Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a crear una comisión especial de seguimiento y recepción información pertinente para iniciar procesos judiciales en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y procuración de justicia, suscrita por los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Leonel Godoy Rangel y legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PT y del PVEM

Quienes suscriben, diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Leonel Godoy Rangel, con diversas diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 65, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III; 82, numeral 2, fracción I; 100; 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 14, numeral 1, inciso f) del Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura, respetuosamente sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que proponga la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento y reciba información que resulte pertinente para iniciar los procesos judiciales en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y procuración de justicia, por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito, durante y después de concluida su gestión , tomando en cuenta las siguientes:

Consideraciones

1. El pasado martes, 21 de febrero de 2023, Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una corte federal de Nueva York, en los Estados Unidos.

Los doce miembros del jurado determinaron por unanimidad que García Luna era culpable de todos los cargos que se le imputaban: conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión internacional de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y falsa declaración en su solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense.

2. Durante el proceso se presentaron a 26 testigos, entre ellos diversos integrantes de grupos de la delincuencia organizada y funcionarios coludidos con ellos, que declararon haber entregado millones de dólares en sobornos a García Luna para brindarles protección, facilitar sus operaciones, proporcionar información para golpear a cárteles rivales y evitar la persecución de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.

3. Entre los testigos presentados se encontraba Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, integrante del cártel de los Beltrán Leyva, quien señaló que García Luna comenzó a trabajar con los cárteles del narcotráfico desde 2001, siendo titular de la Agencia Federal de Investigación, durante el sexenio de Vicente Fox Quezada. Villarreal Barragán manifestó que incluso él y otros miembros del cártel de Sinaloa tenían credenciales y uniformes de la AFI para llevar a cabo sus operaciones.

En su testimonio, Villarreal Barragán señaló haber estado presente en diversas ocasiones que el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva pagó a García Luna sobornos provenientes de su alianza con el cártel de Sinaloa, en ese entonces. Desde 2001, García Luna recibió pagos mensuales de entre un millón y millón y medio de dólares, vehículos y motocicletas de lujo e incluso obtenía montos equivalentes a la mitad de los cargamentos de cocaína que ayudaba a traficar. Dichos sobornos y operaciones también beneficiaron a numerosos integrantes de la Policía Federal –corporación perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa – entre ellos, Luis Cárdenas Palomino.

Como resultado de lo anterior, la presencia y control del cártel de Sinaloa sobre distintos territorios de nuestro país creció de 4 estados en 2001 (Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora) a 15 estados en 2010 (Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, parte de Yucatán y Zacatecas). De acuerdo con Villarreal Barragán, esta extensión no habría sido posible sin la colaboración e información que proporcionaban García Luna y las instituciones de seguridad que dirigía.

4. Durante el juicio seguido a García Luna, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia –acusado también por cargos de narcotráfico y de colaborar con el grupo de los Beltrán Leyva– declaró en su testimonio que el ex secretario no era el único funcionario de alto nivel que brindaba protección al cártel de Sinaloa, y señaló directamente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa de dar instrucciones para apoyar a dicho cártel, y para proteger a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

El ex funcionario detalló que escuchó dicha orden en una reunión con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González (2005-2011), quien señaló haberse reunido en la Ciudad de México con el ex presidente Felipe Calderón y con Genaro García Luna, quienes le ordenaron proteger al cártel de Sinaloa. Sin embargo, esa no sería la única vez que el ex fiscal recibió la orden de proteger a la organización criminal encabezada por “El Chapo”, puesto que Luis Cárdenas Palomino lo habría citado también para indicarle que “estaba del lado equivocado” y que a quien debían proteger era a Guzmán Loera.

5. Estas acusaciones resultan preocupantes por tratarse de ex funcionarios del más alto nivel, quienes tuvieron la encomienda de garantizar la seguridad de las y los mexicanos por más de seis años, si se considera que ha quedado acreditada la colaboración de Genaro García Luna con los cárteles de la droga desde que fuera director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox.

Nunca antes un funcionario mexicano de esa jerarquía había sido acusado y declarado culpable de proteger a los grupos del narcotráfico; sin embargo, las acusaciones vertidas en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa generan una preocupación aún mayor respecto de la profundidad con la que los cárteles del narcotráfico han operado desde las estructuras de seguridad pública de nuestro país, dando lugar a una auténtica captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

Las evidencias aportadas en el juicio contra García Luna demuestran que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se abrió la puerta a los cárteles del narcotráfico para operar desde las instituciones que debían haber brindado seguridad a las mexicanas y los mexicanos.

Mientras en el discurso Felipe Calderón decía combatir frontalmente a la delincuencia organizada, en los hechos su gobierno facilitó la expansión y el control por parte de dichos grupos sobre territorios y comunidades por entero. La nula estrategia de seguridad, consistente únicamente en desplegar a las Fuerzas Armadas en nuestro país sin ningún control, ha generado una crisis de violencia que desembocó a su vez en una violación generalizada de derechos humanos, y que dejó más de 102 mil homicidios dolosos –70 mil relacionados con la llamada guerra contra el narcotráfico–; más de 22 mil personas desaparecidas; 2,040 quejas ante la CNDH por actos de tortura y miles más de violaciones al debido proceso en contra de las personas usadas por García Luna –muchas de ellas inocentes– en despliegues y operativos ante medios de comunicación para demostrar, en apariencia, un supuesto combate a la delincuencia organizada.

6. Si bien en días recientes el ex presidente Calderón ha pretendido deslindarse de los señalamientos en su contra, no basta su palabra para acreditar que no tenía conocimiento de las actividades de García Luna, sobre todo considerando que, desde que fuera presidente, numerosas investigaciones periodísticas han documentado la colusión que existió entre las fuerzas de seguridad pública de su gobierno y de García Luna con los grupos de la delincuencia organizada, en particular, para favorecer al cártel de Sinaloa.

7. No solo periodistas denunciaron la complicidad de García Luna con los cárteles del narcotráfico. Durante el gobierno de Felipe Calderón, legisladores, funcionarios e incluso integrantes del Partido Acción Nacional, denunciaron lo que en ese entonces se consideraban probables vínculos del secretario de seguridad con los cárteles de la droga. En particular, Manuel Espino – ex dirigente del PAN – señaló que él informó directamente de dichos nexos al ex presidente Calderón, sin embargo, este último decidió hacer caso omiso.

Ahora, después de cientos de denuncias en el ámbito político y periodístico, ha quedada acreditada la culpabilidad de Genaro García Luna en el fortalecimiento de los grupos del narcotráfico y en la crisis de violencia que sufre nuestro país desde 2007. En este contexto, el deslinde del ex presidente Felipe Calderón resulta inverosímil, por lo que debe determinarse su grado de responsabilidad en los hechos que lo involucran directamente en la actuación de Genaro García Luna.

8. Ante esta situación, todas las autoridades del Estado mexicano, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben poner manos a la obra para asegurar que estos hechos se sancionen y no se repitan. Por ello, deben iniciarse y continuar las investigaciones y procesos judiciales que resulten en la determinación de responsabilidades que correspondan a los funcionarios involucrados en los hechos por los que Genaro García Luna ha sido declarado culpable, desde Luis Cárdenas Palomino a Felipe Calderón Hinojosa.

Lo anterior debe contribuir a garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia de las miles de víctimas que dejó la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, así como a la erradicación del estado criminal construido durante su gobierno.

9. La Cámara de Diputados debe poner en marcha sus facultades de control político y parlamentario para conocer puntualmente los hechos que pueden derivar en la responsabilidad de funcionarios de alto nivel de los gobiernos federales previos, en especial, el de Felipe Calderón.

10. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento y reciba información sobre los probables hechos de corrupción y participación en actos constitutivos de delito por parte del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y por autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia durante el gobierno, sin que ello suponga la invasión de facultades y competencias que corresponden a la Fiscalía General de la República o a otras autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos.

11. De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores encargados de atender los asuntos en específico que le encomiende el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, como lo ordena el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asimismo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales podrán crearse por las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando la urgencia o calidad de un asunto así lo demande.

Estas comisiones especiales serán temporales, por lo que deberán tener un objeto definido, se integrarán pluralmente y tendrán un plazo para efectuar sus tareas.

Dado que durante esta LXV Legislatura no ha sido creada ninguna comisión especial, su propuesta y conformación no es contraria a lo dispuesto por el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados respecto al número de comisiones especiales que pueden integrarse durante una legislatura.

12. Por supuesto, el Congreso de la Unión cuenta con diversos antecedentes en la conformación de comisiones especiales, aunque al paso de las legislaturas su conformación ha disminuido.

La Cámara de Diputados, por ejemplo, ha creado comisiones especiales para investigar la operación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); para dar seguimiento a los Fondos de Trabajadores Mexicanos Braceros; de delitos cometidos por razones de género; para investigar el posible tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún; para dar seguimiento al ejercicio de recursos federales destinados a la Línea 12 del metro o a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; e incluso para continuar las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

13. Dado que las comisiones especiales deben crearse por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, sometemos a la consideración de este órgano colegiado algunos elementos esenciales para guiar la conformación de la comisión especial propuesta, de conformidad con el numeral 1 del artículo 207 de la Cámara de Diputados:

I. Objeto: Se propone que la comisión especial que se conforme, dé seguimiento a las investigaciones y reciba la información que resulte pertinente para iniciar los procesos judiciales en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito, durante su gobierno y después de concluido éste. Lo anterior, con motivo de las acusaciones vertidas en su contra en el juicio seguido en contra de Genaro García Luna.

II. Duración: Desde el momento de aprobada su conformación por el pleno de la Cámara de Diputados y hasta el término de la LXV Legislatura.

III. Tareas: Dar seguimiento a las investigaciones que se inicien en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como servidores públicos y autoridades encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia de su gobierno, y recibir información pertinente que contribuya a aclarar su grado de involucramiento en los hechos por los que ha sido declarado culpable Genaro García Luna en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

IV. Plazo para su cumplimiento: Desde el momento de aprobada la conformación de la comisión especial por el pleno de la Cámara de Diputados y hasta el término de la LXV Legislatura.

V. Número de integrantes de la Comisión Especial y su Junta Directiva: El que determine la Junta de Coordinación Política, respetando la pluralidad representada en la Cámara de Diputados durante esta LXV Legislatura.

1. Finalmente, no omitimos mencionar que el presente punto de acuerdo se considera de urgente resolución, debido a que la coyuntura en que se da la determinación de culpabilidad del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, obliga a una investigación pronta y exhaustiva de los hechos que puedan involucrar a su superior jerárquico, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y a todos los servidores públicos que colaboraron en las labores de seguridad pública y procuración de justicia.

De acuerdo con una encuesta del diario El País, un 84 por ciento de mexicanas y mexicanos opinan que Felipe Calderón Hinojosa debe ser investigado por sus posibles vínculos con el narcotráfico. Otra encuesta realizada por El Financiero, revela que 47 por ciento de las personas encuestadas opinan que habrán más investigaciones contra Calderón, contra 40 por ciento que considera que no se le investigará.

El artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los puntos de acuerdo representan la posición de la Cámara en relación con algún asunto específico de interés nacional. En este sentido, es evidente que resulta de la mayor trascendencia e interés nacional no solo que un ex secretario de seguridad pública, el de mayor jerarquía hasta ahora, haya sido acusado y declarado culpable por narcotráfico, sino que es fundamental investigar la red de complicidades que existieron y existen alrededor de él, y que le permitieron operar todos estos años en favor del crimen organizado desde las estructuras gubernamentales.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe contribuir, dentro de los límites que establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento, en el esclarecimiento de los hechos y de la verdad a que tienen derecho las mexicanas y los mexicanos, con la mayor prontitud posible.

En este sentido, por las consideraciones antes expuestas, se propone a esta soberanía de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único .- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que proponga la creación de una Comisión Especial para recopilar, recibir información y dar seguimiento a los posibles actos constitutivos de delito que pudieran resultar pertinentes para proceder penalmente en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y de los funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2023.

Diputados: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica), Leonel Godoy Rangel, Adriana Bustamante Castellanos, Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Villa Villegas, Aleida Alavez Ruiz, Alejandra Pani Barragán, Alfredo Aurelio González Cruz, Alfredo Femat Bañuelos, Alfredo Porras Domínguez, Alfredo Vázquez Vázquez, Alma Anahí González Hernández, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Griselda Valencia Medina, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Laura Huerta Valdovinos, Andrea Chávez Treviño, Ángel Benjamín Robles Montoya, Angel Domínguez Escobar, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Angélica Ivonne Cisneros Luján, Angélica Peña Martínez, Antolín Guerrero Márquez, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Araceli Celestino Rosas, Araceli Ocampo Manzanares, Armando Antonio Gómez Betancourt, Armando Contreras Castillo, Armando Corona Arvizu, Armando Reyes Ledesma, Arturo Roberto Hernández Tapia, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, Beatriz Rojas Martínez, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Bernardo Ríos Cheno, Blanca Araceli Narro Panameño, Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, Brenda Espinoza López, Brenda Ramiro Alejo, Brianda Aurora Vázquez Álvarez, Brigido Ramiro Moreno Hernández, Bruno Blancas Mercado, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, Carlos López Guadarrama, Carlos Miguel Aysa Damas, Carlos Noriega Romero, Carlos Sánchez Barrios, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, Casimiro Zamora Valdez, Catalina Díaz Vilchis, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Celestina Castillo Secundino, César Agustín Hernández Pérez, Ciria Yamile Salomón Durán, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Claudia Selene Ávila Flores, Claudia Tello Espinosa, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Daniel Murguía Lardizábal, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Dionicia Vázquez García, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Dulce María Silva Hernández, Elva Agustina Vigil Hernández, Emmanuel Reyes Carmona, Erasmo González Robledo, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Esteban Bautista Hernández, Esther Berenice Martínez Díaz, Esther Martínez Romano, Eunice Monzón García, Evangelina Moreno Guerra, Faustino Vidal Benavides, Fausto Gallardo García, Felíx Duran Ruiz, Fernando Marín Díaz, Flor Ivone Morales Miranda, Flora Tania Cruz Santos, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Francisco Favela Peñuñuri, Francisco Javier Borrego Adame, Gabriela Martínez Espinoza, Gilberto Hernández Villafuerte, Graciela Sánchez Ortiz, Gustavo Contreras Montes, Hamlet García Almaguer, Héctor Armando Cabada Alvídrez, Héctor Ireneo Mares Cossío, Inés Parra Juárez, Irán Santiago Manuel, Irma Juan Carlos, Irma Yordana Garay Loredo, Ismael Brito Mazariegos, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Jaime Baltierra García, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jaime Martínez Lopez, Janicie Contreras García, Jasmine María Bugarín, Javier Huerta Jurado, Javier Joaquín López Casarín, Jesús Fernando García Hernández, Jesús Roberto Briano Borunda, Joaquín Zebadúa Alva, Jorge Alberto Barrera Toledo, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Jorge Luis Llaven Abarca, José Alejandro Aguilar López, José Antonio Estefan Gillessen, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Luis Elorza Flores, José Luis Flores Pacheco, José Miguel de la Cruz Lima, Juan Ángel Bautista Bravo, Juan Carlos Natale López, Juan González Lima, Juan Guadalupe Torres Navarro, Juan Isaías Bertín Sandoval, Juan Luis Carrillo Soberanis, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Juanita Guerra Mena, Judith Celina Tanori Córdova, Julieta Andrea Ramírez Padilla, Julieta Kristal Vences Valencia, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Castrejón Trujillo, Karla Estrella Díaz García, Karla María Rabelo Estrada, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Kevin Ángelo Aguilar Piña, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Laura Imelda Pérez Segura, Leobardo Alcántara Martínez, Leonel Godoy Rangel, Leonor Coutiño Gutiérrez, Lidia García Anaya, Lidia Pérez Bárcenas, Lilia Aguilar Gil, Lorena Méndez Denis, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Edgardo Palacios Díaz, Luis Enrique Martínez Ventura, Luz Adriana Candelario Figueroa, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Manuel Alejandro Robles Gómez, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Manuel de Jesús Narcia Coutiño, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Manuel Vázquez Arellano, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Marco Antonio Flores Sánchez, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Marco Antonio Pérez Garibay, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Margarita García García, María Clemente García Moreno, María de Jesús Páez Guereca, María de Jesús Rosete Sánchez, María del Carmen Bautista Pelaéz, María del Carmen Pinete Vargas, María del Carmen Zúñiga Cuevas, María del Rocío Corona Nakamura, María del Rosario Merlín García, María del Rosario Reyes Silva, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Román Ávila, María Isabel Alfaro Morales, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Maribel Martínez Ruiz, Marina Valadez Bojórquez, Mario Alberto Torres Escudero, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Mario Rafael Llergo Latournerie, Mario Xavier Peraza Ramírez, Marisela Garduño Garduño, Marisol García Segura, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Barajas García, Martha Nabetse Arellano Reyes, Martha Robles Ortíz, Martha Rosa Morales Romero, Martín Sandoval Soto, Mary Carmen Bernal Martínez, Mauricio Cantú Gonzalez, Maximiano Barboza Llamas, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, Miguel Ángel Pérez Navarrete, Miguel Prado de los Santos, Miguel Torruco Garza, Mónica Herrera Villavicencio, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Nelly Maceda Carrera, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Noemí Salazar López, Odette Nayeri Almazán Muñoz, Olegaria Carrazco Macías, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Leticia Chávez Rojas, Olimpia Tamara Girón Hernández, Óscar Cantón Zetina, Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho, Otoniel García Montiel, Paola Tenorio Adame, Pedro David Ortega Fonseca, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Pedro Vázquez González, Raquel Bonilla Herrera, Raymundo Atanacio Luna, Reginaldo Sandoval Flores, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Roberto Alejandro Segovia Hernández, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Roberto Antonio Rubio Montejo, Rocío Hernández Villanueva, Rosa Hernández Espejo, Rosa María Alvarado Murguía, Rosalba Valencia Cruz, Rosalinda Domínguez Flores, Rosangela Amairany Peña Escalante, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Salma Luévano Luna, Sandra Luz Navarro Conkle, Santy Montemayor Castillo, Saúl Hernández Hernández, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Shamir Fernández Hernández, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Socorro Irma Andazola Gómez, Sonia Rincón Chanona, Steve Esteban del Razo Montiel, Susana Cano González, Susana Prieto Terrazas, Teresita de Jesus Vargas Meraz, Valentín Reyes López, Valeria Santiago Barrientos, Verónica Collado Crisolia, Víctor Gabriel Varela López, Victoriano Wences Real, Wilbert Alberto Batun Chulim, Yerico Abramo Masso, Yessenia Leticia Olua González, Yolis Jiménez Ramírez, Zeus García Sandoval (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a realizar las gestiones necesarias a fin de que el español se considere lengua oficial en la Corte Internacional de Justicia, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El español es una lengua global que vive en constante crecimiento. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo por el número de hablantes, la cantidad de países donde se reconoce como lengua oficial y por la extensión geográfica que ocupan sus hablantes.

Es el idioma oficial de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y Venezuela; además de Puerto Rico. Aunque no sea idioma oficial, el español se habla también en Estados Unidos, Belice, Andorra y Gibraltar.

De acuerdo con datos del Instituto Cervantes son cerca de 493 millones de hablantes, se ubica como la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes; la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, superando los 591 millones. Es también, la tercera lengua más utilizada en la red.1

Con sus 126 millones de hablantes nativos, México cuenta con la mayor población de hispanohablantes en el mundo. En Sudamérica, los países que tienen el mayor número de hablantes de español son Colombia (aproximadamente 51 millones) y Argentina (alrededor de 45 millones). Aproximadamente un 60 por ciento de la población latinoamericana habla español, seguido por el portugués (un 34 por ciento más o menos) y un pequeño porcentaje de otros idiomas como el francés, el inglés y las lenguas indígenas.2

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado seis lenguas oficiales: el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Estos idiomas de trabajo son aquellos que se utilizan para las comunicaciones internas entre el personal y como idiomas en las comisiones regionales. Reconociendo a la lengua española como un idioma de referencia en las relaciones internacionales.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la ONU. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU.

La CIJ fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas, está conformada por quince magistrados, es quizás, la instancia más importante para la resolución de controversias entre estados miembros. La Corte considera como idiomas oficiales el inglés y el francés.3

En este orden de ideas, es que resulta de especial relevancia incluir el español como lengua oficial en la CIJ por la importancia de los procesos que desarrolla.

Consideramos de relevancia que el gobierno federal aproveche los foros internacionales para que el idioma español sea reconocido como lengua oficial en la CIJ. Estas acciones buscan explorar el valor de la lengua española en el trabajo de la organización y su relevancia concisa en los asuntos a nivel mundial.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las gestiones necesarias a fin de que el español sea considerado lengua oficial en la Corte Internacional de Justicia.

Notas:

1 El español en el mundo https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/ElEspanolEnEl Mundo.aspx

2 ¿Cuántas personas hablan español en el mundo y en qué países se habla? https://es.babbel.com/es/magazine/cuantas-personas-hablan-espanol-y-don de-se-habla

3 ONU. (2014). The International Court of Justice Handbook (6 ed.). United Nations Publications

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2023.

Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica)