Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la alcaldía Cuauhtémoc a coordinarse con el gobierno de la Ciudad de México en las acciones de seguridad ciudadana implementadas por éste, así como a coadyuvar con la estrategia de seguridad nacional, para salvaguardar el patrimonio sociocultural y el derecho al esparcimiento de las personas que habitan, visitan y transitan por la Zona Rosa, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 1 de abril del año 2023, personas identificadas como personal de seguridad de un establecimiento mercantil ubicado en la Colonia Juárez, del área comercial y turística conocida como “Zona Rosa”, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, fueron señaladas por discriminar, agredir y ejercer violencia física y lesiones por golpes en contra de 9 personas de la población trans que se encontraban en el lugar en calidad de clientes.

Como consecuencia de ello, el 5 de abril de 2023 la Alcaldesa de dicha demarcación, Sandra Xantall Cuevas Nieves, dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, la suspensión de actividades del mencionado establecimiento como medida de “castigo” por “incumplir su responsabilidad de resguardar la integridad física de comensales y visitantes”.

La situación antes descrita, no es nueva. Desde hace tiempo, los medios de comunicación han venido documentando la decadencia de la Zona Rosa, misma que ha derivado en riesgos para sus habitantes, visitantes y población transeúnte, quien constantemente es víctima de asaltos, acosos, extorsiones, abusos, narcotráfico y otros actos ilícitos cometidos por organizaciones criminales como la conocida como “Unión Tepito”.

Durante el mes de julio de 2022, trascendió un caso en cual una persona fue golpeada tras un intento de robo por un hombre que, posterior a los hechos, ingresó a resguardarse al bar “Rico Club” y aunque aparentemente una patrulla se encontraba en las cercanías del lugar, los policías no hicieron nada por impedir la agresión. Después, según testimonios, entre 10 y 15 personas salieron del establecimiento armados con piedras y una pala, con las cuales arremetieron contra 3 personas más, acompañantes de quien recibió inicialmente la agresión, despojándoles de sus teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias.

El club en comento recibió una suspensión temporal de actividades, aparentemente motivada por una falta administrativa en la renovación de permisos de funcionamiento y tras el cumplimiento con la sanción impuesta por las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, reactivó sus operaciones, bajo una advertencia que hizo pública la alcaldesa en la que “si ellos vuelven a cometer una situación de violencia como lo vimos, definitivamente ese lugar va a estar cerrado”.

Aunado a lo anterior, el deterioro y abandono de la Zona Rosa es visible también en su infraestructura y equipamiento urbano. “Baches, jardineras destruidas, casetas telefónicas por caerse o sin funcionar, basura en aceras, decenas de casonas y edificios que alguna vez fueron discotecas, restaurantes y oficinas que están grafiteados y abandonados con vidrios rotos, lonas o letreros de “se vende o se renta” colgados, mientras otros inmuebles permanecen con daños por el sismo de 2017”1 dan cuenta de ello, lo que provoca cada vez mayor incertidumbre y sensación de inseguridad entre quienes acuden a las inmediaciones con la finalidad de divertirse, sobre todo en horarios nocturnos.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de México del mes de enero de 2023, dado a conocer por la Fiscalía General de Justicia de esta entidad federativa, en la demarcación Cuauhtémoc se cometieron un aproximado de 81 delitos diarios, distribuidos por el bien jurídico afectado de la siguiente forma: 1,614 contra el patrimonio, 199 contra la familia, 18 contra la libertad personal, 104 contra la libertad y la seguridad sexual, 31 contra la sociedad, 83 contra la vida y la integridad corporal, y 460 contra otros bienes jurídicos, dando un total de 2,509 delitos.

De conformidad con el artículo 11, apartado H de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), las personas pertenecientes a la población LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales) representan un grupo de atención prioritaria, al cual le son reconocidos y protegidos de manera particular sus derechos y libertades, debido a las desigualdades estructurales que enfrentan. Esta protección se orienta, entre otros temas, a garantizarles una vida libre de violencia y para ello las autoridades deben establecer políticas públicas y adoptar las medidas que resulten necesarias para la atención y erradicación de todas aquellas conductas y actitudes que resulten en exclusión o discriminación en su contra.

Asimismo, la Constitución local establece que las alcaldías, junto con el Gobierno de la Ciudad, tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención, al tiempo que considera que las violencias y el delito son problemas en esta materia.

Por otra parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción X de la misma CPCDMX, contempla como finalidades de las alcaldías garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; también el numeral 12, fracción VII, estipula que tendrán competencia, dentro de sus respectivas competencias en materia de seguridad ciudadana. A continuación, el apartado B numeral 3, atribuye a las personas titulares de las alcaldías, de forma subordinada con el Gobierno de la CDMX, ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación, de conformidad con la ley en la materia; realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia en materia de seguridad ciudadana; disponer de la fuerza pública en tareas de vigilancia, entre otras.

Es claro que la situación de violencia e inseguridad que se vive en la demarcación Cuauhtémoc, particularmente en la “Zona Rosa” de la colonia Juárez, requiere de un tipo de atención que no se resolverá únicamente a través de medidas sancionatorias de carácter administrativo en contra de locatarios, comerciantes y empresarios, como se ha venido efectuando hasta ahora.

La implementación de una estrategia integral de seguridad ciudadana que combata las causas y no sólo los efectos de la criminalidad, con una perspectiva de derechos humanos que contemple a las poblaciones de atención prioritaria en la Ciudad de México, aunada a la presencia de elementos de la Guardia Nacional que fortalezcan a las policías locales, son medidas urgentes para obtener resultados efectivos, eficientes y disuasorios, tanto frente a la delincuencia común, como ante el crimen organizado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único .- El Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Alcaldesa de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, a coordinarse con el Gobierno de la Ciudad de México en las acciones de seguridad ciudadana implementadas por éste, así como a coadyuvar con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, para que, con el apoyo de la Guardia Nacional, se lleven a cabo las acciones pertinentes que permitan salvaguardar el patrimonio sociocultural y el derecho al esparcimiento de las personas que habitan, visitan y transitan por la “Zona Rosa”.

Nota:

1. BRAVO, Elba Mónica. Inseguridad y Abandono, Símbolos de la Decadencia de la Zona Rosa. La Jornada. 3 de Abril de 2022. p. 24. Disponible en su versión en línea en: https://www.jornada.com.mx/2022/04/03/capital/024n1cap

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de abril de 2023.

Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar una estrategia y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitadas en prevención e identificación del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, con 5.4 millones de casos por año, y, en el 60 por ciento de los casos el agresor es una persona cercana a la familia, que incluye desde padres, padrastros, tíos y vecinos.1

Además, de acuerdo con Efraín Guzmán García, coordinador nacional de Protección Infantil, menciona que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente cien se denuncian, sólo diez llegan a juicio y únicamente un caso llega a condena, por lo que estas cifras son alarmantes.2

Es entonces, que el hogar se ha convertido en una de las zonas de mayor peligro para los menores: seis de cada diez agresiones se cometen en ese entorno, diversos organismos de derechos humanos, refieren que los abusos y la explotación de menores ocurren lamentablemente en su entorno más cercano, principalmente en casa o en la escuela, los sitios que deberían ser los más seguros para los menores, desafortunadamente son los más peligrosos y la tendencia de esta violencia, lejos de ir a la baja, ha ido creciendo año con año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta cifra se eleva a 5 mil de cada cien mil, la tasa de abuso sexual de niñas y niños en México, y es de mil setecientos por cada cien mil, cuando se trata de tocamientos.3

Es entonces, que, en la primera infancia, hasta los cinco años de edad, los agresores suelen ser en un 30 por ciento los padrastros; en un 30 por ciento los abuelos y en un 40 por ciento tíos, primos, hermanos o cuidadores. Se calcula que una de cada cuatro niñas, así como uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad.4

Asimismo, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobernación, desde marzo se registraron más de 115 mil llamadas de emergencia al 911 por incidentes contra mujeres, niñas y niños, por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.5

Del mismo modo, de acuerdo con el Índice de la UNICEF6 , el promedio de edad de los niños y niñas, la primera vez que sufren abuso, es de 8 años y medio, el 75 por ciento de los infantes que sufren abuso son niñas y el 25 por ciento son niños, lamentablemente el 88 por ciento de los agresores son conocidos de los niños y niñas, el 50 por ciento de los agresores son familiares de los niños y niñas.

Además, de acuerdo con el Segundo Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México, que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)7 , se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres y en particular cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos. En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.

Sin duda, la Secretaría de Educación Pública ha hecho caso omiso para impulsar un programa para la Protección Integral de estos menores. Ya que los lugares donde dichos menores se sienten cómodos y a salvo es en la casa, así como en la escuela, pero si en la casa sufren agresión, por ende, su lugar seguro para ellos es la escuela donde pueden desenvolverse más.

Si bien es cierto que nuestra legislación vigente nos menciona los planes y programas que se deben ejercer en las escuelas, así como el hacerles del conocimiento sobre educación sexual, pero si somos un poco más específicos en el artículo 30 de la Ley General de Educación se establece un poco sobre dicho tema, sin embargo, es importante que se establezca que autoridades escolares destinen uno o dos días del calendario para que se hable de violencia sexual y cómo prevenirla, que así mismo personal administrativo y académico sean capacitados en prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para prevenir e identificar el abuso sexual infantil por las autoridades educativas, a fin de prevenir, disminuir y erradicar este lacerante delito, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Fiscalías y Procuradurías estatales de las 32 entidades federativas a dar un seguimiento puntal a las carpetas de investigación por el delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ante el lacerante aumento de los casos en este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Gobernación, para asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de campañas informativas en los medios de comunicación para que se fortalezca la cultura de la denuncia ante cualquier acto de violencia en contra de la niñez mexicana; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.

Notas:

1 Blanca Valadez, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, advierte organización, Grupo Milenio 2023, consultado por última vez el 16 de marzo de 2023 en https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-ocupa-abuso-sexual-in fantil-organizacion

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (2006a), Children and Violence Report of the National Child Month Committee 1997 Conference, citado en Violence Against Children in the Caribbean Región Regional Assessment,Panamá,UNICEF.

7 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, consultado por última vez el 16 de marzo del 2023 en https://www.saularellano.com/2022/12/08/politica-de-estado-infancia/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de abril de 2023.

Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la Guardia Nacional y a la Institución Policial Estatal Fuerza Civil de Nuevo León a fortalecer las acciones en materia de seguridad en las carreteras y caminos rurales de dicha entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los arti?culos 6, numeral 1, fraccio?n I; y 79, numeral 2, fraccio?n II, y dema?s aplicables del Reglamento de la Ca?mara de Diputados, someto a consideracio?n de la honorable asamblea la presente proposicio?n con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Hace unas semanas, el Banco de México advirtió lo que ha sido una preocupación constante para la economía nacional, la inseguridad es uno de los grandes retos que puede frenar la inversión si no se atiende. El análisis lo hacían en función del comercio internacional, pensando especialmente en el gran reacomodo de inversiones que se está viviendo, pero el tema va más allá de la instalación de grandes industrias y se tiene que dimensionar que la afectación es mayor en los municipios rurales.

Las tasas de incidencia delictiva son mayores en las zonas urbanas que en las zonas rurales, pero en México un 93 por ciento de los delitos no son denunciados y en el medio rural lo son menos por la falta de condiciones.

Este problema incluso ha sido abordado por la Organización de la Naciones Unidas que sostiene que las tasas más elevadas de criminalidad en grandes ciudades respecto a las áreas rurales, podría deberse a un problema “de escasa capacidad de registro e infraestructura policial/judicial en áreas con menor desarrollo urbano”.1

La falta de información es un problema de fondo que nos llama a escuchar las voces de quienes día a día viven la realidad en los municipios rurales, en los caminos y carreteras que son básicos para la actividad económica del sector y sobre todo para la tranquilidad de las familias que habitan en ejidos, comunidades y en cabeceras locales de municipios con menor concentración de habitantes.

Segundo. Hay dos “Méxicos”. Uno donde la inversión extranjera directa recibida en 2022 fue de 35 mil 292 millones de dólares, un 12 por ciento por ciento más que en 2021 y donde Nuevo León, se posicionó como la segunda entidad con mayor captación de inversión extranjera directa con 4 mil 397 millones de dólares. Ello aunado a que recientemente se confirmó la instalación de una gigafábrica de la empresa Tesla con una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares.

Y otro México que tiene como principal rostro el de la violencia. Durante todos los días que van de este 2023 ha habido en promedio 83 homicidios dolosos. Haciendo una comparación del mes febrero de 2023, con el mismo mes, pero de 2022, hubo 24 homicidios más diariamente, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Es el México donde circular en carretera conlleva un riesgo donde personas y familias se juegan su libertad y su vida, donde del 1 de enero al 14 de febrero había 1,056 personas desaparecidas y donde organizaciones de la sociedad civil advierten que las autoridades a nivel nacional más que buscar vivos buscan a los desaparecidos entre los muertos.

Tercero. Urge blindar los municipios rurales de todo el estado de Nuevo León. En diversos puntos de la entidad se han registrado acontecimientos lamentables que son indicativos de un repunte en inseguridad, en buena medida, acentuados por las regiones y zonas colindantes con otras entidades, pero que están afectando la vida y la tranquilidad de las personas que viven en los municipios de Nuevo León.

La actividad económica también se ha visto lastimada, tanto del sector primario, donde productores agrícolas y ganaderos han visto un recrudecimiento de la violencia que no les permite acudir a sus ranchos o lo hacen bajo riesgos totalmente inadmisibles, como de los pequeños comercios que muchas veces son víctimas de extorsión y no se diga de la industria por los robos a transportistas.

A nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 hubo 8 mil 834 robos a transportistas, de los cuales 7 mil 644 fueron con violencia, al tiempo que se registraron 36 mil 742 robos con violencia a vehículos de cuatro ruedas.

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), organismo que monitorea a más de dos millones de vehículos de 62 empresas operadoras, ha señalado que la carretera federal 57 a Nuevo Laredo, es una de las vialidades más peligrosas y advirtió también que la importancia de la conectividad de Monterrey con Austin, Texas, atraerá un mayor tráfico y probablemente un mayor número de incidencias.

Tanto en la zona del sur que colinda con Matehuala como en el norte rumbo a Nuevo Laredo son tramos que han sido escenarios constantes de la comisión de delitos, pero el problema no es exclusivo de las principales carreteras sino también de vías menos concurridas y de caminos.

Cuarto . A finales del año pasado se amplió el periodo de tiempo para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública porque el estado de indefensión que se vive en muchas regiones del país y más en las zonas rurales exige el empleo de las instituciones más importantes del Estado mexicano para lograr condiciones de paz y tranquilidad.

En esa misma ruta, este año, desde el Poder Legislativo se aumentó el presupuesto de la Guardia Nacional en más de 4 mil 700 millones de pesos. Es decir, dicha institución cuenta ahora con un presupuesto total de más de 34 mil 500 millones de pesos, que se suman a los casi 5 mil que ejerce la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la seguridad pública.

La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en su artículo quinto transitorio, estableció que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto se podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública conforme a las disposiciones legales aplicables.

En ese sentido, la Ley de la Guardia Nacional establece en su artículo 9 como una de sus atribuciones y competencias el salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en carreteras federales, y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

Del mismo modo, en el citado artículo se refiere la competencia que tiene la Guardia Nacional de colaborar con las autoridades locales y municipales2 competentes, para proteger de la integridad física de las personas, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos. Además, se le otorgan las facultades para ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en cualquier parte del territorio nacional.3

En esta responsabilidad compartida la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil expedida por el Congreso del Estado señala en su fracción XVII como una de las atribuciones de la Comisaría General de dicha institución “supervisar que las áreas de mando a su cargo implementen, en coordinación con las autoridades competentes, acciones de inspección, vigilancia, prevención y vialidad de caminos y carreteras estatales, así como de las áreas naturales protegidas, parques estatales, zonas lacustres y cuerpos de agua en el Estado”.

Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, a que en cumplimiento de sus atribuciones, implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las carreteras federales del estado de Nuevo León y zonas colindantes, y coadyuve con las autoridades locales a fin de garantizar la integridad de las familias que viven en los municipios rurales y permitir el libre tránsito de personas y mercancías que utilizan dichas vías.

Al igual que se exhorta, respetuosamente, a la Fuerza Civil del estado de Nuevo León a que refuerce las acciones necesarias para que en las áreas de mando a su cargo, en coordinación con las demás autoridades, se garanticen acciones de inspección, vigilancia, prevención y vialidad de los caminos y carreteras estatales.

Es un hecho que la actividad comercial crecerá aún más con la llegada de mayor inversión extranjera en distintos puntos del país para abastecer el mercado de Norte América y con el fortalecimiento del Puente Colombia, no se puede permitir que ello signifique incentivos para que se arraigue la delincuencia porque los más afectados serían los municipios rurales de la entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto se procede a emitir el presente:

Punto de Acuerdo

Primero- Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a la Institución Policial Estatal Fuerza Civil del estado de Nuevo León a fortalecer las acciones en materia de seguridad en las carreteras y caminos rurales de Nuevo León, a fin de garantizar la integridad y la actividad comercial de las personas que utilizan dichas vías.

Notas:

1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/violencia-en-inseguridad-en-las-ciu dades

2 Art. 9 fracción XXVII de la Ley de la Guardia Nacional.

3 Art. 9 fracción XXXIII de la Ley de la Guardia Nacional.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa, a la SFP y a diversas autoridades de Sonora a erradicar la problemática de mutilación de aguijones de las mantarrayas y evitar la repetición de dichos actos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputadas y los suscritos Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Durante las vacaciones de Semana Santa se dio a conocer que presuntamente en el municipio Huatabampo, Sonora, se realizaron mutilaciones a mantarrayas, acción ordenada por la coordinadora municipal de ecología del Estado mencionado, esto con la finalidad de proteger a los vacacionistas que visitaban esta playa.1

Esta noticia escaló a nivel nacional, por lo que de inmediato ambientalistas denunciaron los hechos ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

Tenemos que precisar que no es la primera vez que ambientalistas protestan por esta causa pues en 2019, desde la plataforma change.org se compartió una petición para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tomará medidas de protección a la mantarraya.2

Elizabeth Guerrero Moreno, coordinadora de Ecología Municipal declaró en una entrevista que se realizaron más de mil cortes de aguijón durante las vacaciones de Semana Santa recorriendo playa Huatabampito, desde el “Puente Quemado” hasta Santa Bárbara; todo esto con la intención de que se disminuyera el riesgo de picadura a los turistas.3

A los hechos antes citados el presidente Juan Jesús Flores Mendoza declaró que:

“Estamos a la disposición de los requerimientos de la Profepa, dependencia que está atendiendo la denuncia que fue interpuesta por ambientalistas y con todo sentido de responsabilidad, acataremos el resultado de su dictamen oficial”.4

Además, recalcó que Ana Carolina Sánchez, directora de Protección y Bienestar Animal en el gobierno del estado de Sonora, sería la encargada de enviar un biólogo marino para realizar una evaluación precisa de la situación además de capacitar a los funcionarios municipales para erradicar de manera definitiva este tipo de situaciones.5

II. Cabe destacar que la mantarraya no está considerada como una especie protegida o incluso en peligro de extinción sin embargo deben de existir mecanismos que permitan la protección de esta especie pues la práctica del corte de su aguijón no debe repetirse bajo ninguna justificación, pese a que se use el pretexto de reducir el riesgo de ataques de esta especie a los turistas.

Y es que esta especie suele acercarse a la costa en esta temporada pues buscan aguas cálidas. Pese a investigaciones que demuestran que la mantarraya no es una especie que tienen comportamiento agresivo, al ser pisados o estar en contacto con el cuerpo humano pueden reaccionar con un movimiento de cola con la intención de enterrar el aguijón venenoso, trayendo consecuencias en las personas como: desmayos, sudoración, náuseas, diarrea, hipotensión, taquicardia, parálisis muscular, entumecimiento o dificultad para respirar.6

Sin embargo, es importante mencionar que al entrar en un hábitat de ciertas especies, el ser humano se encuentra invadiendo su territorio, o bien si estas por naturaleza buscan las costas, como lo son las mantarrayas, es por razonamiento lógico que estas se defiendan, en el caso presentado, las mantarrayas en diversos estudios se tiene que estas son un poco más tolerantes a la presencia humana, lo que no sería excusa para realizar las acciones, que fomentaron en Huatabampo, Sonora, para la protección de los turistas que explorarán las playas, esto no sería excusa, para extirpar los aguijones de las criaturas, ya que ellas se sitúan en lugares donde es posible su hábitat, y donde deberían de ser respetadas en un entorno de bienestar y seguridad.7

Es de suma importancia dar a conocer que las mantarrayas se alimentan de peces y la especie denominada como plantón, en donde en su proceso para obtener su alimento se debe a la caza, momento en el cual deben hacer uso de su aguijón para obtenerlo y por supuesto defenderse de depredadores, donde en consecuencia las acciones tomadas por la coordinadora tendrán graves alteraciones a las mantarrayas perjudicadas.8

III. México es parte de tratados internacionales que buscan proteger y garantizar la protección de los Animales en sus diferentes especies, algunos ejemplos son los siguientes:

1. Convención relativa a la reglamentación de la caza de la ballena firmada en Ginebra el 24 de septiembre de 1931.

2. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, adoptado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

3. Convenio Internacional de lucha contra la langosta, firmado en la ciudad de Montevideo el 19 de septiembre de 1946.

4. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, el 1 de diciembre de 1996.9

Como sabemos estos tratados, van encaminados a especies protegidas, donde estas se encuentran en peligro de extinción en la vida marina, y es de suma importancia que se protejan, en perspectiva, hay demás especies que son descuidadas, tanto por la legislación como por tratados, como lo son las mantarrayas.

IV. Si bien es cierto existen diversas secretarías, así como programas para la protección de aspectos englobados al Ambiente Marino, un ejemplo de ello es la Protección al Medio Ambiente (Promam), la Secretaría de Marina, estas son las encargadas de encaminar diversas acciones encaminadas a la protección del medio ambiente marino, a nivel Federal, la cual en su misión y visión se centra más acerca de la contaminación en mares, un problema que es de suma importancia para los mares mexicanos, no obstante, esta Protección debería englobar el trato de especies dentro de la vida marítima, ya que es de suma importancia mantener las especies marítimas, y fomentar su respeto y defensa de las mismas.

Respectivamente la Profepa, comunicó que se llevará a cabo esta situación en manejo de la Ley General de Vida Silvestre,10 ya que esta tiene como finalidad la conservación y la protección, así como el cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre (considera a todos los organismos que se desarrollan libremente en su hábitat), dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo, y teniendo como resultado un trato digno de especies.11

V. Es importante prestar atención al impacto que esto traerá para el equilibrio del ecosistema, esto debido a que no solo se atentó en contra de la especie y su hábitat, ya que esto ocasionará una alteración dentro del ecosistema marino y en las especies que en ella habitan, es por eso que las autoridades competentes tendrán que estar preparadas para buscar alternativas para resarcir los daños causados y sancionar a los responsables.

Desde la Bancada Naranja rechazamos las acciones que se cometieron en contra de estos seres vivos, por ello una vez más demostramos que debemos garantizar los derechos de todos los que no son seres humanos, pero si vivos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a atender cuanto antes las denuncias interpuestas por ambientalistas en contra del Ayuntamiento de Huatabampo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública, para que dentro de sus funciones y facultades administrativas y legales determinen las sanciones pertinentes en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Vida Silvestre.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo del estado de Sonora a implementar mecanismos y acciones, así como la creación de políticas públicas que sirvan de vigilancia para erradicar con la mutilación de aguijones a las mantarrayas y al maltrato de especies marinas en general.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al presidente municipal de Huatabampo, Sonora, a desempeñarse con responsabilidad en el cuidado de sus playas y vacacionistas, para evitar atentar contra el medio ambiente y la garantía de la no repetición de dichos actos.

Quinto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Dirección de Ecología Municipal a no actuar de manera apresurada en situaciones de materia ecológica, sin antes contar con estudios y opiniones de expertos en la materia o en su caso se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la vida silvestre de dicho municipio.

Notas:

1 Infobae, “Para proteger a turistas de Sonora, funcionaria ordeno cortar aguijon a mantarrayas”, consultado en: https://www.infobae.com/mexico/2023/04/06/para-proteger-a-turistas-de-s onora-funcionaria-ordeno-cortar-aguijon-a-mantarrayas/

2 Mantarrayas son mutiladas en Sonora para tener “playas limpias y seguras”. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/04/05/vacaciones-semana-sa nta-mutilan-a-mantarrayas-en-sonora/

3 Tras vacaciones de Semana Santa, denuncian ante Profepa a Huatabampo por mutilación de mantarrayas. Tribuna. Recuperado de: https://www.tribuna.com.mx/sonora/2023/4/10/tras-vacaciones-de-semana-s anta-denuncian-ante-profepa-huatabampo-por-mutilacion-de-mantarrayas-32 8914.html

4 ídem

5 ídem

6 Idem

7 Animapedia, “Mantarraya”, consultado en: https://animapedia.org/animales-acuaticos/mantarraya/

8 El Imparcial, “investigadores reprueban que se mutile a rayas en Huatabampo”, consulado en: https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Investigadores-reprueban-que- se-mutile-a-rayas-en-Huatabampo-20230406-0008.html

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sistema de Naciones Unidas, Biodiversidad, consultado en: https://www.scjn.gob.mx/tratados-internacionales/caracter-especial/medi o-ambiente/biodiversidad

10 Ibidem

11 Gobierno de México, Ley General de Vida Silvestre conservación y aprovechamiento sustentable, recuperada en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/ley-general-de-vida-silvestre-con servacion-y-aprovechamiento-sustentable

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023

Diputados: Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Olga Zulema Adams Pereyra, María Ascensión Álvarez Solís, María del Rocío Banquells Núñez, Sergio Barrera Sepúlveda, Salvador Caro Cabrera, Omar Enrique Castañeda González, María Leticia Chávez Pérez, Salomón Chertorivski Wondelberg, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, Pablo Gil Delgado Ventura, Horacio Fernández Castillo, Mirza Flores Gómez, Amalia Dolores García Medina, José Mauro Garza Marín, Manuel Jesús Herrera Vega, María Elena Limón García, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Julieta Mejía Ibáñez, Ma Teresa Ochoa Mejía, Jessica Ortega de la Cruz, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Andrés Pintos Caballero,Mario Alberto Rodríguez Carrillo, T. Irisay Rodríguez González, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guanajuato a llevar a cabo las reformas constitucionales y legales necesarias para armonizar el marco jurídico estatal en materia de matrimonio igualitario, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas , integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Antecedentes

El Índice de Progreso Social y la poca inclusión en Guanajuato

Desde hace mucho tiempo, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que medir el crecimiento económico no es suficiente para conocer el bienestar del pueblo.

Esta afirmación ha sido criticada por muchas personas que creen que solo se puede medir a un país o un estado a través de variables macroeconómicas, el producto interno bruto, las exportaciones, la inversión extranjera directa, u otro tipo de indicadores meramente económicos.

Guanajuato es, probablemente, el caso paradigmático por excelencia. En Guanajuato, desde hace más de 30 años se ha implementado una política cruda y dura, que ha privilegiado la inversión extranjera por encima del bienestar de la población y eso ha tenido serias consecuencias. Es cierto, Guanajuato hoy es la sexta economía a nivel nacional y es públicamente reconocido como un estado en el que se promueve la inversión y la apertura de grandes empresas transnacionales, pero lo que no se dice por parte del Gobierno del Estado es que Guanajuato vive, en el otro lado de la moneda, con una población sumida en condiciones de atraso, discriminación y marginación.

En la dimensión que más atraso presenta Guanajuato es en la inclusión. Guanajuato no tiene un gobierno inclusivo, no tiene un marco constitucional y legal inclusivo y no tiene políticas inclusivas.

De acuerdo con Regina Isabel Medina, “en 2021, las entidades del Bajío alcanzaron un promedio 64.2 de puntos, de un máximo de 100, en el Índice de Progreso Social. Al igual que con el PIB per cápita, este puntaje la coloca como la cuarta región con mejor desempeño. El desempeño varía entre entidades: Aguascalientes, la segunda entidad con IPS más alto a nivel nacional en 2021, tuvo IPS más alto de la región, pues alcanzó 71.5 puntos, seguida por Querétaro con 69.2 puntos, Zacatecas con 62, Guanajuato con 61.1 y San Luis Potosí con 59.9 (el cual ocupó la posición 24 a nivel nacional). Estos resultados del IPS demuestran que el desempeño económico no se traduce automáticamente en bienestar para la población. En este caso, Aguascalientes y Zacatecas tienen mejor desempeño que sus vecinos con mayor PIB . Aunque implican una mejoría, los puntajes del IPS en la región siguen siendo menores a los que se tenían antes de la pandemia. De hecho, el puntaje de 2021 es similar al de 2017, cuando la región obtuvo 66.1 puntos. Esto indica que el Bajío no ha logrado recuperarse de los costos económicos y sociales de la pandemia.”1

Si no avanzamos a un estado de Guanajuato sin discriminación, en el que la inclusión sea la norma, la población de la entidad seguirá padeciendo el dogmatismo del Gobierno del Estado.

Matrimonio igualitario en Guanajuato.

En Guanajuato, en contrasentido de todas las demás entidades del país, no se ha armonizado la Constitución Política para el Estado de Guanajuato ni el Código Civil para el Estado de Guanajuato, en materia de matrimonio igualitario.

Basta leer el articulado del Título Quinto del Código Civil para el Estado de Guanajuato para apreciar que no se reconoce al matrimonio como la unión de dos personas, sin importar su género, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.

Al contrario, el articulado aún mantiene los términos “marido y mujer”, dando clara referencia a que el matrimonio se concibe, por ese código, como al unión de un hombre y una mujer, lo que es anacrónico, discriminatorio y claramente violatorio de derechos humanos.

Pero para evitar las críticas por ser la única entidad que iba a quedarse sin permitir el matrimonio igualitario, el Gobierno del Estado de Guanajuato implementó una salida temporal: que la entonces secretaria de Gobierno del Estado emitiera una circular en la que instruye al Registro Civil a permitir los matrimonios igualitarios haciendo uso de la interpretación conforme.

El 20 de diciembre de 2021, la Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo, emitió el oficio circular número 2261/2021, dirigido al director general del Registro Civil del Estado de Guanajuato, en la que le instruyó reconocer y materializar el derecho que tienen todas las personas, sin discriminación por su preferencia sexual, a contraer matrimonio en las oficialías del Registro Civil, si así fuera solicitado y sin necesidad de que medie recurso legal alguno para su procedencia.

Para pronta referencia, a continuación se reproduce la imagen de la circular antes mencionada:

Si bien esto es un avance importante en la materia, no deja de ser un avance vulnerable a los vaivenes de la política en el estado, pues la legislación, desde la Constitución y el Código Civil locales, no reconocen el derecho de todas las personas a contraer matrimonio de manera igualitaria.

Esto cobra relevancia en estas fechas, en las que se ha hecho público que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, decidió realizar cambios en su gabinete, con los que la Maestra Libia Dennise García Muñoz Ledo deja de ser la secretaria de Gobierno para convertirse en titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y, por su parte, Jesús Oviedo, ahora ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ocupará el cargo como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno en Guanajuato.

Ante este cambio en el mando del Registro Civil surge la preocupación nuevamente: ¿Se dará marcha atrás al matrimonio igualitario que ordenó la ex titular de la Secretaría de Gobierno mediante un oficio circular?

Es por ello que considero indispensable que en Guanajuato se consolide un marco constitucional y legal de derechos, que garantice el derecho al matrimonio igualitario sin que este dependa de la voluntad política de los servidores públicos.

MORENA presentó iniciativa de reforma constitucional y legal.

Precisamente para evitar estos problemas jurídicos que dejan en estado de indefensión a la población en Guanajuato, el grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Civil estatal, en materia de matrimonio igualitario.

Al presentar la iniciativa, el diputado David Martínez Mendizábal, señaló que “el marco jurídico de nuestra entidad sigue siendo discriminatorio, porque sigue sin reconocer el derecho a la identidad de género, el matrimonio igualitario, y sin prohibir las terapias de conversión, entre otros”.2

Asimismo, el diputado local señaló lo siguiente: “El problema de esta salida es que únicamente se facilita administrativamente, sin tocar el marco jurídico inconstitucional que tenemos en Guanajuato. Esto supone falta de certeza y blindaje jurídico”.3

Esta iniciativa propone, en esencia, lo siguiente:

• Reconocer el derecho al matrimonio igualitario a funda una familia;

• En materia civil, busca modificar la definición de matrimonio para que se establezca como la unión libre con pleno consentimiento entre dos personas, que tiene por objeto realizar la comunidad de vida en donde ambas partes se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua; y

• Además, propone eliminar lo relativo a la perpetuación de la especie como elemento esencial del matrimonio, así como sustituir las referencias hacia marido y mujer, por una figura más inclusiva como lo es “cónyuges”.

No hay pretexto entonces para que el Congreso de Guanajuato legisle en la materia y garantice este derecho a todas las personas.

Guanajuato tiene que cambiar el rumbo de la política pública

En este año 2023, Guanajuato debe cambiar el rumbo de la política pública porque si el Gobierno del Estado continúa implementando políticas depredadoras que se basan en el bienestar empresarial, la población del estado va a seguir perdiendo calidad de vida.

El acceso a derechos y la garantía de la inclusión de todos los segmentos sociales debe ser una guía para una nueva política que se base en la persona humana y no en las empresas.

Los números y los indicadores son claros y son irrefutables. Podrán seguir diciendo que Guanajuato es un estado de progreso, pero la realidad es que la gran mayoría de su población vive en la marginación y bajo condiciones discriminatorias y poco inclusivas.

La negativa del Congreso del Estado dominado por el partido del gobernador del estado a legislar y reconocer el derecho al matrimonio igualitario y a la fundación de una familia deja a Guanajuato como el estado en el país más retrasado en la garantía de este derecho, en situación incluso peor que la de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Nuevo León que tampoco han legislado al respecto, pero en los que el matrimonio igualitario se garantiza debido a determinaciones del Poder Judicial de la Federación que son irrevocables.

Esto es claramente un reflejo de la política pública guanajuatense que se olvidó de su gente.

Queremos que Guanajuato sea un estado en el que todas las personas tengan todos los derechos.

Propuesta

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo pretende que esta Soberanía emita un respetuoso exhorto a la LXV Legislatura del Estado de Guanajuato, a fin de que, de manera urgente, lleve a cabo las reformas constitucionales y legales necesarias para armonizar el marco jurídico estatal que garanticen el derecho al matrimonio igualitario y a la formación de una familia, sin discriminación por su preferencia sexual o de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la LXV Legislatura del Estado de Guanajuato, a fin de que, de manera urgente, lleve a cabo las reformas constitucionales y legales necesarias para armonizar el marco jurídico estatal que garanticen el derecho al matrimonio igualitario y a la formación de una familia, sin discriminación por su preferencia sexual o de género.

Notas:

1. Medina, Regina Isabel. Progreso social y desempeño económico en el Bajío. Nexos. 1 de febrero de 2023. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/nexos/2023/02/progreso-social-y-desempeno-ec onomico-en-el-bajio/

2. Presentan iniciativa en materia de matrimonio igualitario. Boletín 6958, de 27 de octubre de 2022. Congreso del Estado de Guanajuato. Disponible en https://www.congresogto.gob.mx/comunicados/presentan-iniciativa-en-mate ria-de-matrimonio-igualitario—2

3. Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023.

Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en municipios de la entidad con indicadores de violencia en aumento, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo nueve de abril de 2023, se cumplió un año de la desaparición de Debanhi Escobar, alumna de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien fue encontrada sin vida 13 días después. El feminicidio forma parte de las cifras de impunidad prevalecientes en Nuevo León, una de las entidades federativas más violentas del país y que desde hace algunos años, enfrenta una de sus mayores crisis, la de seguridad; misma que se ha agudizado por las sistemáticas desapariciones de mujeres y adolescentes y, feminicidios, que lo han posicionado en el quinto lugar a nivel nacional con 9 feminicidios de los 142 reportados en los demás estados, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.1

La Cartografía de Muertes Violentas de Mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL), registró 25 muertes violentas durante los primeros cuatro meses de 2022, cifra que se suma a las 284 registradas desde 2017 en la entidad.2

La Asociación Civil “Cómo vamos Nuevo León”3 , dio a conocer en su plataforma ciudadana que, de las 284 mujeres desaparecidas que sumó Nuevo León del 1 de enero al 12 de abril de 2022, 56 de ellas siguen sin aparecer y que en marzo se registraron 21 feminicidios y 54 tentativas de feminicidio.

Por su parte, N+Focus, Unidad de Periodismo de Investigación en Video y Multimedia de Televisa, el 03 de marzo de 2023, dio a conocer en el reportaje Desaparecidas e Ignoradas: El peligro de ser mujer en Nuevo León que la desaparición de Debanhi Escobar encendió las alertas en Nuevo León, uno de los estados en los que ser mujer supone un mayor riesgo, debido a que las autoridades niegan el problema, incumplen la ley y ocultan cifras.4

El reportaje sostiene que, desde 2020 las autoridades estatales han incumplido la Ley Federal de Desapariciones, al registrar como “no localizada” a la mayoría de mujeres (y hombres) a quienes se busca. Esto tiene como consecuencia que legalmente no son consideradas víctimas de delito, lo que dificulta la investigación. De hecho, la fiscalía estatal solo abre carpeta por desaparición en uno de cada cuatro casos incluidos en el registro nacional y derivado de entrevistas a familiares de víctimas, activistas y funcionarios que trabajan en el ámbito de la desaparición de mujeres, la trata y los feminicidios, coinciden en que existen fallas estructurales tanto en la investigación como a la hora de abordar el problema con perspectiva de género.5

La comisionada de búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Balderas, aseguró que se rastrea a todas las personas “como si estuviesen desaparecidas”, aunque en realidad no lo están. Pero lo cierto es que en los últimos cinco años hay más de 900 mujeres de las que no se conoce su paradero. Los expertos consideran que el subregistro se debe a dos causas: la falta de denuncia de familiares y a la ausencia de investigación debido a que la Fiscalía no las considera víctimas. Al tratar de explicar las desapariciones de mujeres, prevalecen dos hipótesis: el feminicidio y la trata de personas para fines de explotación sexual.6

N+Focus, revisó dos bases de datos que incluyen las identidades de más de 1 mil 700 mujeres desaparecidas en Nuevo León, detectando fallas como “incluir la colonia del lugar en el que se puso la denuncia como zona en la que fue vista por última vez”. Lo que supone una dificultad añadida a la hora de la búsqueda. Además, la mayor parte de datos personales relevantes para una localización como la estatura, la forma de cara, color de ojos que permanecen vacíos y finalmente, en algunos casos familiares de las desaparecidas denunciaros que no se les pidió fotografía de la víctima al momento de realizar la denuncia.7

Adicionalmente, durante los primeros 15 días de abril de 2022, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI),8 emitió 20 alertas por la desaparición de mujeres y reputando la cifra al emitir en un solo días hasta tres reportes de búsqueda de mujeres en la entidad.9

Ante esta problemática alarmante de violencia y desapariciones, el gobernador del estado de Nuevo León, en uso de atribuciones el 11 de abril de 2022, emitió decreto por el cual se instruyen acciones urgentes y extraordinarias en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León,10 con el objeto de articular los esfuerzos interinstitucionales orientados a enfrentar con responsabilidad y de manera inmediata, el problema de seguridad que representa la desaparición de personas en el estado de Nuevo León, con una visión de cero tolerancia y erradicación del fenómeno en el territorio neoleonés.

Por el que se instruye a todo el gabinete de la Administración Pública Estatal,11 a realizar las acciones necesarias para la búsqueda generalizada de personas desaparecidas de manera directa y con carácter institucional para el estado de León12 ; crear el Grupo Interinstitucional de Fuerza de Tarea, integrado por dependencias del gabinete de buen gobierno, para que de inmediato establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades federales, las diferentes corporaciones de seguridad pública municipales, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León; la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, para articular un procedimiento de búsqueda inmediata generalizada en el que se obtengan mejores y más amplios resultados en las acciones.13

Con respecto a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres, el citado decreto establece que dichas instancias tomarán las siguientes medidas14 :

a) Destinar en el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado C5, una plataforma de atención que dirija, coordine y canalice toda la información enfocada y dedicada a la localización de personas desaparecidas, que esté canalizado con la estructura operativa del Grupo Policial de Búsqueda y el Grupo Interinstitucional de Fuerza de Tarea antes señalado, así como con la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

b) Fortalecimiento operativo de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y de la Comisión Ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, en su despliegue operativo, capacitaciones y protocolos de atención.

c) Reducir los tiempos de respuesta de todo el proceso de búsqueda de manera interinstitucional.

d) Dar el acompañamiento total y permanente a las familias de las víctimas de desaparición, incluyendo sin limitar apoyo en atención psicológica.

e) Realizar un reporte diario de desapariciones y localizaciones.

f) Formalizar un Convenio de Colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el efecto de que entre ambas instancias se agilice y amplíe el intercambio de información, la coadyuvancia técnica y operativa, así como el acceso a las carpetas de investigación que provea mayores resultados en los procesos de búsqueda de personas.

g) Instalar mesas de análisis en contexto del origen de las desapariciones, que lleven a seguir fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género, en materia de desaparición de personas. En dichas mesas de análisis se involucrará a las diferentes organizaciones sociales inherentes al tema para recibir sus aportaciones que serán de gran valor para la política pública.

Tratándose de las autoridades municipales, el decreto de referencia únicamente las exhorta para que colaboren y se coordinen con las autoridades estatales en la realización de las acciones descritas.

Ahora bien, ante el aumento acelerado de cifras de mujeres desaparecidas pertenecientes a grupos etarios entre los 12 y 19 años, las perpetradas en el kilómetro 26 de la carretera 85 Monterrey-Nuevo Laredo, las de mujeres del municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021; las de marzo y abril de 2022 y las últimas, de enero a marzo de 2023, que de acuerdo al Colectivo Renacer marzo fue el mes con el mayor número de personas desaparecidas, en lo que va del año, con un total de 64. De esta cifra, 34 son hombres y 30 mujeres. Renacer indicó que en Nuevo León se tienen registradas 6 mil 487 personas cuyo paradero se desconoce, lo que refleja la gravedad de un problema que no ha sido atendido.15

En este contexto, de acuerdo con la información publicada en el portal web del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres),16 el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acordó la procedencia de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Lo anterior, derivado de un minucioso proceso de análisis de la situación que viven las mujeres en la entidad y de corroborar diversas problemáticas culturales, sociales e institucionales que han detonado altos índices de violencia cometida en contra de las mujeres. La alerta de violencia de género, AVGM, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se traduce en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

El artículo 23 de la LGAMVLV, reconoce que la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas , el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Por su parte, el artículo 24, fracción III del citado ordenamiento, prevé que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emita cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas , los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten .

A siete años de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres en Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey y ante el incesante clima de violencia que enfrentamos las familias que vivimos en los 51 municipios de Nuevo León, por el aumento en el número de desapariciones y feminicidios; ilícitos que también se han cometido en contra de ciudadanas de otros países, como la desaparición de Maritza, Marina y Dora; ciudadanas americanas que salieron de Texas el 25 de febrero pasado y desaparecieron en el municipio de China, Nuevo León; en mi calidad de diputado federal por el Distrito 01 de Santa Catarina y San Pedro Garza García, Nuevo León; considero urgente analizar la viabilidad de ampliar la zona territorial de las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida en la entidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, para que, en el ámbito de sus atribuciones, presente ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en municipios de la entidad con indicadores de violencia en aumento.

Notas:

1 Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, Centro Nacional de Información, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Presuntos delitos de feminicidio, Información sobre violencia contra las mujeres, Información con corte al 28 de febrero de 2023, p. 10. (PDF)

2 CEDHNL, Comunicado de Prensa UC/17/2022

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/nuevo-leon-ha-sumado-284-mujeres- desaparecidas-en-2022

4 Barriguette, Alejandra y Padrilla Alberto, “Desaparecidas e Ignoradas: EL PELIGRO DE SER MUJER EN NUEVO LEÓN”, https://www.nmas.com.mx/nmas-focus/programas/nmas-focus/videos/desapare cidas-ignoradas-peligro-ser-mujer-nuevo-leon

5 Idem.

6 Idem.

7 Idem.

8 Unidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, responsable de la desaparición de una persona durante las primeras 72 horas.

9 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/04/12/suman-4-las-jovenes- desaparecidas-en-nuevo-leon-en-las-ultimas-24-horas/

10 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 11 de abril de 2022,

11 Artículo Primero del Decreto por el que se instruyen acciones urgentes y extraordinarias en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, 11 de abril de 2022.

12 Idem.

13 Ibidem, p. 3.

14 Ididem, p. 4.

15 Fuentes, Martín, “¿Cuántas personas desaparecieron en Nuevo León durante marzo de 2023?”, 04 de abril de 2023. https://www.publimetro.com.mx/nuevo-leon/2023/04/04/marzo-es-el-mes-con -mas-desapariciones-en-nuevo-leon/

16 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres, fecha de publicación 24 de octubre de 2021, fecha de consulta 19 de abril de 2022.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 13 de abril de 2023.

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incrementar la formación y capacitación de recursos humanos para atender enfermedades y trastornos psiquiátricos que permitan mejorar el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos mentales, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En México la salud mental ha tomado mayor importancia para que la población prevenga y la trate. La salud mental es un fenómeno determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos. Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud, es por ello que tanto la población como los gobiernos se preocupen por una óptima salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.1

La importancia de una buena salud mental va ligada con la calidad de vida de cada ser humano, ya que la salud influye directamente en las actividades cotidianas que se realizan.

Las familias pobres tienen una mayor prevalencia de depresión y trastornos de ansiedad; los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas y estrés familiar. La pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en la familia.

La Secretaría de Salud, menciona que el suicidio se entiende como una conducta secundaria multifactorial que se va construyendo a través de pensamientos o actos que van escalando en severidad y gravedad.2

Existen diferentes factores de riesgo que llevan a cometer el suicidio, lo cuales son: ambientales: por problemas familiares o donde se envuelven cotidianamente genéticos: por antecedentes familiares, y psicopatología: la depresión es el factor principal de riesgo.

3

En la gráfica anterior se observa que a nivel Nacional se reportan mayores defunciones por suicidio entre las edades de 20 a 29 años, donde los últimos cuatro años ha habido un incremento en las defunciones principalmente por parte de los hombres, los cuales denota que son los que mayormente sufren de algún padecimiento en su salud mental que incremento en la pandemia.

En base a ello, podemos indicar que en hombres no es prioridad su salud mental, en cambio la defunción por parte de las mujeres ha ido disminuyendo al paso de los años.

4

A continuación, se muestran los estados donde mayor incremento de suicidios hubo en los últimos cuatro años. Chihuahua donde cada año va en aumento.

En el estado de Chihuahua, en el 2021 dieron inicio con la campaña “Yo te quiero VIVO” como una política de prevención, y como una primera línea para reducir los índices de suicidios con programas de concientización. En las avenidas principales ya se cuentan con lonas que poseen líneas de atención, donde se les podrá brindar ayuda.5

En segundo lugar, Yucatán donde tuvo un aumento significativo en el 2020 en la taza de suicidio y para el 2021 descendió considerablemente. En el estado tienen como objetivo fortalecer la promoción de la salud mental y su atención oportuna a través de programas que sean beneficiosos para la población, que abarcan los 106 municipios del estado de Yucatán.6

Y en el caso de la CDMX año con año va en aumento, en el 2021 hubo un gran incremento en la taza de suicidio. En la CDMX el metro que es un sistema de transporte que lo utilizan muchísimas personas para trasladarse día a día, es uno de los lugares donde ocurren suicidios en las vías del metro, así que debido a ello tiene un programa “Salvemos Vidas”, brinda alternativas de ayuda a personas usuarias que durante su estancia experimenten alguna crisis de riesgo. El apoyo incluye contactar a un familiar y darles acompañamiento con calidad y calidez, mientras son canalizados a la institución de Salud que se indique. Y se tiene personal capacitado para actuar y ubicar a una persona con crisis nerviosa o posible ideación suicida.

El 26 de diciembre de 2022, se informó que el programa “Salvado Vidas” logró que 108 personas desistieron cometer suicidio en las instalaciones dentro de la red el año pasado.7

La geógrafa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mercedes Sánchez Plascencia compartió un mapa de los suicidios ocurridos en la red del Metro durante el periodo 2019 a 2022.

Elaborado con información del portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Las líneas del metro donde más suceden estos actos son, en la línea 2 (Taxqueña a Cuatro Caminos) y la línea 3 (Indios Verdes a Universidad).8

Las estaciones de la Línea 2, Hidalgo, Bellas Artes, Chabacano, Nativitas y General Anaya son las que cuentan con mayores reportes de suicidios. Debido a que estás dos líneas son de las más transitadas y los lugares más impersonales, es una cuestión simbólica donde sienten que pueden pasar desapercibida su muerte.

El principal objetivo, para disminuir la tasa de suicidio en los jóvenes de 20 a 29 es que la salud mental sea accesible para todos a brindar atención prioritaria a mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero también a hombres como se puede dar cuenta son los que mayormente comenten el suicidio y al fortalecimiento en la atención integral de la salud mental y adicciones, que todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita.

Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.

Para lograrlo, se requiere que el gobierno mexicano apueste por una verdadera política pública de prevención, misma que habrá de considerar estrategias y acciones innovadoras y atractivas, implementadas a nivel local con base en las necesidades reales de cada demarcación, y donde el sector educativo representa un importante nicho de actuación.

Actualmente el gobierno tiene a disposición la “Línea de la Vida, ayuda profesional para personas con depresión” con el objetivo que se atienda y se prevenga la depresión. Menciona que durante la pandemia de covid-19, la línea telefónica brinda apoyo a las personas que lo requieren y recibir tratamiento adecuado a quien padecen depresión.

Con ayuda de la Secretaría de Salud, brinda Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental (STConsame) realizan esfuerzos conjuntos

para que con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones juntos por la Paz se impulse un cambio de enfoque para atender la salud emocional y la depresión. La Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones9 tiene dos componentes: la acción gubernamental para disminuir los factores de riesgo y construir factores de protección, para atender la salud emocional y mental de la población, y brindar orientación, atención o rehabilitación a personas usuarias de sustancias psicotrópicas.

Ante un mundo cada vez más cambiante también necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y actuar, necesitamos vincular los problemas clínicos relacionados con la salud mental.

Para lograr esto, es fundamental el campo de la investigación, donde se profundice el conocimiento de las bases neurobiológicas que subyacen a los trastornos mentales, la interacción con el ambiente y los mecanismos a través de los cuales las intervenciones terapéuticas ejercen sus efectos.

Por lo anteriormente expuesto propongo ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a considerar incrementar la formación y capacitación de recursos humanos para atender enfermedades y trastornos psiquiátricos para mejorar el diagnóstico, clasificación y tratamiento de padecimientos mentales, así como a fortalecer la política de prevención en coordinación con las Secretarías de Salud estatales en el marco de sus atribuciones.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud mental. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

2 Comisión Nacional de Protección Social en salud. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10-de-septiembre-dia -mundial-de-la-prevencion-delsuicidio?idiom=es#:~:text=La%20OMS%20defin e%20el%20suicidio,expectativa%20de%20su%20desenlace%20fatal.

3 Elaboración propia. Información recabada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Salud_Mental_0 6_306e6294-db88-4feb-a0b5-1256fac3704d

4 Elaboración propia. Información recabada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq =Salud_Mental_06_306e6294-db88-4feb-a0b5-1256fac3704d

5 Gobierno del estado de Chihuahua. Campaña “Yo te quiero VIVO”. Disponible: https://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=3888

6 Prevención del Suicidio. Gobierno del estado de Yucatán. Disponible: https://www.yucatan.gob.mx/ciudadano/ver_programa.php?id=129

7 Gobierno de la Ciudad de México. Programa “salvemos Vidas”. Disponible: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-el-programa-salvemo s-vidas-del-metro-cdmx-se-ha-logrado-contener-51-usuarios-con-posible-i deacion-suicida-en-lo-que-va-del-ano

8 Salud Mental. Líneas 2 y 3 del Metro, los “no lugares” con más índices de suicidios. Disponible: https://www.reporteindigo.com/reporte/lineas-2-y-3-del-metro-los-no-lug ares-con-mas-indices-de-suicidios/

9 Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz”. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/estrategia-nacional-de-prevenc ion-de-adicciones-juntos-por-la-paz

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023.

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SRE y al INM a llevar diferentes tipos de acciones a fin de difundir e implementar los diferentes mecanismos legales para una migración segura y ordenada, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de enero de 2023 el Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, en Conferencia de Prensa anuncio un nuevo Plan Fronterizo para la frontera sur de su país.

Lo anterior como resultado de la no aprobación por parte del Congreso de dicho país, para la contratación de 2 mil funcionarios de asilo y nuevos jueves en materia migratoria.

De la misma manera mencionó que existen diferentes mecanismos para migrar legalmente, siendo estos:

1. Que un ciudadano estadounidense patrocine un miembro inmediato de su familia o que lo patrocine otro empleado de su país.

2. Las personas que se encuentren huyendo pueden solicitar asilo a Estados Unidos de América.

Aunado a lo anterior, hizo referencia a los retos del sistema migratorio estadounidense, especificando que no cuentan con suficientes oficiales de asilo para determinar si las personas califican para el asilo, además de no contar con suficientes jueces de inmigración para cerciorarse que pueden ingresar.

No se debe olvidar que debido al Título 42, implementado por la administración del expresidente Donald Trump, actualmente se expulsa a las personas que llegan a la frontera en busca de asilo y del sueño americano, trayendo como consecuencia una crisis migratoria que crece aceleradamente en nuestro país. Destaca que aquellas personas que son deportadas bajo el Título 42 no tienen prohibido volver a intentarlo, por lo que regresan una y otra vez, haciendo que empeore la crisis.

Recalco que mientras no se aprueben los fondos de un plan integral de migración para arreglar el sistema migratorio estadounidense, su administración busca arreglar la situación de la frontera, con la legislación actual.

Por lo anterior dio inicio a una nueva política migratoria que busca incrementar la seguridad y reducir el número de personas que buscan cruzar ilegalmente la frontera, así como contar con un proceso más rápido que atienda las solicitudes de asilo.

Dicha medida busca expandir y expedir legalmente nuevos caminos para la migración ordenada, que espera de como resultado nuevas consecuencias para quien no las respete, por lo que la nueva política migratoria plantea:

1. Aumentar el uso de deportaciones acelerada para toda persona que intente ingresar a los Estados Unidos sin permiso, y que no cuenten con estancia legal y que no puedan ser deportada por el Título 42, estarán sujetos a la expulsión acelerada a su país de origen y sujetos a una prohibición de reingreso de 5 años.

2. Alentar nuevas medidas para la búsqueda de vías ordenadas y legales para la migración, por lo que propone la regulación que aliente a las personas a buscar vías ordenadas para migrar a fin de reducir el hacinamiento a lo largo de la frontera suroestes y la presión sobre su sistema migratorio.

Por lo que anunció la ampliación y expansión de caminos legales para la migración, a decir:

1. Amplia el proceso de libertar condicional para personas de nacionalidad venezolana, nicaragüense, haitiana y cubana, permitiendo el ingreso mensual de hasta 30 mil nacionales de dichas nacionalidades, siempre y cuando cuenten con patrocinador y pasen la verificación de antecedentes, por un periodo de 2 años con autorización para trabajar, sin embargo, las personas que crucen ilegalmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos de América, no serán sujetos elegibles para este proceso. Destaca que México ha aceptado el regreso de 30 mil personas de dichas nacionalidades que no cumplan con el procedimiento legal.

2. Se busca triplicar el reasentamiento de refugiados del hemisferio occidental, por lo que plantea recibir hasta 20 mil refugiados de países de América Latina y el Caribe en los años 2023 y 2024.

3. Lanzamiento del Portal de Citas, una vez que se levante el Título 42, las personas interesadas en migrar legalmente, ubicadas en el Norte y Centro de México, tendrán acceso a la aplicación “CBP ONE”, donde podrán programar su cita y realizar la solicitud de protección.

4. Incremento en la ayuda Humanitaria en México y Centroamérica, con el aumento de cerca de 23 millones adicionales para asistencia humanitaria, con la finalidad de que los países puedan responder a las necesidades humanitarias y de protección a migrantes, refugiados y poblaciones vulnerables. Podrán ser destinados en alojamiento, salud, asistencia legal, salud mental, apoyo psicosocial, agua, saneamiento, productos de higiene, violencia de género, medios de vida, entre otros.

Por su parte la Secretaría de Gobernación en su publicación de “Estadísticas Migratorias”, síntesis 2022, refiere que entre las Entidades federativas con mayor número de eventos de personas en situación Migratoria Irregular, se encuentran: Chiapas, Tabasco, Baja California, Veracruz, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León.

De la misma manera identifica que las nacionalidades predominantes de las personas en situación migratoria irregular son de los siguientes países: Venezuela (22.4%), Honduras (16.9%), Guatemala (16.8%), Nicaragua (10.5%), Cuba (9.6%). El Salvador (7.1%).

Derivado de lo anterior, la autoridad mexicana ha tenido un total de eventos de personas devueltas de 130 mil 269 en el 2021, y de 106 mil 008 en el 2022, de los cuales el 42.5% eran de Guatemala, 38.4% de Honduras, 4.7% de Nicaragua, 4.7% de Cuba, 4.0% de El Salvador y el 5.7% de otro país. De las personas devueltas por la Autoridad Migratoria Mexicana, encontramos que según el tipo de resolución fueron devueltas por Retorno Asistido 77.4% (444 mil 439 personas), Deportación 21.9% (125 mil 779 personas) y Retorno asistido de niñas, niños o adolescentes 0.7% (3 mil 976 personas).

En tal virtud, es necesario que las políticas públicas promovidas desde el gobierno federal tengan un eco con las políticas establecidas por parte de los Estados Unidos de América, a fin de que la migración pueda realizarse de manera segura y ordenada, propiciando ante todo una comunicación social que permita conocer a las personas migrantes de los mecanismos que deben llevar a cabo a fin de conseguir su objetivo de migrar a los Estados Unidos de América.

Por lo antes expuesto, presento ante este este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetablemente a Secretaría de Gobernación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer una campaña de comunicación social en los puntos de acceso, tránsito, destino y salida migratoria de nuestro país, sobre las consecuencias para las personas que no respeten los mecanismos legales para una migración ordenada, así como de los mecanismos legales de regularización y solicitud de cruce legal impuestas por la política migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, a establecer en los Estados que presenten mayor número de eventos de personas en situación de migración de la República Mexicana, la instalación de mesas de atención digital a fin de apoyar los migrantes que deseen explorar los mecanismos legales de citas y solicitud migratoria de los Estados Unidos.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a explorar los canales diplomáticos a fin de sensibilizar al gobierno de los Estados Unidos de América, con la finalidad de que se levante lo establecido por el Título 42, a fin de acelerar el proceso de lanzamiento del Portal de Citas, para que las personas en situación de migración puedan programar su cita y realizar la solitud de protección.

Referencias:

- American Inmmigration Council. (25 de mayo de 2022). Recuperado el 18 de octubre de 2022, de American Inmmigration Council: https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-title-42-expu lsions-border

- Flores, L. (2022). La crisis migratoria es un problema de todos los estados del norte del país. El Economista. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.eleconomista.com.mx/estados/La-crisis-migratoria-es-un-prob lema-de-todos-los-estados-del-norte-del-pais-investigador-de-la-Univers idad-Autonoma-de-Tamaulipas-20220116-0018.html

- Instituto Nacional de Migración. (15 de octubre de 2022). Acuerdan INM y CBP comunicación permanente por una migración, segura, ordenada y regular de personas de origen venezolano. México. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.gob.mx/inm/prensa/acuerdan-inm-y-cbp-comunicacion-permanent e-por-una-migracion-segura-ordenada-y-regular-de-personas-de-origen-ven ezolano-317192

- Secretaría de Gobernación. (2022). Estadísticas Migratorias. Ciudad de México: Gobierno de México. Recuperado el 30 de marzo de 2023, de http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadis ticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2022.pdf

- Secretaría de Relaciones Exteriores. (12 de octubre de 2022). Secretaría de Relaciones Exteriores. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-p ara-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region?idiom=e s

- The White House. (2023). Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces new Border Enforcement Actions. FACT SHEET: Biden-?Harris Administration Announces New Border Enforcement Actions. Washington, D.C.: The White House. Recuperado el 05 de Enero de 2023, de https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/05 /fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-border-enforcemen t-actions/

- U.S. Citizenship and Inmigration Services. (18 de octubre de 2022). U.S. Citizenship and Inmigration Services. Recuperado el 18 de octubre de 2022, de https://www.uscis.gov/es/venezuela

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023

Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que el INM y la Segob detallen en las reuniones de trabajo que resulten necesarias ante esta soberanía, los lamentables hechos ocurridos en el INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por diputados integrantes del estado de Chihuahua, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, las y los diputados federales de Chihuahua, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6 numeral 1, fracción l; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expliquen y detallen en las reuniones de trabajo que resulten necesarias ante esta soberanía, los lamentables hechos ocurridos en el INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como sobre otras violaciones a los derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales, además de solicitar se instrumente un plan emergente para la atención de población migrante en México. Lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

l. Los tristes y lamentables hechos ocurridos la noche del pasado lunes 27 de marzo, en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, al originarse un incendio en donde decenas de migrantes perdieron la vida, más que tratarse de un incidente aislado, un “accidente” o una “tragedia” individual, es el resultado directo de la inexistente política migratoria que México actualmente sostiene. Contrario a la narrativa de respeto a los derechos humanos, la política migratoria actual se caracteriza por tres factores: el control migratorio militarizado y racista, la ausencia de cualquier labor o acción para proteger los derechos de los migrantes y mecanismos de toma de decisión al margen de la ley que impiden la adecuada

ll. Actualmente, México es parte importante del corredor migratorio de los más transitados en el mundo. Su vecindad con los Estados Unidos de América, el principal país receptor de migrantes, lo convierte en un territorio no sólo de origen, sino de tránsito y de retorno de personas en situación de movilidad humana, en específico de las y los trabajadores migratorios y sus familias, así como de personas con necesidad de protección internacional, que buscan ingresar a los Estados Unidos sin contar con los documentos legales requeridos para ello.1 Las personas en contexto de migración intentan ser invisibles frente a las autoridades, circunstancia que los obliga a la búsqueda de nuevas rutas, de nuevas opciones de traslado que las hace vulnerables a la violación de sus derechos humanos, y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos en su contra.

Cada día observamos hechos lamentables en diferentes puntos de nuestro país por la ausencia de una política pública con relación al tema migratorio que lo aborde de forma integral, considerando toda la regulación vigente que se establece para la llegada de personas de diversos países en total respeto a sus derechos humanos, recientemente por mencionar uno estos acontecimientos lo ocurrido en San Luis Potosí de 35 personas que habían sido reportadas como desaparecidas e incluso secuestradas, de un contingente de migrantes que un grupo de traficantes de personas transportaba a la frontera de México con Estados Unidos, varios de los rescatados habían sido encontrados deambulando en una carretera, fueron asaltados por decir lo menos, este hecho como otros más enlaza con la gran tragedia de la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.

Ciudad Juárez se ha convertido en una olla a presión ante la llegada de numerosos grupos de migrantes que tratan de cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica, mientras tanto, buscar asilo en México. La región vive un flujo migratorio récord, con 2 mil 76 millones de personas detenidas en la frontera de México con Estados Unidos en 2022. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que el flujo migratorio aumentó un 8 por ciento en territorio mexicano. Solo el pasado diciembre se pulverizó cualquier registro migratorio: los agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a 251,487 personas, esto es, más de 8 mil personas al día. En el mismo mes, pero de 2019, apenas fueron 40 mil.2

En este contexto, México se ha convertido en una tensa sala de contención y bajo presión de los estados republicanos de EUA. Mientras tanto, miles de migrantes se quedan varados en México sin posibilidad de acceder a permisos y sin recibir asilo o al menos un trato humanitario en el país.

Por ello, autoridades de nuestro país vecino y hermano, El Salvador, han enviado duros mensajes en contra del gobierno de México, por haber cometido “una masacre” y “un crimen de Estado”, al saber que los custodios privados y del INM no dejaron salir de sus celdas a los migrantes que fallecieron en este voraz incendio. El Salvador exige una condena ante este crimen que lo cataloga como un crimen de Estado.3

III. Ante estos dolorosos hechos, la respuesta no debe esperar. Es particularmente urgente que los tres órdenes de gobierno colaboren para desplegar, dentro del marco de sus respectivas competencias, un plan emergente coordinado y dirigido por el gobierno federal para hacer frente a la alta población migrante que se asienta en todas las ciudades fronterizas del país.

Por los hechos ocurridos recientemente en Ciudad Juárez, es vital que se despliegue un programa preventivo para atender a la población juarense que se encuentra con gran presión social derivada de la alta vulnerabilidad, al tener población migrante sin una oportunidad de vivienda, servicios básicos, empleo, educación etc. De tal forma, el gobierno debe proveer en estancias provisionales todos los servicios a la población migrante. Para ello se debe disponer de un tiempo de corta estancia, mismo que establecen los protocolos para la población migrante; en esa corta estancia se deben garantizar los derechos humanos de las personas. Esta y diversas propuestas van dirigidas a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a fin de crear políticas públicas respetuosas de los derechos humanos de toda persona en contexto de migración.

La propuesta concreta es delinear un plan de corta estancia, así como programas de prevención y de concienciación, pero también de solidaridad, en específico dirigido hacia la población juarense para ayudar a entender la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las familias migrantes. En tal virtud, se propone la creación de centros comunitarios y espacios públicos para la población migrante, que tengan lugares de esparcimiento. En tanto, la misiva al gobierno municipal de Ciudad Juárez es, entre otros, para que cancele los operativos de detención y sancionar a las autoridades municipales que resulten responsables de los operativos donde han sido detenidas familias y población adulta; frenar y poner un Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización hacia las personas migrantes, así como emitir comunicados a toda y todo servidor público municipal, para advertirles que podrán recibir sanción por cualquier conducta que cometan en atentado a los derechos humanos de las personas.

Al gobierno federal se le insta, entre otros, a garantizar servicios de salud y facilitar todas las gestiones necesarias para las familias afectadas; facilitar procesos de identificación y entrega de los cuerpos a las familias de personas fallecidas bajo los protocolos pertinentes; asumir los costos de repatriación de los cuerpos de personas fallecidas; investigar los hechos ocurridos y deslindar responsabilidades, así como sancionar, destituir e inhabilitar a quienes sean responsables, mismos que deberán probar su conducta en los acontecimientos y no inculpar a personas inocentes, frenar y poner un alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la guardia nacional en las acciones de control migratorio, y dotar de mayores recursos y un plan emergente para hacer frente a la alta población migrante en el país.

Al gobierno del Estado se le invita a dirigir instrucciones al Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes, que informe las acciones que realiza para atender el problema de incremento de población migrante en las ciudades fronterizas, particularmente en Ciudad Juárez y Ojinaga, Chihuahua, así mismo continúe en la constante solicitud hacia el gobierno federal de mayores recursos y aplicación de una política pública integral para atender el grave problema migratorio en el estado de Chihuahua.

Por último, a la honorable Cámara de Diputados se le insta a integrar una Comisión Especial para vigilar y fiscalizar que todo acuerdo se lleve, formalice y se lleve a cabo por las vías e instancias correspondientes, así como analizar el desempeño de la política pública en materia migratoria que realiza el gobierno federal. Es necesario solicitar la presencia, tanto del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, como del secretario de Gobernación para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a los derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

IV. Los migrantes muertos y heridos en Ciudad Juárez, así como la ausencia de sanciones de alto nivel, no son una anomalía; por el contrario, constituyen el resultado de las decisiones conscientes del gobierno en turno. En ese sentido, más allá de las investigaciones y los castigos por este caso doloroso, la encrucijada ante las instituciones públicas es más profunda, ya que prevenir otra debacle exige cambiar firmemente el rumbo de la política migratoria en nuestro país.

No debemos quedarnos callados ante estas terribles agresiones. Las voces que piden la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración y demás funcionarios implicados de dicha dependencia, tanto como del secretario de Gobernación, surgen por todos lados y crecen como fuego abrasador.

Como es sabido, las y los diputados del PAN, hemos presentado ya un punto de acuerdo contundente para que se atienda la problemática social de las y los juarenses, en concreto de la población migrante. Es por ello que exigimos justicia al gobierno federal y que atienda el grave problema de la población migrante.

Por los motivos expuestos, nos permitimos someter a esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal la presencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez; y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que expliquen y detallen en las reuniones de trabajo que resulten necesarias, ante esta soberanía, los lamentables hechos ocurridos en el INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como sobre otras violaciones a los derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales, además de solicitar se instrumente un plan emergente para la atención de población migrante en México.

Segundo . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, pero exigente al gobierno federal, a que instruya a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración:

I. Diseñen un plan de corta estancia, así como programas de prevención y de concienciación;

II. Diseñen un programa de prevención y solidaridad, dirigido en específico hacia población juarense, para ayudar a entender la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan las familias migrantes;

III. Crear centros comunitarios y espacios públicos, para que la población migrante tenga lugares de esparcimiento;

IV. Garanticen servicios de salud y faciliten las gestiones necesarias para las familias afectadas;

V. Faciliten procesos de identificación y entrega de los cuerpos a las familias de personas fallecidas bajo los protocolos pertinentes;

VI. Asuman los costos de repatriación de los cuerpos de personas fallecidas, en coordinación con los consulados de los diversos países de donde son originarios;

VII. Investiguen a fondo los hechos ocurridos y deslindar responsabilidades, así como sancionar, destituir e inhabilitar a los responsables, que deberán probar su conducta en los acontecimientos y no inculpar a personas inocentes;

VIII. Notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, aún en calidad de “desconocidas”:

IX. Faciliten y respeten el ingreso de organizaciones de la sociedad civil para labores de monitoreo y documentación, así como de apoyo en las gestiones necesarias para las familias migrantes;

X. Pongan freno y un alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la guardia nacional en las acciones de control migratorio;

XI. Transparenten todos los contratos otorgados a la o las compañías responsables;

XII. Asignen mucho mayores recursos y un plan emergente para hacer frente a la alta población migrante en el país.

Tercero . La honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita la integración de una Comisión Especial para vigilar y fiscalizar que todo acuerdo se lleve a cabo por las instancias y vías legales correspondientes, así como analizar el desempeño de la política pública en materia migratoria que realiza actualmente el gobierno federal.

Cuarto . La honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorta, atenta, pero diligentemente al gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, para que:

I. Cancele inmediatamente los operativos de detención y sancionar a autoridades municipales que resulten responsables de los operativos donde han detenido familias y población adulta.

II. Ponga freno y alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización hacia las personas migrantes, y III. Emitir comunicados a toda y todo servidor público municipal, para advertirles que podrán recibir sanción por cualquier conducta que cometan en atentado a los derechos humanos de las personas.

Notas:

1 Personas Migrantes. Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, https:!linforme.cndh,org.mx/menu.aspx?id=30055

2 “Al menos 38 muertos en un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración mar 2023. Ediciónes el País, México, https://elpais.com/mexico/2023-03-28/decenas-de-personas-mueren-en-un-i ncendio-en-un-centro-del-institutonacional-de-migracion-en-ciudad-juare z.html

3 “El Salvador denuncia que la muerte de 40 migrantes en México fue “un crimen de estado,” exige cese del titular del INM” Ciudad Juárez. 4 abril, 2023. La Red Noticias. https:/llarednoticias.com/index.php/el-salvador-denuncia-que-Ia-muerte- de-40-migrantes-enmç\içp-fug-un-crimen-de-estado-exige-cese-del-titular -del-inm/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023.

Diputados: Salvador Alcántar Ortega (rúbrica), Daniela Soraya Alvarez Hernandez (rúbrica), Eliseo Compeán Hernández (rúbrica), Laura Patricia Contreras Duarte (rúbrica), Carmen Rocío González Alonso (rúbrica), María de los Angeles Gutiérrez Valdez (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Patricia Terrazas Baca (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el INEGI (2020) en México viven 20.83 millones de personas que sufren alguna discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población total, casi una quinta parte de los mexicanos, los cuales no gozan de las mismas oportunidades educativas y laborales que el resto de los mexicanos, debido a que la discriminación en las escuelas y empresas continua siendo una barrera para su desarrollo, es por ello que mucha de esta población es rechazada a pesar de contar con grados académicos como maestrías y doctorados.

En nuestro país, aún se mantiene el estereotipo de que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, no es capaz de realizar ciertas acciones, aunque esto sea completamente falso.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123 que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil ”, definido en la Ley Federal del Trabajo como “aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. A nivel internacional, el derecho al trabajo está consagrado en el Artículo 123 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Declaración de Filadelfia de 1944, sostiene que:

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional” .

Por su parte, en el Programa de Trabajo Decente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que:

“el trabajo es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, sus familias, y sus comunidades. Sin embargo, dichos progresos dependen de que el trabajo sea decente. El trabajo decente, sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.”

En tanto la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas establece, en el Objetivo 8, la siguiente meta:

“De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que:

“Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso cuando las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación.”

Por su parte el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que:

“La Secretaría de Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral”

De acuerdo con el INEGI en el 2014, de cada 100 personas con discapacidad que residen en el país, 60 no participan en actividades económicas; en cambio, entre la población sin discapacidad ni limitación están en la misma condición de actividad 34 de cada 100. En el caso de las mujeres con discapacidad, el porcentaje de las que no realizan ninguna actividad económica es del 72.3% revelando la desventajosa situación en la que se encuentran en cuanto a oportunidades de acceso al mercado laboral.

Aunado a lo anterior, los quehaceres domésticos son las actividades que concentran el mayor número de personas que no participan en el mercado laboral: 62.6% de las personas sin discapacidad ni limitación y 42.3% de la población con discapacidad, lo cual está relacionado con la mayor presencia femenina entre la población no económicamente activa (son mujeres 78.4% de las personas sin discapacidad ni limitación y 64.8% de quienes viven con discapacidad). Por su parte, 30.5% de las personas con discapacidad no pueden trabajar debido a su condición; 13.3% son pensionadas o jubiladas y 11.3% están en otra situación.

La distribución por sexo y tipos de actividad no económica de la población con discapacidad no económicamente activa muestra la persistencia de los roles tradicionales asignados a las mujeres, ya que principalmente se dedican a los quehaceres del hogar (61.7%), en tanto que sólo 6.7% de los vales lo hace. En contraste, son jubilados o pensionados 26.1% de los hombres frente a 6.4% de las mujeres. Por su parte casi la mitad de los hombres (45.7%) y una de cada cinco mujeres (22.1%) no pueden trabajar debido a su condición de discapacidad; mientras que están en otra situación 18% de los hombres y 7.6% de las mujeres.

La desventajosa situación de las personas con discapacidad, en términos de su acceso y permanencia en la educación y en la capacitación para el trabajo, podría estarse reflejando en los reducidos porcentajes de estudiantes (3.5% de los hombres y 2.2% de mujeres). No debemos olvidad que “la educación, la formación y el aprendizaje permanente son los pilares centrales del derecho al trabajo”, por lo que esta H. Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente y es necesario impulsar la inclusión de este sector de la población en el mercado laboral y del empleo.

Por lo antes expuesto, presento ante este este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero .- Se exhorta respetablemente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, mediante una campaña de difusión a nivel nacional, a fin de fomentar el empleo de todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad en particular de la población joven y de las mujeres.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer públicas las evaluaciones de las políticas y programas en materia de derecho al trabajo y empleo de personas con discapacidad en el mercado laboral.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a enfocar sus esfuerzos en materia de derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad, en la participación económica de las mujeres con discapacidad mayores de 60 años, a fin de diseñar políticas en favor de este sector de la población, a fin de reducir los riesgos subyacentes de pobreza y exclusión.

Referencias:

- Cámara de Diputados. (06 de febrero de 2023). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Recuperado el 03 de abril de 2023, de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Última reforma publicada DOF 28/05/2021). México: Diario Oficial de la Federación.

INEGI. (2017). La discapacidad en México, datos al 2014, versión 2017. México:

- INEGI. Recuperado el 23 de marzo de 2023, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espa nol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). La discapacidad en México, datos al 2014. México: INEGI. Recuperado el 21 de marzo de 2023, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espa nol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf

- OIT. (1944). Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia. Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia (pág. 4). Filadelfia: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recuperado el 03 de abril de 2023, de https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/declaracionde filadelfia1944.pdf

- OIT. (2016). Programas de Trabajo Decente por País de la OIT. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recuperado el 03 de abril de 2023, de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_mas/—-program/documents/g enericdocument/wcms_561028.pdf

- ONU. (s.f.). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (pág. 35). ONU. Recuperado el 03 de abril de 2023, de https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

- ONU. (s.f.). La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Recuperado el 03 de abril de 2023, de La Agenda para el Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos (pág. 9). París: Organización de las Naciones Unidas (ONU). Recuperado el 03 de abril de 2023, de https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translati ons/spn.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2023

Diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas a garantizar el cumplimiento, fortalecimiento, atención y respeto de los derechos de las víctimas, a cargo de la diputada Ana María Esquivel Arrona, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana María Esquivel Arrona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 14 de febrero de 2023, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en la entidad, así como a garantizar sus derechos consagrados en la ley. Y en esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se publicará en la Gaceta Parlamentaria con el expediente 6255, así mismo, que se turnara a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente

Por consiguiente, el dictamen del punto de acuerdo en mención fue presentado en la reunión de Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, el pasado 15 de marzo de 2023, en donde señalé la importancia de garantizar la atención de todas las víctimas de todos los delitos y todas las violaciones de derechos humanos en todas las entidades federativas. Esto en relación a que, la Comisión Estatal de Guanajuato, de Atención Integral a Víctimas, es una institución con una tarea altamente sensible que no puede comportarse como una instancia más dentro del aparato administrativo, y su principal motor es la confianza de las víctimas.

En ese tenor, en misma fecha por mayoría de votos, el dictamen en mención se retiró del orden del día, a fin de robustecer y alimentar las consideraciones, para que las 32 entidades federativas, cuenten y dispongan de la más amplia protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Dentro de los argumentos, señalé que las víctimas no son clientela, beneficiarios de un programa social o usuarios de un servicio; sino son madres que buscan a una hija o hijo desaparecido, familias que fueron desintegradas por la violencia, hijos que buscan justicia para sus padres, y abuelas a las que sus hijas y nietas les fueron arrebatadas por el crimen organizado.

Además, el presupuesto operativo para la Comisión de Víctimas en Guanajuato (CEAIV) ha aumentado significativamente en los últimos años, al respecto, es importante destacar que en el año 2022 el Congreso del Estado aprobó un presupuesto a la CEAIV de 29,101,607.63 pesos y en el año de 2023 la cantidad de 65,220,959.73 pesos, habiendo una diferencia de 36,119,352.10 pesos, lo que en porcentaje se ve reflejado un incremento del 124.1 por ciento.

Y por lo que respecta al incremento presupuesto asignado al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en el año 2022 le fue asignado la cantidad de 10,200,000 pesos, incrementando un 341 por ciento en el año 2023, al asignársele una cantidad de 45,000,000 pesos. En ese tenor, el estado de Guanajuato ha cumplido con la asignación de recursos de conformidad con la Ley General de Víctimas y ha hecho un esfuerzo significativo para ayudar a las víctimas en todo el estado.

A su vez, es importante recordar que, la Comisión Ejecutiva del gobierno federal tiene la obligación de valorar y atender los casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los supuestos que hemos mencionado. Además, la determinación que al respecto realice la Comisión Ejecutiva deberá atender a la obligación de garantizar de manera oportuna y efectiva los derechos de las víctimas, lo que significa que se deben tomar medidas concretas para brindar el apoyo y la asistencia que necesitan las personas afectadas. Por lo tanto, concluyo que es fundamental que se garantice que los recursos y apoyos lleguen a donde más se necesitan para ayudar a las víctimas de la violencia y proteger sus derechos.

De lo anterior, todas las personas deben gozar de los derechos humanos establecidos en la propia Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y así mismo, que estos derechos obligan a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Estos derechos son universales, por lo que nadie está exento de disfrutar de ellos.

Por consiguiente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos estatales de las treinta y dos entidades federativas, a garantizar en todas sus formas, el cumplimiento irrestricto de la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fortalecimiento, atención y respeto de los derechos de las víctimas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos estatales de las treinta y dos entidades federativas, a revisar e informar a la opinión pública, sobre la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Atención Integral a Víctimas 2020-2024.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos estatales de las treinta y dos entidades federativas, a garantizar que todas las víctimas, sin distinción alguna, obtengan la atención necesaria y que se les brinden en tiempo y forma, acciones indispensables para su reparación integral.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 13 días de abril de 2023.

Diputada Ana María Esquivel Arrona (rúbrica)