos ofrecen como por ejemplo la efectividad para resolver los controversias, en menos tiempo y menos gastos que los que ocasiona el proceso jurisdiccional, reparación del daño y una real recuperación de la paz con el restablecimiento de la armonía entre las partes.

Específicamente hablando de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el entonces rector el doctor Jorge Olvera García, en 2015 creó una licenciatura que abarcó los tres MASC, este plan de estudios de corte vanguardista incluyó nociones fundamentales de derecho, conciliación, negociación, arbitraje, así como materias relacionada a la psicología, para que los estudiantes egresados tuvieran un perfil que no solamente les sirviera para solucionar un conflicto, sino que supieran como manejar distintos escenarios ante las diversas crisis que pudieran presentarse.

Sin embargo, a pesar de estar sumamente capacitados para desempeñar sus tareas tanto en el ámbito privado como en el público, hoy en día las generaciones que han salido no encuentran trabajo que les permita ejercer sus conocimientos y habilidades, ya que los tribunales les piden experiencia de mínimo dos años, además de una certificación, para poder ser aspirante a una plaza como conciliador.

A siete años de la creación de esta carrera, han egresado tres generaciones o doscientos alumnos aproximadamente, y hay cinco generaciones en curso que están estudiándola, es decir, cerca de trescientos alumnos activos, lo que indica que, en los próximos años, más jóvenes estudiantes se encontrarán en la misma situación de desempleo.

En este sentido, es necesario destacar que las personas que terminan una licenciatura son el sector más afectado por la falta de oportunidades laborales ya que la mayoría de las vacantes requieren experiencia que evidentemente la mayoría de los egresados no tienen.

A propósito, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en mayo de este año, la tasa de desempleo en los jóvenes entre 15 y 24 años alcanzó el 6.5 por ciento, más del doble que la de las personas mayores de 25 años.1

Por otro lado, una de las metas que ha establecido Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los cuales México se ha comprometido a cumplir, es que para 2030 se creen empleos plenos y productivos para todos, así como reducir el desempleo en el sector juvenil.2

Por ello, es necesario no solo crear leyes que aseguren la inclusión laboral a todas y todos, en especial a los que egresan de una licenciatura, sino también fomentar políticas públicas que coadyuven a lograr este objetivo.

En este tenor, el que la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México celebre convenios con el poder judicial de la entidad y con distintas instituciones públicas, así como revisar los planes de estudios, no solo contribuirá a que los jóvenes puedan ejercer de manera correcta su licenciatura, sino que ayudará a desahogar la carga laboral de los tribunales, incluso a evitar que se generen nuevos juicios.

Por lo antes expuesto, es que se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Universidad Autónoma del Estado de México a llevar a cabo las acciones conducentes, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, a fin de eliminar los obstáculos que impiden a los alumnos de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos integrarse al ámbito laboral.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, a revisar el plan de estudios de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos, a fin de subsanar las deficiencias que hoy les impiden a sus egresados incorporarse al ámbito laboral en su especialización, así como revisar la viabilidad de la continuación de la licenciatura.

Notas:

1 El Financiero, (2022), Desempleo en México alcanza 6.5% en jóvenes de 15 a 24 años: OCDE, Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/07/13/desempleo-en-mexico -alcanza-65-en-jovenes-de-15-a-24-anos-ocde/

2 Naciones Unidas, Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, Consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

Dado en Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de abril de 2023.

Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a considerar la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración del 200 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco en 1823, a cargo del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Sergio Barrera Sepúlveda, en nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años del aniversario de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en 1823, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado Libre y Soberano de Jalisco es uno de los treinta y un estados constituyentes de los Estados Unidos Mexicanos; y el 16 de junio se cumplen 200 años de su creación, que tuvo como origen ser una provincia llamada Nueva Galicia entre 1575 y 1786 del Virreinato de Nueva España, siendo gobernada en ese tiempo por la Junta Provincial de Guadalajara; posteriormente, como Intendencia de Guadalajara (1786-1821) cuya superficie territorial correspondía a las actuales entidades federativas de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima y una parte del sur del de Zacatecas; subdivisión administrativa que concluyó el 13 de junio de 1821, por la firma a la adhesión del Plan de Iguala para la Consumación de la Independencia de México.

En el transcurso de dos años después, los representantes de los miembros de la Diputación Provincial abogaron por el federalismo a través de sus delegados en la Ciudad de México, haciendo público el plan de gobierno provisional que establecía la transformación de la provincia de Guadalajara en el estado libre de Jalisco antes de la reunión del Congreso Constituyente y la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.1 El 24 de enero de 1825 se llevó a cabo la instalación de la Primera Legislatura del estado, en la que Prisciliano Sánchez y Juan N. Cumplido fueron designados como gobernador y vicegobernador, respectivamente.

Desde entonces, Jalisco mantiene una de las tradiciones más largas de autonomía estatal, siendo el primer estado en ser instituido como tal en la república federal durante el siglo XIX. Jalisco también fue testigo de una importante rebelión armada contra Plutarco Elías Calles, el movimiento cristero, durante los 10 años posteriores a la Convención, y en general, ha sido de las pocas entidades libres y soberanas que generalmente han resistido al poder central y extranjero, muestra de ello es que, aunque las tropas francesas lograron tomar el control de la Ciudad de México el 10 de junio de 1863; y a pesar de sus victorias en todo el territorio, la estructura administrativa y gubernamental del Imperio en Jalisco enfrentaba dificultades para establecerse, evidenciado por los constantes cambios de prefectos que se dieron entre 1864 y 1865.2

Sin embargo, a pesar de su férrea resistencia al dominio y el control; la identidad jalisciense se ha creado a partir de diversos elementos históricos, sociales y culturales que han influido en la vida urbana y rural en conjunto con la identidad nacional, estos factores han contribuido a la formación de una identidad única y rica en la población jalisciense, que se sigue moldeando y evolucionando en la actualidad.

Con respecto al Siglo XXI, se sabe que Jalisco es la cuarta entidad federativa del país en cuanto a su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En el año 2017, la economía del estado generó el 6.86 por ciento del PIB del país, y se ubicó solo por debajo de la Ciudad de México (17.54 por ciento), el Estado de México (8.88 por ciento) y Nuevo León (7.36 por ciento) (García y Ruíz, 2020). Jalisco juega un papel relevante en la vida social y económica de México en la actualidad. La riqueza cultural, geográfica y demográfica de Jalisco, así como su influencia en sectores estratégicos, lo hacen una entidad con un papel destacado en la vida nacional.3

La historia de Jalisco muestra claramente que su autonomía y soberanía no son meramente posturas políticas actuales, sino que están fundamentadas en su origen histórico, como una de las pocas entidades en México que ha resistido el poder central y extranjero a lo largo de su historia, Jalisco ha mantenido una tradición que la distingue como una entidad verdaderamente libre y soberana.

En este sentido, la celebración de una sesión solemne en el Congreso de la Unión para conmemorar los 200 años de la fundación de Jalisco es relevante para reconocer y destacar la importancia histórica y actual de Jalisco en la vida social y económica del país, promover la colaboración entre autoridades y reflexionar sobre los retos y oportunidades de cooperación al margen de la soberanía y autonomía de la Entidad.4

La entidad jalisciense tiene una fuerte relación con la formación de la identidad mexicana. Las peculiaridades sociales, culturales, políticas y religiosas de Jalisco han influido en el sentimiento de orgullo regional, misma que ha evolucionado a lo largo del tiempo.

El país de México en su conjunto se ha apropiado de elementos de la identidad jalisciense, afectando positivamente la percepción de Jalisco como Estado emblemático de la nacionalidad mexicana. La imagen cultural de México, tanto a nivel nacional como internacional, se ha formado principalmente alrededor del mariachi, los charros y el tequila, elementos populares que tienen su origen en diferentes áreas rurales de Jalisco.5

Por todo lo anterior presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que sea considerada la realización de una sesión solemne el 13 de junio de 2023 con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación del Estado libre y soberano de Jalisco.

Notas

1 Benson, N. L., A., Z. V. M., Torruco José? Gamas, & Vázquez Zoraida Josefina. (2012). La diputación provincial y el Federalismo Mexicano. El Colegio de México.

2 Muria? José? Marina. (2011). Jalisco: Historia breve. Fondo de Cultura Económica y Colegio de México: Distrito Federal

3 Nancy, G. V., & Antonio, R. P. (2020). El federalismo fiscal en Jalisco. Universidad de Guadalajara.

4 Secretaría General de Gobierno. (2012). El tiempo Jalisco. Archivo Histórico De Jalisco Departamento De Investigación y Divulgación, 7(21), 1–14.

5 Vaca Agustín, & Alarcón Laura. (2006). Jalisco construcción de un imaginario. Universidad de Guadalajara.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Sergio Barrera Sepúlveda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a garantizar la colocación de infraestructura que permita la conectividad a internet en la sierra Otomí-Tepehua, en Hidalgo, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Isabel Alfaro Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El papel de Internet en la promoción y protección de los derechos humanos es decisivo para facilitar el disfrute del derecho a la libertad de opinión y expresión, la circulación de información e ideas y la puesta en marcha de movimientos de la sociedad civil.

Cuando se habla de derechos humanos debemos asociarlos a conceptos como libertad, democracia, igualdad, entre otros ya que se trata de involucrar a la ciudadanía en las decisiones que le atañen directamente a ella. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”. En el documento se establece que el acceso a Internet sea considerado un derecho básico de todos los seres humanos1 .

El 4 de julio de 2018 (ONU) adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet; las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. La resolución refuerza la trascendencia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea.

El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión. De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exhortó a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y el desarrollo de medios de comunicación en todos los países. Decidió seguir examinando la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión en Internet y en otras tecnologías, así como la forma en que Internet puede ser un instrumento importante para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos humanos.

Para el organismo internacional, el acelerado crecimiento de las tecnologías debe verse como una oportunidad para reforzar el derecho humano de la libre expresión. El derecho a la información debe ser un principio del que ningún ser humano debe ser privado. Por ello, esta resolución, firmada también por México, busca una vida igualitaria en materia de información y expresión, condenando todo tipo de censura previa.

En cuanto a la protección de la confidencialidad, otro derecho humano, Naciones Unidas alienta a las empresas a que encuentren soluciones técnicas propicias para asegurar y proteger dicha confidencialidad de las comunicaciones digitales, que incluyan medidas de codificación y anonimato.

La ONU toca un tema central con esta resolución al advertir que el Internet es una herramienta importante en la promoción del derecho a la educación, sin perder de vista la necesidad de abordar la alfabetización y la brecha digital como elementos que puedan afectar el disfrute del derecho a la educación.

La resolución también alienta a los gobiernos a que adopten medidas oportunas para que el acceso a las nuevas tecnologías no deje fuera a las personas con discapacidad, por ello, considera necesario diseñar, desarrollar, producir y distribuir sistemas de información que se adapten a este grupo social2 .

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que 3,700 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, no tienen actualmente acceso a Internet. Los países menos adelantados, donde solo el 19 % de la población tiene acceso, son también los menos conectados. Para 2030, todas las personas deberían tener un acceso seguro y asequible a Internet, que incluya el uso efectivo de los servicios digitales, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible3 .

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de Internet. Asimismo, en su artículo 6o señala como obligación del Estado garantizar el acceso a dichos servicios en condiciones de competencia efectiva; reconoce a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general y ordena establecer las bases para que la prestación de éstos se realice en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), CFE TEIT

La estrategia de conectividad definida por el Programa de Conectividad en Sitios Públicos (PCSP 2022) se sustenta en las disposiciones del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los conceptos de servicios públicos de interés general, cobertura universal y acceso a los derechos sociales, retomados en la Ley General de Desarrollo Social y en la LFTR.

El Programa de Conectividad en Sitios Públicos tiene como objetivo la identificación y localización de sitios públicos en todo el territorio nacional con necesidades de conectividad a Internet a fin de coadyuvar a que se proporcione conexión gratuita a la población, principalmente por la empresa productiva del Estado “CFE Telecomunicaciones e Internet para todos”.

Para lograr lo anterior, la SICT diseñó el Repositorio Único de Sitios Públicos Conectados y por Conectar (RUSP), que consiste en un sistema informático que facilitará el registro, validación, actualización y consulta de la información de los sitios públicos que requieran conectividad a Internet con la finalidad de que sea considerada por operadores de telecomunicaciones, especialmente, por la empresa productiva del Estado “CFE Telecomunicaciones e Internet para todos”, en el despliegue de la oferta de sus servicios.

La cobertura universal de servicios de telecomunicaciones es un derecho humano que el Estado Mexicano debe garantizar a través del establecimiento de políticas públicas y el desarrollo de estrategias orientadas hacia ese fin.

El objeto de CFE TEIT es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. Asimismo, tiene la capacidad de proveer bienes y servicios tecnológicos incluyendo desarrollos de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, así como cualquier otro bien relacionado al desarrollo y soporte de dichos sistemas. Tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido banda ancha e internet. Así como la capacidad de proveer bienes y servicios tecnológicos incluyendo ?desarrollos de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, al igual que cualquier otro bien relacionado al desarrollo y soporte de dichos sistemas.

En México, en 2020, se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1%).

Son usuarios de internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres de 6 años o más que residen en el país.

La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento. En 2019 los usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6% y en zonas rurales la estimación fue de 47.7 por ciento.

Hidalgo se ubicó entre la lista de cinco entidades del país con menor porcentaje de hogares con acceso a internet con apenas 54.7 por ciento, según reveló la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2021.

Es decir, en la entidad 45.3 por ciento de las viviendas no disponen de este servicio que en el contexto actual es indispensable para llevar a cabo diversas tareas cotidianas como trabajo y estudio.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96.0%, computadora portátil con 33.7% y con televisor con acceso a internet 22.2 por ciento.

Las principales actividades que realizan los usuarios de Internet en 2020 son comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y acceder a redes sociales (89.0%).4

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por párrafo primero del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados es que pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a garantizar la colocación de infraestructura que permita la conectividad al internet en la sierra Otomí-Tepehua en el estado de Hidalgo

Notas:

1. https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf

2. https://www.cndh.org.mx/noticia/la-onu-adopta-la-resolucion-sobre-la-pr omocion-proteccion-y-disfrute-de-los-derechos#:~:text=El%20derecho%20a% 20Internet%20fue,nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n .

3. https://www.un.org/techenvoy/es/content/global-connectivity

4. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemE con/ENDUTIH_2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, al INM y a la CNDH a tomar las medidas necesarias a fin de transparentar la información del acuerdo de cooperación bienal con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Salvador Caro Cabrera, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En 2020 el Ministerio de Salud Pública de Cuba firmó diferentes versiones del Acuerdo de Cooperación Bienal con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la de Tabasco, la de Veracruz y la de Quintana Roo. Lo hicieron con el objetivo de colaborar en el tratamiento de Covid-19.1 Por lo cual llegaron 585 profesionistas de Cuba a la Ciudad de México, 40 a Tabasco, 174 a Veracruz y 7 a Quintana Roo.2 Sin embargo, el proceso contó con poca transparencia, desembocando en violaciones migratorias y de derechos humanos (DDHH) que han puesto en riesgo al personal médico cubano y al mexicano, así como a las y los pacientes.

En primer lugar, se explicará el problema de la falta de transparencia en el proceso, así como el proceso migratorio irregular. De igual modo, se abordará la ilegalidad del tema, al aplicarse leyes cubanas en territorio mexicano. Posteriormente, se hablará del problema de la contratación de personal no capacitado y no perteneciente al personal médico, con la llegada de personas militares, técnicos y químicos. Finalmente, se explicará por qué la solución no es traer a médicos cubanos, sino las malas condiciones laborales que afectan al personal médico en México, sin distinción de origen.

A continuación, se explicarán cada uno de los problemas y sus implicancias para México.

• Falta de transparencia y migración irregular

El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las entidades federativas, fueron omisos en transparentar la información y hacer públicos los acuerdos sostenidos con Cuba. De este modo, son desconocidos cada uno de los acuerdos que se llevaron a cabo.

La “Carpeta País, Relación Bilateral México-Cuba” con fecha de 29 de marzo de 2022, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,3 contiene una sección en la que señala el marco jurídico y especifica que se tienen 44 constructos internacionales vigentes con el gobierno cubano. Sin embargo, no se mencionan los acuerdos bienales en comento, ni se hace alusión a las misiones médicas. Esto mismo ocurre con la “Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba”, del 30 de marzo al 2 de abril de 2022, la cual sí menciona las misiones médicas, pero no hace alusión a los acuerdos bienales, ni a la llegada de militares, químicos y técnicos. En cambio, especifica que llegaron médicos especialistas.4

Por otro lado, al no encontrar información específica sobre los acuerdos, se hicieron diversas peticiones de información por medio de los Servicios de Información y Análisis Especializados (SIAE) de la Cámara de Diputados, al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y por solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El SIAE informó el 5 de octubre del 2022, en el oficio DSIAE/SRE/LXV/091/22 que no se encontró nada al respecto de dichos acuerdos:

“se hizo una búsqueda exhaustiva en diarios oficiales de las entidades federativas en comento, en los informes de gobierno, en los boletines informativos y portales institucionales de las secretarías de salud, así como boletines de comunicación de los gobiernos ejecutivos estatales.”

También se le solicito información al CEDIP de la Cámara de Diputados, el cual reporto el 7 de octubre de 2022, expediente 349/2022, dicho centro tampoco encontró información al respecto.

“El estudio no obtuvo resultados con respecto a la existencia de acuerdos de cooperación bienal entre la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, la Secretaria de Salud del Estado de Veracruz, y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba”.

Por su parte, las solicitudes de acceso a la información hechas directamente a los gobiernos federal y estatales mediante la Plataforma Nacional de Transparencia fueron infructíferos, en las cuales se pidieron los acuerdos bienales. Particularmente, con respecto a las respuestas emitidas a las solicitudes con folio 331000122001526 y 330018022028649, hechas a la Presidencia de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respectivamente. En ambas, dichos órganos federales resolvieron que no es su competencia proporcionar los acuerdos.

Finalmente, es relevante mencionar que, aunado a la poca transparencia del proceso, el estatus migratorio de las y los ingresantes cubanos es incierta. La asociación civil Prisoners Defenders dio a conocer que en los meses de abril y mayo de 2020 arribaron 585 médicos y enfermeros a la Ciudad de México, 40 a Tabasco, 174 a Veracruz y 7 a Quintana Roo.5 Sin embargo, entre las irregularidades que existen se encuentra que ciertos profesionales de la salud provenientes de Cuba ingresaron al país en aviones militares de las fuerzas áreas mexicanas que aterrizaron en aeropuertos militares, sin llevar a cabo ninguno de los procedimientos migratorios, como la revisión obligatoria.6 Incluso se les quitó el pasaporte, lo cual consta en las denuncias interpuestas en la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (Referencia del caso OTP-CR-208/19).

• Personal no especializado y no médico, discriminación al personal mexicano

Los reportes que mencionan la llegada del personal médico cubano refieren a la recepción de personal “médico especializado” para mejorar la respuesta gubernamental ante la contingencia generada por la pandemia del Covid-19.7 Un ejemplo de esto lo encontramos en la Carpeta informativa, XVII Reunión Interparlamentaria México–Cuba:

“En marzo de 2020, alrededor de 124 colaboradores de la brigada médica cubana del Contingente de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve”8

Sin embargo, la asociación civil Prisoners Defenders recopiló diferentes reportes de hospitales y personal médico, así como entrevistas de gobiernos locales, en donde señalan que entre los supuestos médicos especialistas que llegaron había personas de diversas profesiones, como químicas y químicos e incluso militares de la Inteligencia Cubana , a quienes se les pidió practicar cirugías resultando en malas prácticas y muertes.9

La “Carpeta País, Relación Bilateral México-Cuba” contiene una sección en la que señala el marco jurídico y especifica que se tienen 44 constructos internacionales vigentes con el gobierno cubano, pero en ninguno de estos se establece que en las misiones medicas lleguen militares de la Inteligencia Cubana o G2.10 Por su parte, en la “Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México-Cuba”, tampoco se hace alusión a la llegada de militares cubanos a territorios mexicanos. En cambio, especifica que llegaron médicos especialistas de Cuba.11

Del mismo modo, la organización recopiló información mediante entrevistas a personal médico, de enfermería y técnico, en las cuales afirman que casi ninguno de los cooperantes tenía experiencia probada ni conocimientos suficientes para afrontar la pandemia en México, donde la tecnología y capacitación son diferentes a los utilizados en Cuba. Este hecho no sólo ha limitado el trabajo del personal médico, sino que ha puesto en riesgo a las y los pacientes.12 Agregado a la falta de transparencia que existe con respecto a los acuerdos y el intercambio de personal médico, es imposible asegurar que todas las personas que han entrado al país cuentan con la capacitación necesaria para ejercer la práctica.

Finalmente, cabe señalar que la contratación de personal médico proveniente de Cuba se hizo, según el Presidente López Obrador, por la necesidad de contar con “el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país”. Esto se debe a que en mayo de 2022 se puso en marcha la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, con la cual se licitaron 13,765 plazas de médicos especialistas,13 de los cuales se llenaron vacantes de menos del 5%, según Zoé Robledo, titular del IMSS.14 Sin embargo, los filtros por los cuales pasaron los médicos mexicanos y los cubanos difieren, ya que a los primeros se les pidió requisitos que a los segundos no.

• Aplicación de las leyes cubanas en México

Entre los problemas de la llegada de supuesto personal médico cubano a México se encuentran la aplicación de leyes laborales cubanas en territorio mexicano, ya que su estatus laboral está regulado por Cuba y no por México. A los colaboradores cubanos se les aplican diversos ordenamientos jurídicos, lo cuales no forman parte del ordenamiento jurídico mexicano, y son violatorios del mismo. Cabe destacar entre los ordenamientos jurídicos cubanos la “Ley de los 8 años”.

Ley de los 8 años: Es una regulación interna del Ministerio del Interior que está protegida por la Ley de Secreto de Cuba (lo que implica que no es pública, pero se ejerce), aunque diversos certificados consulares16 la mencionan como la Ley por la que:

“El ciudadano cubano que es declarado como desertor por las autoridades competentes cubanas, pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de 8 años a partir de la fecha que se declaró el Abandono de la Misión Estatal. Esta es una regulación interna del Ministerio del Interior de Cuba.”17

El hecho de que a los colaboradores cubanos se les aplican leyes cubanas, es una violación a la soberanía, la cual está plasmada en la Carta Magna.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.18

De igual manera, se establece en la siguiente tesis:

Novena Época. Registro digital: 180240. Instancia: Primera Sala. Tipo: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, octubre de 2004, página 264. Materias(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 80/2004

Supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, principios de. Interpretación del artículo 133 constitucional que los contiene.

(...) lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental , por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Finalmente, cabe mencionar que por las restricciones que establece esta “Ley”, fue interpuesta una denuncia el 16 de junio de 2022 ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, las observaciones de dicho órgano al Gobierno Cubano fueron:

Preocupa al Comité: (...)

La prohibición de facto para los padres que terminaron un contrato civil en el extranjero de reunirse con sus hijos, a veces durante hasta ocho años, y el impacto que tienen en la salud y el bienestar de los niños los años de separación de sus padres;

(...) y recomienda al Estado parte que: (...)

(c) Ponga fin a toda separación de niños de sus padres por la decisión de estos de terminar un contrato laboral, y modifique el artículo 135, párrafo 1, del Código Penal a fin de eliminar todos los obstáculos que impiden la reunificación familiar”19

En tales denuncias quedo asentado que uno de los lugares en los que se cometieron las violaciones es México.

• Violaciones a los DDHH

Otro de los problemas que se tiene por la llegada del personal médico de Cuba es la violación de DDHH de los cuales han sido víctimas. La Ley Fundamental establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales, así como gozaran de todas las garantías.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.20

A pesar de lo anterior, las y los colaboradores cubanos fueron víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos. Entre ellas, se encuentran el haber sido obligadas y obligados a participar en dichas misiones. A continuación, se recopilan algunas de las declaraciones de las víctimas de las denuncias interpuestas ante la Corte Penal Internacional:

“Las misiones médicas son un acto de coacción por muchas vías, si te niegas eres marcado y/o discriminado , obligado a asumir los peores trabajos y la peor ubicación laboral sin tener en cuenta ni tu capacidad ni tu desempeño. Básicamente puedes ser muy buen profesional, pero si no aceptas sus condiciones eres castigado tanto abiertamente como de manera solapada por las autoridades del Ministerio de salud que obviamente responden al gobierno.”

“Si no te enrolabas en misión no te dejaban salir a más ningún lado , además siempre ejercen presión y no te dejan escoger nada.”

Esto viola al derecho a elegir empleo libremente, el cual está consagrado en el artículo 5 de la Carta Magna:

Artículo 5: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.21

También se encuentra plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.22

Por otro lado, a las y los colaboradores cubanos se les negaron las condiciones mínimas de trabajo. En lugar de un trabajo digno, fueron sometidas y sometidos a condiciones denigrantes, esclavistas y obligados a falsificar información. Entre los testimonios, se encuentran los siguientes:

“Yo puse 11 horas, pero hay días que se llega a trabajar hasta 12h especialmente en puertos donde montan muchísimas personas, esas horas no son pagas. El trabajo es extremadamente agotador e inhumano porque no tienes si quiera un día de descanso. Yo viví muchísimo acoso sexual por parte de los jefes. Empiezan a ponerte el trabajo muchísimo más difícil y fuerte para que hagas todo lo que te piden.”

“La misma historia se repetía una y otra vez para mantenerse en la misión había que hacer lo establecido dentro de ellos falsificar estadísticas.”

“Mis guardias eran de 48 horas y descansaba 20 horas aproximadamente o en caso de déficit de médicos trabajaba durante 5 días seguidos y descansaba 24 horas.”

Esto viola la Ley Federal del Trabajo, ya que atenta contra el trabajo digno:

Artículo 2o. (...) Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador ; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. (...)

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta (...). Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

Por último, pero no menos importante, hubo casos de mujeres pertenecientes a la delegación cubana que fueron víctimas de violencia sexual:

“Tuve la mala experiencia de vivir acoso sexual por parte del jurídico de mi estado y al no ceder a lo que él quería me sancionó 2 veces, me cambio del lugar donde estaba y me hicieron un escarmiento público en presencia de todos los jefes del estado en aquel momento. Fue una experiencia horrible.”

Debido a las graves violaciones a los derechos humanos, el 8 y 10 de mayo de 201923 se interpusieron denuncias en la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (Referencia del caso OTP-CR-208/19), y el 24 de agosto de 202024 en la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (Referencia del caso OTP-CR-208/19). Dichas denuncias forman en conjunto un único cuerpo de denuncia en contra del trabajo forzado y la esclavización. Ambos constituyen crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Al respecto, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, y la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, emitieron el siguiente mandato:

Mandatos de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

(...)

Si bien la participación en las misiones de internacionalización es oficialmente voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte de Gobierno de Cuba si no participan; (...)

El Gobierno de Cuba recibiría una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos . Sin embargo, el Gobierno de Su Excelencia retendría un porcentaje significativo del salario que los países anfitriones pagan por los profesionales cubanos que hacen parte de una misión de internacionalización . En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano , éste debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría al 75% o hasta el 90% de su salario mensual. En muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente; Además, el Gobierno de Cuba estaría “congelando” una parte del salario que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país, pero, según información recibida, muchas veces no reciben de la totalidad del monto que les corresponde;

Los médicos trabajarían 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de 64 horas semanales , muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de horas trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior;

(...)

Si un profesional decide retirarse del trabajo en el exterior, se califica como “abandono de misión de trabajadores civiles” bajo del Código Penal de Cuba que en su artículo 135 (1) estipula que “el funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone, o, cumplida ésta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente, a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”. Las mismas sanciones son aplicadas a profesionales que después de cumplir una misión en el extranjero deciden establecerse en otro país. Como consecuencia, muchas familias están separadas lo cual tiene un fuerte impacto negativo en su bienestar. Los médicos considerados desertores no están autorizados de regresar a Cuba durante ocho años y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales. Según anunció el vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, Roberto Morales Ojeda en febrero de 2019, el retorno de los médicos que se quedaron en Brasil desde la descontinuación del programa Más Médicos está autorizado. Sin embargo, muchos de los profesionales afectados temen represalias si vuelven a Cuba.

Muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones de internacionalización.25

El Poder Legislativo no debe de permanecer indiferente ante las violaciones cometidas que afectan tanto al personal médico como a las y los pacientes. Asimismo, violentan la soberanía y la seguridad nacional y a las garantías constitucionales.

Por lo expuesto, se somete a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, con base a sus atribuciones, regularice el estatus migratorio de las y los cooperantes cubanos referentes al Acuerdo de Cooperación Bienal.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Instituto Nacional de Migración, para que, con base a sus atribuciones, haga público un informe detallado sobre la entrada de militares de Inteligencia Cubana al territorio nacional, especificando el motivo de su estancia en el país, cuáles son las actividades que realizan y su estatus migratorio.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración, para que, con base en sus atribuciones, trabajen conjuntamente para hacer público un informe detallado explicando el motivo de la llegada colaboradores cubanos en aviones y aeropuertos militares.

CUARTO - La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente al titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, con base a sus atribuciones, tome las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los colaboradores cubanos.

Notas

1 Acuerdo de Cooperación Bienal que celebran, por una parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a la que en adelante se le denominara “SEDESA”, representada por su Titular la Dra. Olivia López Arellano, asistida por el licenciado Jesús Antonio Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a la que en adelante se le denominara “DGAF” y, por la otra, el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, representado por el C. Pedro Núñez Mosquera, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en los Estados Unidos Mexicanos que en adelante se le denominará “LAS PARTES”, de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

2 Canal, D. (2022). La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México. Prisoners Defenders. https://www.prisonersdefenders.org/2022/08/25/la-verdad-militar-detras- de-las-misiones-medicas-cubanas-en-mexico/

3 Secretaría de Relaciones Exteriores (2022) Carpeta País, Relación Bilateral México-Cuba.

4 Senado de la República (2022). Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba. Recuperado el 6 de octubre de 2022, de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-26-1/assets/docu mentos/Informe_Reunion_Cuba_Mexico.pdf

5 Canal, D. (2022). La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México. Prisoners Defenders. https://www.prisonersdefenders.org/2022/08/25/la-verdad-militar-detras- de-las-misiones-medicas-cubanas-en-mexico/

6 Ibíd.

7 Senado de la República (2022). Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba. Recuperado el 6 de octubre de 2022, de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-26-1/assets/docu mentos/Informe_Reunion_Cuba_Mexico.pdf

8 Senado de la República (2022). Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba. Recuperado el 6 de octubre de 2022, de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-26-1/assets/docu mentos/Informe_Reunion_Cuba_Mexico.pdf

9 Ibídem.

10 Secretaria de Relaciones Exteriores (2022) Carpeta País, Relación Bilateral México-Cuba.

11 Senado de la República (2022). Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba. Recuperado el 6 de octubre de 2022, de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-26-1/assets/docu mentos/Informe_Reunion_Cuba_Mexico.pdf

12 Senado de la República (2022). Carpeta Informativa XVII Reunión Parlamentaria México- Cuba. Recuperado el 6 de octubre de 2022, de https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-26-1/assets/docu mentos/Informe_Reunion_Cuba_Mexico.pdf

13 Gob.mx. Recuperado el 4 de octubre de 2022, de https://presidente.gob.mx/presentan-jornada-nacional-de-reclutamiento-y -contratacion-de-medicos-especialistas-para-fortalecer-sistema-de-salud /

14 Robledo, Zoé [@zoerobledo] (2022). Recuperado el 7 de octubre del 2022, de https://twitter.com/zoerobledo/status/1559560086988652547

15 Secretaría de Salud (2022). Jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicas y médicos especialistas. Recuperado el 4 de octubre de 2022, de https://www.gob.mx/insalud/articulos/jornada-nacional-de-reclutamiento- y-contratacion-de-medicas-y-medicos-especialistas-303021

16 Embajada de la República de Cuba (2020). Certificado Consular Ampliado. Recuperado el 4 de octubre de 2022, de https://drive.google.com/file/d/1T90Y_C44vTcbJChlx77EVB18G9GOfxka/view

17 Canal, D. (2022). La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México. Prisoners Defenders. https://www.prisonersdefenders.org/2022/08/25/la-verdad-militar-detras- de-las-misiones-medicas-cubanas-en-mexico/

18 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 40).

19 Órganos de tratados. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado el 4 de octubre de 2022, de https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.as px?symbolno=CRC%2fC%2fCUB%2fCO%2f3-6&Lang=en

20 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1)

21 (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 5)

22 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 23)

23 Comunicación procedimiento especial Naciones Unidas 3.0.pdf. Recuperado el 4 de octubre de 2022, de https://drive.google.com/file/d/12Zcf9idaIVESXZAbuJGI0Mx5SV887CeE/view

24 ES - caso de denuncia - 622 médicos cubanos contra el gobierno cubano v5.0.pdf , de https://drive.google.com/file/d/1tgHZRBE6y29yiXDMbP_-Aq5pQOwHgSEa/view

25 Mandatos de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a los gobiernos de Sinaloa y Sonora, y a asociaciones, empresas y personas involucradas en los procesos de producción agroalimentaria, a llevar a cabo de manera apremiante mesas de diálogo para resolver el problema productivo rural, suscrita por los diputados Gabriela Martínez Espinoza, Marina Valadez Bojórquez y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Gabriela Martínez Espinoza; Marina Valadez Bojórquez y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo , integrantes del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se invita al Gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; de las Secretarías de los estados de Sinaloa y Sonora, a empresarios, corporaciones o agrupaciones campesinas y a todas aquellas personas involucradas en los procesos de producción agroalimentaria a llevar a cabo de manera apremiante mesas de diálogo para resolver el problema productivo rural, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera . Considerando un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Soberanía, el sector agropecuario mexicano integra a más de 5 millones de productores agrícolas, de los cuales sólo 10 por ciento tiene acceso al financiamiento. Menciona el referido Centro de Estudios, que el Estado mexicano ha desarrollado instrumentos e impulsado instituciones que conforman la Banca de Desarrollo, con la finalidad de ampliar la cobertura y hacer llegar recursos crediticios a aquellos productores de menor escala.

Reafirma el hecho de que el sector agropecuario mexicano es una plataforma productiva que se ha posicionado, en el año 2020, como la 11a productora de alimentos del mundo. Apunta que se debe reconocer que más del 80 por ciento de las unidades productivas son de baja escala, lo cuales presentan muchas limitaciones para el desarrollo de sus actividades, entre otras, la falta de financiamiento.

Segunda. Según se ha dicho en la opinión pública1 , el Gobierno federal no ha tenido una institución como la desaparecida Financiera Rural, lo cual ha propiciado la reducción en la colocación de créditos al campo, ha permitido la duplicación de la cartera vencida y ha dejado de asignar recursos para la producción agrícola. Según lo afirmado por los medios de comunicación, el Gobierno ha optado por cancelar el financiamiento al campo productivo, a cambio del fortalecimiento de un esquema de subsidios y transferencias que asegura el clientelismo, que, dicen, arriesga la autosuficiencia alimentaria. Señalan que lo anterior convirtió al desaparecido Instituto fiduciario en “un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural” tal y como lo calificó el mismo presidente de la República en su iniciativa de extinción, la cual se debió a una mala administración, de acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

La información periodística señala que, entre el arranque de operaciones de la Financiera de 2003 a 2018, la tasa de interés era de un solo dígito, la cartera de recuperación era de 93 por ciento e informan que se llegó a financiar hasta 70 mil millones de pesos anualmente. Con el actual Gobierno, la Financiera Rural elevó de 8 a 26 por ciento la cartera vencida; para el mes de noviembre del 2022 se alcanzó un financiamiento de solo 30 mil millones de pesos, y de 79 mil unidades económicas rurales en 2014, se redujo la atención a 66 mil, según datos del INEGI.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas ha afirmado ante los medios de comunicación que la Financiera Rural nació ante la desaparición de Banrural y que su objetivo era ofrecer financiamiento a los productores por medio de un organismo autosustentable y vigilado para evitar la asignación de créditos incobrables y corrupción, con un modelo de banca de desarrollo para inversiones en tecnología, innovación, semillas mejoradas y otros elementos.

Tercera. Es importante señalar la existencia del organismo descentralizado del Estado Mexicano Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la cual fue creada en enero de 2019 y se encuentra sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en la cual se conjuntaron las anteriores empresas de Estado Liconsa y Diconsa. Segalmex tiene a su cargo el “Programa de precios de garantía de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche fresca”. Específicamente para pequeños y medianos productores que cuentan con superficie menor a 10 hectáreas; Así mismo, tiene facultades de coordinación de compra de cosechas nacionales e importaciones de productos agroalimentarios cuando no se cuente con abasto suficiente de los mismos para su distribución. Como se encarga de los llamados “precios de garantía”, el objetivo del gobierno, por medio de este organismo estatal” es que los pequeños y medianos productores mejoren sus ingresos e incrementen su productividad para lograr la seguridad alimentaria.2

Cuarta . Para el presente ciclo O.I.2022-2023, el campo mexicano, atraviesa por una grave problemática entre lo que destaca, la falta de financiamiento a las actividades primarias del campo; no hay desarrollo al mantenerse el crecimiento anclado en un PIB menor al 2.0 %, así como el problema en las cosechas de trigo y maíz, de los estados de Sonora y Sinaloa, caracterizados por altos costos de producción y bajos de precios de comercialización, que no permitirán a los productores de esas entidades federativas recuperar sus inversiones realizadas además de las implicaciones sociales y económicas de la región.

Quinta. Para poder dimensionar el problema de comercialización de estos granos, pertenecientes a la familia de las gramíneas, según la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). México produce 3.5 millones de toneladas de trigo, establecidas en 585,000 hectáreas; de las cuales Sonora aporta el 52.4 % de la producción nacional de trigo, generando ingresos por 9,220 mdp. Mientras que el maíz, se establecen 7.5 millones de hectáreas, con una producción nacional de 27.8 millones de toneladas, de los cuales Sinaloa produce el 22% con una producción de casi 7.0 millones de toneladas; Jalisco 14%; Estado de México 8%; Michoacán 7% y Guanajuato 6% entre otros.

En base al ciclo anterior, O.I. 2021-2022, los precios de comercialización por tonelada de grano, fue por el orden de $ 6,987.00 para el maíz; mientras que, para el trigo, alcanzo un precio por tonelada de $ 9,041.00. Sin embargo, paradójicamente el mercado que no tiene palabra, para el presente ciclo, O.I. 2022-2023, cotiza la tonelada de maíz en $ 5,600.00 mientras que para trigo en $ 5,730.00 la tonelada

Sexta. Al respecto, se han presentado propuestas legislativas en torno al problema de falta de recursos para el campo, una del diputado federal Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, quien propone que Segalmex garantice para el ciclo 2023 un precio de garantía no menor a 7 mil pesos por tonelada de maíz que se produzca en Sinaloa.

En su misma propuesta propone que el precio de garantía para la producción de trigo panificable sea de 8 mil pesos y que sea producido en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Por otra parte, el diputado local en Sonora, Jorge Eugenio Russo Salido, del Grupo Parlamentario de MC en el Congreso local de Sonora, propone que el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el Estado otorgue un apoyo especial a los agricultores, buscando resolver el problema de la contingencia de mercado por los bajos precios, además de que se pretende evitar caigan en moratorios por los créditos adquiridos, aumentando así la cartera vencida.

Séptima . En esa virtud y con el objeto de atender la demanda antes señalada y en estricto apego a los dispuesto en nuestra Carta Magna en su artículo 27o Constitucional, así como a lo estipulado en los artículos 111 y 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de desastres naturales y contingencias de mercados se presenta esta iniciativa de legisladores federales a efecto de contribuir en la solución de la problemática planteada.

Octava. Ante estas circunstancias aquí expuestas y que se hacen más comprensibles con la infografía que se inserta, la propuesta que hacemos como integrantes del H. Congreso de la Unión, es la de integrar de manera urgente, una mesa de diálogo entre los Gobiernos federal y locales de Sinaloa, de Sonora y los principales actores económicos en el campo, con la finalidad de que se solucione de tajo el problema, buscando acuerdos que sean la base para que los Gobiernos federal y los locales de ambas entidades federativas determinen lo conducente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; al gobierno de los estados de Sinaloa y de Sonora, a las cámaras empresariales más representativas del país, a las federaciones, confederaciones y asociaciones campesinas del país y a toda persona involucrada en los procesos de producción agroalimentaria para que establezca de manera apremiante una mesa de diálogo para resolver el problema productivo rural en México.

Notas:

1. Ver la siguiente página de internet del periódico Reforma, de fecha 14 de abril del 2023, consultada el 16 de abril del mismo año, nota de autoría de Nallely Hernández y Mayolo López: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?__rval=1&urlredirect=/acusan-que-4t-hunde-financiamiento-rural/a r2587029?referer=—7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a—

2. Ver la siguiente página de internet del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas: https://gcma.com.mx/precios-de-garantia/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%2 0los%20precios%20de,precio%20de%20garant%C3%ADa%20al%20productor

Dado en la Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril del 2023

Diputados: Gabriela Martínez Espinoza, Marina Valadez Bojórquez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a emitir un programa temporal de regularización migratoria, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Olga Leticia Chávez Rojas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de julio de 2019, en su eje número 1, denominado “Política y Gobierno”, menciona que si bien es cierto que el ingreso de extranjeros a territorio nacional requiere de un proceso de registro por razones de seguridad; también lo es que México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones, por lo que el Ejecutivo federal debe aplicar las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él .

Que el Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, establece en su cuarto objetivo prioritario, que el Estado mexicano debe garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a nuestro país a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana, cuyas estrategias están enfocadas a la población migrante, interna y externa, solicitantes de la condición de refugiado y beneficiarios de protección complementaria.

Además, el citado programa menciona que anteriormente la atención de la migración se enfocó en atender únicamente a una dimensión de la migración sin necesariamente facilitar o promover la integración o reintegración al país y se excluyeron a las personas solicitantes o en condición de refugio y protección complementaria, por lo que es necesario considerar no sólo la configuración de los flujos migratorios, también su composición, y atender a los grupos que por sus particularidades se encuentran expuestos a condiciones aún más vulnerables en los contextos migratorios.

Que a partir de la década de 1990, México comenzó a configurarse como un territorio de tránsito regular e irregular para personas migrantes provenientes, principalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscaban ingresar a Estados Unidos.1

Sin embargo, se estima que el volumen de personas migrantes centroamericanas de paso hacia Estados Unidos ha ido en aumento desde 2011 hasta registrar en el año de 2014, la histórica cifra de 394.2 mil eventos, cifra superior a los 388.7 mil eventos registrados en 2005, mientras que el promedio anual de este flujo para el periodo 2014-2017 fue de 335,000 eventos.2

Tan sólo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, el Instituto Nacional de Migración (en adelante el INM) de la Secretaría de Gobernación, identificó 147 mil 33 personas migrantes que transitaban en condición irregular por territorio nacional, cifra que representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2020.

Además, entre febrero de 2019 y agosto de 2022, fueron retornados a territorio mexicano 81,350 personas a través del programa estadounidense Protocolos de Protección a Migrantes.3

Cabe señalar que muchos de estos migrantes, al ya no poder seguir con su curso hacia los Estados Unidos, deciden quedarse a vivir en México.

Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Instituto Nacional de Migración, en su tarjeta migratoria número 120421, publicada en su página oficial el 11 de abril de 2021, que precisa que durante los últimos 10 años se ha incrementado el interés de migrantes centroamericanos por quedarse en México, en lugar de continuar su camino a Estados Unidos.

Las razones según el INM, son diversas: por aquí encuentran donde laborar, encuentran medios subsistir, porque contraen matrimonio, porque tienen hijos o, simplemente, porque ya no quieren asumir los riesgos que conllevan dirigirse hacia Estados Unidos.

Además, en los últimos años, el número de solicitudes de se incrementó de 3,423 en 2015 a 30,000 en 2018, 129,791 en 2021, para cerrar el 2022 con 118,470.

Que la situación irregular extranjera es un factor fundamental de vulnerabilidad por la falta de documentos migratorios o de autorización por parte del Estado para transitar o residir en su territorio, lo que vuelve a los migrantes invisibles ante la ley y muchas veces ante la opinión pública, además la falta del documento que regule su legal estancia, les impide el ejercicio de sus derechos fundamentales que deben ser garantizados y protegidos por el Estado.4

Ejemplo de ello, durante la crisis de salud pública por Covid-19, si bien el gobierno de México se esforzó por asegurar el acceso a la salud de la población migrante irregular en nuestro país, en el estudio del Colegio de la Frontera Norte (2020a), se prevé que en el Estado de Tijuana, los migrantes carecieron de acceso a servicios de salud, principalmente por la saturación de las clínicas y los hospitales públicos, y por los altos costos en el servicio privado. Aunque también se detectaron obstáculos a la atención médica por falta de documentación de los migrantes irregulares.

Sumado a lo anterior, los migrantes asentados en territorio nacional que no cuentan con un documento que acredite su legal estancia, se encuentran aún más propensos a sufrir algún tipo de delito, como la privación de libertad, la tortura, la extorsión, así como la trata de personas.

En el caso de las mujeres, pueden ser explotadas como sirvientas, abusadas o violadas sexualmente, e inclusive ser explotadas en el mercado sexual por parte de organizaciones criminales.

Aparte que, derivado de su situación irregular, muchas veces los migrantes no denuncian, quedando sin acceso a la justicia, por miedo a ser retornados a su país de origen.

Que el Gobierno de México, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras migrantes que residen en situación irregular en territorio nacional, en el año 2015 implementó un programa de regularización migratoria, con el objetivo otorgarles certeza jurídica.

Como resultado de dicha implementación los extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular, obtuvieron un documento migratorio de residente temporal por cuatro años, generándoles certeza jurídica, pero también fortaleciendo el control migratorio mediante acciones de identificación y registro de personas extranjeras a vías regulares de residencia.

Que de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Migración, la Secretaría de Gobernación podrá emitir disposiciones administrativas generales de carácter temporal, que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para establecer los supuestos, requisitos y procedimientos aplicables para que el INM regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en el mismo.

Es decir, de lo anterior se verifica la facultad de la Secretaría de Gobernación para emitir disposiciones administrativas, a través de las cuales se regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional.

Por lo anterior, se considera apremiante que dicha dependencia emita un Programa Temporal de Regularización Migratoria, para que a través del Instituto Nacional de Migración se regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional desde el 1 de enero de 2017 y que al 1 de enero de 2023, se encuentren residiendo en México de manera irregular.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación deberá señalar en la disposición administrativa que emita, de manera expresa los supuestos, así como los requisitos y trámites requeridos para ser beneficiario de dicho programa.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación, a implementar un Programa Temporal de Regularización Migratoria, a través del cual se regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional desde el 1 de enero de 2017 y que al 1 de enero de 2023, se encuentren residiendo en México de manera irregular.

Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación, a señalar en la disposición administrativa que emita, de manera expresa los supuestos, excepciones, así como los requisitos y trámites requeridos para ser beneficiario del Programa Temporal de Regularización Migratoria.

Notas:

1. “Panorama de la Migración en México”, Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, recuperado de: http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migra cion_en_Mexico

2. Idem

3. Badilla Diego, “Éxodo a Estados Unidos, sin precedentes, convierte a México en sala de espera de migrantes”, El economista, enero 2023, recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Exodo-a-Estados-Unidos-sin-pre cedentes-convierte-a-Mexico-en-sala-de-espera-de-migrantes-20230113-006 9.html

4. París Mombo María de Dolores, et al, “UN ESTUDIO TEÓRICO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE MIGRANTES EN EMERGENCIAS”, MIGRANTES EN MÉXICO VULNERABILIDAD Y RIESGOS, recuperado de:

https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/14566/block_h tml/content/MICIC_Mexico_desk_study.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana a realizar las investigaciones necesarias y coadyuvar entre sí para identificar, localizar y sancionar a las personas que resulten responsables en el ámbito civil, administrativo y penal, por los derrumbes de los edificios ubicados en el fraccionamiento La Sierra, así como a atender a las personas damnificadas, procurando garantizar su derecho a la vivienda, la reparación del daño y la no repetición de los hechos, suscrita por las diputadas María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, y Olga Zulema Adams Pereyra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y diputada Olga Zulema Adams Pereyra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ambas de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fechas recientes se han reportado intensas precipitaciones pluviales en el Municipio de Tijuana, Baja California, las cuales han provocado diversos deslaves que han puesto en peligro a la población. Como consecuencia, las autoridades del Ayuntamiento en comento, acordaron emitir una Declaratoria de Emergencia por los Riesgos Geológicos e Hidrometeorológicos por la inestabilidad de laderas registradas en seis puntos de la ciudad de Tijuana.

La humedad presentada por las lluvias generó el reblandecimiento de distintos terrenos, sobre todo en la zona serrana, donde algunas construcciones comenzaron a presentar derrumbes. A este respecto, y de manera particular, dos edificios de departamentos del fraccionamiento La Sierra (uno construido en 2009, mientras que el otro lo fue en 2021), captaron la atención de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las propias autoridades, quienes optaron por desalojar a las personas que habitaban en el lugar.

La incertidumbre sobre un posible colapso se mantuvo latente, hasta que el 1 de abril de 2023 el primero de éstos dos edificios no resistió más y fue reportada su caída; mientras que el segundo resistiría únicamente una semana más, venciéndose finalmente el día 9, sobre algunos locales comerciales que se encontraban al pie de la zona del deslave, mientras se realizaban las gestiones para proceder a derrumbarlo.

Las acciones de respuesta frente a la inminente emergencia permitieron que no hubiera pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, las afectaciones materiales sufridas por las personas que ahí residían, así como el detrimento sobre su patrimonio y el consecuente menoscabo en su derecho a la vivienda, aunado a los daños sufridos en los negocios sobre los que cayeron los escombros de las edificaciones, son hechos que obligan a las autoridades respectivas a dar con quienes resulten responsables de haber construido, así como de haber otorgado las autorizaciones de construcción, en zonas que podrían representar un riesgo para las personas o sin las medidas de seguridad estructural y de protección civil debidas.

De acuerdo con declaraciones concedidas por el Ingeniero Civil Jorge Alberto González Belmont al semanario Zeta y retomadas en el portal digital de Radio Fórmula, “ambos edificios fueron levantados sobre un talud –un terreno inclinado y propenso a deslizamientos–, por lo que faltaron barreras de contención o soportes que dieran una mayor estabilidad al suelo”1 , hipótesis respaldada por Javier Franco Casas, quien funge como asesor de geotécnica del Ayuntamiento de Tijuana, según información de los mismos medios.

La situación apunta a la existencia de “presuntas omisiones en el expediente del proyecto La Sierra, desde los planos del proyecto, hasta los estudios de mecánica de suelos, así como la resistencia del talud”2 . No obstante, la Dirección de Administración Urbana no ha localizado y entregado los documentos que hacen falta a los representantes legales de las personas afectadas. Además, se ha informado que aún no se definen las cantidades de apoyo que brindará el gobierno municipal, ni las condiciones de entrega.

Es importante destacar que el artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de las familias a disfrutar de vivienda digna y decorosa, respecto del cual la Ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, mismo que forma parte del derecho de todas las personas a tener un nivel de vida adecuado para sí mismas y para sus familias, de conformidad con el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, en su Observación General No. 4, considera que el derecho a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los DESC y se refiere a la capacidad de disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de Gobierno del Estado de Baja California que correspondan; a la Fiscalía General del Estado de Baja California; así como a las Secretarías de Gobierno; de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental; de Bienestar; de Desarrollo Económico; y a la Dirección de Protección Civil, todas del H. Ayuntamiento de Tijuana, a realizar las investigaciones necesarias y coadyuvar entre sí para identificar, localizar y sancionar a las personas que resulten responsables en el ámbito civil, administrativo y penal, por los derrumbes de los edificios ubicados en el Fraccionamiento La Sierra, así como a atender a las personas damnificadas, procurando garantizar su derecho a la vivienda, la reparación del daño y la no repetición de los hechos.

Notas:

1. (VIDEO) Caída de Edificios en Tijuana: Esto Sabemos sobre el Caso. Disponible en https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/4/9/video-caida-de-edific ios-en-tijuana-esto-sabemos-sobre-el-caso-757244.html

2. IDEM.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de abril de 2023.

Diputadas María Clemente García Moreno, Olga Zulema Adams Pereyra (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a una reunión de trabajo con la SHCP y la Sader para analizar y discutir la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal que extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Augusto Gómez Villanueva, María de Jesús Aguirre Maldonado, Ismael Alfredo Hernández Deras, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Roberto Carlos López García, María del Refugio Camarena Jáuregui, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Eufrosina Cruz Mendoza, Tereso Medina Ramírez, Jazmín Jaimes Albarrán, Yerico Abramo Masso, Hiram Hernández Zetina, José Antonio Gutiérrez Jardón, José Francisco Yunes Zorrilla, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el pasado 13 de abril del presente año, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se Abroga su Ley Orgánica.

Segunda. Una de las causales de la extrema desigualdad de nuestro país se debe al abandono del campo. La alternancia en el arribo al poder, ha originado una ruptura programática de los objetivos básicos de la Revolución, que se sustentan no sólo en el reparto de la tierra, sino en la autosuficiencia alimentaria y su gradual modernización para lograr que la producción de los campesinos y de los pequeños propietarios rurales puedan generar un mercado interno que da origen a la comercialización de los productos del campo y su exportación, con la consecuente mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

La banca de desarrollo para el campo, nació de la demanda histórica de los agraristas y de la necesidad de que esta, pudiera ser una palanca de desarrollo para los productores del campo, generando instituciones que se crearon con personalidad jurídica y patrimonio propios, canalizando recursos, centrados en productores de bajos ingresos, con leyes orgánicas que determinan su especialización en la promoción del sector, sus órganos de gobierno y modalidad operativa acorde con las condiciones y características específicas de los ejidatarios y pequeños propietarios que con su trabajo alimentan no solo a la ciudad, sino también a otros países.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, especializado en financiamiento rural a través del otorgamiento de créditos sujetos al patrimonio de la institución, cuya vocación central es, la de atender al productor mexicano, conforme a sus circunstancias y contingencias que, individual o colectivamente no alcanzan la madurez financiera suficiente para acceder a créditos con instituciones bancarias comerciales.

La Financiera Nacional, cuenta con una particularidad en su operación pues no sólo se enfoca en ofrecer financiamiento directo a los pequeños y medianos productores (primer piso), y los acompaña con capacitación y asesoría para la mejor utilización de sus recursos crediticios, sino que, además, otorga créditos a las organizaciones de productores que maduran o evolucionan hasta convertirse en Intermediarios Financieros Rurales, que a su vez intermedian financiamiento para impulsar actividades rurales (segundo piso) que también se ven afectados al ya no contar con recursos para dispersar crédito a sus usuarios.

En 2022, el SIAP reportó que de los 130 millones de mexicanos que hay en el país, 6.37 millones llevan a cabo actividades agropecuarias, de las cuales 5.4 millones se ubicaron en la producción agrícola; 869 mil, en la producción pecuaria y 101 mil, en la explotación pesquera (Panorama Agroalimentario, 2022).

Resalta que, de los 5.4 millones de productores agropecuarios en nuestro país, sólo 10 por ciento, es decir solamente 540 mil pequeños y medianos productores cuentan con acceso a recursos de la banca de desarrollo, productores que históricamente se han caracterizados por ser agricultores familiares de subsistencia, con poca extensión de tierras y con acceso limitado al crédito resultado de su falta de garantías o en otros casos poca experiencia en el manejo técnico, moral, financiero y climático en su producción.

Por si no fuera grave, dicha cifra expone que 4.8 millones de productores no cuentan con acceso a recursos de la banca de desarrollo, por lo que, quienes están en condiciones de acceder a créditos lo hacen mediante la banca comercial, que generalmente tiene como usuarios a productores grandes en extensión, en capacidad técnica y productiva, o bien, con capitales que se transforma en garantías que respaldan el pago de los créditos otorgados. Dejando fuera no solo a millones de pequeños y medianos productores que no cuentan con las condiciones para acceder a los créditos, o que se ven en la necesidad de buscar fuentes de financiamiento con condiciones menos favorables que los ofrecidos por la banca de desarrollo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019, las fuentes de recursos a las que recurrieron con mayor frecuencia los productores de alimentos, fueron: las Cajas de ahorro con un 26%; las empresas o personas con las que se comprometió la producción con un 20.5%; la Financiera Rural de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con el 16.9%, las empresas o personas proveedoras de insumos 15.9%, los Bancos con el 11.4%, de sus familiares el 6.8%, sin dejar de mencionar las fuentes de financiamiento de menor porcentaje entre las cuales se encuentran, los amigos, familiares que viven en el extranjero, casas de empeño o prestamistas, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple o limitado y crédito ganadero a la palabra.

La misma encuesta señala cuales fueron principalmente, el destino de los créditos que se les otorgaron unidades económicas rurales, los destinaron a: materiales y materias primas; pago de sueldos y salarios; y, en un pequeño porcentaje a la compra de maquinaria y equipo.

No podemos dejar de advertir que México tiene una larga trayectoria como país dependiente de alimentos, aun así, ostenta el lugar décimo segundo a nivel mundial como productor de alimentos y hoy en día, el campo es un sector económico y estratégico para el país, como en muy pocos lugares del mundo, más de la mitad del territorio rural es propiedad social, existen más de 32,000 ejidos y comunidades; los campesinos son dueños de casi cien millones de hectáreas, incluidas campesinas líderes, a quienes hace falta impulsar más su visión, sus aportaciones y su plena inclusión en las decisiones del sector. Más de 29,000 núcleos agrarios tienen actividad agrícola, más de 25,000 tienen actividad ganadera, y más de 3,000 tienen actividad forestal. Hay también más de 1,700 núcleos con actividad pesquera, 1,700 núcleos con actividad artesanal y cerca de 1,000 núcleos agrarios con actividad turística.1

Sin embargo, el escenario actual para el campo mexicano es sumamente complejo debido a la diversidad regional, climática y pluricultural de nuestro país, aunado a la incertidumbre que vive por el abandono institucional, por lo que es imperante que instituciones como la Financiera Rural, sean reconocidas como un instrumento estratégico del Estado para impulsar actividades vinculadas con el sector rural, con la finalidad de mejorar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población y fortalecer la autosuficiencia permanente y oportuna de alimentos sanos y culturalmente apropiados para las personas, comunidades y pueblos nacionales.

Es necesario garantizar y promover el acceso a la banca de desarrollo, para atender la demanda de los productores agropecuarios, por ello es de la mayor relevancia conocer las razones por las cuales instituciones como Financiera Rural de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, mantienen suspendido el otorgamiento y dispersión de recursos crediticios a los pequeños y medianos productores y, sobre todo, cuáles son los mecanismos, mediante los cuales se atenderá a los millones de comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que han quedado en el abandono institucional.

Tercera. La entrada de México a la globalización nos enfrentó a grandes desafíos, sobre todo después de la suscripción del el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el cual, el enfoque de nuestro país se dirigió hacia una agricultura de exportación y la desaparición gradual de las instituciones de apoyo a la producción, aunado al proceso de privatización de la propiedad social, la disminución de los instrumentos que le otorgaban su fortaleza en la gradualidad programática de la homologación del proceso de reparto de tierras, la escasa planeación en apertura de distritos de riego, infraestructura y políticas enfocadas al desarrollo social de los campesinos.

Mientras que, de acuerdo con datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, señala que en 2020, de los aproximadamente 126 millones de habitantes de México, solamente 73.2 millones de personas en el país, en todo momento contaron con acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, cifra que no debe celebrarse, por que contrasta con la que indica que 53.4 millones de personas experimentaron algún grado de incertidumbre sobre su capacidad de obtener alimentos. Por ello preocupa y ocupa, el escuchar a los pequeños y medianos productores, a los que cultivar la tierra, no solamente les permite subsistir, sino al mismo tiempo, concurrir con sus excedentes al mercado nacional y permitir que las familias mexicanas de menores recursos puedan adquirir los productos tradicionales, como el maíz el frijol, el arroz, el café y algunas hortalizas o especies frutales, cuando el precio de los productos agrícolas tradicionales, permiten una mediana alimentación.

Cuarta. El derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria son los nuevos paradigmas que se plantean los pequeños y medianos productores rurales, para mantener su vocación productiva frente a los embates del mercado, el cambio climático, que requiere la atención del Estado y el fortalecimiento de políticas de apoyo al campo, como el surgimiento de programas que estimulen el potencial productivo y el financiamiento a los pequeños y medianos productores del mundo rural.

En nuestro país la pequeña propiedad, representa más de 4.5 millones de unidades de producción rural y representa al grupo de productores que garantiza junto con los ejidatarios la provisión adecuada de alimentos para el mercado nacional y foráneo y para la integración de cadenas de producción a través de la agroindustria.

Quinta. Una gran parte de la población campesina se ve sometida ante el agobio del crimen organizado y la tentación de formar parte de los carteles que operan en los estados de la federación, que alcanza a las mujeres y los niños que no encuentran otra alternativa más que recibir la perversa oferta de los criminales que atentan contra la salud y la seguridad del país.

La incertidumbre y la falta de claridad en la que, desde finales de 2022 se encuentra inmersa la Financiera Nacional, ofende la soberanía alimentaria y la paz social de nuestro país, la eliminación de los apoyos a pequeños y medianos productores para la producción de sus tierras se traduce en inseguridad, desesperación y perdidas de quienes habitan en las áreas rurales del país que tradicionalmente han sido el núcleo social, que con su esfuerzo y trabajo involucra a la familia y los habitantes de los núcleos rurales para lograr un mínimo de soberanía alimentaria.

Sexta. Como legisladores, debemos ser la voz de sector social más vulnerable, que denuncia la suspensión repentina y que advierten injustificada, de crédito al campo a pequeños y medianos productores del sector social, que se han visto obligados a buscar en la banca comercial y privada, opciones de crédito, a las que difícilmente se les permite acceder como sujetos de crédito, ya sea por no contar con garantías, por la complejidad de los requisitos de la banca comercial que por su espíritu, es ajena e indolente a las características y condiciones de los pequeños y medianos productores de la economía rural, o bien, por los niveles de siniestralidad de su producción a causa de diversos factores como los naturales, tecnológicos, económicos, factores humanos en la unidad de producción o bien, en el contexto social, político e institucional, que para los intermediarios financieros, representa un incremento en los riesgos, lo que en el mejor de los casos, encarece los costos para los productores, ya que el costo de sus tasas de interés de crédito son superiores a las que les ofrece la Financiera Nacional.

Séptima. Los campesinos de México, padecen hoy las disposiciones dictadas por el poder ejecutivo federal, ineludible responsabilidad que le corresponde a través de su órgano financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que preside el Consejo Directivo de la Financiera, al mismo tiempo le corresponde planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas del servicio de banca y crédito; y a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, órgano ejecutivo encargado de formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural del país, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo que, en ausencia de la Secretaría de Hacienda toma la presidencia del Consejo Directivo.

Octava . El Consejo Directivo integrado también, por dos consejeros representantes de la Confederación Nacional Campesina, un consejero representante de la Confederación Nacional de la Propietarios Rurales, un consejero del Consejo Nacional Agropecuario y un representante del Consejo Agrario Permanente, se han acercado a los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y otros legisladores de distintos partidos políticos, para visibilizar el grave riesgo y su fundada preocupación ante la falta de claridad sobre la situación actual de la Financiera Nacional, que se reforzó con la circulación del oficio número SCD/003/2022 dirigido a los Coordinadores Regionales y Encargados de las Coordinaciones Regionales, signado por el Secretario del H. Consejo Directivo de fecha 15 de diciembre de 2022, en el cual se comunica el acuerdo adoptado en la Centésima Sesión Ordinaria del H. Congreso Directivo de la Institución del mismo día que a la letra señala:

“Cuarto. El H. Consejo Directivo de la Financiera aprueba que, en ejecución de los acuerdos de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del 9 de septiembre de 2022, respecto del pago anticipado, de las líneas de crédito de fondo externo con Organismos Financieros Internacionales, todos los recursos provenientes de cualquier de cualquier fuente de liquidez se concentren en la Tesorería de la Institución para destinarse, única y exclusivamente al pago anticipado de las líneas de crédito con los Organismos Financieros Internacionales hasta su total conclusión, lo anterior, bajo el entendido de que no se podrán otorgar nuevos créditos, ni se continuará la dispersión de recursos de créditos previamente contratados, excepto en aquellos casos preexistentes de carácter particular, en que los intermediarios o empresas receptoras se encuentren en cartera vigente y se justifique que la falta de recursos crediticios podría dar lugar, a que el intermediario o la empresa de que se trate no pueda mantenerse en cartera vigente , con fundamento en los artículos 33, fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y 14, fracción XXIX del Estatuto Orgánico de este Organismo Descentralizado.”

El anuncio de la suspensión del otorgamiento de créditos y dispersión de recursos crediticios, deja sin opciones a miles de pequeños y medianos productores y se configura como una medida en contra de la reducción de la desigualdad, el incremento a la producción y por ende a la autosuficiencia alimentaria. En diciembre de 2022, a la fecha se han cerrado las agencias: Corporativa de la Ciudad de México; en Ciudad Serdán, estado de Puebla; en el municipio de Huajuapan en Oaxaca; y en el municipio de Martínez de la Torre en Veracruz; mientras que ya se han girado instrucciones para cerrar la agencia en el municipio de La Paz en Baja California Sur y en el municipio de Ensenada Baja California. Sin que de ello se informara a los productores en dichas entidades federativas.

Por ello, la pregunta de los pequeños y medianos productores del campo es, qué hacer frente a la carencia de instrumentos de crédito ante a los ciclos de cultivo tradicionales, en los cuales se sustenta su modesta economía y la sobrevivencia como seres humanos que gradualmente han vivido un proceso de desnutrición y ahora se les presentan escasas alternativas: enfrentar la hambruna, emigrar abandonando a la familia en proceso de desintegración o formar parte de la gran legión del crimen organizado rentando sus tierras o en su defecto, ser víctimas de la oferta de la venta de las mismas en condiciones forzadas por la necesidad económica y la desesperación de no tener como hacer llegar los recursos suficientes para su alimentación y convivencia en su pequeño medio rural.

Novena. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero tiene como objeto coadyuvar con a realizar la actividad prioritaria del estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de su población, esta institución, hasta diciembre de 2022, no solo otorgaba créditos, promovía la organización y la conformación de intermediarios financieros, a través de programas de capacitación y acompañamiento, asesorías de administración de riesgos, comercialización y otros servicios a los productores.

Los efectos del Acuerdo citado, son preocupantes porque por un lado se eliminan presupuestos enfocados al campo mexicano y que hoy ante su disminución o desaparición de programas se esté preparando el cerrar la puerta de esta importante banca de desarrollo.

Los efectos intempestivos de la suspensión de créditos en todas las regiones del país no han sido analizados, ni discutidos en el seno del Consejo Directivo de dicha institución, de acuerdo a lo expresado por organizaciones de productores como el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina, el Consejo Agrario Permanente, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, no fueron convocados ni tomados en cuenta en la decisión de suspender el otorgamiento de créditos en todo el país y desconocen las razones e implicaciones de dichas acciones, por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo Directivo, tampoco se ha pronunciado ni ha hecho del conocimiento público, el procedimiento jurídico por el cual se incumple el objeto y la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como su Estatuto Orgánico o su Manual de Organización, de igual manera tampoco se han dado a conocer las alternativas o sobre la existencia de algún proceso de transición que permitiese advertir los efectos de tal determinación que ataña a los millones de pequeños y medianos productores rurales que han quedado en el abandono institucional. Al tratarse de un tema tan delicado como lo es la producción agropecuaria del país, sus efectos en la salida de capitales o transferencia de los mismos y en la seguridad alimentaria de los mexicanos, es indispensable:

1. Se Informe sobre el procedimiento con base en la legislación vigente que rige a la institución, en el que se sustenten las decisiones tomadas por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sobre la suspensión en el otorgamiento de crédito, el cierre de las agencias estatales y todas las demás contrarias a las contempladas en el objeto de la Ley Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Estatuto Orgánico y Manual de Organización de la institución, textos vigentes en la legislación mexicana en la que se detalla la organización, funcionamiento y atribuciones de la institución.

2. Conocer las estrategias, los mecanismos, instrumentos y programas de apoyo que se emplearán para mantener la producción nacional que otorga trabajo y mínimo bienestar a los pequeños y medianos productores de las zonas rurales y de temporal, dedicados a la siembra de granos básicos como maíz, frijol, sorgo y otros productos de la canasta básica, así como de las diferentes unidades económicas de nuestro país.

3. Informar detalladamente, las razones por las cuales no se incluyó las expresiones de las organizaciones de productores pertenecientes al Consejo Directivo de dicha institución.

4. Conocer sobre las razones por las cuales en la se ha suspendido del otorgamiento de crédito a los pequeños y medianos productores y del sector social que difícilmente pueden acceder a crédito ya sea por carecer de garantías, por la complejidad de los requisitos de la banca comercial ajenas a las características y condiciones de los productores de la economía rural, por el costo de las tasas de interés de crédito, o bien por los niveles de siniestralidad multifactoriales.

5. Informar sobre el número de productores agropecuarios, rurales, forestales y pesqueros que se han visto afectados desde diciembre de 2022, así como de los cultivos y afectaciones a la producción en los ciclos primavera- verano y otoño invierno de 2023.

6. Hacer del conocimiento, el estado en el que se encuentran los créditos vigentes, los abonos a los créditos previamente contratados por los pequeños y medianos productores a la institución, que ante el cierre de sus instalaciones los coloca en peligro de caer obligatoriamente en cartera vencida, perjudicando su calificación crediticia y financiera o bien, el riesgo de caer en manos de intermediarios de la banca comercial que, bajo esquemas de compra, recuperación de cartera vencida y cobro de garantías afecten su situación patrimonial.

7. Dar razón sobre el estado en el que se cartera vencida, de los procesos de recuperación, rescate y esquemas de renegociación de los pequeños y medianos productores que mantienen un adeudo con la institución, así como, de la participación de otras instituciones gubernamentales dispuestas a participar en los esquemas de saneamiento.

8. Dar razón, sobre la situación laboral de los más de mil ochocientos trabajadores en activo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ante la situación de incertidumbre tras el anuncio del cierre de diferentes agencias estatales de la institución.

Décima. Conocedor de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la dependencia del Gobierno Federal que tiene a su cargo y preside el Consejo Directivo del organismo denominado, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en términos de los artículos 1° 27 fracción I, 30 y 33 de su Ley Orgánica, y que atendiendo a lo ya expuesto, es que se propone que esta Soberanía cite al C. Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a los titulares de los órganos vinculados con el sector agropecuario, para que acudan y respondan a las inquietudes que prevalecen y afectan a los integrantes de los sectores social, pequeños y medianos productores y organizaciones rurales.

Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, convoca a una reunión de trabajo a los ciudadanos titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el análisis y discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal que extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como del debilitamiento de apoyos al financiamiento rural y actividades vinculadas con el sector rural ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y de Ganadería.

Nota

1 Registro Agrario Nacional, Catálogo de núcleos agrarios de la propiedad social, disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/catalogo-de-nucleos-agrarios-de-la-p ropiedad-social, consultado por última vez el 21 de abril de 2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de abril del año 2023.

Diputados: Augusto Gómez Villanueva, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ismael Alfredo Hernández Deras, Roberto Carlos López García, María del Refugio Camarena Jáuregui, Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Eufrosina Cruz Mendoza, Tereso Medina Ramírez, Jazmín Jaimes Albarrán, Yerico Abramo Masso, Hiram Hernández Zetina, José Antonio Gutiérrez Jardón, José Francisco Yunes Zorrilla (rúbricas).


Efemérides

Con motivo del Día Mundial del Libro, y del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía efeméride al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros –un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. En esta ocasión, por cierto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y las organizaciones internacionales que representan a los tres principales sectores de la industria del libro: editores, libreros y bibliotecas, seleccionan una ciudad como Capital Mundial del Libro para mantener el impulso de las celebraciones de este día, hasta el 23 de abril del año siguiente,1 por lo que luego de que en 2022 este nombramiento fuese recibido para la ciudad de Guadalajara, es el turno para la Ciudad de Accra, en Ghana, para este 2023.2

Referirnos al libro es referirnos a uno de los más relevantes “antes y después” de la historia de la humanidad, como bien sabemos durante la Edad Media hasta el siglo XV, el acceso a las fuentes escritas fue monopolizado por la Iglesia, la elaboración de los manuscritos la realizaban los monjes copistas, quienes eran los encargados de mantener y preservar el legado escrito de la antigüedad.3

Por ello, con la llegada de la imprenta, invención del alemán Johannes Gutenberg en 1453,4 el trabajo de los copistas fue desplazado y es aquí donde se hace un parteaguas para la humanidad, ya que, del control y la censura, con la imprenta nace la libertad de crear, así como para el lector, la oportunidad de acceder al conocimiento, por supuesto esto condujo a superar otra serie de dificultades, cuando las monarquías absolutas5 buscaron imponer el control de las publicaciones, práctica que incluso aún subsiste principalmente en gobiernos no democráticos.

Ahora tomemos como punto de partida la frase atribuida a Thomas Hobbes “información es poder”6 tan sólo como referente, me parece que es bueno y sano entenderla como posibilidad y detonante de evolución y desarrollo.

Sin la llegada de la imprenta con toda seguridad “la historia moderna sería inconcebible ya que su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente, la historia del mundo”7 y qué decir 570 años después con las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, que significaron una valiosísima alternativa que nos ayudó a enfrentar las condiciones a causa de la pandemia por Covid-19 y de nuevo nos sitúa ante “un antes y después” para la humanidad.

Lo que nos hace revalorar el significado e importancia de la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el 23 de abril de cada año, fecha que coincide con el fallecimiento de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega y proclamado por la Unesco en 1995, a través del cual se rinde homenaje a los libros y a los autores, lo que incluye la participación activa de todas las partes interesadas –autores, editores, docentes, bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales humanitarias, medios de comunicación y cualquier otro interlocutor que se sienta implicado en esta celebración– según la Unesco.8

Por ello, una vez superadas las condiciones más críticas de la pandemia, debemos tomar plena conciencia de la importancia y el deber de asumir cabalmente nuestra responsabilidad frente a las nuevas modalidades de acceso al conocimiento y la información, teniendo presente que uno de los sectores más afectados de la población fueron los estudiantes y que aún no contamos con indicadores, respecto del impacto de la pandemia sobre el aprendizaje y las estrategias de estudio.9

De manera que también he presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que formule y emita el acuerdo y la convocatoria para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, mediante la que se asegure la participación de todas y cada una de las editoriales de nuestro país, ya que a la fecha y por segundo año consecutivo esto no ha sucedido.

Por lo que, entendiendo que el proceso de reincorporación a las actividades y a las nuevas modalidades que llegaron para quedarse –tratándose de recursos digitales y el uso de diversas plataformas y redes sociales– aún se puedan encontrar en proceso, es momento de sumar voluntades, de ahí este llamado exhortando a la titular de la Secretaría de Educación Pública, a seguir sumando acciones y esfuerzos, en este caso con los expertos, es decir con la participación de las casas editoriales, en beneficio de los estudiantes de nivel medio.

Hablar del libro y del fomento a la lectura, es hablar del creador de las obras, del Derecho de Autor, de las editoriales, de la cadena del libro, de la historia de los máximos exponentes de la literatura universal, es hablar de alfabetización y por supuesto de educación, en el universo del libro y la lectura cabemos, debemos y podemos estar todos, a favor de México y lo más preciado de nuestra sociedad como lo son los niños, adolescentes y jóvenes.

Notas

1 UNESCO. (s.f.). Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Obtenido de https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday

2 UNESCO. (s.f.). Obtenido de Comunicado de Prensa: https://www.unesco.org/es/articles/accra-nombrada-capital-mundial-del-l ibro-de-la-unesco-2023#:~:text=La%20Directora%20General%20de%20la,la%20 Capital%20Mundial%20del%20Libro.

3 Caligrafía, T. (s.f.). Obtenido de Historia de la caligrafía y los monjes copistas: https://tallerdecaligrafia.com/historia-de-la-caligrafia-y-los-monjes-c opistas/#:~:text=En%20Europa%20y%20durante%20la,esta%20en%20su%20funci% C3%B3n%20principal.

4 Valencia, U. d. (s.f.). Obtenido de La invención de la Imprenta y su impacto en la Historia: https://www.uv.es/uvweb/master-historia-formacion-mundo-occidental/es/b log/invencion-imprenta-impacto-historia-1285960141137/GasetaRecerca.htm l?id=1285961209839#:~:text=B%C3%A1sicamente%20la%20invenci%C3%B3n%20de% 20la,que%20la%20alfabetizaci%C3%B3n%20reci

5 Ibidem

6 El Financiero. (s.f.). Obtenido de ¿Información es poder? No, puede ser mucho más útil: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/francisco-javier-acuna/informac ion-es-poder-no-puede-ser-mucho-mas-util/

7 Valencia, U. d. (s.f.). Obtenido de La invención de la Imprenta y su impacto en la Historia: https://www.uv.es/uvweb/master-historia-formacion-mundo-occidental/es/b log/invencion-imprenta-impacto-historia-1285960141137/GasetaRecerca.htm l?id=1285961209839#:~:text=B%C3%A1sicamente%20la%20invenci%C3%B3n%20de% 20la,que%20la%20alfabetizaci%C3%B3n%20reci

8 UNESCO. (s.f.). Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Obtenido de https://es.unesco.org/commemorations/worldbookday

9 Competitividad A.C., I. (s.f.). Boletín IMCO. Obtenido de https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/01052021_Me%CC%81xico-de jara%CC%81-de-ser-parte-de-PISA_Boleti%CC%81n.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2023.

Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)